Información y asistencia al contribuyente sobre las reglas generales de la tramitación en el ámbito tributario: principios básicos y fases, liquidaciones tributarias, obligación de resolver y plazos de resolución, notificaciones, recursos y suspensiones.
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Artículo 83. Ámbito de la aplicación de los tributos.
1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco de la asistencia mutua.
2. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la Administración tributaria.
3. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en este título.
4. Corresponde a cada Administración tributaria determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la aplicación de los tributos.
Datos clave
- La aplicación de los tributos comprende la información y asistencia, la gestión, la inspección y la recaudación, así como las actuaciones de los obligados.
- También es aplicación de los tributos lo que se realice en el marco de la asistencia mutua.
- Las funciones de aplicación se ejercen de forma separada a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
- Se desarrolla a través de los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en el título.
- Cada Administración tributaria determina su estructura administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La aplicación de los tributos abarca información y asistencia, gestión, inspección y recaudación, más las actuaciones de los obligados; va separada de la resolución de reclamaciones económico-administrativas.
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Artículo 84. Competencia territorial en la aplicación de los tributos.
La competencia en el orden territorial se atribuirá al órgano que se determine por la Administración tributaria, en desarrollo de sus facultades de organización, mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente.
En defecto de disposición expresa, la competencia se atribuirá al órgano funcional inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario.
Datos clave
- La competencia territorial se atribuye al órgano que determine la Administración tributaria en desarrollo de sus facultades de organización.
- La disposición debe publicarse en el boletín oficial correspondiente.
- En defecto de disposición expresa: órgano funcional inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La competencia territorial la fija la Administración tributaria mediante disposición publicada; a falta de ella, corresponde al órgano funcional inferior del domicilio fiscal del obligado.
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Artículo 85. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios.
1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:
a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
c) Contestaciones a consultas escritas.
d) Actuaciones previas de valoración.
e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.
Datos clave
- La Administración deberá prestar la necesaria información y asistencia acerca de los derechos y obligaciones de los obligados tributarios.
- Publicación de textos actualizados de las normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
- Comunicaciones y actuaciones de información de los servicios destinados a tal efecto.
- Contestaciones a consultas escritas y actuaciones previas de valoración.
- Asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.
- La enumeración de actuaciones no es cerrada («entre otras»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración debe informar y asistir a los obligados sobre sus derechos y obligaciones, entre otras vías mediante publicaciones, comunicaciones, consultas escritas, valoraciones previas y ayuda con declaraciones.
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Artículo 92. Colaboración social.
El artículo 92 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula la colaboración social en la aplicación de los tributos.
1. Los interesados podrán colaborar en la aplicación de los tributos en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. En particular, dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.
3. La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:
a) Realización de estudios o informes relacionados con la elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la aplicación de los medios a que se refieren los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 57 de esta ley.
b) Campañas de información y difusión.
c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
d) Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su correcta cumplimentación.
e) Presentación y remisión a la Administración tributaria de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.
f) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.
g) Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.
h) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios.
4. La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Datos clave
- Los interesados pueden colaborar en la aplicación de los tributos en los términos que se determinen reglamentariamente.
- Se instrumenta mediante acuerdos con otras Administraciones públicas, entidades privadas o instituciones representativas.
- Específicamente, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para potenciar el cumplimiento cooperativo.
- Ocho aspectos de colaboración, letras a) a h) del apartado 3.
- Presentación de documentos, subsanación de defectos, información de devoluciones y certificados: previa autorización de los obligados tributarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interesados pueden colaborar con Hacienda en la aplicación de los tributos mediante acuerdos, en ocho aspectos, varios de ellos solo con autorización previa de los obligados tributarios.
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Artículo 94. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar.
1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes o disposiciones reglamentarias vigentes.
2. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales.
4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtengan en el ejercicio de sus funciones, de oficio, con carácter general o mediante requerimiento individualizado en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria de los obligados en el curso del procedimiento de comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.
5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Datos clave
- Obligados: autoridades, órganos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, organismos públicos, colegios profesionales, mutualidades y gestoras de la Seguridad Social.
