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Declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Concepto y clases. Declaraciones informativas, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. Pagos a cuenta.

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Artículo 23. Obligación tributaria de realizar pagos a cuenta.

1. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta.

Esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal.

2. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe.

Datos clave

  • Consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • Tres modalidades: pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta.
  • Tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal.
  • El contribuyente puede deducir de la obligación principal los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley del tributo permita deducir una cantidad distinta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los pagos a cuenta (fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta) son una obligación autónoma de la principal, y el contribuyente puede deducir lo soportado salvo regla distinta de cada tributo.

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Artículo 93. Obligaciones de información.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

En particular:

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración tributaria.

A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.

d) Las personas y entidades que, por aplicación de la normativa vigente, conocieran o estuvieran en disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones deberán cumplir ante la Administración tributaria con los requerimientos u obligaciones de información que reglamentariamente se establezcan respecto a dicha identificación.

e) Las personas jurídicas o entidades deberán comunicar a la Administración tributaria la identificación de los titulares reales de las mismas. A tal efecto, tendrán la consideración de titulares reales los definidos conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.

c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Datos clave

  • Obligados: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades del artículo 35.4, respecto de datos con trascendencia tributaria propios o derivados de relaciones con terceros.
  • Retenedores y obligados a ingresos a cuenta deben presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados.
  • Las personas jurídicas o entidades deben comunicar la identificación de sus titulares reales (artículo 4.2 de la Ley 10/2010), letra e) añadida por la Ley 13/2023.
  • Se cumplen en la forma y plazos reglamentarios o mediante requerimiento individualizado, en cualquier momento posterior a las operaciones.
  • El incumplimiento no puede ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización previa del órgano que reglamentariamente se determine.
  • Límites para funcionarios: secreto de la correspondencia, de los datos estadísticos y del protocolo notarial.
  • Los profesionales no deben revelar datos privados no patrimoniales ni datos confidenciales de asesoramiento o defensa, pero no pueden invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos deben dar a Hacienda los datos con trascendencia tributaria propios o de sus relaciones con terceros, por declaración o requerimiento; el secreto bancario no ampara y hay límites para funcionarios y profesionales.

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Artículo 119. Declaración tributaria.

1. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.

La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.

2. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración verbal o la realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimiento.

3. Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración.

4. En la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o deducción, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la presentación de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación después del inicio del procedimiento de aplicación de los tributos.

Datos clave

  • Declaración tributaria: todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.
  • La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.
  • Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración verbal o cualquier otro acto de manifestación de conocimiento.
  • Las opciones ejercitadas, solicitadas o renunciadas con la declaración no podrán rectificarse después, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración.
  • Iniciado un procedimiento de aplicación de los tributos, no pueden modificarse las cantidades pendientes de compensación o deducción mediante declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación (apartado 4, añadido por la Ley 34/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Declaración tributaria es cualquier documento que manifiesta un hecho relevante para los tributos; presentarla no supone aceptar la obligación y las opciones solo se rectifican dentro del plazo de declaración.

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Artículo 120. Autoliquidaciones.

1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.

2. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda.

3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. No obstante, cuando lo establezca la normativa propia del tributo, la rectificación deberá ser realizada por el obligado tributario mediante la presentación de una autoliquidación rectificativa, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta Ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación o de la autoliquidación rectificativa.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley.

No obstante, cuando la rectificación de una autoliquidación implique una minoración del importe a ingresar de la autoliquidación previa y no origine una cantidad a devolver, se mantendrá la obligación de pago hasta el límite del importe a ingresar resultante de la rectificación.

4. Cuando lo establezca la normativa propia del tributo, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación rectificativa, utilizando el modelo normalizado de autoliquidación que se apruebe conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 98 de esta Ley, con la finalidad de rectificar, completar o modificar otra autoliquidación presentada con anterioridad.

Datos clave

  • Autoliquidaciones: declaraciones en las que el obligado, además de comunicar los datos, realiza por sí mismo las operaciones de calificación y cuantificación para determinar e ingresar la deuda o determinar la cantidad a devolver o a compensar.
  • Pueden ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda.
  • Si una autoliquidación perjudica sus intereses legítimos, el obligado puede instar su rectificación; cuando lo establezca la normativa del tributo, mediante autoliquidación rectificativa.
  • Devolución derivada de la normativa del tributo: interés de demora del artículo 26 si transcurren seis meses sin ordenarse el pago por causa imputable a la Administración, sin necesidad de solicitarlo.
  • Los seis meses se cuentan desde la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación o, si ya hubiese concluido, desde la presentación de la solicitud de rectificación o de la autoliquidación rectificativa.
  • Devolución de ingreso indebido: interés de demora en los términos del artículo 32.2.
  • Si la rectificación minora el importe a ingresar sin originar cantidad a devolver, se mantiene la obligación de pago hasta el límite del importe resultante de la rectificación.
  • La autoliquidación rectificativa usa el modelo normalizado aprobado conforme al artículo 98.3 y sirve para rectificar, completar o modificar otra presentada antes (Ley 13/2023).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la autoliquidación el propio obligado califica, cuantifica e ingresa; Hacienda puede comprobarla y, si te perjudica, pides su rectificación o presentas una autoliquidación rectificativa cuando lo prevea el tributo.

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Artículo 121. Comunicación de datos.

Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado tributario ante la Administración para que ésta determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. Se entenderá solicitada la devolución mediante la presentación de la citada comunicación.

