Obligados tributarios: concepto, clases y capacidad de obrar. Representación en el ámbito tributario. El domicilio fiscal. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Deberes de la Administración tributaria y de los contribuyentes.
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Artículo 29. Obligaciones tributarias formales.
1. Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.
2. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.
b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.
En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.
e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.
f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.
g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.
h) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
i) Las obligaciones de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera.
j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.
3. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, las disposiciones reglamentarias podrán regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.
En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos.
Datos clave
- Obligaciones formales: las que, sin carácter pecuniario, impone la normativa tributaria o aduanera a los obligados, deudores o no del tributo, en relación con actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.
- Incluyen presentar declaraciones censales, solicitar y utilizar el número de identificación fiscal y presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
- Llevar y conservar libros de contabilidad y registros, programas, ficheros y archivos informáticos, facilitando su conversión a formato legible.
- Expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar facturas y justificantes.
- Aportar libros, registros, documentos e información con trascendencia tributaria y facilitar inspecciones y comprobaciones.
- Entregar certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los perceptores.
- Letra j): los sistemas informáticos contables, de facturación o de gestión deben garantizar integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros (en vigor el 11 de octubre de 2021).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las obligaciones formales no son pecuniarias y se imponen a los obligados, deban o no el tributo, ligadas a actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. La ley enumera diez, entre otras posibles.
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Artículo 30. Obligaciones y deberes de la Administración tributaria.
1. La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de contenido económico establecidas en esta ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos indebidos, la de reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de demora.
2. La Administración tributaria está sujeta, además, a los deberes establecidos en esta ley en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.
Datos clave
- La Administración tributaria está sujeta a obligaciones de contenido económico establecidas en la ley.
- Son cuatro: devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías y satisfacción de intereses de demora.
- Además está sujeta a los deberes establecidos en la ley en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración tributaria también tiene obligaciones económicas (devoluciones, reembolso de garantías e intereses de demora) y deberes en los procedimientos tributarios.
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Artículo 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo.
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.
Datos clave
- Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las de cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
- Transcurrido el plazo de cada tributo y, en todo caso, el de seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona el interés de demora del artículo 26 sin necesidad de solicitud.
- El interés se devenga desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
- No se computan las dilaciones por causa no imputable a la Administración.
- En inspección no se computan los días del artículo 150.4 ni los periodos de extensión del artículo 150.5.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las devoluciones de cada tributo son las de cantidades ingresadas o soportadas debidamente. Si pasan el plazo del tributo y, en todo caso, seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona interés de demora.
Esquema
| Normativa de cada tributo | Ingresos indebidos | |
|---|---|---|
| Qué se devuelve | Cantidades ingresadas o soportadas debidamente | Ingresos realizados indebidamente en el Tesoro Público |
| Interés desde | Fin del plazo del tributo y, en todo caso, de seis meses | Fecha del ingreso indebido |
| Interés hasta | Fecha en que se ordena el pago | Fecha en que se ordena el pago |
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Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.
1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.
2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración Tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de los intereses, no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.
3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.
Datos clave
- Se devuelven a los obligados tributarios, sujetos infractores o sucesores de unos y otros los ingresos indebidos en el Tesoro Público por obligaciones tributarias o pago de sanciones, conforme al artículo 221.
- Se abona el interés de demora del artículo 26 sin necesidad de solicitud.
- El interés se devenga desde la fecha del ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
- No se computan las dilaciones no imputables a la Administración ni, en inspección, los días del artículo 150.4 y los periodos de extensión del artículo 150.5.
- Autoliquidación ingresada en varios plazos: la cantidad devuelta se entiende ingresada en el último plazo y la diferencia en los inmediatamente anteriores.
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Se devuelven los ingresos indebidos a obligados, sujetos infractores o sus sucesores, con interés de demora desde el ingreso hasta que se ordena el pago y sin necesidad de pedirlo.
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Artículo 33. Reembolso de los costes de las garantías.
1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías.
2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Datos clave
- Se reembolsa, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender un acto o aplazar o fraccionar una deuda declarados improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme.
- Si la improcedencia es parcial, el reembolso alcanza a la parte correspondiente del coste.
- Se abona el interés legal vigente, sin necesidad de solicitud, desde la fecha acreditada en que se incurrió en los costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
- No se aplica a las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración reembolsa el coste de las garantías aportadas para suspender un acto o aplazar/fraccionar una deuda si esta es declarada improcedente por sentencia o resolución firme, abonando el interés legal desde que se incurrió en el coste hasta que se ordena el pago; no se aplica a las garantías exigidas por la normativa propia de cada tributo.
