Tema A9: El procedimiento administrativo: principios informadores. Los interesados. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del procedimiento.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 1
Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Datos clave
- ¿Qué dos procedimientos incluye expresamente el art. 1.1 dentro del procedimiento común? → El sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
- ¿Qué especialidades pueden establecerse reglamentariamente? → Órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
- Las especialidades reglamentarias son cinco: Órganos, Plazos, Iniciación y terminación, Publicación, Informes. Nemotecnia: OPIPI.
- Triple requisito para que una ley meta trámites nuevos: eficaz, proporcionado y necesario (y motivado). Si falta uno, no vale.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley regula la validez y eficacia de los actos, el procedimiento común (con el sancionador y el de responsabilidad) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Solo una ley puede añadir trámites; el reglamento, especialidades.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 3
Capacidad de obrar. A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Datos clave
- ¿Cuántos supuestos de capacidad de obrar enumera el artículo 3? → Tres.
- ¿Qué menores quedan exceptuados? → Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos de que se trate.
- Son TRES letras, no dos ni cuatro: civil, menores y entes sin personalidad.
- La letra c) siempre depende de que una Ley lo declare expresamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones tres grupos: quienes la tienen según las normas civiles, los menores para lo que el ordenamiento les deja hacer solos (salvo incapacitación que les afecte) y, si una Ley lo declara, entes sin personalidad.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 4
Concepto de interesado. 1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo puede personarse el titular de intereses legítimos afectados? → En tanto no haya recaído resolución definitiva.
- ¿De qué son titulares las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales? → De intereses legítimos colectivos, en los términos que la Ley reconozca.
- Regla de dos palabras: derechos = automático (b); intereses legítimos = hay que personarse (c).
- En la sucesión del apartado 3 no hay plazo ni trámite: entra «cualquiera que sea el estado del procedimiento».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres vías para ser interesado: promover el procedimiento, tener derechos afectados o tener intereses legítimos afectados y personarse antes de la resolución definitiva; además, asociaciones representativas y sucesores.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 5
Representación. 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. 5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. 6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.
Datos clave
- Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, ¿para cuál de estas actuaciones debe acreditarse la representación? → Para renunciar a derechos en nombre de otra persona.
- ¿Qué efecto tiene inicialmente la falta de acreditación suficiente de la representación, según el artículo 5.6 de la Ley 39/2015? → Permite aportar o subsanar la acreditación en el plazo concedido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interesados pueden actuar por representante; para los actos importantes (solicitudes, declaraciones, comunicaciones, recursos, desistimientos, renuncias) hay que acreditarla, para el mero trámite se presume, y el defecto se subsana en diez días.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 7
Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
Datos clave
- ¿Con quién se entienden las actuaciones si varios interesados figuran en una solicitud? → Con el representante o interesado que hayan señalado expresamente y, en su defecto, con el que figure en primer término.
- Dos escalones y en este orden: designación expresa primero, primer término después.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si en una solicitud figuran varios interesados, la Administración actúa con el representante o interesado que hayan señalado expresamente y, si no señalaron a nadie, con el que figure en primer término.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 8
Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué se hace con los nuevos interesados advertidos durante la instrucción? → Se les comunica la tramitación del procedimiento.
- ¿De dónde debe resultar su identificación? → Del expediente.
- Tres filtros: sin publicidad + interés legítimo y directo + identificable desde el expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si en un procedimiento sin publicidad aparecen titulares de derechos o intereses legítimos y directos, identificables por el expediente y que puedan verse afectados por la resolución, se les comunica la tramitación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 13
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.
Datos clave
- ¿Qué canal de comunicación reconoce expresamente el artículo 13.a de la Ley 39/2015? → El Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- ¿Qué derecho recoge el artículo 13.g de la Ley 39/2015 en materia de identificación y firma? → Obtener y utilizar los medios de identificación y firma previstos en la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quienes tienen capacidad de obrar según el artículo 3 disfrutan de nueve derechos en sus relaciones con las Administraciones, del Punto de Acceso General electrónico a la protección de datos, sin perjuicio de los del artículo 53 para los interesados.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 21
Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
Datos clave
- ¿Qué plazo máximo se aplica si la norma reguladora no fija ninguno? → Tres meses.
