Nociones básicas sobre el procedimiento de recaudación tributaria. Principios generales. Período voluntario y período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Garantías de la deuda tributaria. Responsabilidad tributaria: Concepto y tipología.
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Artículo 41. Responsabilidad tributaria.
El artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, define el concepto y el régimen general de la responsabilidad tributaria.
1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.
4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.
En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.
La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.
A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley.
Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.
5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.
Datos clave
- La ley puede configurar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales (obligados del artículo 35.2).
- Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
- Alcanza a la totalidad de la deuda exigida en período voluntario, salvo el artículo 42.2.
- No alcanza a las sanciones, salvo excepciones legales.
- Al responsable se le aplican las reducciones por conformidad del artículo 188.1.b) y la del artículo 188.3, salvo en los supuestos del artículo 42.2.
- La derivación exige acto administrativo, previa audiencia, que declare la responsabilidad y su alcance (artículos 174 a 176).
- La derivación a responsables subsidiarios requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
- Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal según la legislación civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley puede declarar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales. Sin precepto en contrario, la responsabilidad es subsidiaria, alcanza la deuda en voluntaria y no las sanciones, salvo excepciones.
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Artículo 42. Responsables solidarios.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.
c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.
La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.
2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.
4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 de esta ley.
Datos clave
- Responsables solidarios los causantes o colaboradores activos en una infracción tributaria, con extensión a la sanción.
- También los partícipes o cotitulares de las entidades del artículo 35.4, en proporción a sus participaciones.
- También los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, salvo adquirentes de elementos aislados, sucesión por causa de muerte y adquisiciones en procedimiento concursal.
- Artículo 42.2: responden hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
- Supuestos del 42.2: ocultación o transmisión de bienes para impedir la actuación administrativa e incumplimiento por culpa o negligencia de órdenes de embargo.
- También: colaborar o consentir en el levantamiento de bienes embargados o sujetos a medida cautelar o garantía, y depositarios que lo consientan tras la notificación del embargo.
- Las leyes pueden establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria.
- Procedimiento: artículo 175.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responden solidariamente quienes causan o colaboran en infracciones, los partícipes de entes sin personalidad, los sucesores en actividades económicas y quienes obstaculizan el embargo, estos hasta el valor de lo embargable.
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Artículo 43. Responsables subsidiarios.
1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.
d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley.
e) Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda aduanera.
f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.
La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.
La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.
La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.
La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente.
g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas.
h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.
En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.
2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación.
Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.
A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada.
Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.
Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas últimas.
3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.
4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de esta ley.
Datos clave
- Responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas infractoras, con extensión a las sanciones, y los de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
- También los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que no realicen las gestiones necesarias.
- También los adquirentes de bienes afectos (artículo 79) y los representantes aduaneros, salvo por la deuda aduanera.
- También los contratistas o subcontratistas principales, salvo certificado de estar al corriente emitido en los 12 meses anteriores a cada pago.
- La Administración emite o deniega el certificado en el plazo de tres días.
- Supuestos g) y h): control efectivo o voluntad rectora común con uso abusivo o fraudulento de personas jurídicas, con extensión a las sanciones.
- Administradores por autoliquidaciones sin ingreso reiterativas: la mitad o más en un año natural; sin ingreso si los ingresos no superan el 25 por ciento de las cuotas.
- Procedimiento: artículo 176.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsables subsidiarios: administradores, administradores concursales y liquidadores, adquirentes de bienes afectos, representantes aduaneros, contratistas principales y quienes usan sociedades de forma abusiva, entre otros.
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Artículo 77. Derecho de prelación.
El artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de prelación de la Hacienda Pública, primera de las garantías de la deuda tributaria.
1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley.
2. En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Datos clave
- La Hacienda Pública tiene prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuando concurra con otros acreedores.
- Excepción: acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito en el registro antes de que conste el derecho de la Hacienda Pública.
- Todo ello sin perjuicio de la hipoteca legal tácita (artículo 78) y la afección de bienes (artículo 79).
- En el proceso concursal, los créditos tributarios se someten a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda cobra antes que otros acreedores sus créditos tributarios vencidos y no pagados, salvo frente a derechos reales inscritos antes que el suyo; en concurso manda la Ley Concursal.
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Artículo 78. Hipoteca legal tácita.
En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.
Datos clave
- Se aplica a tributos que graven periódicamente bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos.
- Beneficiarios: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
- Preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque hayan inscrito sus derechos.
- Alcanza a las deudas devengadas y no satisfechas del año natural en que se exija el pago y del inmediato anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los tributos que gravan periódicamente bienes inscribibles, la Hacienda Pública tiene preferencia de cobro sobre cualquier otro acreedor, aunque esté inscrito, por las deudas del año en curso y del inmediato anterior.
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Artículo 79. Afección de bienes.
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
2. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.
3. Siempre que la ley conceda un beneficio fiscal cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración tributaria hará figurar el importe total de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que los titulares de los registros públicos correspondientes harán constar por nota marginal de afección.
En el caso de que con posterioridad y como consecuencia de las actuaciones de comprobación administrativa resulte un importe superior de la eventual liquidación a que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente procederá a comunicarlo al registrador competente a los efectos de que se haga constar dicho mayor importe en la nota marginal de afección.
Datos clave
- Los adquirentes de bienes afectos responden subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
- Los bienes transmitidos quedan afectos al pago de los tributos que graven la transmisión, adquisición o importación, cualquiera que sea su poseedor.
- Excepciones: tercero protegido por la fe pública registral, o adquisición con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial de bienes muebles no inscribibles.
- Beneficios fiscales condicionados: se hace constar el importe de la liquidación sin beneficio mediante nota marginal de afección.
- Si la comprobación arroja un importe superior, se comunica al registrador para hacerlo constar en la nota marginal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes transmitidos quedan afectos al pago de los tributos que gravan esa transmisión: si la deuda no se paga, su adquirente responde subsidiariamente con ellos, salvo que esté protegido por la fe pública registral o haya actuado de buena fe en un establecimiento mercantil.
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Artículo 80. Derecho de retención.
El artículo 80 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de retención como garantía de la deuda aduanera y fiscal.
La Administración tributaria tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías declaradas en las aduanas para el pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal, por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma.
Se trata, por tanto, de una garantía que opera frente a todos y que recae sobre un objeto concreto, las mercancías declaradas en las aduanas, cuya extensión se limita al importe de los derechos e impuestos liquidados, y que solo entra en juego cuando el pago de la deuda no se ha garantizado de forma suficiente.
Datos clave
- Titular: la Administración tributaria.
- El derecho de retención opera frente a todos.
- Recae sobre las mercancías declaradas en las aduanas.
- Garantiza el pago de la deuda aduanera y fiscal por el importe de los derechos e impuestos liquidados.
- Procede cuando no se garantice de forma suficiente el pago de la deuda.
Artículo 81. Medidas cautelares.
1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación.
2. Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad internacional o supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española.
3. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
4. Las medidas cautelares podrán consistir en:
a) La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración tributaria. La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución.
b) El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.
c) La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.
d) La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad principal realicen a los contratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.
e) Cualquier otra legalmente prevista.
5. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3.
6. Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.
Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente, o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la solicitud de suspensión.
7. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos:
a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del apartado 8 de este artículo o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar.
b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.
c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente.
En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensión del ingreso, la Administración Tributaria deberá abonar los gastos de la garantía aportada.
d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de seis meses.
e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 253 de esta Ley o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción.
Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 253 de esta Ley, una vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda exceder de 18 meses.
Las medidas a que se refiere este párrafo e) podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada.
Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la suspensión contemplada en el artículo 305.5 del Código Penal, las medidas adoptadas se notificarán al Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación o levantamiento.
8. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrá acordarse el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria.
9. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración Tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena.
Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de la Administración Tributaria con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales.
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal.
Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.
Datos clave
- Medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
- Deben notificarse al afectado con expresa mención de los motivos.
- Han de ser proporcionadas y en la cuantía estrictamente necesaria; nunca si producen un perjuicio de difícil o imposible reparación.
- Pueden consistir en retención de devoluciones u otros pagos, embargo preventivo, prohibición de enajenar, gravar o disponer, retención de un porcentaje de pagos a contratistas o subcontratistas, o cualquier otra legalmente prevista.
- Sus efectos cesan en seis meses desde su adopción, salvo conversión en embargos, desaparición de las circunstancias, sustitución por otra garantía o ampliación motivada de hasta seis meses.
- Medidas en el procedimiento del artículo 253: cesan en veinticuatro meses; ampliación total máxima de 18 meses.
