Tema 16: Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.
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Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.
En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
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Obliga a la Administración a facilitar el acceso electrónico y a asistir a quienes lo pidan (identificación, firma, registro, copias), incluso mediante un funcionario habilitado si el interesado carece de medios.
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Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Datos clave
- Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
- Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
- Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
- Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración sin ser todavía parte de un procedimiento. No confundir con los derechos del interesado del artículo 53.
Esquema
| Art. 13 · derechos de las personas | Art. 53 · derechos del interesado | |
|---|---|---|
| Titular | Quien tiene capacidad de obrar | Quien es interesado en un procedimiento |
| Momento | Antes o al margen del procedimiento | Dentro del procedimiento |
| Ejemplo típico | Acceso a información pública | Conocer el estado de la tramitación |
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Artículo 105.
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Datos clave
- La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (art. 105.b CE).
- Excepciones: lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
- El mismo artículo remite a la ley la audiencia en la elaboración de disposiciones y el procedimiento de producción de los actos.
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Tres mandatos al legislador: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas, acceso a archivos y registros con tres límites, y procedimiento de los actos con audiencia del interesado cuando proceda.
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Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública.
1. Toda persona física o jurídica es titular del derecho de acceso a la información pública, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
2. El ejercicio de este derecho no precisa motivar la solicitud ni invocar ninguna norma, no estando condicionado a ostentar la condición de persona interesada ni a la concurrencia de ningún derecho o interés legítimo.
3. El derecho de acceso a la información pública se entenderá sin perjuicio de otros derechos o procedimientos. Así, no tendrán esta consideración otro tipo de comunicaciones con la Administración, como el derecho de petición, las consultas de información general por los canales de atención a la ciudadanía, las quejas y sugerencias o el ejercicio de los derechos regulados en la normativa sobre protección de datos. En estos casos, se derivará la solicitud al procedimiento o canal específico correspondiente, lo que se comunicará a la persona solicitante.
4. Aquellos ámbitos que dispongan de un régimen jurídico específico de acceso a la información se regirán por tal puntual normativa y, supletoriamente, por la presente ley. En tales supuestos únicamente se podrán aplicar restricciones no previstas por esta ley cuando estén impuestas por una norma con rango de ley.
Datos clave
- Titular: toda persona física o jurídica, mediante solicitud previa.
- No precisa motivar la solicitud ni ostentar la condición de persona interesada.
- No son ejercicio de este derecho el derecho de petición, las consultas de información general, las quejas y sugerencias ni los derechos de protección de datos.
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Cualquier persona física o jurídica puede pedir información pública sin motivar ni acreditar interés; no son derecho de acceso la petición, las consultas generales, las quejas ni los derechos de protección de datos.
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Artículo 25. Derechos de la persona solicitante de información pública.
La persona solicitante de información pública dispone de los siguientes derechos:
a) A ser informada de los derechos que le otorga la presente ley y a ser asesorada para su correcto ejercicio, conforme al derecho a una buena administración.
b) A recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos establecidos por esta ley.
c) A recibir la información pública solicitada en la modalidad o el formato elegidos, conforme a lo dispuesto en la ley.
d) A conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se le facilita dicha información en la modalidad o el formato solicitados.
e) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la obtención de la información solicitada, así como las causas de exención.
f) A utilizar la información recibida, sin autorización previa, dentro de los límites previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento.
Datos clave
- Derecho a recibir la información dentro de los plazos máximos y en la modalidad o formato elegidos.
- Derecho a conocer los motivos por los que no se facilita la información.
- Derecho a utilizar la información recibida, sin autorización previa, dentro de los límites legales.
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Seis derechos del solicitante: información y asesoramiento, recibir la información en plazo, en la modalidad elegida, conocer los motivos de la denegación, conocer tasas y exenciones y usarla sin autorización previa.
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Artículo 29. Límites al derecho de acceso a la información pública.
1. El derecho de acceso a la información pública solamente puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes.
2. La aplicación de los límites al derecho de acceso a la información pública será proporcional a su objeto y finalidad según las circunstancias de cada caso concreto, ponderándose los derechos en colisión en función del interés público y de los intereses protegidos, y se interpretará siempre de manera restrictiva en beneficio del derecho de acceso y, en todo caso, conforme a los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad.