- ¿Desde cuándo se cuenta el plazo en los procedimientos iniciados de oficio? → Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- ¿Qué supuestos se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa? → La terminación por pacto o convenio y los procedimientos de ejercicio de derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.
- Seis meses es el techo que solo rompe una norma con rango de ley o el Derecho de la UE; tres meses es el plazo supletorio cuando la norma reguladora no fija ninguno.
- Dos excepciones a la obligación de resolver: pacto o convenio, y derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación. La caducidad o el desistimiento NO son excepción: obligan a resolver declarando la circunstancia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración debe resolver y notificar siempre, salvo pacto o convenio y derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación. Plazo: el de la norma, sin pasar de seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si nada dice, tres meses.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 22
Suspensión del plazo máximo para resolver. 1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. 2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos: a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo. b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
Datos clave
- ¿Qué tope tiene la suspensión por informe preceptivo (art. 22.1.d)? → Máximo 3 meses; si no llega, el procedimiento continúa
- ¿Qué diferencia hay entre los apartados 1 y 2 del art. 22? → El 1 son causas de suspensión potestativa/circunstancial; el 2, suspensión automática y obligatoria
- Cita una causa de suspensión obligatoria del art. 22.2 → Por ejemplo, la recusación de un funcionario planteada por los interesados
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El plazo máximo para resolver y notificar puede pararse en siete casos en que la ley dice «se podrá suspender» (apartado 1) y se para en tres casos en que dice «se suspenderá» (apartado 2). La suspensión por informe preceptivo no puede pasar de tres meses.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 23
Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. 1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. 2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
Datos clave
- ¿Cuál es el límite de la ampliación del plazo para resolver? → No puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento.
- ¿Cabe recurso contra el acuerdo de ampliación? → No, aunque debe ser notificado a los interesados.
- Tres datos: excepcional y motivada, tope igual al plazo original, e irrecurrible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Agotados los medios del apartado 5 del artículo 21, el órgano competente puede ampliar, excepcionalmente y de forma motivada, el plazo para resolver y notificar, sin superar el plazo del procedimiento. El acuerdo se notifica y es irrecurrible.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 24
Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado. 2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
Datos clave
- ¿Cuál es la regla general del silencio en procedimientos a instancia de parte (art. 24.1)? → Estimatorio, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional aplicable en España establezca lo contrario
- ¿Qué naturaleza jurídica tiene la estimación por silencio (art. 24.2)? → Acto administrativo finalizador del procedimiento, a todos los efectos
- ¿En qué plazo se expide de oficio el certificado de silencio (art. 24.4)? → 15 días desde que expira el plazo máximo para resolver
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los procedimientos a solicitud, el silencio es estimatorio salvo que una ley, el Derecho de la UE o el internacional digan lo contrario, con una lista de casos desestimatorios. La estimación es acto finalizador; la desestimación solo abre el recurso.
Esquema
| Estimación | Desestimación | |
|---|---|---|
| Efecto | Acto administrativo finalizador del procedimiento | Solo permite interponer el recurso procedente |
| Resolución expresa posterior | Solo si es confirmatoria | Sin vinculación al sentido del silencio |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 25
Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
Datos clave
- ¿Qué efecto tiene el silencio en un procedimiento de oficio del que pudieran derivarse derechos? → Los interesados que hubieran comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones.
- ¿Y en un procedimiento sancionador o de intervención? → Se produce la caducidad, y la resolución que la declara ordena el archivo de las actuaciones.
- Favorable de oficio → desestimación. Desfavorable de oficio → caducidad. No hay silencio positivo en el artículo 25.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los procedimientos de oficio, vencer el plazo no exime de resolver: si podían reconocer derechos, los comparecidos entienden desestimadas sus pretensiones; si eran sancionadores o de intervención, hay caducidad y archivo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 29
Obligatoriedad de términos y plazos. Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
Datos clave
- ¿A quiénes obligan los términos y plazos? → A las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones competentes para la tramitación, y a los interesados.
