Tema B4: El Código Penal. Las infracciones penales. Personas criminalmente responsables. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Las penas y sus clases. Las medidas de seguridad. La responsabilidad civil derivada de los delitos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 1
1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Principio de legalidad penal: no hay delito sin ley anterior a su comisión.
- Las medidas de seguridad exigen presupuestos legales establecidos previamente.
- El apartado 1 fue modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principio de legalidad penal: solo se castiga la acción u omisión prevista como delito por una ley anterior, y las medidas de seguridad exigen presupuestos fijados previamente por la Ley.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 2
1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.
2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- No hay pena sin ley previa; tampoco es retroactiva la ley que establece medidas de seguridad.
- Las leyes penales favorables al reo sí son retroactivas, incluso con sentencia firme en ejecución.
- Ante duda sobre la ley más favorable, debe ser oído el reo.
- Los hechos bajo una ley temporal se juzgan conforme a ella, salvo que se disponga lo contrario.
- El apartado 1 fue modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Irretroactividad de las leyes penales y de las que establecen medidas de seguridad, con dos matices: la ley favorable al reo es retroactiva incluso con sentencia firme, y la ley temporal rige los hechos cometidos bajo ella.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 3
1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.
Datos clave
- Solo cabe ejecutar pena o medida de seguridad en virtud de sentencia firme.
- La sentencia debe dictarla el Juez o Tribunal competente conforme a las leyes procesales.
- La ejecución debe ajustarse a la forma prescrita por la Ley y sus reglamentos.
- El control de la ejecución corresponde a los Jueces y Tribunales competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Garantía de ejecución: penas y medidas de seguridad solo se ejecutan por sentencia firme del juez o tribunal competente, en la forma legal y reglamentaria y bajo control judicial.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 4
1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.
3. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.
4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada.
También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria.
Datos clave
- Prohíbe la aplicación analógica de las leyes penales a casos no comprendidos expresamente en ellas.
- El Juez que estime digna de represión una conducta no penada debe abstenerse y exponerlo al Gobierno.
- Puede pedir al Gobierno la derogación, modificación o indulto si la pena resulta notablemente excesiva, sin dejar de ejecutar la sentencia.
- Cabe suspender la ejecución de la pena mientras se resuelve una petición de indulto, si peligra el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o si el indulto podría resultar ilusorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las leyes penales no se extienden a casos no previstos. Si el juez ve una laguna o una pena excesiva, acude al Gobierno; con petición de indulto, la ejecución se suspende en un caso y puede suspenderse en otro.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 5
No hay pena sin dolo o imprudencia.
Datos clave
- Consagra el principio de responsabilidad subjetiva: no cabe responsabilidad penal objetiva.
- Toda pena exige dolo (intención) o imprudencia (negligencia) en la conducta del sujeto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo más breve del Título Preliminar: no hay pena sin dolo o imprudencia.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 6
1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.
Datos clave
- Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal exteriorizada en un hecho previsto como delito.
- No pueden ser más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho.
- No pueden exceder de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas de seguridad se basan en la peligrosidad criminal manifestada en un hecho delictivo y tienen un doble techo: la pena abstracta del hecho y lo necesario para prevenir esa peligrosidad.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 7
A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.
Se modifica por el art. único.3 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- El delito se entiende cometido en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto debido (teoría de la acción).
- Este criterio sirve para determinar la ley penal aplicable en el tiempo.
- Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para saber qué ley penal se aplica en el tiempo, el delito se entiende cometido cuando el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 8
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:
1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.
4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.
Datos clave
- Regula el concurso de normas (distinto del concurso de delitos de los arts. 73 a 77).
- Regla 1.ª: el precepto especial prevalece sobre el general.
- Regla 2.ª: el precepto subsidiario se aplica solo en defecto del principal.
- Regla 3.ª: el precepto más amplio o complejo absorbe a los que castigan infracciones consumidas en él.
- Regla 4.ª: en defecto de las anteriores, el precepto más grave excluye al de pena menor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas para el hecho que encaja en dos o más preceptos y no está comprendido en los artículos 73 a 77: especialidad, subsidiariedad, consunción y, en último término, el precepto más grave.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 9
Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen penados por leyes especiales. Las restantes disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente por aquéllas.
Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- El Título Preliminar del Código Penal se aplica también a los delitos penados por leyes especiales.
- El resto del Código Penal actúa como norma supletoria de las leyes especiales.
- Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las disposiciones de este Título se aplican también a los delitos penados en leyes especiales, y el resto del Código actúa como supletorio en lo que esas leyes no prevean expresamente.
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Código Penal · Art. 10 · Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley
Artículo 10.
Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
Se modifica por el art. único.7 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Define el delito como acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley.
- Modificado por el art. único.7 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concepto legal de delito: acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
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Código Penal · Art. 11
Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.
Datos clave
- ¿Cuándo se equipara la omisión a la acción según el art. 11 CP? → Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico mediante una acción u omisión precedente.
- ¿A qué clase de delitos se aplica la comisión por omisión del art. 11? → A los que consistan en la producción de un resultado.
- Solo dos letras, a) y b): obligación legal o contractual de actuar, o riesgo creado por una acción u omisión precedente.
- La palabra bisagra del artículo es equivalga: sin equivalencia con la causación no hay comisión por omisión, aunque haya deber.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comisión por omisión: en los delitos de resultado, no evitarlo equivale a causarlo cuando se infringe un especial deber jurídico, en dos supuestos tasados.
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Código Penal · Art. 12
Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.
Datos clave
- La imprudencia solo se castiga cuando la Ley lo prevé expresamente (numerus clausus).
- La imprudencia solo se castiga cuando expresamente lo disponga la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La imprudencia no se castiga por regla general: una acción u omisión imprudente solo es punible cuando la Ley lo dispone expresamente.
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Código Penal · Art. 13
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. 4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.
Datos clave
- Si la pena, por su extensión, puede ser grave y menos grave, ¿qué clase de delito es? → Grave, en todo caso.
- Si la pena, por su extensión, puede considerarse leve y menos grave, ¿qué clase de delito es? → Leve, en todo caso.
- ¿Qué son delitos menos graves? → Las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
- Regla de los extremos: cuando la pena baila, gana siempre el extremo, nunca el centro. Arriba, grave; abajo, leve. Menos graves nunca gana el desempate.
- La clasificación no la marca la pena impuesta en la sentencia, sino la pena con que la Ley castiga la infracción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Clasificación de los delitos en graves, menos graves y leves según la pena con que la Ley los castiga, con reglas para las penas que, por su extensión, encajan en dos categorías.
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Código Penal · Art. 14
1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
Datos clave
- ¿Qué efecto tiene el error vencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal? → La infracción será castigada, en su caso, como imprudente.
- ¿Y el error vencible sobre la ilicitud del hecho? → Se aplica la pena inferior en uno o dos grados.
- ¿Qué efecto produce el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante? → Impide su apreciación.
- Los dos invencibles (apartados 1 y 3) hacen lo mismo: excluyen la responsabilidad. Lo que cambia es el vencible: imprudencia en el 1, uno o dos grados menos en el 3.
- El apartado 2 es el único que no habla de vencible o invencible: error sobre cualificación o agravante, y punto, impide apreciarla.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Efectos del error: el invencible excluye la responsabilidad; el vencible sobre el hecho lleva a la imprudencia y sobre la ilicitud rebaja la pena; el error sobre cualificación o agravante impide apreciarla.
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Código Penal · Art. 15 · Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito
Artículo 15.
Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.
Se modifica por el art. único.10 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Son punibles tanto el delito consumado como la tentativa de delito.
- Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son punibles tanto el delito consumado como la tentativa de delito.
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Código Penal · Art. 16
1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito. 3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
Datos clave
- ¿Cuándo hay tentativa según el art. 16.1 CP? → Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y este no se produce por causas independientes de su voluntad.
- Si intervienen varios sujetos, ¿qué se exige para quedar exento? → Desistir de la ejecución ya iniciada e impedir o intentar impedir, seria, firme y decididamente, la consumación.
- ¿De qué queda exento quien evita voluntariamente la consumación? → De responsabilidad penal por el delito intentado, sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ejecutados si ya son constitutivos de otro delito.
- Tres adverbios de examen en el apartado 3, en este orden: seria, firme y decididamente.
- Regla de contraste: tentativa = no se consuma por causas INDEPENDIENTES de tu voluntad; desistimiento = no se consuma precisamente POR tu voluntad.
- En el apartado 2 el verbo es evitar; en el 3, impedir o intentar impedir. Esa rebaja para el caso de varios sujetos es lo que más se pregunta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concepto de tentativa y desistimiento voluntario: quien evita la consumación queda exento por el delito intentado; con varios intervinientes, hay que desistir e impedir o intentar impedir seria, firme y decididamente.
Esquema
| Un solo sujeto | Varios sujetos | |
|---|---|---|
| Qué se exige | Evitar voluntariamente la consumación: desistir o impedir el resultado | Desistir e impedir o intentar impedir, seria, firme y decididamente |
| Efecto | Exento por el delito intentado | Exento por el delito intentado |
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Código Penal · Art. 17
1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. 3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley.
Datos clave
- ¿Cuándo existe conspiración? → Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
- ¿Cuándo existe proposición? → Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
- ¿Cuándo se castigan la conspiración y la proposición? → Solo en los casos especialmente previstos en la ley.
- Truco de números: conspiración, dos o más que se conciertan; proposición, uno que ya resolvió e invita.
- El apartado 3 vale para las dos figuras a la vez: impunidad salvo previsión expresa de la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Definición de conspiración y proposición para delinquir, que solo se castigan en los casos especialmente previstos en la ley.
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Código Penal · Art. 18
1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. 2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.
Datos clave
- ¿Qué es apología a los efectos del Código Penal? → La exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
- ¿Qué ocurre si a la provocación le sigue la perpetración del delito? → Se castiga como inducción.
- ¿Cuándo es delictiva la apología? → Solo como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
- Las dos vías de la provocación: PUBLICIDAD (imprenta, radiodifusión o medio de eficacia semejante) o CONCURRENCIA de personas.
- Cadena de escalada: provocación sin más, solo si la Ley lo prevé; provocación seguida del delito, se convierte en inducción.
- En la apología, la palabra que decide es directa: incitación directa a cometer un delito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Provocación y apología: definiciones, la apología solo es delictiva como provocación con incitación directa, la provocación solo se castiga si la Ley lo prevé y, si le sigue el delito, se castiga como inducción.
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Código Penal · Art. 19 · Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código
Artículo 19.
Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.
Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.
Este art. entra en vigor el 13 de enero de 2001, tal como dispone la disposicion final 7, párrafo segundo.
Datos clave
- ¿Qué dice el art. 19 CP sobre los menores de dieciocho años? → Que no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código, y que cuando cometan un hecho delictivo podrán ser responsables con arreglo a la ley que regule la responsabilidad penal del menor.
- ¿A partir de qué edad se responde con arreglo al Código Penal? → A partir de los dieciocho años.
- Dato redondo: 18 años. Y la palabra clave de la remisión es podrá, no deberá: podrá ser responsable con arreglo a la ley del menor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los menores de dieciocho años no responden criminalmente con arreglo al Código Penal; si cometen un hecho delictivo, podrán responder conforme a la ley de responsabilidad penal del menor.
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Código Penal · Art. 20
Están exentos de responsabilidad criminal: 1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. 2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes: Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 6.º El que obre impulsado por miedo insuperable. 7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.
Datos clave
- ¿Cuáles son los tres requisitos de la legítima defensa? → Agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del defensor.
- ¿Cuáles son los tres requisitos del estado de necesidad? → Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto; y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
- ¿En qué supuestos del art. 20 se aplican, en su caso, medidas de seguridad? → En los de los tres primeros números.
- ¿Qué se reputa agresión ilegítima en la defensa de la morada o sus dependencias? → La entrada indebida en aquélla o éstas.
- Son siete números, del 1.º al 7.º. Bloque de inimputabilidad: 1, 2 y 3, y son exactamente esos tres los que pueden llevar medidas de seguridad.
- Requisitos de la legítima defensa, tres y en este orden: AGRESIÓN ilegítima, NECESIDAD racional del medio, NO PROVOCACIÓN suficiente.
- En el 4.º hay dos definiciones especiales de agresión ilegítima: bienes (ataque que sea delito con peligro grave e inminente) y morada (entrada indebida).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete causas que eximen de responsabilidad criminal. Las tres primeras (anomalía psíquica, intoxicación o abstinencia, alteraciones de la percepción) pueden llevar medidas de seguridad; legítima defensa y estado de necesidad exigen tres requisitos cada una.
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Código Penal · Art. 21
Son circunstancias atenuantes: 1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior. 3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. 6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. 7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo puede repararse el daño para que opere la atenuante 5.ª? → En cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
- ¿Qué requisitos exige la atenuante de dilaciones indebidas? → Que la dilación sea extraordinaria e indebida, que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.
- ¿Qué es la atenuante 1.ª del art. 21? → Las causas expresadas en el capítulo anterior cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
- Son siete, de la 1.ª a la 7.ª, y la última es la cláusula abierta de análoga significación: si te preguntan cuántas atenuantes hay nominadas, cuenta seis más el cajón.
- La atenuante 2.ª remite a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior, aquí en forma de grave adicción.
- Momentos límite: confesión, antes de conocer que el procedimiento se dirige contra él; reparación, antes del juicio oral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete atenuantes numeradas de la 1.ª a la 7.ª: seis concretas y una cláusula abierta de análoga significación. Lo que más cae: el momento de la confesión y de la reparación y los requisitos de las dilaciones.
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Código Penal · Art. 22
Son circunstancias agravantes: 1.ª Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. 2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. 3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. 5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 6.ª Obrar con abuso de confianza. 7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. 8.ª Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves. Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.
