Derecho Penal

El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que define las conductas constitutivas de infracción penal, establece las penas y medidas de seguridad aplicables y regula el procedimiento para su imposición. Su función es tanto retributiva como preventiva, disuadiendo la comisión de delitos mediante la amenaza de sanción y, una vez cometidos, reintegrando el orden social vulnerado.

El principio de legalidad, consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española, exige que nadie pueda ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente. Este principio se desglosa en cuatro garantías: criminal (nullum crimen sine lege), penal (nulla poena sine lege), jurisdiccional y de ejecución.

El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables, desarrollado en los artículos 1 y 2 del Código Penal, prohíbe aplicar leyes penales a hechos anteriores a su entrada en vigor cuando resulten perjudiciales para el reo. No obstante, la ley penal más favorable se aplica retroactivamente, incluso a sentencias ya firmes en ejecución, lo que constituye la excepción benigna al principio general.

Datos clave

• Art. 25 CE: principio de legalidad penal y prohibición de sanciones sin ley previa.
• Art. 1 CP: no hay pena sin ley previa, escrita, estricta y cierta (principio de tipicidad).
• Art. 2 CP: irretroactividad de la ley penal desfavorable; retroactividad de la ley más benigna.
• La analogía in malam partem está expresamente prohibida en Derecho Penal.
• El principio de intervención mínima limita el Derecho Penal a la protección de bienes jurídicos esenciales.

El delito es toda acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley, conforme a la definición recogida en el artículo 10 del Código Penal (LO 10/1995). Esta definición exige la concurrencia de tres elementos: la tipicidad —adecuación de la conducta al tipo descrito en la norma—, la antijuridicidad —contrariedad al ordenamiento jurídico en su conjunto— y la culpabilidad —reprochabilidad personal al autor—.

El artículo 13 del Código Penal clasifica las infracciones penales en delitos graves, delitos menos graves y delitos leves, atendiendo a la pena que llevan aparejada. Son delitos graves los castigados con penas graves según el artículo 33; delitos menos graves los sancionados con penas menos graves; y delitos leves los penados con penas leves. Esta tripartición sustituyó a la antigua distinción entre delitos y faltas tras la reforma operada por la LO 1/2015.

Dentro de los delitos existen subclasificaciones con relevancia procesal y sustantiva: delitos de resultado y de mera actividad, delitos de lesión y de peligro, delitos comunes y especiales, delitos instantáneos y permanentes. La calificación correcta del delito determina la competencia jurisdiccional, los plazos de prescripción y el régimen de autoría y participación aplicable.

Datos clave

• Art. 10 CP: define el delito como acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley.
• Art. 13 CP: clasificación tripartita en delitos graves, menos graves y leves.
• Art. 33 CP: enumera las penas graves, menos graves y leves según su naturaleza y duración.
• La LO 1/2015 suprimió las faltas, incorporando algunas como delitos leves al Código Penal.
• Los delitos especiales propios solo pueden ser cometidos por quienes reúnen la cualidad exigida por el tipo.

El principio de culpabilidad, recogido en el artículo 5 del Código Penal, establece que no hay pena sin dolo o imprudencia, proscribiendo la responsabilidad objetiva en el ámbito penal. El dolo consiste en el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo penal; requiere un elemento intelectivo —conocimiento de la situación típica— y un elemento volitivo —voluntad de producir el resultado—.

El artículo 10 CP señala que el delito es la acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley, mientras que el artículo 12 dispone que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley, consagrando así el sistema de numerus clausus para los delitos imprudentes. La imprudencia supone la infracción del deber objetivo de cuidado exigible cuando el sujeto no quiere el resultado lesivo, pero lo produce por falta de la diligencia debida.

Dentro del dolo se distinguen tres modalidades: dolo directo de primer grado —el resultado es el fin perseguido—, dolo directo de segundo grado —el resultado es consecuencia necesaria de la acción aunque no sea el fin buscado— y dolo eventual —el sujeto se representa el resultado como posible y, lejos de desistir, acepta el riesgo—. La distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente tiene gran trascendencia práctica en tipos como el homicidio y las lesiones.

Datos clave

• Art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia (exclusión de la responsabilidad objetiva).
• Art. 10 CP: el delito exige dolo o imprudencia como elemento subjetivo del tipo.
• Art. 12 CP: la imprudencia solo es punible cuando la ley lo prevea expresamente (numerus clausus).
• El error de tipo invencible elimina el dolo y la imprudencia, excluyendo la responsabilidad penal.
• El error de tipo vencible solo excluye el dolo, subsistiendo la responsabilidad por imprudencia si está tipificada.

El iter criminis describe el camino recorrido por el delito desde su ideación hasta su total consumación. El Código Penal, en su artículo 16, define la tentativa como la conducta del sujeto que da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, pero que no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. El delito se considera consumado cuando se han realizado todos los elementos del tipo penal.

