Tema 24 — Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia
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Este tema explica cómo se organizan y funcionan los archivos judiciales (de Gestión, Territoriales y el Central) y qué es el expurgo: el procedimiento por el que se decide si un expediente se conserva, se transfiere a patrimonio histórico o se destruye. Verás quién custodia cada archivo, cómo se accede a los documentos y cómo actúa la Junta de Expurgo.
Las 6 ideas base del tema
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Archivo judicial y expurgo
El archivo judicial es el conjunto de documentos y el lugar donde se custodian; el expurgo es el procedimiento que decide si un documento pierde utilidad o debe conservarse. Son la base de todo el tema.
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Tres clases de archivos
El Archivo de Gestión guarda los asuntos en tramitación en cada oficina judicial. A los cinco años sin actuación pendiente, pasan al Archivo Territorial (uno como mínimo por comunidad autónoma). El Archivo Central, único, guarda la documentación de los órganos de ámbito nacional.
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Quién custodia cada archivo
El secretario judicial custodia el Archivo de Gestión; el Territorial depende del Presidente del TSJ (delegable); el Central, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Cada nivel tiene su responsable propio.
- 4
La Junta de Expurgo decide el destino final
Es un órgano colegiado administrativo, una por comunidad autónoma, presidida por un magistrado. A partir de las relaciones que recibe, y con el informe vinculante de patrimonio histórico, acuerda transferencia, enajenación o destrucción.
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Publicidad y derecho de recuperación
Antes de decidir el destino final, se publican las relaciones en el BOE o diario oficial autonómico, y los interesados tienen dos meses para recuperar los documentos que aportaron al proceso.
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Enajenación y destrucción con garantías
Si se enajena, el expediente solo puede convertirse en papel de uso común y el adquirente no puede divulgar su contenido. Si se destruye, es por contrato administrativo o convenio con una Administración con instalaciones adecuadas.
Checklist: ¿me lo sé?
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Objeto, conceptos y ámbito de aplicación
El real decreto tiene por objeto modernizar y regular la organización y el funcionamiento de los archivos judiciales, así como el procedimiento de expurgo de la documentación judicial.
Se entiende por archivo judicial tanto el conjunto orgánico de documentos judiciales como el lugar donde quedan custodiados y clasificados conforme a las normas de funcionamiento. Se entiende por expurgo el procedimiento por el que se determina cuándo un documento pierde toda utilidad o, por el contrario, debe conservarse. Se consideran documentos judiciales tanto las actuaciones procesales como los aportados por las partes o terceros al proceso, por escrito o por medios electrónicos o telemáticos, con independencia del soporte material.
La finalidad del real decreto es implantar un sistema de gestión de los archivos judiciales que permita realizar los fines de la Justicia y garantizar el acceso a la documentación por quien tenga interés, con las garantías y limitaciones legales.
Las disposiciones se aplican a todos los documentos judiciales de los juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la actividad judicial, y a los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. Quedan excluidos los libros de sentencias, los de registro y otros de preceptiva llevanza (que se rigen por sus normas específicas) y los expedientes del Registro Civil.
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Si solo recuerdas una cosa: el archivo judicial guarda documentos y el expurgo decide su destino; la norma se aplica a todos los documentos judiciales y expedientes gubernativos, salvo libros de preceptiva llevanza y Registro Civil.
Este real decreto tiene un objetivo doble: modernizar y regular cómo se organizan y funcionan los archivos judiciales, y fijar el procedimiento de expurgo, es decir, qué se hace con la documentación cuando ya no se necesita conservarla activamente.
El expurgo es el procedimiento que decide, para cada documento, si ya no sirve para nada y puede eliminarse, o si por el contrario merece conservarse. La norma busca un sistema de gestión que sirva a los fines de la Justicia y que garantice el acceso a la documentación a quien tenga interés, con sus garantías y límites legales.