Datos clave
- ¿Cuándo hay reincidencia? → Cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código y de la misma naturaleza.
- ¿Qué antecedentes no se computan a efectos de reincidencia? → Los cancelados o que debieran serlo y los de delitos leves, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.
- ¿Cómo define el Código Penal el ensañamiento? → Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
- ¿Qué es la alevosía? → Cometer cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para el culpable pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.
- Son ocho agravantes. Para el orden: ALEVOSÍA, DISFRAZ, PRECIO, DISCRIMINACIÓN, ENSAÑAMIENTO, CONFIANZA, CARGO PÚBLICO, REINCIDENCIA.
- El ensañamiento lleva dos adverbios juntos: deliberada e inhumanamente. La alevosía lleva la idea de asegurar la ejecución sin riesgo procedente de la defensa del ofendido.
- En la reincidencia, tres negativas: no computan los antecedentes cancelados, los que debieran serlo ni los de delitos leves, salvo la multirreincidencia de delitos leves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocho agravantes genéricas: alevosía, disfraz o abuso de superioridad, precio, discriminación, ensañamiento, abuso de confianza, carácter público y reincidencia, con sus definiciones legales.
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Código Penal · Art. 23
Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
Datos clave
- ¿Qué tres criterios deciden si el parentesco atenúa o agrava? → La naturaleza, los motivos y los efectos del delito.
- ¿Qué parientes por naturaleza o adopción menciona el artículo 23? → Ascendiente, descendiente o hermano del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
- Los tres criterios que deciden el sentido son N-M-E: Naturaleza, Motivos y Efectos del delito.
- Parientes por naturaleza o adopción: solo tres escalones, ascendiente, descendiente y hermano. Ni tíos, ni sobrinos, ni primos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Circunstancia mixta de parentesco: la relación conyugal o análoga y ciertos parentescos con el ofensor pueden atenuar o agravar según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito.
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Código Penal · Art. 24
1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea. 2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
Datos clave
- ¿Qué requisito define a la autoridad a efectos penales? → Tener mando o ejercer jurisdicción propia, por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado.
- ¿Por qué tres vías se puede ser funcionario público a efectos penales? → Por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente, participando en funciones públicas.
- ¿Son autoridad los Fiscales de la Fiscalía Europea? → Sí: el artículo los incluye junto a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
- Para separar los dos conceptos, quédate con una palabra: mando. Si manda o ejerce jurisdicción propia, es autoridad; si solo participa en funciones públicas, funcionario.
- Las cuatro cámaras que son autoridad «en todo caso»: Congreso, Senado, Asambleas autonómicas y Parlamento Europeo. El europeo es el que se olvida.
- Los tres títulos del funcionario público son L-E-N: Ley, Elección, Nombramiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos penales, autoridad es quien tiene mando o ejerce jurisdicción propia, y funcionario quien participa en funciones públicas por Ley, elección o nombramiento. Ciertos cargos son autoridad en todo caso.
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Código Penal · Art. 25
A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente.
Datos clave
- ¿Qué deficiencias menciona el concepto general de discapacidad del art. 25? → Físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, de carácter permanente.
- ¿Qué se exige para ser persona con discapacidad necesitada de especial protección? → Requerir asistencia o apoyo para ejercer su capacidad jurídica y tomar decisiones, a causa de deficiencias intelectuales o mentales permanentes, tenga o no modificada judicialmente su capacidad de obrar.
- Cuatro deficiencias en la definición general: física, mental, intelectual y sensorial. Solo dos en la especial protección: intelectual y mental.
- Palabra gancho de la definición general: barreras. Palabra gancho de la especial protección: apoyo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos definiciones penales: discapacidad, con deficiencias permanentes que ante barreras limitan la participación, y persona con discapacidad necesitada de especial protección, que requiere apoyo para decidir por deficiencias intelectuales o mentales.
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Código Penal · Art. 26
A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
Datos clave
- Define documento como todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones.
- Debe tener eficacia probatoria o cualquier otra relevancia jurídica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concepto penal de documento: cualquier soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otra relevancia jurídica.
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Código Penal · Art. 27 · Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices
Artículo 27.
Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices.
Se modifica por el art. único.17 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Solo dos categorías de responsables criminalmente: autores y cómplices.
- Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo hay dos categorías de responsables criminales de los delitos: autores y cómplices. Su contenido lo desarrollan los artículos siguientes.
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Código Penal · Art. 28
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
Datos clave
- ¿Cuáles son las tres formas de autoría en sentido propio del art. 28? → Realizar el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
- ¿Qué dice la letra b) del art. 28? → Son considerados autores los que cooperan a la ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
- Tres formas de ser autor y dos de ser considerado autor: 3 + 2, letras a) y b).
- Palabra que decide en la letra b): sin el cual. Si el hecho se habría cometido igual, no hay cooperación necesaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres formas de ser autor (por sí solo, conjuntamente o sirviéndose de otro como instrumento) y dos de ser considerado autor: inductor directo y cooperador necesario.
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Código Penal · Art. 29
Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
Datos clave
- Son cómplices quienes cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
- Se definen por exclusión: quienes no están comprendidos en el concepto de autor del artículo anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómplice es, por exclusión, quien no es autor según el artículo anterior y coopera a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
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Código Penal · Art. 30
1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente. 2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. 2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.
Datos clave
- ¿Quiénes ocupan el 1.º escalón del art. 30? → Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo, y quienes les hayan inducido a realizarlo.
- ¿Cómo responden los autores en los delitos con medios de difusión mecánicos? → De forma escalonada, excluyente y subsidiaria, según el orden de cuatro números del apartado 2.
- ¿Qué motivo NO permite pasar al número siguiente? → La extinción de la responsabilidad penal: el traslado procede por cualquier motivo distinto de ella.
- Tres adjetivos que definen el sistema y caen literales: escalonada, excluyente y subsidiaria.
- La escalera va del contenido al soporte: quien escribe → director de la publicación → empresa editora/emisora → empresa grabadora/impresora.
- Los inductores no bajan al escalón 2.º: van con los redactores, en el 1.º.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los delitos cometidos con medios o soportes de difusión mecánicos no responden los cómplices ni los favorecedores, y los autores responden en cascada: escalonada, excluyente y subsidiaria, en cuatro escalones.
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Código Penal · Art. 31
Artículo 31.
El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
Se modifica por el art. único.19 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se suprime el apartado 2 por el art. único.3 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.1 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- ¿Quién responde personalmente según el art. 31? → Quien actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro.
- ¿Qué pasa si las cualidades del tipo no concurren en quien actúa? → Responde igualmente, siempre que esas condiciones, cualidades o relaciones se den en la entidad o persona en cuyo nombre obre.
- Dos parejas que van siempre juntas: administrador de hecho o de derecho, y representación legal o voluntaria.
- La frase que resume el artículo: la cualidad está en la entidad, la responsabilidad en la persona que actúa por ella.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien actúa como administrador de una persona jurídica o en representación de otro responde personalmente aunque no reúna las cualidades que exige el delito, si las reúne la entidad o persona representada.
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Código Penal · Art. 31 bis
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y 4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena. 3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo. 5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
Datos clave
- ¿Por qué delitos responde la persona jurídica según el art. 31 bis.1.a? → Por los cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto por representantes legales o por quienes estén autorizados para tomar decisiones en su nombre u ostenten facultades de organización y control.
- ¿Qué exige la condición 1.ª del art. 31 bis.2 para la exención? → Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes del delito, un modelo de prevención idóneo.
- ¿Qué ocurre si las condiciones de exención solo se acreditan parcialmente (art. 31 bis.2)? → Se valora a efectos de atenuación de la pena.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La persona jurídica responde por delitos de sus directivos y de subordinados mal supervisados, en su beneficio; puede quedar exenta con un modelo de prevención eficaz adoptado antes del delito.
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Código Penal · Art. 31 quater
1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo puede la persona jurídica reparar el daño para atenuar? → En cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral.
- ¿Qué exige la letra d) del art. 31 quater? → Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
- Cuatro letras, cuatro verbos: Confesar, Colaborar, Reparar, Prevenir.
- Las pruebas de la letra b) han de ser nuevas y decisivas: dos adjetivos, los dos exigibles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de cuatro atenuantes para la persona jurídica, realizadas después del delito y a través de sus representantes legales: confesar, colaborar, reparar y prevenir.
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Código Penal · Art. 31 quinquies
1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. 2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.
Datos clave
- ¿Qué penas pueden imponerse a una sociedad mercantil pública que presta servicios de interés económico general? → Solo las previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33.
- ¿Qué cláusula cierra la lista de entidades excluidas del art. 31 quinquies? → Aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
- La cláusula de cierre de la lista de excluidos es funcional, no de nombre: ejercer potestades públicas de soberanía o administrativas.
- Las sociedades mercantiles públicas no están exentas: están limitadas a las letras a) y g) del 33.7.
- Dos requisitos alternativos para la limitación: ejecutar políticas públicas o prestar servicios de interés económico general.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado y las entidades públicas que ejercen potestades públicas quedan fuera de la responsabilidad penal de personas jurídicas; las sociedades mercantiles públicas responden, pero solo con dos penas.
¿Me lo sé? Flashcards
Código Penal · Art. 31 ter
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.
Datos clave
- ¿Hace falta individualizar a la persona física para exigir responsabilidad a la persona jurídica? → No: basta constatar la comisión del delito por quien ostente los cargos o funciones del artículo anterior.
- ¿Qué hacen los jueces si imponen multa a la persona física y a la jurídica por los mismos hechos? → Modular las respectivas cuantías para que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de los hechos.
- Dos huecos que no salvan a la empresa: autor no individualizado y autor no perseguible.
- La modulación de multas tiene una sola finalidad literal: que la suma no sea desproporcionada respecto de la gravedad de los hechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La persona jurídica responde aunque no se identifique a la persona física o no pueda seguirse el procedimiento contra ella, y las circunstancias personales del autor no alteran su responsabilidad. Si ambas reciben multa, se modulan las cuantías.
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Código Penal · Art. 32
Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
Datos clave
- Las penas pueden imponerse con carácter principal o como accesorias.
- Existen tres clases de penas: privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres clases de penas, que pueden imponerse como principales o como accesorias: privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
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Código Penal · Art. 33
1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. 2. Son penas graves: a) La prisión permanente revisable. b) La prisión superior a cinco años. c) La inhabilitación absoluta. d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años. g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años. h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años. i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. k) La privación de la patria potestad. 3. Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años. b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años. e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años. f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años. g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años. h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. j) La multa de más de tres meses. k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo. l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año. 4. Son penas leves: a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año. d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses. e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. g) La multa de hasta tres meses. h) La localización permanente de un día a tres meses. i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. 5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya. 6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código. 7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes: a) Multa por cuotas o proporcional. b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años. e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años. g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.
Datos clave
- ¿Qué plazo máximo tiene la clausura de locales como pena de persona jurídica (art. 33.7.d)? → Cinco años.
- ¿Qué plazo máximo tiene la prohibición de realizar actividades si es temporal (art. 33.7.e)? → Quince años.
- ¿Qué naturaleza tiene la multa proporcional según el art. 33.3.k? → Menos grave, cualquiera que sea su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Clasifica las penas en graves, menos graves y leves por su naturaleza y duración, y enumera las penas de las personas jurídicas, todas graves, con sus plazos máximos.
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Código Penal · Art. 34
No se reputarán penas: 1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. 2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas.
Datos clave
- ¿Qué tres categorías no se reputan penas según el art. 34? → Las medidas cautelares de naturaleza penal (detención y prisión preventiva incluidas), las multas y correcciones gubernativas o disciplinarias, y las privaciones de derechos y sanciones reparadoras de leyes civiles o administrativas.
- ¿A quiénes se refiere el número 2 del art. 34? → A los subordinados o administrados sobre los que se ejercen atribuciones gubernativas o disciplinarias.
- Tres números, tres orígenes: cautelar (1), gubernativo o disciplinario (2) y civil o administrativo (3).
- El número 2 identifica a los destinatarios con dos palabras que caen literales: subordinados o administrados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres cosas que parecen castigos pero no se reputan penas: las medidas cautelares penales, las correcciones gubernativas o disciplinarias y las sanciones de las leyes civiles o administrativas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 35
Artículo 35.
Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código.
Se modifica por el art. único.25 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.3 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Cuatro penas privativas de libertad: prisión permanente revisable, prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
- Su cumplimiento y los beneficios penitenciarios se ajustan a las leyes y a este Código.
- Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y antes por la Ley Orgánica 15/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las penas privativas de libertad son cuatro: prisión permanente revisable, prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 36
1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.
La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:
a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).
2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.
Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma:
a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
c) Delitos del Título VII bis del Libro II de este Código, cuando la víctima sea una persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
d) Delitos del artículo 181.
e) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de dieciséis años.
En los supuestos de las letras c), d) y e), si la condena fuera superior a cinco años de prisión la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse sin valoración e informe específico acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.
3. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales de la persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el apartado anterior.
4. En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de las personas condenadas enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas septuagenarias, valorando, especialmente, su escasa peligrosidad.
Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade un apartado 4, con efectos desde el 7 de octubre de 2022, por la disposición final 4.1 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14630#df-4
Se modifica por el art. único.26 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica el apartado 2 por el art. único.6 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica el apartado 1 por el art. único.4 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2003-13022
Datos clave
- El tercer grado en la prisión permanente revisable exige pronóstico favorable de reinserción y no puede autorizarse antes de 20 años de prisión efectiva (terrorismo) o 15 años (resto de casos).
- Sin permisos de salida hasta cumplir 12 años (caso a) u 8 años (caso b).
- La prisión ordinaria dura de un mínimo de 3 meses a un máximo de 20 años, salvo excepciones.