- Artículo de una línea con dos destinatarios: Administración e interesados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los términos y plazos de esta u otras leyes obligan por igual a las autoridades y personal competentes para tramitar y a los interesados en los asuntos.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 30
Cómputo de plazos. 1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. 2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. 3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. 8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
Datos clave
- ¿Qué días se excluyen del cómputo por días hábiles? → Sábados, domingos y festivos (art. 30.2).
- ¿Qué pasa si el último día del plazo es inhábil? → Se prorroga al primer día hábil siguiente (art. 30.5).
- Si el mes de vencimiento no tiene día equivalente, ¿cuándo expira el plazo? → El último día de ese mes (art. 30.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómputo de plazos: horas y días son hábiles salvo otra previsión; días desde el siguiente a la notificación; meses y años hasta el mismo día; si el último es inhábil, se prorroga; hábil en un sitio e inhábil en otro, inhábil.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 31
Cómputo de plazos en los registros. 1. Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. 2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. 3. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6.
Datos clave
- ¿Cuándo se entiende presentado un documento registrado en día inhábil? → En la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31.2.b).
- ¿Qué calendario de inhábiles rige el registro electrónico? → El de su propia sede electrónica, no el del art. 30.6 (art. 31.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo cuentan los plazos en el registro electrónico: rige la fecha y hora oficial de la sede, se presenta todo el año las veinticuatro horas, lo presentado en día inhábil cuenta como hecho al inicio del primer hábil y el calendario de inhábiles es el de la propia sede.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 32
Ampliación. 1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. 3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. 5. Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos.
Datos clave
- ¿Cuánto se puede ampliar como máximo un plazo? → Hasta la mitad del plazo establecido (art. 32.1).
- ¿Se puede ampliar un plazo ya vencido? → No, en ningún caso (art. 32.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración puede ampliar plazos hasta la mitad si lo aconsejan las circunstancias y no perjudica a terceros; siempre antes del vencimiento y sin recurso. Hay ampliación máxima obligatoria en casos con el extranjero y ampliaciones por incidencias técnicas o ciberincidentes.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 33
Tramitación de urgencia. 1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué plazos NO se reducen en la tramitación de urgencia? → Los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- ¿Cabe recurso contra el acuerdo que declara la urgencia? → No, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
- Dos datos que caen siempre: la excepción (solicitudes y recursos) y la irrecurribilidad del acuerdo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por interés público, de oficio o a petición, se puede tramitar con urgencia: los plazos se reducen a la mitad, salvo los de solicitudes y recursos, y el acuerdo de urgencia no es recurrible.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 54
Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
Datos clave
- Existen dos clases de iniciación del procedimiento administrativo.
- Iniciación de oficio, por la propia Administración.
- Iniciación a solicitud del interesado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos administrativos pueden iniciarse de dos formas: de oficio o a solicitud del interesado.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 55
Información y actuaciones previas. 1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
Datos clave
- ¿Para qué sirve el período de información o actuaciones previas? → Para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
- ¿Quién realiza las actuaciones previas en un procedimiento sancionador? → Los órganos con funciones de investigación, averiguación e inspección y, en su defecto, quien determine el órgano competente para iniciar o resolver.
- Tres cosas en sancionador: hechos, responsables y circunstancias. Y órgano investigador, no cualquiera.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de abrir un procedimiento, el órgano competente puede investigar si merece la pena iniciarlo. En materia sancionadora esas actuaciones previas buscan hechos, responsables y circunstancias.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 56
Medidas provisionales. 1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: a) Suspensión temporal de actividades. b) Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. 4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Datos clave
- ¿Qué plazo hay para confirmar medidas provisionales previas? → 15 días desde su adopción (art. 56.2).
- ¿Qué límite tienen las medidas provisionales? → No pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación ni violar derechos amparados por ley (art. 56.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución: durante el procedimiento las adopta el órgano competente para resolver; antes de iniciarlo, por urgencia inaplazable, el competente para iniciar o instruir, con confirmación en el acuerdo de iniciación en quince días.