- Quedan sujetos también los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
- Juzgados y tribunales: facilitan datos de oficio o a requerimiento, respetando el secreto de las diligencias sumariales.
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo facilitan datos con trascendencia tributaria.
- La cesión de datos personales a la Administración tributaria no requiere el consentimiento del afectado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Extiende el deber de informar y colaborar con Hacienda a autoridades, organismos públicos, colegios profesionales, partidos políticos, sindicatos, juzgados y tribunales, y permite ceder datos personales a la Administración tributaria sin necesidad de consentimiento del afectado.
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Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada.
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
d) La colaboración con las Administraciones públicas para la prevención y lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, incluyendo las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.
i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas.
j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos.
k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.
l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Público.
m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes y derechos susceptibles de ser embargados o decomisados en un determinado proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.
n) La colaboración con las entidades responsables de los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones vinculadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en relación con el análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés.
2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.
3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.
Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente.
4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.
5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.
6. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el artículo 177 ter de esta Ley.
Datos clave
- Los datos obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado.
- Solo se usan para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones; no se ceden salvo en los supuestos de las letras a) a n) del apartado 1.
- Cesión preferente por medios informáticos o telemáticos; no se exigirán certificados si la información está disponible por esos medios.
- La infracción del deber de sigilo se considera siempre falta disciplinaria muy grave.
- Retenedores y obligados a ingresos a cuenta: uso de datos solo para los pagos a cuenta y deber de sigilo.
- La cesión en asistencia mutua se rige por el artículo 177 ter.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los datos tributarios son reservados: solo sirven para aplicar tributos e imponer sanciones y solo se ceden en los catorce supuestos tasados; romper el sigilo es siempre falta muy grave.
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Artículo 95 bis. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.
1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, incluidos los que tengan la condición de deudores al haber sido declarados responsables solidarios, por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de responsabilidad solidaria, supere el importe de 600.000 euros.
b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario.
En el supuesto de deudas incluidas en acuerdos de declaración de responsabilidad será necesario que haya transcurrido el plazo de pago del artículo 62.2 de esta Ley tras la notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.
A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.
2. En dichos listados se incluirá la siguiente información:
a) La identificación de los deudores conforme al siguiente detalle:
– Personas Físicas: nombre apellidos y NIF.
– Personas Jurídicas y entidades del artículo 35.4 de esta Ley: razón o denominación social completa y NIF.
b) El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.
3. En el ámbito del Estado, la publicidad regulada en este artículo se referirá exclusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración Tributaria del Estado no habiendo existido delegación alguna de competencias en estos ámbitos a favor de las Comunidades Autónomas o Entes Locales.
La publicidad regulada en este artículo resultará de aplicación respecto a los tributos que integran la deuda aduanera.
4. La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo.
La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para entender realizada dicha comunicación la acreditación por parte de la Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.
En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a la fecha de referencia antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias.
Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el apartado 1 o a los pagos efectuados por el deudor a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose aportar en este caso justificación fehaciente de dichos pagos.
Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración podrá acordar la rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales determinados en el apartado 1 o cuando a la conclusión del plazo para formular alegaciones se hubiera satisfecho la totalidad de las deudas o sanciones tributarias.
Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.
Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.
La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado.
Mediante Orden Ministerial se establecerán la fecha de publicación, que deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los correspondientes ficheros y registros.
La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.
El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por su normativa de desarrollo.
5. En el ámbito de competencias del Estado, será competente para dictar los acuerdos de publicación regulados en este artículo el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
6. En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo reflejada es la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 4, sin que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, salvo que se verifique el pago en los casos y con los requisitos señalados en dicho apartado.
Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de impugnación establecido en esta Ley en relación con las actuaciones y procedimientos de los que se deriven las deudas y sanciones tributarias ni tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos iniciados o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las mismas.
Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo en orden a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen causa de interrupción a los efectos previstos en el artículo 68 de esta Ley.
7. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa.