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Artículo 34. Derechos y garantías de los obligados tributarios.
1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.
Datos clave
- El apartado 1 enumera, entre otros, los derechos de las letras a) a s) de los obligados tributarios.
- Devoluciones derivadas de cada tributo y de ingresos indebidos con abono del interés de demora del artículo 26, sin necesidad de requerimiento.
- Reembolso del coste de avales y otras garantías si el acto o deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal.
- Derecho a no aportar documentos ya presentados y en poder de la Administración actuante, indicando el día y procedimiento en que se presentaron.
- Carácter reservado de los datos obtenidos: sólo para la aplicación de los tributos o recursos encomendados y la imposición de sanciones, sin cesión a terceros salvo previsión legal.
- El derecho a obtener copia a su costa del expediente en la puesta de manifiesto puede ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
- El Consejo para la Defensa del Contribuyente, integrado en el Ministerio de Hacienda, vela por la efectividad de los derechos, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas.
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Catálogo abierto de derechos y garantías de los obligados tributarios (información, devoluciones con intereses, lengua, reserva de datos, trato menos gravoso…) y el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
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Artículo 35. Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
2. Entre otros, son obligados tributarios:
a) Los contribuyentes.
b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los obligados a realizar pagos fraccionados.
d) Los retenedores.
e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
f) Los obligados a repercutir.
g) Los obligados a soportar la repercusión.
h) Los obligados a soportar la retención.
i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
j) Los sucesores.
k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.
3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se refiere el artículo 41 de esta ley.
6. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.
Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.
Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.
Datos clave
- Obligados tributarios: personas físicas o jurídicas y entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
- El apartado 2 enumera, entre otros, 11 clases (letras a a k): contribuyentes, sustitutos, obligados a pagos fraccionados, retenedores, obligados a ingresos a cuenta, a repercutir, a soportar la repercusión, la retención y los ingresos a cuenta, sucesores y beneficiarios de exenciones, devoluciones o bonificaciones que no sean sujetos pasivos.
- También son obligados tributarios quienes deben cumplir obligaciones formales, los responsables del artículo 41 y aquellos a quienes se impongan obligaciones conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
- Herencias yacentes, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado lo son en las leyes en que así se establezca.
- La concurrencia de varios obligados en un mismo presupuesto determina su obligación solidaria, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
- Si la Administración sólo conoce a un titular, le notifica la liquidación y debe satisfacerla si no solicita su división, facilitando datos personales, domicilio y proporción de participación de los restantes.
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Son obligados tributarios quienes deben cumplir obligaciones tributarias: la ley da una lista abierta de once figuras y añade a los obligados formales, los responsables, ciertos entes sin personalidad y los de asistencia mutua.
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Artículo 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente.
1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
En el ámbito aduanero, tendrá además la consideración de sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera.
2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa.
Datos clave
- Sujeto pasivo: obligado que debe cumplir la obligación tributaria principal y las formales inherentes, como contribuyente o como sustituto.
- Quien deba repercutir la cuota no pierde la condición de sujeto pasivo, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
- En el ámbito aduanero también es sujeto pasivo el obligado al pago de la deuda aduanera.
- Contribuyente: el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
- Sustituto: el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, cumple la obligación principal y las formales inherentes.
- El sustituto puede exigir al contribuyente el importe satisfecho, salvo que la ley señale otra cosa.
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Distingue dentro del sujeto pasivo dos figuras: el contribuyente, que realiza el hecho imponible, y el sustituto, que por ley ocupa su lugar y cumple la obligación principal en su nombre.
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Artículo 37. Obligados a realizar pagos a cuenta.
1. Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley de cada tributo impone la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.
2. Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos.
3. Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.
Datos clave
- Obligado a realizar pagos fraccionados: el contribuyente que debe ingresar cantidades a cuenta de la obligación principal antes de que ésta resulte exigible.
- Retenedor: persona o entidad que debe detraer e ingresar en la Administración tributaria una parte de los pagos que realiza a otros obligados, a cuenta del tributo de éstos.
- Obligado a practicar ingresos a cuenta: quien satisface rentas en especie o dinerarias y debe realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.
- En los tres casos la obligación la impone la ley (de cada tributo).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reúne las tres figuras que ingresan dinero a cuenta del tributo antes de que este resulte exigible: el obligado a pagos fraccionados, el retenedor y el obligado a practicar ingresos a cuenta.