Esquema
| Iniciado el procedimiento | Antes de iniciarlo | |
|---|---|---|
| Órgano | Competente para resolver | Competente para iniciar o instruir |
| Presupuesto | Elementos de juicio suficientes | Urgencia inaplazable |
| Plazo | No fija | Acuerdo de iniciación en quince días |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 57
Acumulación. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
Datos clave
- ¿Cabe recurso contra el acuerdo de acumulación? → No: contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno.
- ¿Qué relación deben guardar los procedimientos acumulados? → Identidad sustancial o íntima conexión.
- Tres requisitos: conexión, mismo órgano y que ese órgano tramite Y resuelva. Y ningún recurso contra el acuerdo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El órgano que inicia o tramita un procedimiento puede acumularlo, de oficio o a instancia de parte, a otros con identidad sustancial o íntima conexión si es el mismo órgano el que debe tramitarlo y resolverlo. Contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 58
Iniciación de oficio. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Datos clave
- ¿Cuáles son las formas de iniciación de oficio del art. 58? → Acuerdo del órgano competente por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- Cuenta cuatro y ordénalas de dentro a fuera: propia iniciativa → orden superior → petición razonada de otro órgano → denuncia (la única que puede venir de un particular).
- La petición de otros órganos tiene un adjetivo que cae: debe ser «razonada».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los procedimientos de oficio se inician siempre por acuerdo del órgano competente, y ese acuerdo puede venir de cuatro vías: propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 59
Inicio del procedimiento a propia iniciativa. Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
Datos clave
- ¿Qué se entiende por propia iniciativa? → La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de los hechos por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
- Las cuatro formas de inicio de oficio son artículos consecutivos: 59, 60, 61 y 62.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Propia iniciativa: el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación actúa porque conoce, directa o indirectamente, las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 60
Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior. 1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. 2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
Datos clave
- ¿Quién emite una orden superior? → Un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
- ¿Qué debe expresar la orden en un procedimiento sancionador? → Los presuntos responsables, las conductas o hechos y su tipificación, y el lugar, fecha o período en que se produjeron.
- Trío sancionador: responsables, hechos con su tipificación, y lugar y fecha. Aparece en el 60.2 y en el 61.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Orden superior: la emite un órgano administrativo superior jerárquico del competente para iniciar. En los sancionadores debe expresar, en la medida de lo posible, responsables, hechos y su tipificación, y lugar y tiempo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 61
Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. 1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. 2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. 3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.
Datos clave
- ¿Vincula la petición razonada al órgano competente? → No, pero deberá comunicar al órgano que la formuló los motivos por los que no procede la iniciación.
- ¿Qué debe individualizar la petición en responsabilidad patrimonial? → La lesión producida, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que se produjo.
- Lo que más cae: no vincula, pero obliga a comunicar los motivos de no iniciar.
- Los cuatro datos de responsabilidad patrimonial: lesión, causalidad, evaluación económica y momento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La petición razonada es la propuesta de iniciar un procedimiento que hace un órgano sin competencia para ello. No vincula al competente, que debe comunicar los motivos si no inicia.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 62
Inicio del procedimiento por denuncia. 1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. 5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
Datos clave
- ¿Da la denuncia la condición de interesado? → No, por sí sola no la otorga (art. 62.5).
- ¿Qué beneficio tiene el primer denunciante que aporta pruebas decisivas? → El órgano competente deberá eximirle del pago de la multa u otra sanción no pecuniaria, si cumple los requisitos exigidos (art. 62.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Denunciar es poner en conocimiento de la Administración un hecho que podría justificar iniciar un procedimiento de oficio. No convierte en interesado y el denunciante que participó puede librarse o rebajar la multa.
Esquema
| Exención | Reducción | |
|---|---|---|
| Efecto | Deberá eximir de la multa u otra sanción no pecuniaria | Deberá reducir la multa o la sanción no pecuniaria |
| Requisito propio | Primero en aportar pruebas, sin elementos suficientes previos, y repara el perjuicio | Pruebas con valor añadido significativo |
| Común | Cesar en la infracción y no destruir pruebas | Cesar en la infracción y no destruir pruebas |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 66
Solicitudes de iniciación. 1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. d) Lugar y fecha. e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. 2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. 4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. 5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. 6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.
