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Tema A14: La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Entidades que comprende. La provincia: concepto, elementos y competencias. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 1

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.

Datos clave

  • ¿Qué apartado del art. 1 LBRL dice que la Provincia y la Isla tienen la misma autonomía que el Municipio? → El apartado 2: gozan de idéntica autonomía para la gestión de sus intereses respectivos.
  • El art. 1 LBRL reconoce autonomía al Municipio, y una «idéntica» autonomía a la Provincia y, en su caso, la Isla, para la gestión de sus intereses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana, con autonomía para sus intereses; la Provincia y, en su caso, la Isla tienen idéntica autonomía.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 2

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.

Datos clave

  • ¿Qué deben determinar las leyes básicas del Estado según el art. 2.2? → Las competencias que ellas mismas atribuyan o que deban corresponder a los entes locales en las materias que regulan.
  • Cuatro principios del apartado 1, en este orden: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben garantizar a municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en lo que les afecte, con las competencias que proceda.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 3

Artículo 3.

1. Son Entidades Locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

b) Las Áreas Metropolitanas.

c) Las Mancomunidades de Municipios.

Téngase en cuenta lo previsto en las disposiciones transitorias 4 y 5 de la citada Ley, sobre disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y las que estén en constitución.

Datos clave

  • ¿En qué archipiélagos es la Isla Entidad Local territorial? → En el balear y el canario.
  • Cita las tres entidades del art. 3.2 que gozan de la condición de Entidad Local sin ser territoriales. → Comarcas (u otras entidades que agrupen varios Municipios), Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.
  • El apartado 1 enumera tres Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia, Isla) y el apartado 2 añade otras tres que también gozan de la condición de Entidad Local (Comarca, Área Metropolitana, Mancomunidad).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia e Isla en los archipiélagos balear y canario) y las que también gozan de esa condición: Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.

Datos clave

  • ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
  • ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Potestades de municipios, provincias e islas como Administraciones territoriales, su posible extensión a otras entidades locales según las leyes autonómicas y el régimen propio de las mancomunidades.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 5

Artículo 5.

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad si se interpreta en el sentido del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624

Y por conexión todas las remisiones al mismo contenidas en la presente Ley.

Datos clave

  • ¿Qué ley modificó el art. 5 LBRL? → La Ley 11/1999, de 21 de abril.
  • ¿A qué debe ajustarse el ejercicio de la capacidad jurídica de las Entidades locales según el art. 5? → A la Constitución y las leyes.
  • Es la «lista de la compra» de la capacidad jurídica local: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Entidades locales tienen plena capacidad jurídica, para sus fines y en el ámbito de sus competencias, para adquirir y disponer de bienes, contratar, establecer servicios, obligarse, recurrir y ejercitar acciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 6

1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.

Datos clave

  • ¿Quién ejerce el control de legalidad de los actos de las entidades locales según el art. 6.2? → Los Tribunales.
  • Cita los cuatro principios de actuación del art. 6.1. → Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
  • Cuatro principios del apartado 1: eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos, con cuatro principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho; el control de legalidad de sus actos es de los Tribunales.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 7

1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Por qué instrumento normativo deben determinarse las competencias propias de los Municipios? → Solo por Ley.
  • ¿Qué dos informes previos son necesarios y vinculantes para ejercer competencias distintas de las propias y delegadas? → El de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y el de la Administración con la tutela financiera (sostenibilidad financiera).
  • Las competencias de las Entidades Locales son propias (determinadas solo por Ley) o atribuidas por delegación del Estado y las Comunidades Autónomas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias locales propias (solo por Ley) o delegadas, y requisitos estrictos para ejercer otras distintas: sin riesgo para la sostenibilidad financiera, sin duplicidad y con dos informes previos vinculantes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • ¿Qué entidades pueden gestionar servicios ordinarios de la Administración autonómica según el art. 8? → Las Provincias y las Islas.
  • Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, conforme a los Estatutos y a la legislación de las Comunidades Autónomas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 9

Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o provinciales especiales.

Datos clave

  • ¿Qué no pueden hacer las normas de desarrollo de la LBRL respecto a Municipios, Provincias o Islas? → Limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular.
  • Regla anti-«traje a medida»: las normas de desarrollo no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias entidades con carácter singular, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales previstos en la propia Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas de desarrollo de la LBRL no pueden dirigirse con carácter singular a uno o varios municipios, provincias o islas concretos, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales de la propia Ley.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 10

1. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.

Datos clave

  • ¿Qué apartado del art. 10 dice que la coordinación es compatible con la autonomía local? → El apartado 4.
  • Cuatro deberes del apartado 1: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Relaciones entre la Administración local y las demás: cuatro deberes recíprocos, cuándo procede la coordinación, su objeto especial y su compatibilidad con la autonomía local.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 11

1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los elementos del Municipio según el art. 11 LBRL? → El territorio, la población y la organización.
  • ¿Cómo define el art. 11 LBRL al Municipio? → Como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • Los tres elementos del Municipio son el territorio, la población y la organización («TPO»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad; sus elementos son territorio, población y organización.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 12 · 1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias

Artículo 12.

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103

Se modifica por el art. único.1 de la Ley 4/1996, de 10 de enero. Ref. BOE-A-1996-753

Datos clave

  • ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
  • ¿A cuántas provincias puede pertenecer un municipio? → A una sola.
  • Artículo de dos líneas y dos datos: qué es el término (ámbito de competencias) y a cuántas provincias pertenece (una).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, y cada municipio pertenece a una sola provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 13

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige el art. 13.6 para aprobar el convenio de fusión? → Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados
  • ¿Cuántos años deben pasar antes de que un municipio fusionado pueda segregarse (art. 13.4)? → Diez años
  • ¿Qué debe emitirse antes de crear o suprimir un municipio (art. 13.1)? → Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Creación, supresión y alteración de municipios: ley autonómica con audiencia, dictamen e informe; nuevos municipios de al menos 4.000 habitantes; y el régimen completo de la fusión por convenio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 14

1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.

