Derecho Procesal Penal

El proceso penal es el conjunto de actos jurídicos regulados por la ley mediante los cuales el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, aplica el ius puniendi frente a quienes presuntamente han cometido un delito. Su finalidad es doble: de un lado, garantizar la persecución y sanción de las conductas tipificadas penalmente; de otro, proteger los derechos y libertades del ciudadano frente al poder coercitivo del Estado.

Entre los principios rectores del proceso penal destaca el principio acusatorio, conforme al cual no puede existir condena sin acusación previa formulada por parte distinta al juez que falla. Este principio, consagrado implícitamente en el artículo 24 de la Constitución Española, garantiza la separación entre las funciones de acusar y de juzgar, impidiendo que el órgano sentenciador actúe de oficio. A él se añade el principio de contradicción, que exige reconocer a la defensa las mismas posibilidades de actuación que a la acusación.

La presunción de inocencia, reconocida en el artículo 24.2 CE como derecho fundamental, impone que toda persona sea considerada inocente hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad, correspondiendo la carga de la prueba íntegramente a quien acusa. Ello implica que la condena solo puede fundarse en prueba de cargo obtenida con todas las garantías y valorada por el juez con arreglo a las reglas de la sana crítica. Otros principios relevantes son el de legalidad procesal, el de oralidad e inmediación en la fase de juicio oral, y el de publicidad.

Datos clave

• Art. 24 CE: tutela judicial efectiva y garantías del proceso (presunción de inocencia, derecho de defensa).
• Principio acusatorio: necesaria distinción entre órgano acusador y órgano juzgador.
• Principio de contradicción: igualdad de armas entre acusación y defensa.
• Presunción de inocencia: la carga de la prueba recae en su totalidad sobre la acusación.
• Art. 120.1 CE: las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes.
• Principio de inmediación: el juez que presencia la prueba es quien debe dictar sentencia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, constituye el cuerpo normativo fundamental que regula el proceso penal ordinario en España. Pese a sus numerosas reformas, mantiene una estructura básica articulada en torno a tres grandes fases: la instrucción o fase sumarial, la fase intermedia y el juicio oral. La vigente LECrim, con más de 900 artículos, es aplicable tanto al procedimiento ordinario por delitos graves como, supletoriamente, a los procedimientos especiales.

La fase de instrucción, encomendada al Juez de Instrucción, tiene por objeto investigar el hecho delictivo, determinar sus circunstancias y la participación del presunto responsable, y asegurar las fuentes de prueba que habrán de practicarse en el juicio oral. Durante esta fase se acuerdan medidas cautelares como la prisión provisional, la libertad provisional con o sin fianza, o la prohibición de salida del territorio. Concluida la instrucción, la fase intermedia permite al órgano jurisdiccional competente decidir si existen méritos suficientes para celebrar el juicio oral o si, por el contrario, procede el sobreseimiento.

El juicio oral es la fase nuclear del proceso: ante el tribunal competente —Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial u otro según la gravedad del delito— se practica la prueba con todas las garantías de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, y se dicta sentencia. Contra las sentencias caben los recursos ordinarios (apelación) y extraordinarios (casación ante el Tribunal Supremo).

Datos clave

• LECrim promulgada en 1882, con sucesivas reformas de gran calado (LO 13/2015, Ley 41/2015).
• Fases del proceso ordinario: instrucción, fase intermedia y juicio oral.
• Juez de Instrucción: competente para la investigación y adopción de medidas cautelares.
• Prisión provisional: medida cautelar regulada en los arts. 502 y ss. LECrim; debe ser proporcional.
• Procedimiento abreviado (arts. 757 y ss.): para delitos con pena privativa de libertad no superior a 9 años.
• Juicio rápido (arts. 795 y ss.): para delitos flagrantes de menor gravedad con instrucción en 72 horas.

El artículo 126 de la Constitución Española establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Este mandato constitucional se desarrolla en los artículos 282 y siguientes de la LECrim, en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el Real Decreto 769/1987, sobre regulación de la Policía Judicial.

