Tema A4: Organización política del Estado español. El poder ejecutivo. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. Organización judicial española. El Ministerio Fiscal.
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Constitución Española · Art. 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Datos clave
- ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico? → La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- ¿Dónde reside la soberanía nacional según el art. 1.2? → En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- ¿Cuál es la forma política del Estado español? → La Monarquía parlamentaria.
- Los cuatro valores en orden: LI-JU-I-PLU (Libertad, Justicia, Igualdad, Pluralismo político).
- Un apartado, un dato: 1) qué Estado · 2) de quién es la soberanía · 3) qué forma política.
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Cómo es el Estado español: social y democrático de Derecho, con cuatro valores superiores, soberanía nacional en el pueblo español y forma política de Monarquía parlamentaria.
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Constitución Española · Art. 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.
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Constitución Española · Art. 98
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
Datos clave
- ¿Qué expresión usa el artículo 98 para los Vicepresidentes del Gobierno? → «En su caso», es decir, su existencia es potestativa.
- ¿Qué actividad SÍ pueden compatibilizar los miembros del Gobierno con su cargo? → Únicamente las funciones representativas propias del mandato parlamentario.
- Tres prohibiciones de incompatibilidad: nada de otra representación política, nada de otro cargo público, nada de actividad profesional o mercantil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Composición del Gobierno, papel del Presidente e incompatibilidades: sus miembros solo pueden compatibilizar las funciones representativas del mandato parlamentario y las funciones públicas que deriven del cargo.
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Constitución Española · Art. 99
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige la primera votación de investidura? → Mayoría absoluta del Congreso.
- ¿Cuándo se repite la votación si la primera falla, y con qué mayoría? → 48 horas después, bastando mayoría simple.
- ¿Qué ocurre si pasan dos meses desde la primera votación sin investidura? → El Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones, con el refrendo del Presidente del Congreso.
- Encadena los números: 48 horas entre la 1ª y la 2ª votación, y 2 meses desde la 1ª votación como plazo límite para disolver las Cámaras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Investidura: el Rey propone candidato, que pide la confianza; mayoría absoluta en la primera votación o simple a las 48 horas. Si en dos meses nadie la obtiene, el Rey disuelve ambas Cámaras.
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Constitución Española · Art. 100
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.
Datos clave
- El Rey nombra y separa a los demás miembros del Gobierno.
- Actúa siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.
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Los demás miembros del Gobierno los nombra y separa el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.
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Constitución Española · Art. 101
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Datos clave
- Enumera las causas de cese del Gobierno según el artículo 101. → Elecciones generales, pérdida de la confianza parlamentaria, y dimisión o fallecimiento del Presidente.
- ¿Hasta cuándo continúa en funciones el Gobierno cesante? → Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
- Tres causas de cese: elecciones, pérdida de confianza, dimisión o fallecimiento del Presidente. Ninguna deja el país sin Gobierno ni un solo día.
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Causas de cese del Gobierno (elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente) y continuidad en funciones hasta que tome posesión el nuevo.
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Constitución Española · Art. 102
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
Datos clave
- ¿Qué órgano juzga la responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno? → La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- ¿Se puede indultar a un ministro condenado conforme al art. 102? → No: la prerrogativa de gracia no se aplica a ningún supuesto de este artículo.
- Regla nemotécnica: «traición se plantea entre cuatro» — una cuarta parte del Congreso pide, y hace falta mayoría absoluta para aprobarlo.
- El aforamiento es siempre el mismo órgano, la Sala de lo Penal del TS, cambie o no el tipo de delito.
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Responsabilidad criminal del Gobierno: ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado exige iniciativa de un cuarto del Congreso y mayoría absoluta. Sin indulto.
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Constitución Española · Art. 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿Qué dos principios rigen el acceso a la función pública según el art. 103.3? → Mérito y capacidad.
- Cita los cinco principios de actuación de la Administración del art. 103.1. → Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- Los cinco principios del apartado 1 se recuerdan con la sigla EJEDECO: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración, Coordinación.
- El acceso a la función pública va siempre unido a dos palabras: mérito y capacidad.
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Principios de la Administración Pública (objetividad, cinco principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y contenido de la ley del estatuto de los funcionarios, con acceso por mérito y capacidad.
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Constitución Española · Art. 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
Datos clave
- ¿De quién dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según el art. 104? → Del Gobierno.
- ¿Qué tipo de ley regula sus funciones y estatutos? → Ley orgánica.
- Dos ideas y una reserva: la misión (derechos + seguridad ciudadana) y la forma (ley orgánica), nunca ley ordinaria.
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Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependen del Gobierno; su misión es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica fija funciones, principios y estatutos.
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Constitución Española · Art. 105
La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
Datos clave
- ¿Qué tres límites pone el art. 105.b) al acceso a archivos y registros administrativos? → Seguridad y defensa del Estado, averiguación de los delitos e intimidad de las personas.
- ¿Qué garantiza el art. 105.c) en el procedimiento de los actos administrativos? → La audiencia del interesado, cuando proceda.
- Las tres letras del art. 105 son tres derechos distintos: a) audiencia normativa, b) acceso a archivos, c) audiencia procedimental.
- Los tres límites al acceso a archivos se recuerdan como SDI: Seguridad y defensa, Delitos (averiguación), Intimidad.
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Tres mandatos al legislador: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas, acceso a archivos y registros con tres límites, y procedimiento de los actos con audiencia del interesado cuando proceda.
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Constitución Española · Art. 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Datos clave
- ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
- ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
- Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).
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Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
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Constitución Española · Art. 107
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Datos clave
- El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
- Su composición y competencia se regulan por ley orgánica.
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El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno; su composición y competencia las regula una ley orgánica.
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Constitución Española · Art. 117
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
Datos clave
- ¿De quién emana la justicia y en nombre de quién se administra? → Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
- ¿En qué consiste el ejercicio de la potestad jurisdiccional? → En juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.
- ¿Qué establece el artículo 117.6? → Se prohíben los Tribunales de excepción.
- ¿Cuál es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales? → El principio de unidad jurisdiccional.
- Las cuatro notas del juez van siempre juntas y en este orden: independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- Binomio que define la potestad jurisdiccional: juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
- El apartado 6 del art. 117 prohíbe los Tribunales de excepción.
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La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos a la ley; exclusividad jurisdiccional, unidad jurisdiccional y prohibición de Tribunales de excepción.
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Constitución Española · Art. 118
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Datos clave
- ¿Qué dos deberes impone el artículo 118? → Cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
- Dos verbos y dos momentos: cumplir lo firme y colaborar en el proceso y en la ejecución.
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Dos deberes frente a la Justicia: cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes y colaborar cuando lo requieran Jueces y Tribunales, en el proceso y en la ejecución.
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Constitución Española · Art. 119
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Datos clave
- La justicia es gratuita en los casos que determine la ley.
- Es gratuita en todo caso para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
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Justicia gratuita por dos vías: cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
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Constitución Española · Art. 120
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
Datos clave
- ¿En qué materia es la oralidad del procedimiento más exigida según el art. 120.2? → En materia criminal.
- ¿Deben motivarse siempre las sentencias? → Sí, sin excepción, según el art. 120.3.
- Tres principios, tres palabras: publicidad, oralidad, motivación. Los tres del art. 120 se preguntan sueltos o combinados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios de la Justicia: actuaciones públicas salvo excepciones de las leyes procesales, procedimiento predominantemente oral (sobre todo en lo criminal) y sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.
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Constitución Española · Art. 121
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
Datos clave
- ¿Qué daños dan derecho a indemnización conforme al artículo 121? → Los causados por error judicial y los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- ¿A cargo de quién va esa indemnización? → Del Estado, conforme a la ley.
- Dos supuestos y un único pagador: error judicial y funcionamiento anormal, siempre a cargo del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los daños por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
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Constitución Española · Art. 122
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Datos clave
- ¿Por cuántos miembros y por cuánto tiempo se nombra el Consejo General del Poder Judicial? → Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- ¿Cómo se reparten los veinte vocales? → Doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.
- ¿Qué requisitos deben reunir los vocales propuestos por las Cámaras? → Ser abogados u otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, elegidos por mayoría de tres quintos.
- Cuenta de tres números: 20 vocales, 5 años, 3/5 de mayoría en cada Cámara.
- Reparto 12 + 4 + 4: doce judiciales, cuatro del Congreso y cuatro del Senado.
- Las cuatro funciones citadas expresamente: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La LOPJ regula juzgados, jueces (Cuerpo único) y personal; el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial: su Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años.
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Constitución Española · Art. 123
1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
Datos clave
- ¿En qué materia el Tribunal Supremo NO es el órgano superior? → En materia de garantías constitucionales.
- ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo y a propuesta de quién? → Lo nombra el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- El truco está en la excepción: TS = superior en todo salvo garantías constitucionales.
- Cadena de nombramiento: el CGPJ propone, el Rey nombra al Presidente del TS.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
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Constitución Española · Art. 124
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- ¿Conforme a qué principios ejerce sus funciones el Ministerio Fiscal? → Unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad.
- ¿Cómo se nombra al Fiscal General del Estado? → Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Puede actuar el Ministerio Fiscal de oficio? → Sí, de oficio o a petición de los interesados.
- Dos parejas de principios: cómo se organiza (unidad de actuación y dependencia jerárquica) y a qué se sujeta siempre (legalidad e imparcialidad).
- Cadena del nombramiento en tres pasos: Gobierno propone, Consejo General del Poder Judicial es oído, Rey nombra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Misión del Ministerio Fiscal, sus cuatro principios (unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad) y nombramiento del Fiscal General del Estado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
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Constitución Española · Art. 125
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Datos clave
- ¿Mediante qué institución participan los ciudadanos en la Administración de Justicia según el art. 125? → Mediante la institución del Jurado.
- Además del Jurado, ¿en qué otros tribunales pueden participar los ciudadanos? → En los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
- Recuerda las 3 vías de participación popular en Justicia: acción popular, Jurado y tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ciudadanos participan en la Justicia por tres vías: la acción popular, el Jurado en los procesos penales que la ley determine y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
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Constitución Española · Art. 126
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Datos clave
- ¿De quién depende la policía judicial? → De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
- ¿En qué funciones existe esa dependencia? → En las de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
- Tres superiores (Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal) y tres funciones (averiguación del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La policía judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
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Constitución Española · Art. 127
1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
Datos clave
- ¿A qué dos cosas de tipo político no puede pertenecer un Juez, Magistrado o Fiscal en activo? → A partidos políticos ni a sindicatos.