Datos clave

  • Comunicación de datos: declaración presentada por el obligado tributario para que la Administración determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver.
  • Quien determina la cantidad a devolver es la Administración, no el obligado tributario.
  • Se entiende solicitada la devolución mediante la presentación de la comunicación de datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La comunicación de datos es la declaración que presenta el obligado para que la Administración calcule lo que haya que devolver; presentarla equivale a solicitar la devolución.

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Artículo 122. Declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas.

1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. En este último caso tendrán el carácter de extemporáneas.

2. Las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada. En los demás casos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 120 de esta Ley.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de una exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a su aplicación por incumplimiento de los requisitos a que estuviese condicionado, el obligado tributario deberá incluir en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido el incumplimiento la cuota o cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal aplicado de forma indebida en los períodos impositivos anteriores junto con los intereses de demora.

3. Los obligados tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones de datos complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otra modalidad, con la finalidad de completar o reemplazar las presentadas con anterioridad.

Datos clave

  • Pueden presentarse autoliquidaciones complementarias y declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas dentro del plazo o después, mientras no haya prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda.
  • Las presentadas fuera de plazo tienen carácter de extemporáneas.
  • Autoliquidación complementaria: procede cuando resulte un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anterior; en los demás casos, artículo 120.3 y 4.
  • Pérdida del derecho a una exención, deducción o incentivo por incumplir requisitos: se incluye la cuota indebidamente aplicada junto con los intereses de demora en la autoliquidación del período del incumplimiento.
  • Declaraciones o comunicaciones de datos complementarias o sustitutivas: se hace constar la modalidad y sirven para completar o reemplazar las anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Puedes presentar complementarias o sustitutivas en plazo o después, mientras no prescriba el derecho de Hacienda; las complementarias sirven para ingresar más o devolver menos.

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Artículo 30. Obligaciones de información.

1. El cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se realizará conforme lo dispuesto en la normativa que las establezca y en este capítulo.

2. Los obligados tributarios que realicen actividades económicas, así como aquellos que satisfagan rentas o rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta, intermedien o intervengan en operaciones económicas, profesionales o financieras, deberán suministrar información de carácter general en los términos que se establezca en la normativa específica, en la normativa sobre asistencia mutua y en este capítulo.

En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de declaración que, a tal efecto, deberán de presentarse, el lugar y plazo de presentación y los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.

3. El cumplimiento de la obligación de información también podrá consistir en la contestación a requerimientos individualizados relativos a datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, aunque no existiera obligación de haberlos suministrado con carácter general a la Administración tributaria mediante las correspondientes declaraciones. En estos casos, la información requerida deberá aportarse por los obligados tributarios en la forma y plazos que se establezcan en el propio requerimiento, de conformidad con lo establecido en este reglamento. Las actuaciones de obtención de información podrán desarrollarse directamente en los locales, oficinas o domicilio de la persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes o mediante requerimientos para que tales datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria sean remitidos o aportados a la Administración tributaria.

Las actuaciones de obtención de información podrán realizarse por propia iniciativa del órgano administrativo actuante, a solicitud de otros órganos administrativos o jurisdiccionales en los supuestos de colaboración establecidos legalmente, o a petición de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua.

Los requerimientos individualizados de obtención de información respecto de terceros podrán realizarse en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o ser independientes de este. Los requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de la persona o entidad requerida no suponen, en ningún caso, el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación.

4. La solicitud de datos, informes, antecedentes y justificantes que se realice al obligado tributario en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos de que esté siendo objeto, de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa reguladora del procedimiento, no tendrá la consideración de requerimiento de información a efectos de lo previsto en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Desarrolla las obligaciones de información de los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003.
  • Información de carácter general: obligados que realicen actividades económicas, satisfagan rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, o intermedien en operaciones económicas, profesionales o financieras.
  • En el ámbito estatal, los modelos, lugar y plazo los aprueba el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • También puede cumplirse mediante contestación a requerimientos individualizados, en la forma y plazos fijados en el propio requerimiento.
  • Las actuaciones pueden ser de oficio, a solicitud de otros órganos administrativos o jurisdiccionales, o a petición de otros Estados o entidades internacionales en el marco de la asistencia mutua.
  • Los requerimientos sobre obligaciones propias del requerido no suponen el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación.
  • La solicitud de datos al obligado dentro de un procedimiento del que es objeto no es requerimiento de información a efectos de los artículos 93 y 94.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información tributaria se da de dos maneras: con declaraciones generales (modelos del Ministro) o contestando requerimientos individualizados, que sobre obligaciones propias no abren una comprobación.

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Artículo 31. Obligados a suministrar información sobre operaciones con terceras personas.

El artículo 31 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, determina quiénes están obligados a suministrar información sobre operaciones con terceras personas.

1. Obligados por desarrollar actividades empresariales o profesionales

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades del artículo 35.4 de dicha ley, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.

Se consideran actividades empresariales o profesionales todas las definidas como tales en el artículo 5.dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. También las realizadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el artículo 5.uno de dicha ley, con excepción de lo dispuesto en su párrafo e).

Las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de junio, sobre la propiedad horizontal, y las entidades o establecimientos privados de carácter social del artículo 20.Tres de la Ley 37/1992 incluirán también en la declaración anual las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

2. Personas y entidades del artículo 94.1 y 2 de la Ley General Tributaria

Incluirán también en la declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

Las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas deberán incluir, además, las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan con cargo a sus presupuestos generales o que gestionen por cuenta de entidades u organismos no integrados en dichas Administraciones públicas.

La Administración del Estado y sus organismos autónomos, las comunidades y ciudades autónomas y los organismos que dependen de estas y las entidades integradas en las demás Administraciones públicas territoriales presentarán una declaración anual respecto de cada uno de los sectores de su actividad con carácter empresarial o profesional que tenga asignado un número de identificación fiscal diferente o respecto de la totalidad de ellos. Cuando presenten declaración por cada sector con NIF diferente, incorporarán los datos exigidos en este apartado a una cualquiera de aquellas declaraciones.

