Información y asistencia al contribuyente sobre la extinción de la deuda tributaria. Medios de extinción. El pago: forma, momento, plazos, imputación, consignación y medios de pago. Aplazamientos y fraccionamiento. La prescripción.
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- Agencia Tributaria — Sede electrónica: canales de información y asistencia, cita previa, aplicaciones, identificación, notificaciones y pago (páginas oficiales consultadas el 20/10/2026)
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
Procedimiento de aplazamiento y fraccionamiento de deudas
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la ficha del procedimiento «Aplazamiento y fraccionamiento de deudas» (tipo de procedimiento: tributaria; materia: impuestos) recoge los siguientes datos.
Objeto. Solicitud, tramitación, resolución y notificación de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento cuando la situación económico-financiera del obligado le impida, de forma transitoria, pagar en plazo. Las deudas, en periodo voluntario o ejecutivo, pueden aplazarse o fraccionarse en los términos reglamentarios, previa solicitud. No pueden aplazarse ni fraccionarse las deudas cuya exacción se realice por efectos timbrados, ni las de retenedores u obligados a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria.
Órgano responsable y de resolución: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Inicio: a instancia del interesado (ciudadano o empresa).
Lugar de presentación: vía telemática, entidades colaboradoras, oficinas de la AEAT, oficinas de Correos y demás lugares del artículo 16 de la Ley 39/2015.
Inicio. En periodo voluntario, dentro del plazo de ingreso del artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, o de la normativa específica; con autoliquidación extemporánea, solo si la solicitud se presenta junto con ella. En periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes. Se acompaña el compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución (o la documentación según la garantía ofrecida), la acreditación de la representación, la justificación de las dificultades económico-financieras transitorias, el modelo de autoliquidación cuando proceda y, en su caso, la solicitud de compensación. Si falta algún requisito, se requiere la subsanación en 10 días; de no atenderse, la solicitud se tiene por no presentada y se archiva.
Tramitación. Se evalúan la falta de liquidez, la capacidad para generar recursos y la suficiencia e idoneidad de las garantías o, en su caso, las condiciones de la dispensa. Durante la tramitación el deudor debe pagar el plazo o fracciones propuestos.
Terminación y ejecución. La resolución especifica la cuenta y la entidad de crédito para el cargo, los plazos y demás condiciones, y puede señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados. Si el acuerdo se incumple, se inicia o continúa el procedimiento ejecutivo en todo o parte de la deuda, según el momento de la solicitud y la extensión de la garantía.
Plazo de resolución: 6 meses. Recursos: reposición potestativa en el plazo de un mes ante la oficina que dictó el acto, o reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes, dirigida al órgano que dictó el acto. Tramitación electrónica de nivel 4, con DNI electrónico, certificado electrónico o Cl@ve PIN, entre otros.
Normativa básica: Ley 58/2003, artículo 65; Real Decreto 939/2005, Reglamento General de Recaudación, artículos 44 a 54; Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, que eleva a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía.
Datos clave
- Procede cuando la situación económico-financiera impide pagar de forma transitoria; deudas en periodo voluntario o ejecutivo.
- No aplazables: efectos timbrados y deudas de retenedores u obligados a ingresos a cuenta (salvo previsión normativa).
- En periodo ejecutivo: hasta la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.
- Subsanación en 10 días.
- Plazo de resolución: 6 meses; órgano: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Recursos: reposición potestativa o reclamación económico-administrativa, ambos en el plazo de un mes.
- Límite exento de garantía: 50.000 euros (Orden HFP/311/2023).
- Tramitación electrónica de nivel 4.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aplazar o fraccionar sirve a quien no puede pagar en plazo por un problema económico transitorio. Claves: cuándo se pide, qué deudas quedan fuera, subsanación en 10 días y resolución en 6 meses.
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Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en la APP de la Agencia Tributaria
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la APP-AEAT, dentro del bloque «Deudas», el apartado «Aplazar» permite «Solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas».
Acceso. Para presentar la solicitud es necesario estar registrado en el sistema Cl@ve o disponer de certificado electrónico software. Se puede acceder en nombre propio o como representante; en este último caso se cumplimenta el NIF del obligado que solicita el aplazamiento o fraccionamiento y se pulsa «Aceptar».
Alta de la solicitud. Pueden incluirse hasta un máximo de 5 deudas, indicando su clave de liquidación y el importe (sin signos en el número entero y separando los decimales por una coma).
Garantía y domiciliación. Sobre las deudas seleccionadas se escoge el tipo de garantía entre «Exención» y «Garantía (con o sin dispensa)». Después se cumplimentan los datos de la domiciliación bancaria, que puede indicar una entidad colaboradora española en la gestión de los tributos, o bien una entidad no colaboradora española o una entidad extranjera de la zona SEPA (lo que puede conllevar gastos de gestión).
Propuesta de pago. Se comprueba el número de plazos (de periodicidad mensual) y la fecha del primer plazo; al final puede indicarse, si se considera conveniente, el motivo de la solicitud.
Envío. Se pulsa «Firmar y Enviar», se marca la casilla «Conforme» y se vuelve a pulsar «Firmar y Enviar». Se obtiene el detalle de la solicitud dada de alta con la fecha, el código asociado al expediente, el CSV (Código Seguro de Verificación) y las deudas e importes incluidos.
Datos clave
- Ruta en la APP: bloque «Deudas», apartado «Aplazar».
- Acceso con Cl@ve o con certificado electrónico software, en nombre propio o como representante.
- Máximo de 5 deudas por solicitud, con clave de liquidación e importe.
- Tipo de garantía: «Exención» o «Garantía (con o sin dispensa)».
- Domiciliación en entidad colaboradora española, no colaboradora española o extranjera de la zona SEPA (puede conllevar gastos de gestión).
- Plazos de periodicidad mensual.
- El justificante incluye fecha, código del expediente, CSV y deudas e importes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Desde la APP-AEAT («Deudas» > «Aplazar») se pide aplazamiento o fraccionamiento: hasta 5 deudas, tipo de garantía, domiciliación, plazos mensuales y doble «Firmar y Enviar».
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Pagar, aplazar y consultar deudas en la sede electrónica
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, el apartado «Pagar, aplazar y consultar» reúne toda la información y las gestiones necesarias para consultar, pagar, aplazar y/o fraccionar las deudas.
Gestiones destacadas: pagar todas mis deudas; consulta de deudas; solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas; liquidaciones/deudas – pago con tarjeta o Bizum; liquidaciones/deudas – pago mediante cargo en cuenta.
Asistencia Digital Integral (ADI). Para informarse sobre cómo pagar deudas tributarias desde el extranjero existe el servicio de chat y cita telefónica de Asistencia Digital Integral (ADI), en el que especialistas ayudan a hacer el pago en estos casos:
- pagos por transferencia desde el extranjero;
- pagos desde el extranjero mediante tarjeta;
- pagos de deudas de contribuyentes de IVA OSS cuando España es el Estado miembro de consumo.
También se presta asistencia en materia recaudatoria derivada de actuaciones de asistencia mutua.
Información disponible. La APP de la Agencia Tributaria incorpora una funcionalidad para pagar, aplazar y consultar. La sede informa además de qué se puede pagar, aplazar o consultar; de los requisitos de autentificación y acceso general para la gestión de las deudas; de los pagos por transferencia bancaria, diseñados en especial para los pagos desde el extranjero; y de los pagos y consultas de comercio exterior (liquidaciones, plazos y formas de pago).
Herramientas: calculadora de plazos de pago y calculadora de intereses y aplazamientos, ambas con vídeo explicativo.
Ayuda: listado de entidades bancarias adheridas; lista de tasas que es posible pagar a través de la Pasarela de Pagos de la AEAT; modelos de solicitud de aplazamientos; modelo de aval para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos (código de aval 3); códigos de respuesta de la Pasarela de Pagos; guía de pago parcial de una autoliquidación o liquidación por transferencia bancaria.
Normativa del pago: Ley 58/2003, General Tributaria, artículos 60 a 64 (sección 2.ª, El pago); Real Decreto 939/2005, Reglamento General de Recaudación, artículos 33 a 43 y 68 a 69; Orden EHA/2027/2007 (entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la AEAT), modificada por las Órdenes HAC/785/2020, HFP/915/2021 y HAC/241/2025; Orden EHA/1658/2009 (domiciliación del pago); Orden PRE/1064/2016 (recursos no tributarios ni aduaneros de la AGE a través de entidades colaboradoras), modificada por la Orden PCI/1187/2018; Resolución de 18 de enero de 2021 (pago de deudas mediante transferencias); Resoluciones de 3 de junio de 2009 y 11 de septiembre de 2014 (identificación telemática ante las entidades colaboradoras para el pago por cargo en cuenta o tarjeta); Instrucción 1/2008 (entidades de crédito colaboradoras).
Normativa de aplazamientos: Ley 58/2003, artículos 65 y 82; Real Decreto 939/2005, artículos 44 a 54; Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, que eleva a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía; Instrucción 1/2023, de 31 de marzo, sobre garantías (modificada por la Instrucción 1/2026, de 7 de abril); Instrucción 2/2023, de 3 de abril, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos (modificada por las Instrucciones 3/2024, de 6 de noviembre, y 3/2025, de 23 de julio).
Datos clave
- Gestiones: consultar, pagar, aplazar y/o fraccionar deudas; pago con tarjeta, Bizum o cargo en cuenta.
- ADI (chat y cita telefónica) asiste en pagos desde el extranjero por transferencia o tarjeta y en deudas de IVA OSS cuando España es el Estado miembro de consumo.
- Herramientas: calculadora de plazos de pago y calculadora de intereses y aplazamientos.
- Normativa del pago: LGT artículos 60 a 64 y RGR artículos 33 a 43 y 68 a 69.
- Normativa de aplazamientos: LGT artículos 65 y 82 y RGR artículos 44 a 54.
- Orden HFP/311/2023 eleva a 50.000 euros el límite exento de garantía.
- Modelo de aval para aplazamientos y fraccionamientos: código de aval 3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apartado «Pagar, aplazar y consultar» reúne las gestiones de deudas (pago con tarjeta, Bizum o cargo en cuenta), la ayuda ADI para pagos desde el extranjero, dos calculadoras y la normativa del pago y de los aplazamientos.
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Facilidades para el pago de las deudas tributarias (Memoria 2023)
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria (Memoria 2023, apartado 4.1.4, Facilidades para el pago de las deudas tributarias), las principales facilidades de pago y sus magnitudes fueron las siguientes.
Pago telefónico. Los ingresos por medios telefónicos ascendieron en 2023 a 42,6 millones de euros, frente a 36,4 millones en 2022, lo que supone un incremento del 17%. El pago telefónico se circunscribe a determinadas liquidaciones administrativas en las que el deudor sea una persona física y siempre que el pago se realice por el procedimiento de cargo en cuenta directo. Se destaca la consolidación del sistema como gran salto cualitativo y cuantitativo en la asistencia e información al contribuyente de Recaudación.
Pago en entidades financieras. En 2023 se autorizó a una entidad de crédito como colaboradora en la gestión recaudatoria y no hubo bajas, de modo que a 31 de diciembre de 2023 había 111 entidades de crédito autorizadas. La recaudación a través de entidades colaboradoras alcanzó 340.942 millones de euros, un 11,45% más que en 2022. Se comprobaron 33 entidades (dos de ellas de forma integral) y 3.404 actuaciones de embargo de cuentas de 16 entidades. El Equipo Central de Control de Entidades Colaboradoras practicó 31 liquidaciones de intereses de demora a 25 entidades por ingreso fuera de plazo, por un total de 404.893,39 euros.
Aplazamientos y fraccionamientos. Pueden solicitarse cuando existan dificultades transitorias de tesorería que dificulten el pago. En 2023 se presentaron 2.600.237 solicitudes por 11.245,52 millones de euros: un 14% más que en 2022 en número y un 23% más en importe. El aumento se atribuye a la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, que eleva a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía, en vigor desde el 15 de abril de 2023; la falta de exigencia de garantía hace crecer solicitudes y concesiones, con un índice de recuperación en torno al 90%.
Casi el 99% de las solicitudes correspondían a deudas de menos de 30.000 euros, que solo suponían el 74% del importe solicitado y en las que la norma eximía de aportar garantías. En 2023 se adoptaron 2.453.047 acuerdos por 9.212,5 millones de euros; más del 98% correspondían a deudas inferiores a 30.000 euros, objeto de gestión informatizada para agilizar la tramitación (RAM).
Datos clave
- Pago telefónico: 42,6 millones de euros en 2023 (+17%); solo para determinadas liquidaciones de personas físicas con cargo en cuenta directo.
- 111 entidades de crédito colaboradoras a 31 de diciembre de 2023.
- Recaudación por entidades colaboradoras: 340.942 millones de euros (+11,45%).
- 31 liquidaciones de intereses de demora a 25 entidades por 404.893,39 euros.
- 2.600.237 solicitudes de aplazamiento por 11.245,52 millones de euros (+14% en número, +23% en importe).
- Orden HFP/311/2023: límite exento de garantía de 50.000 euros, en vigor desde el 15 de abril de 2023.
- Índice de recuperación en torno al 90%; 2.453.047 acuerdos por 9.212,5 millones de euros.
- Gestión informatizada (RAM) para deudas inferiores a 30.000 euros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Memoria 2023 de la AEAT recoge tres facilidades de pago: el pago telefónico, el pago en entidades colaboradoras y los aplazamientos y fraccionamientos, disparados por la subida a 50.000 euros del límite exento de garantía.
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Pago de impuestos, deudas y tasas: ayuda técnica
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la ayuda técnica sobre el pago de impuestos, deudas y tasas explica qué es un NRC, cómo pagar autoliquidaciones y deudas y cómo gestionar las domiciliaciones. Se organiza en los siguientes bloques:
NRC: información sobre qué es un NRC.