La tentativa se divide en acabada —cuando el sujeto ha realizado todos los actos de ejecución pero el resultado no se produce— e inacabada —cuando la ejecución se interrumpe antes de completarse—. El mismo artículo 16.2 CP prevé la exención de responsabilidad cuando el sujeto desiste voluntariamente de la ejecución o impide la producción del resultado, lo que se denomina desistimiento voluntario; no obstante, el desistimiento no exime de responder por los actos ya ejecutados que constituyan delito por sí mismos.

La pena de la tentativa se fija en uno o dos grados inferior a la señalada para el delito consumado, atendiendo al grado de ejecución alcanzado y al peligro generado para el bien jurídico protegido, según disponen los artículos 62 y 68 CP. Los actos preparatorios —conspiración, proposición y provocación— solo son punibles cuando la ley expresamente lo establezca.

Datos clave

• Art. 16.1 CP: definición legal de la tentativa de delito.
• Art. 16.2 CP: desistimiento voluntario como causa de exención en la tentativa.
• Art. 62 CP: la pena de la tentativa se rebaja en uno o dos grados respecto al delito consumado.
• Los actos preparatorios (conspiración, proposición, provocación) solo son punibles si la ley lo prevé expresamente.
• El delito imposible y el delito putativo no son punibles conforme al Código Penal vigente.

El Código Penal establece en su artículo 27 que son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. El artículo 28 define como autores a quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento; también se consideran autores los inductores —quienes inducen directamente a otro a ejecutar el hecho— y los cooperadores necesarios —quienes cooperan con un acto sin el cual el delito no se habría efectuado—.

La coautoría exige el dominio funcional del hecho: cada coautor aporta una contribución esencial al plan común y controla una parte de la ejecución global. La autoría mediata se produce cuando el autor se vale de otro como instrumento, ya sea por coacción, error o incapacidad del instrumento. Estas figuras permiten atribuir responsabilidad como autores a quienes no ejecutan personalmente los actos típicos pero tienen el dominio del hecho.

El artículo 29 CP regula la complicidad, figura residual que engloba a quienes cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos que no son necesarios para la producción del resultado. Los cómplices reciben una pena inferior en grado a la señalada para los autores. La inducción y la cooperación necesaria reciben la misma pena que la autoría material, dado que el Código equipara su gravedad.

Datos clave

• Art. 27 CP: responsables criminalmente son autores y cómplices.
• Art. 28 CP: concepto de autor, inductor y cooperador necesario.
• Art. 29 CP: cómplices; pena inferior en grado a la del autor.
• La autoría mediata permite sancionar a quien usa a otro como instrumento del delito.
• La accesoriedad de la participación exige que el hecho principal sea típico y antijurídico.

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal son elementos accidentales del delito que, sin pertenecer al tipo básico, inciden en la medición de la pena al aumentar o disminuir la culpabilidad o la antijuridicidad del hecho. El artículo 20 del Código Penal recoge las eximentes completas, que eliminan totalmente la responsabilidad penal: anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena, miedo insuperable, legítima defensa, estado de necesidad y obrar en cumplimiento de un deber.

Las circunstancias atenuantes del artículo 21 CP reducen la pena por razones de menor culpabilidad o reprochabilidad: eximentes incompletas, arrebato u obcecación, confesión a las autoridades, reparación del daño, dilaciones indebidas y la analógica. Las circunstancias agravantes del artículo 22 CP incrementan la pena cuando concurren elementos que revelan una mayor antijuridicidad o peligrosidad: alevosía, disfraz, abuso de confianza, reincidencia, motivación discriminatoria, entre otras.

El artículo 23 CP regula la circunstancia mixta de parentesco, que puede operar como atenuante o agravante en función de la naturaleza del delito: atenúa en delitos de carácter patrimonial y agrava en delitos contra las personas cuando el ofendido es cónyuge o persona con análoga relación de afectividad. Las reglas de aplicación de estas circunstancias se rigen por los artículos 65 a 68 CP, que modulan su efecto según recaigan sobre el autor o el partícipe.

Datos clave

• Art. 20 CP: eximentes completas de responsabilidad criminal (7 supuestos).
• Art. 21 CP: circunstancias atenuantes, incluyendo la analógica del número 7.
• Art. 22 CP: circunstancias agravantes; la reincidencia (núm. 8) requiere sentencia firme anterior.
• Art. 23 CP: circunstancia mixta de parentesco, agravante o atenuante según el delito.
• La eximente incompleta del art. 21.1 en relación al art. 20 permite rebajar la pena en uno o dos grados.

El artículo 32 del Código Penal dispone que las penas que pueden imponerse son las privativas de libertad, las privativas de otros derechos y la multa. Las penas privativas de libertad incluyen la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Las privativas de otros derechos abarcan la inhabilitación absoluta y especial, la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir o portar armas, entre otras.