La Guardia Civil actúa como Policía Judicial tanto en su modalidad genérica —que corresponde a todos sus miembros— como en su modalidad específica, a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ). En virtud del artículo 282 LECrim, la Policía Judicial tiene la obligación de averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio, practicar las primeras diligencias de prevención y asegurar las pruebas y los efectos del delito, poniendo a los detenidos a disposición de la autoridad judicial en el plazo legal.

Entre las funciones más relevantes de la Policía Judicial se encuentran la recepción de denuncias, la práctica de detenciones en los supuestos legales, la elaboración del atestado, la adopción de medidas para proteger a las víctimas, la ejecución de las diligencias ordenadas por el Juez o el Fiscal, y la custodia de los efectos e instrumentos del delito. La actuación de la Policía Judicial queda siempre bajo la superior dirección del Juez de Instrucción o del Ministerio Fiscal.

Datos clave

• Art. 126 CE: la Policía Judicial depende funcionalmente de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal.
• Arts. 282 y ss. LECrim: obligación de averiguar delitos públicos y practicar primeras diligencias.
• LO 2/1986 y RD 769/1987: desarrollo normativo de la Policía Judicial.
• Policía Judicial genérica: todos los miembros de la Guardia Civil y del CNP.
• Policía Judicial específica: Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) adscritas a órganos jurisdiccionales.
• Deber de asegurar pruebas, efectos e instrumentos del delito desde el primer momento.

La denuncia es el acto por el que una persona —denunciante— pone en conocimiento de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial la posible comisión de un hecho delictivo. El artículo 259 LECrim establece la obligación de denunciar para todo el que presenciare la perpetración de un delito público, mientras que el artículo 262 impone la misma obligación a los empleados públicos y a quienes, por razón de su cargo, tuvieren noticia de la comisión de un delito. El incumplimiento de este deber puede ser constitutivo de delito de omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP).

La querella, regulada en los artículos 270 y siguientes de la LECrim, es un acto procesal que va más allá de la mera puesta en conocimiento: mediante ella, el querellante se constituye en parte acusadora en el proceso, asumiendo desde ese momento la condición de acusación particular o popular. La querella debe formularse siempre por escrito, con asistencia de abogado y procurador, ante el Juzgado de Instrucción competente, y debe contener los hechos, la tipificación provisional y la petición de diligencias.

La acción penal por los delitos públicos corresponde al Ministerio Fiscal como titular de la acusación oficial, sin perjuicio del derecho del perjudicado y de cualquier ciudadano a ejercer la acción popular (art. 125 CE). Para los delitos semipúblicos —como las agresiones sexuales o las injurias— la denuncia del ofendido es condición de procedibilidad. Los delitos privados, reducidos casi únicamente a las calumnias e injurias entre particulares, solo se persiguen a instancia de parte mediante querella.

Datos clave

• Art. 259 LECrim: obligación general de denunciar los delitos públicos presenciados.
• Art. 262 LECrim: deber de denuncia reforzado para funcionarios públicos que conozcan delitos por razón del cargo.
• Arts. 270 y ss. LECrim: la querella requiere abogado, procurador y escrito formalizado.
• Art. 125 CE: acción popular; cualquier ciudadano puede ejercerla en los términos legales.
• Delitos semipúblicos: la denuncia del ofendido es requisito previo de procedibilidad.
• Art. 408 CP: omisión del deber de perseguir delitos, referido a autoridades y funcionarios.

La detención es la medida cautelar personal de mayor urgencia, consistente en la privación provisional de libertad del sospechoso para ponerlo a disposición de la autoridad judicial. El artículo 17 de la Constitución Española reconoce el derecho a la libertad y establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y que, en todo caso, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Juez dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención. Para supuestos de terrorismo, el artículo 520 bis LECrim permite prorrogar este plazo hasta un máximo de cuarenta y ocho horas adicionales, previa autorización judicial.