Datos clave

  • ¿Cuándo tiene carácter oficial el cambio de denominación de un Municipio? → Cuando, tras anotarse en un Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
  • ¿En qué lenguas puede estar la denominación de un Municipio? → En castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
  • Cadena de pasos para memorizar: anotación en el Registro estatal → publicación en el BOE. El último eslabón es el que da la oficialidad.
  • Tres opciones lingüísticas, no dos: castellano, otra lengua oficial de la Comunidad, o ambas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cambio de nombre de un Municipio solo es oficial tras anotarse en el Registro estatal de entidades y publicarse en el BOE; la denominación puede ser en castellano, en otra lengua oficial o en ambas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 15

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Datos clave

  • ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino? → En el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
  • Si alguien vive en varios municipios, ¿dónde debe inscribirse? → Únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
  • ¿Qué constituye la población del municipio? → El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal.
  • Criterio de desempate si vives en varios municipios: el que habites durante más tiempo al año.
  • Cadena de definiciones encadenadas: inscritos = población del municipio = vecinos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda persona que viva en España debe empadronarse en el municipio de residencia habitual; con varias residencias, en el que habite más tiempo al año. Los inscritos son la población y los vecinos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 16

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: a) Nombre y apellidos. b) Sexo. c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. d) Nacionalidad. e) Lugar y fecha de nacimiento. f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. 2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. g) Certificado o título escolar o académico que se posea. h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. 3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.

Datos clave

  • ¿Cada cuánto se renueva la inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin residencia de larga duración (art. 16.1)? → Cada dos años
  • ¿Qué carácter tienen las certificaciones de datos del Padrón (art. 16.1)? → Documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Padrón es el registro de los vecinos y prueba residencia y domicilio; sus certificaciones son documento público; ciertos extranjeros renuevan cada dos años; datos obligatorios tasados y cesión limitada.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 17

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. 2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.

Datos clave

  • ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento (art. 17.4)? → El Presidente del Instituto Nacional de Estadística
  • ¿A qué mecanismo remite el art. 17.2 si un Ayuntamiento rechaza el requerimiento del INE? → A la ejecución sustitutoria del art. 60

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ayuntamiento forma y gestiona el Padrón; el INE coordina los de todos los municipios, resuelve discrepancias y propone cifras oficiales; el Consejo de Empadronamiento colabora; y existe un Padrón de residentes en el extranjero.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 18

1. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

Datos clave

  • ¿A qué artículo de la Constitución remite el derecho del vecino a ser informado (art. 18.1.e)? → Al art. 105 CE
  • ¿Qué puede exigir el vecino si un servicio es competencia municipal propia y obligatoria (art. 18.1.g)? → Su prestación o, en su caso, su establecimiento

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derechos y deberes de los vecinos: nueve letras, de ser elector a la iniciativa popular, y la advertencia de que el padrón no prueba la residencia legal de los extranjeros.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 31

1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.

Datos clave

  • ¿Cómo define el art. 31 LBRL la Provincia? → Como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  • ¿Cuáles son los dos fines propios y específicos de la Provincia? → Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
  • ¿A quién corresponde el gobierno y la administración autónoma de la Provincia? → A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
  • Dos letras, dos verbos: a) asegurar la prestación; b) participar en la coordinación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Provincia es una entidad local formada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia. Su fin es la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, y la gobierna la Diputación u otra Corporación representativa.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32

La organización provincial responde a las siguientes reglas: 1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal.

Datos clave

  • ¿Qué órganos existen en todas las Diputaciones según el art. 32 LBRL? → El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
  • ¿Con qué criterio participan los grupos políticos en los órganos de estudio, informe o consulta? → Mediante Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.
  • ¿Quién establece y regula el resto de órganos complementarios de la Diputación? → Las propias Diputaciones, sin perjuicio de que las leyes autonómicas puedan establecer una organización provincial complementaria.
  • Cuatro órganos en todas las Diputaciones: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno, Pleno.
  • El criterio de reparto en las comisiones es proporcional a los Diputados en el Pleno, no paritario ni por grupos a partes iguales.
  • La palabra de la legislación autonómica en el apartado 3 es «complementaria»: añade, no sustituye a lo básico del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda Diputación tiene Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno, más órganos de estudio, informe o consulta en los que los grupos participan en proporción a sus Diputados en el Pleno.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32 bis

Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.

Datos clave

  • ¿Entre quiénes debe nombrarse al personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares? → Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional pertenecientes a cuerpos o escalas del subgrupo A1.
  • ¿Con qué criterios se efectúa ese nombramiento? → De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia.
  • ¿Cuándo puede el titular no ser funcionario? → Cuando el correspondiente Reglamento Orgánico lo permita, en atención a las características específicas de las funciones del órgano directivo.
  • Cuatro procedencias posibles: Estado, CCAA, Entidades Locales y habilitados nacionales; una sola clasificación: A1.
  • El artículo se aplica a tres entidades: Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra por competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico permita otra cosa.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 33

1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. l) (Derogada) m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n) (Derogada) ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿A partir de qué porcentaje de recursos ordinarios decide el Pleno una operación de crédito? → Más del 10% (15% si es de tesorería), art. 33.2.k.
  • ¿Quién vota la moción de censura al Presidente de la Diputación? → El Pleno, mediante llamamiento nominal (art. 33.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Pleno de la Diputación (Presidente y Diputados) tiene las grandes atribuciones provinciales, vota censura y confianza y puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno salvo las reservadas.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 34

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. k) (Derogada) l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. m) (Derogada) n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.

Datos clave

  • ¿Qué NO puede delegar el Presidente de la Diputación? → Convocar el Pleno, el voto de calidad, concertar créditos y la jefatura del personal (art. 34.2).
  • ¿Quién nombra a los Vicepresidentes de la Diputación? → El Presidente (art. 34.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuciones del Presidente de la Diputación (dirigir, representar, convocar y presidir, personal, gestión económica, acciones judiciales…) y la lista de las que no puede delegar. También nombra a los Vicepresidentes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 35

1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno.

