Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados/as de prevención. Comités de seguridad y salud. Especial referencia a la prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos. Representación de los empleados públicos.
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- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos (2019-2022, en vigor)
TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 31
Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.
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Los empleados públicos tienen derecho a negociación colectiva, representación y participación institucional; el artículo define cada uno, legitima a los sindicatos más representativos para recurrir actos de selección y fija sus límites.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 32
Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
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La negociación, representación y participación del personal laboral público se rigen por la legislación laboral, más los preceptos del capítulo que les son aplicables. Sus convenios se cumplen, salvo suspensión excepcional por causa grave de interés público.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 33
Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.
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La negociación colectiva de los funcionarios sigue seis principios y se hace en Mesas de Negociación con la Administración y los sindicatos legitimados; puede encargarse a órganos técnicos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 34
Mesas de Negociación. 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. 3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. 5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. 6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.
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Hay una Mesa General de Negociación en el Estado, cada comunidad, Ceuta, Melilla y cada entidad local; de ella pueden depender Mesas Sectoriales. La negociación arranca en la fecha pactada o, sin acuerdo, en un mes como máximo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 35
Constitución y composición de las Mesas de Negociación. 1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto. 4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros.
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Las Mesas quedan válidamente constituidas cuando los sindicatos presentes suman la mayoría absoluta de los órganos unitarios del ámbito. La representatividad se acredita cada dos años y ninguna parte puede superar quince miembros.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 36
Mesas Generales de Negociación. 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas. 2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación. Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
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Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, presidida por la AGE, que negocia lo básico y el incremento retributivo anual. Además, cada Administración tiene su Mesa General para lo común a funcionarios, estatutarios y laborales.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 37
Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. e) Los planes de Previsión Social Complementaria. f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. i) Los criterios generales de acción social. j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto. b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
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Enumera trece materias que deben negociarse (letras a a m) y cinco que quedan fuera de la obligatoriedad de negociar, con un matiz: las decisiones organizativas que repercutan en condiciones de trabajo sí se negocian.
Esquema
| Negociable (ap. 1) | Excluido de la obligatoriedad (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Acceso | Normas que fijen los criterios generales de acceso, carrera, provisión… | Regulación y determinación concreta de sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso |
| Organización | Condiciones de trabajo afectadas por decisiones organizativas | Decisiones que afecten a las potestades de organización |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 38
Pactos y Acuerdos. 1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. 4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
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Pactos (materias del órgano que los firma, aplicación directa) y Acuerdos (materias de los órganos de gobierno, que deben aprobarlos). Si tocan reserva de ley, el Gobierno debe remitir un proyecto de ley; sin ratificación, se renegocia en un mes.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 39
Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: De 50 a 100 funcionarios: 5. De 101 a 250 funcionarios: 9. De 251 a 500 funcionarios: 13. De 501 a 750 funcionarios: 17. De 751 a 1.000 funcionarios: 21. De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.
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Los funcionarios se representan por Delegados de Personal (de 6 a 49 funcionarios) y Juntas de Personal (desde 50), cuyo número de miembros sigue una escala con un máximo de 75.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 40
Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
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Funciones de las Juntas y Delegados de Personal: recibir información, informar, ser informados de sanciones muy graves, ser oídos sobre jornada, vigilar y colaborar. Pueden iniciar procedimientos y acciones: la Junta colegiadamente y por mayoría, los Delegados mancomunadamente.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 41
Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100 funcionarios: 15. De 101 a 250 funcionarios: 20. De 251 a 500 funcionarios: 30. De 501 a 750 funcionarios: 35. De 751 en adelante: 40. Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.
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Garantías de los Delegados y miembros de Juntas de Personal: acceso a dependencias, publicaciones, audiencia disciplinaria, crédito horario según escala, indemnidad, no discriminación y deber de sigilo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 42
Duración de la representación. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.
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El mandato de Juntas y Delegados de Personal dura cuatro años con reelección posible; se prorroga si no se promueven elecciones, pero los representantes prorrogados no cuentan para la capacidad representativa de los sindicatos.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 43
Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. 1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.
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Cinco legitimados para promover elecciones a Delegados y Juntas de Personal: sindicatos más representativos estatales y autonómicos, sindicatos con el 10 por 100 en el conjunto o en la unidad, y los funcionarios por mayoría. Tienen derecho al censo.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 44
Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.
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Criterios del procedimiento electoral de Juntas y Delegados de Personal: sufragio personal, directo, libre y secreto; electores en servicio activo; candidaturas sindicales o de electores; listas y sistemas distintos; impugnación arbitral.