Datos clave
- Publicación de listados de deudores con deudas y sanciones pendientes superiores a 600.000 euros.
- Deben no haberse pagado transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario; se excluyen las aplazadas o suspendidas.
- Fecha de referencia: 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación.
- Alegaciones en el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación.
- Publicación durante el primer semestre de cada año, por medios electrónicos; los listados dejan de ser accesibles a los tres meses.
- Competente en el ámbito estatal: el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- El acuerdo de publicación pone fin a la vía administrativa y no interrumpe la prescripción del artículo 68.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda publica cada año la lista de grandes deudores: más de 600.000 euros pendientes tras el periodo voluntario, a 31 de diciembre del año anterior, con 10 días para alegar.
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Artículo 96. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas.
1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.
2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.
3. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia. Además, cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse.
4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.
Datos clave
- La Administración tributaria promoverá técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con las limitaciones de la Constitución y las leyes.
- Los ciudadanos podrán relacionarse por estos medios cuando sea compatible con los medios técnicos de la Administración.
- Actuación automatizada: se identifican los órganos de programación y supervisión y los competentes para resolver recursos.
- Los programas y aplicaciones deben ser previamente aprobados por la Administración tributaria.
- Los documentos electrónicos tienen la misma validez y eficacia que los originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria debe impulsar el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, que tienen la misma validez que los documentos en papel si se garantiza su autenticidad e integridad.
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Artículo 97. Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.
Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:
a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Datos clave
- En primer lugar rigen las normas especiales del título y su normativa reglamentaria de desarrollo.
- También las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y su desarrollo reglamentario.
- Supletoriamente se aplican las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos de aplicación de los tributos se rigen primero por las normas tributarias especiales y su desarrollo, y solo supletoriamente por las normas generales del procedimiento administrativo.
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Artículo 98. Iniciación de los procedimientos tributarios.
1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa tributaria.
4. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.
Datos clave
- Inicio de oficio o a instancia del obligado tributario.
- Medios de inicio a instancia: autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro previsto en la normativa tributaria.
- Los documentos de iniciación deben incluir nombre y apellidos o razón social y NIF del obligado y, en su caso, de su representante.
- Modelos y sistemas normalizados para los casos de tramitación masiva.
- El Ministro de Hacienda puede determinar cuándo es obligatoria la presentación por medios telemáticos en el ámbito estatal.
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Los procedimientos tributarios se inician de oficio o a instancia; los escritos de inicio deben identificar al obligado y su representante, y Hacienda puede aprobar modelos y exigir presentación telemática.
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Artículo 99. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.
1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.
Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.
Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.
El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.
Datos clave
- Se pueden rehusar documentos no exigibles o ya presentados que estén en poder de la Administración actuante.
- Derecho a certificación de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones presentadas.
- Copias del expediente a costa del obligado, en el trámite de audiencia o, en su defecto, en el de alegaciones.
- Para la prueba no es necesaria la apertura de un período específico.
- Documentación: comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos; las diligencias son documentos públicos y no pueden contener propuestas de liquidación.
- Se puede prescindir de la audiencia con actas con acuerdo o si hay alegaciones posteriores a la propuesta.
- El trámite de alegaciones dura entre 10 y 15 días.
- Videoconferencia: cuando lo determine la Administración y con conformidad del obligado.
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Reglas comunes de desarrollo de los procedimientos tributarios: qué documentos puedes negarte a aportar, copias y certificados, cómo se documentan las actuaciones, audiencia y alegaciones de 10 a 15 días y videoconferencia.
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Artículo 100. Terminación de los procedimientos tributarios.
1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.
Datos clave
- Formas de terminación: resolución, desistimiento y renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud.
- También la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas y la caducidad.
- También el cumplimiento de la obligación objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
- La contestación automatizada tiene la consideración de resolución cuando esté prevista esa forma de terminación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos tributarios terminan por resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad sobrevenida, caducidad, cumplimiento de lo requerido u otra causa prevista; la contestación automatizada puede valer como resolución.