Datos clave

  • ¿Cómo se integra la Junta de Gobierno de la Diputación? → Por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
  • ¿De entre quiénes se designan los Vicepresidentes de la Diputación? → De entre los miembros de la Junta de Gobierno, libremente designados por el Presidente.
  • ¿Puede el Presidente delegar cometidos específicos en Diputados ajenos a la Junta de Gobierno? → Sí, mediante delegaciones especiales a favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
  • Trío de sustitución idéntico al municipal: vacante, ausencia o enfermedad, y por orden de nombramiento.
  • Estudia el 23 y el 35 en paralelo: las preguntas suelen cruzar Teniente de Alcalde ↔ Vicepresidente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta de Gobierno de la Diputación la forman el Presidente y Diputados libremente nombrados, sin pasar del tercio del número legal. Asiste al Presidente y ejerce lo delegado; los Vicepresidentes salen de ella.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 36

1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.

Datos clave

  • ¿Por debajo de qué población es obligatoria la secretaría e intervención provincial? → 1.000 habitantes (art. 36.1.b).
  • ¿Por debajo de qué población asume la Diputación el tratamiento de residuos? → 5.000 habitantes (art. 36.1.c).
  • ¿Por debajo de qué población asume la Diputación la extinción de incendios? → 20.000 habitantes (art. 36.1.c).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Competencias propias de la Diputación: coordinar servicios municipales, asistir a los municipios, prestar servicios supramunicipales y apoyar a los de menor población, con umbrales de 1.000, 5.000 y 20.000 habitantes. Su instrumento es el plan provincial anual.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 37

1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de competencias puede delegar el Estado en las Diputaciones y con qué trámite previo? → Competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
  • ¿A qué artículo se acomoda el ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas? → Al artículo 27.
  • Palabra clave del Estado: «mera ejecución» + «previa consulta e informe». Si en la pregunta el Estado delega algo más que ejecución, es falsa.
  • Remisión final que cae: el ejercicio de lo delegado va por el artículo 27.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones o encomendarles la gestión ordinaria de servicios; el Estado solo puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe autonómico.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 38

Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

Datos clave

  • Según el art. 38 LBRL, ¿a qué se extienden las previsiones establecidas para la Diputación? → A otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
  • Piensa en 'equivalente funcional de la Diputación': mismas normas, distinto nombre según el territorio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lo que la LBRL prevé para la Diputación se aplica también a las otras Corporaciones representativas a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 39

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de aplicación con carácter supletorio.

Datos clave

  • ¿Qué órganos forales conservan su régimen peculiar según el art. 39 LBRL? → Los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
  • ¿Con qué carácter se aplica la LBRL a esos órganos forales? → Con carácter supletorio.
  • Artículo de dos datos: tres territorios históricos + aplicación supletoria de la LBRL.
  • Si la pregunta mete a Navarra en la lista del art. 39, es falsa: Navarra está en el art. 40.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco; la LBRL solo se les aplica con carácter supletorio.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 40

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto propio.

Datos clave

  • ¿Qué asumen las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra? → Las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.
  • ¿Qué Comunidad se exceptúa de la regla del art. 40 LBRL? → La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto propio.
  • Tríada literal que cae en test: competencias, medios y recursos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos de las Diputaciones Provinciales, con la excepción de Baleares según su Estatuto.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 41

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares.

Datos clave

  • ¿Qué son los Cabildos Insulares Canarios y por qué normas se rigen? → Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla; se rigen por la disposición adicional decimocuarta de la LBRL y supletoriamente por las normas de las Diputaciones provinciales.
  • ¿Para qué subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares canarias? → Exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales.
  • ¿Qué normas se aplican a los Consejos Insulares de las Islas Baleares? → Las de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo sus competencias conforme a esta ley y al Estatuto de Autonomía de Baleares.
  • Tres palabras para los Cabildos: gobierno, administración y representación de cada isla.
  • La presidencia de la mancomunidad interinsular no rota ni se vota: la tiene el Presidente del Cabildo de la isla con la capital de la provincia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen insular: los Cabildos canarios gobiernan cada isla y asumen las competencias de las Diputaciones; las mancomunidades interinsulares solo representan intereses provinciales; los Consejos Insulares baleares siguen la organización de las Diputaciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 42

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría de municipios puede vetar una comarca? → Dos quintas partes, si representan la mitad del censo electoral (art. 42.2).
  • ¿Pierden los municipios sus competencias del art. 26 al crearse la comarca? → No, la ley lo prohíbe expresamente (art. 42.4).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden crear comarcas que agrupen municipios con intereses comunes. Hay un veto municipal (dos quintas partes con la mitad del censo) y los municipios conservan sus servicios mínimos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 43

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 2. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipios integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.

Datos clave

  • ¿Cómo se crea un área metropolitana? → Por Ley autonómica, oídos el Estado y los municipios y diputaciones afectados (art. 43.1).
  • ¿Qué garantiza el régimen económico del área metropolitana? → La participación de todos los municipios y un reparto justo de las cargas (art. 43.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir por Ley áreas metropolitanas, previa audiencia del Estado y de los entes locales afectados; qué son y qué debe regular la ley autonómica.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 44

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.

Datos clave

  • ¿Tiene la mancomunidad personalidad jurídica propia? → Sí, para cumplir sus fines específicos (art. 44.2).
  • ¿Quién elabora los estatutos de una mancomunidad? → Los concejales de los municipios promotores, constituidos en asamblea (art. 44.3.a).
  • ¿Pueden mancomunarse municipios de distintas CCAA? → Sí, si lo permiten las normativas autonómicas afectadas (art. 44.5).
  • Pueden mancomunarse municipios de distintas Comunidades Autónomas si lo permiten sus normativas (art. 44.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho de los municipios a mancomunarse para obras y servicios comunes: personalidad jurídica, contenido de los Estatutos, reglas mínimas para aprobarlos y mancomunidades entre Comunidades distintas.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 1

1. Para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos, en representación de los Municipios, las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo, en representación de las Provincias, y los Consejos y Cabildos, en representación de las Islas, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

2. La misma capacidad jurídica tendrán los órganos correspondientes en representación de las respectivas Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.

3. Los Municipios, las Provincias, las Islas y las otras Entidades locales territoriales estarán exentos de impuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los términos de la Ley.