Esquema
| Juntas de Personal | Delegados de Personal | |
|---|---|---|
| Listas | Cerradas | Abiertas |
| Sistema | Proporcional corregido | Mayoritario |
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 45
Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Administración y sindicatos pueden crear sistemas extrajudiciales de mediación y arbitraje para conflictos colectivos sobre Pactos y Acuerdos, salvo materias con reserva de ley; sus resultados valen como un Pacto o Acuerdo y son impugnables.
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TREBEP (RDL 5/2015) · Art. 46
Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal. b) Las Juntas de Personal. c) Los Comités de Empresa. d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pueden convocar reuniones los sindicatos, los Delegados y Juntas de Personal, los Comités de Empresa y al menos el 40 por 100 del colectivo convocado. En el centro de trabajo se autorizan fuera de horas de trabajo, salvo acuerdo.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 33
Consulta de los trabajadores. 1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley. e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El empresario debe consultar con la debida antelación, a los representantes si los hay, las decisiones que afectan a la seguridad y salud: seis materias, de la organización del trabajo a la formación.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 34
Derechos de participación y representación. 1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros. Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud. b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto. d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los trabajadores participan en la prevención; con seis o más, a través de sus representantes y de la representación especializada. En las Administraciones públicas se adapta, sin tocar las garantías de Delegados de Prevención y Comités.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 35
Delegados de Prevención. 1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala: De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Delegados de Prevención salen de los representantes del personal según una escala por plantilla: de 2 (50 a 100 trabajadores) a 8 (desde 4.001). En empresas pequeñas, el Delegado de Personal asume el papel.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 36
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 1. Son competencias de los Delegados de Prevención: a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Delegados de Prevención colaboran, promueven, son consultados y vigilan; para ello pueden acompañar, acceder a información, visitar, proponer y pedir la paralización. Sus informes: quince días.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 37
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Garantías de los Delegados de Prevención: las del artículo 68 del Estatuto, crédito horario con tiempos que no se imputan, medios y formación a cargo del empresario y deber de sigilo profesional.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 38
Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de consulta en prevención: obligatorio con 50 o más trabajadores, se reúne trimestralmente y puede dar lugar a un Comité Intercentros.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 39
Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias del Comité de Seguridad y Salud (participar en los planes y promover mejoras), sus facultades de conocimiento y la coordinación entre empresas que comparten centro.
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Ley 31/1995 (PRL) · Art. 40
Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones. 3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo. 4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Colaboración con la Inspección de Trabajo: los trabajadores pueden acudir a ella, el inspector comunica su visita para que le acompañen, informa de los resultados y se consulta a los agentes sociales sus planes.
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Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 45 · Salud laboral
Artículo 45. Salud laboral.
1. La Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, fomentará una auténtica cultura de
la prevención en el trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba
el cumplimiento meramente formal o documental de tales obligaciones, garantizará la protección de la seguridad y
salud de todos sus empleados/as mediante el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales y
garantizará que los/las representantes de los empleados/as municipales sean consultados y alentados a participar
activamente en la actividad preventiva.
En el marco de sus responsabilidades, la Administración adoptará cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los/as empleados/as municipales, en materia de evaluación de riesgos,
información, consulta y participación, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia
de la salud, mediante los instrumentos necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las actividades previstas en la misma conforme a
su artículo 3.2.
La Administración municipal integrará la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones, potenciando sus
recursos y adecuando su contenido a las peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio,
así como la coordinación de las acciones preventivas a las que esté obligado por disposición normativa.
Las Secretarías Generales Técnicas de las áreas de gobierno, Direcciones Generales, Coordinaciones de Distrito
y Gerencias de los organismos autónomos, coordinaran la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales e
impulsaran, controlaran y supervisaran el cumplimiento de las actuaciones en materia de prevención de riesgos
laborales, en el ámbito organizativo de su competencia, asumiendo las responsabilidades según establece el Plan
de Prevención.
Los/as titulares de la dirección de los centros y establecimientos municipales velaran por cumplimiento de las
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que establece la normativa vigente, así como de
garantizar la seguridad y salud de los/as trabajadores/as adscritos a sus respectivos centros y/o instalaciones, a tal
efecto recibirán formación específica y obligatoria en materia de Prevención de riesgos laborales, asumiendo las
responsabilidades según establece el Plan de Prevención.
Asimismo, las partes se comprometen a integrar el principio de igualdad en las políticas de salud, conforme a lo
dispuesto en el Plan de Igualdad, que se incorpora como anexo.