Autoliquidaciones: pago mediante cargo en cuenta (obtención de un NRC); pago con tarjeta o Bizum; pago mediante transferencia bancaria; pago en nombre de un tercero; consulta de un pago anterior por cargo en cuenta y consulta de un pago anterior mediante tarjeta o Bizum.
Liquidaciones y deudas: pago mediante cargo en cuenta (obtención de NRC); pago mediante tarjeta o Bizum (obtención de NRC); pago mediante transferencia bancaria; pago telefónico de deudas y liquidaciones; consulta de pagos anteriores por cargo en cuenta, por tarjeta o Bizum y por transferencia bancaria.
Domiciliaciones: consulta, revocación, rehabilitación o rectificación de la cuenta de domiciliación, con una opción específica para colaboradores.
Tasas: consulta de tasas.
Deudas: pagar deudas, consultar deudas y aplazamiento y fraccionamiento de deudas.
Anulación y comprobación de NRC: posibles respuestas en la anulación, comprobación de la anulación y anulación de un NRC para los modelos 576 y 696.
Incidencias técnicas al realizar un pago: NRC erróneo; recuperación de NRC; error 70 (petición duplicada); anagrama o NIF del contribuyente erróneo; cuentas mancomunadas (no hay suficientes apoderados o falta el segundo NIF por ser cuenta conjunta); código de retorno 98 (error de comunicación con la entidad financiera); códigos de respuesta de la entidad colaboradora o financiera; entidad no colaboradora; código de retorno 99 de la AEAT y error 99 de la entidad financiera.
Para incidencias informáticas o soporte técnico existe un enlace de asistencia para soporte técnico.
Datos clave
- Medios de pago de autoliquidaciones: cargo en cuenta, tarjeta o Bizum y transferencia bancaria; también pago en nombre de un tercero.
- Las liquidaciones y deudas admiten además el pago telefónico.
- Las domiciliaciones pueden consultarse, revocarse, rehabilitarse o rectificarse.
- Existe una opción específica de anulación de NRC para los modelos 576 y 696.
- Incidencias tipificadas: error 70 (petición duplicada), código 98 (error de comunicación con la entidad financiera) y código o error 99.
- En cuentas mancomunadas puede faltar el segundo NIF o no haber suficientes apoderados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ayuda técnica de pago explica el NRC, los medios para pagar autoliquidaciones, liquidaciones y deudas, la gestión de domiciliaciones, la anulación de NRC y los errores típicos (70, 98 y 99).
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Pago de autoliquidaciones mediante cargo en cuenta y obtención del NRC
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, las declaraciones y autoliquidaciones que supongan un ingreso y en las que no se haya elegido la domiciliación bancaria necesitan, para su correcta recepción, un NRC (Número de Referencia Completo): un código de 22 caracteres que identifica el ingreso tributario realizado. La sede permite obtenerlo a través de su pasarela de pago, mediante cargo en cuenta o con cargo en tarjeta.
Requisitos. Es necesario disponer de certificado o DNI electrónico, eIDAS o estar registrado en Cl@ve, y tener fondos en entidades financieras que sean colaboradoras en la recaudación de los tributos y ofrezcan el servicio de cobro por internet (puede consultarse el listado de entidades adheridas). No se permite el pago por esta vía con cuentas mancomunadas, que deben obtener el NRC directamente en la entidad financiera.
Procedimiento. Confeccionada la declaración con resultado a ingresar, se accede a «Autoliquidaciones – Pago mediante cargo en cuenta» identificándose con certificado, DNIe, eIDAS o Cl@ve, o bien se usa el botón «Realizar pago (Obtener NRC)» del formulario de presentación. Se selecciona el modelo, se completan los datos identificativos y económicos y el código IBAN de la cuenta de cargo (puede ofrecerse una cuenta ya utilizada). Quien pague en nombre de un tercero con la cuenta del titular de la declaración debe estar apoderado; el apoderamiento específico es «PAGOAPODECCC – Pago mediante cargo en cuenta», que el poderdante puede registrar por internet con certificado electrónico o Cl@ve si es persona física. Tras revisar el resumen (una vez realizado el ingreso no puede anularse por internet), se marca «Conforme» y se pulsa «Firmar y Enviar».
Resultado. Se muestra el NRC de 22 caracteres y dos opciones: «Justificante de Pago» (recibo en PDF) y «Realizar Declaración» (enlace al trámite para finalizar la presentación).
Recuperación del NRC. Si por una incidencia puntual no se obtuvo el NRC, el botón «Recuperación de NRC» lo facilita de forma inmediata y sin nuevos cargos, siempre que se acceda desde la pasarela o desde un formulario (no desde la consulta de un pago anterior), que el pago se haya realizado y exista cargo y que el NRC no se haya mostrado por la incidencia. Si persiste el problema, puede usarse «Consultar deudas», apartado «Consulta pagos anteriores y Anulación Nrcs», introduciendo exactamente los mismos datos del pago.
Alternativas sin certificado, DNIe, eIDAS o Cl@ve: acudir a una oficina de la entidad bancaria con los datos de la autoliquidación (modelo, ejercicio, periodo, NIF del declarante, apellido e importe exacto) o usar la banca electrónica. Si se paga para otra persona sin apoderamiento, deben coincidir el titular del certificado y el de la cuenta, pero el NIF facilitado será siempre el del declarante u obligado tributario.
Datos clave
- NRC: Número de Referencia Completo, código de 22 caracteres que identifica el ingreso tributario.
- Necesario en autoliquidaciones con ingreso si no se ha elegido la domiciliación bancaria.
- Requiere certificado o DNI electrónico, eIDAS o Cl@ve y cuenta en una entidad colaboradora adherida.
- No se admite el pago por esta vía con cuentas mancomunadas.
- Apoderamiento para pagar con la cuenta del obligado: «PAGOAPODECCC – Pago mediante cargo en cuenta».
- Una vez realizado el ingreso no puede anularse por internet.
- La «Recuperación de NRC» no genera cargos adicionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las autoliquidaciones a ingresar sin domiciliación necesitan un NRC de 22 caracteres, que la pasarela de la AEAT genera por cargo en cuenta con identificación electrónica; no vale con cuentas mancomunadas y el ingreso no se anula por internet.
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Qué es un NRC
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, el NRC (Número de Referencia Completo) es el código que se genera como justificante para identificar un ingreso tributario. Consta de 22 caracteres alfanuméricos e incorpora, de forma cifrada, el NIF del declarante, el importe, el modelo, el ejercicio y el periodo.
El NRC aparece en el justificante de la operación junto con el resumen de los datos del ingreso. Para que sea válido es importante que los datos facilitados al realizar el pago sean correctos.
Uso. En declaraciones y autoliquidaciones que supongan un ingreso y en las que no se haya elegido la domiciliación bancaria, debe incluirse el NRC para poder realizar la presentación. En el pago de liquidaciones o deudas, una vez efectuado el pago y obtenido el NRC el trámite ha finalizado sin necesidad de otras actuaciones, y la respuesta con el NRC puede guardarse como justificante.
Recuperación. Si el ingreso se hizo por la pasarela de pagos de la AEAT pero no se obtuvo o no se conserva el justificante, puede recuperarse desde «Consulta de un pago anterior por cargo en cuenta» y «Consulta de un pago anterior por pago con tarjeta o Bizum». Si por una incidencia puntual no se obtuvo el NRC, el botón «Recuperación de NRC» lo facilita siempre que se acceda desde la pasarela o desde un formulario (no desde la consulta de un pago anterior), que el pago se haya realizado y exista cargo en la entidad financiera y que el NRC no se haya mostrado por la incidencia.
Además, en los formularios de presentación telemática de autoliquidaciones, el botón «Recuperar un pago previo (NRC)» está siempre visible: si existe un NRC para ese modelo, ejercicio, periodo, importe y NIF del obligado, lo devuelve; si no, muestra un aviso de que no se ha encontrado un NRC ingresado correspondiente a la declaración.
Datos clave
- NRC: Número de Referencia Completo, justificante que identifica un ingreso tributario.
- 22 caracteres alfanuméricos.
- Incorpora cifrados el NIF del declarante, el importe, el modelo, el ejercicio y el periodo.
- Obligatorio para presentar autoliquidaciones con ingreso sin domiciliación bancaria.
- En liquidaciones o deudas, obtenido el NRC el trámite queda finalizado.
- Recuperación: consulta de pagos anteriores, botón «Recuperación de NRC» o «Recuperar un pago previo (NRC)» en el formulario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El NRC es el justificante de 22 caracteres alfanuméricos que identifica un ingreso tributario y lleva cifrados NIF, importe, modelo, ejercicio y periodo; en las autoliquidaciones con ingreso sin domiciliación es necesario para presentar.
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Pago de autoliquidaciones con tarjeta o Bizum
Según la información de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, las declaraciones y autoliquidaciones que supongan un ingreso, sin domiciliación bancaria, necesitan un NRC (Número de Referencia Completo) que identifica el ingreso realizado. La pasarela de pago de la sede permite obtenerlo mediante cargo en cuenta, con tarjeta en condiciones de comercio electrónico seguro y con Bizum.
Cómo pagar. Confeccionada la declaración con resultado a ingresar, se accede a «Pagar autoliquidaciones» dentro de «Todas las gestiones» del apartado «Pagar, aplazar y consultar» y se elige «Autoliquidaciones – Pago con tarjeta o Bizum». También puede enlazarse desde el formulario o programa del modelo (por ejemplo, el modelo 100). Se selecciona el modelo (de momento solo disponible en algunos, como el modelo 303 y Renta), se cumplimentan los datos identificativos y económicos, se escoge «Pago con tarjeta» o «Pago con Bizum» y se pulsa «Aceptar datos y Continuar». Tras revisar el resumen (una vez realizado el ingreso no puede anularse por internet), se marca «Conforme» y se pulsa «Firmar y Enviar».
Pago con tarjeta. Se muestra el resumen del pago a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se indica el número de tarjeta y los demás datos, se pulsa «Pagar» y se siguen las instrucciones de la entidad financiera.
Pago con Bizum. Se introduce el teléfono registrado en Bizum y se pulsa «Continuar con la compra». Hay que tener el móvil cerca porque se dispone de 4 minutos para realizar la operación; el banco envía una notificación para autorizar el Bizum pendiente.
Resultado. Se muestra el NRC de 22 caracteres con las opciones «Justificante de Pago» (PDF) y «Realizar Declaración».
Consulta y recuperación del NRC. Desde «Consultar deudas», apartado «Consulta pagos anteriores y Anulación Nrcs», el enlace «Autoliquidaciones – Consulta de un pago anterior realizado con tarjeta o Bizum» permite consultar y recuperar el NRC sin sistema de identificación, aunque no imprimir justificante. Otra alternativa es el trámite «Mis pagos», que exige identificación con Cl@ve Móvil, certificado o DNI electrónico o eIDAS y permite descargar el justificante en PDF con el NRC. Si el pago es por TPV, la entidad financiera no facilita el NRC.
Datos clave
- La pasarela de pago admite cargo en cuenta, tarjeta en condiciones de comercio electrónico seguro y Bizum.
- El pago con tarjeta o Bizum solo está disponible en algunos modelos, como el 303 y Renta.
- Con Bizum se dispone de 4 minutos para realizar la operación.
- El NRC tiene 22 caracteres.
- Una vez realizado el ingreso no puede anularse por internet.
- La consulta de un pago anterior con tarjeta o Bizum no requiere identificación, pero no permite imprimir justificante.
- «Mis pagos» requiere identificación y permite descargar el justificante en PDF.
- En pagos por TPV la entidad financiera no facilita el NRC.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La pasarela de la AEAT permite obtener el NRC de una autoliquidación pagando con tarjeta o Bizum, de momento solo en algunos modelos como el 303 y Renta; con Bizum hay 4 minutos para autorizar.
Esquema
| Consulta de un pago anterior | Mis pagos | |
|---|---|---|
| Identificación | Sin sistema de identificación | Cl@ve Móvil, certificado o DNI electrónico o eIDAS |
| Justificante | No permite imprimirlo | Descarga el justificante en PDF con el NRC |
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Artículo 59. Extinción de la deuda tributaria
1. Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.
2. El pago, la compensación, la deducción sobre transferencias o la condonación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o condonado.
Datos clave
- Formas de extinción: pago, prescripción, compensación o condonación.
- También por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás previstos en las leyes.
- Pago, compensación, deducción sobre transferencias y condonación tienen efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o condonado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las vías generales de extinción de la deuda tributaria (pago, prescripción, compensación, condonación y las de la normativa aduanera) y precisa que cada una libera solo por el importe efectivamente pagado, compensado o condonado.
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Artículo 60. Formas de pago
El artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula las formas de pago de la deuda tributaria.
1. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente.
El pago de las deudas en efectivo podrá efectuarse por los medios y en la forma que se determinen reglamentariamente.
La normativa tributaria regulará los requisitos y condiciones para que el pago pueda efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente.
No podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de inaplazables. Las solicitudes de pago en especie a que se refiere este apartado serán objeto de inadmisión.
Datos clave
- Regla general: el pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo.
- Mediante efectos timbrados, cuando así se disponga reglamentariamente.
- Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos se regulan por la normativa tributaria.
- Pago en especie, en período voluntario o ejecutivo, solo cuando una Ley lo disponga expresamente.
- No cabe el pago en especie de las deudas inaplazables del artículo 65.2; esas solicitudes serán objeto de inadmisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La deuda tributaria se paga en efectivo, o con efectos timbrados si el reglamento lo prevé. El pago en especie solo cabe si una ley lo dispone expresamente y nunca para deudas inaplazables.
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Artículo 61. Momento del pago
1. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión.
2. En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda tributaria cuando aquéllos se utilicen en la forma que reglamentariamente se determine.