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Artículo 38. Obligados en las obligaciones entre particulares resultantes del tributo.
1. Es obligado a repercutir la persona o entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas.
2. Es obligado a soportar la repercusión la persona o entidad a quien, según la ley, se deba repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.
3. Es obligado a soportar la retención, la persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones tributarias.
4. La ley podrá imponer a las personas o entidades la obligación de soportar los ingresos a cuenta de cualquier tributo practicados con ocasión de las rentas en especie o dinerarias que perciban y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador de dichas rentas.
Datos clave
- Obligado a repercutir: quien debe repercutir la cuota; salvo disposición legal en contrario, coincide con quien realiza las operaciones gravadas.
- Obligado a soportar la repercusión: salvo disposición legal en contrario, coincide con el destinatario de las operaciones gravadas.
- El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo la cuota repercutida.
- Obligado a soportar la retención: el perceptor de las cantidades sobre las que el retenedor debe practicar retenciones.
- La ley puede imponer la obligación de soportar los ingresos a cuenta practicados sobre rentas en especie o dinerarias y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las obligaciones «entre particulares» que nacen del tributo: repercutir la cuota y soportarla, y soportar la retención o el ingreso a cuenta practicados por otro.
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Artículo 39. Sucesores de personas físicas.
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.
Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota.
En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.
3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente.
Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente.
Datos clave
- A la muerte del obligado, las obligaciones pendientes se transmiten a los herederos, sin perjuicio de la legislación civil sobre adquisición de la herencia.
- Se transmiten a los legatarios en las mismas condiciones cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los legados de parte alícuota.
- En ningún caso se transmiten las sanciones.
- La obligación del responsable no se transmite salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación antes del fallecimiento.
- Que la deuda no estuviera liquidada no impide la transmisión: las actuaciones se entienden con cualquiera de los sucesores y la liquidación se notifica a todos los interesados del expediente.
- Herencia yacente: cumple las obligaciones su representante; si al término del procedimiento no se conocen los herederos, las liquidaciones se hacen a nombre de la herencia yacente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula qué pasa con las obligaciones tributarias de una persona física fallecida: pasan a herederos y legatarios, nunca las sanciones, y mientras la herencia esté yacente responde su representante.
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Artículo 40. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley.
Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.
3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica.
4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Datos clave
- Sociedades disueltas y liquidadas con responsabilidad limitada: las obligaciones pendientes se transmiten a socios, partícipes o cotitulares, obligados solidariamente hasta el límite de la cuota de liquidación y demás percepciones patrimoniales recibidas en los dos años anteriores a la disolución.
- Sin limitación de responsabilidad: se transmiten íntegramente y quedan obligados solidariamente.
- La falta de liquidación de la deuda al extinguirse la personalidad jurídica no impide la transmisión; las actuaciones pueden entenderse con cualquiera de los sucesores.
- Extinción o disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo: se transmiten a quienes sucedan o sean beneficiarios de la operación.
- Fundaciones y entidades del artículo 35.4: se transmiten a los destinatarios de los bienes y derechos o a los partícipes o cotitulares.
- Las sanciones por infracciones de estas sociedades y entidades son exigibles a los sucesores, en su caso con el límite del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas pendientes de sociedades y entidades extinguidas pasan a socios, partícipes, sucesores o beneficiarios. Con responsabilidad limitada, el tope es la cuota de liquidación y lo percibido en los dos años previos a la disolución.
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Artículo 41. Responsabilidad tributaria.
1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.
4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.
En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.
La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.
A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley.
Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.
5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.
Datos clave
- La ley puede configurar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales (los obligados del artículo 35.2).
- Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
- Salvo el artículo 42.2, alcanza a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario; si el responsable no paga en su plazo voluntario se inicia el período ejecutivo con recargos e intereses.
- No alcanza a las sanciones, salvo las excepciones legales; la reducción por conformidad es la del artículo 188.1.b) y se aplica también la del artículo 188.3, pero no en la responsabilidad del artículo 42.2.
- La derivación exige acto administrativo, previa audiencia al interesado, que declare la responsabilidad y su alcance y extensión (artículos 174 a 176); antes pueden adoptarse medidas cautelares del artículo 81.
- La derivación a responsables subsidiarios requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
- Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal conforme a la legislación civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley puede declarar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales. Sin precepto en contrario, la responsabilidad es subsidiaria, alcanza la deuda en voluntaria y no las sanciones, salvo excepciones.
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Artículo 44. Capacidad de obrar.
Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario, además de las personas que la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.