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Artículo 101. Las liquidaciones tributarias: concepto y clases.
1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.
2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
3. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.
4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.
Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección en los siguientes supuestos:
a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el acuerdo al que se refiere el artículo 155 de esta ley no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, cuando la conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de regularización, cuando se realice una comprobación de valor y no sea el objeto único de la regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.
c) En todo caso tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 250.2 de esta Ley.
Datos clave
- La liquidación es el acto resolutorio que determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad a devolver o a compensar.
- La Administración no está obligada a ajustarse a los datos consignados por los obligados.
- Las liquidaciones son provisionales o definitivas.
- Definitivas: las del procedimiento inspector tras comprobar e investigar la totalidad de los elementos, y las demás a las que la normativa otorgue tal carácter.
- En los demás casos son provisionales.
- En inspección cabe liquidación provisional en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 4.
- Siempre son provisionales las dictadas al amparo del artículo 250.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La liquidación es el acto que cuantifica la deuda o lo que se devuelve o compensa; puede ser provisional o definitiva, y solo es definitiva la inspección completa o la que la norma califique así.
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Artículo 102. Notificación de las liquidaciones tributarias.
1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.
2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.
4. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.
Datos clave
- Las liquidaciones se notifican conforme a la sección 3.ª del capítulo II del título III de la ley.
- Contenido: identificación del obligado, elementos determinantes de la cuantía y motivación cuando no se ajusten a los datos del obligado.
- Contenido: medios de impugnación, órgano y plazo; lugar, plazo y forma de pago; carácter provisional o definitivo.
- En tributos de cobro periódico por recibo, tras notificar el alta, las sucesivas liquidaciones pueden notificarse colectivamente mediante edictos.
- El aumento de base imponible se notifica con expresión concreta de hechos, salvo revalorizaciones generales autorizadas por las leyes.
- Reglamentariamente pueden fijarse supuestos sin notificación expresa, con advertencia por escrito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las liquidaciones se notifican con seis menciones obligatorias; en tributos periódicos por recibo cabe la notificación colectiva por edictos tras la del alta, y el aumento de base debe motivarse.
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Artículo 103. Obligación de resolver.
1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.
2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.
No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.
3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.
Datos clave
- Obligación de resolver expresamente todas las cuestiones y de notificar la resolución expresa.
- Sin obligación de resolver: derechos que sólo deban ser objeto de comunicación, caducidad, pérdida sobrevenida del objeto, renuncia o desistimiento.
- Si el interesado solicita expresamente que se declaren esas circunstancias, la Administración queda obligada a contestar.
- Deben motivarse los actos de liquidación, de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión.
- La motivación es con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria debe resolver y notificar expresamente, salvo en ciertos casos (comunicación, caducidad, pérdida de objeto, renuncia, desistimiento), y motivar sucintamente determinados actos.
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Artículo 104. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa.
1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.
El plazo se contará:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.
b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.
2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.
En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.
Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, y los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.
3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda.
En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.
4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.
En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:
a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.
Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.
Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.
Datos clave
- Plazo máximo de resolución: el de la normativa del procedimiento, sin exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o normativa comunitaria; si no se fija, seis meses.
- Cómputo: de oficio, desde la notificación del acuerdo de inicio; a instancia, desde la entrada en el registro del órgano competente.
- El procedimiento de apremio queda excluido y puede extenderse hasta la prescripción del derecho de cobro.
- Basta un intento de notificación con el texto íntegro de la resolución; en notificación electrónica, la puesta a disposición.
- A instancia de parte, sin regulación expresa: silencio estimatorio, salvo derecho de petición (art. 29 CE) e impugnación de actos y disposiciones (desestimatorio).
- Paralización imputable al obligado: advertencia de caducidad transcurridos tres meses.
- De oficio, sin regulación expresa: desestimación si podían derivarse efectos favorables; caducidad si eran desfavorables o de gravamen.
- La caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero las actuaciones caducadas no la interrumpen y conservan validez probatoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazo máximo de resolución de seis meses salvo ley o norma europea, cómo se cuenta, qué basta para notificar a tiempo y qué pasa si no se resuelve: silencio o caducidad según el procedimiento.