- Deben levantarse si se presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
- Embargo preventivo de dinero y mercancías por actividades lucrativas sin establecimiento no declaradas, y de ingresos de espectáculos públicos no declarados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda puede adoptar medidas cautelares provisionales y proporcionadas si hay indicios de que el cobro se frustrará; duran seis meses salvo excepciones y tienen reglas propias en el delito fiscal.
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Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria.
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente.
En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta Ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Datos clave
- Garantía ordinaria de aplazamientos y fraccionamientos: aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
- Si no es posible obtenerlos o comprometen gravemente la viabilidad de la actividad: hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra suficiente.
- El obligado puede solicitar medidas cautelares en sustitución de las garantías.
- Dispensa total o parcial: deudas de cuantía inferior a la fijada en la normativa tributaria.
- Dispensa también cuando el obligado carezca de bienes suficientes y la ejecución afecte sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo o produzca graves quebrantos a la Hacienda Pública.
- Y en los demás casos que establezca la normativa tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para aplazar o fraccionar, Hacienda puede pedir aval o seguro de caución; si no es posible, otras garantías o medidas cautelares, y puede dispensarlas en tres casos.
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Artículo 160. La recaudación tributaria.
1. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
2. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse:
a) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62 de esta ley.
b) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.
Datos clave
- La recaudación tributaria es el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
- Dos períodos de recaudación: voluntario y ejecutivo.
- Período voluntario: pago o cumplimiento del obligado en los plazos del artículo 62.
- Período ejecutivo: pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, procedimiento administrativo de apremio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La recaudación busca el cobro de las deudas tributarias, en período voluntario (pago en los plazos del artículo 62) o ejecutivo (pago espontáneo o, en su defecto, apremio).
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Artículo 161. Recaudación en período ejecutivo.
1. El período ejecutivo se inicia:
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho texto refundido.
3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Datos clave
- Deudas liquidadas por la Administración: el período ejecutivo se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso del artículo 62.
- Autoliquidación sin ingreso: al día siguiente de la finalización del plazo de ingreso o, si ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación.
- La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo durante su tramitación, salvo denegación previa de otra solicitud sobre la misma deuda.
- El recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impide el inicio del período ejecutivo hasta que sea firme en vía administrativa y finalice el plazo de ingreso voluntario.
- La declaración de concurso no suspende el plazo voluntario de pago de las deudas concursales.
- Iniciado el período ejecutivo, se recauda por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado.
- Se exigen intereses de demora, recargos del período ejecutivo (artículos 26 y 28) y, en su caso, costas del apremio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo ejecutivo empieza al día siguiente de vencer el plazo de ingreso; ciertas solicitudes y recursos lo retrasan y, una vez iniciado, se cobra por apremio con intereses, recargos y costas.
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Artículo 162. Facultades de la recaudación tributaria.
1. Para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que desarrollen funciones de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios, tendrán las facultades que se reconocen a la Administración tributaria en el artículo 142 de esta ley, con los requisitos allí establecidos, y podrán adoptar medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 146 de esta ley.
Todo obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración, cuando ésta así lo requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 169 de esta ley.
2. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales que sean necesarias en el curso del procedimiento de apremio. Los obligados tributarios deberán atenderles en sus actuaciones y les prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se hubiesen dictado, se podrá acordar, previo apercibimiento, la ejecución subsidiaria de dichas resoluciones o requerimientos, mediante acuerdo del órgano competente.
Datos clave
- Los funcionarios de recaudación pueden comprobar e investigar la existencia y situación de bienes o derechos de los obligados tributarios.
- Tienen las facultades del artículo 142 y pueden adoptar medidas cautelares en los términos del artículo 146.
- El obligado debe aportar, si se le requiere, una relación de bienes y derechos suficiente para cubrir la deuda (artículo 169.2).
- Los obligados deben atender y colaborar con los funcionarios en las actuaciones materiales del apremio.
- Ante incumplimiento de resoluciones o requerimientos cabe, previo apercibimiento, la ejecución subsidiaria por acuerdo del órgano competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios de recaudación pueden investigar el patrimonio del obligado, usar las facultades generales de comprobación y adoptar medidas cautelares, y pueden forzar el cumplimiento con ejecución subsidiaria.
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Artículo 163. Carácter del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.
2. El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o con las normas del artículo siguiente.
La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le atribuye la Ley de conformidad con lo previsto en la legislación de conflictos jurisdiccionales.
3. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.
Datos clave
- El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo.
- La competencia para entender del mismo y resolver sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.
- No es acumulable a los procedimientos judiciales ni a otros de ejecución.
- No se suspende por la iniciación de aquéllos, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 2/1987, de Conflictos Jurisdiccionales, o en el artículo siguiente.
- Se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites.
- Una vez iniciado, sólo se suspende en los casos y forma previstos en la normativa tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio es un procedimiento exclusivamente administrativo: no se acumula a los judiciales, se inicia de oficio y solo se suspende en los casos previstos.
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Artículo 164. Concurrencia de procedimientos.
El artículo 164 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la concurrencia de procedimientos.
1. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas:
1.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo.
2.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.
Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.
2. En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, en su caso, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa.
3. Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución que precisen para el ejercicio de sus funciones.
Asimismo tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos de ejecución.
4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria.
Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá únicamente la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.
Datos clave
- Concurrencia con procedimientos singulares: el apremio es preferente si su embargo es el más antiguo.
- Concurrencia con procedimientos concursales o universales: preferente si el embargo es anterior a la declaración del concurso.
- En ambos casos se atiende a la fecha de la diligencia de embargo.
- En concurso se aplican la Ley Concursal y la Ley General Presupuestaria, sin impedir la providencia de apremio en los casos previstos.
- Derecho de abstención de la Hacienda Pública en los procesos concursales.
- Condiciones singulares de pago no más favorables que las del convenio; basta la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el apremio concurre con otras ejecuciones, manda la antigüedad del embargo; en concurso rige la Ley Concursal y Hacienda puede abstenerse o pactar condiciones no más favorables que el convenio.
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Artículo 165. Suspensión del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria.
2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.
3. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.
4. Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
5. Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.
Datos clave
- El apremio se suspende en la forma prevista para recursos y reclamaciones económico-administrativas y en los demás supuestos de la normativa tributaria.
- Suspensión automática, sin garantía, si se demuestra error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda.
- También si la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o ha prescrito el derecho a exigir el pago.
- La reclamación de tercería se formula ante el órgano administrativo competente.
- Tercería de dominio: se suspende el apremio respecto de los bienes controvertidos, tras adoptar medidas de aseguramiento.
- Tercería de mejor derecho: el procedimiento prosigue hasta la realización de los bienes y el producto se consigna en depósito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio se puede parar por recurso con garantía, pero también de oficio y sin garantía cuando hay un error claro, y se complica si un tercero reclama la propiedad de lo embargado.
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Artículo 166. Conservación de actuaciones.
1. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad.
2. La anulación de los recargos u otros componentes de la deuda tributaria distintos de la cuota o de las sanciones no afectará a la validez de las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la deuda tributaria o sanciones no anulados.
Datos clave
- La nulidad de determinadas actuaciones del apremio no afecta a las no afectadas por la causa de nulidad, que se conservan.
- La anulación de recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no afecta a la validez de las actuaciones respecto de lo no anulado.
- Se conservan las actuaciones relativas a los componentes o sanciones no anulados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se anulan actuaciones del apremio, se conservan las no afectadas por la nulidad; y anular recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no invalida lo actuado sobre lo no anulado.
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Artículo 167. Iniciación del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago.
2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.
3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.
Datos clave
- El apremio se inicia mediante providencia notificada que identifica la deuda, liquida los recargos del artículo 28 y requiere el pago.
- La providencia de apremio es título suficiente y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.
- Motivos de oposición tasados: extinción total de la deuda o prescripción; solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión.
- También: falta de notificación de la liquidación y anulación de la liquidación.
- También: error u omisión en la providencia que impida identificar al deudor o la deuda apremiada.
- Sin pago en el plazo del artículo 62.5 se procede al embargo, advirtiéndose así en la providencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio arranca con una providencia que vale como título ejecutivo, y solo se puede oponer por unos motivos tasados y muy concretos.
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Artículo 168. Ejecución de garantías.
Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.
No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.
Datos clave
- Si la deuda está garantizada, se ejecuta en primer lugar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.
- La Administración puede embargar y enajenar antes otros bienes si la garantía no es proporcionada a la deuda garantizada.
- También puede hacerlo cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes.
- En esos casos, la garantía queda sin efecto en la parte asegurada por los embargos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la deuda está garantizada, primero se ejecuta la garantía por apremio, aunque Hacienda puede embargar antes otros bienes si la garantía es desproporcionada o el obligado lo pide señalando bienes suficientes.
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Artículo 169. Práctica del embargo de bienes y derechos.