2. Los/as trabajadores/as tienen derecho a:
- Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Ser informado/a de los riesgos para su salud y seguridad, y de las medidas preventivas adoptadas, incluidas las
previstas para hacer frente a situaciones de emergencia.
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- Recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada tanto en el momento de su contratación, como
periódicamente, cuando se produzcan cambios en las funciones, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambio
en los equipos de trabajo.
- Efectuar propuestas de mejora al Servicio de Prevención, a los Delegados de Prevención y al Comité de Seguridad
y Salud, a través de quienes se ejerce su derecho a participar.
- Medidas de protección específicas cuando por sus propias características personales o estado biológico conocido o
incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.
- La vigilancia permanente y continua de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto. La
periodicidad, a la que se hace referencia en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, de los reconocimientos médicos será la que marquen los Protocolos de Vigilancia Sanitaria
específica de los/as trabajadores/as. El personal municipal que deba acudir a estos reconocimientos médicos fuera
de su jornada laboral por practicarse en turno distinto al suyo, será compensado con cargo a su jornada laboral del
tiempo invertido en los mismos.
- En los términos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y ante una situación de riesgo grave o inminente el/la trabajador/a tendrá derecho a interrumpir su actividad
y a abandonar el lugar de trabajo.
3. Corresponde a cada empleado/a velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones de la administración.
Para ello:
- Los/as empleados/as municipales pondrán en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente
para prevenir los riesgos en el trabajo.
- Informarán de inmediato de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de
los/as empleados/as.
- Utilizarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, materiales, sustancias peligrosas, equipos y cualquier medio con los que desarrollen su actividad.
Asimismo, utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes en los lugares de trabajo y harán buen
uso de los medios y equipos de protección facilitados por el Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
- Colaborarán para que el Ayuntamiento pueda garantizar condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos
para la seguridad y salud de los/as trabajadores/as.
- Formarán parte, cuando se les designe, de los equipos de emergencia que se determinen para planes de
autoprotección y medidas de emergencias en los edificios municipales.
4. Se garantizará la información y la formación teórica, suficiente, práctica y adecuada en estas materias a todos los/
as empleados/as municipales, haciendo especial incidencia al inicio de la relación laboral, con ocasión del cambio de
puesto de trabajo o de la necesidad de aplicación de nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan ocasionar
riesgos para el propio empleado/a, para sus compañeros/as o terceros.
5. En concordancia con todo lo anterior y aplicando principio preventivos proactivos, por medio de campañas
coordinadas con la unidad competente en la materia, toda la plantilla municipal será informada periódicamente sobre
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la conveniencia de adoptar posturas, conductas y hábitos saludables y sobre la realización de una actividad física
moderada.
6. Si en los informes médicos emitidos por el Departamento de Salud Laboral como consecuencia del cumplimiento
de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
recomienda al/la empleado/a la realización de ejercicio físico, se facilitará desde la Corporación la entrada gratuita
a las instalaciones deportivas municipales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Salud laboral en el Ayuntamiento: prevención real y no solo documental, reparto de responsabilidades, derechos y deberes de cada empleado, formación, hábitos saludables y entrada gratuita a instalaciones deportivas si el informe médico recomienda ejercicio.
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Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 46 · Servicio de prevención
Artículo 46. Servicio de prevención.
1. Definición.
Se entenderá por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales de la Administración municipal,
asignados a la realización de las actividades de prevención en el ámbito al que se refiere este Acuerdo-Convenio, es
decir, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos para garantizar la adecuada protección
de la seguridad y la salud de los/as empleados/as municipales asesorando y asistiendo a la Administración, a los/as
empleados/as municipales y a sus representantes y órganos específicos y especializados de representación. Sus
integrantes destinarán de forma exclusiva su actividad a la finalidad del mismo. La unidad organizativa específica
destinada a la prevención en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos es el Servicio de
Prevención.
2. Modalidad de prevención.
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas en la Administración
municipal de Madrid se realizará en la modalidad de servicio de prevención propio.
3. Estructura del Servicio de Prevención.
El servicio de prevención contará con las cuatro especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero: “Medicina del Trabajo”, “Seguridad en el Trabajo”, “Higiene Industrial”
y “Ergonomía y Psicosociología Aplicada” y se estructurará en Equipos multidisciplinares, compuestos por técnicos
de cada una de las cuatro especialidades en número suficiente para atender el volumen de trabajo que se genere
en el cumplimiento de sus funciones.