Esquema
| Concepto | Definición | |
|---|---|---|
| Archivo judicial | Archivo judicial | Conjunto de documentos judiciales y lugar donde se custodian y clasifican |
| Expurgo | Expurgo | Procedimiento para decidir si un documento pierde utilidad o debe conservarse |
| Documento judicial | Documento judicial | Actuación procesal o lo aportado por partes/terceros, en cualquier soporte |
¿Me lo sé? Flashcards
Implantación de nuevas tecnologías
Los Archivos Judiciales de Gestión, Territoriales y el Central se gestionan mediante programas y aplicaciones informáticas, compatibles con los ya existentes en juzgados y tribunales y adaptados a las funciones de cada uno.
Estos programas y aplicaciones deben ser aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en la provisión de medios materiales y económicos, cumpliendo los requisitos de la legislación vigente.
Los documentos judiciales en papel almacenados en los archivos judiciales pueden convertirse a soporte magnético u otro que permita su posterior reproducción en papel, mediante técnicas de digitalización, microfilmación u otras similares, siempre que se garantice la integridad, autenticidad y conservación del documento, con el fin de facilitar su identificación y búsqueda. Igualmente, los documentos en soporte electrónico pueden transformarse a soporte escrito mediante mecanismos de reproducción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si solo recuerdas una cosa de este apartado: los programas informáticos de los archivos los aprueba el CGPJ, y los documentos pueden convertirse de papel a otro soporte (y viceversa) garantizando integridad, autenticidad y conservación.
Los tres tipos de archivos (de Gestión, Territoriales y el Central) se llevan con programas y aplicaciones informáticas, que deben ser compatibles con los que ya usan los juzgados y tribunales y estar adaptados a las funciones propias de cada archivo.
Los documentos en papel guardados en los archivos pueden pasarse a soporte magnético u otro que permita reproducirlos después en papel, mediante digitalización, microfilmación u otras técnicas similares.
Esquema
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Clases de archivos y Archivo Judicial de Gestión
Existen tres clases de archivos judiciales: los Archivos Judiciales de Gestión, los Archivos Judiciales Territoriales y el Archivo Judicial Central.
En las oficinas judiciales o unidades análogas existe un Archivo Judicial de Gestión, donde se clasifican y custodian los documentos de cada proceso o actuación en tramitación, mientras constituyan asuntos susceptibles de resolución judicial o de terminación de la ejecución. Puede encomendarse a un Servicio Común la atención de los archivos de gestión de varias salas, secciones o juzgados.
Transcurridos cinco años desde la incoación del procedimiento o expediente gubernativo, los asuntos no pendientes de actuación procesal (en fase declarativa o de ejecución) pueden remitirse para su conservación al Archivo Judicial Territorial correspondiente; el plazo puede reducirse excepcionalmente si el espacio disponible lo aconseja.
Corresponde al secretario judicial la ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial de Gestión, con la asistencia del personal técnico que se determine, sin perjuicio de la determinación del responsable del fichero conforme a la normativa de protección de datos.
Quienes hubiesen sido parte en los procesos o sean titulares de un interés legítimo pueden acceder a la documentación del Archivo de Gestión mediante exhibición, testimonio o certificación, salvo carácter reservado. El acceso del propio afectado a sus datos personales solo puede denegarse en los supuestos legales; si lo solicita quien no fue parte, solo se concede cuando el procedimiento haya concluido y en los supuestos de la normativa de protección de datos.
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Si solo recuerdas una cosa: el Archivo de Gestión guarda los asuntos en tramitación en cada oficina judicial, y a los cinco años sin actuación pendiente pasan al Archivo Territorial; lo custodia el secretario judicial.
La norma distingue tres clases de archivos judiciales: los Archivos Judiciales de Gestión, los Archivos Judiciales Territoriales y el Archivo Judicial Central. Cada uno cumple una función distinta según el momento de vida del expediente.