1. Con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:
a) El importe de la deuda no ingresada.
b) Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Las costas del procedimiento de apremio.
2. Si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden diferente en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado.
Si los criterios establecidos en el párrafo anterior fueran de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden:
a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
c) Sueldos, salarios y pensiones.
d) Bienes inmuebles.
e) Intereses, rentas y frutos de toda especie.
f) Establecimientos mercantiles o industriales.
g) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.
h) Bienes muebles y semovientes.
i) Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.
3. A efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado en un plazo no superior a seis meses. Los demás se entienden realizables a largo plazo.
4. Siguiendo el orden establecido según los criterios del apartado 2 de este artículo, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso, se embargarán en último lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario.
A solicitud del obligado tributario se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros.
5. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación.
Datos clave
- El embargo respeta siempre el principio de proporcionalidad.
- Cubre deuda no ingresada, intereses hasta el ingreso en el Tesoro, recargos del período ejecutivo y costas del apremio.
- Criterio general: mayor facilidad de enajenación y menor onerosidad para el obligado.
- Orden subsidiario: primero dinero efectivo o en cuentas; después créditos realizables a corto plazo; sueldos, salarios y pensiones; bienes inmuebles; y así hasta los créditos realizables a largo plazo.
- Realizable a corto plazo: en un plazo no superior a seis meses.
- Se embargan en último lugar los bienes cuya traba exija entrar en el domicilio del obligado.
- A solicitud del obligado puede alterarse el orden si los bienes señalados garantizan el cobro con la misma eficacia y prontitud sin perjuicio a terceros.
- No se embargan bienes inembargables ni aquellos cuyo coste de realización pueda exceder del importe obtenible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija cuánto se puede embargar (deuda, intereses, recargos y costas) y en qué orden, siempre respetando la proporcionalidad y protegiendo lo inembargable.
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Artículo 170. Diligencia de embargo y anotación preventiva.
1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación.
Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos.
2. Si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedirá mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, solicitándose, asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el registro. El registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la expedición de esta certificación, expresando su fecha y el procedimiento al que se refiera.
En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.
La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos tributarios establece el artículo 77 de esta ley, siempre que se ejercite la tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo.
3. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Falta de notificación de la providencia de apremio.
c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación.
4. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa, si se aprecia que la continuidad de las personas que ejercen la dirección de la actividad pudiera perjudicar la solvencia del obligado tributario, el órgano competente, previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador o que intervenga en la gestión del negocio en la forma que reglamentariamente se establezca, fiscalizando previamente a su ejecución aquellos actos que se concreten en el acuerdo administrativo.
6. La Administración tributaria podrá acordar la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de aquella y este ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre la sociedad titular de los inmuebles en cuestión en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado a formular cuentas consolidadas. Podrá tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente en virtud del correspondiente mandamiento en que se justificará la validez de la medida cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia a la existencia de la correspondiente relación de control cuyo presupuesto de hecho se detallará en el propio mandamiento.
El recurso contra la medida de prohibición de disponer solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción.
La medida se alzará cuando por cualquier causa se extinga el embargo de las participaciones o acciones pertenecientes al obligado tributario. Asimismo, la Administración tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer cuando su mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad.
Datos clave
- Cada actuación de embargo se documenta en diligencia notificada a la persona con la que se entienda.
- La diligencia se notifica al obligado y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario, al cónyuge si los bienes son gananciales y a los condueños o cotitulares.
- Bienes inscribibles: anotación preventiva de embargo mediante mandamiento con el mismo valor que el mandamiento judicial.
- La anotación no altera la prelación del artículo 77 si se ejercita la tercería de mejor derecho; en otro caso prevalece el orden registral.
- Motivos de oposición a la diligencia: extinción o prescripción, falta de notificación de la providencia de apremio, incumplimiento de las normas del embargo y suspensión del procedimiento.
- Embargo de empresa: puede nombrarse, previa audiencia, un funcionario administrador o interventor.
- Prohibición de disponer sobre inmuebles de una sociedad controlada (artículo 42 del Código de Comercio) cuando se embarguen acciones o participaciones del obligado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada embargo se documenta en diligencia notificada a los afectados; si el bien es inscribible se anota preventivamente, y la diligencia solo se puede impugnar por cuatro motivos.
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Artículo 171. Embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito.
El artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito.
1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo.
Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169, se concretarán por el órgano competente los que hayan de quedar trabados.
2. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.
3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.
Datos clave
- Se identifica el bien conocido, pero el embargo puede extenderse sin identificación previa al resto de bienes en la entidad dentro del ámbito de la Administración ordenante.
- Si los bienes no son homogéneos o exceden del importe del artículo 169.1, el órgano competente concreta los que quedan trabados.
- Cuentas de varios titulares: solo se embarga la parte del obligado.
- Titularidad indistinta o conjunta mancomunada: el saldo se presume dividido en partes iguales, salvo prueba en contrario.
- Cuentas con abono de sueldos, salarios o pensiones: se respetan los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Se considera salario lo ingresado por ese concepto en el mes del embargo o, en su defecto, en el mes anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda puede embargar fondos en bancos identificando un bien y extendiéndose al resto; en cuentas compartidas solo la parte del deudor y en cuentas de nómina respetando los límites de la LEC.
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Artículo 172. Enajenación de los bienes embargados.
1. La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente.
El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112 de esta ley. En ese caso, contra el acuerdo de enajenación sólo serán admisibles los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo a los que se refiere el apartado 3 del artículo 170 de esta ley.
2. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles cuya adjudicación pueda interesar a la Hacienda Pública y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de enajenación.
La adjudicación se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación.
3. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.
4. En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria liberará los bienes embargados si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio.
Datos clave
- Formas de enajenación: subasta, concurso o adjudicación directa.
- El acuerdo de enajenación sólo es impugnable si las diligencias de embargo se tuvieron por notificadas conforme al artículo 112.3, y únicamente por los motivos del artículo 170.3.
- Cabe adjudicar a la Hacienda Pública inmuebles o muebles de su interés no adjudicados en la enajenación.
- La adjudicación se acuerda por el importe del débito, sin rebasar en ningún caso el 75 por ciento del tipo inicial.
- No se enajena hasta que la liquidación sea firme, salvo fuerza mayor, bienes perecederos, riesgo de pérdida inminente de valor o solicitud expresa del obligado.
- Antes de la adjudicación se liberan los bienes si el obligado extingue la deuda y las costas.
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Los bienes embargados se venden por subasta, concurso o adjudicación directa, y la Hacienda solo puede adjudicárselos a sí misma sin superar el 75% del tipo inicial.
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Artículo 173. Terminación del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio termina:
a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de esta ley.
b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.
2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.
Datos clave
- El apremio termina con el pago de la cantidad debida del artículo 169.1.
- Termina con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
- Termina con el acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra causa.
- Si el crédito se declaró incobrable, el apremio se reanuda, dentro del plazo de prescripción, al conocerse la solvencia de algún obligado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio acaba con el pago, con la declaración de crédito incobrable tras declarar fallidos a todos los obligados, o por cualquier otra causa de extinción de la deuda; y puede reabrirse si aparece solvencia.
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Artículo 174. Declaración de responsabilidad.
1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa.
2. La competencia para iniciar el procedimiento de declaración de responsabilidad y para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano de recaudación.
3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que también les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.
4. El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de notificación tendrá el siguiente contenido:
a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.
b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.
5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.
No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta Ley, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.
6. El plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será el establecido en el apartado 2 del artículo 62 de esta ley.
Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía de apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el artículo 28 de esta ley.
Datos clave
- La responsabilidad puede declararse en cualquier momento posterior a la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo disposición legal en contrario.
- Competencia para iniciar el procedimiento y dictar la declaración: el órgano de recaudación.
- Los responsables pueden alegar y aportar documentación antes del trámite de audiencia.
- La notificación incluye el texto íntegro del acuerdo, los medios de impugnación y el lugar, plazo y forma de pago.
- En el recurso puede impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones, sin revisar las firmes para otros obligados.
- En los supuestos del artículo 42.2 sólo se impugna el alcance global de la responsabilidad.
- Plazo de pago en período voluntario: el del artículo 62.2; si no paga, se exige en vía de apremio con el recargo del artículo 28.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad se declara tras la liquidación o autoliquidación por el órgano de recaudación; el responsable puede impugnar el presupuesto y las liquidaciones y paga en el plazo del art. 62.2.
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Artículo 175. Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.
El artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.
1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el siguiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago original de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.
b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago original de la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable.
2. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo.
Datos clave
- Responsabilidad declarada y notificada antes del vencimiento del período voluntario original: basta requerir el pago una vez transcurrido dicho período.