Las entidades citadas en el párrafo anterior distintas de la Administración del Estado y sus organismos autónomos, aun cuando no realicen actividades empresariales o profesionales, podrán presentar separadamente una declaración anual por cada uno de sus departamentos, consejerías, dependencias u órganos especiales que tengan asignado un número de identificación fiscal diferente.

3. Entidades que cobran por cuenta de terceros

De acuerdo con el artículo 93.1.b) de la Ley 58/2003, las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, de autor u otros, estarán obligados a incluir estos rendimientos en la declaración anual de operaciones con terceras personas.

Datos clave

  • Obligados: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que desarrollen actividades empresariales o profesionales.
  • Concepto de actividad empresarial o profesional: artículo 5.dos de la Ley 37/1992 del IVA, y empresarios del artículo 5.uno salvo su párrafo e).
  • Comunidades de propietarios y entidades sociales del artículo 20.Tres de la Ley del IVA incluyen también las adquisiciones al margen de actividades empresariales.
  • Las Administraciones públicas incluyen además las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan o gestionen.
  • Las Administraciones territoriales pueden declarar por cada sector de actividad con NIF diferente o por la totalidad.
  • Entidades que cobran honorarios profesionales o derechos de propiedad intelectual o de autor por cuenta de socios, asociados o colegiados deben declarar esos rendimientos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Declaran sus operaciones con terceros los empresarios y profesionales, las Administraciones y entidades del artículo 94 (también por adquisiciones y subvenciones) y quienes cobran honorarios por cuenta de sus socios.

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Artículo 33. Contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas.

El artículo 33 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, regula el contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas.

1. Operaciones que se declaran

Los obligados tributarios del artículo 31.1 del reglamento deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto, para cada una de ellas, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente.

La información se suministrará desglosada trimestralmente, computando de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

Tienen la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. Se incluyen las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar o recibir. Con las excepciones del apartado 2, se incluyen las operaciones sujetas y no exentas del IVA, así como las no sujetas o exentas.

Las entidades aseguradoras incluirán las operaciones de seguro, atendiendo al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas; a estas operaciones no se les aplica en ningún caso la exclusión del párrafo a) del apartado 2.

Los sujetos pasivos que apliquen el régimen especial del criterio de caja del IVA, y los destinatarios de esas operaciones, incluirán los importes devengados durante el año natural conforme a la regla general de devengo del artículo 75 de la Ley 37/1992, y también los importes devengados conforme al artículo 163 terdecies de dicha ley.

Como excepción al desglose trimestral, los sujetos pasivos acogidos al criterio de caja y las entidades sujetas a la Ley 49/1960, sobre la propiedad horizontal, suministrarán toda la información sobre una base de cómputo anual. También los destinatarios de operaciones del régimen especial del criterio de caja suministrarán la información relativa a ellas sobre una base de cómputo anual.

2. Operaciones excluidas

Quedan excluidas del deber de declaración:

a) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que no debió expedirse y entregarse factura, así como aquellas en las que no debieron consignarse los datos de identificación del destinatario o no debió firmarse el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

b) Las operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del obligado tributario.

c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del IVA.

d) Los arrendamientos de bienes exentos del IVA realizados por personas físicas o entidades sin personalidad jurídica al margen de cualquier otra actividad empresarial o profesional.

e) Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excepto los que tengan la consideración de objetos de colección según el artículo 136.uno.3.º a) de la Ley 37/1992.

f) Las operaciones de las entidades o establecimientos de carácter social del artículo 20.tres de la Ley 37/1992 que correspondan al sector de su actividad cuyas entregas y prestaciones estén exentas del impuesto, sin perjuicio del artículo 31.1 del reglamento.

g) Las importaciones y exportaciones de mercancías, y las operaciones realizadas directamente desde o para un establecimiento permanente del obligado situado fuera del territorio español, salvo que aquel tenga su sede en España y la otra parte actúe desde un establecimiento situado en territorio español.

h) Las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

i) En general, las operaciones sujetas a una obligación periódica de suministro de información a la Administración tributaria estatal que hayan sido incluidas en declaraciones específicas diferentes y cuyo contenido sea coincidente.

3. Adquisiciones al margen de actividades empresariales

Los obligados del artículo 31.2 incluirán además a las personas o entidades a quienes hayan efectuado adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional que, en su conjunto para cada una, hayan superado 3.005,06 euros en el año natural, con excepción de las importaciones de mercancías, las adquisiciones de bienes que supongan envíos entre la Península o Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, y las operaciones de los párrafos e) e i) del apartado 2.

Las entidades integradas en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011) relacionarán a todas las personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe, sin perjuicio de la excepción del párrafo i) del apartado 2.

4. Cobros por cuenta de terceros

Los obligados del artículo 31.3 incluirán los pagos a que se refiere dicho precepto siempre que el total satisfecho a cada persona imputada haya superado 300,51 euros.

5. Comunidades de propietarios

Respecto de las entidades sujetas a la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal, la obligación no incluye: el suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a uso y consumo comunitario; el suministro de agua con destino a uso y consumo comunitario; y los seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados con zonas y elementos comunes.

6. Entidades de carácter social

Respecto de las entidades o establecimientos privados de carácter social del artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, la obligación no incluye el suministro de agua, energía eléctrica y combustibles ni las operaciones derivadas de seguros.