Datos clave

  • Los Ayuntamientos representan a los Municipios, las Diputaciones a las Provincias y los Consejos y Cabildos a las Islas.
  • Todos ellos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes.
  • También pueden celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos y obligarse.
  • La misma capacidad jurídica se reconoce a los órganos de las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
  • Municipios, Provincias, Islas y demás Entidades locales territoriales están exentos de impuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos tienen plena capacidad jurídica en representación de municipios, provincias e islas; también las entidades inferiores al municipio; y los entes locales territoriales están exentos de impuestos estatales y autonómicos en los términos de la Ley.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 2

Cada Municipio pertenecerá a una sola provincia.

Datos clave

  • Cada Municipio pertenece a una sola provincia.
  • Ningún Municipio puede estar adscrito simultáneamente a dos provincias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Municipio pertenece a una sola provincia.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 3

1. La alteración de términos municipales podrá producirse:

a) Por incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes.

b) Por fusión de dos o más Municipios limítrofes.

c) Por segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro independiente.

d) Por segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe.

2. En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer modificación de los límites provinciales.

Datos clave

  • La alteración de términos municipales puede producirse por incorporación de uno o más Municipios a otro limítrofe.
  • También puede producirse por fusión de dos o más Municipios limítrofes.
  • Puede derivar de la segregación de parte de un territorio para constituir un Municipio independiente.
  • Puede derivar de la segregación de parte de un territorio para agregarlo a otro Municipio limítrofe.
  • En ningún caso la alteración de términos municipales puede suponer modificación de los límites provinciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro formas de alterar términos municipales: incorporación, fusión, segregación para crear un municipio nuevo y segregación para agregar a un vecino; ninguna puede cambiar los límites provinciales.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 4

La incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes solamente podrá acordarse cuando se den notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Datos clave

  • La incorporación de uno o más Municipios a otro limítrofe exige notorios motivos de necesidad o conveniencia.
  • Esos motivos deben ser de carácter económico o administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Incorporar uno o más Municipios a otro u otros limítrofes solo puede acordarse si hay notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 5

La fusión de Municipios limítrofes a fin de constituir uno solo podrá realizarse:

a) Cuando separadamente carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la Ley.

b) Cuando se confundan sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico.

c) Cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Datos clave

  • La fusión de Municipios limítrofes procede cuando, por separado, carecen de recursos suficientes para atender los servicios mínimos.
  • También procede cuando se confunden sus núcleos urbanos por el desarrollo urbanístico.
  • Igualmente procede cuando existen notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Municipios limítrofes pueden fusionarse en uno solo por tres causas: no tener por separado recursos para los servicios mínimos, confusión de sus núcleos urbanos por el desarrollo urbanístico o notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 6

La segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro independiente podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público, relacionados con la colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas u otras análogas.

Datos clave

  • La segregación para constituir un Municipio independiente exige motivos permanentes de interés público.
  • Se citan como ejemplos la colonización interior, la explotación de minas, la instalación de nuevas industrias, la creación de regadíos y las obras públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para crear un Municipio independiente segregando territorio de uno o varios Municipios hacen falta motivos permanentes de interés público, como la colonización interior, minas, nuevas industrias, regadíos, obras públicas u otras análogas.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 7

La segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe, podrá realizarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en los apartados b) y c) del artículo 5.

Datos clave

  • La segregación de parte de un Municipio para agregarla a otro limítrofe exige que concurra alguna de las causas de los apartados b) o c) del artículo 5.
  • Esas causas son la confusión de núcleos urbanos por el desarrollo urbanístico o los notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Segregar parte del territorio de un Municipio para agregarla a otro limítrofe solo es posible si concurre alguna de las causas de los apartados b) y c) del artículo 5.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 8

1. No podrá segregarse parte de un Municipio si con ello se privara a éste de las condiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Tampoco podrá segregarse ningún núcleo de población de un término municipal cuando se halle unido por calle o zona urbana a otro del Municipio originario.

2. En los supuestos de segregación parcial de un término municipal, conjuntamente con la división del territorio se hará la de los bienes, derechos y acciones, así como la de las deudas y cargas, en función del número de habitantes y de la riqueza imponible del núcleo que se trate de segregar.

Datos clave

  • No puede segregarse parte de un Municipio si con ello se le priva de las condiciones del artículo 13.2 de la Ley 7/1985.
  • Tampoco puede segregarse un núcleo de población unido por calle o zona urbana a otro del Municipio originario.
  • En la segregación parcial, la división de bienes, derechos y acciones, y de deudas y cargas, se hace según el número de habitantes y la riqueza imponible del núcleo segregado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos límites a la segregación: no puede privar al Municipio de las condiciones del artículo 13.2 de la Ley 7/1985 ni separar un núcleo unido por calle o zona urbana a otro del Municipio originario; bienes y deudas se reparten por habitantes y riqueza imponible.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 9

1. El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoma o a instancia del Ayuntamiento interesado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado. En todo caso, será preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos interesados.

2. En los supuestos de fusión o de incorporación voluntaria de Municipios limítrofes, el procedimiento se promoverá por acuerdo de los respectivos Ayuntamientos, adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Los acuerdos se someterán a información pública, y las alegaciones y reclamaciones que puedan formularse serán resueltas por los mismos Ayuntamientos con idéntica mayoría.

3. En los casos de segregación parcial de carácter voluntario se cumplirán los mismos requisitos del número anterior, salvo que haya mediado previamente petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en la porción que haya de segregarse, en cuyo caso el expediente se elevará al órgano competente para su resolución definitiva, aun cuando los acuerdos municipales no hubieran sido favorables.

4. En todos los casos de alteración de términos municipales será necesario el previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado. Simultánea-mente a la petición del dictamen se dará conocimiento del expediente a la Administración del Estado.