- En los demás casos, transcurrido el período voluntario original, el órgano competente dicta acto de declaración de responsabilidad.
- El futuro adquirente de explotaciones o actividades puede solicitar, con conformidad del titular actual, certificación detallada de deudas, sanciones y responsabilidades.
- La Administración debe expedirla en el plazo de tres meses desde la solicitud.
- La responsabilidad del adquirente queda limitada a lo contenido en la certificación.
- Si la certificación no menciona deudas o no se facilita en plazo, el solicitante queda exento de responsabilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exigir la responsabilidad solidaria depende de si se declaró antes o después del periodo voluntario; el adquirente de un negocio puede limitarla pidiendo certificado de deudas, que se expide en tres meses.
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Artículo 176. Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria.
Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable subsidiario.
Datos clave
- Presupuesto: la declaración de fallido del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios.
- La Administración tributaria dicta acto de declaración de responsabilidad.
- El acto se notifica al responsable subsidiario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para exigir la responsabilidad subsidiaria, primero deben declararse fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios; luego se dicta y notifica el acto de declaración de responsabilidad.
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Artículo 177. Procedimiento de recaudación frente a los sucesores.
1. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación a los sucesores, con requerimiento del pago de la deuda tributaria y costas pendientes del causante.
Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se suspenderá el procedimiento de recaudación hasta que transcurra el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la relación de las deudas tributarias pendientes del causante, con efectos meramente informativos.
Mientras la herencia se encuentre yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y derechos, a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su administración o representación.
2. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica.
Disuelta y liquidada una fundación, el procedimiento de recaudación continuará con los destinatarios de sus bienes y derechos.
La Administración tributaria podrá dirigirse contra cualquiera de los socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, o contra todos ellos simultánea o sucesivamente, para requerirles el pago de la deuda tributaria y costas pendientes.
Datos clave
- Fallecido el obligado, el procedimiento continúa con herederos y, en su caso, legatarios, con la constancia del fallecimiento y notificación con requerimiento de pago.
- Si el heredero usa el derecho a deliberar, se suspende el procedimiento durante el plazo concedido.
- Herencia yacente: se dirige contra sus bienes y derechos, entendiendo las actuaciones con quien ostente su administración o representación.
- Sociedad disuelta y liquidada: continúa con socios, partícipes o cotitulares, constatada la extinción de la personalidad jurídica.
- Fundación disuelta y liquidada: continúa con los destinatarios de sus bienes y derechos.
- La Administración puede dirigirse contra cualquiera o contra todos, simultánea o sucesivamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el obligado fallece, el cobro sigue contra sus herederos sin más trámite que notificarles la deuda; si la sociedad se disuelve, sigue contra sus socios o los destinatarios de sus bienes.
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Artículo 177 nonies. Instrumento de ejecución.
El artículo 177 nonies de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el instrumento de ejecución en el ámbito de la asistencia mutua.
1. Tendrá la consideración de instrumento de ejecución aquel que, en virtud de las normas de asistencia mutua, habilite para el ejercicio de las actuaciones recaudatorias a las que se refiere el capítulo V del Título III de esta Ley.
2. El instrumento de ejecución se asimila a la providencia de apremio. En particular, será considerado título suficiente para iniciar el procedimiento de recaudación y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 167.2 de esta Ley para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
3. Cuando el instrumento de ejecución vaya acompañado de otros documentos referentes al mismo y expedidos por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente, dichos documentos serán remitidos al destinatario en la lengua en la que sean recibidos por la Administración tributaria, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.
4. En ningún caso, ni el instrumento de ejecución ni los documentos que acompañen y se refieran al mismo, que hayan sido recibidos conforme a la normativa de asistencia mutua, estarán sujetos a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.
Datos clave
- Instrumento de ejecución: el que, según las normas de asistencia mutua, habilita para las actuaciones recaudatorias.
- Se asimila a la providencia de apremio y es título suficiente para iniciar el procedimiento de recaudación.
- Tiene la misma fuerza ejecutiva que la providencia de apremio del artículo 167.2.
- Los documentos que lo acompañen se remiten en la lengua en que se reciben, salvo otra previsión.
- No está sujeto a reconocimiento, adición o sustitución por la Administración tributaria española, salvo otra previsión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El instrumento de ejecución que llega por asistencia mutua equivale a la providencia de apremio: basta para iniciar la recaudación y no necesita reconocimiento por Hacienda española.
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Artículo 64. Derecho de prelación.
1. Conforme a lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles, practicadas con anterioridad a la del crédito de la Hacienda pública sobre unos mismos bienes embargados, el órgano de recaudación podrá elevar al órgano competente el expediente a efectos de acordar, si procede, el ejercicio de la acción de tercería de mejor derecho en defensa de los intereses de la Hacienda pública, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.
2. Cuando en los mencionados registros consten derechos inscritos o anotados con anterioridad a la anotación de embargo a favor de la Hacienda pública, y existiesen indicios de que dichas inscripciones o anotaciones pudiesen ser consecuencia de actuaciones realizadas en perjuicio de los derechos de la Hacienda pública, se trasladará copia de la documentación al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente, al efecto de determinar la procedencia, en su caso, de ejercer acciones legales en defensa del crédito público.
Datos clave
- Desarrolla el artículo 77 de la Ley General Tributaria.
- Anotaciones de embargo anteriores a la de la Hacienda pública sobre los mismos bienes: el órgano de recaudación puede elevar el expediente para ejercer la tercería de mejor derecho.
- Se requiere informe previo del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.
- Registros afectados: Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles.
- Derechos inscritos con indicios de perjuicio a la Hacienda pública: se traslada copia al órgano de asesoramiento jurídico para valorar acciones legales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si hay embargos anotados antes que el de la Hacienda sobre los mismos bienes, puede ejercerse la tercería de mejor derecho; si hay indicios de inscripciones en perjuicio de la Hacienda, se acude al asesoramiento jurídico.
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Artículo 65. Hipoteca legal tácita.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende que se exige el pago cuando se inicia el procedimiento de recaudación en periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio en que se haya inscrito en el registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate.
2. Tanto el acreedor hipotecario como el tercero adquirente tienen derecho a exigir la segregación de cuotas de los bienes que les interesen, cuando se hallen englobadas en un solo recibo con otras del mismo obligado al pago.
3. En orden a la ejecución de la hipoteca legal tácita se aplicará el artículo 74.4.
Datos clave
- Desarrolla el artículo 78 de la Ley General Tributaria.
- Se entiende que se exige el pago cuando se inicia la recaudación en periodo voluntario de los débitos del ejercicio en que se inscribió el derecho o se transmitieron los bienes.
- El acreedor hipotecario y el tercero adquirente pueden exigir la segregación de cuotas englobadas en un solo recibo.
- La ejecución de la hipoteca legal tácita se rige por el artículo 74.4.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos de la hipoteca legal tácita, se exige el pago al iniciarse la recaudación voluntaria del ejercicio de la inscripción o transmisión; acreedor hipotecario y adquirente pueden pedir la segregación de cuotas.
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Artículo 66. Otras hipotecas y derechos reales en garantía de los créditos de la Hacienda pública.
1. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo anterior, por débitos anteriores a los expresados en él o por mayor cantidad de la que de este resulta, podrá constituirse voluntariamente por el deudor o ser exigida por la Hacienda pública la constitución de hipoteca especial. Esta hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Hipotecaria.
2. En relación con otras deudas se podrá constituir voluntariamente, como garantía en favor de la Hacienda pública, en los casos de aplazamiento y fraccionamiento o en los demás supuestos previstos en la normativa que resulte de aplicación, hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento de la posesión o cualquier otro derecho real de garantía.
3. Si la garantía se hubiese constituido unilateralmente, su aceptación se hará por el órgano competente mediante documento administrativo, cuyo contenido se hará constar en el registro correspondiente.
Con carácter previo se podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la suficiencia de la garantía.
La Hacienda pública, en su caso, autorizará la cancelación de la garantía en la misma forma establecida para la aceptación.
4. La ejecución de estas garantías se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 74.
Datos clave
- Hipoteca especial: constituida voluntariamente por el deudor o exigida por la Hacienda pública, para débitos anteriores o por mayor cantidad que la hipoteca legal tácita.
- La hipoteca especial surte efecto desde su inscripción (artículo 145 de la Ley Hipotecaria).
- Para otras deudas: hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento u otro derecho real de garantía.
- La garantía unilateral se acepta por el órgano competente mediante documento administrativo inscrito en el registro.
- Puede solicitarse informe previo al órgano de asesoramiento jurídico sobre su suficiencia.
- La ejecución se rige por el artículo 74.
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Para débitos anteriores o mayores que los de la hipoteca legal tácita cabe hipoteca especial; para otras deudas, garantías reales voluntarias, aceptadas y canceladas por documento administrativo.