Esquema
| Procedimiento | Efecto | |
|---|---|---|
| A instancia de parte (regla) | Solicitud del interesado | Silencio estimatorio |
| Derecho de petición e impugnación | A instancia de parte | Silencio desestimatorio |
| De oficio con efectos favorables | Reconocimiento de derechos | Desestimación por silencio |
| De oficio desfavorable o de gravamen | Efectos de gravamen | Caducidad |
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Artículo 105. Carga de la prueba.
1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
Datos clave
- Quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo.
- Se aplica en los procedimientos de aplicación de los tributos.
- Los obligados tributarios cumplen su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien hace valer un derecho debe probar sus hechos constitutivos, pero el obligado cumple designando concretamente las pruebas que ya tiene la Administración.
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Artículo 106. Normas sobre medios y valoración de la prueba.
1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
2. Las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua podrán incorporarse, con el valor probatorio que proceda conforme al apartado anterior, al procedimiento que corresponda.
3. La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales de deducibilidad para determinadas operaciones que tengan relevancia para la cuantificación de la obligación tributaria.
4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.
Datos clave
- Se aplican las normas sobre medios y valoración de prueba del Código Civil y de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
- Las pruebas de otros Estados o entidades internacionales en el marco de la asistencia mutua pueden incorporarse al procedimiento.
- La ley de cada tributo puede exigir requisitos formales de deducibilidad.
- Gastos y deducciones de operaciones empresariales o profesionales: se justifican de forma prioritaria mediante factura.
- La factura no es un medio de prueba privilegiado: si la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, el obligado debe probar la realidad de las operaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prueba tributaria se rige por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil; los gastos empresariales se justifican prioritariamente con factura, pero la factura no es prueba privilegiada.
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Artículo 107. Valor probatorio de las diligencias.
1. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
2. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.
Datos clave
- Las diligencias tienen naturaleza de documentos públicos.
- Hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
- Los hechos aceptados por el obligado tributario y sus manifestaciones se presumen ciertos.
- Solo pueden rectificarse mediante prueba de que se incurrió en error de hecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las diligencias son documentos públicos que hacen prueba salvo prueba en contrario; los hechos aceptados y las manifestaciones del obligado se presumen ciertos y solo los rectifica probando error de hecho.
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Artículo 108. Presunciones en materia tributaria.
El artículo 108 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula las presunciones en materia tributaria.
1. Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.
2. Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
3. La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario.
Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.
5. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, se podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidación correspondientes cuando la Administración Tributaria no pueda, en base a la información obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.
Datos clave
- Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo que una norma con rango de ley lo prohíba.
- Presunciones no establecidas por normas: enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
- Se puede considerar titular a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
- Los datos de las autoliquidaciones y declaraciones se presumen ciertos para el obligado y solo se rectifican mediante prueba en contrario.
- Datos de terceros (artículos 93 y 94): se presumen ciertos, pero deben contrastarse si el obligado alega su inexactitud o falsedad.
- Periodos de liquidación inferiores al año: cabe la distribución lineal de la cuota anual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las presunciones legales admiten prueba en contrario salvo que una ley lo prohíba; se presume titular a quien figura en un registro y ciertos los datos que tú mismo declaras.
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Artículo 109. Notificaciones en materia tributaria.
El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.
Datos clave
- El régimen de notificaciones tributarias es el previsto en las normas administrativas generales.
- Se aplican las especialidades establecidas en la sección de notificaciones de la Ley General Tributaria.
- Las normas administrativas generales actúan como régimen común y las reglas de la sección como especialidades tributarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las notificaciones tributarias siguen el régimen administrativo general con las especialidades previstas en su sección específica.
Artículo 110. Lugar de práctica de las notificaciones.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
Datos clave
- A solicitud del interesado: en el lugar señalado por el obligado o su representante.
- En su defecto, en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
- De oficio: en el domicilio fiscal del obligado o su representante, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica.