5. La resolución definitiva del procedimiento se hará por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado a efectos de lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Datos clave

  • El procedimiento se inicia de oficio por la Comunidad Autónoma o a instancia del Ayuntamiento, la Diputación o la Administración del Estado.
  • Es preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos interesados.
  • La fusión o incorporación voluntaria exige el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
  • Los acuerdos se someten a información pública.
  • Es necesario el previo dictamen del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, del Consejo de Estado.
  • La resolución definitiva se adopta por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Procedimiento de alteración de términos municipales: iniciativa, audiencias, mayorías reforzadas para fusión o incorporación voluntaria, regla especial de la segregación pedida por los vecinos, dictamen consultivo y Decreto autonómico.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 10

Las cuestiones que se susciten entre Municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Datos clave

  • Las cuestiones de deslinde entre Municipios las resuelve la Comunidad Autónoma correspondiente.
  • Se requiere informe previo del Instituto Geográfico Nacional.
  • Se exige dictamen del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los deslindes entre Municipios los resuelve la Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen de su órgano consultivo superior o, si no existe, del Consejo de Estado.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 11

1. La alteración del nombre y capitalidad de los Municipios podrá llevarse a efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva.

2. El acuerdo corporativo deberá ser adoptado con la mayoría prevista en el artículo 47.2.d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. De la resolución que adopte el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá darse traslado a la Administración del Estado a los efectos previstos en el artículo 14.1 de la citada Ley.

Datos clave

  • La alteración del nombre y capitalidad de los Municipios corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
  • Requiere el previo acuerdo del Ayuntamiento y el informe de la Diputación Provincial respectiva.
  • El acuerdo corporativo debe adoptarse con la mayoría del artículo 47.2.d) de la Ley 7/1985.
  • De la resolución de la Comunidad Autónoma debe darse traslado a la Administración del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cambio de nombre y capitalidad de un Municipio lo lleva a efecto el Consejo de Gobierno autonómico, previo acuerdo del Ayuntamiento con mayoría del artículo 47.2.d) de la Ley 7/1985 e informe de la Diputación; luego se da traslado al Estado.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 25

1. El Territorio de la Nación española se divide en cincuenta provincias con los límites, denominación y capitales que tienen actualmente.

2. Sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y capitalidad de las provincias. Cualquier alteración de sus límites requerirá Ley Orgánica.

Datos clave

  • El territorio nacional se divide en cincuenta provincias.
  • Los límites, la denominación y las capitales son los actuales.
  • Solo una Ley de las Cortes Generales puede modificar la denominación y la capitalidad de las provincias.
  • Cualquier alteración de los límites provinciales requiere Ley Orgánica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

España se divide en cincuenta provincias con sus límites, nombres y capitales actuales; cambiar denominación o capitalidad exige Ley de Cortes Generales, y alterar límites, Ley Orgánica.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 26

Art. 26.

Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la Diputación deberá jurar o prometer el cargo ante el Pleno de la misma.

Datos clave

  • El Presidente de la Diputación debe jurar o prometer el cargo antes de comenzar a ejercer sus funciones.
  • El juramento o promesa se presta ante el Pleno de la Diputación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Presidente de la Diputación tiene que jurar o prometer el cargo ante el Pleno de la Diputación antes de empezar a ejercer sus funciones.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 27

Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de Ilustrísima, salvo el de la de Barcelona, que tendrá el de Excelencia. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.

Datos clave

  • Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tienen el tratamiento de Ilustrísima.
  • El Presidente de la Diputación de Barcelona tiene el tratamiento de Excelencia.
  • Se respetan los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Presidentes de Diputación tienen tratamiento de Ilustrísima, salvo el de Barcelona, que tiene el de Excelencia; además se respetan los tratamientos de tradiciones reconocidas por disposiciones legales.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 28

1. Además de las señaladas en el artículo 33.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno de la Diputación, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes funciones:

a) La creación, modificación y disolución de organismos y establecimientos provinciales.

b) Informar en los expedientes de fusión, agregación o segregación de Municipios de su territorio.

c) (Derogada)

d) (Derogada)

e) La provincialización de servicios.

f) La aprobación de planes generales de carreteras y el establecimiento de servicios de comunicaciones provinciales y de suministro de energía eléctrica.

2. El ejercicio de las atribuciones establecidas en el número anterior será delegable, salvo las de los apartados a), b), e) y f).

Se derogan los apartados 1.c) y d) por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2007-18874

Datos clave

  • Corresponde al Pleno la creación, modificación y disolución de organismos y establecimientos provinciales.
  • Informa en los expedientes de fusión, agregación o segregación de Municipios de su territorio.
  • Aprueba la provincialización de servicios.
  • Aprueba los planes generales de carreteras y establece servicios de comunicaciones provinciales y de suministro de energía eléctrica.
  • Las atribuciones de los apartados a), b), e) y f) no son delegables.
  • Los apartados c) y d) del número 1 están derogados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Además de las del artículo 33.2 de la Ley 7/1985, el Pleno de la Diputación tiene cuatro funciones vigentes: organismos provinciales, informes sobre alteraciones de Municipios, provincialización de servicios y planes de carreteras y servicios; ninguna de ellas es delegable.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 29

Además de las establecidas en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Presidente de la Diputación las siguientes atribuciones:

a) Todas las facultades en materia de personal que no tenga atribuidas el Pleno.

b) (Derogada)

c) El desarrollo de la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.

d) Rendir cuentas de las operaciones efectuadas en cada ejercicio económico.

e) El cumplimiento de las cargas que impongan las Leyes a la Administración Provincial.

Se deroga la letra b) por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2007-18874

Datos clave

  • El Presidente tiene todas las facultades en materia de personal no atribuidas al Pleno.
  • Desarrolla la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.
  • Rinde cuentas de las operaciones de cada ejercicio económico.
  • Cumple las cargas que las Leyes impongan a la Administración Provincial.
  • La letra b) de este artículo está derogada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Además de las del art. 34 de la Ley 7/1985, el Presidente de la Diputación tiene atribuciones de personal no atribuidas al Pleno, gestión económica, rendición de cuentas y cumplimiento de cargas legales; la letra b) está derogada.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 30

1. La Diputación cooperará a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios, aplicando a tal fin:

a) Los medios económicos propios de la misma que se asignen.

b) Las subvenciones o ayudas financieras que concedan el Estado o la Comunidad Autónoma.

c) Las subvenciones o ayudas de cualquier otra procedencia.

d) El producto de operaciones de crédito.

2. La cooperación podrá ser total o parcial, según aconsejen las circunstancias económicas de los Municipios interesados.