3. La denegación o la limitación del derecho de acceso a la información pública constituye la excepción al principio general, por lo que exigirá motivación reforzada conforme a los principios recogidos en los apartados anteriores y se podrá fundamentar únicamente en las siguientes causas, así como en las reconocidas en la legislación básica:
a) La protección de datos personales en los términos establecidos en esta ley.
b) La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
c) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
d) Toda aquella información protegida por normas con rango de ley.
4. La información relativa a las personas menores de edad, cuando su conocimiento o divulgación pueda condicionar el libre desarrollo de la personalidad de estas en el futuro, tendrá en todos los casos la condición de protegida, excepto cuando pueda garantizarse su carácter anónimo.
5. La denegación o la limitación del derecho de acceso a la información pública solo será de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que la justifique.
6. Las resoluciones en las que se acuerde la denegación o limitación del derecho a la información pública, conforme a lo establecido en el apartado 3 de este artículo, serán siempre motivadas, y, una vez notificadas a las personas interesadas, serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Datos clave
- Solo puede denegarse o restringirse por las causas expresamente establecidas por las leyes.
- Los límites se interpretan siempre de manera restrictiva en beneficio del derecho de acceso.
- La denegación o limitación exige motivación reforzada y se publica, previa disociación de los datos personales.
- La información sobre menores de edad tiene siempre la condición de protegida, salvo que se garantice su anonimato.
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Solo las leyes pueden limitar el acceso; los límites son proporcionales, restrictivos y con motivación reforzada, por cuatro causas propias más las de la legislación básica, y las denegaciones se publican tras disociar datos.
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Artículo 34. Solicitud de acceso a la información pública.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a la persona titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la administración, organismo o entidad incluida en el ámbito de aplicación de este título a la que se encuentren vinculadas. Si la solicitud se presentara directamente ante las entidades privadas, estas la remitirán, para su registro y resolución, al órgano público al que se encuentren vinculadas, junto con la información solicitada, si estuviera en su poder.
2. La solicitud podrá ser realizada por cualquier medio, y deberá indicar, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Identidad de la persona solicitante.
b) Descripción precisa de la información solicitada, sin necesidad de indicar un documento o expediente concreto.
c) En su caso, la modalidad o el formato preferidos para el acceso a la información solicitada.
d) Dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
3. La persona solicitante no está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información pública, y la ausencia de motivación no será por si sola causa de su rechazo. No obstante, podrá exponer los motivos por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
4. La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 76.3 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.
Datos clave
- La solicitud se dirige a la persona titular del órgano o entidad que posea la información.
- Contenido mínimo: identidad, descripción precisa de la información, modalidad o formato preferidos y dirección de contacto.
- No es obligatorio motivar la solicitud; puede presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales.
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La solicitud se dirige al titular del órgano que tiene la información, por cualquier medio, con identidad, descripción, formato preferido y dirección; no hay que motivarla y vale cualquier lengua oficial.
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Artículo 37. Resolución de la solicitud de acceso a la información pública.
1. La resolución mediante la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse a la persona solicitante, así como a las terceras personas afectadas que así lo hayan solicitado, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
2. Este plazo podrá ampliarse por otros quince días más en aquellos supuestos en los que el volumen o la complejidad de la información solicitada así lo hagan necesario, notificando esta circunstancia a la persona solicitante.
3. Las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad diferente a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona, serán convenientemente motivadas.
4. La denegación del acceso a la información deberá adoptarse siempre mediante resolución expresa y motivada, que deberá notificarse en los plazos establecidos en este artículo. Transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se tendrá por desestimada por silencio administrativo, pero ello no eximirá a los sujetos obligados a suministrar la información de su deber de resolver expresamente.
Datos clave
- Plazo máximo para resolver y notificar: un mes desde la recepción por el órgano competente.
- Ampliable quince días más por el volumen o la complejidad de la información.