- De oficio cabe también cualquier otro lugar adecuado a tal fin.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A instancia del interesado, se notifica en el lugar que señale o, si no, en el domicilio fiscal; de oficio, en el domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad u otro adecuado.
Esquema
| A solicitud del interesado | De oficio | |
|---|---|---|
| Lugar | El señalado por el obligado o representante; en su defecto, el domicilio fiscal | Domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad o cualquier otro adecuado |
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Artículo 111. Personas legitimadas para recibir las notificaciones.
1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.
2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.
Datos clave
- Si el obligado o su representante no están presentes, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el lugar o domicilio y haga constar su identidad.
- También pueden recibirla los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios.
- Rige cuando se notifica en el lugar señalado o en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
- El rechazo de la notificación por el interesado o su representante implica que se tenga por efectuada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Determina quién puede hacerse cargo de una notificación cuando el interesado no está presente, y qué efecto tiene rechazarla.
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Artículo 112. Notificación por comparecencia.
El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la notificación por comparecencia.
1. Supuesto y forma de citación
Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el «Boletín Oficial del Estado».
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. Si el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.
2. Contenido de la publicación y plazo de comparecencia
En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
3. Efectos sobre las actuaciones posteriores
Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.
Datos clave
- Procede cuando la notificación no es posible por causas no imputables a la Administración, tras al menos dos intentos en el domicilio fiscal o designado.
- Basta un solo intento si el destinatario consta como desconocido.
- Citación mediante anuncio publicado una sola vez para cada interesado en el «Boletín Oficial del Estado».
- El BOE publica estos anuncios los lunes, miércoles y viernes de cada semana.
- Plazo de comparecencia: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio.
- Sin comparecencia, la notificación se entiende producida el día siguiente al vencimiento del plazo.
- Las liquidaciones y los acuerdos de enajenación de bienes embargados deben notificarse siempre conforme a esta Sección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si no se puede notificar en el domicilio tras dos intentos (o uno si es desconocido), se cita por anuncio en el BOE y el interesado tiene 15 días naturales para comparecer.
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Artículo 113. Autorización judicial para la entrada en el domicilio de los obligados tributarios.
Cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.
La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada en el mencionado domicilio deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.
Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial.
Datos clave
- Para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se necesita el consentimiento del obligado o autorización judicial.
- La solicitud debe motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada.
- La solicitud y concesión pueden practicarse aun antes del inicio formal del procedimiento.
- El acuerdo de entrada debe identificar al obligado tributario y los conceptos y períodos objeto de comprobación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para entrar o registrar el domicilio constitucionalmente protegido, Hacienda necesita el consentimiento del obligado o autorización judicial motivada, que puede pedirse incluso antes de iniciar el procedimiento.
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Artículo 114. Denuncia pública.
1. Mediante la denuncia pública se podrán poner en conocimiento de la Administración tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. La denuncia pública es independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria regulado en los artículos 93 y 94 de esta ley.
2. Recibida una denuncia, se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que pudieran proceder. Este órgano podrá acordar el archivo de la denuncia cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente los hechos o las personas denunciadas.
Se podrán iniciar las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y éstos son desconocidos para la Administración tributaria. En este caso, la denuncia no formará parte del expediente administrativo.
3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia ni se le informará del resultado de las mismas. Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.
Datos clave
- La denuncia pública pone en conocimiento hechos que puedan constituir infracciones tributarias o tener trascendencia tributaria.
- Es independiente del deber de colaborar de los artículos 93 y 94.
- Puede archivarse si es infundada o no concreta suficientemente los hechos o las personas.
- La denuncia no forma parte del expediente administrativo.
- El denunciante no es interesado, no se le informa del resultado y no está legitimado para recurrir.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula la denuncia pública como cauce para poner hechos en conocimiento de Hacienda, sin que el denunciante se convierta en interesado del procedimiento.
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Artículo 115. Potestades y funciones de comprobación e investigación.