3. Los servicios a que debe alcanzar la cooperación serán, en todo caso, los relacionados como mínimos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

4. La preferencia entre los distintos servicios mínimos a que alude el número anterior, se determinará sobre la base de los objetivos a que se refiere el artículo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atendiendo a las circunstancias de cada Municipio y con respeto de las prioridades sectoriales que se determinan en la forma establecida en el artículo 59 de dicha Ley.

5. También cooperará la Diputación en la elaboración de planes territoriales y urbanísticos, redacción de proyectos, dirección de obras o instalaciones, informes técnicos previos al otorgamiento de licencias y gestión tributaria, construcción y conservación de caminos y vías rurales y demás obras y servicios de la competencia municipal.

6. Las formas de cooperación serán:

a) La asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones públicas necesarias.

b) El asesoramiento jurídico, económico y técnico.

c) Ayudas de igual carácter en la redacción de estudios y proyectos.

d) Subvenciones a fondo perdido.

e) Ejecución de obras e instalación de servicios.

f) La concesión de créditos y la creación de Cajas de Crédito para facilitar a los Ayuntamientos operaciones de este tipo,

g) La creación de consorcios u otras formas asociativas legalmente autorizadas.

h) La suscripción de convenios administrativos.

i) Cualesquiera otras que establezca la Diputación con arreglo a la Ley.

Datos clave

  • La Diputación coopera preferentemente con los servicios municipales obligatorios.
  • Financia la cooperación con medios propios, subvenciones del Estado o la Comunidad Autónoma, otras subvenciones y operaciones de crédito.
  • La cooperación puede ser total o parcial según las circunstancias económicas de los Municipios.
  • Los servicios mínimos objeto de cooperación son los del artículo 26 de la Ley 7/1985.
  • Las formas de cooperación incluyen asistencia administrativa, asesoramiento técnico, subvenciones a fondo perdido, ejecución de obras, concesión de créditos y creación de consorcios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Diputación coopera con los servicios municipales, preferentemente los obligatorios: con qué fondos, con qué alcance, sobre qué servicios (los mínimos del art. 26 de la Ley 7/1985) y mediante qué nueve formas de cooperación.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 31

La aportación de los Municipios para el establecimiento de servicios por el sistema de cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica, pudiendo hacerse efectiva con cargo a sus propios ingresos o por créditos de la Diputación provincial. En este último supuesto, y sin perjuicio de cualesquiera otras garantías, los ingresos que produzca el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al reintegro de los mismos hasta su total extinción.

Datos clave

  • La aportación de los Municipios se fija en cada caso según su capacidad económica.
  • Puede hacerse efectiva con cargo a los ingresos propios del Municipio o mediante créditos de la Diputación.
  • Si se financia con crédito de la Diputación, los ingresos del servicio quedan afectos al reintegro hasta su total extinción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La aportación municipal a los servicios por cooperación se fija en cada caso según la capacidad económica del Municipio; puede pagarse con ingresos propios o con créditos de la Diputación, y en ese caso los ingresos del servicio quedan afectos a su reintegro.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 32

1. Para el desarrollo de la cooperación, las Diputaciones, con participación de los Ayuntamientos, redactarán los planes provinciales establecidos en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. Su contenido podrá diferenciarse por servicios o zonas.

3. Dichos planes se insertarán en el "Boletín Oficial de la Provincia" para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de diez días.

4. Los planes de cooperación serán aprobados por las Diputaciones después de haber dado participación a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, y previo informe de la Comisión Provincial de Colaboración con las Corporaciones Locales.

5. Aprobados definitivamente los planes, cualquier modificación requerirá el cumplimiento de los mismos trámites prevenidos en este artículo.

Redactados los apartados 3 y 4 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 165, de 11 de julio de 1986. Ref. BOE-A-1986-18436

Datos clave

  • Las Diputaciones redactan los planes provinciales de cooperación con participación de los Ayuntamientos.
  • El contenido de los planes puede diferenciarse por servicios o zonas.
  • Los planes se publican en el Boletín Oficial de la Provincia para alegaciones durante diez días.
  • Se aprueban con participación de las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y previo informe de la Comisión Provincial de Colaboración con las Corporaciones Locales.
  • Cualquier modificación posterior exige los mismos trámites.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Diputaciones, con los Ayuntamientos, redactan los planes provinciales de cooperación; se publican en el Boletín Oficial de la Provincia diez días para alegaciones y las Diputaciones los aprueban con participación del Estado y la Comunidad Autónoma y previo informe de la Comisión Provincial.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 33

En la formación y ejecución de los planes se observarán las siguientes reglas:

1.ª La subvención estatal para su financiación se librará a las Diputaciones.

2.ª La ejecución corresponde a la Diputación sin perjuicio de la posibilidad de que la asuman los Municipios afectados, siempre que así lo soliciten

3.ª Las obras y adquisiciones se efectuarán por los procedimientos señalados en la legislación sobre contratación de las Entidades locales, pudiendo agrupar los proyectos por servicios o zonas, a fin de obtener ventajas económicas y facilitar la concurrencia de licitadores de reconocida solvencia.

4.ª Efectuada la recepción definitiva de las obras que se ejecuten por las Diputaciones, se entregarán las mismas a la Entidad local que corresponda, a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento.

Datos clave

  • La subvención estatal para financiar los planes se libra a las Diputaciones.
  • La ejecución corresponde a la Diputación, salvo que los Municipios afectados la asuman si lo solicitan.
  • Las obras y adquisiciones se efectúan por los procedimientos de contratación de las Entidades locales, pudiendo agrupar proyectos por servicios o zonas.
  • Recibidas definitivamente las obras ejecutadas por la Diputación, se entregan a la Entidad local correspondiente, que asume su conservación y mantenimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro reglas de los planes: la subvención estatal se libra a las Diputaciones, que ejecutan salvo que los Municipios lo asuman a petición propia; se contrata por la legislación local, pudiendo agrupar proyectos; y las obras recibidas se entregan a la Entidad local, que las conserva.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 34

Con independencia de las cuentas generales que hayan de remitir las Diputaciones, enviarán al Ministerio de Administración Territorial, con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, un estado comprensivo del desarrollo económico de los créditos destinados a cooperación, así como una Memoria detallada de las realizaciones conseguidas en el año anterior.