Datos clave

  • Umbral general: operaciones con cada persona o entidad que superen 3.005,06 euros en el año natural.
  • La información se desglosa trimestralmente, separando entregas y adquisiciones.
  • Cómputo anual para el régimen especial del criterio de caja, sus destinatarios y las comunidades de propietarios.
  • Excluidas, entre otras, operaciones sin obligación de factura, a título gratuito no sujetas o exentas, importaciones y exportaciones y envíos con Canarias, Ceuta y Melilla.
  • Subvenciones de las Administraciones Públicas: se declaran cualquiera que sea su importe.
  • Cobros por cuenta de terceros del artículo 31.3: umbral de 300,51 euros por persona imputada.
  • Comunidades de propietarios: no declaran suministros de energía, combustibles y agua de uso comunitario ni seguros de elementos comunes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se declara a cada persona con la que se hayan superado 3.005,06 euros en el año, con desglose trimestral de entregas y adquisiciones; hay una lista de operaciones excluidas y reglas propias para comunidades y entidades sociales.

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Artículo 37. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras.

El artículo 37 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, regula la obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras.

1. Obligados

Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio vendrán obligadas a presentar una declaración informativa mensual referente a la totalidad de las cuentas abiertas en ellas o puestas por ellas a disposición de terceros en establecimientos situados dentro o fuera del territorio español.

Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico presentarán también una declaración informativa mensual en relación con las cuentas que gestionen.

Cuando se trate de cuentas abiertas en establecimientos situados fuera del territorio español, no existirá obligación de suministrar información sobre personas o entidades no residentes sin establecimiento permanente en territorio español.

Las sucursales en territorio español de las entidades mencionadas de otros Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países presentarán también una declaración informativa mensual de la totalidad de las cuentas abiertas en ellas o puestas por ellas a disposición de terceros.

Las entidades de otros Estados miembros o de terceros países que operen en España en régimen de libre prestación de servicios suministrarán información con periodicidad mensual de las cuentas abiertas a personas o entidades residentes en territorio español y a favor de establecimientos permanentes en territorio español de no residentes.

2. Contenido de la información

a) La identificación completa de las cuentas.

b) Los datos identificativos de los titulares, incluidos los titulares reales del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como los representantes, autorizados, beneficiarios o cualesquiera otras personas con poderes de disposición. Comprenden nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal, país de residencia y fecha de nacimiento para personas físicas. En defecto de NIF, se suministrará el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen y el país emisor de la documentación identificativa.

c) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

d) Los importes totales de los cargos y abonos del ejercicio.

Deberá facilitarse además cualquier otro dato relevante que establezca la orden ministerial que apruebe el modelo. El modelo de declaración se presentará por vía electrónica.

La información sobre saldos a 31 de diciembre, saldo medio del último trimestre y totales de cargos y abonos se suministrará únicamente en la declaración correspondiente al último periodo mensual de cada año.

La información se referirá a todo tipo de cuentas, bancarias y no bancarias: corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito, cuentas de pago y cualesquiera otras, con independencia de su modalidad o denominación, aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta.

Los datos de las personas o entidades titulares, autorizadas o beneficiarias se referirán a las que lo hayan sido en algún momento del periodo mensual al que se refiere la declaración.

Datos clave

  • Declaración informativa mensual de entidades de crédito y demás entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio.
  • También obligadas las entidades de pago y de dinero electrónico, las sucursales en España de entidades extranjeras y las que operan en libre prestación de servicios.
  • Se identifican titulares, titulares reales, representantes, autorizados, beneficiarios y personas con poderes de disposición.
  • Saldos a 31 de diciembre, saldo medio del último trimestre y totales de cargos y abonos: solo en la declaración del último periodo mensual del año.
  • Comprende todo tipo de cuentas, bancarias y no bancarias, aunque no haya retribución, retención o ingreso a cuenta.
  • Presentación por vía electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Bancos y demás entidades financieras presentan cada mes una declaración informativa de todas las cuentas; los saldos y totales anuales solo van en la del último mes del año.

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Artículo 38

El artículo 38 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, regula la obligación de informar acerca de préstamos y créditos, y de movimientos de efectivo.

1. Declaraciones anuales de las entidades de crédito

Las entidades de crédito y demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio vendrán obligadas a presentar las siguientes declaraciones informativas anuales:

a) Declaración de los saldos por importe superior a 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas concedidos, con el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal del acreditado o prestatario.

b) Declaración de las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado, ya estén denominados en euros o en cualquier otra moneda.

No se incluyen en esta declaración las operaciones que deban comunicarse a la Administración tributaria conforme al artículo 41.

La declaración contendrá el importe en euros de cada operación, su carácter de imposición, disposición o cobro, su fecha, la identificación de quien la realiza y el número de cuenta en la que se efectúan los cargos o abonos, retiradas o ingresos de efectivo, así como cualquier otro dato que establezca la orden ministerial que apruebe el modelo.

Las sucursales en territorio español de estas entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países presentarán las declaraciones de las letras a) y b) en los mismos términos. Las entidades de otros Estados miembros o de terceros países que operen en España en régimen de libre prestación de servicios las presentarán cuando el prestatario, o quien realice la operación, sea residente en territorio español o establecimiento permanente en territorio español de no residentes.

El modelo de declaración se presentará por vía electrónica.

2. Entidades de dinero electrónico y de pago

Las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago están obligadas a presentar la declaración de la letra b) del apartado anterior respecto de las operaciones realizadas en las cuentas que gestionen.

La misma obligación recae sobre las sucursales en territorio español de estas entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea y sobre las entidades de otros Estados miembros que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en este último caso respecto de las operaciones realizadas por residentes en territorio español o establecimientos permanentes en España de no residentes.