1. La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables.
Dichas comprobación e investigación se podrán realizar aún en el caso de que las mismas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley, siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley que no hubiesen prescrito, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 66 bis.2 de esta Ley, en los que resultará de aplicación el límite en el mismo establecido.
En particular, dichas comprobaciones e investigaciones podrán extenderse a hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en ejercicios o periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) citado en el párrafo anterior, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido.
2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación a que se refiere este artículo, la Administración Tributaria podrá calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste último hubiera dado a los mismos y del ejercicio o periodo en el que la realizó, resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de esta Ley.
La calificación realizada por la Administración Tributaria en los procedimientos de comprobación e investigación en aplicación de lo dispuesto en este apartado extenderá sus efectos respecto de la obligación tributaria objeto de aquellos y, en su caso, respecto de aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley.
3. Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración tributaria podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos provisionales conforme a lo dispuesto en el título V de esta ley.
Datos clave
- La Administración Tributaria puede comprobar e investigar los hechos y circunstancias determinantes de la obligación tributaria.
- Puede afectar a ejercicios prescritos (artículo 66.a) cuando sea precisa para derechos no prescritos, salvo el límite del artículo 66 bis.2.
- Puede calificar hechos y negocios con independencia de la calificación del obligado, aplicando en su caso los artículos 13, 15 y 16.
- Los actos de beneficios fiscales condicionados a requisitos no comprobados tienen carácter provisional.
- Se pueden regularizar sin revisión previa de dichos actos conforme al título V.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda comprueba e investiga todo lo que determina la obligación tributaria, incluso ejercicios prescritos si afectan a derechos vivos, y puede recalificar los negocios del obligado.
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Artículo 116. Plan de control tributario.
La Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen.
Datos clave
- La Administración tributaria elabora anualmente un Plan de control tributario.
- El Plan tiene carácter reservado.
- Se pueden hacer públicos los criterios generales que lo informen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria elabora cada año un Plan de control tributario reservado, aunque puede publicar sus criterios generales.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 222. Objeto y naturaleza del recurso de reposición.
1. Los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo.
2. El recurso de reposición deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa.
Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo.
Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo.
Datos clave
- El recurso de reposición es potestativo.
- Procede contra actos susceptibles de reclamación económico-administrativa.
- Se interpone, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa.
- No cabe promover la reclamación hasta la resolución expresa o la desestimación por silencio.
- Si se interponen ambos contra el mismo acto, se tramita el primero y se declara inadmisible el segundo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurso de reposición es potestativo y previo a la reclamación económico-administrativa; si se interpone, hay que esperar a su resolución o al silencio, y si se presentan ambos, solo se tramita el primero.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 223. Iniciación y tramitación del recurso de reposición.
1. El plazo para la interposición de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.
2. Si el recurrente precisase del expediente para formular sus alegaciones, deberá comparecer durante el plazo de interposición del recurso para que se le ponga de manifiesto.
3. A los legitimados e interesados en el recurso de reposición les serán aplicables las normas establecidas al efecto para las reclamaciones económico-administrativas.
4. La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial del recurrente.
Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los mismos para que puedan formular alegaciones.
Datos clave
- Plazo de interposición: un mes desde el día siguiente al de la notificación o al de los efectos del silencio.
- Deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva: desde el día siguiente al fin del período voluntario de pago.
- Para ver el expediente hay que comparecer durante el plazo de interposición.
- Legitimados e interesados: se aplican las normas de las reclamaciones económico-administrativas.
- Se conocen todas las cuestiones de hecho o de derecho del expediente, sin poder empeorar la situación inicial del recurrente.
- Las cuestiones no planteadas se exponen a los interesados para alegaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el plazo y la tramitación del recurso de reposición: 1 mes para interponerlo y examen de todas las cuestiones del expediente, planteadas o no, sin que pueda empeorar la situación del recurrente.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 224. Suspensión de la ejecución del acto recurrido en reposición.
1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.
Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.
2. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado anterior serán exclusivamente las siguientes:
a) Depósito de dinero o valores públicos.
b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.
3. Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
4. Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.