En cada oficina judicial (o unidad análoga) hay un Archivo Judicial de Gestión, donde se clasifican y custodian los documentos de cada proceso mientras siga siendo un asunto susceptible de resolución judicial o de terminación de la ejecución. Varias salas, secciones o juzgados pueden compartir la atención de sus archivos de gestión a través de un Servicio Común.
La ordenación, custodia y conservación del Archivo de Gestión corresponde al secretario judicial, con la asistencia del personal técnico que se determine, sin perjuicio de quién sea el responsable del fichero según la normativa de protección de datos.
Esquema
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Archivo Judicial Territorial y Archivo Judicial Central
En cada comunidad autónoma existe, como mínimo, un Archivo Judicial Territorial, dependiente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien puede delegar la competencia en el Presidente de la Audiencia Provincial o en el Juez Decano del partido judicial donde radique. En los Archivos Territoriales se ordena la documentación remitida por los Archivos de Gestión de su ámbito, permaneciendo allí hasta que la Junta de Expurgo resuelva su destino.
El secretario judicial designado se encarga de su ordenación, custodia y conservación. En capitales de provincia con 10 o más juzgados de primera instancia e instrucción, y si las necesidades del servicio lo aconsejan, el Archivo Territorial está a cargo de secretarios judiciales de segunda categoría designados por el Ministerio de Justicia; en los demás casos, responde de él el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o quien tenga delegada la competencia.
Existe además un Archivo Judicial Central, adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, cuyo ámbito se circunscribe a la documentación del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los demás órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional; en él se ordena la documentación remitida por los correspondientes Archivos de Gestión, hasta su remisión a la Junta de Expurgo. Su responsable es el secretario judicial especialmente designado por el Ministerio de Justicia y, en su defecto, el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.
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Si solo recuerdas una cosa: hay al menos un Archivo Territorial por comunidad autónoma (bajo el Presidente del TSJ) y un único Archivo Central, adscrito al Tribunal Supremo, para los órganos de ámbito nacional.
En cada comunidad autónoma existe, como mínimo, un Archivo Judicial Territorial, que depende del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este puede delegar esa competencia en el Presidente de la Audiencia Provincial o en el Juez Decano del partido judicial donde radique el archivo.
En los Archivos Territoriales se ordena la documentación que remiten los Archivos de Gestión de su ámbito, y permanece allí hasta que la Junta de Expurgo resuelva su destino final.
Además existe un único Archivo Judicial Central, adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Su ámbito se limita a la documentación del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los demás órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Esquema
| Territorial | Central | |
|---|---|---|
| Cuántos hay | Al menos uno por comunidad autónoma | Uno solo, para todo el territorio |
| De quién depende | Presidente del TSJ (delegable) | Sala de Gobierno del Tribunal Supremo |
| Qué documentación recibe | De los Archivos de Gestión de su ámbito | De TS, Audiencia Nacional y órganos de ámbito nacional |
| Responsable habitual | Secretario de Gobierno del TSJ (o de 2ª categoría si 10+ juzgados) | Secretario del Ministerio, en su defecto Secretario de Gobierno del TS |
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Acceso y remisión de documentos judiciales
La documentación de los Archivos Territoriales y del Central está en todo momento a disposición del órgano judicial al que pertenezca. Este, mediante solicitud de su secretario, puede requerir que se le facilite el original, una copia o certificación, así como cualquier información necesaria; si se facilitan originales, deben reenviarse al archivo en cuanto desaparezca la causa de la petición.
Quienes hubiesen sido parte en los procesos o titulares de un interés legítimo pueden acceder a los documentos del Archivo Territorial o Central mediante solicitud al secretario responsable.