Datos clave

  • Las Diputaciones envían al Ministerio de Administración Territorial un estado del desarrollo económico de los créditos destinados a cooperación.
  • También remiten una Memoria detallada de las realizaciones del año anterior.
  • El envío se hace con la periodicidad que se establezca reglamentariamente.
  • Esta obligación es independiente de las cuentas generales que deban remitir las Diputaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al margen de sus cuentas generales, las Diputaciones envían al Ministerio de Administración Territorial, con la periodicidad reglamentaria, un estado de los créditos de cooperación y una Memoria de las realizaciones del año anterior.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 35

1. Para que los Municipios se mancomunen no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que exista entre ellos continuidad territorial, si ésta no es requerida por la naturaleza de los fines de la Mancomunidad.

2. Las Mancomunidades no podrán asumir la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos Municipios.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los acuerdos aprobatorios de la constitución y Estatutos de la Mancomunidad deberán adoptarse por cada Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, previa información pública por plazo de un mes. Cuando se trate de Municipios que sean de distintas Provincias habrá de darse audiencia a las Diputaciones Provinciales respectivas.

4. El órgano de gobierno de la mancomunidad estará integrado por representantes de los Municipios mancomunados en la forma que determinen los correspondientes Estatutos.

Datos clave

  • No es indispensable que los municipios mancomunados pertenezcan a la misma provincia ni exista continuidad territorial entre ellos.
  • Las Mancomunidades no pueden asumir la totalidad de las competencias de los Municipios que las integran.
  • La constitución y los Estatutos requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Ayuntamiento.
  • Se exige información pública previa por plazo de un mes.
  • Si los municipios pertenecen a distintas provincias, debe darse audiencia a las Diputaciones Provinciales respectivas.
  • El órgano de gobierno se integra por representantes de los municipios mancomunados según los Estatutos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para mancomunarse no hace falta ser de la misma provincia ni tener continuidad territorial, salvo que lo exijan los fines; la Mancomunidad no asume todas las competencias y su constitución exige mayoría absoluta en cada Ayuntamiento tras un mes de información pública.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 36

Los Estatutos de las Mancomunidades municipales habrán de expresar al menos:

1.º Los Municipios que comprenden.

2.° El lugar en que radiquen sus órganos de gobierno y administración.

3.° El número y forma de designación de los representantes de los Ayuntamientos que han de integrar los órganos de gobierno de la Mancomunidad.

4.° Los fines de ésta.

5.° Los recursos económicos.

6.° El plazo de vigencia.

7.º El procedimiento para modificar los Estatutos, y

8.º Las causas de disolución.

Datos clave

  • Los Estatutos deben expresar los Municipios que comprende la Mancomunidad.
  • Deben fijar el lugar donde radiquen sus órganos de gobierno y administración.
  • Deben determinar el número y la forma de designación de los representantes de los Ayuntamientos.
  • Deben fijar los fines, los recursos económicos y el plazo de vigencia.
  • Deben regular el procedimiento para modificar los Estatutos y las causas de disolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo de los Estatutos de las Mancomunidades: ocho extremos que van de los municipios que la forman a las causas de disolución.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 37

Las Entidades conocidas con las denominaciones de Mancomunidades o Comunidades de Tierra o de Villa y Tierra, o de Ciudad y Tierra, Asocios, Reales Señoríos, Universidades, Comunidades de Pastos, Leñas, Aguas, y otras análogas, continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales y, sin perjuicio de la autonomía de que disfrutan, deberán ajustar su régimen económico a lo prescrito en la legislación de régimen local sobre formación de presupuestos y rendición de cuentas, liquidaciones, inventarios y balances.

Datos clave

  • Se citan como ejemplos las Comunidades de Tierra o de Villa y Tierra, de Ciudad y Tierra, Asocios, Reales Señoríos, Universidades y Comunidades de Pastos, Leñas y Aguas.
  • Estas Entidades continúan rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales.
  • Conservan su autonomía, pero deben ajustar su régimen económico a la legislación de régimen local.
  • Esa sujeción alcanza a la formación de presupuestos, la rendición de cuentas, las liquidaciones, los inventarios y los balances.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mancomunidades, Comunidades de Tierra, Asocios y entidades tradicionales análogas siguen con sus normas consuetudinarias, pero su régimen económico (presupuestos, cuentas, liquidaciones, inventarios y balances) se ajusta a la legislación de régimen local.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 38

Las Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal tendrán las siguientes competencias:

a) La construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos.

b) La policía de caminos rurales, montes, fuentes y ríos.

c) La limpieza de calles.

d) La mera administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.

e) La ejecución de obras y la prestación de servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la Entidad, cuando no esté a cargo del respectivo Municipio.

Datos clave

  • Las Entidades locales de ámbito inferior al municipal construyen, conservan y reparan fuentes, lavaderos y abrevaderos.
  • Tienen la policía de caminos rurales, montes, fuentes y ríos.
  • Son responsables de la limpieza de calles.
  • Administran y conservan su patrimonio, incluido el forestal, y regulan el aprovechamiento de los bienes comunales.
  • Ejecutan obras y prestan servicios de competencia municipal de exclusivo interés de la Entidad cuando el Municipio no los presta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Entidades locales menores tienen cinco competencias: fuentes, lavaderos y abrevaderos; policía de caminos, montes, fuentes y ríos; limpieza de calles; su patrimonio y bienes comunales; y obras y servicios de su exclusivo interés que no lleve el Municipio.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 39

Art. 39.

El Alcalde pedáneo, órgano unipersonal ejecutivo de la Entidad local, preside la Junta Vecinal y es elegido conforme a la Ley Electoral.

Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 165, de 11 de julio de 1986. Ref. BOE-A-1986-18436

Datos clave

  • El Alcalde pedáneo es el órgano unipersonal ejecutivo de la Entidad local.
  • Preside la Junta Vecinal.
  • Se elige conforme a la Ley Electoral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Alcalde pedáneo es el órgano unipersonal ejecutivo de la Entidad local, preside la Junta Vecinal y se elige conforme a la Ley Electoral.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 40

El Alcalde pedáneo tendrá las atribuciones que la Ley señale al Alcalde, circunscritas a la administración de su Entidad, y en particular las siguientes:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta o Asamblea vecinal, dirigir sus deliberaciones y decidir los empates con voto de calidad.