- Con condenas superiores a 5 años en terrorismo, crimen organizado o determinados delitos contra menores, el tercer grado no procede hasta cumplir la mitad de la condena.
- Cabe progresión a tercer grado por motivos humanitarios en enfermos muy graves incurables o personas septuagenarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prisión permanente revisable y prisión ordinaria: cuándo cabe el tercer grado y los permisos, la duración de la prisión (3 meses a 20 años), el periodo de seguridad de la mitad de la pena y la progresión por motivos humanitarios.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 37
1. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.
No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado
2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada.
3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468.
4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.
Se modifica el apartado 1 y se añade el 4 por el art. único.7 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953 .
Se modifica por el art. único.5 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Duración máxima de la localización permanente: seis meses.
- Obliga a permanecer en el domicilio o en el lugar fijado por el Juez.
- Como pena principal reiterada puede cumplirse en fines de semana y festivos en el centro penitenciario más próximo.
- El incumplimiento da lugar a testimonio para proceder conforme al artículo 468.
- Puede controlarse mediante medios mecánicos o electrónicos de localización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La localización permanente dura hasta seis meses en el domicilio o lugar fijado por el juez; puede cumplirse en fines de semana o de forma no continuada, y en ciertos casos en el centro penitenciario.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 38
1. Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme.
2. Cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.
Datos clave
- Reo preso: la pena se computa desde que la sentencia condenatoria queda firme.
- Reo no preso: la pena se computa desde su ingreso en el establecimiento adecuado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El cómputo de la pena arranca en momentos distintos según el reo esté preso o no: firmeza de la sentencia condenatoria o ingreso en el establecimiento adecuado.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 39
Son penas privativas de derechos:
a) La inhabilitación absoluta.
b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.
c) La suspensión de empleo o cargo público.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal.
h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad.
j) La privación de la patria potestad.
Se modifica la letra b) por la disposición final 6.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifica por el art. único.27 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se añade la letra j) por el art. único.8 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.6 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica la letra f) por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1999-12907
Datos clave
- Enumera diez penas privativas de derechos, de la a) a la j).
- Incluye inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, suspensión de empleo o cargo público, privación de conducir, de tenencia de armas, de residir/acudir a lugares, prohibición de aproximarse o de comunicarse, trabajos en beneficio de la comunidad y privación de patria potestad.
- La letra j) (privación de la patria potestad) se añadió por la Ley Orgánica 5/2010.
- La letra b) fue modificada por última vez por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de las diez penas privativas de derechos, de la a) a la j): inhabilitaciones, suspensión, privaciones de conducir, armas y residencia, prohibiciones de aproximarse y comunicarse, trabajos comunitarios y privación de la patria potestad.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 40
1. La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años; las de inhabilitación especial, de tres meses a 20 años, y la de suspensión de empleo o cargo público, de tres meses a seis años.
2. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, tendrán una duración de tres meses a 10 años.
3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta 10 años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración de un mes a 10 años.
4. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de un día a un año.
5. La duración de cada una de estas penas será la prevista en los apartados anteriores, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Código.
Se modifica por el art. único.7 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659
Datos clave
- Inhabilitación absoluta: de 6 a 20 años.
- Inhabilitación especial: de 3 meses a 20 años; suspensión de empleo o cargo público: de 3 meses a 6 años.
- Privación de conducir y de tenencia de armas: de 3 meses a 10 años.
- Privación de residir/acudir a lugares: hasta 10 años; prohibición de aproximarse o comunicarse: de 1 mes a 10 años.
- Trabajos en beneficio de la comunidad: de 1 día a 1 año.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Duraciones mínimas y máximas de las penas privativas de derechos y de los trabajos en beneficio de la comunidad, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 41
La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la condena.
Datos clave
- Priva definitivamente de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado, aunque sean electivos.
- Durante la condena, incapacita para obtener otros honores, cargos o empleos públicos y para ser elegido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inhabilitación absoluta quita para siempre todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e impide obtener otros y ser elegido mientras dure la condena.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 42
La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.
Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. 2003/21538
Datos clave
- Priva definitivamente del empleo o cargo concreto sobre el que recae, aunque sea electivo, y de sus honores.
- Incapacita para obtener el mismo empleo u otros análogos durante el tiempo de la condena.
- La sentencia debe especificar los empleos, cargos y honores afectados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inhabilitación especial para empleo o cargo público quita definitivamente el empleo o cargo concreto y sus honores, impide obtener el mismo u otros análogos durante la condena y obliga a la sentencia a concretarlos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 43
La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena.
Datos clave
- Priva del ejercicio del empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.
- Es una privación temporal del ejercicio, no de la titularidad del cargo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión de empleo o cargo público priva al penado del ejercicio de su empleo o cargo durante el tiempo de la condena.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 44
La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.
Datos clave
- Priva del derecho a ser elegido para cargos públicos durante el tiempo de la condena.
- Afecta solo al sufragio pasivo (ser elegido), no al sufragio activo (votar).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado del derecho a ser elegido para cargos públicos durante el tiempo de la condena.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 45
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido.
Se modifica por la disposición final 6.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Datos clave
- Priva de ejercer la profesión, oficio, industria, comercio u otra actividad concretada expresa y motivadamente en la sentencia.
- La autoridad judicial puede restringirla a funciones concretas no relacionadas con el delito.
- Modificada por última vez por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria, comercio u otras actividades se concreta expresa y motivadamente en la sentencia, priva de ejercerlas durante la condena y puede restringirse a ciertas funciones.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 46
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo de la persona condenada.
Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en relación a las circunstancias del caso concreto.
A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.
Se modifica por la disposición final 6.4 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifica por el art. único.258 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439#aunico
Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Priva de los derechos inherentes a la patria potestad y extingue la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
- Incapacita para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena.
- La privación de la patria potestad implica pérdida de su titularidad, pudiendo subsistir derechos del hijo o hija.
- Puede acordarse respecto de todos o algunos de los menores o personas con discapacidad a cargo del condenado.
- Modificado por última vez por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue la inhabilitación especial para patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de la privación de la patria potestad, y fija cómo decide el juez sobre qué menores recae y qué derechos del hijo subsisten.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 47
La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia.
La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia.
Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte, respectivamente.
Se añade el párrafo 3 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre. Ref. BOE-A-2007-20636
Datos clave
- Inhabilita para conducir o para tenencia y porte de armas durante el tiempo fijado en sentencia.
- Si la pena supera los dos años, conlleva la pérdida de vigencia del permiso o licencia correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Privar del derecho a conducir o a tener y portar armas inhabilita durante el tiempo fijado en sentencia; si la pena supera dos años, se pierde además la vigencia del permiso o licencia.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 48
1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida.
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.
3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.28 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica el apartado 1 por el art. único.10 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.10 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1999-12907
Datos clave
- La privación de residir/acudir a lugares impide volver al lugar del delito o donde resida la víctima o su familia.
- La prohibición de aproximarse impide acercarse a la víctima, su domicilio, trabajo o lugares frecuentados, y suspende el régimen de visitas con los hijos.
- La prohibición de comunicarse impide todo contacto escrito, verbal, visual o telemático con la víctima.
- El control de estas medidas puede realizarse mediante medios electrónicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contenido de tres penas: privación de residir o acudir a lugares, prohibición de aproximarse y prohibición de comunicarse; su control puede hacerse por medios electrónicos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 49
Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:
1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.
2.ª No atentará a la dignidad del penado.
3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
4.ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
5.ª No se supeditará al logro de intereses económicos.
6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:
a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.
d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.
Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.
En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.
7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.
Se modifica el primer párrafo por la disposición final 6.5 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifica el primer párrafo por el art. único.11 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.11 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Requieren el consentimiento de la persona condenada y no son retribuidos.
- Duración diaria máxima: 8 horas.
- Se ejecutan bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- El incumplimiento (ausencia de 2 jornadas, rendimiento insuficiente, etc.) puede dar lugar a testimonio conforme al artículo 468.
- La falta justificada no se considera abandono, pero el trabajo perdido no se computa en la liquidación de la condena.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los trabajos en beneficio de la comunidad exigen el consentimiento del condenado, no se retribuyen, duran como mucho ocho horas al día y los controla el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 50
1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria.
2. La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa.
3. Su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años.
4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta.
5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.
6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.
Se modifica los apartados 3 y 4 por el art. único.12 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifican los apartados 3, 4 y 6 por el art. único.12 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- La multa se impone, salvo excepción legal, por el sistema de días-multa.
- Duración: de 10 días a 2 años (personas físicas) y hasta 5 años (personas jurídicas).
- Cuota diaria: de 2 a 400 euros (personas físicas) y de 30 a 5.000 euros (personas jurídicas).
- A efectos de cómputo, el mes se entiende de 30 días y el año de 360 días.
- El pago puede autorizarse en un plazo máximo de 2 años desde la firmeza de la sentencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La multa se impone por días-multa: extensión de diez días a dos años (cinco para personas jurídicas) y cuota de 2 a 400 euros (de 30 a 5.000 para personas jurídicas), según la situación económica del reo.
Esquema
| Personas físicas | Personas jurídicas | |
|---|---|---|
| Extensión máxima | Dos años | Cinco años |
| Cuota diaria | De 2 a 400 euros | De 30 a 5.000 euros |
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 51
Si, después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago.
Se modifica por el art. único.13 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Si cambia la situación económica del penado tras la sentencia, el Juez puede modificar excepcionalmente el importe de las cuotas o los plazos de pago.
- Exige una indagación previa de la nueva situación económica del penado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si tras la sentencia cambia la situación económica del penado, el juez o tribunal puede, excepcionalmente y tras indagarla, modificar el importe de las cuotas y los plazos de pago.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 52
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el Código así lo determine, la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo.
2. En estos casos, los jueces y tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada delito, considerando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la situación económica del culpable.
3. Si, después de la sentencia, empeorase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o autorizar su pago en los plazos que se determinen.
4. En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:
a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Se añade el apartado 4 por el art. único.13 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.14 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- La multa proporcional se fija según el daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio obtenido.
- Se valora principalmente la situación económica del culpable.
- Si empeora dicha situación, el Juez puede reducir el importe o fraccionar el pago.
- Si no puede calcularse la multa proporcional a personas jurídicas, se sustituye por: 2 a 5 años, 1 a 3 años o 6 meses a 2 años, según la pena de prisión asociada al delito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Multa proporcional: se fija por daño, valor del objeto o beneficio, atendiendo sobre todo a la situación económica del culpable; puede reducirse si esta empeora, y para personas jurídicas se sustituye por multa en años si no puede calcularse.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 53
1. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el apartado 1 del artículo 37.
También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo.
2. En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de duración. También podrá el Juez o Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
3. Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años.
4. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado.
5. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.29 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se añade el apartado 5 por el art. único.14 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifican los apartados 1, 3 y 4 por el art. único.15 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas.
- En delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente, sin la limitación de duración del artículo 37.1.
- Puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad, previa conformidad del penado.
- En multa proporcional, la responsabilidad subsidiaria no puede exceder de un año.
- No se impone a penas privativas de libertad superiores a cinco años.
- El pago de la multa a personas jurídicas puede fraccionarse hasta cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa: un día por cada dos cuotas, con formas alternativas de cumplimiento, un tope de un año en la multa proporcional y reglas para personas jurídicas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 54
Las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo.
Datos clave
- Las penas de inhabilitación son accesorias cuando la Ley declara que otras penas las llevan consigo, sin imponerlas especialmente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las inhabilitaciones son penas accesorias cuando no se imponen especialmente y la Ley declara que otras penas las llevan consigo.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 55
La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia.
Se modifica por el art. único.15 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Datos clave
- La prisión igual o superior a diez años conlleva inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
- No se aplica si la inhabilitación absoluta ya está prevista como pena principal.
- El Juez puede añadir inhabilitación especial para patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o su privación, si existe relación directa con el delito, que debe constar expresamente en la sentencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prisión de diez años o más lleva consigo la inhabilitación absoluta durante la condena, salvo que ya sea pena principal; el juez puede añadir penas sobre patria potestad y figuras afines si tuvieron relación directa con el delito.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 56
1. En las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes:
1.º Suspensión de empleo o cargo público.
2.º Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
3.º Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.
2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en otros preceptos de este Código respecto de la imposición de estas penas.
Se modifica el apartado 1.3º por el art. único.16 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.16 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Para penas de prisión inferiores a diez años, se impone una o varias accesorias según la gravedad del delito.
- Opciones: suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para sufragio pasivo, o inhabilitación especial para empleo, profesión u otro derecho relacionado con el delito.
- La vinculación de la accesoria con el delito debe determinarse expresamente en la sentencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En prisión inferior a diez años, el juez impone, según la gravedad del delito, una o varias penas accesorias: suspensión de empleo o cargo, inhabilitación especial para sufragio pasivo o para derechos vinculados al delito.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 57
1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.
No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma simultánea.
2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.
3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un periodo de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan la consideración de delitos leves.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 6.6 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifica por el art. único.30 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.17 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica por el art. 1.6 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1999-12907
Se modifica por el art. 4 de la Ley Orgánica 11/1999, de 11 de abril. Ref. BOE-A-1999-9744
Datos clave
- Se aplica en delitos como homicidio, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexual, honor, patrimonio o relaciones familiares.
- Duración general de las prohibiciones del artículo 48: hasta 10 años (delito grave) o 5 años (delito menos grave).
- Con pena de prisión, la prohibición se suma de 1 a 10 años (grave) o de 1 a 5 años (menos grave) más, cumpliéndose de forma simultánea.