Datos clave
- ¿Qué debe expresar con claridad una solicitud de iniciación, según el artículo 66.1.c de la Ley 39/2015? → Los hechos, razones y petición en que se concrete.
- ¿Qué datos del destinatario exige el artículo 66.1.f de la Ley 39/2015 en una solicitud? → El órgano, centro o unidad y su correspondiente código de identificación.
- Si se establece expresamente un modelo específico para un procedimiento, ¿qué dispone el artículo 66.6 de la Ley 39/2015? → Su uso es obligatorio para los interesados.
- ¿Qué caracteriza a una solicitud de iniciación del artículo 66 de la Ley 39/2015? → Expresa claramente hechos, razones y la petición que se formula.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contenido obligatorio de toda solicitud (seis letras), solicitud única para varias personas con pretensiones iguales, derecho a recibo, modelos de presentación masiva voluntarios y modelos específicos obligatorios cuando la Administración los establece expresamente.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 68
Subsanación y mejora de la solicitud. 1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. 2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento. 4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo ordinario de subsanación de una solicitud previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015? → Diez días.
- ¿Qué debe advertir el requerimiento de subsanación del artículo 68.1 de la Ley 39/2015? → Que no subsanar dará lugar al desistimiento, previa resolución.
- Si una persona obligada presenta presencialmente su solicitud y luego subsana electrónicamente, ¿qué fecha cuenta según el artículo 68.4 de la Ley 39/2015? → La fecha en que se realizó la subsanación electrónica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una solicitud incompleta se subsana en diez días, con aviso de desistimiento previa resolución; ampliables hasta cinco días salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Cabe mejora voluntaria y, si un obligado presenta en papel, cuenta la fecha de la subsanación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 69
Declaración responsable y comunicación. 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. 4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. 6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.
Datos clave
- ¿Desde cuándo permite actuar una declaración responsable o comunicación? → Desde el día de su presentación, sin perjuicio del control posterior (art. 69.3).
- ¿Pueden exigirse declaración responsable y comunicación a la vez? → No, solo una de las dos (art. 69.6).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Declaración responsable y comunicación: qué es cada una, que habilitan desde el día de su presentación sin perjuicio del control posterior, qué pasa si hay inexactitud, falsedad u omisión esencial y que solo puede exigirse una de las dos.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 70
Expediente Administrativo. 1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. 3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. 4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué es el expediente administrativo? → El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
- ¿Cómo se remite el expediente electrónico? → Completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice también autentificado, conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Cuatro adjetivos al remitir: completo, foliado, autentificado y con índice autentificado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que fundamentan la resolución y las diligencias para ejecutarla. Es electrónico, se remite completo, foliado, autentificado y con índice autentificado, y excluye la información auxiliar o de apoyo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 71
Impulso. 1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. 2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo. 3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.
Datos clave
- ¿Qué orden se guarda en el despacho de los expedientes? → El riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad.
- ¿Qué consecuencia tiene incumplirlo? → Responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, causa de remoción del puesto de trabajo.
- Tres ideas: celeridad e impulso de oficio, orden riguroso de incoación y responsabilidad del instructor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Celeridad e impulso de oficio por medios electrónicos; despacho por riguroso orden de incoación en asuntos homogéneos salvo orden motivada del titular de la unidad; y el instructor o titular de la unidad responde directamente de la tramitación y de los plazos.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 72
Concentración de trámites. 1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. 2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.
Datos clave
- ¿Qué debe consignarse al solicitar trámites a otros órganos? → El plazo legal establecido al efecto.
- Dos ideas: acumular lo simultáneo y avisar del plazo a quien tiene que cumplirlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por simplificación administrativa, se acuerdan en un solo acto los trámites que admitan impulso simultáneo y no deban cumplirse sucesivamente; y al pedir trámites a otros órganos se indica el plazo legal.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 73
Cumplimiento de trámites. 1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. 2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. 3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Datos clave
- ¿En qué plazo deben cumplimentar los interesados los trámites a su cargo? → En diez días a partir del siguiente al de la notificación del acto, salvo que la norma fije otro plazo.