La remisión de documentos de un Archivo de Gestión al Territorial o al Central se formaliza periódicamente, como mínimo con carácter anual, según el volumen de gestión, acompañada de una relación de los procedimientos remitidos con arreglo a un modelo uniforme y obligatorio. La relación se remite mediante los programas informáticos existentes, conservando cada secretario judicial copia de ella con la fecha de envío y acreditación de recepción. Debe comprender la totalidad de los procedimientos remitidos, con referencia al orden jurisdiccional, la naturaleza del proceso, número y año, partes intervinientes, objeto y fecha de terminación o paralización de las actuaciones.
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Si solo recuerdas una cosa: la documentación de Territorial y Central sigue a disposición del órgano judicial, y la remisión desde Gestión es periódica (mínimo anual) con una relación de procedimientos de modelo uniforme.
La documentación que está en los Archivos Territoriales y en el Central sigue a disposición del órgano judicial al que pertenece. Ese órgano, a través de su secretario, puede pedir que se le facilite el original, una copia, una certificación o cualquier información que necesite.
Quienes hayan sido parte en los procesos, o quienes tengan un interés legítimo, pueden acceder a los documentos del Archivo Territorial o del Central presentando una solicitud al secretario responsable.
Esquema
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Las Juntas de Expurgo
Las Juntas de Expurgo son órganos colegiados de naturaleza administrativa que determinan, por cuenta del órgano responsable del Archivo de Gestión, la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del Patrimonio Documental o, en caso contrario, su transferencia a la Administración competente en patrimonio histórico.
Se constituye una Junta de Expurgo en cada comunidad autónoma, con competencias en todo su ámbito territorial. Las adscritas al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, tienen su sede donde radique la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y están presididas por un magistrado designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (con voto dirimente en los empates), integradas, entre otros, por un fiscal designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia y el Gerente Territorial del Ministerio de Justicia.
El responsable del Archivo de Gestión remite al secretario de la Junta de Expurgo una relación de los procedimientos en que haya terminado la ejecución o en los que se hubiese declarado prescripción o caducidad. El responsable del Archivo Territorial o Central, transcurridos los plazos legales de prescripción o caducidad, remite al secretario del Archivo de Gestión una relación para que el órgano judicial de procedencia confirme, en el plazo de un mes, el transcurso de dichos plazos. Estas relaciones se remiten como mínimo una vez al año, con el mismo contenido exigido para las relaciones de remisión documental.
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Si solo recuerdas una cosa: la Junta de Expurgo es un órgano colegiado administrativo, una por comunidad autónoma, presidida por un magistrado, que decide el destino de los expedientes a partir de las relaciones que recibe.
Las Juntas de Expurgo son órganos colegiados de naturaleza administrativa. Su función es decidir, por cuenta del órgano responsable del Archivo de Gestión, si un expediente procesal o gubernativo se excluye o elimina del Patrimonio Documental, o si por el contrario se transfiere a la Administración competente en patrimonio histórico.
Las Juntas adscritas al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, tienen su sede donde radique la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Esquema
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Publicación y devolución de documentos aportados
El presidente de la Junta de Expurgo acuerda la publicación de las relaciones de expedientes judiciales en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial de la comunidad autónoma, según el ámbito territorial del órgano judicial de procedencia, con referencia en un diario de mayor difusión autonómica, para que, en el plazo de dos meses, los interesados puedan recuperar los documentos que en su día aportaron al proceso. En la publicación se omite la reseña del objeto del proceso y la identificación de las partes.
Quienes pretendan recuperar documentos propios, u obtener testimonio o certificación por tener interés legítimo, deben plantear su solicitud por escrito, directamente o mediante representante con poder suficiente, ante el secretario de la Junta de Expurgo, dentro de ese plazo de dos meses.
Transcurrido el plazo sin que los interesados hayan promovido la devolución, decaen en su derecho a recuperar los documentos.
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Si solo recuerdas una cosa: la publicación de las relaciones abre un plazo de dos meses para que los interesados recuperen los documentos que aportaron, sin desvelar el objeto del proceso ni la identidad de las partes.