- Sin resolución expresa en plazo, la solicitud se tiene por desestimada por silencio administrativo.
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Se resuelve y notifica en un mes, ampliable quince días por volumen o complejidad; las denegaciones exigen resolución expresa y motivada, y el silencio es desestimatorio sin eximir de resolver.
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Artículo 40. Reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, con la excepción de los supuestos previstos en el artículo 39.2, podrá interponerse una reclamación ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación potestativa tendrá carácter sustitutivo de los recursos administrativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La reclamación se tramitará conforme al siguiente procedimiento:
a) La reclamación se podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Si el acto no fuera expreso, la reclamación podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
b) Cuando la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena aprecie que la información reclamada pudiera afectar a derechos o intereses de terceras personas debidamente identificadas, se les concederá trámite de audiencia para que aleguen lo que a su derecho convenga.
c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada.
d) Las resoluciones que se dicten, una vez que se hayan notificado a las personas interesadas, se publicarán en la página web de la Autoridad Vasca de Transparencia- Gardena, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieren.
3. La resolución dictada por la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena que resuelva esta reclamación será ejecutiva. Una vez que sea firme y ejecutiva la resolución estimatoria, se comunicará a la entidad encargada de su cumplimiento efectivo y se indicará, como mínimo, el alcance del acceso a la información, el plazo para cumplirla y las condiciones en las que se haya de hacer efectiva. La entidad afectada habrá de comunicar las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la resolución y, si no cumpliera la resolución en el plazo establecido, la persona interesada podrá comunicarlo a la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena para que esta requiera su cumplimiento.
4. Contra las resoluciones de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena solo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
5. La desatención de los requerimientos que efectúe la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena para el cumplimiento de las resoluciones en materia de acceso a la información podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
6. La Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena podrá instar la incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Datos clave
- Reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, previa a la vía contencioso-administrativa y sustitutiva de los recursos administrativos.
- Plazo para reclamar: un mes desde el día siguiente a la notificación; contra actos presuntos, en cualquier momento.
- Plazo máximo para resolver: tres meses; transcurrido, la reclamación se entiende desestimada.
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Reclamación potestativa ante la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena: sustituye a los recursos administrativos, se presenta en un mes y se resuelve en tres meses, con silencio desestimatorio.
Esquema
| Acto expreso | Acto presunto | |
|---|---|---|
| Plazo | Un mes desde el día siguiente a la notificación | En cualquier momento desde el día siguiente a los efectos del silencio |
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Información general y particular: distinción y régimen
La información administrativa se clasifica clásicamente en dos grandes categorías. La información general comprende datos sobre la organización, la normativa aplicable, los procedimientos en curso, los formularios y los trámites disponibles, sin que sea necesaria la identificación del solicitante. Se trata de una información de acceso libre que los organismos deben difundir proactivamente.
La información particular, en cambio, hace referencia al estado de procedimientos concretos iniciados a instancia del interesado o que le afectan directamente. Para obtenerla, el ciudadano debe acreditar su identidad y su condición de interesado, ya que puede contener datos de carácter personal protegidos por la normativa de privacidad.
Esta distinción tiene consecuencias prácticas en la organización del servicio: la información general puede canalizarse a través de puntos de información abiertos, portales web y líneas telefónicas de atención, mientras que la particular requiere canales seguros y verificación de identidad, tanto en la atención presencial como en la telemática.
Datos clave
- Información general: sobre organización, normas y trámites; acceso libre sin identificación.
- Información particular: sobre expedientes propios; exige acreditar identidad e interés.
- La información particular puede contener datos personales protegidos.
- La información general se difunde proactivamente; la particular, a petición del interesado.
- El deber de información de la Administración está reconocido en la Ley 39/2015.
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Información general (organización, normas, trámites) para cualquiera y sin identificarse; información particular (estado de tus expedientes) solo acreditando identidad y condición de interesado.