3. El pago en especie extinguirá la deuda tributaria en el momento señalado en las normas que lo regulen.
Datos clave
- Pago en efectivo: cuando se ingresa el importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión.
- Efectos timbrados: cuando se utilicen en la forma que reglamentariamente se determine.
- Pago en especie: extingue la deuda en el momento señalado en las normas que lo regulen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La deuda pagada en efectivo se entiende pagada al ingresarse en las cajas u oficinas autorizadas; con efectos timbrados, al usarlos en forma reglamentaria; en especie, cuando digan sus normas.
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Artículo 62. Plazos para el pago
1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
3. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.
4. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
5. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
6. El pago de las deudas de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua será requerido al obligado tributario, que deberá efectuarlo en los siguientes plazos:
a) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
No obstante lo anterior, cuando la norma reguladora de la asistencia mutua lo permita, la Administración tributaria podrá desarrollar actuaciones recaudatorias desde la recepción de la solicitud de cobro del Estado o entidad internacional o supranacional requirente, sin necesidad de que haya concluido el plazo al que se refiere este apartado.
7. Las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa.
8. En los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.
El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada.
La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida, sin que sean exigibles intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución.
9. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, en los casos en que se hallen implicadas dos Administraciones tributarias, los mecanismos de compensación entre éstas.
Datos clave
- Autoliquidaciones: en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
- Liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15: hasta el día 20 del mes posterior; entre el 16 y el último: hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Notificación colectiva y periódica: del 1 de septiembre al 20 de noviembre; modificable si el plazo no es inferior a dos meses.
- Providencia de apremio notificada entre los días 1 y 15: hasta el día 20 de dicho mes; entre el 16 y el último: hasta el día 5 del mes siguiente.
- Asistencia mutua: mismos plazos que en apremio, contados desde la notificación del instrumento de ejecución.
- Efectos timbrados: en el momento de la realización del hecho imponible.
- La deuda suspendida por el apartado 8 no podrá ser superior a la devolución solicitada y no devenga intereses de demora sobre lo cancelado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de pago: autoliquidaciones según cada tributo; liquidaciones y apremio según el día de notificación (del 1 al 15 o del 16 al último); recibos colectivos del 1 de septiembre al 20 de noviembre.
Esquema
| Notificación | Voluntaria (liquidación) | Apremio y asistencia mutua | |
|---|---|---|---|
| Días uno a 15 | Entre los días uno y 15 | Hasta el día 20 del mes posterior | Hasta el día 20 de dicho mes |
| Días 16 a último | Entre el 16 y el último | Hasta el día cinco del segundo mes posterior | Hasta el día cinco del mes siguiente |
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Artículo 63. Imputación de pagos
1. Las deudas tributarias son autónomas. El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine.
2. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Administración tributaria a percibir los anteriores en descubierto.
3. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago a la deuda más antigua. Su antigüedad se determinará de acuerdo con la fecha en que cada una fue exigible.
4. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras entidades de derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro las primeras, teniendo en consideración lo dispuesto en la sección 5.ª de este capítulo.
Datos clave
- Las deudas tributarias son autónomas: el obligado puede imputar cada pago a la deuda que libremente determine.
- El cobro de un débito posterior no extingue el derecho a percibir los anteriores en descubierto.
- En ejecución forzosa, el pago se aplica a la deuda más antigua.
- La antigüedad se determina por la fecha en que cada deuda fue exigible.
- Tienen preferencia las deudas a favor de la Administración frente a las de sus entidades de derecho público dependientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un obligado tiene varias deudas, puede elegir a cuál imputa cada pago; pero en ejecución forzosa con varias deudas acumuladas que no puedan pagarse todas, la Administración aplica el pago a la deuda más antigua.
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Artículo 64. Consignación del pago
Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.
Datos clave
- Se puede consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, de las costas reglamentariamente devengadas.
- Lugar: Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o sus sucursales.
- Efectos: liberatorios o suspensivos, según determinen las disposiciones reglamentarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El obligado puede consignar la deuda tributaria y, en su caso, las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente, con los efectos liberatorios o suspensivos que fije el reglamento.
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Artículo 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago
El artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.
e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.
4. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso.
5. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
6. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales respecto de los cuales se haya recibido una petición de cobro, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.
Datos clave
- Aplazables o fraccionables en período voluntario o ejecutivo, previa solicitud, si la situación económico-financiera impide pagar de forma transitoria.
- Inaplazables: efectos timbrados, retenciones e ingresos a cuenta, créditos contra la masa, recuperación de ayudas de Estado, resoluciones firmes desestimatorias previamente suspendidas, tributos repercutidos (salvo que no se hayan pagado las cuotas) y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
- Las solicitudes sobre deudas inaplazables serán objeto de inadmisión.
- Garantía conforme al artículo 82 de la LGT.
- Con aval solidario de entidad de crédito o SGR o certificado de seguro de caución sobre la totalidad: se exige el interés legal.
- La solicitud en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
- En período ejecutivo, solicitud hasta la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas en voluntaria o ejecutiva pueden aplazarse o fraccionarse, previa solicitud, si una dificultad económica transitoria impide pagar. Siete clases de deudas no pueden aplazarse y su solicitud se inadmite.
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Artículo 66. Plazos de prescripción
El artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, fija el plazo general de prescripción de los derechos tributarios en cuatro años. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
Los dos primeros derechos corresponden a la Administración (liquidar y cobrar) y los dos últimos al obligado tributario (solicitar y obtener devoluciones y reembolsos).
Datos clave
- Plazo de prescripción: cuatro años.
- a) Derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación.
- b) Derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas.
- c) Derecho a solicitar devoluciones de la normativa de cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
- d) Derecho a obtener esas mismas devoluciones y reembolsos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prescriben a los cuatro años cuatro derechos: liquidar y cobrar (de la Administración) y solicitar y obtener devoluciones y reembolsos del coste de las garantías (del obligado).
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Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar
El artículo 66 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de la Administración a comprobar e investigar en relación con la prescripción.
1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.
En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobación.
La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.
3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.
Datos clave
- La prescripción del artículo 66 no afecta al derecho a comprobar e investigar del artículo 115, salvo el apartado 2.
- Comprobar bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y deducciones aplicadas o pendientes prescribe a los diez años.
- Los diez años se cuentan desde el día siguiente al fin del plazo de declaración del ejercicio en que se generó el derecho.
- En inspecciones de alcance general (artículo 148) se entiende incluida esa comprobación.
- Solo puede realizarse en procedimientos sobre obligaciones y periodos cuyo derecho a liquidar no haya prescrito.
- Subsiste la obligación de aportar liquidaciones, autoliquidaciones y contabilidad en las comprobaciones de ejercicios no prescritos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prescripción no impide comprobar e investigar, salvo en bases, cuotas o deducciones compensadas o pendientes: ese derecho prescribe a los diez años y solo se ejerce en procedimientos sobre periodos no prescritos.
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Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:
En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo.
En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.
En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente.
En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.
2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.
No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.
Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.
Datos clave
- Derecho a liquidar: desde el día siguiente al fin del plazo reglamentario de declaración o autoliquidación.
- Tributos de cobro periódico por recibo sin declaración: desde el día de devengo del tributo.
- Derecho a exigir el pago: desde el día siguiente al fin del plazo de pago en período voluntario.
- Ingresos indebidos: desde el día siguiente al ingreso indebido o al fin del plazo de autoliquidación si se ingresó dentro de él.
- Tributos incompatibles: desde la resolución del órgano que dirima cuál es el procedente.
- Responsables solidarios: desde el día siguiente al fin del periodo voluntario del deudor principal, o desde los hechos si son posteriores.
- Responsables subsidiarios: desde la notificación de la última actuación recaudatoria al deudor principal o a cualquier responsable solidario.
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Cada derecho prescriptible tiene su día inicial: el siguiente al fin del plazo de declarar, de pagar, de solicitar o de devolver, con reglas propias para recibos, ingresos indebidos y responsables.
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Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción
1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.
2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.
3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:
a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.
b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso.
c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen.
6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.
7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.
Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.
8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.
La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan.
9. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.
Datos clave
- Derecho a liquidar: se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del obligado, por recursos o reclamaciones y por actuaciones fehacientes del obligado.
- Derecho a cobrar: también se interrumpe por la declaración del concurso y por acciones civiles o penales dirigidas al cobro.
- Las actuaciones realizadas en otro Estado en el marco de la asistencia mutua también interrumpen.
- Producida la interrupción, se inicia de nuevo el cómputo del plazo.
- Con recurso contencioso-administrativo, acciones civiles o penales o tanto de culpa, el cómputo se reinicia al recibir la resolución firme.
- En el concurso, el cómputo se reinicia con la firmeza de la resolución de conclusión del concurso.
- La interrupción para un obligado se extiende a todos, incluidos los responsables, salvo obligación mancomunada.
- La interrupción del derecho a liquidar se extiende a las obligaciones tributarias conexas.
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Cada derecho prescriptible tiene sus causas de interrupción: actuaciones de la Administración con conocimiento formal, recursos y actuaciones fehacientes del obligado. Interrumpido, el plazo vuelve a empezar.
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Artículo 69. Extensión y efectos de la prescripción
El artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la extensión y los efectos de la prescripción.
1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo anterior.
2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.
3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
Datos clave
- La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago, salvo lo previsto en el artículo 68.8.
- Se aplica de oficio, incluso si la deuda tributaria se ha pagado.
- No es necesario que la invoque o excepcione el obligado tributario.
- La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prescripción ganada beneficia a todos los obligados al pago, se aplica de oficio aunque la deuda se haya pagado y extingue la deuda tributaria.
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Artículo 70. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales
El artículo 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los efectos de la prescripción sobre las obligaciones formales.
1. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas.
2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entidades, las obligaciones de conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior.
3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescripción del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 66.bis.2 y 3 de esta Ley.
Datos clave
- Las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones del propio obligado solo son exigibles mientras no prescriba el derecho a determinar estas últimas.
- Las obligaciones de conservación y suministro de información del artículo 29.2.d), e) y f) se cumplen en el plazo de la normativa mercantil o en el de sus propias obligaciones formales, si fuese superior.
- La obligación de justificar datos de operaciones de períodos prescritos se mantiene durante el plazo de prescripción del derecho a determinar las deudas afectadas.
- En todo caso se mantiene en los supuestos del artículo 66 bis.2 y 3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las obligaciones formales siguen la suerte de la prescripción de la obligación a la que se vinculan, con dos excepciones: la información sobre terceros y la justificación de datos de periodos ya prescritos.
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Artículo 85. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios
1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:
a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
c) Contestaciones a consultas escritas.
d) Actuaciones previas de valoración.
e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.
Datos clave
- La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
- La enumeración de actuaciones es abierta («entre otras»).
- Publicación de textos actualizados de las normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
- Comunicaciones y actuaciones de información de los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
- Contestaciones a consultas escritas y actuaciones previas de valoración.
- Asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración debe informar y asistir a los obligados sobre sus derechos y obligaciones, entre otras vías mediante publicaciones, comunicaciones, consultas escritas, valoraciones previas y ayuda con declaraciones.
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Artículo 12. Lugar de realización de los ingresos.
Los ingresos podrán realizarse:
a) En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
b) En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere el artículo 9.1.
c) En las entidades colaboradoras a las que se refiere el artículo 9.1.
d) En las aduanas.
e) En las cuentas restringidas abiertas en entidades de crédito.
f) En las cajas de los órganos gestores.
g) En cualquier otro lugar de pago que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda.
Datos clave
- Lugares de ingreso: Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera; entidades de crédito que presten el servicio de caja; entidades colaboradoras.
- También: aduanas, cuentas restringidas abiertas en entidades de crédito y cajas de los órganos gestores.
- Cualquier otro lugar de pago que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete lugares donde pueden realizarse los ingresos, de la Tesorería del Tesoro a las aduanas y cualquier otro que fije el Ministro de Economía y Hacienda.
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Artículo 17. Entidades colaboradoras en la recaudación.
1. Podrán colaborar en la recaudación las entidades de crédito autorizadas. La prestación del servicio de colaboración no será retribuida.
2. Las entidades que deseen actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria solicitarán autorización del Director del Departamento de Recaudación de esta y deberán adjuntar declaración expresa de estar en disposición de prestar el servicio de colaboración en las condiciones establecidas en cada caso por la normativa vigente.
Para valorar adecuadamente la conveniencia de conceder la autorización solicitada, se tendrá en cuenta, entre otros factores, la solvencia de la entidad y su posible contribución al servicio de colaboración en la recaudación. A tal fin, se podrán recabar los informes que se consideren oportunos.
La resolución deberá notificarse a la entidad solicitante en el plazo de tres meses. Asimismo, si el acuerdo es de concesión, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».
La autorización podrá determinar la forma y condiciones de prestación del servicio. Si se deniega la autorización, el acuerdo será motivado. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud.
3. Antes de iniciar el servicio de colaboración, las entidades solicitantes deberán comunicar al órgano de recaudación competente los siguientes extremos:
a) Relación de todas sus oficinas, su domicilio y su clave bancaria.
b) Fecha o fechas de comienzo de la prestación, que en ningún caso podrán exceder de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la autorización.
Además, la entidad colaboradora deberá poner en conocimiento del órgano de recaudación competente toda variación relevante referente a altas y bajas en la operatividad de sus oficinas y los cambios de denominación a que aquella se vea sometida.
4. La entidad que posea varias oficinas dentro del ámbito territorial que se determine por cada Administración tributaria deberá designar una de ellas para relacionarse con dicha Administración.
5. Los órganos de recaudación efectuarán el control y seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras.
A tal efecto, podrán ordenar la práctica de comprobaciones en dichas entidades.
Las comprobaciones se referirán exclusivamente a su actuación como entidades colaboradoras, pudiéndose efectuar en las oficinas de la entidad o en los locales del órgano actuante.