- En delitos leves de este tipo, el plazo máximo de las prohibiciones es de seis meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En ciertos delitos el juez puede imponer las prohibiciones del art. 48 con límites según la gravedad; si hay prisión, duran más que ella y se cumplen a la vez; en violencia en el entorno familiar el alejamiento es obligatorio.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 58
1. El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.
2. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.
3. Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar.
4. Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.17 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.18 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- La prisión provisional sufrida se abona íntegramente para el cumplimiento de la pena de la causa en que se acordó.
- Un mismo periodo de privación de libertad no puede abonarse en más de una causa.
- El abono en causa distinta lo acuerda el Juez de Vigilancia Penitenciaria, de oficio o a petición del penado, oído el ministerio fiscal.
- Solo procede si la medida cautelar es posterior a los hechos que motivaron la pena a abonar.
- Estas reglas se aplican también a las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La privación de libertad provisional se abona entera en la causa en que se acordó, nunca en más de una causa, y solo en causa distinta con requisitos: Juez de Vigilancia Penitenciaria y medida posterior a los hechos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 59
Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada.
Datos clave
- Si las medidas cautelares y la pena impuesta son de distinta naturaleza, el Juez ordena tener por ejecutada la pena en la parte que estime compensada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la medida cautelar sufrida y la pena impuesta son de distinta naturaleza, el juez decide qué parte de la pena se tiene por ejecutada porque la estima compensada.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 60
1. Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida. Si se tratase de una pena de distinta naturaleza, el Juez de Vigilancia Penitenciaria apreciará si la situación del penado le permite conocer el sentido de la pena y, en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo las medidas de seguridad que estime necesarias.
El Juez de Vigilancia comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la próxima extinción de la pena o medida de seguridad impuesta, a efectos de lo previsto por la disposición adicional primera de este Código.
2. Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.19 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Ante trastorno mental grave sobrevenido tras sentencia firme, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspende la ejecución de la pena privativa de libertad.
- Puede imponerse una medida de seguridad privativa de libertad, nunca más gravosa que la pena sustituida.
- Se comunica al ministerio fiscal la próxima extinción de la pena o medida de seguridad.
- Restablecida la salud, el penado cumple la sentencia si no ha prescrito, salvo que el Juez, por equidad, extinga o reduzca la condena.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si tras sentencia firme el penado sufre un trastorno mental grave y duradero que le impide conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia suspende la ejecución; recuperado, cumple si la pena no ha prescrito, salvo extinción o reducción por equidad.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 61
Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada.
Datos clave
- Cuando la Ley establece una pena, se entiende referida a los autores de la infracción consumada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la Ley señala una pena para un delito, esa pena es la de los autores de la infracción consumada; las demás situaciones se ajustan a partir de ella.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 62
A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
Datos clave
- A los autores de tentativa se les impone la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado.
- La extensión se fija atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A los autores de tentativa se les impone la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado, según el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 63
A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.
Datos clave
- Al cómplice se le impone la pena inferior en grado a la del autor.
- La regla se aplica tanto al delito consumado como al intentado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al cómplice, tanto si el delito se consumó como si quedó en tentativa, se le impone la pena inferior en grado a la que la Ley fija para los autores del mismo delito.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 64
Las reglas anteriores no serán de aplicación en los casos en que la tentativa y la complicidad se hallen especialmente penadas por la Ley.
Datos clave
- No se aplica la reducción de pena de la tentativa cuando esta se halle especialmente penada por la ley.
- No se aplica la reducción de pena de la complicidad cuando esta se halle especialmente penada por la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las reglas anteriores sobre la pena de la tentativa y la complicidad no se aplican cuando la Ley castiga especialmente la tentativa o la complicidad.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 65
1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran.
2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.
3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.
Se modifica el apartado 1 y se añade el 3 por el art. único.20 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Las circunstancias de naturaleza personal agravan o atenúan solo a quienes concurran.
- Las circunstancias materiales (ejecución o medios) afectan a quienes tuvieran conocimiento de ellas.
- Al inductor o cooperador necesario sin las condiciones personales del autor se le puede imponer la pena inferior en grado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comunicabilidad de circunstancias: las personales solo afectan a quien las tiene, las de ejecución o medios a quien las conocía, y el inductor o cooperador necesario sin las cualidades del autor puede recibir pena inferior en grado.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 66
1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito.
2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.
3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido.
A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.
6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.
8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.
2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las reglas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.
Se modifica el apartado 2 por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2026-7966#as
Se modifica el apartado 2 por el art. único.31 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. 1.2 de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. Ref. BOE-A-2003-18088
Datos clave
- Una sola atenuante: pena en la mitad inferior de la señalada por la ley.
- Dos o más atenuantes, o una muy cualificada, sin agravantes: pena inferior en uno o dos grados.
- Una o dos agravantes: pena en la mitad superior.
- Más de dos agravantes sin atenuantes: puede aplicarse la pena superior en grado, en su mitad inferior.
- Reincidencia cualificada (condena previa por 3 o más delitos del mismo título): puede aplicarse la pena superior en grado.
- Delitos leves e imprudentes: arbitrio judicial, sin sujetarse a estas reglas, salvo lo dispuesto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas para graduar la pena en delitos dolosos según atenuantes y agravantes: mitades, grados y compensación. En delitos leves e imprudentes, prudente arbitrio salvo multirreincidencia de delitos leves.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 66 bis
En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:
1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:
a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.
b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.
c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control.
2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.
Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:
a) Que la persona jurídica sea reincidente.
b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.
Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una duración máxima de dos años.
Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:
a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1 del artículo 66.
b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.
Se modifica la regla 2.ª por el art. único.32 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se añade por el art. único.18 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Datos clave
- A las personas jurídicas se aplican las reglas 1a a 4a y 6a a 8a del art. 66.1, más reglas propias.
- La duración de las penas de las letras c) a g) del art. 33.7 no puede exceder la máxima de prisión prevista para persona física.
- Más de dos años de duración exige reincidencia de la persona jurídica o su uso instrumental para delinquir.
- Incumplimiento no grave de los deberes de control: duración máxima de dos años.
- Carácter permanente, o más de cinco años en determinadas letras, exige reincidencia cualificada o uso instrumental.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las penas a personas jurídicas se gradúan con las reglas del artículo 66 (salvo la 5.ª) y reglas propias: criterios para imponerlas, topes de duración y requisitos para superar dos o cinco años o imponerlas con carácter permanente.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 67
Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse.
Datos clave
- No se aplican las reglas del art. 66 a las circunstancias que la ley ya tuvo en cuenta al describir o sancionar la infracción.
- Tampoco se aplican a las circunstancias inherentes al delito sin cuya concurrencia no podría cometerse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las reglas del artículo anterior no se aplican a las agravantes o atenuantes ya tenidas en cuenta por la Ley al describir o sancionar la infracción ni a las inherentes al delito.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 68
En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, atendidos el número y la entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código.
Se modifica por el art. único.21 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, se impone la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley.
- Se atiende al número y entidad de los requisitos que falten o concurran y a las circunstancias personales del autor.
- Se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los casos de la circunstancia primera del art. 21 la pena se rebaja obligatoriamente uno o dos grados, según los requisitos que falten o concurran y las circunstancias personales del autor.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 69
Artículo 69.
Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga.
Este art. entra en vigor el 13 de enero de 2001, tal como dispone la disposición final 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Ref. BOE-A-2000-641
Datos clave
- Mayores de dieciocho y menores de veintiún años: pueden aplicarseles las disposiciones de la ley penal del menor.
- Este artículo entró en vigor el 13 de enero de 2001.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A quien comete un delito siendo mayor de dieciocho y menor de veintiún años pueden aplicársele las disposiciones de la ley de responsabilidad penal del menor, en los casos y con los requisitos que esta disponga.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 70
1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá la extensión resultante de la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.
2.ª La pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.
2. A los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o superior en grado, el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuaran como unidades penológicas de más o menos, según los casos.
3. Cuando, en la aplicación de la regla 1.ª del apartado 1 de este artículo, la pena superior en grado exceda de los límites máximos fijados a cada pena en este Código, se considerarán como inmediatamente superiores:
1.º Si la pena determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años.
2.º Si fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años.
3.º Si fuera de suspensión de empleo o cargo público, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de ocho años.
4.º Tratándose de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años.
5.º Tratándose de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.
6.º Tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.
7.º Tratándose de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.
8.º Tratándose de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años.
9.º Si fuera de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 meses.
4. La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años.
Se añade el apartado 4 por el art. único.33 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.22 de la Ley Orgánica 15/2003, 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Pena superior en grado: cifra máxima más la mitad de su cuantía (límite máximo); límite mínimo = máximo de la pena más un día o un día multa.
- Pena inferior en grado: cifra mínima menos la mitad de su cuantía (límite mínimo); límite máximo = mínimo de la pena menos un día o un día multa.
- Si la pena superior en grado de prisión, inhabilitación absoluta o especial excede los límites del Código: duración máxima de 30 años.
- Suspensión de empleo o cargo público como pena superior en grado: duración máxima de 8 años.
- Privación del derecho a conducir: máximo 15 años; privación de armas, de residir en un lugar, de aproximarse o de comunicarse con la víctima: máximo 20 años.
- Pena inferior en grado a la prisión permanente revisable: prisión de veinte a treinta años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se calculan la pena superior y la inferior en grado, qué topes rigen cuando la superior desborda los máximos del Código y cuál es la pena inferior a la prisión permanente.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 71
1. En la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente.
2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente.
Se modifica por el art. único.34 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.23 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- En la pena inferior en grado no rigen las cuantías mínimas legales de cada clase de pena.
- Si resultase una pena de prisión inferior a tres meses, se sustituye siempre por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente.
- Equivalencias: un día de prisión equivale a dos cuotas de multa, o a una jornada de trabajo, o a un día de localización permanente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al bajar la pena en grado no rigen las cuantías mínimas legales, pero si resulta una prisión inferior a tres meses se sustituye siempre por multa, trabajos o localización permanente.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 72
Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.
Se modifica por el art. único.24 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Los jueces o tribunales deben razonar en la sentencia el grado y la extensión concreta de la pena impuesta.
- Precepto modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al aplicar la pena conforme a las normas del capítulo, jueces y tribunales deben razonar en la sentencia el grado y la extensión concreta de la pena impuesta.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 73
Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas.
Datos clave
- Al responsable de dos o más delitos se le imponen todas las penas correspondientes a las diversas infracciones.
- El cumplimiento es simultáneo siempre que sea posible por la naturaleza y efectos de las penas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concurso real: a quien responde de dos o más delitos o faltas se le imponen todas las penas, para cumplirlas a la vez si su naturaleza y efectos lo permiten.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 74
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.
2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.
3. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.
Se modifica por el art. único.25 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Delito continuado: pena de la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegar a la mitad inferior de la pena superior en grado.
- Infracciones contra el patrimonio: se valora el perjuicio total causado, con posible pena superior en uno o dos grados si hay notoria gravedad y perjuicio a una generalidad de personas.
- Se exceptúan las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo honor y libertad e indemnidad sexuales del mismo sujeto pasivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delito continuado: varias acciones con plan preconcebido o idéntica ocasión que infringen el mismo precepto o semejantes se castigan con la pena de la más grave en su mitad superior; reglas propias para el patrimonio.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 75
Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible.
Datos clave
- Regla aplicable cuando las penas no pueden cumplirse simultáneamente por el condenado.
- El cumplimiento sucesivo sigue el orden de la respectiva gravedad de las penas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el condenado no puede cumplir a la vez todas o algunas de sus penas, las cumple una tras otra por orden de gravedad, en cuanto sea posible.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 76
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:
a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.
2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.
Se modifica por el art. único.35 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifican las referencias a los delitos indicados por la disposición adicional 1 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. 1.2 de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2003-13022
Datos clave
- Límite general de cumplimiento: el triple de la pena más grave impuesta, con tope máximo de 20 años.
- Tope de 25 años: dos o más delitos y alguno castigado con prisión de hasta 20 años.
- Tope de 30 años: dos o más delitos y alguno castigado con prisión superior a 20 años.
- Tope de 40 años: al menos dos delitos castigados con prisión superior a 20 años, o delitos de terrorismo con alguna pena superior a 20 años.
- Si alguna pena es de prisión permanente revisable, se aplican los artículos 92 y 78 bis.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Límite máximo de cumplimiento efectivo: el triple de la pena más grave, sin pasar de 20 años, con topes excepcionales de 25, 30 y 40 años y remisión a los arts. 92 y 78 bis si hay prisión permanente.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 77
1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.
2. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado.
3. En el segundo, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.
Se modifica por el art. único.36 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Se aplica cuando un solo hecho constituye dos o más delitos, o cuando uno es medio necesario para cometer el otro.
- Concurso ideal: pena de la infracción más grave en su mitad superior, sin exceder de la suma de las penas por separado.
- Concurso medial: pena superior a la que correspondería por la infracción más grave, sin exceder de la suma de las penas de cada delito.
- En todo caso, la pena impuesta no puede exceder el límite de duración del artículo 76.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando un solo hecho constituye varios delitos o uno es medio necesario para otro, no se aplican los dos artículos anteriores: cada supuesto tiene su propia regla de pena.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 78
1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.
2. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento.
Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable:
a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.
b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.
Se modifica el apartado 2 y se suprime el apartado 3 por el art. único.37 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifican las referencias a los delitos indicados por la disposición adicional 1 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. 1.3 de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2003-13022
Datos clave
- Si la pena a cumplir por el límite del art. 76.1 es inferior a la mitad de la suma total, los beneficios penitenciarios, permisos, tercer grado y libertad condicional pueden referirse a la totalidad de las penas.
- En terrorismo u organizaciones criminales, la posibilidad de aplicar el régimen general de cumplimiento solo será aplicable al tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo, y a la libertad condicional cuando quede una octava parte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si por los límites del artículo 76 la pena a cumplir es inferior a la mitad de la suma total, el juez puede referir tercer grado, permisos y libertad condicional a la totalidad de las penas; con reglas más duras en terrorismo.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 78 bis
1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:
a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.
b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.
c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.