5. En los casos del artículo 68.9 de esta Ley, si el recurso afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que, en su caso, deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial del recurso.
6. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, se liquidará interés de demora por todo el período de suspensión, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 26 y en el apartado 3 del artículo 212 de esta ley.
Datos clave
- Suspensión automática a instancia del interesado si se garantiza el importe del acto, los intereses de demora y los recargos.
- Las sanciones tributarias impugnadas quedan suspendidas automáticamente sin necesidad de garantías.
- La impugnación de un acto censal de un tributo de gestión compartida no suspende el cobro de la liquidación.
- Garantías exclusivas: depósito de dinero o valores públicos; aval o fianza solidaria de entidad de crédito o SGR o seguro de caución; fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia.
- Suspensión sin garantía si se aprecia posible error aritmético, material o de hecho.
- Si el recurso es parcial, la suspensión se refiere a la parte recurrida y debe ingresarse el resto.
- Si procede ingresar, se liquida interés de demora por todo el período de suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recurrir en reposición suspende automáticamente el acto si se garantiza importe, intereses y recargos con las garantías tasadas; las sanciones se suspenden sin garantía y el error evidente permite suspender sin ella.
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Artículo 225. Resolución del recurso de reposición.
1. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido.
Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se diga otra cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado.
2. El órgano competente para conocer del recurso de reposición no podrá abstenerse de resolver, sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia de los preceptos legales.
La resolución contendrá una exposición sucinta de los hechos y los fundamentos jurídicos adecuadamente motivados que hayan servido para adoptar el acuerdo.
3. En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente el recurso contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario de acuerdo con el artículo 68.9 de esta Ley, se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.
Si de dicha regularización resultase la anulación de la liquidación de la obligación conexa distinta de la recurrida y la práctica de una nueva liquidación que se ajuste a lo resuelto en el recurso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26.5 de esta Ley.
4. El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso.
En el cómputo del plazo anterior no se incluirá el período concedido para efectuar alegaciones a los titulares de derechos afectados a los que se refiere al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 232 de esta ley, ni el empleado por otros órganos de la Administración para remitir los datos o informes que se soliciten. Los períodos no incluidos en el cómputo del plazo por las circunstancias anteriores no podrán exceder de dos meses.
Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, y siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta ley.
5. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.
6. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso.
Datos clave
- Competente: el órgano que dictó el acto recurrido; en actos por delegación, el órgano delegado salvo que se diga otra cosa.
- No cabe abstenerse de resolver alegando duda racional o deficiencia de los preceptos legales.
- Plazo máximo para notificar la resolución: un mes desde el día siguiente al de presentación.
- Los períodos excluidos del cómputo no pueden exceder de dos meses.
- Vencido el plazo sin resolución y con suspensión acordada, deja de devengarse el interés de demora.
- Transcurrido un mes desde la interposición, puede entenderse desestimado para interponer la reclamación procedente.
- Contra la resolución de un recurso de reposición no cabe de nuevo este recurso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Resuelve la reposición el mismo órgano que dictó el acto, sin poder abstenerse, en un mes desde el día siguiente a su presentación; pasado ese mes puede entenderse desestimada y no cabe otra reposición.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 42
Práctica de las notificaciones en papel. 1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. 3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
Datos clave
- ¿Qué expresión utiliza el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 sobre la edad de quien puede recibir la notificación en el domicilio si el interesado está ausente? → Mayor de catorce años.
- Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo debe repetirse el intento de notificación en papel cuando nadie se hace cargo? → Por una sola vez, en hora distinta y dentro de los tres días siguientes
- Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué margen mínimo debe mediar entre los dos intentos de notificación en papel? → Tres horas
- Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre con las notificaciones practicadas en papel respecto de la sede electrónica? → Se ponen en la sede electrónica para permitir el acceso voluntario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las notificaciones en papel se ponen también en la sede electrónica. En el domicilio, si falta el interesado, puede recogerla un mayor de catorce años; si nadie la recoge, un solo segundo intento en tres días, al otro lado de las quince horas y con tres horas de margen.