- ¿Qué debe asegurar el régimen de incompatibilidades del poder judicial? → La total independencia de sus miembros.
- Tres noes mientras estén en activo: ni otros cargos públicos, ni partidos políticos, ni sindicatos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos o sindicatos; la ley regula su asociación profesional y las incompatibilidades del poder judicial.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 26
Artículo 26.
Los Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes:
a) Jueces y juezas de paz.
b) Tribunales de Instancia.
c) Audiencias Provinciales.
d) Tribunales Superiores de Justicia.
e) Tribunal Central de Instancia.
f) Audiencia Nacional.
g) Tribunal Supremo.
Se modifica por el art. 1.9 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el párrafo segundo por la disposición adicional 10.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se modifica por el art. 2.1 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Se modifica el inciso segundo por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- ¿Qué órgano ocupa la letra e) del artículo 26 LOPJ? → El Tribunal Central de Instancia.
- ¿Cuántos tipos de tribunales enumera el artículo 26 LOPJ y cuál abre la lista? → Siete, de la a) a la g); abre la lista los jueces y juezas de paz y la cierra el Tribunal Supremo.
- Son siete letras, de la a) a la g): abren los jueces de paz, cierran el Tribunal Supremo y en medio van dos «de instancia» (b y e), dos territoriales (c y d) y la Audiencia Nacional.
- La letra e) es la trampa del artículo: el Tribunal Central de Instancia va antes que la Audiencia Nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad jurisdiccional se atribuye a siete Tribunales, de la a) a la g): jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, TSJ, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 27
1. Cuando las Salas de los Tribunales se dividan en Secciones y hubiere dos o más, se designarán por numeración ordinal. 2. Las plazas judiciales que integran los Tribunales de Instancia y el Tribunal Central de Instancia se designarán por numeración cardinal dentro de la misma Sección.
Datos clave
- ¿Cómo se designan las Secciones de las Salas cuando hay dos o más? → Por numeración ordinal.
- ¿Cómo se designan las plazas judiciales de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia? → Por numeración cardinal dentro de la misma Sección.
- Regla de dos palabras: Sección = ordinal, plaza = cardinal. Si te suena «plaza segunda», está mal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de las Salas, cuando hay dos o más, se designan con numeración ordinal (primera, segunda); las plazas de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia, con numeración cardinal dentro de la Sección.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 29
1. La planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base en la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades. 2. La revisión de la planta de los tribunales podrá ser instada por las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.
Datos clave
- ¿Cada cuánto se revisa la planta de los tribunales y con qué informe previo? → Al menos cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
- ¿Quién puede instar la revisión de la planta de los tribunales? → Las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia, para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.
- Tres parámetros expresos y uno abierto: cargas de trabajo, población y «otros que se consideren relevantes».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La planta de los tribunales se fija por ley y se revisa al menos cada cinco años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial; las comunidades autónomas con competencia en Justicia pueden instar su revisión.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 30
El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.
Datos clave
- La organización judicial territorial del Estado tiene 4 niveles.
- Municipios.
- Partidos.
- Provincias.
- Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas: cuatro demarcaciones que hay que saber nombrar en ese orden.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 31
El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
Datos clave
- El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
- Comparten, por tanto, la misma denominación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, el municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre: no se crea un municipio judicial distinto del administrativo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 32 · 1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provin
Artículo 32.
1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia.
2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.
3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.
Datos clave
- ¿Qué es el partido judicial según el art. 32 LOPJ? → La unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia.
- ¿En función de qué se modifican los partidos judiciales? → Del número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales.
- Cuatro criterios de modificación, dos «humanos» y dos «geográficos»: asuntos y población, comunicaciones y comarcas.
- Un solo municipio ya puede ser partido: el artículo dice «uno o más».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El partido es la unidad territorial de uno o más municipios limítrofes de una misma provincia; se modifica según asuntos, población, comunicaciones y comarcas naturales, y puede coincidir con la provincia.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 33
La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.
Datos clave
- La provincia se ajusta a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.
- Comparte, por tanto, la misma denominación y límites que la provincia administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A efectos judiciales, la provincia se ajusta a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre: coincide con la provincia administrativa.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 34
La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
Datos clave
- La Comunidad Autónoma es el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
- El Tribunal Superior de Justicia se organiza sobre la base de la Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia es la Comunidad Autónoma.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 35
1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto. 2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. 3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. 4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo. 5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. 6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.
Datos clave
- ¿De qué plazo dispone el CGPJ para informar la disposición de demarcación judicial? → De dos meses.
- ¿Quién determina la capitalidad de los partidos judiciales y cómo? → Las Comunidades Autónomas, por ley y previo informe del CGPJ.
- ¿Cada cuánto se revisa la demarcación judicial? → Cada cinco años, o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al mismo procedimiento.
- Cadena en cinco pasos: CCAA proponen → Justicia redacta → CGPJ informa (2 meses) → Gobierno tramita → ley.
- Dos plazos que no se mezclan: dos meses para el informe del CGPJ y cinco años para la revisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La demarcación judicial se fija por ley (o real decreto en los casos previstos) tras propuesta autonómica, texto del Ministerio de Justicia e informe del CGPJ en dos meses; se revisa cada cinco años y la capitalidad la fijan las Comunidades Autónomas.
Esquema
| Informe del CGPJ | Revisión de la demarcación | |
|---|---|---|
| Plazo | Dos meses | Cada cinco años, o antes si las circunstancias lo aconsejan |
| Sobre qué | La disposición redactada por el Ministerio de Justicia | La demarcación judicial, mediante ley |
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 36
La creación de las Secciones de las Audiencias y Tribunales y de plazas judiciales, siempre que no suponga alteración de la demarcación judicial, corresponderá al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
Datos clave
- ¿A quién corresponde crear Secciones y plazas judiciales que no alteren la demarcación? → Al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
- Dos «oídos» y ambos obligatorios: comunidad autónoma afectada y CGPJ. La palabra que lo marca es preceptivamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crear Secciones de Audiencias y Tribunales y plazas judiciales, si no altera la demarcación judicial, corresponde al Gobierno, oídos preceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 37
1. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. 2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitirá anualmente al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes.
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad remite el CGPJ la relación de necesidades de juzgados y tribunales? → Anualmente.
- ¿Para qué deben servir los medios que se proveen a juzgados y tribunales? → Para el desarrollo de su función con independencia y eficacia.
- Reparto en dos verbos: proveen el Ministerio o la comunidad autónoma; pide el CGPJ, una vez al año.
- Retén la finalidad literal de los medios: independencia y eficacia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Proveer de medios a juzgados y tribunales corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano autonómico competente; el CGPJ les remite cada año la relación de necesidades. Los medios sirven a una función con independencia y eficacia.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 53
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Datos clave
- ¿Cuál es la sede y el ámbito territorial del Tribunal Supremo? → Sede en la villa de Madrid y jurisdicción en toda España.
- ¿Qué salvedad establece el art. 53 LOPJ a la superioridad del Tribunal Supremo? → Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- Cuatro datos en dos líneas: Madrid, superior en todos los órdenes, toda España y título exclusivo.
- Memoriza el inciso literal de la excepción: «salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales; tiene jurisdicción en toda España y el título de Supremo es exclusivo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 54
El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, de los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse.
Datos clave
- ¿Por quién se compone el Tribunal Supremo según el art. 54 LOPJ? → Por su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones.
- ¿Quién fija el número de Magistrados de cada Sala del Tribunal Supremo? → La ley.
- Tres piezas en orden: Presidente + Presidentes de Sala + Magistrados. Las Secciones aparecen solo «en su caso».
- Palabra clave del cierre: los Magistrados son los que determine la ley, no los que fije la LOPJ.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Supremo se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada Sala y, en su caso, para las Secciones en que puedan articularse.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 55
Artículo 55.
El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:
Primera: De lo Civil.
Segunda: De lo Penal.
Tercera: De lo Contencioso-Administrativo.
Cuarta: De lo Social.
Quinta: De lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
Datos clave
- El Tribunal Supremo se integra por cinco Salas: Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Cuarta, de lo Social, y Quinta, de lo Militar.
- La Sala Quinta, de lo Militar, se rige por su legislación específica y, supletoriamente, por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Suma a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo las acciones contra los consortes regios, la Princesa o Príncipe de Asturias y el Rey o Reina que hubiere abdicado, siempre con sus consortes.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 55 bis
Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
Datos clave
- ¿Qué añade el artículo 55 bis a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Supremo? → La tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales contra la Reina consorte o consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
- ¿Con qué artículos se conecta expresamente el 55 bis? → Con los artículos 56 y 57, cuyas competencias amplía.
- El «bis» hace de bisagra: engancha con el 56 (civil) y con el 57 (penal) sin derogar ninguno de los dos.
- Memoriza el trío por generaciones: consorte del que reina, quien heredará, y quien ya abdicó. Más sus consortes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Salas de lo Civil y de lo Penal del Supremo tramitan y enjuician, respectivamente, las acciones civiles y penales contra el consorte de quien reina, el heredero y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 56
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: 1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. 2.º De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía. 3.º De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.
Datos clave
- ¿Cuántos números tiene el artículo 56 y qué recoge el 1.º? → Tres. El 1.º, los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley.
- ¿Dónde se demanda la responsabilidad civil de un Magistrado de un TSJ por hechos de su cargo? → Ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por el número 3.º del artículo 56.
- ¿Qué requisito común exigen los números 2.º y 3.º del artículo 56? → Que los hechos se hayan realizado en el ejercicio del cargo.
- Presidentes (AN, sus Salas y TSJ) → número 2.º. Magistrados de AN y TSJ → número 3.º.
- Los cargos autonómicos son los únicos con condición: «cuando así lo determinen su Estatuto de Autonomía».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Primera del Supremo conoce de los recursos extraordinarios civiles y de las demandas de responsabilidad civil contra altos cargos (2.º) y contra Magistrados de la AN o de los TSJ (3.º), por hechos realizados en el ejercicio del cargo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 57
Artículo 57.