Las actuaciones podrán referirse al examen de la documentación relativa a operaciones concretas o extenderse a la actuación de colaboración de dichas entidades o de sus oficinas durante un periodo determinado de tiempo.
Para la práctica de las comprobaciones, las entidades deberán poner a disposición de los funcionarios designados al efecto toda la documentación que se les solicite en relación con la actuación de la entidad en su condición de colaboradora y, en particular, extractos de cuentas corrientes restringidas, documentos de ingreso y justificantes de ingreso en las cuentas del Tesoro. Asimismo, deberán permitir el acceso a los registros informáticos de la entidad respecto de las operaciones realizadas en su condición de colaboradora.
6. Si dichas entidades incumplen las obligaciones establecidas en este reglamento y demás normas aplicables, las obligaciones de colaboración con la Hacienda pública o las normas tributarias en general, se podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización otorgada a las entidades de crédito para actuar como colaboradoras en la recaudación, restringir temporal o definitivamente el ámbito territorial de su actuación o excluir de la prestación del servicio de colaboración a alguna de sus oficinas, sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso proceda.
Corresponderá acordar la suspensión o revocación al órgano que hubiera acordado la autorización.
En particular, el órgano de recaudación competente podrá hacer uso de las facultades a las que se refiere el párrafo anterior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Presentación reiterada fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, de la información que como entidad colaboradora debe aportar al órgano de recaudación competente.
b) Manipulación de los datos contenidos en la información que debe aportar al órgano de recaudación competente, en la que debe custodiar la entidad o en la que debe entregar a los obligados al pago.
c) Incumplimiento de las obligaciones de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria.
d) Incumplimiento de las órdenes de embargo, así como la colaboración o consentimiento en el levantamiento de bienes embargados o sobre los que se haya constituido una medida cautelar o una garantía.
e) Obstrucción a la actuación de la Administración tributaria.
f) No realizar diariamente el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas restringidas del órgano de recaudación competente o no efectuar o efectuar con retraso el ingreso de las cantidades recaudadas en la cuenta del Tesoro, cuando se haya ocasionado un grave perjuicio a la Hacienda pública o a un particular.
g) Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de los ingresos realizados a través de la entidad.
Datos clave
- Pueden colaborar las entidades de crédito autorizadas; el servicio de colaboración no es retribuido.
- Autoriza el Director del Departamento de Recaudación de la AEAT; resolución en 3 meses; la concesión se publica en el BOE; silencio estimatorio.
- La denegación debe ser motivada.
- Comienzo de la prestación: no más de 2 meses desde el día siguiente a la notificación de la autorización.
- Con varias oficinas en el ámbito territorial, la entidad designa una para relacionarse con la Administración.
- Incumplimientos: suspensión temporal o revocación definitiva, restricción del ámbito territorial o exclusión de oficinas; acuerda la suspensión o revocación el órgano que autorizó.
- Causa, entre otras: no ingresar diariamente lo recaudado en las cuentas restringidas o inutilidad de la autorización por nulo o escaso volumen de ingresos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se autoriza a una entidad de crédito a colaborar en la recaudación (solicitud, solvencia, resolución en tres meses con silencio positivo), sus obligaciones previas y de control, y las causas por las que se le puede suspender o revocar la autorización.
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Artículo 18. Ingresos a través de entidades colaboradoras en la recaudación.
1. Los obligados al pago, tengan o no cuentas abiertas en las entidades colaboradoras, podrán ingresar en ellas las siguientes deudas:
a) Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, así como de aquellas cuya presentación se realice por vía telemática.
b) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
c) Cualesquiera otras, salvo que el Ministro de Economía y Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja.
2. Las entidades colaboradoras no podrán admitir los ingresos que deban realizarse obligatoriamente en las entidades de crédito que presten el servicio de caja.
Datos clave
- Pueden ingresar en entidades colaboradoras los obligados al pago tengan o no cuenta abierta en ellas.
- Deudas admisibles: autoliquidaciones (incluidas las telemáticas), liquidaciones notificadas en periodo voluntario o ejecutivo y cualesquiera otras.
- Excepción: las que el Ministro de Economía y Hacienda obligue a ingresar en entidades que presten el servicio de caja.
- Las colaboradoras no pueden admitir ingresos que deban realizarse obligatoriamente en entidades de caja.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En las entidades colaboradoras puede ingresar cualquiera, tenga o no cuenta en ellas: autoliquidaciones, liquidaciones notificadas y cualquier otra deuda, salvo las reservadas a las entidades con servicio de caja.
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Artículo 19. Procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación.
El artículo 19 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación.
1. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras, cuya denominación y funcionamiento serán establecidos mediante orden ministerial.
2. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso, el dinero de curso legal como medio de pago. Asimismo, podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario, si bien la admisión de estos medios queda a discreción y riesgo de la entidad.
Cualquiera que fuera el medio de pago utilizado, en ningún caso correrán por cuenta de la Administración los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal. Como consecuencia de dichos gastos no podrán minorarse en ningún caso los importes ingresados.
3. Las entidades colaboradoras admitirán dichos ingresos los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja, abonándolos seguidamente en la correspondiente cuenta restringida.
Cada Administración tributaria podrá limitar la prestación del servicio a un número de horas inferior, dentro del horario de caja.
4. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, tras realizar las oportunas comprobaciones respecto de la identificación del obligado al pago y del importe a ingresar y siempre que las mismas resulten conformes, procederá a emitir el correspondiente justificante del pago, certificando de ese modo el concepto del ingreso, así como que éste se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.
El contenido de los justificantes de pago se establecerá mediante orden ministerial.
5. Si el ingreso es consecuencia de una liquidación practicada por la Administración y notificada al obligado al pago, aquel se realizará en la entidad colaboradora mediante la presentación del documento de ingreso según modelo establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.
6. La entidad colaboradora deberá exigir la consignación del número de identificación fiscal en el documento correspondiente y comprobará la exactitud del indicado número mediante el examen del documento acreditativo, que deberá ser exhibido por quien presente el documento liquidatorio. No será necesaria dicha exigencia en relación con aquellas autoliquidaciones y documentos de ingreso respecto de los cuales el Ministerio de Economía y Hacienda haya establecido que deben presentarse en las entidades colaboradoras con una etiqueta adherida u otro medio de identificación en los que consten los datos de los obligados al pago.
7. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro comprobará previamente a su abono en cuenta los siguientes datos:
a) La coincidencia exacta de la cuantía a ingresar con la cifra que figure como importe del ingreso en la autoliquidación o documento de ingreso.
b) Que los citados documentos lleven adheridas las etiquetas de identificación u otro medio de identificación o, en su caso, que en ellos se consignen el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio del obligado al pago, número de identificación fiscal, concepto y periodo a que corresponde el citado pago.
Si resultase conforme la comprobación señalada en los párrafos a) y b), la entidad colaboradora procederá a extender en el documento destinado a tal efecto de los que componen la autoliquidación o en el documento de ingreso validación, bien mecánica mediante máquina contable, bien manual mediante sello, de los siguientes conceptos: fecha del ingreso, total ingresado, concepto, clave de la entidad y de la oficina receptora, certificando de este modo el concepto del ingreso, así como que este se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.
Cada Administración podrá establecer que la validación de los ingresos por las entidades colaboradoras se lleve a cabo mediante procedimientos distintos de los recogidos en el párrafo anterior, en particular, en aquellos casos en los que el ingreso se efectúe de forma no presencial.
En todo caso, los procedimientos de validación que se establezcan deberán garantizar la correcta identificación de la información asociada al ingreso que para cada medio de pago se determinen.
8. En los casos para los que se establezca que el obligado al pago puede presentar en las sucursales de las entidades colaboradoras, en sobre cerrado, el documento de ingreso o devolución, la autoliquidación y la documentación complementaria, se actuará de acuerdo con las normas siguientes:
a) Presentará en la entidad colaboradora el documento de ingreso o devolución en el que constarán los datos esenciales de la autoliquidación y la cantidad a ingresar o devolver que de ella resulte.
b) La entidad comprobará si el documento de ingreso o devolución está correctamente cumplimentado.
En caso de ingreso, lo certificará con las formalidades y requisitos previstos en el apartado anterior.
En caso de solicitud de devolución por transferencia, validará los documentos, certificando la existencia de la cuenta bancaria y la titularidad del obligado al pago. Dicha validación podrá ser mecánica, mediante máquina contable, o manual mediante sello y en ella deberá constar obligatoriamente clave de la entidad y de la oficina receptora, así como la fecha de presentación de la solicitud de devolución.
En ambos casos, la entidad colaboradora conservará en su poder el ejemplar a ella destinado y entregará al obligado al pago los que le correspondan.
c) El obligado unirá a su autoliquidación el ejemplar para la Administración del documento de ingreso o devolución y lo entregará en la propia entidad colaboradora para su remisión al órgano competente en sobre cerrado, en cuyo anverso constará su nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el concepto.
d) A petición del obligado al pago, la entidad colaboradora deberá estampar en la primera hoja de los ejemplares para la Administración y para el interesado de la correspondiente autoliquidación o declaración sello en el que consten los siguientes datos: fecha en la que se produce la presentación de la autoliquidación y claves de la entidad y de la oficina receptora.
9. Cuando, presentado un documento de ingreso por un obligado al pago, el importe validado por la entidad colaboradora resulte correcto pero esta realice un ingreso superior al procedente, se tramitará su devolución a la entidad colaboradora en los términos legalmente establecidos sin que a tales ingresos les resulte de aplicación lo previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
Datos clave
- Ingresos en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras, reguladas por orden ministerial.
- Se admite siempre el dinero de curso legal; otros medios de pago, a discreción y riesgo de la entidad, sin gastos para la Administración.
- Admisión los días laborables para la entidad durante el horario de caja; cada Administración puede limitar las horas.
- La entidad exige el NIF y comprueba su exactitud, salvo documentos con etiqueta adherida u otro medio de identificación.
- Comprobación previa: coincidencia exacta de la cuantía y datos identificativos; validación mecánica o manual con fecha, total, concepto y claves de entidad y oficina.
- Ingreso superior al validado: se devuelve a la entidad colaboradora sin aplicar el artículo 221 de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se ingresa en una entidad colaboradora: cuentas restringidas, dinero de curso legal siempre, comprobación de NIF, cuantía y datos, validación del justificante y reglas del sobre cerrado.
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Artículo 20. Ingresos en las aduanas.
1. Se recaudarán por las aduanas las deudas respecto de las que así esté establecido.
2. Con carácter general, los ingresos se realizarán a través de las entidades de crédito autorizadas para actuar como colaboradoras en la recaudación.
Estas entidades actuarán según el procedimiento descrito en el artículo 19.
3. No obstante, y siempre que lo autorice el órgano competente, podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas, en particular en los siguientes casos:
a) Cuando deban efectuarse ingresos por el despacho de expediciones conducidas por los viajeros que se produzcan fuera del horario de apertura de las entidades colaboradoras o cuando estas se encuentren en lugares distantes de las oficinas de la aduana.
b) Cuando se efectúen depósitos en metálico por importaciones temporales.
4. Diariamente o en el plazo que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda, las cantidades recaudadas en cada una de las cajas de las aduanas deberán ser ingresadas por estas en una cuenta, autorizada al efecto por el órgano competente, abierta en una entidad de crédito de la localidad respectiva, a nombre de «Dependencia/Administración de Aduanas de ...», en la que serán custodiados los fondos hasta su ingreso.
El Ministro de Economía y Hacienda dictará las normas que regulen el funcionamiento, control y seguimiento de estas cuentas.
5. En las cajas de las aduanas únicamente podrán efectuarse pagos por devoluciones de depósitos en efectivo por importaciones temporales.
Para la realización de estas devoluciones, se podrá autorizar un fondo cuya dotación, funcionamiento y control se regularán por el Ministro de Economía y Hacienda.
Datos clave
- Las aduanas recaudan las deudas respecto de las que así esté establecido.
- Regla general: ingreso a través de entidades colaboradoras, según el artículo 19.
- Ingreso directo en cajas de aduanas, si lo autoriza el órgano competente: expediciones de viajeros fuera de horario o lejos de las entidades, y depósitos en metálico por importaciones temporales.
- Lo recaudado se ingresa diariamente o en el plazo que fije el Ministro en una cuenta a nombre de «Dependencia/Administración de Aduanas de ...».
- En las cajas de aduanas solo pueden pagarse devoluciones de depósitos en efectivo por importaciones temporales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas aduaneras se ingresan, con carácter general, a través de entidades colaboradoras siguiendo el procedimiento del art. 19; solo se admite el ingreso directo en la caja de la aduana en casos tasados, como despachos a viajeros fuera de horario o depósitos por importaciones temporales.
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Artículo 21. Ingresos en cuentas restringidas y en cajas de órganos gestores.
1. Podrán realizarse los ingresos en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de crédito cuando, a propuesta del órgano gestor, se autorice, bien por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de recursos del sistema tributario estatal y aduanero, bien por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Se autorizará dicho procedimiento cuando esté suficientemente justificada su necesidad por razones de mejor prestación del servicio, de custodia de fondos o similares. La autorización será individualizada y fijará las condiciones de utilización de dicha cuenta.
La cancelación de tales cuentas será acordada por los órganos competentes para su autorización cuando, por iniciativa del órgano gestor o propia, se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura o no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.
2. El órgano de recaudación competente, a solicitud de los órganos gestores, podrá autorizar el ingreso en cajas situadas en las dependencias del órgano gestor cuando existan razones de economía, eficacia o mejor prestación del servicio a los usuarios.
En tal caso deberán aplicarse, como mínimo, las normas siguientes:
a) Deberá entregarse justificante de todo ingreso.
b) Deberá quedar constancia de cada ingreso.
c) Los fondos deberán ser ingresados en el Tesoro diariamente o en el plazo que establezca el órgano de recaudación, compatible con criterios de buena gestión.