Los equipos multidisciplinares actuarán de forma integrada en el ámbito del Servicio de Prevención Único.
Todas las unidades administrativas que realicen funciones sobre salud laboral y/o prevención de riesgos laborales
dependerán funcionalmente de la Subdirección General de Prevención y Riesgos Laborales u órgano/unidad
competente en esta materiaque se dotará de personal suficiente para cumplir sus funciones.
4. Funciones.
- De acuerdo con la normativa vigente asesorará y emitirá informes vinculantes en todos los procedimientos en que
así se acuerde por el Comité de Seguridad y Salud con el objeto de contar con un sistema de gestión unificado para
hacer efectiva una adecuada política en prevención de riesgos laborales.
- Diseñará e implantará el Plan de Prevención del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y lo adecuará
a las nuevas circunstancias que pudieran producirse.
- Llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a adecuar las condiciones de trabajo de los/as empleados/as
municipales a los requisitos de seguridad y salud dispuestos en la normativa vigente.
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- Valorará y publicará anualmente los datos generales, por colectivos, categorías, sexo y edad de los índices de
siniestralidad relativos a los /as trabajadores/as con la colaboración de la Mutua de accidentes de trabajo, con el
fin de programar las actuaciones necesarias para evitar, o en su caso disminuir, el número y la gravedad de los
accidentes de trabajo.
- Ejercerá las tareas que le son propias de vigilancia de la salud de los/as empleados/as municipales, realizando
a tal fin los reconocimientos médicos al ingreso del personal, los de carácter anual y cuantos otros se estimen
necesarios en función de los riesgos o las circunstancias. Se realizarán estudios epidemiológicos de los datos
obtenidos, analizándose estadísticamente por colectivos, funciones y categorías profesionales, sexo y edad. Esta
información será facilitada y analizada en el seno del Comité de Seguridad y Salud.
- En general, proporcionará a la Administración, sus empleados/as y sus representantes el asesoramiento y apoyo
técnico que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes.
- Asimismo, realizará propuestas técnicas y asesorará sobre el modo de desarrollar e implementar una acción
permanente de seguimiento y valoración de la efectividad de la actividad preventiva, y los medios que necesita para
la adaptación de las medidas de prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realización del trabajo.
El Servicio de Prevención podrá recabar el apoyo de los servicios técnicos y de mantenimiento de los órganos
administrativos, para que presten asesoramiento y colaboración.
5. Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Planificación de la Prevención y Evaluación de Riesgos Laborales.
El Plan de Prevención, tiene como objeto la integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura de
gestión del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos, con presencia en todos los niveles jerárquicos,
lo que supone la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos
en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten en relación con los procesos
técnicos, la organización del trabajo y las condiciones en que este se presta.
Incluye la política preventiva, estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos necesarios para la realización de las tareas de prevención en los términos establecidos
reglamentariamente. Asimismo, los respectivos procedimientos y cauces de comunicación entre los niveles
jerárquicos, las características de los centros relevantes en materia de prevención de riesgos laborales, los objetivos
y metas que se pretenden alcanzar y los recursos con los que se cuenta a tal efecto.
Se constituye con objeto de establecer las pautas para garantizar la seguridad y salud de los/as trabajadores/as en
todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Desarrolla las acciones y los criterios de actuación para la integración de la actividad preventiva en el Ayuntamiento
de Madrid y sus organismos autónomos y la adopción de cuantas medidas sean necesarias.
La revisión anual del Plan de Prevención será realizada por el Servicio de Prevención y para su aprobación, en el
primer trimestre del año, deberá contarse con la participación de los/as delegados/as de prevención en el marco de
la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. De igual modo se procederá cuando las circunstancias
hagan precisa su revisión antes de esos plazos.
El Plan de Prevención define las responsabilidades y funciones en materia de prevención de riesgos laborales
para la integración de la actividad preventiva en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, por lo que resulta
imprescindible incrementar la cultura preventiva de la plantilla, por tanto, en los procesos de promoción interna,
de acuerdo con lo dispuesto en sus Bases Generales, se valorará positivamente cualquier acreditación oficial,
conocimiento o experiencia demostrable en prevención de riesgos laborales.
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El Plan de Prevención vigente en cada momento se incorporará como anexo al presente Acuerdo de Condiciones
comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse. En aquellos centros y puestos de trabajo donde el riesgo no se pueda evitar, se realizarán
evaluaciones iniciales de riesgos, incluyendo los psicosociales, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Se realizarán aquellas medidas preventivas necesarias para la desaparición o reducción máxima de todos los riesgos
en el trabajo, incluyendo los psicosociales, actuando con un enfoque global de bienestar y salud laboral.