Esquema
| General | Particular | |
|---|---|---|
| Contenido | Organización, normativa, procedimientos, formularios y trámites | Estado de procedimientos concretos del interesado |
| Identificación | No necesaria | Identidad y condición de interesado |
| Difusión | Proactiva | A petición del interesado |
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El Portal de Transparencia y la publicidad activa
La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece dos grandes obligaciones para la Administración: la publicidad activa —publicar información relevante sin que nadie la solicite— y el derecho de acceso a la información pública —responder las solicitudes de información de los ciudadanos—.
El Portal de Transparencia del Gobierno de España (transparencia.gob.es) es el instrumento principal de la publicidad activa a nivel estatal. En él se publican datos sobre la organización, las actuaciones, los contratos, las subvenciones, los presupuestos ejecutados, los convenios, las retribuciones de los altos cargos y los informes de evaluación de políticas públicas, entre otros.
El derecho de acceso a la información pública puede ejercerse a través del mismo portal. Las solicitudes deben resolverse en el plazo de un mes, prorrogable otro mes si la volumen o complejidad lo justifica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo independiente que vela por el cumplimiento de esta normativa y resuelve las reclamaciones.
Datos clave
- Ley 19/2013: regula transparencia, publicidad activa y derecho de acceso.
- Portal: transparencia.gob.es — publicidad activa de la AGE.
- Información publicada: organización, contratos, subvenciones, retribuciones, presupuestos.
- Plazo de respuesta a solicitudes de acceso: 1 mes (prorrogable 1 mes más).
- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: organismo independiente de control y reclamaciones.
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La Ley 19/2013 impone dos obligaciones: publicidad activa (publicar sin que nadie lo pida) y derecho de acceso (responder solicitudes). El Portal de Transparencia es el instrumento principal de la primera; el acceso se resuelve en un mes, prorrogable otro.
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Derechos de los ciudadanos en la Ley 39/2015
La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge en su artículo 13 el catálogo de derechos de las personas en sus relaciones con la Administración. Este artículo constituyó una actualización y ampliación del anterior catálogo de la Ley 30/1992, incorporando los derechos propios de la era digital.
Entre los derechos reconocidos destacan: comunicarse con la Administración a través del registro electrónico general; obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; ser asistido en el uso de medios electrónicos; conocer el estado de tramitación del procedimiento y obtener copias de los documentos que forman parte del expediente; identificar a las autoridades y al personal responsable; obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, actuaciones o solicitudes; y formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios.
También se garantiza el derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por ella, siempre que el interesado identifique el expediente en que consten.
Datos clave
- Artículo 13 de la Ley 39/2015: catálogo de derechos de las personas ante la Administración.
- Derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración.
- Derecho a conocer el estado del procedimiento y obtener copias del expediente.
- Derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos.
- Derecho a identificar a la autoridad responsable del procedimiento.
- Derecho a formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios.
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La Ley 39/2015 actualizó los derechos de las personas ante la Administración con los propios de la era digital: identificación y firma electrónica, asistencia en medios electrónicos, conocer el expediente y no aportar lo que ya tiene la Administración.
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Límites al derecho de información administrativa
El derecho de acceso a la información pública no es absoluto. La Ley 19/2013 establece límites que responden a la necesidad de proteger otros bienes jurídicos de igual o mayor rango. Estos límites se aplican de forma motivada y proporcionada, y son revisables por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Los límites expresos incluyen la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención del delito, la política económica y monetaria, la intimidad personal, la protección de datos personales, los intereses económicos y comerciales, la propiedad intelectual, el secreto profesional y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
Cuando la información solicitada contiene partes susceptibles de ser protegidas por estos límites y partes que no, la Administración debe facilitar el acceso parcial, disociando o suprimiendo la información protegida. La denegación total solo procede cuando no sea posible la disociación.
Datos clave
- Ley 19/2013: regula los límites al derecho de acceso a la información pública.
- Límites: seguridad nacional, datos personales, secreto profesional, intereses económicos, entre otros.
- Los límites se aplican de forma motivada y proporcionada.
- Acceso parcial: obligatorio cuando solo parte de la información está protegida.
- La denegación total solo procede si la disociación es imposible.
- Revisión: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve reclamaciones.