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Artículo 67. Afección y retención de bienes.
1. Para el ejercicio del derecho de afección se requerirá la declaración de responsabilidad subsidiaria en los términos establecidos en los artículos 174 y 176 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La nota marginal de afección será solicitada expresamente y de oficio por el órgano competente, a menos que la liquidación se consigne en el documento que haya de acceder al registro; en tal caso, la nota de afección se extenderá directamente por este último sin necesidad de solicitud al efecto.
2. El derecho de retención se ejercerá por los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías.
Datos clave
- El ejercicio del derecho de afección requiere la declaración de responsabilidad subsidiaria (artículos 174 y 176 de la Ley General Tributaria).
- La nota marginal de afección se solicita expresamente y de oficio por el órgano competente.
- Si la liquidación consta en el documento que accede al registro, la nota se extiende directamente sin solicitud.
- El derecho de retención lo ejercen los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho de afección exige declarar la responsabilidad subsidiaria; la nota marginal se pide de oficio salvo que la liquidación conste en el documento registrable; la retención la ejercen los órganos que reciben las mercancías.
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Artículo 68. Iniciación y terminación de la recaudación en periodo voluntario.
1. La recaudación en periodo voluntario se iniciará a partir de:
a) La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago.
b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.
c) La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.
2. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la autoliquidación.
3. Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo voluntario. Por la cantidad no pagada se iniciará el periodo ejecutivo en los términos previstos en el artículo 69.
Datos clave
- Liquidaciones: el periodo voluntario se inicia en la fecha de notificación de la liquidación.
- Deudas de notificación colectiva y periódica: con la apertura del plazo recaudatorio.
- Autoliquidaciones: en la fecha de comienzo del plazo de presentación.
- Concluye el día del vencimiento de los plazos de ingreso.
- Autoliquidación extemporánea sin ingreso ni solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación: concluye el mismo día de su presentación.
- Cabe pago total o parcial; por lo no pagado se inicia el periodo ejecutivo (artículo 69).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo voluntario empieza con la notificación, la apertura del plazo colectivo o el inicio del plazo de autoliquidación, y termina al vencer el plazo; si la autoliquidación es extemporánea y sin ingreso, el mismo día.
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Artículo 69. Recaudación en periodo ejecutivo.
1. La recaudación en periodo ejecutivo se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario.
2. Iniciado el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, que se iniciará, a su vez, mediante la notificación de la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 70.
3. El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.
Datos clave
- El periodo ejecutivo se inicia según el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria, respecto de los importes no satisfechos en periodo voluntario.
- Iniciado el periodo ejecutivo, se recauda por el procedimiento de apremio.
- El apremio se inicia con la notificación de la providencia de apremio (artículo 70).
- Cabe pago total o parcial en periodo ejecutivo.
- Si el pago no cubre deuda, recargo y costas, el procedimiento continúa por el resto impagado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo ejecutivo se inicia según el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria por lo no pagado en voluntaria; se recauda por apremio, que empieza con la notificación de la providencia, y caben pagos parciales.
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Artículo 70. Providencia de apremio.
1. La providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago.
2. La providencia de apremio deberá contener:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
b) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora.
d) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.
e) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
f) Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
g) Fecha de emisión de la providencia de apremio.
3. Son órganos competentes para dictar la providencia de apremio los que establezca la norma de organización específica.
En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de deudas de otras Administraciones públicas, la providencia de apremio será dictada por el órgano competente de dichas Administraciones.
4. En el caso de deudas a favor de la Hacienda pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, a los procedimientos de compensación de oficio y deducción sobre transferencias.
Datos clave
- La providencia de apremio es el acto que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago.
- Contiene identificación del obligado, concepto, importe y periodo de la deuda, y la indicación de que no ha sido satisfecha.
- Incluye la liquidación del recargo del periodo ejecutivo y el requerimiento de pago en el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
- Advierte del embargo si no se ingresa la deuda con el recargo de apremio reducido del 10 por ciento.
- En caso de embargo se incluyen el recargo de apremio del 20 por ciento y los intereses de demora.
- La dictan los órganos que establezca la norma de organización específica; en recaudación por convenio, el órgano de la otra Administración.
- Deudas de entidades públicas con la Hacienda estatal: cabe compensación de oficio y deducción sobre transferencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La providencia de apremio ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado; debe contener siete menciones, entre ellas el recargo reducido del 10 % y la advertencia del 20 % si no paga.
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Artículo 71. Notificación de la providencia de apremio.
En la notificación de la providencia de apremio se harán constar al menos los siguientes extremos:
a) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
b) Repercusión de costas del procedimiento.
c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
d) Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.
e) Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.
Datos clave
- La notificación de la providencia de apremio debe indicar el lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
- Debe indicar la repercusión de costas del procedimiento.
- Debe indicar la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
- Debe indicar que la suspensión se producirá en los casos y condiciones de la normativa vigente.
- Debe indicar los recursos procedentes, los órganos ante los que interponerlos y el plazo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La notificación de la providencia de apremio debe indicar al menos lugar de ingreso, costas, posibilidad de aplazar, cuándo se suspende el procedimiento y recursos procedentes.
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Artículo 72. Interés de demora del periodo ejecutivo.
1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.
3. El tipo de interés se aplicará de acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria o presupuestaria, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias respectivamente.
4. El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma:
a) Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
b) En el supuesto al que se refiere el párrafo a), el órgano de recaudación competente podrá, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada.
c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior.
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.
En los casos de los párrafos b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de la liquidación de los intereses de demora devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias, y la forma de cómputo del tiempo de devengo.
5. En el ámbito de competencias del Estado no se practicará liquidación por intereses de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la cifra que por orden fije el Ministro de Economía y Hacienda como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación.
Datos clave
- El interés de demora se devenga desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha del ingreso.
- No se exige si, sin suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, la deuda se paga totalmente antes de que concluya el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
- La base del interés no incluye el recargo de apremio.
- Tipo aplicable: normativa tributaria (deudas y sanciones tributarias) o presupuestaria (deudas no tributarias).
- Pago tras el plazo del artículo 62.5: los intereses se liquidan posteriormente, aunque el órgano de recaudación puede exigirlos en el momento del pago.
- En ejecución de bienes o garantías y en embargo de dinero pueden liquidarse los intereses en ese momento.
- En el ámbito estatal no se liquidan intereses inferiores a la cifra mínima fijada por orden del Ministro de Economía y Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En periodo ejecutivo se devengan intereses de demora desde su inicio hasta el ingreso, sin incluir el recargo en la base; no se exigen si se paga todo dentro del plazo del artículo 62.5, y regula cómo se liquidan.
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Artículo 72 bis. Cálculo de los intereses de demora en el ámbito de la asistencia mutua.
El artículo 72 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el cálculo de los intereses de demora en el ámbito de la asistencia mutua.
Las cantidades adeudadas de titularidad de otros Estados o de otras entidades internacionales y supranacionales, cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, devengarán interés de demora de acuerdo con el artículo 26.2.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma:
a) Cuando se produzca el pago de la deuda una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
b) En el supuesto al que se refiere el párrafo a), el órgano de recaudación competente podrá, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda.
c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior.
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.
Datos clave
- Las deudas de otros Estados o entidades internacionales y supranacionales en asistencia mutua devengan interés de demora conforme al artículo 26.2.e) de la Ley 58/2003.
- Pago tras el plazo del artículo 62.6: los intereses se liquidan posteriormente por el procedimiento general.
- El órgano de recaudación puede liquidarlos y exigirlos en el momento del pago si lo aconsejan las necesidades del servicio.
- Ejecución de bienes o garantías: se liquidan al aplicar el líquido obtenido, si es superior.
- Embargo de dinero, cuentas o créditos: pueden liquidarse y retenerse en el momento del embargo si el importe disponible es superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas de otros Estados o entidades que se cobran por asistencia mutua devengan interés de demora y se liquidan después del pago, al pagar, al aplicar lo obtenido o al embargar dinero.
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Artículo 73. Suspensión del procedimiento de apremio.
El artículo 73 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la suspensión del procedimiento de apremio.
1. La suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa se tramitará y resolverá de acuerdo con las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
2. Cuando el interesado demuestre la existencia de error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que esta ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir su pago, se le notificará la suspensión de las actuaciones del procedimiento de apremio en tanto se dicte el acuerdo correspondiente.
Cuando la apreciación de las citadas circunstancias no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión, este podrá suspender las actuaciones y dará traslado al órgano competente. Este último informará al órgano de recaudación que estuviera tramitando el procedimiento de apremio sobre la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas.