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
3.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados.
4.º De los demás asuntos que le atribuya esta Ley.
5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
3. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, contra las personas a las que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado 1, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
Se modifican los números 2 y 3 del apartado 1 y se añade un apartado 3 por la disposición final 2.2 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se añade el número 5 al apartado 1 por la disposición final 1.1. de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se añade el número 4 al apartado 1 por el artículo único.2 la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo. Ref. BOE-A-2014-2709 .
Se añade el apartado 2 y se numera el contenido existente como apartado 1 por el art. 1.2 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- ¿Quién instruye las causas de los números 2.º y 3.º del artículo 57.1? → Un instructor designado por turno preestablecido entre los miembros de la Sala de lo Penal, que no formará parte de ella para enjuiciarlas.
- ¿Qué número del artículo 57.1 atribuye el decomiso autónomo? → El 5.º: los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sea competente.
- ¿Contra qué jueces y fiscales conoce la Sala Segunda por el número 3.º? → Contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia y contra los Fiscales europeos delegados.
- Cinco números del apartado 1: recursos, altos cargos, jueces y fiscales delegados, cajón de sastre y decomiso autónomo.
- El Fiscal Europeo aparece en el número 2.º; los Fiscales europeos delegados, en el número 3.º.
- Regla de una línea: quien instruye no enjuicia, y el sustituto sale de la misma Sala por turno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: casación, revisión y otros recursos extraordinarios, causas contra aforados del Estado y contra ciertos magistrados y fiscales europeos delegados, y decomiso autónomo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 58
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá: Primero. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la Ley establezca y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Segundo. De los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Cuarto. De la solicitud del Gobierno prevista en el artículo cuarto de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes.
Datos clave
- ¿En qué instancia conoce la Sala Tercera de los actos del Consejo de Ministros? → En única instancia.
- ¿Quién formula la solicitud del apartado Tercero del artículo 58? → El Consejo General del Poder Judicial, para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la LO 3/2018.
- ¿Qué decide la Sala en el apartado Cuarto del artículo 58? → La convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio, o los de intervención o explotación de redes.
- Ocho órganos en el apartado Primero: Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas, CGPJ, Congreso, Senado, TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
- Tercero = protección de datos y lo pide el CGPJ; Cuarto = telecomunicaciones y lo pide el Gobierno.
- Este artículo numera sus apartados con ordinales escritos: Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Tercera del Supremo tiene cuatro bloques de competencias: recursos en única instancia contra ocho órganos, casación y revisión, la autorización de protección de datos que pide el CGPJ y la solicitud del Gobierno en telecomunicaciones.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 59
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional.
Datos clave
- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conoce de los recursos de casación.
- También conoce de los recursos de revisión.
- Conoce de otros recursos extraordinarios que establezca la ley en materias del orden social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Cuarta del Supremo conoce de casación, revisión y otros recursos extraordinarios que establezca la ley, siempre en materias propias del orden social.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 60
Artículo 60.
1. Conocerá además cada una de las Salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.
Datos clave
- ¿Qué ocurre con el Magistrado recusado cuando su Sala resuelve la recusación? → No forma parte de la Sala a esos efectos.
- ¿Qué cuestiones de competencia resuelve cada Sala del Tribunal Supremo? → Las suscitadas entre Juzgados o Tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común.
- Dos competencias y una cautela: recusaciones, cuestiones de competencia, y el recusado fuera de la Sala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Sala del Supremo conoce de las recusaciones contra sus propios Magistrados y de las cuestiones de competencia de su orden sin otro superior común; el recusado no forma parte de la Sala a esos efectos.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61
1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá: 1.º De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal. 2.º De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos Magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. 3.º De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o contra todos o la mayor parte de los Magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. 4.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean Juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. 5.º Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo. 6.º De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 2. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. 3. Una Sección, formada por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por Secciones distintas de dicha Sala.
Datos clave
- ¿Quién compone la Sala del artículo 61? → El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
- ¿Qué órgano declara la ilegalidad y disolución de un partido político? → La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, conforme a la LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
- ¿Cómo se forma la Sección del artículo 61.3? → Presidente del TS, Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esa Sala: los dos más antiguos y los tres más modernos.
- ¿Desde cuántos Magistrados recusados de una Sala conoce la Sala del 61? → Desde más de dos.
- Composición por antigüedad pura: el más antiguo y el más moderno de cada Sala, con el Presidente del TS y los Presidentes de Sala.
- En la Sección del apartado 3 son 2 + 3: dos más antiguos y tres más modernos.
- Recusación: más de DOS. Responsabilidad civil y causas: todos o la MAYOR PARTE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala especial del Tribunal Supremo (Presidente, Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala) conoce de revisiones, recusaciones, responsabilidad y causas contra magistrados del Supremo, error judicial e ilegalización de partidos.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 bis
Artículo 61 bis.
1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico, que asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos.
2. El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico.
3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de Admisión y otra sección de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber un Letrado del Gabinete Técnico.
Los Letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional.
4. En cada una de las áreas habrá uno o varios Letrados del Gabinete Técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de su respectiva profesión.
5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico.
Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico.
Se añade por el art. único.15 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Datos clave
- ¿Qué antigüedad mínima se exige al Letrado que coordina un área del Gabinete Técnico? → Diez años en el ejercicio de su respectiva profesión.
- ¿Cuál es el límite máximo de la adscripción temporal de miembros adicionales al Gabinete? → Un año.
- ¿Cuántas áreas tiene el Gabinete Técnico y qué secciones puede haber en cada una? → Tantas áreas como órdenes jurisdiccionales; dentro de cada una podrá existir una sección de Admisión y otra de Estudios e Informes.
- Dos cifras del artículo: diez años de antigüedad para coordinar y un año como máximo el refuerzo temporal.
- Dos secciones posibles por área: Admisión y Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber, además, un Letrado del Gabinete Técnico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo asiste en la admisión de asuntos y elabora estudios e informes. Lo forman un Director y Letrados organizados en áreas por órdenes jurisdiccionales.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 quáter
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al Director del Gabinete Técnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración, a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo. 2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección. Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal deberán ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las Administraciones Públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente, a los efectos de fijar los criterios de selección, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal. 3. El Presidente del Tribunal Supremo, oídos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Técnico, someterá a la Sala de Gobierno, para su aprobación, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Técnico. 4. El Presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Técnico.
Datos clave
- ¿Quién nombra al Director del Gabinete Técnico y a propuesta de quién? → El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo.
- ¿Qué subgrupo deben tener los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal? → Subgrupo A1 o asimilados, con titulación en Derecho.
- ¿Cómo se seleccionan los Letrados del Gabinete Técnico? → Mediante concurso de méritos, con los criterios de selección establecidos en el anuncio de la convocatoria.
- Ruta del Letrado: Comisión Permanente convoca → Sala de Gobierno aprueba la propuesta → Pleno del CGPJ nombra.
- Director: propuesta vinculante y consideración de Magistrado del TS solo «a efectos representativos».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nombramiento del Director del Gabinete Técnico (Pleno del Consejo, a propuesta vinculante del Presidente del Supremo) y selección de los Letrados por concurso de méritos, con propuesta aprobada por la Sala de Gobierno.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 quinquies
1. Los Letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, oídos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de tres años. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrán ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. 2. El Director del Gabinete Técnico y los Letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia. 3. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del Gabinete Técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico.
Datos clave
- ¿Por cuánto tiempo se nombra inicialmente a un Letrado del Gabinete Técnico? → Por un año; después puede prorrogarse por periodos sucesivos de tres años.
- ¿En qué situación administrativa quedan el Director y los Letrados del Gabinete? → En situación de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia.
- ¿Quién puede cesar a un Letrado del Gabinete y por qué causa? → El Presidente del Tribunal Supremo, por incumplimiento grave de los deberes de su función.
- 1 + 3: un año de estreno y prórrogas de tres en tres, sin tope de número de prórrogas en el texto.
- El tiempo en el Gabinete no es tiempo perdido: cuenta como antigüedad en el orden jurisdiccional del área.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo se nombran por un año y pueden prorrogarse por periodos de tres; quedan en servicios especiales y el tiempo les cuenta como antigüedad.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 sexies · La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del
Artículo 61 sexies.
La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico.
Se añade por el art. único.19 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Datos clave
- ¿Quién aprueba las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico? → La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo.
- Regla de dos palabras: el Presidente propone, la Sala de Gobierno aprueba.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico del Supremo las aprueba la Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 61 ter
Artículo 61 ter.
La superior dirección del Gabinete Técnico será ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.
Se añade por el art. único.16 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Datos clave
- ¿A quién corresponde la superior dirección del Gabinete Técnico? → Al Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación suya, al Vicepresidente del Tribunal Supremo.
- Superior dirección, el Presidente; el Vicepresidente, solo por delegación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La superior dirección del Gabinete Técnico es del Presidente del Tribunal Supremo; el Vicepresidente solo la ejerce si el Presidente se la delega.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 62
La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
Datos clave
- La Audiencia Nacional tiene su sede en la villa de Madrid.
- Su jurisdicción se extiende a toda España.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos datos de la Audiencia Nacional: su sede está en la villa de Madrid y tiene jurisdicción en toda España.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 63
1. La Audiencia Nacional se compondrá de su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones.
2. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas.
Se modifica por el art. único.5 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- La Audiencia Nacional se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados de cada Sala y Sección.
- El Presidente de la Audiencia Nacional tiene la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo.
- El Presidente de la Audiencia Nacional es el Presidente nato de todas sus Salas.
- El precepto se modificó por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Nacional la componen su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que fije la ley; su Presidente tiene consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo y es Presidente nato de todas sus Salas.
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LO 6/1985 del Poder Judicial · Art. 64
Artículo 64.
1. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas:
De Apelación.
De lo Penal.
De lo Contencioso-Administrativo.
De lo Social.
2. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.
Datos clave
- La Audiencia Nacional se integra por cuatro Salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
- Si el número de asuntos lo aconseja, pueden crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional resuelve los recursos contra resoluciones de la Sala de lo Penal, y sus magistrados pueden ser adscritos a otra Sala cuando la carga de trabajo lo aconseje.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 64 bis
1. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.
2. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden.
Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados y, a ser posible, sus preferencias.
Se añade por el art. único.7 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce de los recursos de apelación contra resoluciones de la Sala de lo Penal.
- Los magistrados pueden ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial a otra Sala de diferente orden, total o parcialmente.
- La adscripción exige el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno y la propuesta del Presidente del Tribunal.
- La adscripción no implica incremento retributivo alguno.
- Se valoran la antigüedad en el escalafón, la especialidad o experiencia y, si es posible, las preferencias del magistrado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional resuelve los recursos de apelación contra la Sala de lo Penal, y sus magistrados pueden ser adscritos a otra Sala de diferente orden si la carga de trabajo lo aconseja.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 65
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, de las causas por los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.
b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
f) Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia.
g) Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.
En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
2.° De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal.
3.º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
4.º De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.
5.º De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de la Sección de lo Penal, de la Sección de Instrucción, incluidas sus funciones como Jueces de garantías en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea, y de la Sección de Menores, del Tribunal Central de Instancia.
6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta.
7.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
8.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes.
Se modifican los puntos 1º, 5º y 6º por el art. 1.13 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica la letra b) y se añade la g) por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-21800#df
Téngase en cuenta que esta modificación entra en vigor el día de su publicación, según establece la disposición final sexta de la citada Ley Orgánica.
Se añade la letra f) al número 1 y se modifica el 5 por la disposición final 2.4 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se renumera el número 7 como 8 y se añade el 7 por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica el número 4º por el art. único.1 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se modifica la letra b) del número 1º por la disposición final 3 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953 .
Se modifica el número 2º por el art. único.1 de la Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-19660 .
Se renumera el número 6º como 7º y se añade un nuevo número 6º por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10614
Se modifica el número 4º por el art. único.1 de la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo. Ref. BOE-A-2003-5450
Se modifica el número 5º por el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659
Se modifica el inciso inicial del número 1º y el número 5º por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- Conoce de los delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o Sucesora, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.
- Conoce de la falsificación de moneda y de tarjetas de crédito y débito falsas cuando las cometen organizaciones o grupos criminales.
- Conoce del tráfico de drogas cometido por bandas o grupos organizados con efectos en distintas Audiencias.
- Conoce de los delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939.
- Conoce de los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, y de la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva.
- Los puntos 1º, 5º y 6º se modificaron por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia una lista cerrada de delitos y sus conexos, asume la cooperación penal internacional y la extradición pasiva, resuelve recursos contra el Tribunal Central de Instancia y conoce del decomiso autónomo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 66
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá:
a) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros, Ministras, Secretarios y Secretarias de Estado que la ley no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.
b) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
c) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.
d) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central.
e) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los magistrados y magistradas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley.
f) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.
Se modifican las letras a), c) y e) por el art. 1.14 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade la letra f) por la disposición final 4.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-4
Se modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 4/2003, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10287
Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Se modifica por el art. 13 de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. Ref. BOE-A-1994-24612
Datos clave
- Conoce en única instancia de los recursos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la ley no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.
- Conoce de los recursos contra actos de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Resuelve la posible prórroga de plazos que le plantee esa Comisión respecto de las medidas de los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003.
- Conoce de los recursos sobre convenios entre Administraciones públicas y resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
- Autoriza, a solicitud de la Agencia Española de Protección de Datos, la declaración de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
- Las letras a), c) y e) se modificaron por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN conoce en única instancia de actos de Ministros y Secretarios de Estado y de la Comisión de Vigilancia del terrorismo, de recursos contra el Tribunal Central de Instancia y de la autorización que pida la AEPD.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 67
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
1.º De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma.
2.º De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.
Datos clave
- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia.
- Conoce de los procesos de impugnación de convenios colectivos de ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
- Conoce de los conflictos colectivos cuya resolución surta efecto en un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de la impugnación de convenios colectivos y de los conflictos colectivos de ámbito superior a una Comunidad Autónoma.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 68
1. Conocerá además cada una de las Salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren contra los Magistrados que las compongan.
2. A estos efectos, los Magistrados recusados no formarán parte de la Sala.
Datos clave
- Cada Sala de la Audiencia Nacional conoce de las recusaciones contra los Magistrados que la componen.
- Los Magistrados recusados no forman parte de la Sala que resuelve la recusación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Sala de la Audiencia Nacional conoce de las recusaciones contra los Magistrados que la componen, y el Magistrado recusado no forma parte de la Sala a estos efectos.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 69
Una Sala formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala.
Datos clave
- La Sala especial la forman el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala.
- Esta Sala conoce de la recusación del Presidente de la Audiencia Nacional.
- También conoce de la recusación de los Presidentes de Sala.
- Igualmente conoce de la recusación de más de dos Magistrados de una misma Sala.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una Sala especial de la Audiencia Nacional conoce de la recusación de su Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 70
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma.
- Esta culminación se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El TSJ es la cúspide de la organización judicial en su Comunidad Autónoma, pero sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 71
El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia toma el nombre de la Comunidad Autónoma.
- Su jurisdicción se extiende al ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Tribunal Superior de Justicia toma el nombre de su Comunidad Autónoma y extiende su jurisdicción al ámbito territorial de esta.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 72
1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, de las Secciones que puedan dentro de ellas crearse.
Datos clave
- El Tribunal Superior de Justicia se integra por tres Salas: Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es también de la Sala de lo Civil y Penal.
- Mientras ejerce el cargo, el Presidente tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
- Se completa con los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley, y con las Secciones que puedan crearse dentro de las Salas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El TSJ tiene tres Salas (Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social). Su Presidente preside también la Sala de lo Civil y Penal y, mientras ejerce, tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 73
1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:
a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.
b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.
c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.
2. Esta Sala conocerá igualmente:
a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.
b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común.
3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:
a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.
d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común.
e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Secciones de Menores de Tribunales de Instancia radicados en distintas provincias de la comunidad autónoma.
6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia.
Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos Magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de éstos, recaerá en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón.
Se modifica el apartado 5 por el art. 1.15 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade un párrafo segundo al apartado 4 por la disposición final 2.5 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se añade la letra e) al apartado 3 por la disposición final 1.3 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica el apartado 6 por el art. único.20 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Se añade la letra c) al apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo. Ref. BOE-A-2011-8846 .
Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se añade la letra c) del apartado 3 y se reordena la anterior letra c) como d) por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095
Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- La Sala de lo Civil y Penal actúa como Sala de lo Civil y como Sala de lo Penal.
- Como Sala de lo Civil conoce del recurso de casación fundado en infracción del derecho civil, foral o especial propio de la comunidad.
- Conoce en única instancia de las demandas de responsabilidad civil contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa.
- Como Sala de lo Penal instruye y falla las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
- Conoce de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
- Para instruir esas causas se designa, por turno preestablecido, un instructor que no forma parte de la Sala para enjuiciarlas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ actúa como Sala de lo Civil (casación y revisión en derecho civil propio, arbitraje, responsabilidad civil de aforados autonómicos) y como Sala de lo Penal (aforados, apelaciones contra Audiencias Provinciales).
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 74
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
b) Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes y Presidentas de Corporaciones locales en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro, Ministra, Secretario o Secretaria de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, a excepción de lo dispuesto en el artículo 82.2. 3.º
j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
k) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la autoridad de protección de datos de la comunidad autónoma respectiva.
2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y de los correspondientes recursos de queja.
3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia con sede en la comunidad autónoma.
5. Corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.
Datos clave
- Las Salas de lo Contencioso-Administrativo conocen en única instancia de los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
- Conocen de las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las Entidades locales.
- Conocen de los actos y resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
- Conocen en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias y autos de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.
- Conocen de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas en esas Secciones.
- Conocen de las cuestiones de competencia entre las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Salas de lo Contencioso del TSJ conocen en única instancia de una larga lista de actos autonómicos, locales y estatales; en segunda instancia de las apelaciones contra las Secciones de lo Contencioso, y además de revisión, competencia y autorizaciones de protección de datos.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 75
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:
1.º En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias en ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.
3.º De las cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Se modifica por el art. 1.17 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2º por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Datos clave
- La Sala de lo Social conoce en única instancia de procesos con ámbito superior a una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma.
- Conoce de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
- Conoce de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral, incluidas las que resuelven incidentes concursales sobre esa materia.
- Conoce de las cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala de lo Social del TSJ juzga en única instancia los conflictos de ámbito supraterritorial pero no superior a la comunidad, resuelve recursos contra las Secciones de lo Social (y de lo Mercantil en materia laboral) y dirime sus cuestiones de competencia.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 76
Cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus Magistrados cuando la competencia no corresponda a la Sala a que se refiere el artículo siguiente.
Datos clave
- Cada Sala del Tribunal Superior de Justicia conoce de las recusaciones contra sus propios Magistrados.
- Esa competencia cede cuando corresponde a la Sala especial prevista en el artículo siguiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por regla general, cada Sala del TSJ conoce de las recusaciones contra sus Magistrados; deja de hacerlo cuando la competencia corresponde a la Sala especial del artículo siguiente.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 77
1. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial.
2. El recusado no podrá formar parte de la Sala, produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo previsto en esta ley.
Datos clave
- La Sala especial de recusaciones la forman el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada Sala.
- Conoce de las recusaciones contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales, o contra dos o más Magistrados de una Sala, Sección o Audiencia Provincial.
- El Magistrado recusado no puede formar parte de la Sala que resuelve la recusación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala especial del TSJ (Presidente, Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una) conoce de las recusaciones de cargos de presidencia y de dos o más Magistrados; el recusado no puede formar parte de ella.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 78
Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas Salas estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.
Datos clave
- Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma.
- Su sede radica en la capital de esa provincia.
- Se forman, como mínimo, por su Presidente.
- Se completan, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter excepcional pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social del TSJ limitadas a una o varias provincias de la Comunidad, con sede en su capital y formadas como mínimo por su Presidente.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 79
La Ley de planta podrá, en aquellos Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas las Salas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que aquélla determine.
Datos clave
- La Ley de planta puede reducir el número de Magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia donde lo justifique el número de asuntos.
- Las Salas reducidas quedan compuestas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados que determine la Ley de planta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de planta podrá reducir el número de Magistrados en los TSJ donde el número de asuntos lo justifique; las Salas quedan entonces con su Presidente y los Presidentes y Magistrados que esa ley determine.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 80
1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82.