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El derecho de acceso de la Ley 19/2013 tiene límites que se aplican de forma motivada y proporcionada; si solo parte de la información está protegida, se da acceso parcial.
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Artículo 40
Artículo 40. Instrumentos de acceso.
1. Con el fin de que las personas usuarias puedan localizar e identificar los documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y acceder a ellos con las máximas garantías, los sistemas de archivo integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán:
a) Hacer públicos los instrumentos archivísticos de información y descripción que permiten localizar los documentos que custodian.
b) Hacer público el instrumento en el que se registren las eliminaciones de documentos.
c) Hacer públicas las limitaciones a la consulta de documentos custodiados.
d) Asesorar a las personas usuarias en la búsqueda de la información contenida en la documentación.
e) Informar a las personas usuarias de su derecho a reclamar y de los procedimientos que deben seguir en el supuesto de que su derecho de acceso haya sido denegado.
f) Hacer públicos los formularios y el procedimiento de solicitud de acceso.
g) Dotarse de los recursos y medios técnicos que permitan facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a los documentos.
2. Los sistemas de archivo públicos y los archivos privados integrados en el Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco procurarán facilitar esos instrumentos mediante sus propios medios tecnológicos y telemáticos de difusión. Si carecen de ellos, podrán recurrir a medios ajenos pertenecientes al Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Los archivos del Sistema vasco deben hacer públicos sus instrumentos de búsqueda, sus reglas de acceso y el procedimiento para reclamar, usando medios propios o ajenos para difundirlos.
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Artículo 43
Artículo 43. Derechos de las personas solicitantes.
Las personas solicitantes de acceso a los documentos de titularidad pública custodiados en sistemas de archivo integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Patrimonio Documental tienen los siguientes derechos:
a) A ser informadas de sus derechos, y a ser asesoradas para que puedan ejercerlos correctamente.
b) A consultar los documentos que soliciten, en aplicación de lo establecido en los calendarios de conservación y acceso o dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
c) A recibir su reproducción en el soporte o formato solicitados y mediante el canal elegido, conforme a lo dispuesto en esta ley.
d) A conocer los motivos por los cuales no se les facilita el acceso a los documentos total o parcialmente, o no se les facilita su reproducción en el soporte o formato solicitados y mediante el canal elegido.
e) A conocer el listado de las tasas y precios públicos que, en su caso, sean exigibles para la obtención de las reproducciones solicitadas.
f) A ser advertidas de las restricciones legales existentes y de las condiciones que deben cumplirse en el uso de la información contenida en los documentos.
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Enumera los seis derechos de quien solicita acceder a documentos públicos: ser informado y asesorado, consultar, recibir la reproducción, conocer motivos de denegación, conocer tasas y ser advertido de restricciones.
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Artículo 42
Artículo 42. Formalización del acceso.
1. Los sistemas de archivo que formen parte del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán facilitar el acceso a los documentos de titularidad pública en un formato distinto al solicitado en los siguientes casos:
a) Cuando exista una alternativa más económica, siempre que no dificulte el acceso a quien lo solicite.
b) Cuando el estado de conservación de los soportes originales así lo requiera. En este caso, la Administración pública correspondiente procurará habilitar fórmulas alternativas, para materializar el acceso.
c) Cuando el documento ya haya sido difundido o publicado provisionalmente en otro formato y se pueda acceder fácilmente a él. En tal caso, deberá indicarse a la persona solicitante la fuente de información.
d) Cuando el formato que se haya solicitado pueda conllevar la pérdida del soporte del documento o pueda dañarlo.
e) Cuando técnicamente no sea posible realizar una reproducción en el formato en que se ha solicitado.
f) Cuando el formato que se haya solicitado pueda afectar a los derechos de propiedad intelectual o industrial.
g) Cuando, por su cantidad o complejidad, la solicitud conlleve un coste desproporcionado para la Administración pública correspondiente.
h) Cuando se considere razonable utilizar un formato distinto al solicitado, siempre que se justifique.
2. El acceso a los documentos será gratuito. No obstante, la expedición de reproducciones y la transposición a formatos o soportes distintos al original podrán quedar sujetas a contraprestación económica en los términos previstos en la normativa en vigor.