La resolución que se adopte se notificará al interesado comunicándole, en su caso, la continuación del procedimiento de apremio.
3. La suspensión del procedimiento de apremio asociado al cobro de una liquidación vinculada a delito, tanto en sede del deudor principal como en sede del responsable, se tramitará y resolverá de acuerdo con el régimen regulado en los artículos 255, 256 y 258.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. La suspensión del procedimiento de recaudación seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en los apartados anteriores y en el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Datos clave
- La suspensión por recurso o reclamación económico-administrativa se rige por las normas de revisión en vía administrativa.
- Se suspende si se demuestra error material, aritmético o de hecho, o que la deuda está ingresada, condonada, compensada, aplazada, suspendida o prescrita.
- Si no es competente el órgano de recaudación que recibe la solicitud, puede suspender y da traslado al competente.
- Liquidación vinculada a delito: artículos 255, 256 y 258.3 de la Ley 58/2003.
- Asistencia mutua: además, el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo se suspende el apremio: por recurso (normas de revisión), por error o deuda ya extinguida, aplazada o prescrita, y con regímenes propios para liquidaciones vinculadas a delito y asistencia mutua.
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Artículo 74. Ejecución de garantías.
El artículo 74 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la ejecución de garantías.
1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en su artículo 168, segundo párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.
En ningún caso será de aplicación en la ejecución de garantías lo dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.
3. Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos del obligado al pago susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este reglamento para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar.
4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona o entidad distinta del obligado al pago, se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del depósito constituido, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de sus bienes y derechos sin más trámite en virtud de la misma providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación de aquella. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el depósito a cancelar dichas cantidades.
6. La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda pública se realizará por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento de apremio.
Cuando se inicie la ejecución administrativa, el órgano de recaudación competente comunicará la orden de ejecución al Registrador de la Propiedad mediante mandamiento por duplicado para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas, con el contenido y efectos establecidos en el artículo 688 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El órgano de recaudación competente notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación.
En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 97 y con independencia del valor en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.
7. Se podrá continuar el procedimiento de apremio cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente, jurídica o económicamente, desde la fecha de su constitución, sin necesidad de esperar a su ejecución, mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente.
Datos clave
- Si la deuda garantizada no se paga en el plazo del artículo 62.5, se ejecuta la garantía.
- No se aplica el artículo 172.3 de la Ley 58/2003 en la ejecución de garantías.
- Garantía personal (aval, fianza, seguro de caución): se requiere al garante hasta el límite garantizado.
- Garantía real del obligado: enajenación por el procedimiento de bienes embargados de naturaleza igual o similar.
- Depósito en efectivo: se requiere al depositario; si es la propia Administración, se aplica el depósito.
- Hipotecas: mandamiento por duplicado al Registrador para la certificación de dominio y cargas (artículo 688 de la LEC).
- Garantía manifiestamente insuficiente: se continúa el apremio mediante acuerdo motivado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la deuda garantizada no se paga en el plazo del apremio, se ejecuta la garantía: al garante se le requiere el pago, los bienes en garantía se enajenan y el depósito se aplica.
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Artículo 75. Diligencias de embargo.
1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse realizado el ingreso requerido, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan, siempre que no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no resultará líquido suficiente para cubrir la deuda.
2. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo.
3. Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo.
Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.
Datos clave
- Transcurrido el plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003 sin ingreso, se embargan bienes y derechos en cumplimiento de la providencia de apremio.
- Procede si no se pagó por ejecución de garantías o es previsible que esta no cubra la deuda.
- Cada actuación de embargo se documenta en diligencia de embargo.
- Las deudas de un mismo obligado pueden acumularse en una diligencia y segregarse cuando el procedimiento lo exija.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pasado el plazo del artículo 62.5 LGT sin pagar, se embargan bienes en cumplimiento de la providencia de apremio, salvo que la deuda se haya cobrado con la garantía; cada embargo consta en diligencia.
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Artículo 76. Práctica de los embargos.
1. Si los bienes embargables se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado, se ordenará, mediante personación en dichos locales, al depositario o al personal dependiente de este último la entrega de los bienes, que se detallarán en la correspondiente diligencia.
En caso de negativa a la entrega inmediata o cuando esta no sea posible, se podrá proceder al precintado o a la adopción de medidas necesarias para impedir la sustitución o levantamiento, haciéndose constar en diligencia.
Cuando sea necesario el acceso a los bienes embargados a efectos de su identificación o ejecución, podrá requerirse el auxilio de la autoridad.
Lo dispuesto en este apartado se efectuará teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 142 y 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la entrada en fincas y locales y las medidas de aseguramiento que es posible adoptar.
2. Cuando en la fase de traba o en la de ejecución se presuma que el resultado de la enajenación de los bienes embargados pueda ser insuficiente para cubrir la deuda, se procederá al embargo de otros bienes y derechos.
Cuando por la información sucesivamente obtenida se embarguen bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados pero no realizados, se realizarán aquellos con anterioridad.
3. Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al obligado al pago y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado al pago cuando los bienes embargados sean gananciales o se trate de la vivienda habitual, y a los condueños o cotitulares.
En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público el embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas a que se refiere el artículo 74.
El embargo, en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso, se limitará a la cuota de participación del obligado al pago y se notificará a los condóminos.
4. Si una vez realizado el embargo se comprobase que concurren las circunstancias del artículo 169.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá a su levantamiento.
5. El embargo deberá ejecutarse en sus estrictos términos, sin perjuicio de que el obligado al pago pueda interponer recurso o reclamación económico-administrativa si considera que se incurre en alguna de las causas del artículo 170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. La inexistencia de bienes embargables conocidos por la Administración cuya ejecución permita el cobro de la deuda se hará constar en el expediente.
Datos clave
- Bienes en locales de terceros: se ordena su entrega; si hay negativa, precinto u otras medidas, haciéndolo constar en diligencia.
- Puede requerirse el auxilio de la autoridad; se tienen en cuenta los artículos 142 y 146 de la Ley 58/2003.
- Si se presume insuficiencia, se embargan otros bienes; los anteriores en el orden de embargo se realizan antes.
- Notificación al obligado, terceros poseedores o depositarios, cónyuge (gananciales o vivienda habitual) y condueños o cotitulares.
- Bienes pro indiviso: el embargo se limita a la cuota del obligado y se notifica a los condóminos.
- Se levanta si concurre el artículo 169.5; se ejecuta en sus estrictos términos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija cómo se accede a los bienes a embargar (incluso en locales de terceros), el orden de embargo cuando hay insuficiencia previsible, y a quién se notifica la diligencia.
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Artículo 77. Concurrencia de embargos.
1. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de este último es el más antiguo. A estos efectos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.
2. Cuando sobre los bienes embargados por la Hacienda pública o sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de esta existan derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores, podrá aquella subrogarse en dichos derechos mediante el abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda pública de la enajenación de los bienes. Para ejercer esta subrogación, el órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente.
Las cantidades abonadas por ese concepto tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.
3. Cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se deberá comunicar a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. A efectos de continuar o no el procedimiento ejecutivo respecto de otros bienes del obligado al pago, se considerará realizado el embargo por el precio firme del bien expropiado. Cuando el precio no sea firme, se considerará realizado el embargo por la parte en que exista acuerdo y, de no haberlo, por el precio ofrecido por la Administración expropiante.
Datos clave
- Con procedimientos singulares, el apremio es preferente si su embargo es el más antiguo (fecha de la diligencia de embargo).
- La Hacienda puede subrogarse en derechos anteriores abonando créditos sustancialmente inferiores al producto previsible.
- La subrogación la propone el órgano de recaudación y la autoriza el órgano competente.
- Las cantidades abonadas tienen carácter de costas del procedimiento.
- Expropiación forzosa: se paralizan las actuaciones y se embargan los pagos al expropiado; precio firme, parte con acuerdo o precio ofrecido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas cuando el apremio choca con otras ejecuciones: manda el embargo más antiguo; Hacienda puede subrogarse en créditos anteriores; y la expropiación paraliza la ejecución de los bienes afectados.
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Artículo 78. Embargo de dinero en efectivo.
1. Cuando se embargue dinero en efectivo, el órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia, de la que emitirá un duplicado. Uno de los ejemplares se unirá al expediente y el otro quedará en poder del obligado al pago. El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro.
2. Si se trata de la recaudación de cajas, taquillas o similares de empresas o entidades en funcionamiento, el órgano de recaudación competente podrá acordar los pagos que deban realizarse con cargo a dicha recaudación, en la cuantía necesaria para evitar la paralización de aquellas.
Datos clave
- El embargo de dinero en efectivo se hace constar en diligencia con duplicado.
- Un ejemplar se une al expediente y otro queda en poder del obligado al pago.
