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El funcionamiento electrónico del sector público. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Registros y archivo electrónico. Identificación y firma de los interesados. Normativa de protección de datos personales: principios, derechos y su ejercicio.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 9

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c). 3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • ¿Cuánto debe transcurrir desde la comunicación para que un sistema de la letra c) tenga eficacia jurídica? → Dos meses, durante los cuales el órgano estatal competente por seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional.
  • ¿En qué plazo emite su informe vinculante la Secretaría de Estado de Seguridad? → En diez días desde su solicitud.
  • ¿Dónde deben situarse los recursos técnicos de los sistemas de la letra c)? → En territorio de la Unión Europea y, si hay categorías especiales de datos del art. 9 del RGPD, en territorio español.
  • Letra a) firma, letra b) sello, letra c) el cajón de sastre con condiciones. Los certificados de a) y b) son siempre cualificados y de la Lista de confianza.
  • Dos cifras de la letra c): dos meses para que el sistema sea eficaz, diez días para el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Geografía de los datos: UE como regla, España si son categorías especiales del art. 9 del RGPD.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe verificar la identidad del interesado. Electrónicamente valen tres sistemas: certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello y otros que la Administración admita previa comunicación, con dos meses de espera y datos alojados en la UE.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 10

Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Datos clave

  • ¿Qué debe permitir acreditar el medio de firma elegido? → La autenticidad de la voluntad y el consentimiento del firmante, y la integridad e inalterabilidad del documento.
  • ¿Cuánto ha de transcurrir desde la comunicación de un sistema de la letra c) hasta su eficacia jurídica? → Dos meses.
  • Cuando lo disponga expresamente la normativa reguladora, las Administraciones Públicas pueden admitir los sistemas de identificación como sistema de firma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Firmar sirve para acreditar voluntad e integridad. Si el interesado va por vía electrónica, la ley tasa qué sistemas valen.

Esquema

Identificar (art. 9) frente a firmar (art. 10)
Identificación (art. 9)Firma (art. 10)
Certificados cualificados de firmaSíSí
Certificados cualificados de selloSíSí
Otros sistemas con registro previoSíSí
Plazo previo a la eficacia jurídicaDos mesesDos meses

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 11

Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos.

Datos clave

  • Según el artículo 11.1 de la Ley 39/2015, ¿qué basta con carácter general para realizar una actuación prevista en el procedimiento? → La previa acreditación de la identidad por un medio admitido.
  • ¿Para cuál de estas actuaciones exige firma el artículo 11.2 de la Ley 39/2015? → Para presentar una declaración responsable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter general basta acreditar la identidad. El artículo 11.2 enumera las actuaciones para las que se requiere obligatoriamente firma.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 12

Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Datos clave

  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a quién deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos? → A los interesados no obligados que lo soliciten, en los términos del artículo.
  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no obligado carece de medios electrónicos, ¿cómo puede realizarse válidamente su identificación o firma? → Por un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 12.2 prevé asistencia a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que la soliciten, especialmente en identificación y firma, solicitudes y copias auténticas.

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Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
  • Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
  • Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
  • Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración sin ser todavía parte de un procedimiento. No confundir con los derechos del interesado del artículo 53.

Esquema

Artículo 13 frente a artículo 53
Art. 13 · derechos de las personasArt. 53 · derechos del interesado
TitularQuien tiene capacidad de obrarQuien es interesado en un procedimiento
MomentoAntes o al margen del procedimientoDentro del procedimiento
Ejemplo típicoAcceso a información públicaConocer el estado de la tramitación

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 14

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Datos clave

  • Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujeto está obligado a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite administrativo? → Una entidad sin personalidad jurídica.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿puede una persona física cambiar el medio por el que se comunica con la Administración? → Sí, en cualquier momento, si no está obligada al canal electrónico.
  • ¿Qué profesionales menciona expresamente el último inciso del artículo 14.2.c de la Ley 39/2015? → Los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles
  • Según el artículo 14.2.e de la Ley 39/2015, y en la forma que determine reglamentariamente cada Administración, ¿a qué trámites se limita la obligación electrónica de sus empleados? → A los realizados por su condición de empleado público.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué situación obliga a relacionarse electrónicamente a quien actúa por otro? → Representar a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
  • Para determinados procedimientos y colectivos con acceso y disponibilidad de medios acreditados, ¿por qué vía permite el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 establecer la obligación electrónica? → Mediante una disposición de carácter reglamentario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas físicas eligen y pueden cambiar en todo momento si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas. Lo están, al menos, personas jurídicas, entes sin personalidad, colegiados, sus representantes y empleados públicos, y el reglamento puede ampliar.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 16

Registros. 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Datos clave

  • ¿Qué se asienta en el Registro Electrónico General? → Todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo público o entidad vinculada; también puede anotarse la salida de documentos oficiales.
  • ¿Cómo funciona el Registro Electrónico General respecto de los registros de cada organismo? → Como un portal que facilita el acceso a ellos.
  • Palabras clave del artículo: general, interoperable, interconectado y portal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene un Registro Electrónico General que funciona como portal; los organismos pueden tener el suyo, siempre interoperable e interconectado.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 26

Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. 1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

Datos clave

  • ¿Qué documentos están exceptuados de firma electrónica por el artículo 26.3 de la Ley 39/2015? → Los meramente informativos y los que no formen parte de un expediente, identificando su origen.
  • ¿Qué requisito temporal enumera el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para un documento electrónico administrativo válido? → Una referencia temporal del momento en que se ha emitido.
  • Además de información electrónica identificable, metadatos y referencia temporal, ¿qué exige el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 para el documento electrónico administrativo válido? → Las firmas electrónicas que correspondan según la normativa aplicable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La excepción no elimina la necesidad de identificar el origen del documento. No deben generalizarse los requisitos de firma sin atender al tipo de documento.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 27

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. 1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas: a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado. 4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. 5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. 6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

Datos clave

  • Según el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, ¿en qué plazo se expide, salvo las excepciones legales, la copia auténtica de un documento público administrativo solicitada al órgano emisor? → Quince días desde la recepción de la solicitud.
  • Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué validez tienen las copias auténticas realizadas por una Administración respecto de las restantes? → Tienen validez ante las restantes Administraciones.
  • Según el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, ¿qué deben garantizar las copias auténticas? → La identidad del órgano que realiza la copia y su contenido.
  • Según el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué efectos tienen las copias auténticas de documentos privados? → Surten únicamente efectos administrativos.
  • ¿Qué vías prevé el artículo 27.1 de la Ley 39/2015 para realizar copias auténticas? → Funcionario habilitado o actuación administrativa automatizada.
  • Según el artículo 27.3.c de la Ley 39/2015, ¿para qué sirve el código generado en una copia en papel de un documento electrónico? → Para contrastarla accediendo a los archivos electrónicos del emisor.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La solicitud se dirige al órgano que emitió el original y la copia se expide en quince días desde su recepción, salvo las excepciones derivadas de la Ley 19/2013.

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Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.

7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

Datos clave

  • Los interesados aportan los datos y documentos exigidos y pueden aportar cualquier otro que estimen conveniente.
  • Tienen derecho a no aportar documentos que ya obren en la Administración actuante o hayan sido elaborados por otra; la Administración los recaba salvo oposición (no cabe en potestades sancionadoras o de inspección).
  • No se exigen originales salvo que la normativa lo establezca con carácter excepcional; las copias aportadas solo tienen eficacia en la actividad de las Administraciones.
  • Los interesados se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué documentos aporta el interesado y cuáles no: no hay que entregar lo que ya tiene la Administración, salvo oposición; no se piden originales salvo excepción, y el interesado responde de la veracidad de lo que presenta.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38

La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Datos clave

  • ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
  • ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
  • Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la 'oficina digital' oficial de una Administración. Su titular responde de que todo lo que hay dentro sea veraz, esté actualizado y se sepa quién manda ahí.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 39

Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué es un portal de internet según el art. 39? → El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
  • Cadena de la definición: titularidad pública → punto de acceso electrónico → información publicada → (en su caso) sede electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Definición de portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad pública que da acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica. Artículo de una línea, pero de definición literal.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 40

Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos incluye siempre el certificado de un sello electrónico administrativo? → El número de identificación fiscal (NIF) y la denominación de la Administración.
  • ¿Hace falta sello para que se entienda identificada la Administración en su portal de internet? → No: basta con que la información se publique como propia en dicho portal.
  • Dato de examen: el certificado del sello lleva NIF + denominación, y solo añade la identidad del titular cuando el sello es de un órgano administrativo concreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sello electrónico identifica a la Administración como organización, no a una persona. Se basa en certificado reconocido o cualificado y su relación debe ser pública.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41

Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Datos clave

  • ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una actuación es 'automatizada' solo si la hace la máquina de principio a fin, sin que intervenga directamente ningún empleado público. Antes de activarla hay que fijar quién responde de ella.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 42

Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué dos sistemas de firma prevé el art. 42 para la actuación administrativa automatizada? → El sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado y el código seguro de verificación.
  • ¿Qué debe permitir en todo caso el código seguro de verificación? → La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
  • Dos sistemas y dos palabras clave: sello → certificado reconocido o cualificado; CSV → comprobación de la integridad en la sede.
  • Quien decide los supuestos de utilización es cada Administración Pública, no una norma estatal única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la actuación administrativa automatizada solo hay dos sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación. Cada Administración decide en qué supuestos usa cada uno.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 43

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.

Datos clave

  • ¿Con qué firma electrónica se realiza, con carácter general, la actuación de un empleado público? → Con su firma electrónica personal (la del titular del órgano o empleado).
  • ¿Qué puede sustituir a la identificación completa en la firma, por razones de seguridad pública? → El número de identificación profesional del empleado público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La regla general de actuación electrónica es la firma del titular del órgano o del empleado. Por seguridad pública, esa firma puede reducirse a un simple número de identificación profesional.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 44

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Datos clave

  • ¿Cómo se fijan las condiciones del intercambio cuando participan Administraciones distintas? → Mediante convenio suscrito entre ellas.
  • ¿Qué debe comprender, como mínimo, la regulación cuando los participantes son de la misma Administración? → La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
  • Regla rápida: ¿participan Administraciones distintas? Si sí, hace falta convenio; si es la misma Administración, lo decide ella sola.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En entornos cerrados entre Administraciones, los documentos electrónicos son válidos sin más trámite. Quién fija las condiciones depende de si es la misma Administración o varias distintas.

