Armas y explosivos

La regulación de las armas en España tiene su eje fundamental en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, modificado en múltiples ocasiones para adaptarse a las directivas europeas y a las nuevas realidades de seguridad. Este texto desarrolla los preceptos de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y establece el régimen completo de clasificación, licencias, documentación, tenencia y uso de las armas en el territorio nacional.

La trasposición de la Directiva 2021/555/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al control de la adquisición y tenencia de armas, ha introducido modificaciones relevantes en el texto reglamentario, endureciendo las condiciones para determinadas categorías y reforzando los mecanismos de intercambio de información entre los Estados miembros. España ha ido incorporando estas exigencias mediante sucesivos reales decretos que actualizan los requisitos psicofísicos, la formación obligatoria y los sistemas de marcado de armas.

Junto al Reglamento de Armas, resulta imprescindible conocer la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica las infracciones graves y muy graves relacionadas con la tenencia ilícita o el uso incorrecto de armas, y cuya aplicación corresponde en gran medida a la Guardia Civil como policía administrativa especializada en la materia.

Datos clave

• RD 137/1993 aprueba el vigente Reglamento de Armas.
• La Directiva 2021/555/UE armoniza las normas de adquisición y tenencia en la UE.
• La LO 4/2015 establece el régimen sancionador administrativo en materia de armas.
• La Guardia Civil es el cuerpo competente para la aplicación y control del Reglamento de Armas.

El Reglamento de Armas clasifica las armas en siete categorías principales atendiendo a su peligrosidad, uso potencial y características técnicas. Las armas de la 1.ª categoría comprenden las armas de fuego cortas semiautomáticas o de repetición, y las largas semiautomáticas con cargador superior a tres cartuchos o cuya longitud total sea inferior a sesenta centímetros, así como las armas automáticas transformadas en semiautomáticas. Son las de mayor restricción y su tenencia por particulares está prácticamente vedada salvo habilitación especial.

La 2.ª categoría incluye las armas de fuego largas para defensa (escopetas de cañones recortados) y determinadas armas cortas no comprendidas en la primera. La 3.ª categoría abarca las armas de fuego largas rayadas de uso civil, como carabinas y rifles de caza. La 4.ª categoría recoge las escopetas y demás armas de fuego largas con cañones lisos destinadas a la caza y al tiro deportivo, siendo las de mayor uso entre la población civil. La 5.ª categoría comprende las armas de fuego históricas, antiguas o sus réplicas. La 6.ª categoría engloba otras armas de fuego no incluidas en las anteriores. Por último, la 7.ª categoría recoge las armas no de fuego susceptibles de causar daño a las personas: armas blancas, de lanzamiento, de defensa personal y determinadas armas de aire comprimido.

Esta clasificación determina qué licencia o autorización es exigible para la adquisición, tenencia y uso de cada tipo de arma, así como las condiciones de depósito y custodia aplicables y el régimen de intervención de la Guardia Civil en caso de infracción.

Datos clave

• 1.ª categoría: armas de fuego cortas semiautomáticas y largas de alta capacidad; máxima restricción.
• 4.ª categoría: escopetas de caza y tiro deportivo; las más extendidas entre particulares.
• 7.ª categoría: armas no de fuego (blancas, de lanzamiento, defensa personal, aire comprimido).
• La categoría determina el tipo de licencia requerida (A, B, C, D, E o F).
• Las armas históricas y réplicas quedan recogidas en la 5.ª categoría con requisitos propios.

El Reglamento de Armas establece un sistema de licencias vinculado a cada categoría de arma. La licencia A habilita para la tenencia y uso de armas de la 1.ª categoría y se concede exclusivamente a quienes acrediten necesidad justificada (guardas particulares de campo, escoltas privados autorizados, etc.), previa superación de pruebas psicofísicas y de tiro. La licencia B autoriza la tenencia y uso de armas de la 2.ª categoría. La licencia C es la más común entre particulares dedicados a la caza o al tiro deportivo y habilita para armas de las categorías 3.ª y 4.ª; se renueva periódicamente y exige acreditar aptitud psicofísica y formación básica.

La licencia D autoriza la tenencia de armas de fuego para coleccionistas de armas históricas o antiguas (5.ª categoría), con condiciones estrictas de depósito. La licencia E es específica para las armas de la 6.ª categoría. La licencia F se otorga para la práctica del tiro deportivo con armas de la 1.ª categoría en instalaciones oficialmente reconocidas y bajo condiciones muy restrictivas de custodia. Además del régimen de licencias, el Reglamento contempla autorizaciones especiales para fabricantes, importadores, armeros, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros colectivos que requieren un trato diferenciado.

La solicitud de cualquier licencia se tramita ante la Intervención de Armas de la Guardia Civil del territorio donde resida el solicitante, que comprueba la concurrencia de los requisitos legales, realiza los trámites de antecedentes y eleva la propuesta de resolución a la Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos cuando así lo exige el procedimiento.