2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido:
a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior.
b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.
3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.
En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) (*) del apartado primero.
(*) Entendemos que se refiere a la letra c) del apartado primero.
Se añade por el art. único.38 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Progresión a tercer grado: mínimo de 18, 20 o 22 años de prisión según la suma del resto de penas impuestas junto a la prisión permanente revisable.
- Suspensión de la ejecución del resto de la pena: mínimo de 25 años (casos a y b) o 30 años (caso c).
- En terrorismo u organizaciones criminales: mínimos de 24 y 32 años para el tercer grado, y de 28 y 35 años para la suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con prisión permanente revisable y otros delitos, el tercer grado exige 18, 20 o 22 años y la suspensión 25 o 30, según el resto de penas; en terrorismo, 24 o 32 y 28 o 35.
Esquema
| Régimen general | Terrorismo u organizaciones criminales | |
|---|---|---|
| Tercer grado, letras a) y b) | 18 o 20 años | 24 años |
| Tercer grado, letra c) | 22 años | 32 años |
| Suspensión, letras a) y b) | 25 años | 28 años |
| Suspensión, letra c) | 30 años | 35 años |
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 79
Siempre que los Jueces o Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras accesorias condenarán también expresamente al reo a estas últimas.
Datos clave
- La imposición de las penas accesorias es obligatoria cuando la pena principal las lleve consigo.
- Los jueces o tribunales deben condenar expresamente al reo también a las penas accesorias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando la pena impuesta lleva consigo penas accesorias, jueces y tribunales deben condenar también expresamente al reo a ellas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 80
1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:
1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, salvo que estos integren un tipo agravado por multirreincidencia de delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.
2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.
Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.
3. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.
En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.
4. Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
5. Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el apartado 2 de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2.º del artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.
El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.
En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación.
6. En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena.
Se modifica la regla 1ª del apartado 2 por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril. Ref. BOE-A-2026-7966#as
Se modifica por el art. único.39 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica el apartado 1 por el art. único.27 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Puede suspenderse la ejecución de penas privativas de libertad no superiores a dos años.
- Requisitos: primera delincuencia (no cuentan delitos imprudentes o leves, salvo multirreincidencia), pena o suma no superior a dos años, responsabilidades civiles satisfechas.
- Excepcionalmente, sin cumplir esas dos condiciones, cabe suspender penas de hasta dos años si el reo no es habitual.
- Enfermedad muy grave con padecimientos incurables: suspensión sin sujeción a requisito alguno.
- Dependencia de sustancias del art. 20.2: suspensión de penas hasta cinco años si el penado está deshabituado o en tratamiento.
- En delitos solo perseguibles por denuncia o querella, se oye al ofendido antes de conceder la suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pueden suspenderse las penas privativas de libertad no superiores a dos años si no hace falta ejecutarlas para evitar nuevos delitos; con régimen excepcional, enfermedad muy grave y drogodependencia (hasta cinco años).
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 81
El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80.
En el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años.
Se modifica por el art. único.40 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica la condición 2ª por el art. único.28 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538 .
Datos clave
- Plazo general de suspensión: de dos a cinco años para penas privativas de libertad no superiores a dos años.
- Plazo de tres meses a un año para las penas leves.
- Si la suspensión se acordó de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, el plazo es de tres a cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Plazos de suspensión de la pena: de dos a cinco años para privativas de libertad no superiores a dos años, de tres meses a un año para penas leves y de tres a cinco en el supuesto del apartado 5 del artículo anterior.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 82
1. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la suspensión de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia a las partes, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.
2. El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se computará desde la fecha en que aquélla hubiere devenido firme.
No se computará como plazo de suspensión aquél en el que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía.
Se modifica por el art. único.41 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.29 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- El plazo se computa desde la fecha de la resolución que acuerda la suspensión, o desde la firmeza si se acordó en sentencia.
- No computa como plazo de suspensión el tiempo en que el penado estuvo en rebeldía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión se decide en sentencia si es posible; si no, con urgencia tras la firmeza. El plazo corre desde la resolución que la acuerda o, si se acordó en sentencia, desde su firmeza, y no cuenta el tiempo de rebeldía.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 83
1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados:
1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea acordada.
2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.
3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.
4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.
5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para informar de sus actividades y justificarlas.
6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares.
7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.
8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos.
9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.
2. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes indicados en las reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª del apartado anterior.
Las anteriores prohibiciones y deberes se impondrán asimismo cuando se trate de delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos.
3. La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas 1.ª, 2.ª, 3.ª, o 4.ª del apartado 1 de este artículo será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, será inmediatamente comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución.
4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6.ª, 7.ª y 8.ª del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Estos servicios informarán al juez o tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 6.ª y 8.ª, y semestral, en el caso de la 7.ª y, en todo caso, a su conclusión.
Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo.
Se añade un párrafo segundo al apartado 2, con efectos desde el 7 de octubre de 2022, por la disposición final 4.2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14630#df-4
Se modifica el apartado 1.6.ª por la disposición final 6.7 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifica por el art. único.42 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica el apartado 1.5º por el art. único.19 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica el segundo párrafo del apartado 1.6ª por el art. 33 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760
Se modifica el apartado 1 por el art. único.30 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica el apartado 1.1.º bis) por el art. 1.7 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1999-12907
Se añade el punto 1.º bis) al apartado 1 por el art. 5 de la Ley Orgánica 11/1999, de 11 de abril. Ref. BOE-A-1999-9744
Datos clave
- El juez puede imponer hasta nueve prohibiciones y deberes: aproximación o comunicación con la víctima, contacto con determinadas personas, residencia fija, no residir o acudir a un lugar, comparecencia periódica, programas formativos, programas de deshabituación, no conducir vehículos sin dispositivos que condicionen su encendido a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, y otros deberes con conformidad del penado.
- En violencia de género, libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata: son obligatorias las reglas 1a, 4a y 6a.
- La imposición de las prohibiciones o deberes de las reglas 1ª a 4ª se comunica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el quebrantamiento se comunica al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución.
- El control de las reglas 6a a 8a corresponde a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, con informes trimestrales (6a y 8a) o semestrales (7a).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve prohibiciones y deberes a los que el juez puede condicionar la suspensión; tres son obligatorias en ciertos delitos, y la ley reparte su comunicación y control entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios penitenciarios.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 84
1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:
1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
2.ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.
3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.
2. Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, el pago de la multa a que se refiere la medida 2.ª del apartado anterior solamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia común.
Se modifica por el art. único.43 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica el apartado 3 por el art. 34 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760
Se añade el apartado 3 por el art. único.31 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Medidas posibles: cumplimiento del acuerdo de mediación, pago de multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
- Multa: máximo dos cuotas por cada día de prisión, sobre un límite de dos tercios de su duración.
- Trabajos en beneficio de la comunidad: máximo un día de trabajo por cada día de prisión, sobre el mismo límite de dos tercios.
- En violencia de género y supuestos asimilados, la multa solo procede si no hay relaciones económicas derivadas de la relación o de una descendencia común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez o tribunal puede condicionar la suspensión a mediación, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, con topes calculados sobre dos tercios de la prisión; la multa se restringe en delitos en el ámbito familiar.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 85
Durante el tiempo de suspensión de la pena, y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, el juez o tribunal podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84, y acordar el alzamiento de todas o alguna de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordadas, su modificación o sustitución por otras que resulten menos gravosas.
Se modifica por el art. único.44 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.32 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Durante la suspensión, el juez puede alzar, modificar o sustituir las prohibiciones, deberes o prestaciones por otras menos gravosas.
- La modificación se basa en el cambio de las circunstancias valoradas al acordar la suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mientras dura la suspensión, y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, el juez puede alzar, modificar o sustituir por otras menos gravosas las prohibiciones, deberes o prestaciones acordadas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 86
1. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado:
a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida.
b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria.
c) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.
d) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá:
a) Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas.
b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado.
3. En el caso de revocación de la suspensión, los gastos que hubiera realizado el penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 1 del artículo 84 no serán restituidos. Sin embargo, el juez o tribunal abonará a la pena los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos conforme a las medidas 2.ª y 3.ª
4. En todos los casos anteriores, el juez o tribunal resolverá después de haber oído al Fiscal y a las demás partes. Sin embargo, podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión cuando resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la protección de la víctima.
El juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación que fueran necesarias y acordar la celebración de una vista oral cuando lo considere necesario para resolver.
Se modifica por el art. único.45 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Causas de revocación: nueva condena durante el plazo, incumplimiento grave o reiterado de deberes o condiciones, o información inexacta sobre bienes o impago de la responsabilidad civil.
- Si el incumplimiento no es grave ni reiterado, el juez puede imponer nuevas condiciones o prorrogar el plazo, sin exceder la mitad de su duración inicial.
- El juez puede ordenar el ingreso inmediato en prisión si es imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva, la fuga o proteger a la víctima.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La suspensión se revoca por nueva condena que frustre la expectativa, incumplimiento grave o reiterado o falta de colaboración patrimonial; si el incumplimiento es leve, el juez puede endurecer condiciones o prorrogar.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 87
1. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena.
2. No obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al apartado 5 del artículo 80, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años.
Se modifica por el art. único.46 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.33 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Transcurrido el plazo sin nueva infracción relevante y cumplidas las reglas de conducta, se acuerda la remisión de la pena.
- En la suspensión por deshabituación (art. 80.5) se exige acreditar la deshabituación o la continuidad del tratamiento, con posible prórroga de hasta dos años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pasado el plazo de suspensión sin un delito que quiebre la expectativa y con las reglas de conducta cumplidas, se remite la pena; en la suspensión del art. 80.5 hay que acreditar la deshabituación o la continuidad del tratamiento.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 88
Artículo 88.
(Suprimido) .
Se suprime por el art. único.47 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica los párrafos primero y tercero del apartado 1 por el art. único.20 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica el tercer párrafo del apartado 1 por el art. 35 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760
Se modifica por el art. único.34 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Artículo suprimido por el art. único.47 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
- Antes de su supresión había sido modificado por la LO 5/2010, la LO 1/2004 y la LO 15/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo suprimido del Código Penal por la LO 1/2015. Antes había pasado por tres reformas (2003, 2004 y 2010); lo examinable es la norma supresora.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 89
1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.
2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.
4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada.
La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.
Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión cuando además:
a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento.
No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa.
En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma.
9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.
Se modifica por el art. único.48 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.21 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifican los apartados 1, 2 y 3 por el art. 1.3 de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. Ref. BOE-A-2003-18088
Se añade el apartado 4 por la disposición adicional 2 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23660
Datos clave
- Prisión de más de un año impuesta a extranjero: se sustituye por su expulsión del territorio español.
- Excepcionalmente puede ejecutarse hasta dos tercios de la pena antes de sustituir el resto por la expulsión.
- Prisión de más de cinco años: se ejecuta la parte necesaria de la pena antes de sustituir el resto por la expulsión.
- No procede la sustitución si resulta desproporcionada por el arraigo; para ciudadanos de la UE solo procede si hay amenaza grave para el orden público.
- Prohibición de regreso a España: de cinco a diez años desde la expulsión.
- No se sustituyen las penas de los delitos de los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prisión de más de un año impuesta a un extranjero se sustituye por expulsión, con ejecución parcial en casos excepcionales o en penas de más de cinco años; prohibición de regreso de cinco a diez años.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 90
1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
c) Que haya observado buena conducta.
Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
2. También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.
b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa.
c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena.
A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplidas las circunstancias de las letras a) y c) del apartado anterior, el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas en la letra b) de este apartado y que acredite, además, la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso.
3. Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los tres años de duración.
b) Que hayan extinguido la mitad de su condena.
c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere al apartado 1, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, así como el regulado en la letra b) del apartado anterior.
Este régimen no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales.
4. El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena cuando el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta para alguno de los delitos previstos en el Título XIX del Libro II de este Código, cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración a que hubiere sido condenado.
5. En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, resultarán aplicables las normas contenidas en los artículos 83, 86 y 87.
El juez de vigilancia penitenciaria, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las mismas.
Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.
El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de dos a cinco años. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado.
6. La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena.
7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición del penado. En el caso de que la petición no fuera estimada, el juez o tribunal podrá fijar un plazo de seis meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada.
8. En el caso de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
Los apartados 2 y 3 no serán aplicables a las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
Se modifica por el art. único.49 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se suprime el inciso "banda armada" y se modifican las referencias a los delitos indicados por la disposición adicional 1 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2003-13022
Datos clave
- Requisitos generales de libertad condicional: tercer grado, tres cuartas partes de la condena cumplidas y buena conducta.
- Vía alternativa: dos tercios de la condena cumplidos más actividades laborales, culturales u ocupacionales.
- Adelanto excepcional desde la mitad de la condena: hasta 90 días de adelanto por cada año de cumplimiento efectivo.
- Vía excepcional para primarios: primera condena de prisión no superior a tres años y mitad cumplida (no aplicable a delitos contra la libertad sexual).
- Plazo de suspensión y libertad condicional: de dos a cinco años, nunca inferior a la pena pendiente de cumplimiento.
- En terrorismo u organizaciones criminales se exige abandono de los fines y medios terroristas y colaboración con las autoridades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad condicional: vía ordinaria a las tres cuartas partes, adelantos a los dos tercios o desde la mitad y vía excepcional para primera condena; plazo de dos a cinco años y reglas especiales en terrorismo y organizaciones criminales.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 91
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la condena, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional.
El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia penitenciaria, se estimen necesarios.