La Guardia Civil puede practicar la detención en supuestos de flagrancia (art. 490 LECrim), cuando existan indicios racionales de criminalidad y riesgo de fuga, o en ejecución de una orden judicial de detención. Durante todo el tiempo que dure la privación de libertad, el detenido conserva un estatuto jurídico de garantías irrenunciables cuya vulneración puede acarrear responsabilidades penales para los agentes y la nulidad de las actuaciones.

El artículo 520 LECrim desarrolla con detalle los derechos del detenido: ser informado de forma inmediata y comprensible de los hechos que se le imputan y de sus derechos; guardar silencio y no declarar contra sí mismo; no declararse culpable; designar abogado y solicitar su presencia en la toma de declaración; comunicarse telefónicamente con un familiar u otra persona; ser reconocido por el médico forense; y, en caso de ser extranjero, ser asistido por el representante consular de su país. La asistencia letrada es preceptiva desde el momento de la detención.

Datos clave

• Art. 17 CE: plazo máximo de detención policial de 72 horas; derecho a ser informado y a asistencia letrada.
• Art. 520 bis LECrim: prórroga de 48 horas adicionales en delitos de terrorismo, previa autorización judicial.
• Art. 520 LECrim: catálogo completo de derechos del detenido (información, silencio, abogado, médico).
• Arts. 490 y 492 LECrim: supuestos de detención obligatoria y facultativa por la autoridad.
• Derecho a no declarar contra sí mismo: arts. 24.2 CE y 520.2.a) LECrim.
• Incomunicación del detenido: posible en terrorismo por resolución judicial (arts. 509 y ss. LECrim).

El procedimiento de habeas corpus, regulado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, es un mecanismo de control judicial inmediato sobre la legalidad de cualquier privación de libertad no acordada por autoridad judicial. Su fundamento constitucional se halla en el artículo 17.4 CE, que ordena al legislador regular este procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Se configura como una garantía de tutela urgente y preferente, con tramitación rapidísima.

Pueden instar el habeas corpus el propio detenido, su cónyuge o persona unida por análoga relación, sus descendientes, ascendientes, hermanos, representante legal y el Ministerio Fiscal. La solicitud se dirige al Juez de Instrucción del lugar donde se encuentre el detenido o al del lugar en que se haya producido la detención. Recibida la solicitud, el juez deberá resolverla mediante auto en el plazo de veinticuatro horas, bien ordenando la puesta en libertad, bien confirmando la situación de privación de libertad, bien poniendo al detenido a su disposición.

Los supuestos de detención ilegal que habilitan el habeas corpus son: la detención practicada sin los requisitos legales o sin haberse cumplido las formalidades previstas; la prolongación indebida de la detención una vez superados los plazos legales; y la detención de personas a quienes no alcanza la ley penal por razones de inmunidad o fuero. La tramitación del habeas corpus no suspende las diligencias policiales o judiciales que estuvieran en curso, salvo que el juez lo estime procedente.

Datos clave

• Art. 17.4 CE: mandato constitucional de regulación del habeas corpus.
• LO 6/1984, de 24 de mayo: norma reguladora del procedimiento de habeas corpus.
• Legitimados para solicitarlo: el detenido, familiares cercanos, representante legal y el Ministerio Fiscal.
• Juez competente: Juez de Instrucción del lugar de detención o donde se halle el detenido.
• Plazo de resolución: 24 horas desde la recepción de la solicitud.
• Supuestos: detención sin requisitos legales, prolongación indebida o afectando a personas inmunes.

El atestado es el documento público mediante el cual la Policía Judicial recoge, de forma ordenada y sistemática, todas las actuaciones practicadas durante la investigación policial de un hecho delictivo, desde las primeras diligencias de prevención hasta la puesta a disposición judicial del detenido o la entrega de los efectos del delito. Conforme al artículo 297 de la LECrim, el atestado tiene el valor de denuncia, lo que significa que no constituye prueba en sentido estricto pero sí acto que inicia o impulsa el proceso penal y que obliga al Juez de Instrucción a incoar las diligencias previas correspondientes.