Esquema

Quién fija las condiciones del intercambio
Misma AdministraciónAdministraciones distintas
Cómo se regulaLo determina esa AdministraciónMediante convenio entre ellas
Contenido mínimoEmisores/receptores autorizados y naturaleza de los datosLo pactado en el convenio

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 45

Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

Datos clave

  • ¿Qué puede superponer una Administración a un documento firmado con un sistema no basado en certificado reconocido o cualificado, al remitirlo a otros organismos? → Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
  • Asocia 'firma no reconocida + se manda fuera' con la solución 'sello reconocido o cualificado superpuesto': es el puente de interoperabilidad del artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la firma de un documento no usa certificado reconocido o cualificado, la Administración puede 'blindarla' superponiendo un sello electrónico para que otros organismos la verifiquen sin problema.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46

Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

Datos clave

  • ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
  • ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
  • 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo se archiva en electrónico salvo que sea imposible, y con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad que aseguren que el documento se pueda leer y verificar durante años.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46 bis

Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos. Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Datos clave

  • ¿En qué territorio deben ubicarse los sistemas que tratan censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud? → Dentro del territorio de la Unión Europea.
  • ¿Cuáles son las dos excepciones para transferir estos datos a un tercer país? → Que exista decisión de adecuación de la Comisión Europea, o que lo exija una obligación internacional asumida por España.
  • Cuatro bloques de datos a memorizar juntos: censo electoral, padrones/registros de población, datos fiscales y datos de salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud son 'datos de Estado': sus sistemas deben estar en la UE y solo pueden salir a terceros países en dos casos tasados.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 1

Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Datos clave

  • ¿Qué dos objetos tiene la LOPDGDD según su art. 1? → Adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
  • ¿En qué artículo constitucional se amparan ambos objetos? → En el art. 18.4 de la Constitución.
  • Un solo artículo constitucional (18.4 CE) sostiene los dos objetivos: protección de datos y derechos digitales.
  • Letra a) = RGPD; letra b) = derechos digitales. No los mezcles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley persigue dos objetivos: adaptar España al RGPD y garantizar los derechos digitales. Ambos se apoyan en el mismo artículo de la Constitución.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 2

Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.

Datos clave

  • ¿A qué tratamientos no automatizados se aplican los Títulos I a IX? → A los de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
  • Cita los tres supuestos en que la LO 3/2018 no es de aplicación. → Los excluidos del RGPD por su art. 2.2; los de datos de personas fallecidas; y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
  • ¿Qué tres ámbitos pone el art. 2.3 como ejemplo de actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión? → Los tratamientos al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los de instituciones penitenciarias y los derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y los Mercantiles.
  • Las tres exclusiones del apartado 2 van en este orden: a) lo que el RGPD ya excluye, b) fallecidos, c) materias clasificadas. Europa, muertos y secretos.
  • Los tres ejemplos del apartado 3 también son tres: electoral, penitenciario y registral (Civil, Propiedad y Mercantiles).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Marca hasta dónde llega la ley: Títulos I a IX y artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento automatizado y al no automatizado que esté en un fichero. Deja fuera tres bloques y remite a legislación específica en materia electoral, penitenciaria y registral. Juzgados y Fiscalía sí quedan dentro, con las salvedades de sus leyes propias.

Los tratamientos de los órganos judiciales en los procesos de su competencia y los de la Oficina Judicial (ap. 4), y los del Ministerio Fiscal y la Oficina Fiscal (ap. 5), se rigen por el RGPD y esta ley orgánica, sin perjuicio de la LO 6/1985 del Poder Judicial y, en la Fiscalía, de la Ley 50/1981 y de las normas procesales aplicables.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 3

Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Datos clave

  • En caso de fallecimiento de un menor, esas facultades también pueden ejercerlas sus representantes legales o el Ministerio Fiscal (art. 3.3).
  • ¿Qué datos del fallecido pueden pedir siempre los herederos, aunque él lo prohibiera? → Los datos de carácter patrimonial (art. 3.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 3 dice quién puede pedir el acceso, la rectificación o la supresión de los datos de una persona fallecida: sus allegados y herederos, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo impida una ley.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 4

Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Datos clave

  • ¿Quién asume la responsabilidad si un intermediario transmite datos incorrectos al responsable? → El propio mediador o intermediario.
  • ¿Qué requisito debe cumplir siempre el responsable para no responder de la inexactitud? → Haber adoptado todas las medidas razonables para suprimir o rectificar los datos sin dilación.
  • Cuatro fuentes exculpatorias: afectado, intermediario, portabilidad, registro público — mnemotecnia 'AIPR'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los datos deben ser exactos y actualizados, pero el responsable queda exento si el error viene de una de cuatro fuentes tasadas y él actuó con diligencia.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 5

Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Datos clave

  • ¿Hasta cuándo dura el deber de confidencialidad del art. 5? → Se mantiene aunque haya finalizado la relación con el responsable o encargado del tratamiento.
  • ¿A quién obliga el deber de confidencialidad? → A responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
  • La confidencialidad no caduca con el contrato: sigue después de dejar el puesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo el que interviene en un tratamiento debe guardar confidencialidad, además del secreto profesional que ya tuviera, y esa obligación no termina al acabar la relación.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 6

Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Datos clave

  • ¿Cómo define el art. 6.1 el consentimiento del afectado? → Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante declaración o clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
  • ¿A qué no puede supeditarse la ejecución del contrato? → A que el afectado consienta el tratamiento de datos para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
  • Cuatro adjetivos y van en bloque: libre, específica, informada e inequívoca. Si falla uno, no hay consentimiento.
  • Tres palabras en el apartado 3 marcan el límite: mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el consentimiento con los cuatro adjetivos del RGPD y le añade dos reglas prácticas: si hay varias finalidades, debe constar de forma específica e inequívoca que se otorga para todas; y no se puede condicionar la ejecución del contrato a consentir tratamientos ajenos a esa relación.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 7

Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

Datos clave

  • Según el artículo 7.2 de la LO 3/2018, ¿quién debe consentir para basar en consentimiento el tratamiento de datos de una persona de trece años? → El titular de la patria potestad o tutela.
  • ¿Qué excepción establece el artículo 7.1 al consentimiento del menor mayor de catorce años? → Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para menores de catorce años, el tratamiento fundado en consentimiento requiere el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determine.

Mapa mental

Ley Orgánica 3/2018, art. 7
  • El titular de la patria potestad o tutela.
  • Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 8

Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Datos clave

  • ¿Qué exige el art. 8.2 para fundar un tratamiento en interés público o poderes públicos? → Que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
  • ¿Qué puede imponer la norma que ampara un tratamiento por obligación legal? → Condiciones generales del tratamiento, tipos de datos, cesiones y medidas adicionales de seguridad del capítulo IV RGPD.
  • El apartado 1 del art. 8 admite una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley; el apartado 2 exige siempre una norma con rango de ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tanto tratar por obligación legal como por interés público exigen una norma con rango de ley, pero solo la primera puede fijar condiciones y medidas de seguridad especiales.

Esquema

Dos bases del art. 8: obligación legal vs. interés público
Obligación legal (6.1.c)Interés público / poderes públicos (6.1.e)
Norma exigidaDerecho UE o rango de leyNorma con rango de ley
Qué debe hacer la normaPuede fijar condiciones, tipos de datos y cesionesDebe atribuir la competencia al responsable
Medidas adicionales de seguridadSí, puede imponerlas (cap. IV RGPD)No se menciona expresamente

¿Me lo sé? Flashcards

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 9

Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.

Datos clave

  • ¿Basta el consentimiento para tratar datos con la finalidad principal de identificar la ideología del afectado? → No; se necesita apoyarse en otro de los supuestos del art. 9.2 RGPD.
  • ¿Qué necesitan los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD? → Estar amparados en una norma con rango de ley.
  • Consentimiento + finalidad de identificar ideología/sindicato/religión/orientación sexual/creencias/etnia = NO es suficiente por sí solo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El consentimiento solo no basta para tratar datos que identifiquen ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen étnico; los de salud y similares necesitan norma con rango de ley.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 10

Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Quiénes pueden tratar datos penales sin necesitar una norma que lo ampare expresamente? → Abogados y procuradores, con los datos que les facilitan sus clientes para ejercer sus funciones.
  • ¿Dónde se regula el registro completo de datos de condenas e infracciones penales? → En la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
  • La única excepción sin norma expresa: abogados y procuradores, y solo con los datos de sus clientes para su función.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tratar datos penales fuera de fines de persecución del delito exige norma con rango legal; la única excepción sin ella son abogados y procuradores, con los datos de sus propios clientes.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 11

Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos se añaden a la información básica cuando los datos no proceden del afectado? → Las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieron.
  • ¿Qué debe saber el afectado si sus datos se usan para elaborar perfiles? → Esa circunstancia y su derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD.
  • Misma información básica en los dos casos; cuando el dato no viene del afectado se suman categorías + fuente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información básica al afectado es la misma se obtengan o no los datos de él; cuando no vienen de él se añaden categorías de datos y su fuente.

Esquema

Información según el origen de los datos
Datos obtenidos del afectado (art. 13 RGPD)Datos NO obtenidos del afectado (art. 14 RGPD)
Información básicaIdentidad del responsable, finalidad, derechos (arts. 15-22 RGPD)Misma información básica
Se añade además-Categorías de datos y fuente de procedencia

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 12

Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de derechos? → Sobre el responsable del tratamiento (art. 12.4).
  • ¿Hasta qué edad ejercen los titulares de la patria potestad los derechos en nombre del menor? → Hasta los catorce años: en nombre de los menores de catorce años.
  • ¿Puede el encargado tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos? → Sí, por cuenta del responsable, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
  • La edad que se pregunta aquí es catorce, no dieciocho: menores de catorce años actúan por medio de quien tenga la patria potestad.
  • Gratuidad con excepciones tasadas: arts. 12.5 y 15.3 del RGPD y apartados 3 y 4 del art. 13 de esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas comunes para ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD: quién los ejerce, qué tiene que poner el responsable, quién prueba que contestó y la gratuidad. Incluye el dato estrella: los titulares de la patria potestad actúan por los menores de catorce años.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 13

Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

Datos clave

  • ¿En qué plazo se puede calificar de repetitivo el ejercicio del derecho de acceso? → Si se ejerce más de una vez en 6 meses, salvo causa legítima.
  • ¿Quién asume el exceso de coste si el afectado elige un medio distinto y desproporcionado? → El propio afectado.
  • El plazo clave es 6 meses: repetir el acceso antes, sin causa legítima, permite calificarlo de repetitivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de acceso se satisface también con un sistema de acceso remoto permanente, y se puede calificar de repetitivo o excesivo en ciertos casos.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 14

Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Datos clave

  • ¿Qué dos cosas debe indicar el afectado al pedir la rectificación? → A qué datos se refiere y la corrección que debe realizarse.
  • Dos requisitos de la solicitud: qué dato + qué corrección; si hace falta, prueba documental.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pedir la rectificación exige decir exactamente qué dato corregir y cuál es la corrección, aportando prueba documental si hace falta.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 15

Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Datos clave

  • ¿Qué puede conservar el responsable tras una supresión por oposición a la mercadotecnia directa? → Los datos identificativos necesarios para impedir tratamientos futuros con esa finalidad.
  • Paradoja útil: para no volver a contactarte, el responsable puede seguir guardando tus datos identificativos, solo para bloquearte.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La supresión se rige por el art. 17 RGPD; si viene de oponerse a la mercadotecnia directa, el responsable puede guardar los datos identificativos solo para no volver a contactar.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 16

Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Datos clave

  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 16 LOPDGDD para regular el derecho a la limitación del tratamiento? → Al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • Según el art. 16.2 LOPDGDD, ¿dónde debe constar que un tratamiento está limitado? → Claramente en los sistemas de información del responsable del tratamiento.
  • Solo tiene 2 apartados: (1) remisión al art. 18 RGPD y (2) obligación de que conste en los sistemas del responsable.
  • Como pista de examen: si preguntan por el contenido del derecho de limitación, la respuesta está en el RGPD; si preguntan por la obligación de constancia, está en este artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este artículo no regula cómo se limita el tratamiento: eso está en el RGPD. Solo remite a él y añade una obligación interna: que la limitación quede anotada en los sistemas del responsable.

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Artículo 17. Derecho a la portabilidad.

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018 regula el derecho a la portabilidad.
  • La Ley Orgánica no desarrolla un régimen propio: se remite al Reglamento europeo.
  • El derecho a la portabilidad se ejerce de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La portabilidad de los datos se ejerce conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679; la ley orgánica solo remite.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 18

Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para el derecho de oposición? → Al artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles? → Al artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El artículo respeta el orden: primero cita el derecho de oposición junto al art. 21, luego las decisiones automatizadas junto al art. 22 (van correlativos: 21 y 22).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo reenvía en bloque al RGPD dos derechos distintos: la oposición va al artículo 21 y las decisiones automatizadas, incluidos los perfiles, al artículo 22.

Esquema

A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD
Derecho de oposiciónDecisiones automatizadas y perfiles
Artículo del RGPD2122

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 19

Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. 2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. 3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias.

Datos clave

  • ¿En qué artículo del RGPD se presume amparado el tratamiento de datos de contacto profesional? → En el artículo 6.1.f), salvo prueba en contrario.
  • ¿Qué dos requisitos exige el art. 19.1? → Que el tratamiento se refiera solo a los datos necesarios para la localización profesional y que la finalidad sea únicamente mantener relaciones con la persona jurídica en la que el afectado presta servicios.
  • Los dos requisitos giran sobre la palabra «únicamente»: únicamente datos de localización profesional y únicamente para relacionarse con la persona jurídica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Presume lícito, por interés legítimo, tratar los datos de contacto profesional de quienes trabajan en una persona jurídica, con dos requisitos muy estrechos. La misma presunción vale para empresarios individuales y profesionales liberales cuando se les trata solo en esa condición.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 20

Sistemas de información crediticia. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado. f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. 2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. 3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.

Datos clave

  • ¿Cuánto tiempo como máximo pueden mantenerse los datos en un sistema de información crediticia? → Cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación, y solo mientras persista el incumplimiento.
  • ¿Qué plazo de bloqueo se aplica tras notificar al afectado su inclusión? → Treinta días desde la notificación de la deuda al sistema; los datos permanecen bloqueados durante ese plazo.
  • ¿Qué condición debe reunir la deuda para que opere la presunción? → Ser cierta, vencida y exigible, y que su existencia o cuantía no haya sido objeto de reclamación administrativa, judicial o de un procedimiento alternativo vinculante.
  • Dos cifras que caen seguro: treinta días de bloqueo tras notificar la inclusión y cinco años de permanencia máxima.
  • La deuda pide tres adjetivos y una negativa: cierta, vencida y exigible, y no reclamada.
  • Los requisitos son seis letras, de la a) a la f), y la última es la única que obliga a quien consulta, no a quien incluye.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los ficheros de morosos: presume lícita la inclusión si se cumplen seis requisitos, con dos cifras clave (treinta días de bloqueo tras la notificación y cinco años de permanencia máxima). Entidad y acreedor son corresponsables y la presunción no cubre el perfilado crediticio.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 21

Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. 1. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. 2. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Qué debe hacer la entidad cesionaria si la operación no llega a concluirse? → Proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo.
  • ¿Cubre la presunción del art. 21 la comunicación de datos anterior al cierre de la operación? → Sí: expresamente incluye la comunicación con carácter previo.
  • Dos elementos que se piden juntos: necesidad para el buen fin de la operación y continuidad en la prestación de los servicios.
  • Operación frustrada: supresión inmediata y sin bloqueo. Es una excepción expresa a la regla de bloqueo de esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Da cobertura a los tratamientos y cesiones de datos que acompañan a fusiones, escisiones y traspasos de negocio o rama de actividad, incluso antes de cerrarlos. Si la operación se cae, la cesionaria borra de inmediato y no se aplica el bloqueo.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.

Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica.

4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.

5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes.

6. El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.

7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.

8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden tratar imágenes con cámaras para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
  • La vía pública solo puede captarse en lo imprescindible, y nunca puede captarse el interior de un domicilio privado.
  • Los datos se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones.
  • En ese caso, las imágenes se ponen a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas.
  • El deber de información se cumple con un dispositivo informativo visible que indique el tratamiento, el responsable y los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD.
  • Queda excluido el tratamiento por una persona física de imágenes que solo capten el interior de su propio domicilio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 22 regula las cámaras de seguridad: solo pueden captar la vía pública lo imprescindible, deben suprimirse en un mes salvo que documenten un delito (72 horas para entregarlas a la autoridad), y basta un cartel informativo visible para cumplir el deber de información.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 23

Sistemas de exclusión publicitaria. 1. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, por parte de las asociaciones y organismos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) que cuenten con una alta representatividad en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Para la creación y mantenimiento de estos sistemas se observarán las medidas que se establezcan mediante desarrollo reglamentario. 2. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus preferencias. La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información mencionada en el párrafo anterior. A tal efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas. 3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. 4. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla.

Datos clave

  • ¿Qué basta para entender cumplida la obligación de consulta previa en mercadotecnia directa? → Consultar los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente.
  • ¿Qué son los servicios de preferencia? → Servicios dentro de los sistemas de exclusión mediante los cuales los afectados limitan la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.
  • ¿Qué datos pueden incluirse en un sistema de exclusión publicitaria? → Solo los datos imprescindibles para identificar a los afectados.
  • Tres verbos y tres sujetos: la entidad comunica, la autoridad publica, el anunciante consulta.
  • Para dar por cumplida la consulta basta la relación publicada por la autoridad de control: no hay que rastrear sistemas no comunicados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Legitima las listas Robinson: sistemas, generales o sectoriales, donde se apunta quien no quiere publicidad. La entidad los comunica a la autoridad de control, esta los publica en su sede electrónica y quien hace mercadotecnia directa está obligado a consultarlos antes.

¿Me lo sé? Flashcards

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 24

Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Dichos tratamientos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en esta ley orgánica y en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Datos clave

  • ¿Por qué normas se rigen los tratamientos de datos dirigidos a proteger a quienes informan sobre infracciones normativas? → Por el Reglamento (UE) 2016/679, por esta ley orgánica y por la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
  • Tres normas en cascada: RGPD, LO 3/2018 y la ley del informante. Si te preguntan por plazos o por el canal interno, no están en este artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Artículo de remisión: declara lícito el tratamiento de datos necesario para proteger a quien informa sobre infracciones normativas y manda su régimen al RGPD, a esta ley orgánica y a la ley reguladora de la protección del informante.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 25

Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. 1. El tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, solo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.

Datos clave

  • ¿Qué régimen tienen en estadística los datos de los arts. 9 y 10 del RGPD? → Son de aportación estrictamente voluntaria y solo pueden recogerse previo consentimiento expreso de los afectados (art. 11.2 de la Ley 12/1989).
  • ¿Cuándo se ampara en el art. 6.1 e) del RGPD la comunicación de datos a los órganos estadísticos? → Cuando la estadística venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o esté incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.
  • Tres claves numeradas: 6.1 e) como base de la comunicación, arts. 9 y 10 del RGPD con consentimiento expreso, y arts. 15 a 22 denegables por secreto estadístico.
  • La ley sectorial que se cita con número es la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública, y el precepto es su art. 11.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Encaja la función estadística pública en la protección de datos: legislación específica más RGPD y esta ley; la comunicación solo se ampara en el interés público si la estadística viene exigida por norma de la UE o está programada; y el secreto estadístico permite denegar los derechos de los artículos 15 a 22.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 26

Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas. Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, así como la legislación autonómica que resulte de aplicación.