2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.
3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se modifica el apartado 1 por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2003-13812
Datos clave
- La Audiencia Provincial tiene su sede en la capital de la provincia y toma de ella su nombre.
- Su jurisdicción se extiende a toda la provincia, salvo lo dispuesto en el art. 82.4.
- Pueden crearse Secciones fuera de la capital, con uno o varios partidos judiciales adscritos.
- El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, puede atribuir en exclusiva determinados asuntos a una sección.
- Esa sección extiende siempre su competencia a todo el ámbito territorial, aunque existan secciones desplazadas.
- El acuerdo de atribución se publica en el Boletín Oficial del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Provincial tiene sede en la capital y jurisdicción en toda la provincia; puede haber Secciones fuera de la capital, y el CGPJ puede atribuir en exclusiva ciertos asuntos a una sección para todo el territorio.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 81
1. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato.
2. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente. En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada año judicial.
3. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia podrán estar formadas por cuatro o más magistrados.
4. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad.
Se modifica el apartado 3 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-15648 .
Se modifica por el art. único.10 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Se añade el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. Ref. BOE-A-1994-24612
Datos clave
- La Audiencia Provincial se compone de un Presidente y dos o más magistrados.
- Si tiene varias Secciones de igual composición, el Presidente de la Audiencia preside una de ellas, elegida al inicio de su mandato.
- Si hay pocos asuntos, la plantilla puede reducirse a uno o dos magistrados, incluido el Presidente.
- En ese caso se completa con magistrados del Tribunal Superior de Justicia, según un turno que fija la Sala de Gobierno cada año judicial.
- Las Secciones pueden estar formadas por cuatro o más magistrados si lo aconseja la mejor Administración de Justicia.
- La adscripción de los magistrados a las secciones es funcional; si están separadas por orden jurisdiccional o especialidad, la adscripción es funcional solo dentro de las del mismo orden o especialidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Audiencia Provincial tiene un Presidente y dos o más magistrados; con pocos asuntos puede tener uno o dos (incluido el Presidente) y se completa con magistrados del TSJ; sus Secciones pueden tener cuatro o más.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 82
1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal:
1.º De las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales previstos en esta ley.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal de los Tribunales de Instancia de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia en juicios por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo magistrado o magistrada, mediante un turno de reparto.
3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y por las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 80.3 de la presente ley orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por las Secciones de Violencia sobre la Mujer, por las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y por las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia de la provincia, en procedimientos en los que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes o víctimas de violencia sobre la mujer.
4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.
5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
6.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
2. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil:
1.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con un solo magistrado o magistrada, mediante un turno de reparto.
2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad y en materia civil, por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de los Tribunales de Instancia de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus Secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 82 bis y 80.3 de la presente ley orgánica.
3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia, salvo las que se dicten en incidentes concursales en materia laboral. Asimismo, conocerán de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas en materia mercantil conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 133 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea.
4. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento:
1.º De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.
2.º De las recusaciones de sus magistrados y magistradas, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.
Téngase en cuenta que la modificación del apartado 2.3º, en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023, según se establece en la disposición final 5 de la citada Ley Orgánica.
Datos clave
- En el orden penal conocen de las causas por delito, salvo las atribuidas a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia u otros Tribunales.
- Los recursos contra resoluciones de Instrucción por delitos leves se resuelven con un solo magistrado, mediante turno de reparto.
- Deben especializarse una o varias Secciones para los recursos sobre Violencia sobre la Mujer y Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- En el orden civil, los recursos contra resoluciones dictadas en juicio verbal por razón de la cuantía se resuelven también con un solo magistrado.
- La Sección de la Audiencia Provincial de Alicante especializada en materia mercantil actúa como Tribunal de Marca de la Unión Europea, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Conocen de las cuestiones de competencia civil y penal entre jueces y magistrados de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mapa de competencias de la Audiencia Provincial: en penal, causas por delito y recursos contra las Secciones de la provincia; en civil, apelaciones civiles, de familia y mercantiles; Alicante como Tribunal de Marca de la UE; y competencia y recusaciones.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 82 bis
1. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de la provincia sobre determinadas materias.
2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, de las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad de la provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que una o varias secciones de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de las Secciones de lo Mercantil y de los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El acuerdo de especialización deberá adoptarse necesariamente cuando el número de plazas de magistrados y magistradas de las Secciones de lo Mercantil existentes en la provincia fuera superior a cinco y podrá tener carácter excluyente del conocimiento de otros recursos atribuidos a la competencia de las secciones de la misma Audiencia Provincial.
Si las secciones especializadas fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir el conocimiento de los recursos entre ellas, en atención a las materias atribuidas a la competencia de las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia.
4. Los acuerdos a que se refiere el presente artículo serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.
Se modifica por el art. 1.19 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade por el art. único.3 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578#au
Datos clave
- El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, puede especializar Secciones en materias civiles determinadas.
- También puede especializarlas en recursos sobre Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y Familia, Infancia y Capacidad.
- Puede especializarlas igualmente en materia mercantil y en recursos contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- La especialización mercantil es obligatoria cuando el número de plazas de magistrados de las Secciones de lo Mercantil de la provincia sea superior a cinco.
- Si hay varias secciones especializadas, el Consejo General del Poder Judicial debe distribuir los recursos entre ellas según la materia.
- Los acuerdos se publican en el Boletín Oficial del Estado y producen efectos desde el inicio del año siguiente, salvo urgencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, puede especializar secciones de la Audiencia Provincial en recursos civiles, de violencia y familia y mercantiles; la mercantil es obligatoria con más de cinco plazas.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 83
1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.
2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-1995-12095
Datos clave
- El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que establezca la ley.
- Su composición y competencia se regulan en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales, en la forma que diga la ley; su composición y competencia están en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 84
1. Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.
2. Los Tribunales de Instancia estarán integrados por una Sección Única, de Civil y de Instrucción. En los supuestos determinados por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, el Tribunal de Instancia se integrará por una Sección Civil y otra Sección de Instrucción.
Además de las anteriores, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados por alguna o varias de las siguientes Secciones:
a) De Familia, Infancia y Capacidad.
b) De lo Mercantil.
c) De Violencia sobre la Mujer.
d) De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
e) De lo Penal.
f) De Menores.
g) De Vigilancia Penitenciaria.
h) De lo Contencioso-Administrativo.
i) De lo Social.
3. Cada Tribunal de Instancia contará con una Presidencia. Las Secciones del Tribunal de Instancia contarán con una Presidencia de Sección cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el Tribunal de Instancia hubiere dos o más Secciones.
b) Que en la Sección de que se trate existan ocho o más plazas judiciales.
c) Que el número total de plazas judiciales del Tribunal de Instancia sea igual o superior a doce.
4. El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en las diferentes Secciones que integren los Tribunales de Instancia. Su adscripción a las referidas Secciones será funcional. Conforme a criterios de racionalización del trabajo, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas destinados o destinadas en una Sección del Tribunal de Instancia podrán conocer de los asuntos de nuevo ingreso de otras Secciones que lo integren, siempre que se trate de asuntos del mismo orden jurisdiccional. Esta asignación se realizará mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Presidencia del Tribunal y oída la Junta de Jueces y Juezas del orden jurisdiccional al que se refiera. Cuando la asignación se acuerde para cubrir ausencias provocadas por la concesión de comisiones de servicio o licencias de larga duración, podrá afectar a los asuntos de nuevo ingreso o a aquellos de los que esté conociendo el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada que se encuentre en alguna de tales situaciones. Dichos acuerdos deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado".
5. Se podrá establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.
6. En el Tribunal de Instancia se podrá nombrar a dos de sus jueces, juezas, magistrados o magistradas, conforme a un turno anual preestablecido y público, para que, junto con aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. En estos casos, para la adopción de cuantas resoluciones se dictaren en el curso del proceso, actuará como ponente aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente. Estos jueces, juezas, magistrados o magistradas conocerán de dicho procedimiento hasta su completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo otros asuntos.
Se modifica por el art. 1.21 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Hay un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital.
- Se integran, como mínimo, por una Sección Única de Civil y de Instrucción, o por una Sección Civil y otra de Instrucción separadas según la Ley 38/1988.
- Pueden tener además Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo y Social.
- Las Secciones tienen Presidencia propia si hay dos o más Secciones, ocho o más plazas judiciales en ella y doce o más plazas en total del Tribunal.
- La adscripción de jueces y magistrados a las Secciones es funcional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hay un Tribunal de Instancia por partido judicial, con Sección Única de Civil y de Instrucción (o dos Secciones en los supuestos de la Ley de Planta) y posibles Secciones especializadas; regula también sus Presidencias y la asignación de asuntos entre Secciones.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 85
Con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las Secciones Civiles o las Civiles y de Instrucción que constituyan una Sección Única extenderán su jurisdicción a un partido judicial.
Estas Secciones conocerán, en el orden civil:
1.º En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros órganos judiciales.
2.º De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.
3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los jueces y las juezas de paz del partido.
4.º De las cuestiones de competencia en materia civil entre los jueces y las juezas de paz del partido.
5.º De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otra Sección o Tribunal.
Se modifica por el art. 1.22 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se suprime el apartado 6 por el art. único.4 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578#au
Se añade el apartado 6 por el art. único.22 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2015-8167#aunico .
Se modifica el apartado 5 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo. Ref. BOE-A-2011-8846 .
Se modifica por el art. único.11 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- Las Secciones Civiles, o Civiles y de Instrucción de Sección Única, extienden su jurisdicción a un partido judicial.
- Conocen en primera instancia de los juicios no atribuidos por la ley a otros órganos judiciales.
- Conocen de los actos de jurisdicción voluntaria.
- Conocen de los recursos y de las cuestiones de competencia frente a los jueces y juezas de paz del partido.