- El dinero se ingresa inmediatamente en el Tesoro.
- Cajas o taquillas de empresas en funcionamiento: pueden acordarse pagos con cargo a la recaudación para evitar su paralización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El dinero en efectivo embargado se documenta en diligencia por duplicado y se ingresa de inmediato en el Tesoro; si es la caja de un negocio en marcha, pueden autorizarse pagos para que no se paralice.
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Artículo 79. Embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.
El artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.
1. Cuando la Administración conozca la existencia de, al menos, una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de embargo en la que deberá identificarse la cuenta o el depósito conocido por la Administración actuante.
El embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por la Administración, hasta alcanzar el importe de la deuda pendiente, más el recargo del periodo ejecutivo, intereses y, en su caso, las costas producidas.
2. La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo en la entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada.
3. En defecto del acuerdo a que se refiere el apartado anterior, la diligencia de embargo se presentará en la oficina donde esté abierta la cuenta y sus responsables deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente, o en otro caso, el total de los saldos existentes a nombre del obligado al pago.
Asimismo, la diligencia de embargo se podrá presentar en alguno de los siguientes lugares:
a) En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse con el órgano de recaudación competente, conforme a lo previsto en el artículo 17.4, cuando la entidad haya sido autorizada a colaborar en la recaudación y el embargo afecte a cuentas o depósitos abiertos en una oficina perteneciente al ámbito territorial del órgano de recaudación competente.
b) En el domicilio fiscal o social de la entidad de crédito.
En los supuestos a los que se refieren los párrafos a) y b), cuando el embargo deba trabarse sobre fondos cuya gestión o depósito no se encuentren localizados en el lugar en que se presente la diligencia de embargo, la retención de los fondos se efectuará de manera inmediata o, si ello no fuera posible, en el plazo más breve que permitan las características de los sistemas de información interna o de contabilidad de la entidad. Dicho plazo no podrá ser superior a cinco días, tendrá carácter improrrogable y se comunicará al órgano de recaudación que haya efectuado el embargo. En todo caso, el embargo surtirá efectos legales desde el día de presentación de la diligencia de embargo a la entidad depositaria.
4. Si el depósito está constituido en cuentas a plazo, el embargo se efectuará igualmente de forma inmediata, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 6.
5. A los efectos previstos en este artículo la entidad depositaria deberá ejecutar el embargo en sus estrictos términos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76.5.
6. El importe de las cantidades retenidas será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación.
Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá realizarse en la fecha indicada en el párrafo anterior o al día siguiente del fin del plazo, según qué fecha sea posterior. No obstante, si el depositante tiene la facultad de disponer anticipadamente del dinero depositado, al notificar la diligencia de embargo se advertirá al obligado al pago la posibilidad que tiene de hacer uso de tal facultad frente a la entidad depositaria, según las condiciones que se hubieran establecido; en este caso, el ingreso en el Tesoro se producirá al día siguiente de la cancelación.
Datos clave
- Basta conocer al menos una cuenta o depósito; el embargo puede extenderse sin identificación previa a otros bienes del obligado en la entidad.
- Límite: deuda pendiente más recargo del periodo ejecutivo, intereses y costas.
- Presentación en la oficina de la cuenta, en la oficina designada (artículo 17.4) o en el domicilio fiscal o social de la entidad.
- Retención inmediata o en plazo no superior a 5 días, improrrogable; efectos desde la presentación de la diligencia.
- Ingreso en el Tesoro tras 20 días naturales desde el día siguiente a la traba sin comunicación en contrario.
- Cuentas a plazo: ingreso en esa fecha o al día siguiente del fin del plazo, la posterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Basta conocer una cuenta para embargar en esa entidad todo lo del deudor hasta cubrir la deuda; retención inmediata o en cinco días como máximo, e ingreso en el Tesoro tras 20 días naturales.
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Artículo 80. Embargo de valores.
El artículo 80 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de valores.
1. Cuando la Administración conozca la existencia de valores de titularidad del obligado al pago, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que identificará los valores conocidos por la Administración actuante y comprenderá un número de valores que, a juicio del órgano de recaudación, cubra el importe total a que se refiere el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si el embargo se refiere a valores representados mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta que se hallen depositados, entregados o confiados a una oficina de una entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, o cualesquiera otras entidades depositarias, el embargo se llevará a cabo mediante la presentación de la diligencia de embargo a la entidad y podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, a los demás bienes y derechos del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por la Administración.
En el acto de presentación, la receptora de la diligencia deberá confirmar al órgano de recaudación competente la concordancia o no de los valores conocidos por la Administración con los realmente depositados o anotados.
En caso de discordancia o de insuficiencia de los valores conocidos por la Administración e identificados en la diligencia para cubrir el importe total adeudado, la entidad entregará en el acto, o de no ser posible, en el plazo máximo e improrrogable de cinco días, relación de los valores con los datos que permitan su valoración. El órgano de recaudación competente indicará a la entidad los valores que deben quedar definitivamente embargados y aquellos que deben quedar liberados, pudiendo convenirse a estos efectos y con carácter previo la forma de actuación de la entidad. En todo caso, los valores embargados se considerarán trabados el día de la presentación de la diligencia de embargo a la entidad.
No obstante, la forma, medio y lugar de presentación de la diligencia podrán ser convenidos, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito, sociedad o agencia de valores o cualquier otra depositaria.
3. Si el embargo se refiere a valores representados mediante títulos que no estén depositados en las entidades citadas en el apartado 2, la diligencia de embargo se notificará al titular, debiendo este comunicar cualquier circunstancia relativa a los títulos que pudieran afectar al embargo. El órgano de recaudación actuante se hará cargo de los títulos junto con la póliza de compra o título de adquisición, si lo hubiese recibido.
4. El órgano de recaudación competente ordenará la enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que se realizará en las mejores condiciones posibles según las prácticas usuales de buena gestión. Si los valores están admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, la venta se llevará a cabo a través de este. En otro caso, se acordará su venta mediante subasta, salvo que proceda la adjudicación directa.
Si la orden de venta es tramitada por la entidad de crédito o sociedad o agencia de valores, esta podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan.
El importe obtenido deberá ingresarse en el Tesoro hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario. El órgano de recaudación competente notificará a la entidad la orden de levantamiento del embargo sobre el resto de los valores trabados cuya enajenación no hubiera resultado necesaria.
5. Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación competente podrá acordar, en lugar de la enajenación de los valores, el embargo de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de aquellos.
6. Tratándose de participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada, la diligencia de embargo se notificará al órgano de administración de la sociedad para su inscripción en el libro registro de socios.
El procedimiento de adjudicación de las participaciones se llevará a cabo de acuerdo con su normativa específica.
Datos clave
- La diligencia identifica los valores conocidos y comprende los que cubran el importe del artículo 169.1 de la Ley 58/2003.
- Valores depositados: el embargo puede extenderse sin identificación previa a otros bienes del obligado en la entidad.
- Discordancia o insuficiencia: relación de valores en el acto o en plazo máximo e improrrogable de 5 días.
- Los valores se consideran trabados el día de presentación de la diligencia.
- Valores cotizados: venta en mercado secundario oficial; en otro caso, subasta salvo adjudicación directa.
- Puede acordarse el embargo de rendimientos en lugar de la enajenación.
- Participaciones de SRL: notificación al órgano de administración para inscripción en el libro registro de socios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Embargo de valores: diligencia que identifica los conocidos y se extiende a otros en la entidad, relación en cinco días si no cuadran, venta en mercado oficial o subasta, y reglas para participaciones de SRL.
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Artículo 81. Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
El artículo 81 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
Cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo no regulados en el artículo anterior, se procederá como sigue:
a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora del obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que reciba notificación en contrario por parte del órgano de recaudación.
b) Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía, que se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 74.
La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo podrán ser convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los destinatarios de dichas diligencias. En todo caso, las diligencias de embargo se notificarán conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Datos clave
- Créditos sin garantía: diligencia al deudor del obligado; desde entonces el pago al obligado no es liberatorio.
- Crédito vencido: el deudor ingresa en el Tesoro hasta cubrir la deuda; no vencido: queda afectado hasta su vencimiento.
- Pagos sucesivos: el pagador ingresa los importes hasta el límite adeudado.
- Créditos garantizados: se notifica también al garante o poseedor; vencido e impagado, se ejecuta la garantía según el artículo 74.
- Las diligencias se notifican conforme a los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Embargo de créditos realizables a corto plazo: desde la diligencia, pagar al obligado ya no libera al deudor; si el crédito está garantizado, se notifica también al garante.
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Artículo 82. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
El artículo 82 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de sueldos, salarios y pensiones.
1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.