Datos clave
- Cuentas restringidas de recaudación: a propuesta del órgano gestor, las autoriza la AEAT (recursos tributarios estatales y aduaneros) o la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
- Se autorizan por razones de mejor prestación del servicio, custodia de fondos o similares; autorización individualizada.
- Cancelación por los órganos que autorizaron cuando no subsistan las razones o se incumplan las condiciones.
- Cajas en dependencias del órgano gestor: las autoriza el órgano de recaudación por razones de economía, eficacia o mejor servicio.
- Mínimos: justificante de todo ingreso, constancia de cada ingreso e ingreso en el Tesoro diariamente o en el plazo que fije el órgano de recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cuándo se autorizan cuentas restringidas de recaudación (por la AEAT o por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por razones justificadas) y cuándo se permite ingresar en las cajas del propio órgano gestor, con obligación de justificante, constancia y traslado diario de fondos al Tesoro.
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Artículo 24. Anuncios de cobranza.
1. La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.
2. El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:
a) El plazo de ingreso.
b) La modalidad de cobro utilizable de entre las enumeradas en el artículo 23.
c) Los lugares, días y horas de ingreso.
d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
3. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales.
Datos clave
- Comunicación colectiva del periodo de pago mediante edictos en el boletín oficial y en las oficinas de los ayuntamientos afectados.
- Contenido mínimo: plazo de ingreso, modalidad de cobro, lugares, días y horas de ingreso.
- Advertencia de que, pasado el plazo, se exigirá por apremio con recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y costas.
- El anuncio de cobranza puede sustituirse por notificaciones individuales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo de pago de estas deudas se comunica de forma colectiva mediante edictos en el boletín oficial y en los ayuntamientos afectados, y el anuncio debe indicar el plazo, la modalidad de cobro, los lugares y horas, y la advertencia de apremio si no se paga a tiempo.
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Artículo 25. Ingresos de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.
1. En caso de deudas cuyo cobro se realice por recibo, cuando el obligado al pago u otra persona se persone en el lugar de ingreso, y por cualquier circunstancia no estuviera disponible el recibo, se admitirá el pago y se expedirá el correspondiente justificante, siempre que el obligado al pago figure inscrito en las listas cobratorias.
2. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en cuentas abiertas en entidades de crédito.
Para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, dirigirán comunicación al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro. En otro caso, la comunicación surtirá efecto a partir del periodo siguiente.
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez al obligado al pago y a la entidad colaboradora.
Datos clave
- Sin recibo disponible se admite el pago si el obligado figura en las listas cobratorias.
- Domiciliación en cuentas abiertas en entidades de crédito.
- Comunicación al menos 2 meses antes del comienzo del periodo de cobro; si no, surte efecto en el periodo siguiente.
- Validez indefinida hasta anulación por el interesado, rechazo de la entidad o invalidez declarada por la Administración por razones justificadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En deudas por recibo se admite el pago sin el recibo si el obligado figura en las listas cobratorias; la domiciliación se comunica dos meses antes del periodo de cobro y vale por tiempo indefinido.
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Artículo 28. Ingresos de las entidades que presten el servicio de caja.
1. Las entidades de crédito que presten el servicio de caja en los órganos de recaudación ingresarán en la cuenta del Tesoro lo recaudado durante cada quincena dentro de los siete días hábiles siguientes al fin de cada una. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior, si el 5 ó 20 son inhábiles.
A tales efectos, serán considerados días inhábiles los sábados.
Cualquiera que sea el número de días inhábiles el ingreso en la cuenta del Tesoro deberá producirse en el mismo mes en que finaliza la quincena correspondiente.
2. En los plazos, forma y soporte que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, las referidas entidades entregarán al órgano de recaudación competente la información necesaria para la gestión y seguimiento de los ingresos.
3. Las entidades de crédito que presten el servicio de caja a otros órganos de la Administración del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se regirán, en esta materia, por las disposiciones específicas aplicables dictadas por dichos órganos y, en ausencia de estas, por lo dispuesto en este artículo.
Datos clave
- Las entidades de caja ingresan en la cuenta del Tesoro lo recaudado cada quincena dentro de los 7 días hábiles siguientes a su fin.
- La quincena termina el día 5 o 20 o el inmediato hábil posterior.
- A estos efectos los sábados se consideran inhábiles.
- El ingreso debe producirse en el mismo mes en que finaliza la quincena.
- Las entidades de caja de otros órganos del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se rigen por sus disposiciones específicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades con servicio de caja ingresan en el Tesoro lo recaudado en cada quincena (que cierra el día 5 o el 20) dentro de los siete días hábiles siguientes, y en todo caso dentro del mismo mes en que termina la quincena; los sábados cuentan como inhábiles a este efecto.
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Artículo 29. Ingresos de las entidades colaboradoras.
El artículo 29 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula los ingresos de las entidades colaboradoras en la cuenta del Tesoro.
1. Las entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas durante cada quincena y el envío al órgano de recaudación competente de la información a que se refiere el apartado 2. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior, si el 5 ó el 20 son inhábiles.
El día 18 de cada mes o el inmediato hábil anterior, las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 5 del referido mes.
El penúltimo día hábil de cada mes las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 20 de dicho mes.
A efectos de lo previsto en el presente apartado se considerarán días inhábiles los sábados, los domingos, las festividades nacionales, autonómicas y locales correspondientes a la localidad en la que se encuentra situada la oficina central de la entidad de crédito designada por la Administración tributaria correspondiente para recibir los ingresos y, en todo caso, el Lunes de Pascua.
En el supuesto en que el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real permanezca cerrado el día de ingreso determinado de acuerdo con los párrafos anteriores, el ingreso se realizará el día hábil inmediatamente anterior.
2. Mediante orden ministerial podrán establecerse plazos de ingreso diferentes a los establecidos en el apartado anterior respecto de aquellas autoliquidaciones recaudadas cuya periodicidad sea mensual o trimestral y cuyo vencimiento genérico de pago sea posterior al día 20 del mes o inmediato hábil posterior.
3. En los plazos, forma y soporte que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, las referidas entidades entregarán al órgano de recaudación competente la información necesaria para la gestión y seguimiento de los ingresos.
4. Las entidades colaboradoras de los órganos del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se regirán, en esta materia, por las disposiciones específicas aplicables dictadas por dichos órganos y, en ausencia de estas, por lo dispuesto en este artículo.
Datos clave
- Las entidades colaboradoras centralizan el ingreso de lo recaudado por quincenas (fin el día 5 o 20 o inmediato hábil posterior).
- Día 18 de cada mes (o inmediato hábil anterior): ingreso de la quincena que finaliza el día 5.
- Penúltimo día hábil del mes: ingreso de la quincena que finaliza el día 20.
- Inhábiles: sábados, domingos, festivos nacionales, autonómicos y locales de la oficina central y, en todo caso, el Lunes de Pascua.
- Si el sistema transeuropeo de transferencia urgente está cerrado, el ingreso se hace el día hábil inmediatamente anterior.
- Por orden ministerial pueden fijarse plazos distintos para autoliquidaciones mensuales o trimestrales con vencimiento posterior al día 20.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades colaboradoras ingresan por quincenas: la que acaba el día 5 se ingresa el día 18; la que acaba el día 20, el penúltimo día hábil del mes.
Esquema
| Quincena hasta el día 5 | Quincena hasta el día 20 | |
|---|---|---|
| Día de ingreso | Día 18 o inmediato hábil anterior | Penúltimo día hábil del mes |
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Artículo 31. Otros ingresos en las cuentas del Tesoro en el Banco de España.
1. Las cantidades recaudadas a través de cuentas restringidas para la recaudación, sean de tasas, sean de cualquier otro ingreso de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos y cualesquiera otras cantidades recaudadas por personas o entidades por cuenta de la Hacienda pública no comprendidas en los artículos anteriores de esta sección, deberán transferirse a las cuentas oficiales en el Banco de España a nombre del Tesoro público o de los organismos autónomos correspondientes, en las fechas establecidas en sus normas reguladoras.
2. En defecto de dichas normas, los saldos existentes los días 5 y 20 de cada mes en las cuentas restringidas de recaudación se ingresarán los días 15 y último de cada mes, respectivamente.
Cuando el último día del mes coincida con día inhábil o no preste servicio el Banco de España, el ingreso se trasladará al inmediato anterior en que este preste servicio.
3. Igualmente, en defecto de normas reguladoras especiales, las cantidades recaudadas en cajas de los órganos gestores de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos, deberán ingresarse en las cuentas oficiales en el Banco de España no más tarde de fin del mes en que hayan sido recaudadas.
Datos clave
- Lo recaudado en cuentas restringidas se transfiere a las cuentas oficiales en el Banco de España en las fechas de sus normas reguladoras.
- En su defecto, los saldos de los días 5 y 20 se ingresan los días 15 y último de cada mes, respectivamente.
- Si el último día es inhábil o no presta servicio el Banco de España, el ingreso pasa al inmediato anterior.
- Cajas de órganos gestores: ingreso no más tarde de fin del mes de la recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el traslado a las cuentas oficiales del Banco de España de lo recaudado en cuentas restringidas y en cajas de órganos gestores cuando no hay normas específicas: los saldos de los días 5 y 20 se ingresan los días 15 y último de mes, y lo recaudado en cajas de órganos gestores, antes de fin de mes.
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Artículo 32. Formas de extinción de la deuda
Las deudas podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.
Datos clave
- El Reglamento General de Recaudación enumera como formas de extinción el pago, la prescripción, la compensación, la deducción sobre transferencias y la condonación.
- También extinguen las deudas los medios previstos en la normativa aduanera.
- La enumeración se completa con los demás medios previstos en las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas se extinguen por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, condonación, medios de la normativa aduanera y los demás que prevean las leyes.
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Artículo 33. Legitimación, lugar de pago y forma de pago
1. Puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.
El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden al obligado al pago.
2. El pago de las deudas podrá realizarse en las cajas de los órganos competentes, en las entidades que, en su caso, presten el servicio de caja, en las entidades colaboradoras y demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago, directamente o por vía telemática, cuando así esté previsto en la normativa vigente.
3. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago.
4. El pago de las deudas podrá realizarse en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie.
Datos clave
- Puede pagar cualquier persona, tenga o no interés, en periodo voluntario o ejecutivo.
- El tercero que paga no está legitimado para ejercitar los derechos del obligado al pago.
- Lugares: cajas de los órganos competentes, entidades que presten el servicio de caja, entidades colaboradoras y demás autorizadas.
- Los pagos a órganos no competentes o personas no autorizadas no liberan al deudor.
- Formas: en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquiera puede pagar la deuda, aunque el tercero no adquiere los derechos del obligado; hay que pagar a órganos o entidades autorizados, y se paga en efectivo, efectos timbrados o en especie.
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Artículo 34. Medios y momento del pago en efectivo
1. El pago de las deudas y sanciones tributarias que deba realizarse en efectivo se podrá hacer siempre en dinero de curso legal.
Asimismo, se podrá realizar por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en este reglamento y siguiendo los procedimientos que se dispongan en cada caso:
a) Cheque.
b) Tarjeta de crédito y débito.
c) Transferencia bancaria.
d) Domiciliación bancaria.
e) Cualesquiera otros que se autoricen por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Será admisible el pago por los medios a los que se refieren los párrafos b), c) y d) en aquellos casos en los que así se establezca expresamente en una norma tributaria.
2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su propia normativa. Si no se hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por los medios citados en el apartado 1, excepto los párrafos b), c) y d) que requerirán regulación expresa.
3. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago.
4. Cuando el pago se realice a través de entidades de crédito u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a este desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad de crédito o persona autorizada frente a la Hacienda pública desde ese momento y por dicho importe, salvo que pudiera probarse fehacientemente la inexactitud de la fecha o del importe que conste en la validación del justificante.
5. Las órdenes de pago dadas por el deudor a las entidades de crédito u otras personas autorizadas para recibir el pago no surtirán por sí solas efectos frente a la Hacienda pública, sin perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la entidad o persona responsable del incumplimiento.
Datos clave
- El pago en efectivo se puede hacer siempre en dinero de curso legal.
- Otros medios: cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria y otros autorizados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
- Tarjeta, transferencia y domiciliación solo cuando lo establezca expresamente una norma tributaria.
- El justificante de ingreso libera al deudor desde la fecha y por el importe que figuren en él.
- Las órdenes de pago a entidades de crédito no surten por sí solas efectos frente a la Hacienda pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula los medios de pago en efectivo (dinero de curso legal, cheque, tarjeta, transferencia, domiciliación u otros que autorice el Ministerio) y fija que el justificante de ingreso libera al deudor desde su fecha e importe, salvo prueba de inexactitud.
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Artículo 36. Pago mediante tarjeta de crédito y débito
1. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito ante las entidades de crédito que, en su caso, presten el servicio de caja, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento por dichas entidades.
2. El límite de los pagos a realizar vendrá determinado por el asignado por la entidad emisora individualmente a cada tarjeta y que, en ningún caso, podrá superar la cantidad que se establezca en la orden del Ministro de Economía y Hacienda correspondiente por cada documento de ingreso, no pudiendo simultanearse, para un mismo documento de ingreso, con cualquier otro de los medios de pago admitidos.
3. Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito y débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o por cualquier otro motivo.
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.
Datos clave
- Pago ante las entidades de crédito que presten el servicio de caja, con tarjetas admitidas por ellas.
- Límite: el asignado por la entidad emisora a cada tarjeta, sin superar la cantidad fijada por orden ministerial por documento de ingreso.
- No puede simultanearse con otro medio de pago para un mismo documento de ingreso.
- Los importes ingresados no pueden minorarse por descuentos ni por ningún otro motivo.
- La Administración fija las condiciones del pago telemático.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se admite el pago con tarjeta de crédito o débito ante las entidades con servicio de caja, con el límite de la tarjeta y de la orden ministerial, sin combinarlo con otro medio ni minorar el importe.