- Conocen de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, salvo que un tratado atribuya la competencia a otra Sección o Tribunal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones Civiles, o las Civiles y de Instrucción que forman Sección Única, tienen jurisdicción en un partido judicial y son el órgano civil residual: juicios no atribuidos a otros, jurisdicción voluntaria, jueces de paz y resoluciones extranjeras.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 86
1. Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Familia, Infancia y Capacidad, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Familia, Infancia y Capacidad que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Familia, Infancia y Capacidad y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces, juezas, magistrados o magistradas de la Sección Civil, o Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que ese juez, jueza, magistrado o magistrada conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
4. En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por una sola plaza judicial, el juez o jueza que la ocupe será quien asuma el conocimiento de los asuntos de familia cuando no se hubiere creado una Sección de Familia, Infancia y Capacidad.
5. Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia de familia en los términos previstos en las leyes. En todo caso, la jurisdicción de estas Secciones será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
a) Las relativas al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y las que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.
b) Las que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos o hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos o hijas menores.
c) Las relativas a modificación de medidas adoptadas en los procesos que versen sobre las materias previstas en las letras anteriores.
d) Las que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.
e) Las relativas a los alimentos entre parientes.
f) Las relativas a las relaciones paternofiliales.
g) Las que versen sobre adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, incluyendo los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico.
h) Las relativas a la protección del menor, incluidas las que sean objeto de los procedimientos regulados en los artículos 778 bis y 778 ter y los capítulos IV bis y V del título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
i) La oposición a las resoluciones y actos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en materia de Registro Civil que se tramitan por el procedimiento del artículo 781 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
j) Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y familia, con excepción de los regulados en los capítulos IX y X del título I de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
k) Las que versen sobre el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
l) El reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras civiles sobre menores, familia y medidas de apoyo.
m) Los procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.
n) Cualesquiera otras materias civiles relativas a la familia o la protección de la infancia o las personas con discapacidad.
Se modifica por el art. 1.23 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica por el art. único.5 de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2022-12578#au
Se deroga por el art. único.2 de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2011-12627 .
Datos clave
- Se crea una Sección de Familia, Infancia y Capacidad cuando la carga de trabajo lo justifique, con jurisdicción en todo el partido judicial.
- El Gobierno puede extender por real decreto su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia.
- Si no hay Sección específica, el CGPJ puede atribuir estos asuntos a un juez de la Sección Civil o Civil y de Instrucción.
- En partidos con Tribunal de Instancia de una sola plaza judicial, el juez de esa plaza asume los asuntos de familia.
- Su jurisdicción es exclusiva y excluyente en materias como matrimonio, guarda y custodia, filiación, adopción, alimentos entre parientes y protección del menor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad se crean según la carga de trabajo, abarcan el partido judicial (o varios por real decreto) y tienen jurisdicción exclusiva y excluyente en una lista de materias de familia, menores y apoyo a la discapacidad.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 87
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, existirá una Sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la provincia y sede en su capital.
2. En aquellas provincias donde, por razón de la carga de trabajo, no se constituya una Sección de lo Mercantil el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponderá a uno de los jueces o a una de las juezas de la Sección Civil, o Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única en el Tribunal de Instancia de la capital de provincia.
3. Por excepción a lo establecido en los apartados anteriores, cuando una provincia tenga una población inferior a los 500.000 habitantes, el Gobierno por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de esta comunidad oído el Consejo General del Poder Judicial, podrá extender a esa provincia la jurisdicción de la Sección de lo Mercantil de otra provincia limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.
4. Cuando un partido judicial cuente con más de 250.000 habitantes y, perteneciendo a la misma provincia, no sea limítrofe con el de su capital, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe favorable previo de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia o a propuesta de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia y oído el Consejo General del Poder Judicial, podrá crear una Sección de lo Mercantil en el Tribunal de Instancia de aquel partido judicial con jurisdicción en él y en aquellos otros partidos judiciales limítrofes que se considere oportuno.
5. En aquellas capitales de provincia en las que exista más de un juez, jueza, magistrado o magistrada en la Sección de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. Si el número de jueces, juezas, magistrados y magistradas de dicha Sección fuera más de cinco, esas solicitudes se repartirán a dos o más igualmente determinados, con exclusión de los demás.
6. Las Secciones de lo Mercantil conocerán de las siguientes materias:
a) De cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho marítimo y derecho aéreo.
Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, las Secciones de lo Mercantil no serán competentes para conocer de las pretensiones basadas exclusivamente en el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.°295/91; en el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004; y en el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004.
b) De las acciones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia.
c) De los recursos directos contra las calificaciones negativas de los registradores y las registradoras mercantiles o, en su caso, contra las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública relativas a esas calificaciones.
7. Las Secciones de lo Mercantil conocerán, además, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores o acreedoras, cualquiera que sea la condición civil o mercantil de la persona deudora, de los planes de reestructuración y del procedimiento especial para microempresas, en los términos establecidos por el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. En relación con la jurisdicción del juez o de la jueza del concurso:
a) En todo caso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra la persona concursada, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.
2.ª Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos de la persona concursada integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en la legislación concursal.
3.ª La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial de la persona deudora.
4.ª La declaración de la existencia de sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los casos de transmisión de unidad o de unidades productivas y la determinación de los límites de esa declaración conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y de seguridad social.
5.ª Las medidas cautelares que afecten o pudieran afectar a los bienes y derechos de la persona concursada integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles sobre provisión de medidas de apoyo y otros relativos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores.
6.ª Las demás materias establecidas en la legislación concursal.
b) Cuando el deudor o la deudora sea persona natural, la jurisdicción del juez o de la jueza del concurso será también exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
2.ª La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal de la persona concursada.
c) Cuando el deudor sea persona jurídica, la jurisdicción del juez o de la jueza del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.ª Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y las acciones para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
2.ª Las acciones de responsabilidad civil contra los administradores, administradoras, liquidadores o liquidadoras, de derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica; y contra las personas, cualquiera que sea su denominación, que tengan atribuidas facultades de la más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo de administración en uno o varios consejeros delegados o en una comisión ejecutiva, por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada. En todo caso, quedará excluida de esta jurisdicción la revisión de las acciones de responsabilidad que ejerzan las Administraciones Públicas en el ejercicio de su autotutela.
3.ª Las acciones de responsabilidad contra los auditores y auditoras por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.
d) La jurisdicción del juez o jueza del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
La suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter colectivo cuando afecten al número de trabajadores establecido en la legislación laboral para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo con este carácter.
e) La jurisdicción del juez o jueza del concurso se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal. La decisión sobre estas cuestiones no surtirá efecto fuera del concurso de acreedores en que se produzca.
8. Las Secciones de lo Mercantil serán competentes para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras cuando éstas versen sobre cualquiera de las materias a que se refiere este artículo, salvo que, según los tratados y otras normas internacionales, el conocimiento de esa materia corresponda a otro órgano judicial.
9. Las Secciones de lo Mercantil tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia, de acuerdo con la atribución de competencia objetiva, territorial y funcional establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de los recursos contra las resoluciones dictadas por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para resolver las cuestiones litigiosas sobre el acuerdo previsto en el artículo 129 bis.3 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Dichos Juzgados podrán, en todo caso, pronunciarse sobre el fondo de la controversia, así como suspender cautelarmente la ejecución de la resolución dictada por la Sección Primera mientras se resuelve el procedimiento en sede judicial.
10. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refiere este artículo, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante tendrá competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el párrafo anterior, dicha Sección se denominará Tribunal de Marca de la Unión Europea y tendrá también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.
Se modifica por el art. 1.25 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade el apartado 3 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17988#au
Se modifica la letra b) y se añade la h) al apartado 1 por la disposición final 1.5 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica la letra g) del apartado 1 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-19949 .
Se añade la letra g) del apartado 1 por el art. único de la Ley Orgánica 5/2006, de 5 de junio. Ref. BOE-A-2006-9957 .
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 10.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se añade el párrafo segundo al apartado 1.a) por el art. 2.1 de la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2002-20822
Se suprime el apartado 2 por el art. único.6 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Se modifica el apartado 1 por el art. 2.2 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Redactada la letra c) del apartado 1 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985. Ref. BOE-A-1985-22752
Datos clave
- Existe, con carácter general, una Sección de lo Mercantil en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia.
- En provincias de menos de 500.000 habitantes, se puede extender la jurisdicción mercantil de una provincia limítrofe de la misma comunidad autónoma.
- En partidos judiciales de más de 250.000 habitantes no limítrofes con la capital, se puede crear una Sección de lo Mercantil propia.
- Conocen de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal, sociedades mercantiles, transporte, derecho marítimo y derecho aéreo.
- Conocen también del concurso de acreedores, los planes de reestructuración y el procedimiento especial para microempresas.
- La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante tiene competencia exclusiva nacional como Tribunal de Marca de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de lo Mercantil tienen jurisdicción provincial, con excepciones por población (500.000 y 250.000 habitantes); conocen de propiedad industrial, competencia, sociedades, transporte y concurso, y la de Alicante es el Tribunal de Marca de la Unión Europea.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 88
1. Con carácter general, en los Tribunales de Instancia, las Secciones de Instrucción o las Secciones Únicas extenderán su jurisdicción a un partido judicial.
Estas Secciones conocerán, en el orden penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, excepto de la instrucción de aquellas causas que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto.
c) Del conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces y juezas de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
d) De los procedimientos de habeas corpus .
e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los jueces y las juezas de paz del partido y de las cuestiones de competencia entre estos.
f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer, infancia y adolescencia cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer o de la Sección correspondiente que asuma el conocimiento de estos asuntos.
g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
2. Asimismo, las Secciones de Instrucción y las Secciones Únicas conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.
3. Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente.
4. Excepcionalmente, el Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, podrá acordar la agrupación de las Secciones de Instrucción y de las Secciones Únicas de varios partidos judiciales limítrofes, dentro de una misma provincia, siempre que, por razón del incremento de las actividades delictivas de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas o personas, se produzca un destacado aumento en el volumen de asuntos penales de esta naturaleza en determinadas zonas o períodos.
La modificación singular en estos casos se limitará al periodo de tiempo en que se produzca la coyuntura que la motiva y a la instrucción de los procesos penales relacionados con los tipos delictivos que justifican el establecimiento de esa agrupación.
Para acordar dicha agrupación será necesario contar con la propuesta o informe tanto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente como de las Juntas de Jueces y Juezas de las poblaciones afectadas.