La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo podrán ser convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los pagadores destinatarios de dichas diligencias. En todo caso, las diligencias de embargo se notificarán conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si el obligado al pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación competente. Si el obligado al pago propone expresamente otra, le será aceptada, si ello no supone obstáculo para el cobro.
3. Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aún no devengadas, y existan otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los posibles devengos o vencimientos sucesivos.
Una vez cubierto el débito, el órgano de recaudación competente notificará al pagador la finalización de las retenciones.
Datos clave
- Se aplica lo establecido en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
- La diligencia se presenta al pagador, que retiene e ingresa en el Tesoro hasta el límite de lo adeudado.
- Varias percepciones: se acumulan para deducir la parte inembargable sobre la suma de todas.
- El obligado puede proponer la percepción de la que detraer, si no obstaculiza el cobro.
- Percepciones futuras: cobradas las vencidas pueden embargarse otros bienes sin esperar.
- Cubierto el débito, se notifica al pagador el fin de las retenciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sueldos, salarios y pensiones se embargan con los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil: retiene el pagador, se acumulan varias percepciones y se avisa del fin de las retenciones.
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Artículo 83. Embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos.
1. El embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos se efectuará mediante diligencia, que especificará las circunstancias siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa del titular y, en su caso, del poseedor de la finca embargada, número de identificación fiscal de ambos y cuantos datos puedan contribuir a su identificación.
b) Si se trata de fincas rústicas: naturaleza y nombre de dicha finca, término municipal donde radique y situación según se nombre en la localidad, linderos, superficie y cabida, e identificación registral y catastral, si constan.
c) Si se trata de fincas urbanas: localidad, calle y número, locales y pisos de que se componen, superficie, e identificación registral y catastral, si constan.
d) Derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados.
e) Importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas, con la advertencia de que podrá extenderse a los intereses que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de esta.
f) Advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad a favor del Estado o, en su caso, de la entidad u organismo titular del crédito que motiva la ejecución.
g) De constar fehacientemente, estado civil y régimen económico del matrimonio.
2. En el momento de notificarse la diligencia de embargo según lo dispuesto en el artículo 76 se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos.
3. Si debiera practicarse deslinde, el órgano de recaudación competente podrá optar por el nombramiento de un funcionario técnico adscrito a dicho órgano o por la contratación de los servicios de empresas especializadas. En ambos casos, el deslinde se realizará en el plazo de 15 días.
Datos clave
- El embargo de inmuebles y derechos sobre estos se efectúa mediante diligencia.
- Contenido: titular y poseedor con NIF, datos de la finca rústica o urbana, derechos del obligado e importe de la responsabilidad.
- Advertencia de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor del Estado o del titular del crédito.
- Estado civil y régimen económico del matrimonio, si constan fehacientemente.
- Al notificar la diligencia se requieren los títulos de propiedad.
- Deslinde por funcionario técnico o empresa especializada en el plazo de 15 días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La diligencia de embargo de inmuebles debe recoger siete menciones (titular, finca rústica o urbana, derechos, importe, anotación, estado civil); se piden los títulos y el deslinde se hace en 15 días.
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Artículo 84. Anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de los embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos.
1. La Administración solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda.
2. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al registrador con sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos siguientes, en el que se solicitará, además, que se libre certificación de las cargas que figuren en el registro sobre cada finca, con expresión detallada de aquellas y de sus titulares, con inclusión en la certificación del propietario de la finca en ese momento y de su domicilio.
A la vista de tal certificación, se comprobará que se han efectuado todas las notificaciones exigidas por la normativa. En su defecto, se procederá a practicarlas.
3. Si la liquidación apremiada se refiere a tributos sin cuyo previo pago no pudiese inscribirse en el registro el acto o negocio jurídico que la originó, al llegar el procedimiento a la fase de embargo se procederá de la forma siguiente:
a) El órgano de recaudación que tramite el expediente propondrá el aplazamiento del pago de dicha liquidación al órgano competente para resolverlo a los solos efectos de la inscripción de los bienes y de la anotación preventiva de su embargo a favor de la Hacienda pública. El acuerdo de aplazamiento se hará constar en los documentos que hubiesen determinado la liquidación del tributo y por virtud de los cuales deba practicarse la inscripción en el registro.
b) Dichos documentos y el mandamiento de anotación preventiva de embargo serán presentados al registrador de la propiedad, el cual, una vez practicada la inscripción del derecho del obligado al pago con la mención de que el pago de la liquidación queda aplazado, procederá de forma inmediata a anotar el embargo.
c) Si la liquidación del tributo se practicó sobre documentos que no pudieran ser objeto de inscripción por ser copias no auténticas de los originales o matrices, se solicitará de los notarios o funcionarios que hubieran autorizado aquellos documentos la expedición de copia auténtica en la cual se consignará el acuerdo de aplazamiento.
d) Cuando se produzca la enajenación de los bienes embargados, el precio obtenido se aplicará a pagar la liquidación y demás responsabilidades que procedan, incluidos los intereses de demora que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de esta. El documento acreditativo de dicha aplicación será presentado en el registro y producirá la cancelación del embargo y de las notas de aplazamiento. En el documento público de venta se harán constar tales extremos.
Si se acuerda la adjudicación de bienes a la Hacienda pública o al ente público acreedor, el documento acreditativo de la adjudicación producirá los mismos efectos que los indicados en el apartado anterior.
Datos clave
- Se solicita anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad que corresponda.
- Mandamiento al registrador que pide además certificación de cargas, titulares, propietario actual y su domicilio.
- Con la certificación se comprueba que se han hecho todas las notificaciones; si no, se practican.
- Tributos sin cuyo pago no cabe inscribir: se propone aplazamiento a los solos efectos de inscripción y anotación.
- El registrador inscribe con mención del aplazamiento y anota el embargo de forma inmediata.
- Tras la enajenación o adjudicación, el documento acreditativo cancela el embargo y las notas de aplazamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El embargo de inmuebles se anota preventivamente en el Registro mediante mandamiento que pide certificación de cargas; si el tributo apremiado impide inscribir, se aplaza su pago solo para poder inscribir y anotar.
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Artículo 86. Presentación de los mandamientos en el Registro de la Propiedad.
1. Los mandamientos se presentarán por triplicado en los Registros de la Propiedad. Los registradores devolverán en el acto uno de los ejemplares con nota de referencia al asiento de presentación del mandamiento y otro, en su día, con la nota acreditativa de haber quedado extendida la anotación oportuna o de no haber podido practicarse, expresando detalladamente, en este caso, no sólo los defectos advertidos, sino también la forma y medio de subsanarlos. El tercer ejemplar del mandamiento quedará archivado en el registro.
2. Si la finca o fincas no constasen inscritas o no fuese posible extender la anotación por defecto subsanable, se tomará razón del embargo y se hará constar así en la contestación al mandamiento.
3. La presentación de los mandamientos al registro podrá efectuarse por fax o por medios telemáticos en la forma determinada por la normativa aplicable.
4. Cuando lo exijan las actuaciones del procedimiento de apremio, se presentará mandamiento en el que se solicite la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
Datos clave
- Los mandamientos se presentan por triplicado en los Registros de la Propiedad.
- Un ejemplar se devuelve en el acto, otro con la nota de anotación o de defectos y el tercero queda archivado.
- Finca no inscrita o defecto subsanable: se toma razón del embargo.
- Presentación posible por fax o medios telemáticos.
- Puede solicitarse la prórroga de las anotaciones preventivas conforme a la legislación hipotecaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Explica cómo se presentan los mandamientos de embargo en el Registro de la Propiedad y qué hace el registrador con cada ejemplar.
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Artículo 88 bis. Prohibición de disposición de bienes inmuebles por embargo de acciones y participaciones.
El artículo 88 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la prohibición de disposición de bienes inmuebles por embargo de acciones y participaciones.
1. A los efectos de la aplicación de las prohibiciones de disposición a que se refiere el artículo 170.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración solicitará que se practique anotación preventiva de la prohibición de disposición sobre los bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda, sobre la base de un título cuya vigencia vendrá determinada por la del propio embargo del que trae causa.
2. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al registrador con sujeción a lo dispuesto en el citado artículo 170.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos 84 y siguientes de este reglamento en lo que resulten de aplicación.
Datos clave
- Aplica las prohibiciones de disposición del artículo 170.6 de la Ley 58/2003.
- Se solicita anotación preventiva de la prohibición sobre inmuebles en el Registro de la Propiedad.
- La vigencia del título depende de la del embargo del que trae causa.
- Mandamiento al registrador conforme al artículo 170.6, la legislación hipotecaria y los artículos 84 y siguientes del reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al embargar acciones o participaciones, la prohibición de disponer de los inmuebles de la sociedad se lleva al Registro de la Propiedad por anotación preventiva, que dura lo que dure el embargo.