Se deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras,
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo
existentes y de los trabajadores y trabajadoras que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento
de los lugares de trabajo.
La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido, y
en cualquier caso, cuando determine la normativa vigente.
Si el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, se deberá elaborar una planificación
de la actividad preventiva con objeto de eliminar o controlar dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en
función de su magnitud y número de trabajadores/as expuestos. La planificación habrá de incluir qué hay que hacer,
quien debe hacerlo, cuando debe hacerse y cómo se controlará lo que se ha hecho.
6. Instrumentos de control.
6.1. El sistema de prevención del Ayuntamiento de Madrid será sometido cada cuatro años a control mediante
auditorías o evaluaciones, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en relación a su realización cada dos
años en actividades especialmente peligrosas (trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, a agentes tóxicos
y muy tóxicos, actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo, trabajos con exposición a agentes
biológicos de los grupos 3 y 4, etc.).
6.2. Sin perjuicio de lo anterior y con el objetivo de conocer la implantación del sistema de prevención en el
Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA, el Servicio de Prevención desarrollará dentro del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA., los instrumentos necesarios para que, desde la
integración y participación efectiva de la prevención por todos y cada uno de los órganos y unidades del Ayuntamiento
y sus organismos autónomos de acuerdo con sus competencias, se puedan evaluar, verificar y comprobar:
- La adecuada integración de la prevención en los diferentes niveles jerárquicos de cada una de las áreas, distritos
y organismos autónomos.
- Las evaluaciones iniciales de riesgos,
- La eficacia de las medidas preventivas adoptadas como consecuencia del resultado de las evaluaciones de riesgos
realizadas y de la planificación de la actividad preventiva para el control de riesgos.
- El nivel de implantación y de eficacia de las acciones realizadas en relación con las medidas de emergencia.
- Que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajustan a lo dispuesto en la normativa vigente.
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Los resultados de estas actuaciones, serán remitidos al Servicio de Prevención para su inclusión en un informe
que será elevado anualmente al Comité de Seguridad y Salud para su consideración y adopción de las medidas
necesarias que corrijan las deficiencias detectadas y mejoren la calidad y eficiencia del sistema de prevención.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Servicio de Prevención municipal: servicio propio con cuatro especialidades en equipos multidisciplinares, sus funciones, el Plan de Prevención (revisión anual con aprobación en el primer trimestre), la evaluación de riesgos y las auditorías cada cuatro años.
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Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 47 · Recursos económicos destinados a la Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 47. Recursos económicos destinados a la Prevención de Riesgos Laborales.
Cada una de las áreas de gobierno, distritos y organismos autónomos del Ayuntamiento de Madrid planificará a
cargo de sus presupuestos y en función de la gravedad de los riesgos evaluados, las actuaciones necesarias para
llevar a cabo las medidas correctoras indicadas por el Servicio de Prevención, así como la adquisición de equipos,
ropa de trabajo, maquinaria, formación específica habilitante para el manejo de equipos o maquinaria, adaptación
tecnológica y/o cualquier otro elemento necesario para la eliminación de riesgos o corrección de deficiencias en sus
centros de trabajo. También se asignarán recursos económicos para la elaboración e implantación de los Planes de
autoprotección y/o Medidas de emergencia.
Se dotará un Fondo económico en cada ejercicio presupuestario, determinándose en el primer trimestre de cada
ejercicio las actuaciones a realizar, teniendo en cuenta las sugerencias del Comité de Seguridad y Salud. Las áreas
de gobierno, los distritos y los organismos autónomos, con la finalidad de cumplir las medidas preventivas previstas
como consecuencia del resultado de las evaluaciones de riesgos realizadas y de la planificación de la actividad
preventiva para el control de riesgos, realizarán la correspondiente previsión presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada área de gobierno, distrito y organismo autónomo paga la prevención con su propio presupuesto, según la gravedad de los riesgos. Hay un Fondo económico cada ejercicio y sus actuaciones se fijan en el primer trimestre.
¿Me lo sé? Flashcards
Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 48 · Representación del personal municipal
Artículo 48. Representación del personal municipal.
Corresponde a las representaciones del personal al servicio de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos, la defensa de los intereses de dichos/as empleados/as en materia de prevención de riesgos
en el trabajo, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, lo que se
llevará a efecto a través de los/las delegados/as de prevención y del Comité de Seguridad y Salud.