Datos clave

  • ¿Qué real decreto regula el Sistema Español de Archivos al que remite el art. 26? → El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
  • ¿Qué ley de patrimonio se cita como especialidad en el art. 26? → La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
  • Dos referencias con fecha que se preguntan tal cual: Ley 16/1985, de 25 de junio, y Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
  • El sujeto está acotado: el artículo habla del tratamiento por las Administraciones Públicas, no por cualquier archivo privado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Declara lícito que las Administraciones Públicas traten datos con fines de archivo en interés público, remitiendo al RGPD y a esta ley con las especialidades de la normativa de archivos y patrimonio histórico, estatal y autonómica.

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LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 27

Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. 2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Quiénes pueden ser responsables del tratamiento de datos de infracciones y sanciones administrativas según el art. 27.1? → Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o para la imposición de las sanciones.
  • Fuera de los apartados 1 y 2, ¿quién puede tratar estos datos? → Solo abogados y procuradores, y únicamente para recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
  • Tres escalones en orden descendente: órgano competente con datos mínimos, luego consentimiento o norma con rango de ley, y por último abogados y procuradores.
  • Tres verbos en la letra a): instruir, declarar e imponer. Ese es el círculo de responsables posibles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Acota quién puede tratar datos de infracciones y sanciones administrativas: en principio solo el órgano competente del procedimiento sancionador y con los datos estrictamente necesarios. Si no, hacen falta consentimiento o ley. Y fuera de ahí, únicamente abogados y procuradores con lo que les den sus clientes.

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Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.

Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.

1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento.

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:

a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.

b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.

c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas.

d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.

e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad.

f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.

g) Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección.

h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación.

Datos clave

  • Responsables y encargados determinan las medidas técnicas y organizativas apropiadas teniendo en cuenta los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • Las medidas deben garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, la ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial.
  • Deben valorar si procede la evaluación de impacto y la consulta previa de la Sección 3 del Capítulo IV del Reglamento.
  • El apartado 2 enumera ocho supuestos de mayor riesgo, letras a) a h).
  • Son de mayor riesgo, entre otros, el tratamiento de grupos en situación de especial vulnerabilidad, en particular menores de edad y personas con discapacidad.
  • También el tratamiento masivo y las transferencias habituales a terceros Estados u organizaciones internacionales sin nivel adecuado de protección declarado.
  • La elaboración de perfiles personales y el tratamiento no meramente incidental de categorías especiales de datos son supuestos de mayor riesgo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables y encargados eligen las medidas técnicas y organizativas para garantizar y acreditar que tratan bien los datos, valorando la evaluación de impacto y la consulta previa y los supuestos de mayor riesgo que enumera la ley.

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Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.

La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Datos clave

  • El artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018 regula los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
  • Desarrolla la determinación de responsabilidades del artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El criterio es atender a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando hay corresponsables del tratamiento, sus responsabilidades del artículo 26.1 del RGPD se reparten según las actividades que cada uno desarrolle efectivamente, no por su mera condición.

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Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea.

1. En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.

Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda.

2. Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.

Datos clave

  • Se aplica a responsables o encargados no establecidos en la Unión Europea a los que el Reglamento resulte aplicable por su artículo 3.2, cuando el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España.
  • La AEPD o, en su caso, las autoridades autonómicas pueden imponer al representante las medidas del Reglamento, solidariamente con el responsable o encargado.
  • Queda a salvo la acción de repetición del representante frente a quien proceda.
  • En la responsabilidad del artículo 82 del Reglamento, responsables, encargados y representantes responden solidariamente de los daños y perjuicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el RGPD se aplica por su artículo 3.2 a un responsable o encargado no establecido en la UE y afecta a personas en España, las autoridades pueden imponer las medidas al representante solidariamente con aquel.

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Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento.

1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.

Datos clave

  • Responsables, encargados o sus representantes mantienen el registro de actividades del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo la excepción de su apartado 5.
  • El registro puede organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y especifica las actividades según sus finalidades.
  • Si hay delegado de protección de datos, se le comunica cualquier adición, modificación o exclusión del registro.
  • Los sujetos del artículo 77.1 hacen público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos.
  • El inventario incluye la información del artículo 30 del Reglamento y su base legal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables y encargados deben llevar el registro de actividades del artículo 30 del RGPD, salvo su apartado 5, y comunicar los cambios al delegado; los sujetos del artículo 77.1 publican además un inventario electrónico.

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Artículo 32. Bloqueo de los datos.

1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.

2. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.

Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.

3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior.

4. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.

5. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento.

Datos clave

  • El responsable está obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
  • El bloqueo es la identificación y reserva de los datos para impedir su tratamiento, incluida su visualización.
  • Solo pueden ponerse a disposición de jueces y tribunales, Ministerio Fiscal o Administraciones Públicas competentes, en particular autoridades de protección de datos.
  • Esa puesta a disposición es solo por el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades; transcurrido, los datos se destruyen.
  • Si el sistema no permite el bloqueo o exige un esfuerzo desproporcionado, se hace un copiado seguro que acredite autenticidad, fecha del bloqueo y no manipulación.
  • La AEPD y las autoridades autonómicas pueden fijar excepciones a la obligación de bloqueo por riesgo elevado o coste desproporcionado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 32 define el bloqueo: identificar y reservar los datos para impedir su tratamiento cuando se rectifican o suprimen, permitiendo solo su entrega a jueces, Fiscalía o Administraciones competentes durante el plazo de prescripción de responsabilidades, tras el cual deben destruirse.