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta o Asamblea vecinal.

c) Aplicar el Presupuesto de la Entidad, ordenando pagos con cargo al mismo, y rendir cuentas de su gestión.

d) Vigilar la conservación de caminos rurales, fuentes públicas y montes, así como los servicios de policía urbana y de subsistencias.

e) Todas las demás facultades de administración de la Entidad no reservadas expresamente a la Junta o Asamblea vecinal.

Datos clave

  • El Alcalde pedáneo convoca y preside la Junta o Asamblea vecinal, dirige sus deliberaciones y decide los empates con voto de calidad.
  • Ejecuta y hace cumplir los acuerdos de la Junta o Asamblea vecinal.
  • Aplica el Presupuesto de la Entidad, ordena pagos con cargo a él y rinde cuentas de su gestión.
  • Vigila la conservación de caminos rurales, fuentes públicas y montes, y los servicios de policía urbana y de subsistencias.
  • Ejerce las demás facultades de administración no reservadas expresamente a la Junta o Asamblea vecinal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Alcalde pedáneo tiene las atribuciones que la Ley da al Alcalde, limitadas a la administración de su Entidad: presidir la Junta o Asamblea vecinal, ejecutar sus acuerdos, aplicar el Presupuesto, vigilar caminos, fuentes y montes, y la competencia residual.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 41

1. La Junta o Asamblea vecinal tendrá las siguientes atribuciones:

a) La aprobación de Presupuestos y Ordenanzas de exacciones, la censura de cuentas y el reconocimiento de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria.

b) La administración y conservación de bienes y derechos propios de la Entidad y la regulación del aprovechamiento de bienes comunales.

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

d) En general, cuantas atribuciones se asignan por la Ley al Ayuntamiento Pleno con respecto a la administración del Municipio, en el ámbito de la Entidad.

2. Los acuerdos de la Junta o Asamblea vecinal sobre disposiciones de bienes y operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento respectivo.

Datos clave

  • La Junta o Asamblea vecinal aprueba los Presupuestos y Ordenanzas de exacciones, censura las cuentas y reconoce créditos sin dotación presupuestaria.
  • Administra y conserva los bienes y derechos propios de la Entidad y regula el aprovechamiento de los bienes comunales.
  • Ejerce acciones judiciales y administrativas.
  • Asume, en el ámbito de la Entidad, las atribuciones del Ayuntamiento Pleno respecto de la administración del Municipio.
  • Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deben ser ratificados por el Ayuntamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta o Asamblea vecinal aprueba presupuestos y ordenanzas de exacciones, censura cuentas, administra los bienes de la Entidad, ejerce acciones y asume en su ámbito las atribuciones del Pleno; ciertos acuerdos necesitan ratificación del Ayuntamiento.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 42

1. La constitución de nuevas Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio que haya de ser base de la Entidad, o alternativamente acuerdo del Ayuntamiento.

b) Información pública vecinal.

c) Informe del Ayuntamiento, y

d) Resolución definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

2. No podrá constituirse en Entidad local de ámbito territorial inferior al Municipio el núcleo territorial en que resida el Ayuntamiento.

Datos clave

  • Se requiere petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes o, alternativamente, acuerdo del Ayuntamiento.
  • Es preceptiva la información pública vecinal.
  • Se necesita informe del Ayuntamiento.
  • La resolución definitiva corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
  • No puede constituirse en Entidad local inferior al Municipio el núcleo donde resida el Ayuntamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para crear una entidad local inferior al municipio hacen falta petición vecinal mayoritaria o acuerdo municipal, información pública, informe del Ayuntamiento y resolución autonómica; el núcleo donde reside el Ayuntamiento no puede constituirse en ella.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 43

1. Una vez constituida la Entidad se establecerán sus límites territoriales y se hará la separación patrimonial.

2. Los acuerdos municipales en esta materia requerirán la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se entenderá otorgada si no resolviere en el término de tres meses.

Datos clave

  • Constituida la Entidad, se establecen sus límites territoriales y se hace la separación patrimonial.
  • Los acuerdos municipales sobre esta materia requieren la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  • Si la Comunidad Autónoma no resuelve en el plazo de tres meses, la aprobación se entiende otorgada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Constituida la Entidad, se fijan sus límites territoriales y se separa el patrimonio; los acuerdos municipales sobre ello necesitan la aprobación autonómica, que se entiende otorgada si no se resuelve en tres meses.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 44

La modificación y supresión de Entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal podrá llevarse a efecto:

a) A petición de la propia Entidad cumpliendo los requisitos consignados en el artículo 42.

b) Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma adoptado previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos interesados, con informe del órgano consultivo superior de aquél, donde existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado y conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Datos clave

  • La modificación y supresión puede hacerse a petición de la propia Entidad cumpliendo los requisitos del artículo 42.
  • También puede acordarla el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos interesados.
  • Se exige informe del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Entidades locales menores pueden modificarse o suprimirse por dos vías: a petición de la propia Entidad con los requisitos del artículo 42, o por acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico con audiencia de los interesados e informe consultivo.

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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 · 45

Para que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acuerde la supresión de Entidades Locales de ámbito territorial inferior al municipal, será necesario instruir el oportuno expediente en el que se demuestre la insuficiencia de recursos para sostener los servicios mínimos que le estén atribuidos, o se aprecien notorios motivos de necesidad económica o administrativa.

Datos clave

  • La supresión exige instruir previamente un expediente.
  • El expediente debe demostrar la insuficiencia de recursos para sostener los servicios mínimos atribuidos.
  • Alternativamente, deben apreciarse notorios motivos de necesidad económica o administrativa.
  • La decisión corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para que el Consejo de Gobierno autonómico suprima una Entidad local menor hay que instruir expediente que demuestre falta de recursos para sus servicios mínimos o en el que se aprecien notorios motivos de necesidad económica o administrativa.

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