Tema A7: La administración pública. Derecho administrativo general. Concepto. Fuentes del derecho administrativo: enumeración y clasificación. La jerarquía normativa. Los reglamentos.
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Constitución Española · Art. 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Datos clave
- Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
- Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
- 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.
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Constitución Española · Art. 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.
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Constitución Española · Art. 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿Qué dos principios rigen el acceso a la función pública según el art. 103.3? → Mérito y capacidad.
- Cita los cinco principios de actuación de la Administración del art. 103.1. → Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- Los cinco principios del apartado 1 se recuerdan con la sigla EJEDECO: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración, Coordinación.
- El acceso a la función pública va siempre unido a dos palabras: mérito y capacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios de la Administración Pública (objetividad, cinco principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y contenido de la ley del estatuto de los funcionarios, con acceso por mérito y capacidad.
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Constitución Española · Art. 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Datos clave
- ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
- ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
- Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 127
Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Datos clave
- ¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa? → Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
- ¿Qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno según el art. 127? → Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, en los términos previstos en la Constitución.
- Anteproyecto dentro, proyecto fuera: el nombre cambia al cruzar la puerta de las Cortes Generales.
- Dos normas con rango de ley del Gobierno en este artículo: reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Las autonómicas son «normas equivalentes».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa con anteproyectos que, aprobados, se remiten como proyectos a las Cortes Generales; además puede aprobar reales decretos-leyes y legislativos. Las Comunidades Autónomas, en paralelo, según su Estatuto.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128
Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.
Datos clave
- ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
- ¿Qué tres materias no puede regular nunca un reglamento? → Delitos/faltas/infracciones administrativas, penas o sanciones, y tributos u otras cargas patrimoniales o personales de carácter público.
- Tres cosas que un reglamento JAMÁS puede crear: delitos/infracciones, sanciones y tributos. Son la reserva de ley por excelencia.
- La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad reglamentaria es del Gobierno de la Nación, de los gobiernos autonómicos y de los órganos de gobierno locales. Los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni invadir la reserva de ley.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129
Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
- ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
- ¿Qué declaró la STC 55/2018 sobre el art. 129? → Que es contrario al orden constitucional de competencias, salvo los párrafos 2º y 3º del apartado 4, y que son inconstitucionales y nulos los incisos en negrita del párrafo 3º del apartado 4
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis principios de buena regulación que guían la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, cómo se concreta cada uno y dónde se justifica su cumplimiento.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131
Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
Datos clave
- ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
- ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
- Publicar en el diario oficial no es un trámite más: es la condición para que la norma exista jurídicamente.
- Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas con rango de ley, reglamentos y disposiciones administrativas se publican en el diario oficial para entrar en vigor y producir efectos; la edición electrónica vale como la impresa y el BOE en sede electrónica es oficial y auténtico.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132
Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
- ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
- Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada año las Administraciones hacen público un Plan Normativo con las leyes y reglamentos que elevarán el año siguiente, y lo publican en su Portal de la Transparencia. Ojo: el TC lo declaró contrario al orden de competencias.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133
Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
- ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Participación ciudadana en leyes y reglamentos: consulta pública previa sobre cuatro aspectos, audiencia e información pública sobre el texto, documentación clara y supuestos en que pueden omitirse estos trámites.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3
Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Datos clave
- ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
- ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
- Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.
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El Derecho administrativo general: concepto
El Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española, define el derecho administrativo como la «rama del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, así como el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes».
La definición abarca cuatro ámbitos:
- la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas;
- sus relaciones con los ciudadanos;
- el sistema normativo que las rige;
- las garantías jurisdiccionales correspondientes.
Datos clave
- Derecho administrativo: rama del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas.
- Estudia también sus relaciones con los ciudadanos, el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes.
- La definición es la del Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Definición de derecho administrativo según el Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE: una rama del derecho que abarca cuatro ámbitos de las administraciones públicas.