Datos clave

• Licencia A: armas de 1.ª categoría; uso restringido a colectivos con necesidad acreditada.
• Licencia C: la más habitual; habilita para caza y tiro deportivo (categorías 3.ª y 4.ª).
• Licencia F: tiro deportivo con armas de 1.ª categoría; custodia obligatoria en el club.
• Tramitación ante la Intervención de Armas de la Guardia Civil del domicilio del solicitante.
• Autorizaciones especiales para fabricantes, importadores, armeros y Fuerzas de Seguridad.

Toda arma de fuego legalmente poseída debe estar amparada por su correspondiente documentación. La guía de pertenencia es el documento que acredita la propiedad legítima de un arma y la autorización para su tenencia; la expide la Guardia Civil y debe conservarse junto al arma o en el domicilio del titular. Identifica el arma mediante sus datos técnicos (marca, modelo, calibre y número de serie), los datos del titular y la categoría a la que pertenece. Sin este documento, la tenencia del arma constituye infracción administrativa o, en su caso, delito.

Las tarjetas de armas son documentos complementarios que acompañan al arma en determinados supuestos de transporte o uso fuera del domicilio. La tarjeta de armas para caza, por ejemplo, permite al cazador portar el arma de la 4.ª categoría durante el ejercicio de la actividad cinegética. Para las armas de la 3.ª categoría utilizadas en tiro deportivo existe la tarjeta de armas deportiva, que acredita la pertenencia del titular a un club federado y la habilitación para el transporte del arma al campo de tiro.

El marcado de las armas constituye otro elemento esencial de la documentación: todos los armas de fuego fabricadas, importadas o puestas en el mercado deben llevar marcas indelebles conforme a las especificaciones del Convenio de Bruselas y de la normativa europea, lo que permite la trazabilidad desde la fabricación hasta el usuario final. La Guardia Civil verifica el marcado como parte de las inspecciones periódicas a armeros y en el marco de las investigaciones por tráfico ilícito.

Datos clave

• Guía de pertenencia: documento obligatorio que acredita propiedad y autorización de tenencia.
• Tarjeta de armas: ampara el transporte y uso del arma fuera del domicilio en supuestos tasados.
• El marcado indeleble garantiza la trazabilidad de cada arma desde su fabricación.
• La falta de documentación puede constituir infracción grave según la LO 4/2015.
• La Guardia Civil expide la guía y controla su vigencia mediante las Intervenciones de Armas.

El Reglamento de Armas establece normas precisas sobre dónde y cómo pueden conservarse las armas en el domicilio del titular. Con carácter general, las armas deben custodiarse descargadas y bajo llave en armero o caja fuerte homologada cuando no estén en uso, especialmente si en el domicilio conviven menores o personas con capacidad disminuida. El incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a la revocación de la licencia y a responsabilidad administrativa o penal en caso de accidente.

El uso de las armas queda limitado a los fines para los que fue concedida la licencia: defensa personal en los supuestos habilitados, caza en las épocas y zonas autorizadas, o práctica del tiro deportivo en instalaciones homologadas. El porte del arma en lugares públicos sin causa justificada está prohibido y constituye infracción muy grave. El transporte de armas en vehículos debe realizarse descargado y en contenedor cerrado, separado de la munición, y siempre con la documentación del arma a disposición de los agentes.

La munición tiene también un régimen propio: solo puede adquirirse para el calibre del arma amparada por la licencia, en establecimientos autorizados, y en cantidad razonable para el uso previsto. La acumulación injustificada de grandes cantidades de munición puede ser objeto de inspección y, en su caso, de intervención cautelar por parte de la Guardia Civil, que dispone de potestades de control domiciliario a estos efectos mediante la oportuna autorización judicial.

Datos clave

• Las armas deben guardarse descargadas y bajo llave (armero u caja fuerte homologada).
• El porte en lugares públicos sin causa justificada es infracción muy grave (LO 4/2015).
• El transporte requiere arma descargada, en contenedor cerrado y separada de la munición.
• La munición solo puede comprarse para el calibre del arma amparada por la licencia.
• La acumulación injustificada de munición puede motivar inspección e intervención cautelar.

La Guardia Civil es el cuerpo policial al que la normativa atribuye con carácter exclusivo las competencias de intervención, inspección y control en materia de armas y explosivos en todo el territorio nacional, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta competencia se ejerce a través de una estructura especializada en dos niveles: la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE), con sede en Madrid, y las Intervenciones de Armas y Explosivos (IAE) provinciales o comarcales, dependientes orgánicamente de los mandos territoriales del Cuerpo.

La ICAE es el órgano central encargado de la dirección técnica y de la resolución de los expedientes más complejos, del mantenimiento del Registro Central de Armas (soporte informático que integra todos los datos de armas, titulares, licencias y documentación), y de la coordinación con otras administraciones, con Europol y con los servicios equivalentes de otros países de la Unión Europea. También le corresponde la supervisión de armeros, fabricantes e importadores, la resolución de consultas técnicas y la propuesta de normas técnicas de marcado.