1. Los/as delegados/as de prevención son los/as representantes de los/as empleados/as municipales con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales, correspondiéndoles las competencias y facultades
previstas en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Entre otras cuestiones les atribuye la Ley 31/1995 en su capítulo V, funciones de consulta y participación de los/as
trabajadores/as, por lo que cualquier protocolo, procedimiento, instrucción operativa, método de trabajo o documento
cuyo contenido afecte a la seguridad y salud de los/as trabajadores/as, deberá ser presentado y consultado en el
Comité de Seguridad y Salud o en su Comisión Permanente.
2. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano único, paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la Administración municipal -Ayuntamiento y organismos autónomosen
materia de prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud estará formado, de una parte, por quince
delegados/as de prevención designados proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por
igual número de representantes de la Administración. La presidencia del Comité recaerá en la figura encargada de
establecer la política general de prevención o persona en quien delegue, nombrándose un/a secretaria/o.
El Comité de Seguridad y Salud podrá constituir grupos de trabajo sobre problemas específicos en Salud Laboral y/
o hacer el seguimiento, en todos los casos en que así lo decida. El Comité definirá los objetivos y funciones de estos
grupos de trabajo, la duración, que será limitada en el tiempo y prorrogable en función de los objetivos, y determinará
en el momento de su constitución el número de miembros de los mismos, siempre en relación con los objetivos,
problemas y/o trabajos para los que se constituyan.
Estos grupos deberán elevar informe de conclusiones y medidas a adoptar sobre la materia concreta para la que
fueron constituidos.
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3. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar con voz pero sin voto hasta un máximo de
dos Asesores/as por cada una de las Organizaciones Sindicales representadas en el mismo y los/as responsables
técnicos/as de prevención de la Administración, que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo
anterior. En las mismas condiciones podrán participar asesores/as designados/as libremente por las organizaciones
sindicales representadas en el Comité (hasta un máximo de dos por organización) que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de cuestiones concretas que se debatan en este órgano y técnicos/as de
prevención ajenos a la Administración municipal, todo ello, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones
en el Comité. Todos ellos participaran bajo las siguientes condiciones:
- Guardar el debido respeto a todos los miembros de este Órgano.
- Observar la máxima discreción y confidencialidad sobre los datos y situaciones personales allí tratadas,
comprometiéndose a no divulgarlas.
- No percibirán ninguna retribución por su asistencia a los Comités de Seguridad y Salud.
Corresponden al Comité de Seguridad y Salud las competencias y facultades establecidas en las disposiciones
vigentes sobre prevención de riesgos laborales, así como en su propio Reglamento de funcionamiento. El Comité
recibirá la información necesaria para el seguimiento y control de la ejecución de las actuaciones comprometidas
en su seno.
4. Los/as delegados/as de prevención, como representantes de la plantilla municipal con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos laborales, no serán necesariamente designados/as entre los/as representantes del
personal con presencia en los distintos órganos de representación (Comités de Empresa y Juntas de Personal).
El número total de delegados/as de prevención que se designará, bien por los órganos de representación unitaria
del personal funcionario y laboral, de entre sus miembros, bien por las Organizaciones Sindicales con presencia en
los órganos de representación unitaria conforme a lo establecido en el párrafo anterior, será, el que sigue:
Ayuntamiento de Madrid 56
Agencia para el Empleo 4
Agencia Tributaria 7
Informática Ayuntamiento de Madrid 6
Madrid Salud 7
Agencia de Actividades 3
TOTAL 83
Sin perjuicio de lo anterior, el número de delegados/as de prevención se establecerá en el número que permita la
legislación vigente en cada momento.
5. En el seno del Comité de Seguridad y Salud se elaborará un registro de los/las delegados de prevención
designados. Este registro respetará la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
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Por conducto de la Secretaría del Comité se trasladará a los diferentes órganos gestores la información sobre la
identidad de los/as delegados/as de prevención, con el fin de que les faciliten la información, visitas y documentación
por ellos interesada en el legítimo ejercicio de su función.
6. Garantías de los/as delegados/as de prevención:
El tiempo utilizado por los/as delegados/as de prevención para el desarrollo de sus funciones será considerado como
de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas.
No obstante, con el fin de garantizar adecuadamente la compatibilidad de las tareas de representación general, con
las específicas en materia de prevención, cada delegado/a de prevención disfrutará de un crédito horario retribuido
de 40 horas mensuales, para el desarrollo de las funciones que como tal tiene atribuidas, complementario y adicional
al que pudiera corresponderle, si la tuviere, en su condición de representante unitario o sindical.