El atestado debe ser redactado con claridad, precisión y objetividad, debiendo constar en él: los datos de identificación de los agentes actuantes, la descripción detallada de los hechos investigados, las diligencias practicadas (inspección ocular, toma de declaraciones, identificación de testigos, recogida de vestigios), las conclusiones provisionales sobre la autoría, y los objetos y efectos intervenidos. Se firmará por todos los funcionarios que hubieran intervenido en su redacción y por los testigos y declarantes en sus respectivas actas.

Las declaraciones prestadas ante la Policía Judicial que constan en el atestado carecen por sí solas de valor probatorio en el juicio oral, puesto que las pruebas deben practicarse con las garantías de contradicción e inmediación ante el juez que dicta sentencia. Sin embargo, dichas declaraciones pueden ser incorporadas al juicio oral y utilizadas para confrontar la versión del acusado o de los testigos cuando existan contradicciones entre lo declarado policialmente y lo manifestado en el juicio. La doctrina del Tribunal Supremo ha matizado en qué condiciones las diligencias del atestado pueden adquirir valor probatorio.

Datos clave

• Art. 297 LECrim: el atestado policial tiene valor de denuncia, no de prueba plena.
• Debe ser firmado por los agentes redactores y por los declarantes en sus respectivas actas.
• Las declaraciones del atestado deben ratificarse en juicio oral para tener valor probatorio.
• Diligencias de prevención (arts. 13 y 284 LECrim): actuaciones urgentes e inaplazables de la Policía Judicial.
• El atestado se remite al Juzgado de Instrucción competente junto con el detenido o con los efectos intervenidos.
• La inspección ocular y el cuerpo del delito (arts. 326 y ss. LECrim) forman parte de las primeras diligencias.

El artículo 18.2 de la Constitución Española declara que el domicilio es inviolable, de forma que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Este derecho fundamental, conexo con la dignidad de la persona y la intimidad, vincula a todos los poderes públicos y, en particular, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su vulneración determina la nulidad de las pruebas obtenidas y puede ser constitutiva del delito de allanamiento de morada.

La LECrim regula la entrada y registro en los artículos 545 a 572. Con carácter general, para proceder a la entrada y registro domiciliario se requiere autorización judicial previa dictada por el Juez de Instrucción competente, quien deberá valorar su proporcionalidad y la existencia de indicios suficientes. El auto que autoriza el registro debe especificar el lugar, los efectos que se buscan y el período de validez. La diligencia debe practicarse en presencia del secretario judicial o del funcionario que haga sus veces, del interesado o de un familiar suyo, y con respeto a su intimidad.

Existen tres excepciones al requisito de autorización judicial: el consentimiento libremente prestado por el titular del domicilio, el supuesto de flagrante delito y el estado de necesidad en casos de catástrofe o calamidad. Fuera del domicilio propiamente dicho —que goza de la máxima protección—, el registro de otros lugares cerrados (establecimientos públicos, locales, vehículos) exige también autorización judicial o concurrencia de alguno de los presupuestos habilitantes. Toda la diligencia debe documentarse en acta detallada que se incorporará al atestado o a las actuaciones judiciales.

Datos clave

• Art. 18.2 CE: inviolabilidad del domicilio; solo cabe entrada con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito.
• Arts. 545 a 572 LECrim: regulación procesal de la entrada y registro en lugar cerrado.
• Auto judicial de entrada y registro: debe especificar lugar, objeto de la búsqueda y plazo de validez.
• Flagrante delito: habilita la entrada inmediata sin necesidad de autorización judicial previa.
• La diligencia debe practicarse con presencia del secretario judicial o equivalente y del interesado o familiar.
• Prueba ilícita: lo obtenido con vulneración del art. 18.2 CE es nulo de pleno derecho (art. 11.1 LOPJ).