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Detalla cuándo el archivo puede entregar un documento en un formato distinto al pedido (ocho supuestos tasados) y fija que el acceso es gratuito, aunque las copias se puedan cobrar.
Esquema
| Acceso al documento | Reproducción / cambio de formato | |
|---|---|---|
| ¿Es gratuito? | Sí, siempre | No necesariamente: puede sujetarse a contraprestación económica |
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Artículo 41
Artículo 41. Procedimiento de acceso.
1. El ejercicio del derecho de acceso a los documentos de titularidad pública conservados en sistemas de archivo integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la obtención de copias de ellos, está sujeto a lo dispuesto en la normativa vigente.
2. Las personas responsables de estos sistemas de archivo públicos podrán autenticar copias de los documentos bajo su custodia, pero no su contenido.
3. La obtención de reproducciones de los documentos estará condicionada por su estado de conservación.
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Regula cómo se ejerce el derecho de acceso a los archivos públicos vascos: se remite a la normativa vigente y matiza que el archivo autentica copias, nunca el contenido.
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Artículo 44
Artículo 44. Obligaciones de las personas solicitantes.
Las personas solicitantes de acceso a los documentos de titularidad pública custodiados en sistemas de archivo integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los documentos de titularidad pública integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tienen la obligación de:
a) Ejercer su derecho de buena fe y sin que se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretando sus solicitudes de forma precisa.
b) Usar de forma lícita las informaciones y los datos extraídos de los documentos.
c) Cumplir las condiciones y los requisitos que se le señalen para el acceso, se haga este de manera presencial o telemática.
d) Abonar las tasas y precios públicos exigibles en cada caso.
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Fija las cuatro obligaciones de quien pide acceso a un archivo público vasco: actuar de buena fe sin entorpecer el servicio, usar lícitamente la información, cumplir las condiciones de acceso y pagar las tasas exigibles.
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Artículo 39
Artículo 39. Derecho de acceso.
1. Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre como en nombre y representación de otra u otras personas físicas o jurídicas, tienen derecho a acceder a los documentos de titularidad pública custodiados en sistemas de archivo públicos integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los documentos de titularidad pública integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos previstos en la normativa vigente.
2. El ejercicio del derecho de acceso no estará condicionado a la concurrencia de un interés personal, no quedará sujeto a motivación y no requerirá la invocación de ninguna norma.
3. La documentación a que se refiere el apartado 1 de este artículo será de acceso libre. En el caso de documentos de titularidad pública custodiados en sistemas de archivo integrantes del Sistema de Archivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dicho acceso se restringirá o denegará en los siguientes supuestos:
a) Cuando los documentos contengan informaciones referentes a la intimidad de las personas o a datos personales especialmente protegidos por la ley.
b) Cuando los documentos contengan secretos comerciales, industriales y científicos, o informaciones en materia de propiedad intelectual, protegidos por las leyes.
c) Cuando los documentos contengan informaciones que hayan sido declaradas materias clasificadas en virtud de la legislación vigente sobre secretos oficiales, siempre que esa declaración no haya sido cancelada.
4. La documentación constitutiva de patrimonio documental que contenga datos personales especialmente protegidos no podrá ser consultada sin que medie consentimiento expreso de las personas afectadas o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.
5. El acceso a los documentos a los que se refiere el apartado 1 se canalizará a través del sistema de archivo de cada titular. La consulta de los documentos que estén en fase de tramitación se realizará en el servicio o la dependencia correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
6. El acceso material a los documentos podrá ser denegado cuando su estado de conservación así lo requiera. En tal caso, el acceso podrá llevarse a cabo mediante reproducción de los documentos, siempre que sea posible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquiera puede acceder a los documentos públicos del Sistema de Archivos vasco sin justificar interés ni motivo, salvo que choquen con la intimidad, secretos protegidos o materias clasificadas.
Esquema
| Fecha de muerte conocida | Fecha de muerte desconocida | |
|---|---|---|
| Plazo de espera | 25 años desde la muerte | 50 años desde la fecha del documento |