Responsabilidad penal de los menores

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, constituye el eje central del sistema de justicia juvenil en España. Derogó el antiguo Texto Refundido de la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores y estableció un marco específico, coherente con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).

La ley ha experimentado diversas modificaciones desde su entrada en vigor. La más relevante fue la introducida por la LO 8/2006, de 4 de diciembre, que endureció el régimen de determinadas medidas, amplió los supuestos de internamiento en régimen cerrado para los delitos más graves y reforzó la posibilidad de prolongar las medidas cuando se trata de mayores de dieciséis años autores de delitos muy graves. Asimismo, el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, desarrolla el procedimiento y las condiciones de ejecución de las medidas.

Datos clave

• LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
• Modificada sustancialmente por LO 8/2006, de 4 de diciembre.
• Reglamento de desarrollo: Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.
• Inspirada en la Convención ONU sobre los Derechos del Niño (1989) y Reglas de Beijing.
• Deroga la normativa anterior sobre competencia de los Juzgados de Menores.

La LO 5/2000 resulta aplicable a los mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometan hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Este tramo de edad delimita el llamado ámbito de la responsabilidad penal juvenil, diferenciado del régimen de plena responsabilidad penal ordinaria que se adquiere a los dieciocho años.

Los menores de catorce años quedan expresamente excluidos del ámbito de la ley en virtud de su artículo 3. Cuando un menor de esa edad comete un hecho delictivo, no se le exige responsabilidad penal alguna; en su lugar, el Ministerio Fiscal deberá remitir el caso a las instituciones administrativas de protección y tutela de menores competentes, que adoptarán las medidas de protección que resulten necesarias atendiendo a su situación personal y familiar.

La ley prevé también un régimen especial para los jóvenes de entre dieciocho y veintiún años no cumplidos: el artículo 4 permitía aplicarles las disposiciones de la LO 5/2000 cuando así lo solicitara el Ministerio Fiscal, siempre que concurrieran determinadas circunstancias atenuantes. No obstante, este precepto fue suspendido en su aplicación y posteriormente derogado por la LO 8/2006, de modo que en la actualidad los mayores de dieciocho años son juzgados conforme al régimen penal ordinario.

Datos clave

• Aplicación: mayores de 14 años y menores de 18 (art. 1 LO 5/2000).
• Menores de 14 años: sin responsabilidad penal; régimen de protección (art. 3).
• Mayores de 18 años: responsabilidad penal ordinaria (Código Penal).
• Art. 4 (régimen 18-21 años) fue suspendido y derogado por LO 8/2006.
• El tramo 14-18 se subdivide: 14-15 y 16-17, con diferencias en la duración máxima de medidas.

El principio rector de toda la LO 5/2000 es el interés superior del menor. Este principio obliga a que todas las decisiones que se adopten en el proceso —desde la instrucción hasta la ejecución de la medida— tengan como objetivo prioritario el beneficio del joven, su reinserción social y el desarrollo de su personalidad. La naturaleza del sistema es formalmente penal, pues los hechos son constitutivos de delito y el procedimiento se tramita ante órganos de la jurisdicción penal, pero es materialmente sancionadora-educativa, dado que las medidas no tienen un carácter retributivo sino preventivo-especial y educativo.

Otros principios fundamentales son el principio acusatorio —no puede imponerse medida sin previa acusación del Ministerio Fiscal o, en su caso, del acusador particular—, el principio de legalidad, el respeto a los derechos y garantías procesales del menor, y el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la medida impuesta. La ley también enfatiza la necesidad de personalizar la respuesta judicial: el juez puede apartarse de la petición del Fiscal cuando la medida solicitada no sea la más adecuada para el interés del menor, siempre que no imponga una medida más grave.

Datos clave

• Principio rector: interés superior del menor (preámbulo y art. 7.3 LO 5/2000).
• Naturaleza: formalmente penal y materialmente sancionadora-educativa.
• Principio acusatorio: medida solo impuesta a petición del Ministerio Fiscal o acusación particular.
• Proporcionalidad entre hecho cometido y medida aplicada.
• Personalización de la respuesta: el juez adapta la medida a la situación del menor.

El catálogo de medidas que puede imponer el Juez de Menores se recoge en el artículo 7 de la LO 5/2000 y se ordena de mayor a menor gravedad. La medida más grave es el internamiento en régimen cerrado, en el que el menor reside en el centro y desarrolla en él todas las actividades formativas y de ocio. Le siguen el internamiento en régimen semiabierto —el menor reside en el centro pero puede salir para actividades formativas o laborales— y el internamiento en régimen abierto, en el que el menor sólo pernocta en el centro.

Entre las medidas no privativas de libertad destacan la libertad vigilada, consistente en el seguimiento de la actividad del menor y el cumplimiento de reglas de conducta fijadas por el juez; las prestaciones en beneficio de la comunidad, que implican la realización de tareas de utilidad social sin remuneración; la realización de tareas socio-educativas; la permanencia de fin de semana en el domicilio o en un centro; la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima; y la amonestación. Las medidas pueden imponerse de forma aislada o conjunta, y el juez puede sustituirlas o modificarlas durante la ejecución si varían las circunstancias del menor.

Datos clave

• Medidas del art. 7 LO 5/2000: internamiento cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, permanencia de fin de semana, amonestación.
• Internamiento en régimen cerrado: máximo 2 años (menores de 16), o hasta 6 años (16-17) en delitos graves.
• Delitos de especial gravedad (terrorismo, homicidio): internamiento hasta 10 años (art. 10).
• Las medidas pueden modificarse o sustituirse durante la ejecución (art. 13).
• Posibilidad de suspender la ejecución de la medida cuando proceda (art. 40).