La utilización del crédito horario por los delegados/as de prevención será comunicada a los órganos encargados de
la gestión y seguimiento del mismo siempre que sea posible, con una antelación mínima adecuada y suficiente.
Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito de horas mensuales que
les corresponde, el correspondiente a las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud de los que forme parte u
otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las
visitas previstas en las letras a) y c) del artículo 36.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La formación de delegados/as de prevención será gestionada directamente por los organismos encargados de
gestionar la formación de los/as empleados/as municipales, en coordinación o a través del Servicio de Prevención
y mediante conciertos, en su caso, con organismos o entidades especializadas en la materia. El tiempo dedicado a
esta formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos.
El Plan de Formación contemplará acciones formativas específicas en esta materia, dirigidas a los/as delegados/
as de prevención, garantizando una oferta formativa suficiente para que todos los/as delegados/as de prevención
cuenten con la formación básica. Esta formación será independiente y diferenciada de la que se contempla en el
Plan de Formación para el desarrollo de la carrera profesional de los/as delegados/as. De forma progresiva durante
la vigencia del presente Acuerdo-Convenio, se tenderá a que la oferta formativa amplíe el número de horas de las
acciones de formación básica hasta las 60 horas.
Al no existir prohibición expresa o incompatibilidad, el desempeño de funciones como recurso preventivo del/de la
delegado/a de prevención, al poder generarse un conflicto de intereses por la coincidencia en una misma persona
de ambas funciones y actividades, sólo se dará en situaciones excepcionales, imprevistas o de fuerza mayor que
requieran urgentemente la presencia de un recurso preventivo, siendo el/la delegado/a de prevención el único que
cuenta con la formación necesaria, siendo la asignación temporal, excepcional y limitada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prevención la defienden los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud: paritario, 15 delegados y 15 de la Administración. Hay 83 delegados en total, con 40 horas mensuales adicionales de crédito y formación básica.
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Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 49 · Adaptaciones de puesto y movilidad por motivos de salud
Artículo 49. Adaptaciones de puesto y movilidad por motivos de salud.
1. A solicitud del/de la empleado/a municipal afectado/a o del órgano administrativo responsable correspondiente, la
Administración facilitará la adaptación del puesto de trabajo al personal que, por motivos de salud que, no alcanzando
los grados de invalidez definidos en la normativa vigente, no pueda desempeñar adecuadamente los cometidos de
su puesto de trabajo.
La adaptación tenderá a facilitar el desempeño, adecuando las condiciones de trabajo a los concretos problemas
de salud dictaminados por el Servicio de Prevención, bien a petición del propio empleado/a, bien a propuesta de
su Servicio.
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Con el objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo frente a las condiciones
nocivas para su salud, se facilitará la adaptación de las condiciones, del tiempo o del turno de trabajo o, en su caso,
el cambio temporal de funciones caso de no resultar posibles tales adaptaciones, previo informe o recomendación
del Servicio de Prevención.
2. En los supuestos de inviabilidad de la adaptación a que se refiere el número anterior, previa solicitud del/de la
empleado/a municipal afectado o del servicio correspondiente, deberá adscribir al/la empleado/a municipal a otro
puesto de trabajo por motivos de salud. El traslado se producirá a puesto adecuado a las circunstancias concretas
de salud del/de la empleado/a, y estará condicionado a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente,
equivalente al puesto de origen. De no existir puesto vacante y dotado de igual grupo, nivel y retribuciones, se
comunicará al/a la solicitante por si estuviera interesado en el traslado provisional a un puesto inferior sin merma
de retribuciones.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el/la empleado/a municipal ocupara con tal carácter su puesto de
origen y, en este supuesto, el/la empleado/a municipal deberá permanecer dos años en el nuevo puesto. En cualquier
caso, el/la empleado/a deberá reunir los requisitos previstos para el desempeño del puesto.
3. En todas las actuaciones encaminadas a la adaptación o movilidad del puesto de trabajo por motivos de salud,
se procederé conforme a lo establecido en el procedimiento para la adaptación o movilidad de los/las empleados/
as municipales por motivos de salud, elaborado al efecto. Este procedimiento se negociará en la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos antes del último trimestre del año 2019; hasta entonces seguirá aplicándose
el vigente “Procedimiento de adaptación o movilidad por motivos de salud de los/las trabajadores/as municipales”.