2. Constando a la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria, quien, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.
3. Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior.
En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense, o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal, la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad.
El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional.
4. Son aplicables al supuesto regulado en este artículo las disposiciones contenidas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo anterior.
Se modifica por el art. único.50 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifican las referencias a los delitos indicados por la disposición adicional 1 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2003-13022
Datos clave
- Aplica a penados de setenta años cumplidos (o que los cumplan durante la condena) y a enfermos muy graves con padecimientos incurables.
- Se exceptúa el requisito de haber cumplido las tres cuartas partes, dos tercios o la mitad de la condena.
- Si el peligro para la vida del interno es patente (informe forense y médico penitenciario), cabe conceder la libertad condicional sin más trámite.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Septuagenarios y enfermos muy graves incurables pueden obtener la libertad condicional sin haber cumplido la fracción de condena exigida; si el peligro para su vida es patente, casi sin trámites.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 92
1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.
b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.
En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos.
El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado.
2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91.
El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.
Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.
4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.
Téngase en cuenta que el apartado 3, párrafo tercero, y el apartado 4, en la redacción dada por el art. único.51 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no son inconstitucionales siempre que se interpreten en el sentido establecido en el fundamento jurídico 9 b) de la Sentencia del TC 169/2021, de 6 de octubre. Ref. BOE-A-2021-18372
Se declara que el apartado 3, párrafo tercero, y el apartado 4, en la redacción dada por el art. único.51 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no son inconstitucionales siempre que se interpreten en el sentido establecido en el fundamento jurídico 9 b) de la Sentencia del TC 169/2021, de 6 de octubre. Ref. BOE-A-2021-18372
Se modifica por el art. único.51 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.35 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Requisitos para suspender la prisión permanente revisable: 25 años de condena cumplidos, clasificación en tercer grado y pronóstico favorable de reinserción.
- En terrorismo se exige además abandono de los fines y medios terroristas y colaboración con las autoridades.
- Duración de la suspensión: de cinco a diez años.
- El tribunal debe verificar el cumplimiento de los requisitos al menos cada dos años tras los 25 años.
- Se resuelve tras un procedimiento oral contradictorio con el Ministerio Fiscal y el penado asistido de abogado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Suspensión de la prisión permanente revisable: veinticinco años cumplidos, tercer grado y pronóstico favorable de reinserción, con requisitos añadidos en terrorismo; dura de cinco a diez años.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 93
Artículo 93.
(Suprimido) .
Se suprime por el art. único.52 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifican las referencias a los delitos indicados por la disposición adicional 1 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se numera el párrafo inicial como apartado 1 y se añaden los apartados 2 y 3 por el art. 1.6 de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio. Ref. BOE-A-2003-13022
Datos clave
- Artículo suprimido por el art. único.52 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
- Antes de su supresión había sido modificado por la LO 7/2003, que añadió los apartados 2 y 3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo suprimido del Código Penal por la LO 1/2015. Antes la LO 7/2003 le había dado estructura de tres apartados y la LO 5/2010 cambió sus referencias a delitos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 94
A los efectos previstos en la sección 2.ª de este capítulo, se consideran reos habituales los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello.
Para realizar este cómputo se considerarán, por una parte, el momento de posible suspensión o sustitución de la pena conforme al artículo 88 y, por otra parte, la fecha de comisión de aquellos delitos que fundamenten la apreciación de la habitualidad.
Se modifica por el art. único.36 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Reo habitual: quien haya cometido tres o más delitos del mismo capítulo en un plazo no superior a cinco años, con condena por ellos.
- El cómputo toma como referencia el momento de la posible suspensión o sustitución de la pena y la fecha de comisión de los delitos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reos habituales a efectos de la sección 2.ª: quienes cometieron tres o más delitos del mismo capítulo en un plazo no superior a cinco años y fueron condenados por ello.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 94 bis
A los efectos previstos en este Capítulo, las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea tendrán el mismo valor que las impuestas por los jueces o tribunales españoles salvo que sus antecedentes hubieran sido cancelados, o pudieran serlo con arreglo al Derecho español.
Se añade por el art. único.53 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Las condenas firmes de otros Estados de la Unión Europea tienen el mismo valor que las españolas, salvo antecedentes cancelados o cancelables según el Derecho español.
- Precepto añadido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos de este capítulo, las condenas firmes de otros Estados de la Unión Europea valen como las españolas, salvo antecedentes cancelados o cancelables con arreglo al Derecho español.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 95
1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias:
1.ª Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
2.ª Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
2. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 96.3.
Se modifica el apartado 2 por el art. único.37 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Requisito 1.ª: que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
- Requisito 2.ª: que pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele probabilidad de nuevos delitos.
- Si la pena posible por el delito no era privativa de libertad, solo cabe imponer las medidas del art. 96.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas de seguridad exigen dos circunstancias: un hecho previsto como delito y un pronóstico de probable comisión de nuevos delitos; si la pena posible no era privativa de libertad, solo caben las del art. 96.3.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 96
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
1.ª El internamiento en centro psiquiátrico.
2.ª El internamiento en centro de deshabituación.
3.ª El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
1.ª) La inhabilitación profesional.
2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
3.ª) La libertad vigilada
4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
5.ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6.ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.22 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.38 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Hay 3 medidas privativas de libertad: internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación y en centro educativo especial.
- Hay 6 medidas no privativas de libertad: inhabilitación profesional, expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente, libertad vigilada, custodia familiar, privación del derecho a conducir y privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
- La custodia familiar sujeta al condenado al cuidado y vigilancia de un familiar, en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catálogo de medidas de seguridad: tres privativas de libertad, todas internamientos, y seis no privativas, entre ellas la custodia familiar.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 97
Durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, por el procedimiento establecido en el artículo siguiente, alguna de las siguientes decisiones:
a) Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta.
b) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.
c) Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida.
d) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 95 de este Código.
Se modifica por el art. único.23 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.39 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- El Juez o Tribunal puede mantener, cesar, sustituir o suspender la medida de seguridad impuesta.
- Si evoluciona desfavorablemente tras una sustitución, se deja sin efecto y se vuelve a aplicar la medida sustituida.
- La suspensión no puede superar el plazo máximo señalado en la sentencia y queda condicionada a que el sujeto no delinca.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Durante la ejecución, el Juez o Tribunal sentenciador decide sobre la medida de seguridad: mantenerla, hacerla cesar, sustituirla o dejarla en suspenso.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 98
1. A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene.
2. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva.
3. En todo caso, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores, oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto.
Se modifica por el art. único.24 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Datos clave
- El Juez de Vigilancia Penitenciaria debe elevar, al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión, cuando la medida es privativa de libertad o de libertad vigilada tras una pena.
- En medidas no privativas de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recaba directamente los informes correspondientes.
- El Juez o Tribunal resuelve motivadamente oyendo al sometido a la medida, al Ministerio Fiscal, las demás partes y, si lo solicitaron, a las víctimas localizables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento para revisar las medidas de seguridad: propuesta al menos anual del Juez de Vigilancia Penitenciaria en las privativas y en la libertad vigilada tras la pena, informes recabados por el sentenciador en las demás y resolución motivada con audiencia.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 99
En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.
Se modifica por el art. único.40 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Si concurren pena y medida de seguridad privativas de libertad, primero se cumple la medida, que se abona para el cumplimiento de la pena.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si concurren pena y medida de seguridad privativas de libertad, se cumple primero la medida y se abona a la pena. Alzada la medida, el juez puede suspender el resto de la pena o aplicar una medida del artículo 96.3.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 100
1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
2. Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
3. En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.25 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único. 41 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- El quebrantamiento de una medida de internamiento supone el reingreso en el mismo centro o en otro que corresponda a su estado.
- El quebrantamiento de otras medidas puede dar lugar a su sustitución por internamiento, si estaba prevista para el caso y el quebrantamiento demuestra su necesidad.
- En ambos casos se deduce testimonio por el quebrantamiento.
- Negarse a un tratamiento médico no se considera quebrantamiento, aunque cabe sustituirlo por otra medida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Consecuencias de quebrantar una medida de seguridad: reingreso si era de internamiento, posible sustitución por internamiento en las demás, y testimonio en ambos casos; negarse al tratamiento médico no es quebrantamiento.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 101
1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1.º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.
Datos clave
- Se aplica al exento de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica (art. 20.1.º).
- El internamiento no puede exceder de lo que habría durado la pena privativa de libertad; el límite máximo se fija en la sentencia.
- El internado no puede abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al exento por anomalía o alteración psíquica (art. 20.1.º) se le puede imponer, si es necesario, internamiento u otra medida del apartado 3 del artículo 96; el internamiento no puede superar la pena que le habría correspondido y no se sale sin autorización judicial.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 102
1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2.º del artículo 20 se les aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la sentencia.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.
Datos clave
- Se aplica al exento de responsabilidad penal por intoxicación plena o síndrome de abstinencia (art. 20.2.º).
- El internamiento se cumple en centro de deshabituación público o privado acreditado u homologado.
- El internamiento no puede exceder de lo que habría durado la pena privativa de libertad; el límite lo fija la sentencia.
- No puede abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al exento por el número 2.º del art. 20 se le puede aplicar, si es necesario, internamiento en centro de deshabituación u otra medida del apartado 3 del art. 96, con el límite de la pena que le habría correspondido.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 103
1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al número 3.º del artículo 20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento en un centro educativo especial o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.
3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 98 de este Código deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.26 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Datos clave
- Se aplica al exento de responsabilidad por alteraciones en la percepción (art. 20.3.º), mediante internamiento en centro educativo especial.
- El internamiento no puede exceder de lo que habría durado la pena privativa de libertad; el límite lo fija la sentencia.
- No puede abandonar el establecimiento sin autorización judicial.
- La propuesta de revisión del art. 98 debe hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al exento de responsabilidad del número 3.º del artículo 20 se le puede imponer internamiento en centro educativo especial, nunca más largo que la pena que habría tenido; se revisa al final de cada curso.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 104
1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo dispuesto en el artículo 99.
2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las previstas en el apartado anterior o en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal sentenciador comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la proximidad de su vencimiento, a efectos de lo previsto por la disposición adicional primera de este Código.
Se numera el contenido del art. como apartado 1 y se añade el apartado 2 por el art. único.42 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Se aplica en los casos de eximente incompleta de los números 1.º, 2.º y 3.º del art. 20, junto con la pena correspondiente.
- El internamiento solo cabe si la pena impuesta es privativa de libertad, y su duración no puede exceder de la prevista por el Código para el delito.
- El juez o tribunal debe comunicar al Ministerio Fiscal, con suficiente antelación, la proximidad del vencimiento del internamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con eximente incompleta de los números 1.º, 2.º o 3.º del artículo 20, el juez puede sumar a la pena las medidas de los artículos 101 a 103; el internamiento exige pena privativa de libertad.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 105
En los casos previstos en los artículos 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente una o varias medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o algunas de dichas medidas en los demás casos expresamente previstos en este Código.
1. Por un tiempo no superior a cinco años:
a) Libertad vigilada.
b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
2. Por un tiempo de hasta diez años:
a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este artículo, así como para concretar dicha obligación cuando por ley viene obligado a imponerlas, el Juez o Tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente informarán al Juez o Tribunal sentenciador.
En los casos previstos en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad.
Se modifica por el art. único.27 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.43 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se modifica el apartado 1.g) por el art. 1.8 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. Ref. BOE-A-1999-12907
Se añade la letra g) al apartado 1 por el art. 6 de la Ley Orgánica 11/1999, de 11 de abril. Ref. BOE-A-1999-9744
Datos clave
- Por un tiempo no superior a 5 años: libertad vigilada o custodia familiar.
- Por un tiempo de hasta 10 años: libertad vigilada (si el Código lo dispone expresamente), privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y privación del derecho a conducir.
- Antes de imponerlas, el Juez o Tribunal debe valorar los informes de los facultativos y profesionales que asisten al sometido a la medida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los casos de los artículos 101 a 104 el juez puede imponer medidas no privativas de libertad con dos topes: hasta cinco años (libertad vigilada, custodia familiar) y hasta diez (libertad vigilada si el Código lo dice, armas y conducir).
Esquema
| No superior a cinco años | Hasta diez años | |
|---|---|---|
| Medidas | Libertad vigilada; custodia familiar | Libertad vigilada (si el Código lo dispone expresamente); privación de armas; privación de conducir |
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 106
1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.
d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código.
En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretará, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que habrá de observar el condenado.
Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas.
Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el apartado siguiente.
3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá:
a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.
c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente artículo.
4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del artículo 468 de este Código.
Se modifica por el art. único.28 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Datos clave
- La libertad vigilada se concreta en obligaciones como localización electrónica, presentación periódica, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, prohibición de residir o acudir a ciertos lugares, o seguir tratamiento médico externo.
- Cuando el Código lo disponga expresamente, se impone en sentencia para cumplirse tras la pena privativa de libertad.
- La propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria debe elevarse al menos 2 meses antes de la extinción de la pena.
- El Juez o Tribunal puede modificar las obligaciones, reducir su duración o ponerle fin según el pronóstico de reinserción.
- El incumplimiento reiterado o grave puede dar lugar a deducir testimonio por un delito del art. 468.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La libertad vigilada somete al condenado a control judicial mediante obligaciones y prohibiciones; cuando el Código lo prevé, se impone en sentencia para después de la prisión y se concreta antes de que esta acabe.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 107
La autoridad judicial podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a cinco años, cuando la persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20.
Se modifica por la disposición final 6.8 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Datos clave
- Duración de la inhabilitación como medida de seguridad: de uno a cinco años.
- Se aplica cuando el sujeto cometió el delito con abuso de un derecho, profesión, oficio, industria, comercio, cargo o empleo.