Una de las principales singularidades de la LO 5/2000 respecto al proceso penal ordinario reside en la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal y no al Juez de Instrucción. El fiscal dirige la investigación de los hechos presuntamente cometidos por el menor desde el momento en que tiene conocimiento de los mismos, ya sea por denuncia, por atestado policial o de oficio. Durante la instrucción, el Ministerio Fiscal vela por los derechos del menor y puede acordar el archivo de las actuaciones, la derivación a mediación o la presentación de escrito de alegaciones ante el Juez de Menores.

El equipo técnico, integrado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, asesora al Ministerio Fiscal y al Juez de Menores a lo largo de todo el proceso. Elabora el informe técnico sobre la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor, que resulta imprescindible para que el juez pueda individualizar la medida más adecuada. El equipo técnico también puede proponer la mediación entre el menor y la víctima como vía de reparación del daño.

Datos clave

• Instrucción: corresponde al Ministerio Fiscal (no al Juez de Instrucción).
• El fiscal puede archivar, derivar a mediación o formular escrito de alegaciones.
• Equipo técnico: psicólogos, educadores y trabajadores sociales que asesoran al fiscal y al juez.
• Informe técnico: obligatorio para la individualización de la medida.
• Plazo máximo de instrucción: seis meses prorrogables por tres meses más en causas complejas.

El enjuiciamiento y la imposición de las medidas corresponden al Juez de Menores, órgano unipersonal integrado en el orden jurisdiccional penal. La competencia territorial se determina por el lugar donde se haya cometido el hecho delictivo. En supuestos de especial gravedad —delitos castigados con pena de prisión superior a cinco años en el Código Penal para adultos—, la competencia puede corresponder a la Audiencia Nacional cuando concurran los presupuestos legalmente previstos.

El proceso ante el Juez de Menores comprende la audiencia, acto oral en el que intervienen el Ministerio Fiscal, el letrado defensor del menor, el representante del equipo técnico y, en su caso, el acusador particular. El menor tiene pleno reconocimiento de sus derechos procesales: a ser informado de los cargos, a no declarar contra sí mismo, a la asistencia letrada desde el primer momento y a la presencia de sus representantes legales. La sentencia que ponga fin al proceso debe estar motivada e indicar la medida impuesta, su duración y las reglas de conducta que, en su caso, se establezcan.

Datos clave

• Órgano juzgador: Juez de Menores (unipersonal, orden jurisdiccional penal).
• Competencia territorial: lugar de comisión del hecho.
• Audiencia: acto oral con fiscal, defensor, equipo técnico y, en su caso, acusación particular.
• El menor tiene derecho a asistencia letrada desde la detención (art. 22 LO 5/2000).
• Recursos contra la sentencia: ante la Audiencia Provincial (apelación).

La ejecución material de las medidas impuestas por el Juez de Menores compete a las Comunidades Autónomas, a través de los organismos o entidades que cada una designe. Esta distribución competencial responde al carácter educativo y social del sistema, que exige una respuesta próxima al entorno del menor. Las entidades públicas de protección y reforma de menores son las encargadas de gestionar los centros de internamiento y de supervisar el cumplimiento de las medidas en medio abierto.

El juez conserva, no obstante, el control de la ejecución: puede acordar la modificación, la sustitución o el cese de la medida cuando el interés del menor así lo aconseje, a propuesta del Ministerio Fiscal, del letrado del menor, de los representantes legales o de la propia entidad pública ejecutora. La coordinación entre el órgano judicial y la administración ejecutora resulta esencial para garantizar la continuidad del proceso educativo del menor y su correcta reinserción social.

Datos clave

• Ejecución de medidas: competencia de las Comunidades Autónomas (art. 45 LO 5/2000).
• Gestión de centros de internamiento: entidades públicas de reforma de menores de cada CCAA.
• El Juez de Menores mantiene el control jurisdiccional de la ejecución.
• Modificación o sustitución de medidas: puede acordarse en cualquier momento de la ejecución (art. 13).
• Principio de reeducación y reinserción social como fin de la ejecución.

La Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad del Estado con competencias en el medio rural y en determinadas demarcaciones urbanas, interviene con frecuencia en situaciones que implican a menores de edad infractores. Cuando un menor de más de catorce años es detenido como presunto autor de un hecho delictivo, resultan de aplicación las garantías específicas reconocidas en la LO 5/2000: el menor tiene derecho a ser informado de los cargos de forma comprensible, a la asistencia de un abogado, a comunicarse con sus representantes legales y a no ser privado de libertad salvo en los casos y con las formas previstos en la ley.

La duración de la detención preventiva del menor se limita al tiempo estrictamente imprescindible, sin que pueda exceder de veinticuatro horas. El agente que practica la detención debe notificarla de forma inmediata al Ministerio Fiscal y a los representantes legales del menor, y debe custodiar al menor en dependencias adecuadas y separadas de las destinadas a adultos. El atestado elaborado por la Guardia Civil debe ser remitido sin demora al Ministerio Fiscal, que asumirá la instrucción del expediente de reforma.

Datos clave

• Detención de menores: máximo 24 horas; notificación inmediata al Ministerio Fiscal y representantes legales.
• Custodia en dependencias separadas de adultos (art. 17.3 LO 5/2000).
• Derecho del menor detenido a asistencia letrada desde el primer momento.
• Atestado policial: remitido sin dilación al Ministerio Fiscal para la instrucción.
• Los menores de 14 años detenidos se entregan a los servicios de protección de menores, sin responsabilidad penal.