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Artículo 37. Pago mediante transferencia bancaria
Se considerará efectuado el pago en la fecha en que haya tenido entrada el importe correspondiente en la entidad que, en su caso, preste el servicio de caja, quedando liberado desde ese momento el obligado al pago frente a la Hacienda pública por la cantidad ingresada.
La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.
Datos clave
- El pago se considera efectuado en la fecha de entrada del importe en la entidad que preste el servicio de caja.
- Desde ese momento el obligado queda liberado frente a la Hacienda pública por la cantidad ingresada.
- La Administración establece las condiciones para utilizar la transferencia por vía telemática.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con transferencia, el pago se entiende hecho cuando el importe entra en la entidad que presta el servicio de caja, y desde entonces el obligado queda liberado por la cantidad ingresada.
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Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria
1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito.
En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso.
2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente.
3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el ingreso.
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.
5. En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, cuando el pago se realice a través de terceros autorizados de acuerdo con lo que establece el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estos deberán estar expresamente autorizados por la Administración para efectuar la domiciliación del pago en cuentas de su titularidad.
Datos clave
- Requisitos: que el obligado sea titular de la cuenta, abierta en una entidad de crédito, y comunique su orden de domiciliación.
- Cabe domiciliar en cuenta de otro titular si este autoriza la domiciliación.
- El pago se entiende realizado en la fecha de cargo en cuenta; el justificante lo expide la entidad de crédito.
- Si el cargo no se realiza o se realiza fuera de plazo por causa no imputable al obligado, no se le exigen recargos, intereses de demora ni sanciones.
- Los terceros autorizados del artículo 92 de la LGT necesitan autorización expresa para domiciliar en cuentas de su titularidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La domiciliación exige que la cuenta sea del obligado al pago (o de un tercero que lo autorice) en una entidad de crédito, y el pago se entiende hecho en la fecha de cargo en cuenta; si el cargo falla por causa ajena al obligado, no se le exigen recargos, intereses ni sanciones.
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Artículo 39. Pago mediante efectos timbrados.
1. Tienen la condición de efectos timbrados:
a) El papel timbrado común.
b) El papel timbrado de pagos al Estado.
c) Los documentos timbrados especiales.
d) Los timbres móviles.
e) Los aprobados por orden del Ministro de Economía y Hacienda.
2. El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados se regirán por las normas que regulan los tributos y demás recursos de naturaleza pública que admiten dicho medio de pago y por las de este reglamento.
3. La creación y modificación de efectos timbrados se hará por orden del Ministro de Economía y Hacienda, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
4. El grabado, estampación y elaboración, tanto de los propios efectos como de troqueles, matrices y demás elementos sustanciales para el empleo de aquellos se realizarán por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, salvo que el Ministro de Economía y Hacienda autorice su realización por otras entidades.
5. Cuando por modificación de las normas que regulan los tributos y demás recursos de naturaleza pública o sus tarifas sea precisa la utilización de nuevos efectos timbrados, se procederá a retirar los anteriores de la circulación de forma que se garantice su destrucción.
6. Los poseedores de efectos retirados de la circulación podrán obtener su canje por otros en vigor.
Igualmente podrá obtenerse el canje del papel timbrado común, papel timbrado de pagos al Estado y documentos timbrados especiales por errores en su redacción o por cualquier otra causa que los inutilice para su uso, siempre que no contengan firmas, rúbricas u otros indicios de haber surtido efecto.
Datos clave
- Efectos timbrados: papel timbrado común, papel timbrado de pagos al Estado, documentos timbrados especiales, timbres móviles y los aprobados por orden ministerial.
- Creación y modificación por orden del Ministro de Economía y Hacienda publicada en el BOE.
- Elaboración por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, salvo autorización a otras entidades.
- Los efectos retirados de la circulación se destruyen y pueden canjearse por otros en vigor.
- Canje también por errores o inutilización, siempre que no contengan firmas, rúbricas u otros indicios de haber surtido efecto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define los efectos timbrados (papel timbrado común, de pagos al Estado, documentos timbrados especiales, timbres móviles y otros que autorice el Ministerio) y regula su creación, elaboración, retirada y canje.
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Artículo 40. Pago en especie.
El artículo 40 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el pago en especie.
1. El obligado al pago que pretenda utilizar el pago en especie como medio para satisfacer deudas a la Administración deberá solicitarlo al órgano de recaudación que tenga atribuida la competencia en la correspondiente norma de organización específica. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación de la deuda indicando, al menos, su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante.
A la solicitud deberá acompañarse la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el órgano competente del Ministerio de Cultura o por el órgano competente determinado por la normativa que autorice el pago en especie. En defecto de los citados informes deberá acompañarse el justificante de haberlos solicitado.
Si la deuda tributaria a que se refiere la solicitud de pago en especie ha sido determinada mediante autoliquidación, deberá adjuntar el modelo oficial de esta, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó.
La solicitud de pago en especie presentada en periodo voluntario junto con los documentos a los que se refieren los párrafos anteriores impedirá el inicio del periodo ejecutivo, salvo que concurra la circunstancia a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 161.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pero no el devengo del interés de demora que corresponda.
La solicitud en periodo ejecutivo podrá presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados o sobre los que se hubiese constituido garantía de cualquier naturaleza y no tendrá efectos suspensivos. No obstante, el órgano de recaudación podrá suspender motivadamente las actuaciones de enajenación de los citados bienes hasta que sea dictado el acuerdo que ponga fin al procedimiento de pago en especie por el órgano competente.
2. Procederá la inadmisión de la solicitud en los siguientes casos:
a) Cuando a la misma no se acompañe la documentación acreditativa de la inscripción de los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o de su inclusión en el Inventario General y se considere que el bien ofrecido, por su propia naturaleza, no comporta las características más básicas para poder formar parte del Patrimonio Histórico Español, calificándose la solicitud en estos casos como manifiestamente carente de fundamento.
b) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de pago en especie.
c) Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de inspección que hubiera quedado suspendido de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que la solicitud de pago en especie se refiera a conceptos y periodos respecto de los que se haya remitido conocimiento a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.
En aquellos supuestos en los que la concurrencia de las circunstancias previstas en este párrafo c) se ponga de manifiesto una vez iniciada la tramitación de la solicitud de pago en especie, esta última quedará sin efecto de forma automática, debiendo comunicarse al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional la presentación de dicha solicitud.
d) La presentación de solicitudes de pago en especie reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.
Se considerará, en todo caso, realizada la solicitud con la finalidad de dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria cuando se ofrezcan los mismos bienes que hayan sido ofrecidos en solicitudes anteriores.
La inadmisión deberá ser motivada y determinará que la solicitud se tenga por no presentada a todos los efectos, y frente al acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso o reclamación económico-administrativa.
En el ámbito de competencias del Estado, la resolución de inadmisión deberá adoptarse por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se acompañen los documentos que se señalan en el apartado 1 de este artículo, el órgano competente para la tramitación requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento subsane el defecto o aporte los documentos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.
No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud la autoliquidación que no obre en poder de la Administración. En este caso, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el apartado anterior.
Si la solicitud de pago en especie se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.
Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se hayan subsanado los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de pago en especie.
4. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a efectos de interponer frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar la resolución expresa.
El órgano competente acordará de forma motivada la aceptación o no de los bienes en pago de la deuda.
En el ámbito de competencias del Estado, la resolución deberá ser adoptada por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
5. De dicho acuerdo de aceptación o de denegación, así como del acuerdo de inadmisión, se remitirá copia al departamento ministerial competente en materia de cultura, o al que corresponda en función del tipo del bien, y a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
6. Si se dictase acuerdo de aceptación, su eficacia quedará condicionada a la entrega o puesta a disposición de los bienes ofrecidos. De producirse esta en la forma establecida en el acuerdo de aceptación y en el plazo establecido en este reglamento, los efectos extintivos de la deuda se entenderán producidos desde la fecha de la solicitud.
En caso de aceptación del pago en especie, la deuda devengará interés de demora desde la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta que los bienes hayan sido entregados o puestos a disposición de la Administración con conocimiento de esta, pudiendo afectarse en el acuerdo de aceptación el bien dado en pago a la cancelación de dichos intereses de demora, de ser suficiente el valor del citado bien.
7. Si la resolución dictada fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 161.2 de esa ley.
De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.
8. La entrega o puesta a disposición de la Administración de los bienes deberá ser efectuada en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de aceptación de pago en especie, salvo que dicha entrega o puesta a disposición se hubiese realizado en un momento anterior. Del documento justificativo de la recepción en conformidad se remitirá copia al órgano de recaudación.
De no producirse la entrega o puesta a disposición de los bienes en los términos del párrafo anterior, quedará sin efecto el acuerdo de aceptación, con las consecuencias siguientes:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso y este ya hubiese transcurrido, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la entrega o puesta a disposición, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo.
Se procederá a la liquidación los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para entregar o poner a disposición los bienes, sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuarse el procedimiento de apremio.
9. En lo no previsto en este artículo, los efectos de esta forma de pago serán los establecidos en la legislación civil para la dación en pago.
Datos clave
- Se solicita al órgano de recaudación competente, con valoración de los bienes e informe del Ministerio de Cultura u órgano competente.
- En periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
- En periodo ejecutivo cabe hasta la notificación del acuerdo de enajenación y no tiene efectos suspensivos.
- Subsanación en 10 días; resolución en 6 meses con silencio desestimatorio.
- En el ámbito estatal, inadmite y resuelve el Director del Departamento de Recaudación de la AEAT.
- Entrega de los bienes en 10 días desde la notificación de la aceptación; la extinción se produce desde la fecha de la solicitud.
- En lo no previsto, rige la legislación civil sobre la dación en pago.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pagar deudas con bienes del patrimonio cultural: solicitud con valoración e informe, causas de inadmisión, subsanación en 10 días, resolución en seis meses y entrega de los bienes en 10 días tras la aceptación.
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Artículo 41. Justificantes y certificaciones del pago
1. Quien realice el pago de una deuda conforme a lo dispuesto en este reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago.
2. Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:
a) Los recibos.
b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago.
c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.
d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por el Ministerio de Economía y Hacienda y, en particular, los determinados por la normativa reguladora de los ingresos por vía telemática.
3. Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las siguientes circunstancias:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del deudor.
b) Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere.
c) Fecha de pago.
d) Órgano, persona o entidad que lo expide.
4. Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las circunstancias del apartado anterior podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.
5. Cuando se empleen efectos timbrados, los justificantes de pago serán los propios efectos debidamente inutilizados.
6. Cuando se efectúe el pago en especie, se considerará justificante de pago la certificación emitida por el órgano competente en la que conste haberse realizado la entrega o puesta a disposición de los bienes.
7. El deudor podrá solicitar de la Administración certificación acreditativa del pago efectuado quedando esta obligada a expedirla.
Datos clave
- Quien paga tiene derecho a que se le entregue un justificante del pago.
- Justificantes del pago en efectivo: recibos, cartas de pago, certificaciones acreditativas del ingreso y otros documentos expresamente habilitados.
- Contenido mínimo: datos del deudor, concepto, importe y periodo, fecha de pago y órgano, persona o entidad que lo expide.
- Efectos timbrados: el justificante son los propios efectos debidamente inutilizados.
- Pago en especie: certificación del órgano competente de la entrega o puesta a disposición de los bienes.
- La Administración está obligada a expedir la certificación del pago que solicite el deudor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien paga tiene derecho a justificante; regula qué documentos lo son, sus menciones mínimas y los justificantes en efectos timbrados y en especie, además de la certificación del pago.
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Artículo 42. Actuaciones a realizar en el supuesto de tributos incompatibles.
1. En los supuestos previstos en el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez determinado por el órgano competente qué tributo es el procedente, se actuará como se indica a continuación:
a) Si el tributo procedente fuese el liquidado en primer lugar, se anulará la segunda liquidación efectuada, procediendo la devolución de las cantidades que, en su caso, se hubiesen ingresado respecto de esta última.
b) Si el tributo procedente fuese el liquidado en segundo lugar, se procederá según los casos:
1.º Cuando la liquidación practicada en segundo lugar sea firme por no haber sido recurrida en plazo, procederá la extinción de la deuda en la parte concurrente con la devolución de ingresos que se reconozca en relación con la liquidación efectuada en primer lugar que resulta improcedente, una vez que dicho acuerdo de devolución sea firme. En este caso, la Administración competente en relación con el tributo procedente declarará dicha extinción en los términos del apartado 2.
No obstante, la extinción no se producirá en los siguientes casos:
Cuando, en el caso de que se haya declarado improcedente un tributo objeto de repercusión, el obligado al pago que soportó la repercusión del tributo indebidamente repercutido tenga derecho a la deducción total del importe soportado indebidamente.
Cuando, en el caso de que se haya declarado improcedente un tributo objeto de repercusión, el sujeto pasivo del tributo repercutido haya procedido a la rectificación de las cuotas repercutidas correspondientes a la operación, de acuerdo con la normativa propia de ese tributo.
2.º Cuando la liquidación practicada en segundo lugar haya sido recurrida, se esperará a que la resolución sea firme en todas las instancias. Adquirida dicha firmeza, se procederá según se indica a continuación en función del caso de que se trate:
En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare improcedente el tributo liquidado, se considerará procedente la tributación inicial, debiendo efectuarse la devolución de las cantidades que pudiesen derivarse de los ingresos efectuados en relación con la liquidación anulada por la citada resolución administrativa o judicial.
En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare la procedencia del tributo pero anule la liquidación, se girará una nueva y, una vez firme esta, se procederá conforme a lo previsto en el párrafo 1.º anterior y se declarará la extinción de la deuda. Cuando no sea posible practicar nueva liquidación por tal concepto, se procederá a devolver las cantidades que pudiesen derivarse de los ingresos efectuados en relación con la liquidación anulada.