Las IAE provinciales tramitan las solicitudes de licencias y documentación, realizan las inspecciones periódicas a los establecimientos autorizados (armeros, polvorines, galerías de tiro), custodian las armas intervenidas cautelarmente y colaboran con las unidades de investigación criminal en asuntos relacionados con tráfico ilícito de armas. Constituyen el primer punto de contacto para el ciudadano en todos los trámites del Reglamento de Armas.

Datos clave

• La Guardia Civil tiene competencia exclusiva en control de armas y explosivos a nivel nacional.
• La ICAE gestiona el Registro Central de Armas y coordina con Europol y otros países de la UE.
• Las IAE provinciales tramitan licencias, documentación e inspecciones a establecimientos.
• El Registro Central de Armas integra datos de armas, titulares, licencias y documentación.
• Las IAE custodian las armas intervenidas cautelarmente hasta resolución del expediente.

El Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, aprueba el Reglamento de Explosivos, norma que regula la fabricación, almacenamiento, transporte, uso y destrucción de materias explosivas, así como las actividades de los establecimientos del sector. Este reglamento deroga al anterior de 1998 y se adapta a la Directiva 2014/28/UE sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la puesta a disposición en el mercado y control de los explosivos con fines civiles. Define los requisitos técnicos y de seguridad para polvorines, naves de fabricación y vehículos de transporte, e impone obligaciones de trazabilidad a todos los operadores del sector.

El control de precursores de explosivos se rige por el Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece normas armonizadas sobre la comercialización, introducción, posesión y uso de sustancias que podrían utilizarse para la fabricación ilícita de explosivos (nitratos de amonio, peróxido de hidrógeno, acetona, ácido sulfúrico, entre otras). En España, la Guardia Civil actúa como punto de contacto nacional para la aplicación de este reglamento europeo y gestiona el sistema de notificación de transacciones sospechosas.

Las operaciones con explosivos requieren licencias específicas expedidas por el Ministerio del Interior, con informe preceptivo de la Guardia Civil. Los usuarios finales (minería, obras públicas, pirotecnia) deben disponer de la tarjeta de adquisición de explosivos, cuyo régimen de concesión y control compete igualmente a las unidades especializadas del Cuerpo. La destrucción de explosivos fuera de uso o encontrados debe realizarse por personal autorizado, notificándolo previamente a la Guardia Civil.

Datos clave

• RD 130/2017 aprueba el vigente Reglamento de Explosivos; deroga el de 1998.
• El Reglamento (UE) 2019/1148 regula los precursores de explosivos en toda la UE.
• La Guardia Civil es el punto de contacto nacional para la notificación de transacciones sospechosas con precursores.
• Los usuarios finales de explosivos necesitan tarjeta de adquisición expedida con informe de la GC.
• La destrucción de explosivos fuera de uso debe notificarse previamente a la Guardia Civil.

Las infracciones en materia de armas se sancionan principalmente al amparo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracciones graves la tenencia o el uso de armas sin la documentación reglamentaria, el transporte en condiciones no autorizadas o la negativa a someterse a inspección. Las infracciones muy graves incluyen el porte de armas en lugares públicos sin causa justificada, la modificación no autorizada de las características técnicas del arma (conversión de semiautomáticas en automáticas, recorte de cañones) y la reincidencia en infracciones graves. Las sanciones oscilan entre multas de hasta 600 euros para las leves y hasta 600.000 euros para las muy graves, con posibilidad adicional de decomiso del arma y revocación de la licencia.

El Código Penal tipifica en sus artículos 563 a 570 los delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas y explosivos, con penas de prisión que varían según la categoría del arma, la cantidad y la concurrencia de circunstancias agravantes (pertenencia a organización criminal, uso en la comisión de otro delito). La tenencia de armas prohibidas o de armas de guerra sin autorización está castigada con penas de dos a cinco años de prisión.

En el ámbito administrativo sancionador específico del Reglamento de Armas, la Guardia Civil instruye los expedientes correspondientes y propone las sanciones al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno, según la gravedad, como órganos competentes para resolver. En materia de explosivos, la potestad sancionadora corresponde al Ministerio del Interior cuando se trata de infracciones que afectan a la seguridad nacional.

Datos clave

• La LO 4/2015 tipifica infracciones leves, graves y muy graves en materia de armas.
• Las sanciones administrativas van desde multas leves hasta 600.000 euros para las muy graves.
• Los artículos 563-570 del Código Penal tipifican los delitos de tenencia y tráfico de armas.
• La GC instruye los expedientes sancionadores y propone resolución al Delegado del Gobierno.
• La modificación no autorizada del arma (recorte, conversión a automática) es infracción muy grave.