El presidente de la Junta de Expurgo acuerda publicar las relaciones de expedientes judiciales en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial de la comunidad autónoma, según el ámbito territorial del órgano judicial de procedencia, con referencia además en un diario de mayor difusión autonómica.
Quien quiera recuperar sus documentos, u obtener testimonio o certificación por tener interés legítimo, debe presentar una solicitud por escrito ante el secretario de la Junta de Expurgo, directamente o a través de un representante con poder suficiente, dentro de ese plazo de dos meses.
Esquema
- Publicación en BOE/diario oficialSe abre el plazo de recuperación
- Dentro de 2 mesesEl interesado presenta solicitud por escrito ante el secretario de la Junta
- Transcurridos los 2 meses sin solicitudEl interesado decae en su derecho a recuperar los documentos
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Funcionamiento y acuerdos de la Junta de Expurgo
La Junta de Expurgo se convoca en sesión ordinaria una vez al año; el presidente puede acordar sesiones extraordinarias en función del número de relaciones elevadas. La convocatoria se realiza una vez transcurrido el plazo de remisión de relaciones, con la antelación necesaria. Durante el periodo entre convocatoria y sesión, la Administración competente en patrimonio histórico elabora un informe de carácter vinculante sobre los expedientes que, por su valor histórico-documental, deban preservarse, pudiendo designar personal especializado para acceder al archivo.
La Junta acuerda la transferencia a la Administración de patrimonio histórico de los expedientes que, según ese informe, deban preservarse. En caso contrario, resuelve su exclusión del Patrimonio Histórico y posterior enajenación. Si la Administración de patrimonio histórico no emite el informe, se aplica el régimen del silencio de la Ley 30/1992. Cuando no sea posible o aconsejable la enajenación, y en todo caso cuando los expedientes no estén en soporte papel, se acuerda su destrucción.
El acta de los acuerdos se aprueba en la misma sesión o en otra convocada al efecto en el plazo de un mes. El secretario de la Junta remite a cada juzgado o tribunal certificación del acuerdo adoptado, para constancia documentada del destino definitivo de los expedientes.
Las resoluciones de la Junta que acuerden transferencia, enajenación o destrucción se publican en el BOE o diario oficial autonómico según el ámbito territorial de procedencia. Todas las resoluciones de la Junta de Expurgo ponen fin a la vía administrativa.
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Si solo recuerdas una cosa: la Junta se reúne en sesión ordinaria una vez al año y, según el informe vinculante de patrimonio histórico, acuerda transferencia, enajenación o destrucción de los expedientes.
La Junta de Expurgo se convoca en sesión ordinaria una vez al año. El presidente puede acordar sesiones extraordinarias en función del número de relaciones que se hayan elevado.
La convocatoria se hace una vez transcurrido el plazo de remisión de relaciones, con la antelación necesaria.
Según ese informe, la Junta acuerda la transferencia a la Administración de patrimonio histórico de los expedientes que deban preservarse. Si el informe dice lo contrario, resuelve su exclusión del Patrimonio Histórico y su posterior enajenación.
El acta de los acuerdos se aprueba en la misma sesión o en otra convocada al efecto, dentro del plazo de un mes. El secretario de la Junta remite a cada juzgado o tribunal la certificación del acuerdo adoptado, para que quede constancia documentada del destino definitivo de los expedientes.
Esquema
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Enajenación, destrucción y traslado de los documentos
La Administración competente en la provisión de medios materiales y económicos para la Administración de Justicia procede a la enajenación o destrucción de los expedientes judiciales. Los expedientes enajenados deben destinarse por el adquirente exclusivamente a su tratamiento para reutilización como papel de uso común, reflejado en un contrato escrito con los requisitos de la normativa de protección de datos; el adquirente no puede en ningún caso divulgar el contenido de los expedientes ni permitir el acceso de terceros, prohibiciones que deben constar expresamente en el contrato.
La destrucción se lleva a efecto mediante contrato administrativo o mediante convenio de colaboración con una Administración pública que cuente con instalaciones adecuadas.