El Consejo General del Poder Judicial, antes de adoptar decisión alguna sobre la propuesta de que se trate, recabará el parecer del Ministerio de Justicia y el de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia. En todo caso, la efectividad de dicha decisión no implicará el aumento de dotaciones presupuestarias.
5. La agrupación de Secciones a que se refiere el apartado anterior estará presidida por el Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes quien, junto con los Presidentes o Presidentas de Sección que la integren, o, en su defecto, con los Presidentes o Presidentas de los Tribunales de Instancia afectados, elaborará las normas para el reparto de asuntos concretos materia de la agrupación, que posteriormente se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Tales normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos ya en trámite en cada una de las Secciones.
6. El reparto de asuntos entre las diferentes Secciones se realizará por el letrado o la letrada directores del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes de entre los que componen la agrupación. El Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia de ese partido judicial con mayor número de habitantes resolverá, con carácter gubernativo, las cuestiones que se planteen y corregirá las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.
Se modifica por el art. 1.27 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añaden los párrafos segundo y tercero por la disposición final 2.6 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se modifica por el art. único de la Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio. Ref. BOE-A-2010-12133 .
Se modifica por el art. único.2 de la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo. Ref. BOE-A-2003-5450
Se modifica por el art. 2.3 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- Las Secciones de Instrucción o Únicas extienden su jurisdicción a un partido judicial.
- Conocen de la instrucción de causas por delito competencia de las Audiencias Provinciales y de las Secciones de lo Penal, salvo las que sean competencia de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- Conocen del fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de las Secciones de Violencia sobre la Mujer o contra la Infancia y la Adolescencia, y de los procedimientos de habeas corpus.
- El Consejo General del Poder Judicial, con informe de la Fiscalía General del Estado, puede acordar la agrupación de Secciones de varios partidos judiciales limítrofes de una misma provincia.
- La agrupación la preside el Presidente o Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes.
- El reparto de asuntos entre Secciones lo realiza el letrado o letrada director del Servicio Común General del Tribunal de Instancia con mayor número de habitantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Instrucción y Únicas instruyen las causas penales del partido, juzgan delitos leves, llevan el habeas corpus y el internamiento de extranjeros; y el CGPJ puede agruparlas excepcionalmente ante el crimen organizado ligado al tráfico de drogas o personas.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 89
1. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Violencia sobre la Mujer y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que ese juez o jueza conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
2. Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia sobre la Mujer, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, Secciones de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
4. En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por una sola plaza judicial, el juez o jueza que la ocupe será quien asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere este artículo, cuando ninguna Sección de Violencia sobre la Mujer extienda su jurisdicción a ese partido judicial.
5. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra las relaciones familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez o jueza de guardia.
d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a).
e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o los menores o personas con discapacidad con medidas de apoyo que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, así como cuando la persona ofendida lo sea por alguno de los delitos señalados en la letra h) de este apartado.
h) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.
6. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:
a) Los relativos al matrimonio y a su régimen económico matrimonial y los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar y otras acciones derivadas de la crisis matrimonial o de la unión de hecho.
b) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
c) Los relativos a modificación de medidas adoptadas en los procesos que versen sobre las materias previstas en las letras anteriores.
d) Los que versen sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción.
e) Los relativos a las relaciones paternofiliales.
f) Los relativos a la protección del menor, incluidas en los capítulos IV bis y V del título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
g) Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas y familia, con excepción de los regulados en los capítulos IX y X del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.
h) Los que versen sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por los herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como los que se insten frente a estos herederos.
i) Los que versen sobre el reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial.
j) El reconocimiento y la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras civiles sobre menores y familia.
k) Los procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil.
7. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el apartado 6 del presente artículo.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 5. a), o de actos de violencia sexual, en los términos a que hace referencia el apartado 5.h) del presente artículo.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género o de violencia sexual.
d) Que se hayan iniciado ante la Sección de Violencia sobre la Mujer de un Tribunal de Instancia actuaciones penales por delito o delito leve a consecuencia de un acto de violencia de género o de un acto de violencia sexual, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
8. Cuando el juez o la jueza apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género o de violencia sexual, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.
9. En todos estos casos está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
10. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción.
11. El Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de las Secciones de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en órganos judiciales no específicos.
Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión de seguimiento y evaluación de las estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La información mencionada en el párrafo anterior se incorporará a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial.
La información estadística obtenida en aplicación de este apartado deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas.
Igualmente, permitirá establecer un registro estadístico de las menores víctimas de violencia de género, que permita también la desagregación con indicador de discapacidad.
Datos clave
- Se crea en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia sobre la Mujer con jurisdicción en todo el partido judicial.
- El Gobierno puede establecer por real decreto Secciones que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia.
- Conocen en el orden penal de delitos violentos cometidos contra la esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
- En el orden civil conocen de materias como guarda y custodia, alimentos, filiación o protección del menor.
- En todos estos casos está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
- La atribución de competencias en materia de violencia sexual entrará en vigor el 3 de octubre de 2025.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Violencia sobre la Mujer instruyen los delitos de violencia de género y violencia sexual, dictan órdenes de protección y asumen asuntos civiles de familia cuando concurren cuatro requisitos simultáneos; queda vedada la solución alternativa de controversias.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 89 bis
1. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que uno solo de estos jueces o juezas conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
2. Cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo, se creará en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que extenderá su jurisdicción a todo el partido judicial.
3. No obstante lo anterior, excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer por real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
4. En los partidos judiciales en que exista un Tribunal de Instancia con Sección Única integrada por un solo juez será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere este artículo, cuando ninguna Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia extienda su jurisdicción a ese partido judicial.
5. Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal relativos a:
a) Homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto, cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
b) Delitos contra la libertad, delito de torturas y contra la integridad moral, delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra el honor, delitos contra las relaciones familiares, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.
c) Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una de las víctimas sea niño, niña o adolescente.
d) Delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea niño, niña o adolescente.
Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia serán igualmente competentes para:
a) La adopción de las medidas cautelares legalmente previstas que aseguren la protección de las víctimas menores de edad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia.
b) El conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea niño, niña o adolescente.
c) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
d) La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
6. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las víctimas sin excepción.
7. En caso de que los hechos objeto de instrucción por la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia también pudieran ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia le corresponderá en todo caso a la última.
Se modifica por el art. 1.29 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifican los apartados 2 y 3 por la disposición final 1.6 y 7 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica el apartado 4 por el art. único.5 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se añade el apartado 4 por el art. único de la Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo. Ref. BOE-A-2010-4046 .
Se añade el último párrafo de los apartados 2 y 3 por el art. único.2 y 3 de la Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-19660 .
Se añade el párrafo segundo del apartado 2 por la disposición adicional 10.3 bis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-21760 .
Se añade por el art. 2.4 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Datos clave
- Cuando se estime conveniente por razón de la carga de trabajo, se crea en el Tribunal de Instancia una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia con jurisdicción en todo el partido judicial.
- Excepcionalmente, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno puede establecer por real decreto Secciones que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos de una misma provincia.
- Conocen de la instrucción de delitos de homicidio, aborto, lesiones o lesiones al feto cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
- Conocen del delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis del Código Penal cuando al menos una víctima sea menor.
- Cuando los hechos también puedan ser conocidos por la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia corresponde en todo caso a esta última.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia instruyen los delitos violentos cuya víctima es un menor, adoptan medidas cautelares y juzgan delitos leves; si el asunto también encaja en Violencia sobre la Mujer, prevalece esta.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 90
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia, con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de lo Penal.
2. También podrán establecerse Secciones de lo Penal en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
3. Las Secciones de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias plazas judiciales de la Sección de lo Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la presente ley.
4. Corresponde asimismo a las Secciones de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por las Secciones de Instrucción, Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
5. Corresponde a las Secciones de lo Penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
Se modifica por el art. 1.30 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se añade el apartado 7 por la disposición final 4.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-4
Se añade el apartado 6 por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3441 .
Se añade el apartado 5 por el art. 3 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4551 .
Se añade el apartado 4 por el art. único.7 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Datos clave
- Existe una Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción en toda ella.
- Pueden establecerse Secciones de lo Penal en poblaciones distintas de la capital de provincia.
- Ejecutan las sentencias por delito grave o menos grave dictadas por las Secciones de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
- Reconocen y ejecutan resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea.
- Deberán especializarse una o varias plazas judiciales de la Sección de lo Penal para los asuntos de violencia sobre la mujer y de violencia contra la infancia y la adolescencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia de la capital, con jurisdicción provincial; puede haberlas en otras poblaciones. Enjuician delitos, ejecutan sentencias y deben especializar plazas en violencia.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 91
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Secciones de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.
2. Corresponde a las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o delito leve y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
Se modifica por el art. 1.31 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2015-8222#dfprimera .
Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio. Ref. BOE-A-1998-16712
Datos clave
- Existe una Sección de Menores en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Cuando el volumen de trabajo lo aconseje, pueden establecerse Secciones de Menores con jurisdicción en un partido, agrupación de partidos, o dos o más provincias de la misma comunidad autónoma.
- Toman su nombre de la población donde radique su sede.
- Ejercen las funciones legales respecto de menores que hayan incurrido en conductas tipificadas como delito o delito leve.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de Menores en el Tribunal de Instancia de la capital, con jurisdicción provincial; si el volumen lo aconseja, puede haberlas para partidos o varias provincias de una misma comunidad.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 92
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, dentro del orden jurisdiccional penal, existirá una Sección de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la ley en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.
2. Podrán establecerse Secciones de Vigilancia Penitenciaria en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción. El Gobierno establecerá la sede de estas Secciones, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.
3. El número de Tribunales de Instancia con Secciones de Vigilancia Penitenciaria, su ámbito territorial y número de magistrados y magistradas integrantes de cada una de ellas, se determinará en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos.
4. Podrá establecerse que la Sección de Vigilancia Penitenciaria extienda su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, o uno o más partidos dentro de la misma provincia.
5. El juez, jueza, magistrado o magistrada destinado o destinada en una Sección de Vigilancia Penitenciaria podrá compatibilizar las funciones propias de esta Sección con las de otras Secciones del orden jurisdiccional penal del mismo Tribunal de Instancia.
Se modifica por el art. 1.32 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Existe una Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia.
- Tiene funciones de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, y de control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias.
- El Gobierno establece la sede de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria situadas fuera de la capital de provincia, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial.