Datos clave

  • Declaraciones informativas anuales de entidades de crédito y demás entidades del tráfico bancario o crediticio.
  • Préstamos y créditos: saldos superiores a 6.000 euros existentes a 31 de diciembre.
  • Movimientos de efectivo: imposiciones, disposiciones y cobros en moneda metálica o billetes superiores a 3.000 euros, en euros o en cualquier otra moneda.
  • Se excluyen las operaciones que deban comunicarse conforme al artículo 41.
  • Obligadas también las sucursales en España y las entidades en libre prestación de servicios.
  • Entidades de dinero electrónico y de pago: solo la declaración de movimientos de efectivo de la letra b).
  • Presentación por vía electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades de crédito declaran cada año los préstamos y créditos con saldo de más de 6.000 euros a 31 de diciembre y los movimientos en efectivo de más de 3.000 euros; las de pago y dinero electrónico, solo el efectivo.

Esquema

Declaraciones anuales del artículo 38
Préstamos y créditosMovimientos de efectivo
UmbralSaldo superior a 6.000 euros a 31 de diciembreImporte superior a 3.000 euros
Entidades de pago y dinero electrónicoNo la presentanSí, por las cuentas que gestionen

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Artículo 39. Obligación de informar acerca de valores, seguros y rentas.

1. Las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios deberán suministrar a la Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, la siguiente información respecto de los valores en ellas depositados:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de cada año, de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas, negociadas en mercados organizados. Asimismo, se informará sobre el número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares, de su valor nominal, así como de su valor conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de cada año, de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en mercados organizados. Asimismo, se informará sobre el número y clase de valores de los que sean titulares, así como de su valor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

2. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades comercializadoras en España y los representantes de las entidades gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, deberán suministrar a la Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre, de acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de las correspondientes instituciones de inversión colectiva. Asimismo, se informará sobre el número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como de su valor liquidativo a 31 de diciembre. Asimismo, en el caso de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión españolas, la obligación de suministro de información corresponderá a la entidad comercializadora extranjera que figure como titular, por cuenta de terceros no residentes, de tales acciones o participaciones, de acuerdo con lo establecido en el párrafo c) del apartado 3 de la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la gestora o sociedad de inversión ante la Administración tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la citada disposición adicional única.

En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, admitidas a negociación en un mercado secundario o sistema organizado de negociación de valores, la obligación de suministro de la información a que se refiere el párrafo anterior corresponderá a la entidad que sea depositaria de dichas acciones o participaciones.

3. Las entidades aseguradoras, incluidas las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, así como las entidades financieras, deberán presentar una declaración anual comprensiva de la siguiente información:

a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores de un seguro de vida a 31 de diciembre, con indicación de su valor de rescate a dicha fecha, o en su caso, con indicación del valor de la provisión matemática a 31 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Uno del artículo 17 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de las personas que sean beneficiarias a 31 de diciembre de una renta temporal o vitalicia, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con indicación de su valor de capitalización a dicha fecha, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Dos del artículo 17 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

En caso de percepción de rentas temporales o vitalicias que deriven de un seguro de vida, se informará del nombre y apellidos y número de identificación fiscal del perceptor de la renta a 31 de diciembre, salvo que el tomador del seguro sea persona distinta del perceptor de la renta y conserve el derecho de rescate, en cuyo caso se informará del nombre y apellidos y número de identificación fiscal del tomador en la citada fecha.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, se indicará el valor de rescate a 31 diciembre o, en su caso, el valor de la provisión matemática en la citada fecha de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Datos clave

  • Entidades depositarias de valores: declaración anual de titulares a 31 de diciembre de acciones, participaciones y valores de cesión de capitales propios negociados en mercados organizados.
  • Valores conforme al artículo 15 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Gestoras de IIC, comercializadoras y representantes: titulares, número y clase de acciones o participaciones y valor liquidativo a 31 de diciembre.
  • IIC admitidas a negociación: informa la entidad depositaria.
  • Entidades aseguradoras y financieras: tomadores de seguros de vida con valor de rescate o provisión matemática y beneficiarios de rentas temporales o vitalicias con su valor de capitalización (artículo 17 de la Ley 19/1991).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Depositarias de valores, gestoras de fondos y aseguradoras informan cada año a Hacienda de quién es titular a 31 de diciembre de acciones, bonos, participaciones en IIC, seguros de vida y rentas, y de su valor.

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Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean titulares reales conforme a lo señalado en el párrafo siguiente, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, a 31 de diciembre de cada año.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración.

A estos efectos, se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de cuentas a nombre de las personas o instrumentos a que se refiere el citado apartado 2, cuando éstos tengan su residencia o se encuentren constituidos en el extranjero.

2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

a) La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio.

b) La identificación completa de las cuentas.

c) La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización.

d) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución.

3. La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien tuviese la condición de titular, representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa fecha.

El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales deberán indicar el saldo de la cuenta en la fecha en la que dejaron de tener tal condición.

4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de las siguientes cuentas:

a) Aquéllas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

b) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

c) Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

d) Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 de este Reglamento, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

e) No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el mismo apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas.

5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a que se refiere el apartado 4.e) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración.

En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 3 respecto de las cuentas a las que el mismo se refiere.

Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración.

6. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren los apartados 2.a) y 2.b) anteriores, para cada entidad y cuenta.

A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las fechas y saldos a los que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 así como el saldo a que se refiere el último párrafo del apartado 3, para cada cuenta.