Formalizada la transferencia, el contrato de compraventa, el convenio o el contrato administrativo, se remite copia al secretario de la Junta de Expurgo, que expide certificación de su objeto y de la persona física o jurídica parte en el negocio jurídico, remitiéndola al secretario judicial responsable del archivo para autorizar la entrega, previo levantamiento de acta. El secretario judicial responsable del archivo no autoriza el traslado de los expedientes respecto de los que no se hayan cumplido esos requisitos.
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Si solo recuerdas una cosa: los expedientes enajenados solo pueden reutilizarse como papel de uso común (nunca divulgarse), y el secretario judicial del archivo autoriza el traslado tras comprobar todos los requisitos.
La Administración competente en la provisión de medios materiales y económicos para la Justicia es quien procede a la enajenación o destrucción de los expedientes judiciales.
La destrucción, por su parte, se lleva a cabo mediante contrato administrativo o mediante un convenio de colaboración con una Administración pública que cuente con las instalaciones adecuadas.
Esquema
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Datos clave
- Tres clases de archivos judiciales: de Gestión, Territoriales y Central (art. 4).
- Archivo de Gestión: remisión al Territorial tras 5 años desde la incoación si no hay actuación pendiente (art. 5.2).
- Archivo Judicial Territorial: al menos uno por comunidad autónoma, dependiente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (art. 8.1).
- Con 10 o más juzgados de primera instancia e instrucción en la capital, el Archivo Territorial lo lleva un secretario judicial de segunda categoría (art. 9.2).
- Archivo Judicial Central: adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los órganos con jurisdicción en todo el territorio (art. 10.1).
- Remisión de documentos del Archivo de Gestión al Territorial o Central: periódica, como mínimo anual (art. 13.1).
- Junta de Expurgo: una por comunidad autónoma, presidida por un magistrado con voto dirimente (art. 14.2-3).
- Vocales de la Junta de Expurgo: un fiscal y el Gerente Territorial del Ministerio de Justicia, entre otros (art. 14.3).
- Confirmación del transcurso de plazos de prescripción o caducidad: plazo de un mes (art. 15.2).
- Relaciones de expedientes remitidas a la Junta de Expurgo: como mínimo una vez al año (art. 15.3).
- Publicación de relaciones para recuperar documentos aportados al proceso: plazo de dos meses para los interesados (art. 16.1).
- Sesión ordinaria de la Junta de Expurgo: una vez al año (art. 17.1).
- Informe de la Administración de patrimonio histórico sobre valor histórico-documental: carácter vinculante (art. 17.3).
- Todas las resoluciones de la Junta de Expurgo ponen fin a la vía administrativa (art. 20.2).
- Expedientes enajenados: destino exclusivo a reutilización como papel de uso común (art. 21.2).
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Si solo recuerdas una cosa: agrupa los plazos por ritmo (un mes, dos meses, un año, cinco años) y recuerda que todas las resoluciones de la Junta de Expurgo ponen fin a la vía administrativa.
Este es el repaso final del tema: las tres clases de archivos judiciales son el de Gestión, el Territorial y el Central. El Archivo de Gestión remite sus asuntos al Territorial cuando han pasado cinco años desde la incoación sin actuación pendiente.
El Archivo Judicial Central está adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y solo guarda documentación del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los órganos con jurisdicción en todo el territorio.
Esquema
- 5 años desde la incoaciónEl asunto puede pasar del Archivo de Gestión al Territorial
- 1 mesEl órgano judicial confirma el transcurso de la prescripción o caducidad
- 1 vez al año (mínimo)Remisión de documentos de Gestión a Territorial/Central y relaciones a la Junta
- 2 mesesPlazo para que los interesados recuperen documentos tras la publicación
- 1 vez al añoSesión ordinaria de la Junta de Expurgo
- 1 mesPlazo para aprobar el acta de los acuerdos de la Junta