Asimismo, el ámbito de aplicación del citado procedimiento, se extenderá a todos/as los/as empleados/as
municipales, definidos en el mismo.
En los supuestos de cambio de puesto de trabajo por motivos de salud, la Administración facilitará la formación
necesaria para el desempeño del nuevo puesto, en caso de ser necesario.
4. El Servicio de Prevención elaborará un protocolo de acogida que contemple las pautas básicas que en materia
de seguridad y salud rigen en el nuevo centro de trabajo para posibilitar una satisfactoria incorporación de las/os
nuevas/os trabajadoras/es municipales.
Desarrollado artículo 49.3 por el Acuerdo de 30 de julio de 2026 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
por el que se aprueba el procedimiento para la adaptación o movilidad del personal municipal por motivos de salud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la salud impide desempeñar el puesto sin llegar a invalidez, primero se adapta el puesto; si no es viable, se adscribe a otro puesto vacante equivalente. Incluye la protección del embarazo, el procedimiento, la formación y el protocolo de acogida.
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Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 50
Artículo 50. Proyectos de construcción, modificaciones y mantenimiento de edificios e instalaciones de los centros
de trabajo.
1. Los proyectos de construcción, modificaciones y mantenimiento de edificios e instalaciones en los centros de
trabajo del Ayuntamiento de Madrid, cumplirán la normativa de prevención de riesgos laborales, las de construcción
y de protección contra incendios, y cualquier otra que le sean de aplicación.
2. Las obras de remodelación de centros de trabajo se ejecutarán preferentemente fuera de la jornada laboral.
Cuando esto no sea posible y puedan derivarse riesgos para la seguridad y salud de los/las trabajadores/as y
usuarios/as, se garantizará su traslado provisional, en tanto perduren los riesgos. En todas ellas se garantizará el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
3. Se facilitará a los delegados y delegadas de prevención la planificación anticipada, con al menos 15 días de
antelación, de las obras y traslados del personal, comunicando a la plantilla afectada el calendario de dichos
procesos.
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4. En la medida de lo posible y siempre que disponibilidad de espacio lo permita, se habilitarán en los centros de
trabajo del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos espacios de descanso adecuados y dignos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obras y mantenimiento de centros municipales: cumplir la normativa preventiva, de construcción e incendios; obras preferentemente fuera de jornada, traslado provisional si hay riesgo y aviso a los delegados con 15 días.
¿Me lo sé? Flashcards
Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 51 · Planes de autoprotección
Artículo 51. Planes de autoprotección.
En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la
Administración implantará Planes de Autoprotección o Medidas de Emergencia que permitan adoptar medidas en
materia de lucha contra incendios, evacuación de trabajadores/as y usuarios/as, primeros auxilios y otras medidas
de seguridad, incluidas las de coordinación de actividades, teniendo en cuenta las características de sus Centros de
Trabajo y las diferentes actividades realizadas en ellos. Se designará al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y se comprobará periódicamente su correcto funcionamiento, con la periodicidad mínima que fije el
propio Plan, y al menos, una vez al año.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En cumplimiento del art. 20 de la Ley 31/1995, la Administración implanta planes de autoprotección o medidas de emergencia, designa a quien los aplica y comprueba su funcionamiento con la periodicidad del plan y, al menos, una vez al año.
¿Me lo sé? Flashcards
Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid · Art. 52 · Medio ambiente
Artículo 52. Medio ambiente.
Se desarrollará una política pública integrada de prevención de riesgos laborales y de Protección de Medio Ambiente,
cuyos objetivos serán los siguientes.
- Reducir el consumo energético y estudiar la introducción energías renovables.
- Adecuar la gestión de los residuos producidos durante las actividades, facilitando la recogida selectiva e incidiendo
en la prevención de su producción.
- Fomentar la distribución y utilización de productos más respetuosos con el medio ambiente.
- Mejorar la utilización de los recursos hídricos.
- Establecer campañas de sensibilización medioambiental dirigidas a los/as empleados/as.
A tal efecto se constituirá en el primer semestre de 2019 un grupo de trabajo, en el seno de la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos para estudiar el acomodo de las previsiones contenidas en el Plan de Calidad
del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid a los edificios y dependencias del Ayuntamiento de Madrid y
sus organismos autónomos.
CAPÍTULO X
Formación
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Política integrada de prevención de riesgos y protección del medio ambiente con cinco objetivos (energía, residuos, productos, agua y sensibilización) y un grupo de trabajo en la Mesa General para aplicar el Plan de Calidad del Aire a los edificios municipales.