- Procede cuando no puede imponerse la pena por hallarse el sujeto en alguna situación de los números 1.º, 2.º y 3.º del art. 20.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Inhabilitación como medida de seguridad, de uno a cinco años, para quien delinquió abusando de un derecho, profesión o cargo, con peligro de reiteración y sin poder recibir pena por estar en el artículo 20 (números 1.º a 3.º).
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 108
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad originariamente impuesta.
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión.
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
Se modifica por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. Ref. BOE-A-2003-18088
Datos clave
- Regla general: expulsión del extranjero no residente legalmente, previa audiencia del sujeto, como sustitutiva de la medida de seguridad.
- Excepción: oído el Ministerio Fiscal, cabe motivadamente el cumplimiento en España si la naturaleza del delito lo justifica.
- Prohibición de regreso a España: 10 años desde la fecha de la expulsión.
- Si intenta quebrantar la expulsión, es devuelto por la autoridad gubernativa y se reinicia el cómputo íntegro del plazo de prohibición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al extranjero no residente legalmente se le sustituyen las medidas de seguridad por expulsión, salvo que la naturaleza del delito justifique cumplirlas en España; no podrá volver en 10 años.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 109
1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.
2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.55 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Todo hecho descrito como delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados.
- El perjudicado puede optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cometer un hecho descrito como delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados; el perjudicado puede elegir, en todo caso, reclamar la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 110
La responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende:
1.º La restitución.
2.º La reparación del daño.
3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales.
Datos clave
- 1.º La restitución.
- 2.º La reparación del daño.
- 3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad a la que remite el precepto anterior tiene tres contenidos, en este orden: restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 111
1. Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito.
2. Esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.56 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Debe restituirse el mismo bien siempre que sea posible, con abono de deterioros y menoscabos.
- Procede la restitución aunque el bien esté en poder de un tercero de buena fe, que conserva su derecho de repetición o de ser indemnizado.
- No procede si el tercero adquirió el bien de forma irreivindicable conforme a la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se restituye el mismo bien siempre que sea posible, con abono de deterioros, aunque lo tenga un tercero de buena fe, salvo que este lo adquiriera de forma que las leyes lo hagan irreivindicable.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 112
La reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.
Datos clave
- La reparación del daño puede consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer.
- El Juez o Tribunal las fija según la naturaleza del daño y las condiciones personales y patrimoniales del culpable.
- Pueden cumplirse por el propio culpable o ejecutarse a su costa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La reparación del daño puede consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer; el juez las fija según el daño y la situación del culpable y decide si las cumple él o se ejecutan a su costa.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 113
La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.
Datos clave
- Comprende los perjuicios materiales y morales causados al agraviado.
- Comprende también los perjuicios irrogados a sus familiares o a terceros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La indemnización de perjuicios materiales y morales no se limita al agraviado: alcanza también a los perjuicios irrogados a sus familiares o a terceros.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 114
Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización.
Datos clave
- Se aplica cuando la víctima contribuyó con su conducta a la producción del daño o perjuicio.
- La moderación del importe de la reparación o indemnización es facultativa de los Jueces o Tribunales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la víctima contribuyó con su conducta al daño o perjuicio, los jueces o tribunales pueden moderar el importe de la reparación o indemnización; es una facultad, no una obligación.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 115
Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución.
Datos clave
- Los Jueces y Tribunales deben establecer razonadamente las bases de la cuantía de los daños e indemnizaciones.
- Pueden fijar la cuantía en la propia resolución o diferirla al momento de su ejecución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al declarar la responsabilidad civil, el juez debe razonar las bases de la cuantía de daños e indemnizaciones; la cifra puede fijarla en la propia resolución o en ejecución.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 116
1. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.
2. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables.
La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices.
Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.
3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.
Se modifica el apartado 1 por el art. único.57 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se añade el apartado 3 por el art. único.29 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Datos clave
- Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si hay daños o perjuicios.
- Si hay varios responsables, el juez señala la cuota de cada uno.
- Autores y cómplices responden solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las de los demás; la subsidiaria se hace efectiva primero en bienes de los autores y después en los de los cómplices.
- La responsabilidad penal de una persona jurídica lleva consigo su responsabilidad civil, solidaria con las personas físicas condenadas por los mismos hechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien responde penalmente de un delito responde también civilmente si hay daños; con varios responsables el juez fija cuotas, y autores y cómplices responden solidaria y subsidiariamente según su clase.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 117
Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.
Datos clave
- Los aseguradores del riesgo de responsabilidades pecuniarias son responsables civiles directos.
- El límite es la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada.
- Conservan el derecho de repetición contra quien corresponda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los aseguradores de responsabilidades pecuniarias son responsables civiles directos cuando un hecho del Código produce el evento asegurado, hasta el límite legal o pactado y con derecho de repetición.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 118
1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:
1.ª En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables.
Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.
2.ª Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del número 2.º
3.ª En el caso del número 5.º serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.
Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales.
4.ª En el caso del número 6.º, responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.
2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores del hecho.
Datos clave
- La exención de responsabilidad criminal de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del art. 20 no exime de responsabilidad civil.
- En los casos 1.º y 3.º responden también quienes ejerzan el apoyo legal o de hecho del exento, si hubo culpa o negligencia.
- En el caso 2.º (intoxicación) responde igualmente el ebrio o intoxicado.
- En el caso 5.º (estado de necesidad) responden civiles directos quienes se beneficiaron del mal evitado, en proporción al perjuicio evitado.
- En el caso 6.º (miedo insuperable) responde principalmente quien causó el miedo, y en su defecto quien ejecutó el hecho.
- En el supuesto del art. 14 (error), son responsables civiles los autores del hecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las eximentes 1.ª, 2.ª, 3.ª, 5.ª y 6.ª del artículo 20 no eximen de responsabilidad civil; el precepto reparte quién paga en cada caso, y en el error del artículo 14 responden los autores del hecho.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 119
En todos los supuestos del artículo anterior, el Juez o Tribunal que dicte sentencia absolutoria por estimar la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas, procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda.
Datos clave
- La sentencia absolutoria por causa de exención debe fijar igualmente las responsabilidades civiles.
- Se exceptúa cuando se ha hecho expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aunque absuelva por apreciar una causa de exención, el juez debe fijar las responsabilidades civiles, salvo que se haya hecho reserva expresa de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 120
Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:
1.º Los curadores con facultades de representación plena que convivan con la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.
2.º Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212.
3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.
4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.
5.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.
Datos clave
- Responden subsidiariamente los curadores con representación plena que convivan con la persona a la que apoyan, si hubo culpa o negligencia.
- Responden los titulares de editoriales, periódicos, revistas, radio o televisión, por delitos cometidos con sus medios.
- Responden los titulares de establecimientos, si sus dependientes infringieron reglamentos de policía relacionados con el delito.
- Responden los titulares de industria o comercio, por delitos de sus empleados, dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus funciones.
- Responden los titulares de vehículos con riesgo para terceros, por delitos cometidos al utilizarlos sus dependientes, representantes o personas autorizadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco supuestos en que alguien responde civilmente por el delito de otro, siempre en defecto de los responsables criminales: curadores, titulares de medios, de establecimientos, de empresas y de vehículos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 121
El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.
Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.
Datos clave
- El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos responden subsidiariamente de los daños causados por autoridades, agentes, contratados o funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
- Se exige que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos confiados a esos responsables.
- No cabe duplicidad indemnizatoria con la responsabilidad patrimonial administrativa.
- Si se exige en el proceso penal la responsabilidad civil del funcionario, debe dirigirse simultáneamente contra la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones responden subsidiariamente de los daños de delitos dolosos o culposos de sus autoridades, agentes, contratados o funcionarios en el ejercicio del cargo, si derivan del servicio público confiado y sin duplicidad indemnizatoria.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 122
El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.
Se modifica por el art. unico.59 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Quien participó por título lucrativo de los efectos de un delito debe restituir la cosa o resarcir el daño.
- El límite de esa obligación es la cuantía de su propia participación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien participó por título lucrativo de los efectos de un delito debe restituir la cosa o resarcir el daño, pero solo hasta la cuantía de su participación.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 123
Artículo 123.
Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.
Se modifica por el art. único.60 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.
- Recaen sobre todo criminalmente responsable, cualquiera que sea el delito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito: no hace falta que el tipo concreto lo prevea.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 124
Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
Datos clave
- Las costas comprenden los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales.
- Incluyen siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las costas incluyen los derechos e indemnizaciones de las actuaciones judiciales y, siempre, los honorarios de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 125
Cuando los bienes del responsable civil no sean bastantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez o Tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar su pago, señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el período e importe de los plazos.
Datos clave
- El fraccionamiento procede cuando los bienes del responsable civil no bastan para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias.
- Requiere audiencia previa al perjudicado.
- El juez fija el período e importe de los plazos según su prudente arbitrio, atendiendo a las necesidades del perjudicado y las posibilidades económicas del responsable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si los bienes del responsable civil no bastan para pagarlo todo de una vez, el juez, oído el perjudicado, puede fraccionar el pago y fijar período e importe de los plazos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 126
1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:
1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2015-4606#dfsegunda .
Datos clave
- Orden de imputación de los pagos: 1.º reparación del daño e indemnización de perjuicios; 2.º indemnización al Estado por los gastos de la causa; 3.º costas del acusador particular o privado; 4.º demás costas procesales, incluida la defensa; 5.º la multa.
- Si el delito solo es perseguible a instancia de parte, las costas del acusador privado se satisfacen con preferencia a la indemnización al Estado.
- Igual preferencia tienen las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos del art. 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los pagos del penado o del responsable civil subsidiario se imputan en cinco escalones, con la multa al final; en delitos a instancia de parte, y en los supuestos del artículo 14 del Estatuto de la Víctima, ciertas costas adelantan al Estado.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127
1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.
2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.
Se modifica por el art. único.61 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.30 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.44 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Delito doloso: comiso obligatorio de los efectos, bienes, medios o instrumentos y de las ganancias del delito, con sus transformaciones.
- Delito imprudente con pena privativa de libertad superior a un año: el comiso es potestativo.
- Si no es posible el comiso de esos bienes, se decomisa un valor equivalente, incluidas las ganancias obtenidas de ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Decomiso: obligatorio en delitos dolosos y potestativo en los imprudentes con pena privativa de libertad superior a un año; si no es posible, se decomisan otros bienes por valor equivalente.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 bis
1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito:
a) Delitos de trata de seres humanos.
a bis) Delitos de tráfico de órganos.
b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.
d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia.
e) Delitos relativos a las insolvencias punibles.
f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial.
g) Delitos de corrupción en los negocios.
h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298.
i) Delitos de blanqueo de capitales.
j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.
l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.
n) Delitos de falsificación de moneda.
o) Delitos de cohecho.
p) Delitos de malversación.
q) Delitos de terrorismo.
r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios:
1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.
2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.
3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.
3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.
4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.
5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.
Se añade la letra a bis) en el apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero. Ref. BOE-A-2019-2363#au
Se añade por el art. único.62 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Exige condena por un delito del catálogo del apartado 1 (trata, prostitución y abusos a menores de 16, delitos informáticos, patrimonio con reincidencia, insolvencias, propiedad intelectual o industrial, corrupción, blanqueo, Hacienda y Seguridad Social, derechos de trabajadores y de extranjeros, salud pública, falsificación de moneda, cohecho, malversación, terrorismo y organización criminal, entre otros).
- Se exigen indicios objetivos fundados de origen delictivo y falta de acreditación del origen lícito.
- Indicios relevantes: desproporción entre bienes e ingresos lícitos, ocultación de titularidad mediante testaferros o paraísos fiscales, y transferencias sin justificación económica.
- No procede si la actividad delictiva de origen ha prescrito o fue objeto de sentencia absolutoria o sobreseimiento firme.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Decomiso ampliado: el juez ordena decomisar bienes del condenado por delitos de un catálogo cerrado cuando indicios objetivos fundados apuntan a origen delictivo y no se acredita el origen lícito.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 octies
1. A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias.
2. Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos.
3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.
Se añade por el art. único.68 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Los bienes, medios, instrumentos y ganancias pueden ser aprehendidos o embargados desde las primeras diligencias.
- Los bienes decomisados por resolución firme se adjudican al Estado, salvo que deban destinarse al pago de indemnizaciones a las víctimas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para asegurar el decomiso, los bienes pueden aprehenderse o embargarse desde las primeras diligencias; el juez decide su realización anticipada o uso provisional y, con resolución firme, se adjudican al Estado salvo que paguen indemnizaciones a las víctimas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 quater
1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los siguientes casos:
a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito.
b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso.
2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado.
Se añade por el art. único.64 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Procede el comiso de bienes transferidos a terceros si estos conocían o debían sospechar el origen ilícito de efectos o ganancias.
- También procede si el tercero sabía que la transferencia dificultaba el comiso de otros bienes.
- Se presume el conocimiento cuando la transmisión fue a título gratuito o por precio inferior al real de mercado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Decomiso de bienes transferidos a terceros (o de su valor) cuando estos sabían, o una persona diligente habría sospechado, su origen ilícito o que así se dificultaba el decomiso. Si la transmisión fue gratuita o a precio inferior al de mercado, se presume.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 quinquies
1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, efectos y ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado, cuando se cumplan, cumulativamente, los siguientes requisitos:
a) Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 127 bis.1 del Código Penal.
b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada.
c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa.
Son indicios relevantes:
1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.
2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.
3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.
Lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será de aplicación cuando consten indicios fundados de que el sujeto ha obtenido, a partir de su actividad delictiva, un beneficio superior a 6.000 euros.