- Puede extender su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, o a uno o más partidos de la misma provincia.
- El juez o jueza destinado puede compatibilizar estas funciones con las de otras Secciones del orden jurisdiccional penal del mismo Tribunal de Instancia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia de la capital; puede haberlas en otras poblaciones (sede fijada por el Gobierno) y extenderse a varias provincias o partidos.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 93
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, y con jurisdicción en toda ella, existirá una Sección de lo Contencioso-Administrativo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer Secciones de lo Contencioso-Administrativo en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
3. También podrán crearse excepcionalmente Secciones de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma.
4. Las Secciones de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley.
5. También les corresponde autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia.
6. A dichas Secciones les compete igualmente la autorización para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Se modifica por el art. 1.33 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- Existe una Sección de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Pueden crearse excepcionalmente Secciones que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma.
- Conocen en primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que expresamente les atribuya la ley.
- Autorizan mediante auto la entrada en domicilios para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo medidas de protección de menores.
- Autorizan la entrada en domicilios acordada por la Administración Tributaria en procedimientos de aplicación de los tributos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Secciones de lo Contencioso-Administrativo tienen, por regla, sede en la capital y jurisdicción provincial; conocen de los recursos que la ley les atribuya y autorizan por auto entradas en domicilio para ejecutar actos administrativos y tributarios.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 94
1. Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia y con jurisdicción en toda ella existirá una Sección de lo Social.
2. Podrán establecerse Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia, delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción.
Asimismo, las Secciones de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.
3. Las Secciones de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.
Se modifica por el art. 1.34 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.6 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade un nuevo apartado 4 por el art. 1.3 de la Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo. Ref. BOE-A-2003-10614
Datos clave
- Existe una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella.
- Pueden establecerse Secciones de lo Social en poblaciones distintas de la capital de provincia.
- Excepcionalmente pueden extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma.
- Conocen en primera o única instancia de los procesos del orden social no atribuidos a otros órganos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con carácter general hay una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia de la capital; puede haberlas en otras poblaciones y, excepcionalmente, para varias provincias de una comunidad. Conocen en primera o única instancia.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 95
En la Villa de Madrid y con jurisdicción en todo el territorio nacional existirá un Tribunal Central de Instancia, que contará con las siguientes Secciones:
a) Sección de Instrucción, que instruirá las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central de Instancia y tramitará los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley.
En la Sección de Instrucción, los jueces y juezas de garantías conocerán de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente determine la ley.
Igualmente, conocerán de las impugnaciones que establezca la ley contra los decretos de los Fiscales europeos delegados.
b) Sección de lo Penal, que conocerá, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a la Sección de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por la Sección de Instrucción del propio Tribunal Central de Instancia, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.
c) Sección de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley.
d) Sección de Vigilancia Penitenciaria, que tendrá las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 del artículo 92 de esta ley, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de esta Sección será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.
e) Sección de lo Contencioso-Administrativo, que conocerá, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca.
Corresponde también a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la ejecución material de las resoluciones adoptadas por el órgano competente para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, así como la limitación al acceso de los destinatarios al servicio intermediario prevista en el artículo 51.2 b) del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. Igualmente conocerá la Sección de lo Contencioso-Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Corresponde a la Sección de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica.
Se modifica por el art. 1.35 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Datos clave
- El Tribunal Central de Instancia tiene su sede en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Cuenta con cinco Secciones: Instrucción, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo.
- La Sección de Instrucción tramita los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y los procedimientos de extradición pasiva.
- La Sección de Menores conoce de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
- La competencia de la Sección de Vigilancia Penitenciaria es preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas no impuestas por la Audiencia Nacional.
- La Sección de lo Contencioso-Administrativo conoce en primera o única instancia de los recursos contra actos de autoridades y organismos con competencia en todo el territorio nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal Central de Instancia, con sede en Madrid y jurisdicción nacional, tiene cinco Secciones: Instrucción, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo, cada una con sus competencias propias.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 96
1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno y de las Administraciones con competencias en materia de Justicia, que en aquellas circunscripciones donde exista más de una plaza judicial de la misma Sección, una o varias de las personas destinadas en ellas asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.
2. El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y con informe favorable de las Administraciones con competencias en materia de Justicia en cada territorio, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de cinco plazas judiciales en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia existentes, uno o varios de los jueces, juezas, magistrados o magistradas destinados en ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos de entre los que sean competencia de estas Secciones.
3. El Consejo General del Poder Judicial, con informe favorable del Ministerio de Justicia y, en su caso, de la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar la especialización de una o varias plazas judiciales de Tribunales de Instancia de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, estén o no en el mismo partido judicial y, si no lo estuvieran, previa delimitación del ámbito de competencia territorial, asumiendo por tiempo determinado las personas destinadas en ellas el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que al efecto se constituyan.
En estos casos, los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas que ocupen la plaza o plazas objeto del acuerdo de especialización asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos asignados, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a Secciones radicadas en distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros u otras de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía las plazas judiciales de las Secciones de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.
4. Los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial a que se refieren los apartados anteriores se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado" y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte, salvo que, por razones de urgencia, razonadamente se establezca otro momento anterior.
5. Los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas afectados continuarán conociendo hasta su conclusión de todos los procesos que estuvieran pendientes ante los mismos.
Se modifica por el art. 1.36 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 2 por el art. único.7 de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11063 .
Se añade el apartado 2 y se numera el contenido existente como apartado 1 por el art. 3.2 de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-23659
Datos clave
- El CGPJ puede acordar la especialización de plazas judiciales previo informe de las Salas de Gobierno y de las Administraciones con competencias en Justicia.
- En provincias con más de cinco plazas judiciales en las Secciones de lo Mercantil, el CGPJ puede acordar que asuman con carácter exclusivo determinadas clases de asuntos.
- Las plazas judiciales de las Secciones de Instrucción no pueden ser objeto de esta especialización.
- Los acuerdos se publican en el «Boletín Oficial del Estado» y producen efectos desde el inicio del año siguiente a su adopción, salvo razones de urgencia.
- Los jueces, juezas, magistrados y magistradas afectados continúan conociendo hasta su conclusión de los procesos pendientes ante ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres vías para que el CGPJ especialice plazas judiciales, cada una con su trámite; nunca las de Instrucción. Efectos desde el año siguiente al de adopción, y los jueces terminan lo que tenían pendiente.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 99
Artículo 99.
En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz.
Se modifica por el art. 1.39 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica por el art. único.13 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia habrá un juez o una jueza de paz.
- Su jurisdicción se extiende al término correspondiente al municipio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Donde no hay Tribunal de Instancia, cada municipio tiene un juez o una jueza de paz con jurisdicción en su término.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 100
1. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya.
2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
Se modifica el apartado 2 por el art. 1.40 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE-A-2025-76#a1
Se modifica el apartado 1 por el art. único.3 de la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio. Ref. BOE-A-2011-12627 .
Se modifica el apartado 2 por el art. 2.5 de la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29621
Redactado el apartado 2 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985. Ref. BOE-A-1985-22752
Datos clave
- En el orden civil, los Juzgados de Paz conocen en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que determine la ley.
- En el orden penal, conocen en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley.
- Pueden intervenir en actuaciones penales de prevención o por delegación, y en las demás que señalen las leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Juzgados de Paz conocen en lo civil de los procesos que la ley determine y en lo penal, en primera instancia, de los delitos leves que les atribuya la ley; pueden intervenir en actuaciones de prevención o por delegación.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 101
1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.
2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente.
3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno.
4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al Juez de Paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el Ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley.
5. Los Jueces de Paz prestarán juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.
Datos clave
- Los Jueces de Paz y sus sustitutos son nombrados por cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
- Son elegidos por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
- Si no hay solicitantes, el Pleno elige libremente.
- Si en tres meses desde la vacante el Ayuntamiento no propone candidato, la Sala de Gobierno designa al Juez de Paz.
- Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno del Ayuntamiento elige por mayoría absoluta al Juez de Paz y la Sala de Gobierno del TSJ lo nombra por cuatro años; sin propuesta en tres meses, o si el propuesto no reúne condiciones, designa la Sala.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 102
Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Datos clave
- No es necesario ser licenciado en Derecho para ser nombrado Juez de Paz, titular o sustituto.
- Deben reunir los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial y no estar incursos en causas de incapacidad o incompatibilidad.
- Se exceptúa la incompatibilidad por ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para ser Juez de Paz, titular o sustituto, no hace falta ser licenciado en Derecho: basta reunir los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial y no incurrir en incapacidad o incompatibilidad, salvo las actividades profesionales o mercantiles.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 103
1. Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.
Datos clave
- Los Jueces de Paz son retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca.
- Dentro de su circunscripción tienen el tratamiento y precedencia de los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.
- Cesan por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera, en lo que les sea de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Jueces de Paz cobran según el sistema y la cuantía que fije la ley, tienen en su circunscripción el tratamiento de los Jueces de Primera Instancia e Instrucción y cesan al acabar el mandato o por las causas de los Jueces de carrera.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 541
1. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal se regirá por lo que disponga su Estatuto Orgánico.
Se añade por el art. único.125 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644
Datos clave
- El Ministerio Fiscal promueve la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley.
- Actúa de oficio o a petición de los interesados.
- Vela por la independencia de los tribunales y procura ante ellos la satisfacción del interés social.
- Se rige por lo que disponga su Estatuto Orgánico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Misión del Ministerio Fiscal: promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos y el interés público, de oficio o a petición, velar por la independencia judicial y procurar el interés social.
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del · 541 bis
La Fiscalía Europea será responsable de investigar y ejercer la acción penal ante el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra los autores y demás partícipes en los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea en los que, con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, ejerza de forma efectiva su competencia.
Se añade por la disposición final 2.11 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. Ref. BOE-A-2021-10957#df-2
Datos clave
- La Fiscalía Europea investiga y ejerce la acción penal contra los autores y partícipes en delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea.
- Actúa ante el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y en vía de recurso.
- Ejerce su competencia con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Fiscalía Europea investiga y acusa, en primera instancia y en vía de recurso, por los delitos contra los intereses financieros de la UE en los que ejerza de forma efectiva su competencia según el Reglamento (UE) 2017/1939.