Datos clave

  • Obligados: residentes, establecimientos permanentes y entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, respecto de cuentas en el extranjero a 31 de diciembre.
  • Incluye titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición y titulares reales, también si lo fueron en cualquier momento del año.
  • Contenido: entidad y domicilio, identificación de la cuenta, fechas de apertura o cancelación, saldo a 31 de diciembre y saldo medio del último trimestre.
  • No hay obligación si los saldos a 31 de diciembre y los saldos medios no superan, conjuntamente, 50.000 euros.
  • Plazo: entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente.
  • Años sucesivos: solo si algún saldo conjunto aumenta más de 20.000 euros respecto de la última declaración.
  • Exentas, entre otras, las cuentas registradas individualizadamente en la contabilidad de personas jurídicas residentes o de empresarios que lleven contabilidad conforme al Código de Comercio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los residentes declaran cada año sus cuentas bancarias en el extranjero si los saldos superan conjuntamente 50.000 euros; en años siguientes, solo si suben más de 20.000 euros. Se presenta del 1 de enero al 31 de marzo.

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Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán suministrar a la Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, información respecto de los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero de los que resulten titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año:

i) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica.

ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y «trusts» o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio.

b) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas.

La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor.

c) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor.

d) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente.

La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor.

La obligación de información regulada en este apartado también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de los valores y derechos a los que se refieren los párrafos b), c) y d) anteriores en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

2. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado anterior deberán suministrar a la Administración tributaria información, mediante la presentación de una declaración anual, de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero de las que sean titulares o respecto de las que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La información comprenderá la razón social o denominación completa de la institución de inversión colectiva y su domicilio, así como el número y clase de acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como su valor liquidativo a 31 de diciembre.

La obligación de información regulada en este apartado 2 se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real de las acciones y participaciones en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

3. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado primero de este artículo deberán suministrar a la Administración tributaria información mediante una declaración anual sobre:

a) Los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero, con indicación de su valor de rescate a dicha fecha.

No obstante, cuando el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total a 31 de diciembre, se indicará el valor de la provisión matemática a dicha fecha.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los seguros temporales que únicamente incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo.

b) Las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero, con indicación de su valor de capitalización a dicha fecha.

No obstante, cuando las citadas rentas procedan de un seguro de vida, se indicará el valor establecido en la letra a) anterior. En caso de que el tomador del seguro sea persona distinta del beneficiario de la renta y conserve el derecho de rescate, será dicho tomador el que suministrará a la Administración tributaria la citada información.

En los casos señalados en los párrafos a) y b) anteriores, se deberá identificar a la entidad aseguradora indicando la razón social o denominación completa y su domicilio.

4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará exigible en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, que tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas a que se refiere este artículo.

c) Cuando los valores a los que se refieren cada uno de los apartados 1.b), 1.c) y 1.d), el valor liquidativo a que se refiere el apartado 2, el valor de rescate o de la provisión matemática a que se refiere el apartado 3.a) y el valor de capitalización señalado en el apartado 3.b), no superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas.

5. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto para todos los valores previsto en el apartado 4.c) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 1 y en el último párrafo del apartado 2, respecto de los valores, derechos, acciones y participaciones respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre.

Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración.

6. Las valoraciones a que se refieren los distintos apartados de este artículo deberán suministrarse calculadas conforme a las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

7. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen conjunto de datos los relativos a la identificación y domicilio de cada una de las entidades jurídicas, terceros cesionarios, instrumentos o relaciones jurídicas, instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradoras a que se refieren los apartados 1.a), 2 y 3.

A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones exigidas en los apartados anteriores para cada tipo de elemento patrimonial individualizado conforme a continuación se indica:

a) En el apartado 1.b), por cada clase de acción y participación.

b) En el apartado 1.c), por cada clase de valor.

c) En el apartado 1.d), por cada clase de valor.

d) En el apartado 2, por cada clase de acción y participación.

e) En el apartado 3.a), por cada seguro de vida.

f) En el apartado 3.b), por cada renta temporal o vitalicia.

También tendrá la consideración de dato cada uno de los saldos a que se refieren el último párrafo del apartado 1, por cada clase de valor, y el último párrafo del apartado 2, por cada clase de acción y participación.

Datos clave

  • Declaración anual de valores, derechos, seguros y rentas situados en el extranjero, de los que se sea titular o titular real a 31 de diciembre.
  • Comprende participaciones en entidades, valores de cesión a terceros de capitales propios, valores aportados a instrumentos jurídicos (incluidos «trusts») y acciones o participaciones en IIC extranjeras.
  • Seguros de vida o invalidez con aseguradora en el extranjero: valor de rescate o, si no cabe rescate total, valor de la provisión matemática.
  • Rentas temporales o vitalicias: valor de capitalización.
  • No exigible si los valores no superan, conjuntamente, 50.000 euros.
  • Plazo: entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente; años sucesivos solo con incremento superior a 20.000 euros.
  • Valoraciones según la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los residentes declaran los valores, participaciones en IIC, seguros y rentas que tengan en el extranjero si en conjunto superan 50.000 euros, valorados según la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

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Artículo 54 bis. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán obligados a presentar una declaración informativa anual referente a los bienes inmuebles o a derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero, de los que sean titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año.

2. La declaración informativa contendrá los siguientes datos:

a) Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipología, según se determine en la correspondiente orden ministerial.

b) Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número.

c) Fecha de adquisición.

d) Valor de adquisición.

3. En caso de titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada los párrafos a) y b) del apartado anterior, deberá indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

4. En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada en los párrafos a) y b) del apartado 2, deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

5. La obligación de información regulada en este artículo también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o titular real del inmueble o derecho conforme a lo indicado en el apartado 1, en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiera perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, además de los datos a que se refiere el apartado 2, la declaración informativa deberá incorporar el valor de transmisión del inmueble o derecho y la fecha de ésta.

6. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de los siguientes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero:

a) Aquéllos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

b) Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados.

c) Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados.

d) No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los apartados 2.d), 3 y 4 no superasen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.

7. Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto establecido en el apartado 6.d) hubiese experimentado un incremento superior al 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el apartado 5, respecto de los inmuebles o derechos respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre.

Mediante orden ministerial se aprobará el correspondiente modelo de declaración.

8. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 2, en relación con cada uno de los inmuebles a los que se refiere dicho apartado y en relación con cada uno de los inmuebles sobre los que se constituyan los derechos a que se refieren los apartados 3 y 4.

A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes:

a) Cada fecha y valor a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 2 en relación con cada uno de los inmuebles.

b) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 3, en relación con cada uno de los derechos.

c) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 4, en relación con cada uno de los derechos.

d) Cada fecha y valor de transmisión a que se refiere el apartado 5, en relación con cada uno de los inmuebles.

Datos clave

  • Declaración informativa anual de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles situados en el extranjero, de los que se sea titular o titular real a 31 de diciembre.
  • Contenido: identificación y tipología, situación, fecha y valor de adquisición.
  • Multipropiedad, derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad: fecha de adquisición y valor a 31 de diciembre según la Ley 19/1991.
  • Si se pierde la titularidad durante el año, se declaran además el valor y la fecha de transmisión.
  • No hay obligación si los valores no superan, conjuntamente, 50.000 euros.
  • Plazo: entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente; años sucesivos solo con incremento superior a 20.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los residentes declaran los inmuebles y derechos sobre inmuebles que tengan en el extranjero si su valor conjunto supera 50.000 euros, con datos de situación, fecha y valor de adquisición, entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

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Artículo 117. Presentación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y solicitudes de devolución.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 98.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el ámbito de competencias del Estado, los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos se aprobarán por el Ministro de Economía y Hacienda, que establecerá la forma, lugar y plazos de su presentación y, en su caso, del ingreso de la deuda tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Asimismo, podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, autoliquidación o comunicación de datos y los supuestos en los que los datos consignados se entenderán subsistentes para periodos sucesivos, si el contribuyente no comunica variación en los mismos.

2. Cada Administración tributaria podrá aprobar modelos de solicitud de devolución. En las solicitudes de devolución para las que no exista un modelo o formulario específicamente aprobado al efecto, el obligado tributario hará constar los datos necesarios de la devolución que se solicita mediante escrito que deberá presentarse en el lugar y plazos establecidos en la normativa del tributo o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando estos estén disponibles.

3. La declaración en aduana se regirá por su normativa específica.

Datos clave

  • En el ámbito estatal, los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos los aprueba el Ministro de Economía y Hacienda (artículo 98.3 de la Ley 58/2003).
  • El Ministro fija la forma, lugar y plazos de presentación y, en su caso, del ingreso, y los supuestos de presentación por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
  • Puede aprobar modalidades simplificadas o especiales y supuestos en que los datos se entienden subsistentes para periodos sucesivos si el contribuyente no comunica variación.
  • Cada Administración tributaria podrá aprobar modelos de solicitud de devolución; sin modelo, se solicita mediante escrito en el lugar y plazos de la normativa del tributo o por medios electrónicos.
  • La declaración en aduana se rige por su normativa específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién aprueba los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos y cómo se piden devoluciones cuando no hay modelo específico.

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Artículo 118. Declaraciones complementarias y sustitutivas.

1. Tendrán la consideración de declaraciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada.

Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido.

2. En los supuestos previstos en el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sólo se podrán presentar declaraciones complementarias o sustitutivas con anterioridad a la liquidación correspondiente a la declaración inicial. En este caso, la liquidación que se practique tomará en consideración los datos completados o sustituidos.

Con posterioridad a la liquidación, el obligado tributario que pretenda modificar el contenido de una declaración anteriormente presentada deberá solicitar la rectificación de la misma conforme a lo establecido en el artículo 130 de este reglamento. De la cuota tributaria resultante de la rectificación se deducirá el importe de la liquidación inicial.

3. Podrán presentarse declaraciones complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad en cumplimiento de una obligación formal.

4. En las declaraciones complementarias y sustitutivas se hará constar expresamente si se trata de una u otra modalidad, la obligación tributaria y el periodo a que se refieren.

Datos clave

  • Declaraciones complementarias: misma obligación y periodo; incluyen nuevos datos o modifican parcialmente las anteriores, que subsisten en la parte no afectada.
  • Declaraciones sustitutivas: misma obligación y periodo; reemplazan en su contenido a las anteriores.
  • En los supuestos del artículo 128 de la Ley 58/2003 solo pueden presentarse antes de la liquidación de la declaración inicial.
  • Tras la liquidación, debe solicitarse la rectificación conforme al artículo 130 del reglamento, deduciendo el importe de la liquidación inicial.
  • Se hará constar expresamente la modalidad, la obligación tributaria y el periodo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el límite temporal de la declaración complementaria o sustitutiva: solo caben antes de la liquidación de la declaración inicial; después, la corrección se canaliza como rectificación del art. 130, descontando lo ya liquidado.

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Artículo 119. Autoliquidaciones complementarias.

1. Tendrán la consideración de autoliquidaciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y de las que resulte un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver o a compensar inferior al importe resultante de la autoliquidación anterior, que subsistirá en la parte no afectada.

2. En las autoliquidaciones complementarias constará expresamente esta circunstancia y la obligación tributaria y periodo a que se refieren, así como la totalidad de los datos que deban ser declarados. A estos efectos, se incorporarán los datos incluidos en la autoliquidación presentada con anterioridad que no sean objeto de modificación, los que sean objeto de modificación y los de nueva inclusión.