Datos clave
- Tienen capacidad de obrar en el orden tributario las personas que la tengan conforme a derecho.
- También los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de actividades que puedan ejercer sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial.
- Excepción: los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reconoce capacidad de obrar tributaria, además de a quien la tiene según el derecho común, a los menores e incapacitados para las actividades que puedan ejercer sin asistencia de quien tenga su patria potestad, tutela o curatela.
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Artículo 45. Representación legal.
1. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales.
2. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.
3. Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.
Datos clave
- Por quienes carecen de capacidad de obrar actúan sus representantes legales.
- Por las personas jurídicas actúan los titulares, en el momento de las actuaciones, de los órganos a quienes corresponda su representación por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.
- Por los entes del artículo 35.4 actúa quien ostente la representación acreditada en forma fehaciente.
- Sin representante designado: quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula quién actúa en nombre de quien no tiene capacidad de obrar: los representantes legales, los titulares de los órganos de representación en las personas jurídicas, y quien gestione de hecho una entidad sin personalidad del art. 35.4.
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Artículo 46. Representación voluntaria.
1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario.
2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV, V, VI y VII de esta Ley, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente.
A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria para determinados procedimientos.
3. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.
4. Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, o en los supuestos que se prevean reglamentariamente, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tributaria, el presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. La Administración tributaria podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación, que podrá efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
5. Para la realización de actuaciones distintas de las mencionadas en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, la representación podrá acreditarse debidamente en la forma que reglamentariamente se establezca.
6. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 (*) del artículo 35 de esta ley, concurran varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá otorgada la representación a cualquiera de ellos, salvo que se produzca manifestación expresa en contrario. La liquidación que resulte de dichas actuaciones deberá ser notificada a todos los titulares de la obligación.
7. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente.
(*) Actual apartado 7.
Datos clave
- Los obligados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, que puede ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones salvo manifestación expresa en contrario.
- Para interponer recursos o reclamaciones, desistir, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones o solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos, la representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o por comparecencia personal.
- Son válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria.
- Para los actos de mero trámite se presume concedida la representación.
- En la presentación telemática (colaboración social), el presentador actúa con la representación necesaria y la Administración puede requerir su acreditación en cualquier momento.
- Con varios titulares en una misma obligación se presume otorgada la representación a cualquiera de ellos; la liquidación se notifica a todos.
- La falta o insuficiencia del poder puede subsanarse en el plazo de 10 días que debe conceder el órgano administrativo competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien tiene capacidad de obrar puede actuar por representante, incluso un asesor fiscal. Los actos importantes exigen acreditar la representación; para el mero trámite se presume, y el defecto se subsana en 10 días.
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Artículo 47. Representación de personas o entidades no residentes.
A los efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.
La designación anterior deberá comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que la normativa señale.
Datos clave
- Los obligados tributarios que no residan en España deben designar un representante en sus relaciones con la Administración Tributaria.
- La obligación existe sólo cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.
- La designación debe comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que señale la normativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los obligados tributarios no residentes deben designar representante ante la Administración tributaria solo cuando la normativa tributaria lo establezca expresamente, y comunicar esa designación.
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Artículo 48. Domicilio fiscal.
1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.
2. El domicilio fiscal será:
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.
Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.
c) Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo b) anterior.
d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.
En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se refiere el artículo 47 de esta ley. No obstante, cuando la persona o entidad no residente en España opere mediante establecimiento permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado.
3. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, conforme a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de esta ley.
4. Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.
Datos clave
- Domicilio fiscal: lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.
- Personas físicas: residencia habitual; si desarrollan principalmente actividades económicas, puede considerarse el lugar de centralización de la gestión administrativa y dirección y, en su defecto, el de mayor valor del inmovilizado.
- Personas jurídicas: domicilio social si en él está centralizada la gestión administrativa y dirección de sus negocios; si no, el lugar de esa gestión o dirección; en último término, el de mayor valor del inmovilizado.
- Entidades del artículo 35.4: se aplican las reglas de las personas jurídicas.
- No residentes: lo que establezca la normativa de cada tributo; en defecto, el domicilio del representante del artículo 47; con establecimiento permanente, las reglas de los párrafos a) y b).
- El cambio de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se comunica.
- Cada Administración puede comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las reglas del domicilio fiscal según el tipo de obligado tributario: residencia habitual para personas físicas, domicilio social o lugar de gestión para personas jurídicas, y remisión a estas reglas para entes sin personalidad y no residentes.