2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá que el delito se ha cometido en el contexto de una actividad delictiva continuada siempre que:
a) El sujeto sea condenado o haya sido condenado en el mismo procedimiento por tres o más delitos de los que se haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o indirecto, o por un delito continuado que incluya, al menos, tres infracciones penales de las que haya derivado un beneficio económico directo o indirecto.
b) O en el período de seis años anterior al momento en que se inició el procedimiento en el que ha sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 127 bis del Código Penal, hubiera sido condenado por dos o más delitos de los que hubiera derivado la obtención de un beneficio económico, o por un delito continuado que incluya, al menos, dos infracciones penales de las que ha derivado la obtención de un beneficio económico.
Se añade por el art. único.65 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Exige condena por un delito del art. 127 bis.1, cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada, con indicios de que una parte relevante del patrimonio procede de ella.
- Solo se aplica si el beneficio delictivo indiciario supera los 6.000 euros.
- Actividad continuada: tres o más delitos con beneficio económico en el mismo procedimiento, o dos o más delitos con beneficio en los seis años anteriores al procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Decomiso de bienes, efectos y ganancias de la actividad delictiva previa del condenado: tres requisitos cumulativos, indicios tasados, umbral de beneficio de 6.000 euros y definición de actividad continuada.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 septies
Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a causa de la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por cualquier otra circunstancia, el juez o tribunal podrá, mediante auto, acordar el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del decomiso inicialmente acordado.
De igual modo se procederá, cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.
Se añade por el art. único.67 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Si el comiso no puede ejecutarse total o parcialmente, se decomisan otros bienes, incluso de origen lícito, por un valor equivalente a la parte no ejecutada.
- Se aplica también cuando el valor de los bienes decomisados es inferior al que tenían en el momento de su adquisición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Decomiso por valor equivalente: si el decomiso no puede ejecutarse o los bienes valen menos que al adquirirse, el juez puede decomisar otros bienes de los responsables, incluso lícitos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 sexies
A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las siguientes presunciones:
1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de tiempo que se inicia seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva.
A estos efectos, se entiende que los bienes han sido adquiridos en la fecha más temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.
2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.
3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron adquiridos libres de cargas.
El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean aplicadas con relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.
Se añade por el art. único.66 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Se presume que todos los bienes adquiridos en los seis años anteriores a la apertura del procedimiento proceden de la actividad delictiva.
- Se presume que todos los gastos realizados en ese mismo periodo se pagaron con fondos de esa actividad.
- Se presume que esos bienes fueron adquiridos libres de cargas.
- El juez puede excluir estas presunciones respecto de bienes concretos si resultan incorrectas o desproporcionadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres presunciones para el decomiso ampliado: bienes adquiridos y gastos de los seis años anteriores a la apertura del procedimiento proceden del delito y los bienes, libres de cargas. El juez puede descartarlas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 127 ter
1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos:
a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,
b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o
c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido.
2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.
Se añade por el art. único.63 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Cabe el comiso sin sentencia de condena si la situación patrimonial ilícita se acredita en un proceso contradictorio.
- Supuestos: fallecimiento o enfermedad crónica que impida el enjuiciamiento con riesgo de prescripción, rebeldía que impida enjuiciar en plazo razonable, o exención o extinción de la responsabilidad criminal.
- Solo puede dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado, o el imputado con indicios racionales de criminalidad si esas situaciones impidieron continuar el procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Decomiso sin sentencia de condena: exige acreditar la situación patrimonial ilícita en un proceso contradictorio y uno de tres supuestos (muerte o enfermedad crónica, rebeldía, exención o extinción de la responsabilidad).
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 128
Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.
Datos clave
- Si los efectos o instrumentos son de lícito comercio y su valor no guarda proporción con la gravedad de la infracción, o ya se satisficieron las responsabilidades civiles, el juez puede no decretar el comiso o decretarlo solo parcialmente.
- Es una facultad potestativa del juez o tribunal, no una obligación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez puede no decretar el decomiso, o hacerlo solo en parte, si los efectos e instrumentos son de lícito comercio y desproporcionados con la infracción, o si ya se pagaron por completo las responsabilidades civiles.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 129
1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.
2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.
3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. único.69 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica por el art. único.31 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica el apartado 1 por el art. único.45 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Se aplica a empresas, organizaciones, grupos o agrupaciones sin personalidad jurídica no comprendidas en el art. 31 bis.
- Contenido: letras c) a g) del apartado 7 del art. 33, o la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.
- Solo procede cuando el Código lo prevea expresamente o cuando quepa exigir responsabilidad penal a personas jurídicas por ese delito.
- La clausura temporal, la suspensión de actividades y la intervención judicial pueden acordarse como medida cautelar por el Juez Instructor durante la instrucción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A empresas, grupos o agrupaciones sin personalidad jurídica (fuera del artículo 31 bis) se les pueden imponer consecuencias accesorias, solo si el Código lo prevé o el delito admite responsabilidad penal de personas jurídicas.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 129 bis
Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas, cuando de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra información disponible pueda valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. Únicamente podrán llevarse a cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que proporcionen, exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo.
Si el afectado se opusiera a la recogida de las muestras, podrá imponerse su ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
Se añade por el art. único.70 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- Se aplica a condenados por delito grave contra la vida, integridad, libertad, libertad o indemnidad sexual, terrorismo u otro delito grave con riesgo grave para vida, salud o integridad física.
- Requiere un peligro relevante de reiteración delictiva, valorado por el juez o tribunal.
- Solo se permiten análisis de ADN reveladores de identidad y sexo, inscritos en la base de datos policial.
- Si el afectado se opone, cabe la ejecución forzosa con medidas coactivas mínimas, proporcionadas y respetuosas con su dignidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toma de muestras de ADN a condenados por delitos graves contra personas o terrorismo con peligro relevante de reiteración: facultativa, limitada a identidad y sexo, con ejecución forzosa proporcionada.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 130
1. La responsabilidad criminal se extingue:
1.º Por la muerte del reo.
2.º Por el cumplimiento de la condena.
3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
4.º Por la amnistía o el indulto.
5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.
En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.
6.º Por la prescripción del delito.
7.º Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 2 de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio. Ref. BOE-A-2024-11776#df-2
Se modifica el apartado 1.5.º por la disposición final 6.9 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifican los numerales 3.º y 5.º del apartado 1 por el art. único.71 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se numera el contenido del art. como apartado 1 y se añade el apartado 2 por el art. único.32 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.46 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- 7 causas de extinción: muerte del reo, cumplimiento de la condena, remisión definitiva de la pena, amnistía o indulto, perdón de la persona ofendida, prescripción del delito y prescripción de la pena o medida de seguridad.
- El perdón debe otorgarse expresamente antes de la sentencia, previa audiencia de la persona ofendida.
- El perdón no extingue la responsabilidad criminal si la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, en delitos que afecten bienes jurídicos personales.
- La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se traslada a la entidad resultante.
- La disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica tampoco extingue su responsabilidad penal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete causas extinguen la responsabilidad criminal; el perdón tiene requisitos y no vale en ciertos delitos contra menores o personas con discapacidad. La responsabilidad de la persona jurídica sobrevive a su transformación o disolución aparente.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 131
1. Los delitos prescriben:
A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.
A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.
2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.
3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.
Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.
4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.
Se modifica por el art. único.72 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se suprime el último párrafo del apartado 1 por la disposición final 2.1 de la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2011-1640 .
Se modifican los apartados 4 y el cuarto párrafo del 1, se añade el 5 y se suprime el párrafo quinto del 1 por el art. único.33 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.47 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- 20 años si la pena máxima señalada es prisión de 15 o más años.
- 15 años si es inhabilitación de más de 10 años, o prisión de más de 10 y menos de 15 años.
- 10 años si es prisión o inhabilitación de más de 5 años sin exceder de 10.
- 5 años el resto de delitos, salvo los leves y los de injurias y calumnias, que prescriben al año.
- No prescriben nunca los delitos de lesa humanidad, genocidio y contra personas y bienes protegidos en conflicto armado (salvo el art. 614), ni el terrorismo si causó la muerte de una persona.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los delitos prescriben a los veinte, quince, diez o cinco años según la pena máxima; los leves y las injurias y calumnias, al año. Hay delitos imprescriptibles y reglas para pena compuesta y concurso.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 132
1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.
En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.
En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento.
2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:
1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.
2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.
Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.
Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.
3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.
4. En los procedimientos cuya investigación haya sido asumida por la Fiscalía Europea, la prescripción se interrumpirá: a) cuando se dirija la investigación contra una persona determinada, suficientemente identificada, en los términos del apartado anterior, y así quede reflejado en un Decreto motivado. b) cuando se interponga querella o denuncia ante la Fiscalía Europea en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, resultando de aplicación la regla 2.ª del apartado 2 de este artículo.
Se modifica el apartado 1 por el art único.1 de la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2023-10213#au
Se añade el apartado 4 por la disposición final 4.2 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-4
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 6.10 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Ref. BOE-A-2021-9347#df-6
Se modifica por el art. único.73 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifica el apartado 2 por el art. único.34 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica el apartado 1 por el art. único.48 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Se añade el párrafo tercero al apartado 1 por el art. 1.9 de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de abril. Ref. BOE-A-1999-12907
Se añade el párrafo segundo al apartado 1 por el art. 3 de la Ley Organica 11/1999, de 30 de abril. Ref. BOE-A-1999-9744
Datos clave
- El plazo se computa desde el día de comisión de la infracción; en el continuado desde la última infracción, en el permanente desde que cesó la situación ilícita, y en los de habitualidad desde que cesó la conducta.
- En ciertos delitos contra menores de 18 años (aborto no consentido, lesiones, libertad, torturas, integridad moral, intimidad, domicilio, relaciones familiares) el plazo se computa desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.
- En tentativa de homicidio, lesiones de los arts. 149 y 150, maltrato habitual (173.2), delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos, si la víctima es menor de 18 años el plazo se computa desde que cumple 35 años.
- La prescripción se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el presunto responsable; la querella o denuncia suspende el cómputo por un plazo máximo de seis meses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija desde cuándo corre la prescripción del delito (con reglas especiales para el continuado, el permanente, la habitualidad y las víctimas menores) y cuándo se interrumpe o se suspende por querella o denuncia.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 133
1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:
A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.
A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.
A los 15, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
A los 10, las restantes penas graves.
A los cinco, las penas menos graves.
Al año, las penas leves.
2. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.
Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona.
Se modifica el apartado 2 por el art. único.35 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953
Se modifica por el art. único.49 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- 30 años: prisión de más de 20 años. 25 años: prisión de 15 o más años sin exceder de 20.
- 20 años: inhabilitación de más de 10 años y prisión de más de 10 y menos de 15.
- 15 años: inhabilitación de más de 6 años sin exceder de 10, y prisión de más de 5 sin exceder de 10.
- 10 años el resto de penas graves; 5 años las penas menos graves; 1 año las penas leves.
- No prescriben nunca las penas por lesa humanidad, genocidio y delitos contra personas y bienes protegidos en conflicto armado (salvo el art. 614), ni el terrorismo con resultado de muerte.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las penas impuestas por sentencia firme prescriben entre treinta años y uno según su clase y duración; nunca prescriben las de lesa humanidad, genocidio, conflicto armado (salvo el artículo 614) ni terrorismo con muerte.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 134
1. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.
2. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso:
a) Durante el período de suspensión de la ejecución de la pena.
b) Durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 75.
Se modifica por el art. único.74 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Datos clave
- El plazo se computa desde la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si ya había comenzado a cumplirse.
- Queda en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena.
- Queda en suspenso durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable el art. 75.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prescripción de la pena corre desde la sentencia firme, o desde el quebrantamiento si ya se estaba cumpliendo, y se suspende durante la suspensión de la ejecución o el cumplimiento de otras penas del artículo 75.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 135
1. Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido.
2. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de ésta.
Datos clave
- 10 años si son privativas de libertad superiores a 3 años.
- 5 años si son privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años, o de otro contenido.
- El plazo se computa desde que quedó firme la resolución que impuso la medida o, en cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
- Si la medida es posterior a una pena, el plazo se computa desde la extinción de ésta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas de seguridad prescriben a los diez años si son privativas de libertad de más de tres años, y a los cinco en los demás casos; el plazo corre desde la firmeza o desde que debió empezar a cumplirse.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 136
1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:
a) Seis meses para las penas leves.
b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
e) Diez años para las penas graves.
2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.
3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.
4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.
5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.
Se modifica por el art. único.75 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439 .
Se modifican los apartados 1, 2, 3 y 5 por el art. único.50 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538
Datos clave
- Plazos de cancelación: 6 meses (penas leves), 2 años (penas hasta 12 meses e imprudentes), 3 años (menos graves inferiores a 3 años), 5 años (menos graves de 3 años o más) y 10 años (penas graves).
- El plazo se cuenta desde el día siguiente a la extinción de la pena.
- Las consecuencias accesorias del art. 129 y las penas de personas jurídicas se cancelan en el mismo plazo, salvo disolución o prohibición definitiva de actividades, en cuyo caso son 50 años desde la firmeza de la sentencia.
- Las inscripciones no son públicas y solo se certifican con las limitaciones legales, salvo las solicitadas por jueces o tribunales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien ha extinguido su responsabilidad penal tiene derecho a la cancelación de antecedentes, de oficio o a instancia de parte, tras plazos de seis meses a diez años sin volver a delinquir; los antecedentes no son públicos.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 137
Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley.
Datos clave
- Las anotaciones se cancelan una vez cumplida o prescrita la medida de seguridad.
- Mientras tanto, solo figuran en certificaciones dirigidas a Jueces, Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las anotaciones de medidas de seguridad se cancelan cuando la medida se cumple o prescribe; hasta entonces solo constan en certificaciones para jueces, tribunales o autoridades administrativas, en los casos legales.