El artículo 33 CP clasifica las penas conforme a su naturaleza y duración en graves, menos graves y leves, distinción que determina la clasificación del delito a que van asociadas. La prisión grave tiene una duración mínima de cinco años; la menos grave oscila entre tres meses y cinco años; la leve llega hasta tres meses. La multa puede imponerse como pena principal o como pena accesoria, aplicándose el sistema de días-multa regulado en el artículo 50 CP.

Las penas accesorias se imponen sin necesidad de que se soliciten expresamente y derivan de la pena principal por ministerio de la ley. La inhabilitación absoluta acompaña a las penas de prisión superiores a diez años según el artículo 55 CP, mientras que la inhabilitación especial para empleo o cargo público se impone conforme al artículo 56 CP. El artículo 36 CP establece el período de seguridad para penas de prisión superiores a cinco años, limitando el acceso al tercer grado penitenciario.

Datos clave

• Art. 32 CP: clases de penas (privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa).
• Art. 33 CP: penas graves, menos graves y leves; duración y naturaleza.
• Art. 50 CP: sistema de días-multa; cuota diaria entre 2 y 400 euros.
• Art. 36 CP: período de seguridad para penas de prisión superiores a 5 años.
• Art. 55 CP: inhabilitación absoluta como pena accesoria en prisión superior a 10 años.
• La prisión permanente revisable es revisable a los 25 años de cumplimiento efectivo (art. 92 CP).

La LO 5/2010 introdujo en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada en el artículo 31 bis, rompiendo el tradicional principio societas delinquere non potest. Esta responsabilidad procede cuando los representantes legales o administradores de hecho o de derecho cometen delitos en nombre o por cuenta de la entidad y en su beneficio directo o indirecto, o cuando los empleados cometen delitos por no haber ejercido la debida supervisión y control.

La persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, había adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión idóneo para prevenir el tipo de delito cometido, encomendando su supervisión a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control. Estos programas de compliance penal adquirieron así relevancia jurídica sustantiva como causa de exención o atenuación de la responsabilidad corporativa.

Las penas aplicables a las personas jurídicas se recogen en el artículo 33.7 CP e incluyen la multa por cuotas o proporcional, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de realizar actividades futuras, la inhabilitación para obtener subvenciones y la intervención judicial. La responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la de las personas físicas y persiste aunque no se identifique o condene al responsable individual.

Datos clave

• Art. 31 bis CP: presupuestos de la responsabilidad penal de personas jurídicas.
• Art. 31 bis.2 CP: exención si se adoptó un modelo de prevención (compliance penal) eficaz.
• Art. 33.7 CP: penas aplicables a personas jurídicas (multa, disolución, clausura, etc.).
• La responsabilidad corporativa es independiente de la individual (art. 31 ter CP).
• La LO 1/2015 amplió el catálogo de delitos imputables a personas jurídicas.

El artículo 130 del Código Penal enumera las causas que extinguen la responsabilidad criminal: la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena, el indulto, el perdón del ofendido en los casos previstos por la ley, la prescripción del delito y de la pena, y la cancelación del antecedente penal. Cada una de estas causas opera de manera autónoma y puede concurrir en cualquier fase del proceso penal o de la ejecución de la pena.

La prescripción del delito, regulada en el artículo 131 CP, supone la extinción de la responsabilidad por el transcurso del tiempo desde la comisión del hecho sin que se haya ejercitado la acción penal. Los plazos varían en función de la pena máxima señalada al delito: los delitos castigados con pena de prisión permanente revisable o pena de más de veinte años prescriben a los treinta años; los sancionados con penas de quince a veinte años, a los veinte años; los de diez a quince años, a los quince años; y los demás, a los diez años o a los cinco, según la gravedad de la pena. Los delitos leves prescriben al año.

La prescripción se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona indiciariamente responsable, comenzando a correr de nuevo el plazo si el procedimiento se paraliza. El artículo 132 CP precisa que la prescripción se computa desde el día en que se cometió el delito o, en casos de delito continuado, desde que se realizó la última infracción. Los delitos contra la humanidad, genocidio y terrorismo con resultado de muerte son imprescriptibles conforme al artículo 131.4 CP.

Datos clave

• Art. 130 CP: causas de extinción de la responsabilidad penal (muerte, indulto, prescripción, etc.).
• Art. 131 CP: plazos de prescripción del delito según la pena máxima prevista.
• Delitos con pena de prisión permanente revisable o superior a 20 años: prescriben a los 30 años.
• Delitos leves: prescriben al año desde su comisión.
• Art. 131.4 CP: imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo con muerte.
• Art. 132 CP: cómputo de la prescripción e interrupción por actos procesales dirigidos al responsable.