En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare procedente la tributación y la liquidación correspondiente, procederá la extinción de la deuda en la forma y con los requisitos previstos en el párrafo 1.º anterior.
2. La Administración que hubiera liquidado el tributo improcedente deberá transferir a la Administración que hubiera liquidado el tributo procedente la cuantía necesaria para declarar la extinción de la deuda derivada de la liquidación procedente. Una vez recibida la transferencia, se procederá a declarar la extinción de la deuda.
3. La extinción regulada en el apartado anterior no impedirá la regularización de la situación tributaria del obligado que repercutió el tributo que, en su caso, corresponda.
Datos clave
- Aplica a los supuestos del artículo 62.8 de la Ley 58/2003 (tributos incompatibles).
- Si procede el tributo liquidado en primer lugar: se anula la segunda liquidación y se devuelve lo ingresado.
- Si procede el liquidado en segundo lugar y es firme: extinción de la deuda en la parte concurrente con la devolución reconocida.
- No hay extinción si quien soportó la repercusión puede deducirse el total o el sujeto pasivo rectificó las cuotas repercutidas.
- Si la segunda liquidación fue recurrida, se espera a la firmeza en todas las instancias.
- La Administración del tributo improcedente transfiere a la del procedente la cuantía necesaria para declarar la extinción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula qué pasa cuando dos tributos incompatibles gravan el mismo hecho: se anula la liquidación del tributo que no procede y, si procede el segundo, la deuda del primero se extingue con cargo a la devolución reconocida, transfiriéndose los fondos entre Administraciones.
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Artículo 43. Consignación
1. Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la cantidad debida y de las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas o en alguna de sus sucursales, en los siguientes casos:
a) Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes.
b) Cuando la caja del órgano competente, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago no lo hayan admitido, debiendo hacerlo, o no puedan admitirlo por causa de fuerza mayor.
2. En el caso del apartado 1.a), la consignación suspenderá la ejecución del acto impugnado desde la fecha en que haya sido efectuada, cuando se realice de acuerdo con las normas que regulan los recursos y reclamaciones.
En el caso del apartado 1.b), tendrá los efectos liberatorios del pago desde la fecha en que haya sido efectuada y por el importe que haya sido objeto de consignación y siempre que se comunique al órgano de recaudación.
Datos clave
- Se consigna en efectivo la cantidad debida y las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente.
- Supuesto a): al interponer reclamaciones o recursos; suspende la ejecución del acto impugnado desde la fecha de la consignación.
- Supuesto b): cuando el pago no se haya admitido debiendo hacerlo o no pueda admitirse por fuerza mayor.
- En el supuesto b) tiene efectos liberatorios desde su fecha y por su importe, siempre que se comunique al órgano de recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite consignar en la Caja General de Depósitos el importe de la deuda y costas cuando se recurre, o cuando el órgano competente no admite el pago debiendo hacerlo o no puede admitirlo por fuerza mayor, con efectos distintos según el caso: suspender la ejecución o liberar del pago.
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Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago
El artículo 44 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece el marco general del aplazamiento y fraccionamiento del pago.
1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes.
3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la deuda aduanera serán tramitadas y resueltas de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. Para aquellas solicitudes cuya tramitación, de conformidad con la normativa de organización específica, corresponda a los órganos de recaudación, este reglamento será aplicable de forma supletoria.
Datos clave
- El aplazamiento o fraccionamiento se concede a solicitud del obligado, conforme a los artículos 65 y 82 de la LGT.
- Son aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública de titularidad de la Hacienda pública, salvo las excepciones legales.
- La deuda aduanera se rige por su normativa específica.
- El reglamento se aplica supletoriamente a la deuda aduanera cuya tramitación corresponda a los órganos de recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración puede aplazar o fraccionar, a solicitud del obligado, cualquier deuda pública de la Hacienda salvo excepción legal; la deuda aduanera va por su normativa específica.
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Artículo 45. Competencia en materia de aplazamientos y fraccionamientos
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por esta.
2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento formuladas en el periodo voluntario de pago de las deudas y sanciones del sistema tributario estatal o aduanero cuya gestión en dicho periodo esté encomendada a un órgano de la Administración General del Estado u organismo autónomo, serán tramitadas y resueltas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo que, de forma expresa y específica, las normas reguladoras de esos recursos reserven a los citados órganos la gestión del aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario.
3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de los demás recursos de naturaleza pública serán tramitadas y resueltas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o por las Delegaciones de Economía y Hacienda, salvo que la gestión de dichos recursos esté atribuida a otros órganos de la Administración General del Estado, organismos autónomos u otra entidad de derecho público; en tal caso, serán tramitadas y resueltas por estos órganos o entidades.
Datos clave
- La AEAT tramita y resuelve los aplazamientos de las deudas cuya recaudación lleva a cabo.
- También los de deudas y sanciones del sistema tributario estatal o aduanero en periodo voluntario gestionadas por órganos de la AGE u organismos autónomos, salvo reserva expresa y específica.
- Demás recursos de naturaleza pública: Dirección General del Tesoro y Política Financiera o Delegaciones de Economía y Hacienda.
- Salvo que la gestión esté atribuida a otros órganos, organismos autónomos u otra entidad de derecho público, que entonces tramitan y resuelven.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién tramita y resuelve aplazamientos: la AEAT las deudas que recauda y las del sistema tributario estatal o aduanero en voluntaria, salvo reserva expresa; el resto, el Tesoro, las Delegaciones o el órgano gestor.
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Artículo 46. Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
El artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula los plazos, el contenido y la documentación de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa específica. A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en periodo voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea.
b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.
2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.
c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.
e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, cuando la Administración competente para resolver haya establecido esta forma de pago como obligatoria en estos supuestos.
g) Lugar, fecha y firma del solicitante.
h) Indicación de que la deuda respecto de la que se solicita el aplazamiento o fraccionamiento no tiene el carácter de crédito contra la masa en el supuesto que el solicitante se encuentre en proceso concursal.
3. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar:
a) Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución, o la documentación que se detalla en los apartados 4 y 5, según el tipo de garantía que se ofrezca.
b) En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación.
c) Los demás documentos o justificantes que estime oportunos. En particular, deberá justificarse la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido.
d) Si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó.
e) En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo periodo de tiempo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, segundo párrafo.
f) En el caso de concurso del obligado tributario, se deberá aportar declaración y otros documentos acreditativos de que las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la masa del correspondiente concurso.
4. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se aportará, junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a los documentos a que se refiere el apartado 3.b), c) y d), la siguiente documentación:
a) Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.
b) Valoración de los bienes ofrecidos en garantía efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes. Cuando exista un registro de empresas o profesionales especializados en la valoración de un determinado tipo de bienes, la valoración deberá efectuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho registro.
c) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.
5. Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantía, se aportará junto a la solicitud, además de los documentos a que se refiere el apartado 3.b), c) y d), la siguiente documentación:
a) Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.
b) Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.
c) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.
d) Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.
No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la autoliquidación que no obre en poder de la Administración. En este caso, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el artículo 47.
Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.
Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
Podrá acordarse la denegación cuando la garantía aportada por el solicitante hubiese sido rechazada anteriormente por la Administración tributaria por falta de suficiencia jurídica o económica o por falta de idoneidad.
7. Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá requerir al solicitante la información y documentación que considere necesaria para resolver la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la referente a la titularidad, descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía.
8. (Anulado)
Datos clave
- Periodo voluntario: dentro del plazo de ingreso del artículo 62.1, 2 y 3 de la LGT o de la normativa específica.
- Autoliquidación extemporánea: solo es periodo voluntario si la solicitud se presenta junto con ella.
- Periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.
- Garantía distinta de aval o seguro de caución: valoración por empresas o profesionales especializados e independientes y balance del último ejercicio cerrado.
- Dispensa de garantía: balance y cuenta de resultados de los tres últimos años y plan de viabilidad.
- Subsanación en 10 días; si no se atiende, la solicitud se tiene por no presentada y se archiva.
- Sin la autoliquidación que no obre en poder de la Administración no cabe subsanación: procede la inadmisión.
- El apartado 8 está anulado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo y cómo pedir un aplazamiento o fraccionamiento: plazos según el periodo, contenido obligatorio, documentos según la garantía ofrecida o su dispensa y subsanación en 10 días.
Esquema
| Garantía distinta de aval o caución | Dispensa total o parcial | |
|---|---|---|
| Declaración | Imposibilidad de obtener aval o caución | Carecer de bienes o no tener otros que los ofrecidos |
| Contabilidad | Balance del último ejercicio cerrado | Balance de los tres últimos años |
| Además | Valoración de los bienes por expertos independientes | Plan de viabilidad |
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Artículo 47. Inadmisión de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
El artículo 47 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.
1. Serán inadmitidas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en los siguientes casos:
a) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
b) Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de inspección que hubiera quedado suspendido de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos y periodos afectados por la causa de suspensión respecto de los que se haya remitido conocimiento a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.
2. La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.
3. La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos los efectos.
4. Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso o reclamación económica-administrativa.
Datos clave
- Inadmisión si la autoliquidación no se ha presentado antes o junto con la solicitud.
- Inadmisión si la autoliquidación se presentó con un procedimiento de inspección suspendido según el artículo 150.3.a) de la LGT, por conceptos y periodos remitidos a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.
- Inadmisión de solicitudes reiterativas de otras denegadas sin modificación sustancial.
- La inadmisión implica que la solicitud se tiene por no presentada a todos los efectos.
- Contra el acuerdo de inadmisión cabe recurso o reclamación económico-administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres causas de inadmisión del aplazamiento: autoliquidación no presentada, autoliquidación con inspección suspendida por remisión al juez o al fiscal, y solicitudes reiterativas sin cambios.
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Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos
El artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula las garantías en los aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.
2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.
Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.
3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o varias fracciones.
En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo, para las deudas que se encuentren en periodo voluntario, el importe que por principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas; y para las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, el importe fraccionado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el fraccionamiento, más un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.
4. La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.
Cuando dicha apreciación presente especial complejidad, se podrá solicitar informe de otros servicios técnicos de la Administración o contratar servicios externos. Asimismo, el órgano competente para tramitar el aplazamiento o fraccionamiento podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente sobre la suficiencia jurídica de la garantía ofrecida.
Si la valoración del bien ofrecido en garantía resultara insuficiente para garantizar el aplazamiento o fraccionamiento en los términos previstos en este reglamento, deducidas las cargas en su caso existentes y no se tratase de un supuesto de los regulados en el artículo 50, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento aporte garantías complementarias o bien acredite la imposibilidad de aportarlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.4 y 5.
Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende complementada la garantía o suficientemente justificada la imposibilidad de complementarla, procederá la denegación de la solicitud.
5. La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.
6. La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.
7. Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo.
Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio.
8. La aceptación de la garantía será competencia del órgano que deba resolver el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. Dicha aceptación se efectuará mediante documento administrativo que, en su caso, será remitido a los registros públicos correspondientes para que su contenido se haga constar en estos.
9. Las garantías serán liberadas de inmediato una vez realizado el pago total de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los recargos, los intereses de demora y las costas. Si se trata de garantías parciales e independientes, estas deberán ser liberadas de forma independiente cuando se satisfagan los plazos garantizados por cada una de ellas.
10. El reembolso del coste de las garantías aportadas para aplazar o fraccionar el pago de una deuda o sanción tributaria, cuando dicha deuda o sanción sean declaradas improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme regulado en el artículo 33 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se tramitará y resolverá de acuerdo con lo establecido para el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto impugnado.
Además de los costes de las garantías previstos en el párrafo anterior, se reembolsarán los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías a que se refiere el artículo 82.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
11. En los supuestos de estimación parcial de un recurso o reclamación cuya resolución no pueda ser ejecutada de conformidad con la normativa reguladora de los recursos y reclamaciones, el obligado al pago tendrá derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada para aplazar o fraccionar una deuda.
A estos efectos, el órgano competente practicará en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud del interesado una cuantificación de la deuda que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de la resolución del correspondiente recurso o reclamación, la cual servirá para determinar el importe de la reducción procedente y, en consecuencia, de la garantía que debe quedar subsistente.
No obstante, la garantía anterior seguirá afecta al pago del importe de la deuda subsistente, manteniendo su vigencia hasta la formalización de la nueva garantía que cubra el importe de la deuda subsistente.
Serán órganos competentes para proceder a la sustitución de la garantía los órganos que acordaron el aplazamiento o fraccionamiento.
Datos clave
- No se exige garantía cuando el solicitante sea una Administración pública.
- Periodo voluntario: deuda más intereses de demora más un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.
- Periodo ejecutivo: importe aplazado con recargo del periodo ejecutivo más intereses de demora más un 5 por ciento de la suma.
- Garantía insuficiente: requerimiento para complementarla en 10 días.
- El aval o seguro de caución debe exceder al menos en seis meses el vencimiento de los plazos garantizados.
- Formalización en dos meses desde la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia queda condicionada a ella.
- Las garantías se liberan de inmediato una vez pagada totalmente la deuda garantizada.
- Reducción proporcional por estimación parcial: cuantificación en el plazo de 15 días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué debe cubrir la garantía del aplazamiento (25 % extra en voluntario, 5 % en ejecutivo), quién la valora y acepta, plazo de dos meses para formalizarla y cuándo se libera o reduce.
Esquema
| Periodo voluntario | Periodo ejecutivo | |
|---|---|---|
| Base | Deuda + intereses de demora | Importe con recargo del periodo ejecutivo + intereses |
| Margen adicional | 25 % de la suma | 5 % de la suma |
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Artículo 49. Adopción de medidas cautelares en el ámbito de los aplazamientos y fraccionamientos.