3. El obligado tributario deberá realizar la cuantificación de la obligación tributaria teniendo en cuenta todos los elementos consignados en la autoliquidación complementaria. De la cuota tributaria resultante de la autoliquidación complementaria se deducirá el importe de la autoliquidación inicial.

Cuando se haya solicitado una devolución improcedente o por cuantía superior a la que resulte de la autoliquidación complementaria y dicha devolución no se haya efectuado al tiempo de presentar la autoliquidación complementaria, se considerará finalizado el procedimiento de devolución iniciado mediante la presentación de la autoliquidación previamente presentada.

En el supuesto de que se haya obtenido una devolución improcedente o por cuantía superior a la que resulte de la autoliquidación complementaria, se deberá ingresar la cantidad indebidamente obtenida junto a la cuota que, en su caso, pudiera resultar de la autoliquidación complementaria presentada.

4. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 126.

Datos clave

  • Autoliquidación complementaria: misma obligación y periodo, con importe a ingresar superior o cantidad a devolver o compensar inferior a la anterior, que subsiste en la parte no afectada.
  • Debe constar expresamente esa circunstancia e incluir la totalidad de los datos: no modificados, modificados y de nueva inclusión.
  • De la cuota resultante se deduce el importe de la autoliquidación inicial.
  • Si la devolución improcedente aún no se había efectuado, se considera finalizado el procedimiento de devolución iniciado.
  • Si ya se obtuvo, debe ingresarse la cantidad indebidamente obtenida junto con la cuota que resulte.
  • Si una autoliquidación perjudica sus intereses legítimos, el obligado puede instar la rectificación conforme al artículo 126.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la autoliquidación complementaria: misma obligación y periodo que otra anterior, de la que resulta más a ingresar o menos a devolver/compensar; debe recoger TODOS los datos (los que no cambian, los modificados y los nuevos) y descuenta lo ya autoliquidado.

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Artículo 120. Comunicaciones de datos complementarias y sustitutivas.

1. Tendrán la consideración de comunicaciones de datos complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad en las que se modifiquen o se incluyan nuevos datos de carácter personal, familiar o económico. Las comunicaciones de datos presentadas con anterioridad subsistirán en la parte no afectada.

Tendrán la consideración de comunicaciones de datos sustitutivas las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido.

2. Sólo se podrán presentar comunicaciones de datos complementarias o sustitutivas antes de que la Administración tributaria, de acuerdo con la normativa propia de cada tributo, haya acordado la devolución correspondiente o dictado la resolución en la que comunique que no procede efectuar devolución alguna. En este caso, la devolución o resolución administrativa que se acuerde tomará en consideración los datos completados o sustituidos.

3. Una vez acordada la devolución o dictada la resolución administrativa a que se refiere el apartado anterior, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su comunicación de datos conforme a lo establecido en el artículo 130.

Datos clave

  • Comunicaciones de datos complementarias: misma obligación y periodo; modifican o incluyen nuevos datos personales, familiares o económicos, y las anteriores subsisten en la parte no afectada.
  • Comunicaciones de datos sustitutivas: reemplazan en su contenido a las anteriores.
  • Solo pueden presentarse antes de que la Administración acuerde la devolución o dicte resolución de que no procede devolución.
  • Después, el obligado puede solicitar la rectificación conforme al artículo 130.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue la comunicación de datos complementaria (modifica o añade y la anterior subsiste) de la sustitutiva (la reemplaza), y fija hasta cuándo se pueden presentar.

Esquema

Comunicaciones de datos
ComplementariaSustitutiva
EfectoModifica o incluye nuevos datosReemplaza el contenido de la anterior
Comunicación anteriorSubsiste en la parte no afectadaQueda reemplazada

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Artículo 121. Solicitudes de devolución complementarias y sustitutivas

1. Tendrán la consideración de solicitudes de devolución complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada.

Tendrán la consideración de solicitudes de devolución sustitutivas aquellas referidas a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad que reemplacen su contenido.

2. La presentación de una solicitud de devolución complementaria o sustitutiva podrá hacerse antes de que la Administración tributaria, de acuerdo con la normativa propia de cada tributo, haya acordado la devolución correspondiente o dictado la resolución en la que comunique que no procede efectuar devolución alguna. En este caso, la devolución o resolución administrativa que se acuerde tomará en consideración los datos completados o sustituidos.

3. Una vez acordada la devolución o dictada la resolución administrativa a que se refiere el apartado anterior, el obligado tributario podrá instar la rectificación de su solicitud de devolución conforme a lo establecido en el artículo 130.

Datos clave

  • Complementaria: misma obligación y periodo; incluye nuevos datos o modifica parcialmente la anterior, que subsiste en la parte no afectada.
  • Sustitutiva: misma obligación y periodo; reemplaza el contenido de la anterior.
  • Se pueden presentar antes de que la Administración acuerde la devolución o dicte resolución de que no procede.
  • Tras la devolución o resolución, cabe instar la rectificación conforme al artículo 130.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solicitudes de devolución complementarias (añaden o modifican parcialmente) y sustitutivas (reemplazan): se presentan hasta que se acuerda la devolución; después, rectificación del art. 130.

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Artículo 122. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las previstas en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. También tienen esta consideración los abonos a cuenta que deba efectuar la Administración tributaria como anticipos de deducciones a practicar sobre cualquier tributo.

Datos clave

  • Son las previstas en el artículo 31 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • También los abonos a cuenta que deba efectuar la Administración como anticipos de deducciones sobre cualquier tributo.
  • Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo: las del art. 31 LGT y también los abonos a cuenta como anticipos de deducciones.

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