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Artículo 33. Encargado del tratamiento.

1. El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

2. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.

Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.

3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista.

4. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

5. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • El acceso del encargado a los datos necesarios para prestar un servicio al responsable no es comunicación de datos si se cumple la normativa.
  • Es responsable, y no encargado, quien en su propio nombre y sin constar que actúa por cuenta de otro establezca relaciones con los afectados, salvo en los encargos de la contratación del sector público.
  • También es responsable quien, figurando como encargado, utilice los datos para sus propias finalidades.
  • Al finalizar el servicio, el responsable decide si los datos se destruyen, se devuelven o se entregan a un nuevo encargado.
  • No procede la destrucción si una previsión legal obliga a conservarlos: se devuelven al responsable.
  • El encargado puede conservar los datos debidamente bloqueados mientras puedan derivarse responsabilidades.
  • En el sector público las competencias de encargado pueden atribuirse a un órgano mediante norma reguladora con el contenido del artículo 28.3 del Reglamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El acceso del encargado a los datos para prestar un servicio no es comunicación de datos; pero quien actúa en nombre propio o usa los datos para sus fines pasa a ser responsable. Al acabar el servicio decide el responsable el destino de los datos.

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Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.

1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:

a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.

b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.

d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.

e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

f) Los establecimientos financieros de crédito.

g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.

i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.

j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes.

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.

m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.

n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.

ñ) Las empresas de seguridad privada.

o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.

2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.

3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.

4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.

5. En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.

Datos clave

  • Es obligatorio designar delegado en los supuestos del artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, en las entidades de las letras a) a o).
  • Entre ellas: colegios profesionales, centros docentes y Universidades, entidades de crédito, aseguradoras, empresas de seguridad privada y federaciones deportivas que traten datos de menores.
  • Los centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas deben designarlo, salvo los profesionales de la salud que ejerzan a título individual.
  • Los no obligados pueden designarlo voluntariamente, con sujeción al mismo régimen.
  • Designaciones, nombramientos y ceses se comunican en el plazo de diez días a la AEPD o a las autoridades autonómicas, sea la designación obligatoria o voluntaria.
  • La AEPD y las autoridades autonómicas mantienen una lista actualizada de delegados accesible por medios electrónicos.
  • La dedicación del delegado puede ser completa o a tiempo parcial según el volumen, la categoría especial de los datos o los riesgos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 34 obliga a nombrar delegado de protección de datos (DPD) a una larga lista de entidades —colegios profesionales, centros docentes, universidades, entidades financieras y aseguradoras, ficheros de solvencia, empresas de publicidad con perfilado, centros sanitarios, empresas de seguridad privada, entre otras— y exige comunicar su nombramiento o cese a la AEPD en 10 días.

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Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.

Datos clave

  • El artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018 se refiere a los requisitos del artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El delegado de protección de datos puede ser persona física o jurídica.
  • Su cualificación puede demostrarse, entre otros medios, mediante mecanismos voluntarios de certificación.
  • La certificación tendrá particularmente en cuenta una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica de protección de datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los requisitos del artículo 37.5 del RGPD para el delegado de protección de datos pueden demostrarse, entre otros medios, con certificaciones voluntarias que valoren especialmente una titulación universitaria especializada.

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Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos.

1. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.

Datos clave

  • El delegado es el interlocutor del responsable o encargado ante la AEPD y las autoridades autonómicas.
  • Puede inspeccionar los procedimientos y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
  • Si es persona física integrada en la organización, no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo dolo o negligencia grave.
  • Se garantiza su independencia y debe evitarse cualquier conflicto de intereses.
  • Tiene acceso a datos y procesos sin que pueda oponérsele deber de confidencialidad o secreto, incluido el del artículo 5.
  • Ante una vulneración relevante, la documenta y la comunica inmediatamente a los órganos de administración y dirección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 36 protege la independencia del DPD: actúa de interlocutor con las autoridades, no puede ser removido ni sancionado por ejercer sus funciones salvo dolo o negligencia grave, tiene acceso a los datos sin que le sea oponible ningún deber de secreto, y debe documentar y comunicar de inmediato las vulneraciones relevantes.

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Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.

En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

3. El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos.

Datos clave

  • Si hay delegado designado, el afectado puede dirigirse a él con carácter previo a reclamar ante la AEPD o las autoridades autonómicas.
  • El delegado comunica al afectado la decisión en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la reclamación.
  • Presentada la reclamación ante la autoridad, esta puede remitirla al delegado para que responda en el plazo de un mes.
  • Si el delegado no comunica la respuesta en ese plazo, la autoridad continúa el procedimiento conforme al Título VIII.
  • El procedimiento ante la AEPD es el del Título VIII de la ley orgánica; las comunidades autónomas regulan el de sus autoridades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 37 permite al afectado acudir primero al DPD de la entidad antes de reclamar ante la AEPD, que debe responder en dos meses; y permite a la AEPD remitir la reclamación al DPD para que este conteste en un mes antes de continuar el procedimiento.

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