1. Cuando la constitución de la garantía resulte excesivamente onerosa en relación con la cuantía y plazo de la deuda, el obligado al pago podrá solicitar que la Administración adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias si tiene solicitadas devoluciones tributarias u otros pagos a su favor o cuando sea titular de bienes o derechos que sean susceptibles de embargo preventivo. Cuando dichos bienes o derechos sean susceptibles de inscripción en un registro público, la concesión estará supeditada a la inscripción previa en el correspondiente registro.
En el propio acuerdo en el que se resuelva el aplazamiento o fraccionamiento, la Administración tributaria accederá o denegará dicha solicitud atendiendo, entre otras circunstancias, a la situación económico-financiera del deudor o a la naturaleza del bien o derecho sobre el que se debiera adoptar la medida cautelar. En todo caso, la decisión deberá ser motivada.
Se denegará la solicitud cuando sea posible realizar el embargo de dichos bienes o derechos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 75 a 93.
Los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias serán a cargo del deudor. A dichos costes se aplicará lo dispuesto en los artículos 113 a 115.
En caso de incumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento resultará aplicable lo dispuesto con carácter general para los supuestos de falta de pago regulados en esta subsección. Con carácter previo a la ejecución de la garantía, la medida cautelar adoptada deberá ser convertida en definitiva en el procedimiento de apremio.
2. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario y concurran las circunstancias previstas en el artículo 81.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán adoptarse las medidas cautelares reguladas en dicho precepto para asegurar el cobro de la deuda, sin perjuicio de la resolución que pueda recaer en relación con la solicitud realizada y en tanto esta se tramita.
Datos clave
- Si la garantía es excesivamente onerosa, puede solicitarse la adopción de medidas cautelares en sustitución.
- Requisito: tener solicitadas devoluciones u otros pagos o ser titular de bienes o derechos susceptibles de embargo preventivo.
- Bienes inscribibles: la concesión exige la inscripción previa en el registro.
- Se resuelve en el propio acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento, de forma motivada.
- Se deniega si es posible embargar los bienes conforme a los artículos 75 a 93; los costes son a cargo del deudor.
- En periodo voluntario, si concurre el artículo 81.1 de la Ley 58/2003, pueden adoptarse medidas cautelares mientras se tramita la solicitud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la garantía es excesivamente onerosa, el obligado puede pedir medidas cautelares en su lugar; además, en solicitudes en voluntaria pueden adoptarse las cautelares del artículo 81.1 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 50. Dispensa de garantías en aplazamientos y fraccionamientos
1. Cuando se solicite un aplazamiento o fraccionamiento con dispensa total o parcial de garantías de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano competente investigará la existencia de bienes o derechos susceptibles de ser aportados en garantía del aplazamiento o fraccionamiento solicitado.
Comprobada la existencia de dichos bienes y derechos, se efectuará requerimiento al solicitante para que complemente su solicitud con la aportación de aquellos como garantía en los términos previstos en el artículo 48.4 de este reglamento y con las consecuencias allí establecidas para el caso de inatención o de atención insuficiente a dicho requerimiento.
2. Concedido el aplazamiento o fraccionamiento con dispensa total o parcial de garantías, el solicitante quedará obligado durante el periodo a que aquel se extienda a comunicar al órgano competente para la recaudación de las deudas aplazadas o fraccionadas cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso, se le concederá el plazo previsto en el artículo 48.6 para constituir la garantía.
Cuando la Administración conozca de oficio la modificación de dichas circunstancias, se procederá a su notificación al interesado concediendo un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación para que alegue lo que estime conveniente. Transcurrido el plazo de alegaciones, la Administración requerirá, en su caso, al interesado para la formalización de la garantía o para la modificación de la garantía preexistente, indicándole los bienes sobre los que debe constituirse esta y el plazo para su formalización, en los términos del artículo 48.
En particular, si durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento se repartiesen beneficios, con anterioridad al reparto deberá constituirse la correspondiente garantía para el pago de las obligaciones pendientes con la Hacienda pública.
El incumplimiento de la obligación de constituir garantía prevista en este apartado tendrá las mismas consecuencias que las reguladas en este reglamento para la falta de formalización de garantías.
3. En los supuestos de fraccionamientos, en los que se hubiera solicitado su concesión con dispensa parcial de garantías, de accederse a la solicitud, dicha garantía parcial quedará afecta a la totalidad de las fracciones incorporadas al acuerdo, y será de aplicación, en caso de incumplimiento de pago, lo dispuesto en el artículo 54.2.
Datos clave
- La dispensa total o parcial de garantías se apoya en el artículo 82.2.b) de la LGT.
- El órgano competente investiga la existencia de bienes o derechos susceptibles de garantía y, si existen, requiere su aportación.
- Concedida la dispensa, el solicitante debe comunicar cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda.
- Si la Administración conoce de oficio el cambio, concede 15 días de alegaciones.
- Si se reparten beneficios durante la vigencia, debe constituirse garantía antes del reparto.
- En fraccionamientos con dispensa parcial, la garantía parcial queda afecta a todas las fracciones del acuerdo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se pide un aplazamiento con dispensa de garantía, el órgano investiga si el solicitante tiene bienes con los que garantizar; concedida la dispensa, el interesado debe avisar de cualquier cambio patrimonial que permita garantizar la deuda, y si reparte beneficios debe garantizar antes el pago pendiente.
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Artículo 51. Tramitación de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos
1. El órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos y valorará la suficiencia e idoneidad de las garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verificará la concurrencia de las condiciones precisas para obtenerla.
Realizados los trámites anteriores, se formulará propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para su resolución.
2. Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella.
El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca. Dicho calendario podrá incorporar plazos distintos de los propuestos por el solicitante y lo sustituirá a todos los efectos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, ya sean los propuestos por el interesado o los fijados por la Administración en el correspondiente calendario, se podrá denegar la solicitud por concurrir dificultades económico-financieras de carácter estructural.
De la oportunidad y conveniencia de la fijación de dicho calendario deberá quedar justificación en el expediente.
3. Si en cualquier momento durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento el interesado efectúa el ingreso de la deuda, la Administración liquidará intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso.
En el supuesto de fijación de un calendario provisional por la Administración o de propuesta por el interesado de plazos o fracciones, cada uno de los pagos realizados en virtud de cualquiera de los dos calendarios se imputará a la cancelación del principal de la deuda a que se refiere la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Si el aplazamiento o fraccionamiento resulta finalmente concedido, se liquidarán los intereses devengados sobre cada uno los pagos efectuados en virtud de dicho calendario o propuesta desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del pago respectivo, notificándose dicha liquidación al interesado junto con el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento, otorgándose los plazos de ingreso señalados en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Datos clave
- Se evalúan la falta de liquidez, la capacidad para generar recursos y la suficiencia e idoneidad de las garantías.
- Durante la tramitación el deudor debe pagar el plazo, fracción o fracciones propuestos.
- Puede fijarse un calendario provisional de pagos si la resolución puede demorarse por la complejidad del expediente.
- El incumplimiento de esos pagos permite denegar por dificultades económico-financieras de carácter estructural.
- Si se ingresa la deuda durante la tramitación, se liquidan intereses de demora hasta la fecha del ingreso.
- Los pagos del calendario se imputan a la cancelación del principal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tramitación de aplazamientos: se evalúan liquidez y garantías; el deudor debe pagar lo propuesto mientras se tramita, puede fijarse un calendario provisional y, si paga, se liquidan intereses de demora.
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Artículo 52. Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos
El artículo 52 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.
1. Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago especificarán el número de código cuenta cliente, en su caso, y los datos identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo en cuenta conforme al artículo 46.2.f), los plazos de pago y demás condiciones del acuerdo. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.
En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20 del mes. Cuando el acuerdo incluya varias deudas, se señalarán de forma independiente los plazos y cuantías que afecten a cada una.
2. En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el pago efectivo en el plazo más breve posible y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada o fraccionada, así como el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante.
En particular, podrán establecerse condiciones por las que se afecten al cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Hacienda pública deba realizar al obligado durante la vigencia del acuerdo, en cuantía que no perjudique a la viabilidad económica o continuidad de la actividad. A tal efecto, se entenderá, en los supuestos de concesión de aplazamientos o fraccionamientos concedidos con dispensa total o parcial de garantías, que desde el momento de la resolución se formula la oportuna solicitud de compensación para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de los plazos y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses de demora que resulten procedentes.
De igual forma, podrá exigirse y condicionarse el mantenimiento y eficacia del acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento a que el solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias durante la vigencia del acuerdo.
Cuando la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, el acuerdo de concesión no podrá acumular en la misma fracción deudas que se encontrasen en distinto periodo de ingreso. En todo caso, habrán de satisfacerse en primer lugar aquellas fracciones que incluyan las deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de efectuarse la solicitud.
3. Si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento, se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía en el plazo legalmente establecido y en caso de falta de pago conforme a los artículos 48 y 54. Dicha notificación incorporará el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso concedidos según lo dispuesto en el artículo siguiente.
Si una vez concedido un aplazamiento o fraccionamiento el deudor solicitase una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos. La tramitación y resolución de estas solicitudes se regirá por las mismas normas que las establecidas para las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento con carácter general.
4. Si la resolución dictada fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 161.2 de esa ley.
De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.
5. Contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en los términos y con los efectos establecidos en la normativa aplicable.
6. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.
Datos clave
- La resolución puede señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.
- El vencimiento de los plazos debe coincidir con los días 5 o 20 del mes.
- Con dispensa de garantías, se entiende formulada desde la resolución la solicitud de compensación.
- No pueden acumularse en la misma fracción deudas en distinto periodo de ingreso; se pagan primero las fracciones con deudas en periodo ejecutivo.
- La petición de modificación de un aplazamiento concedido no tiene, en ningún caso, efectos suspensivos.
- Denegación en periodo voluntario: se abre el plazo de ingreso del artículo 62.2 de la LGT.
- Contra la denegación: recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
- Plazo de resolución: seis meses; el silencio permite entender desestimada la solicitud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución del aplazamiento fija plazos con vencimiento el 5 o el 20, puede imponer condiciones, no mezcla periodos en una fracción y se notifica en seis meses con silencio desestimatorio.
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Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos
1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.
2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada fracción de deuda.
Si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo.
Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.
3. En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:
a) Si fue solicitado en periodo voluntario, se liquidarán intereses de demora de conformidad con el artículo 52.4.
b) Si fue solicitado en periodo ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago, de conformidad con el artículo 72.
Datos clave
- Aplazamiento: intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido.
- Si se solicitó en periodo ejecutivo, la base de cálculo no incluye el recargo del periodo ejecutivo.
- Los intereses se ingresan junto con la deuda aplazada.
- Fraccionamiento: intereses calculados por cada fracción y pagados junto con ella.
- Denegación en periodo voluntario: intereses conforme al artículo 52.4.
- Denegación en periodo ejecutivo: intereses una vez realizado el pago, conforme al artículo 72.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Intereses de demora en aplazamientos y fraccionamientos: desde el día siguiente al fin del periodo voluntario hasta el vencimiento concedido, sin incluir el recargo ejecutivo en la base; y qué pasa si se deniega.
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Artículo 54. Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos
1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se producirán los siguientes efectos:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirá el ingreso del principal de la deuda, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de apremio.
c) En los supuestos recogidos en los párrafos a) y b), transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168.
2. En los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:
a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud:
1.º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud deberá continuarse el procedimiento de apremio.
2.º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción incumplida, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se procederá respecto de dicha fracción incumplida a iniciar el procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
c) En los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168.
3. Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con carácter parcial e independiente para una o varias fracciones y llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:
a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, se producirá el vencimiento de la totalidad de las fracciones a las que extienda sus efectos la garantía parcial e independiente.
Si la garantía parcial extendiese sus efectos a fracciones que incluyesen deudas en periodo ejecutivo de ingreso y a fracciones que incluyesen deudas en periodo voluntario de ingreso en el momento de solicitarse el fraccionamiento, se deberá continuar el procedimiento de apremio respecto de las primeras. Respecto de las segundas deberá iniciarse el procedimiento de apremio y se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.
Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial.
El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no alcance la garantía parcial e independiente.
b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, las consecuencias en relación con la fracción incumplida y con el resto de las fracciones pendientes a las que extienda sus efectos la garantía parcial e independiente serán las establecidas en el apartado 2.b).
Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente.
El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no alcance la garantía parcial e independiente.
4. La ejecución de las garantías a que se refiere este artículo se realizará por el procedimiento regulado en el artículo 74.
El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, recargos e intereses de demora.
La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quien corresponda.
5. En los supuestos de aplazamiento o de fraccionamiento con dispensa parcial de garantía o de insuficiencia sobrevenida de las garantías en su día formalizadas, no será necesario esperar a su ejecución para proseguir las actuaciones del procedimiento de apremio. En el caso de insuficiencia sobrevenida deberá quedar motivada en el expediente la continuación del procedimiento de apremio como consecuencia de aquella.
Datos clave
- Aplazamiento solicitado en periodo voluntario e impagado: periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento; se exige principal, intereses y recargo del periodo ejecutivo sobre la suma.
- Aplazamiento solicitado en periodo ejecutivo e impagado: continúa el procedimiento de apremio.
- Transcurridos los plazos del artículo 62.5 de la LGT sin ingreso, se procede según su artículo 168.
- Fraccionamiento con fracción en periodo voluntario impagada: si no se paga lo exigido, vencen las demás fracciones pendientes.
- Con garantías parciales e independientes, el acuerdo sigue vigente para las fracciones no cubiertas por la garantía.
- La ejecución de garantías sigue el artículo 74; la parte sobrante se pone a disposición del garante.
- Con dispensa parcial o insuficiencia sobrevenida no es necesario esperar a la ejecución para proseguir el apremio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula qué pasa cuando no se paga un aplazamiento o una fracción a su vencimiento, según el tipo de garantía constituida.