- ¿Hasta cuándo se admite la actuación del interesado declarado decaído? → Si se produce antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tiene por transcurrido el plazo.
- Dos dieces: diez días para el trámite y diez días para subsanar el acto defectuoso.
- El plazo arranca «a partir del siguiente al de la notificación»: el día de la notificación no cuenta.
- Palabra clave del apartado 3: «antes o dentro del día» de la notificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los interesados tienen diez días para cumplir sus trámites y diez para subsanar actos defectuosos; si no, pueden perder el trámite, aunque se admite su actuación hasta el día en que se notifique que el plazo pasó.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 74
Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
Datos clave
- ¿Qué cuestión incidental suspende la tramitación del procedimiento? → Solo la recusación.
- Una excepción y solo una: recusación. Si la respuesta del test añade cualquier otra cosa, es falsa.
- El «incluso» de la nulidad de actuaciones está puesto justo para que caiga: es incidente y no suspende.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cuestiones incidentales no paran el procedimiento, ni siquiera las de nulidad de actuaciones. La única que suspende la tramitación es la recusación.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 75
Actos de instrucción. 1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. 2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. 3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.
Datos clave
- ¿Qué dos principios debe garantizar el órgano instructor? → Contradicción e igualdad de los interesados en el procedimiento.
- ¿Cómo se practican los actos de instrucción que requieren la intervención del interesado? → En la forma más conveniente para él y compatible, en lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- Cuatro apartados, cuatro ideas: de oficio, sistemas que controlan plazos, comodidad del interesado, contradicción e igualdad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos de instrucción los hace de oficio y por medios electrónicos el órgano que tramita; los sistemas controlan plazos y responsables; si interviene el interesado, de la forma más conveniente para él; y siempre con contradicción e igualdad.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 76
Alegaciones. 1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo pueden aducirse alegaciones y aportar documentos? → En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- ¿A qué pueden dar lugar las alegaciones sobre defectos de tramitación? → A la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria, si hubiere razones para ello.
- Dos relojes distintos: alegaciones de fondo hasta la audiencia; defectos de tramitación, en todo momento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos relojes: alegaciones y documentos, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, y se tienen en cuenta en la propuesta de resolución; los defectos de tramitación, en todo momento, y pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 77
Medios y período de prueba. 1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. 3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. 3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. 4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. 6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. 7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
Datos clave
- ¿Cuál es la horquilla del período ordinario de prueba? → No superior a treinta días ni inferior a diez.
- ¿Cuándo puede el instructor rechazar las pruebas propuestas? → Solo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
- ¿Qué ocurre en el sancionador con los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes? → Vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.
- Tres cifras en escalera: mínimo 10, máximo 30 para el ordinario; máximo 10 para el extraordinario.
- El extraordinario solo va a petición de los interesados; el ordinario lo acuerda el instructor por sí mismo.
- Para rechazar prueba hacen falta las dos cosas: que sea manifiestamente improcedente o innecesaria y resolución motivada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los hechos se prueban por cualquier medio admisible en Derecho. Período ordinario de prueba entre diez y treinta días, extraordinario de hasta diez; rechazo de pruebas solo si son manifiestamente improcedentes o innecesarias, con resolución motivada; y reglas especiales de valor probatorio.
Esquema
| Ordinario | Extraordinario | |
|---|---|---|
| Cuándo | Hechos no tenidos por ciertos o lo exige la naturaleza del procedimiento | Cuando el instructor lo considere necesario |
| Iniciativa | Lo acuerda el instructor | El instructor, a petición de los interesados |
| Plazo | Entre diez y treinta días | No superior a diez días |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 78
Práctica de prueba. 1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Datos clave
- ¿Qué debe consignar la notificación de la práctica de la prueba? → El lugar, la fecha y la hora, con advertencia en su caso de que el interesado puede nombrar técnicos que le asistan.
- ¿Cuándo puede exigirse anticipo de gastos de prueba? → Cuando la prueba se practique a petición del interesado e implique gastos que no deba soportar la Administración.
- Tres datos: antelación suficiente; lugar, fecha y hora más técnicos; y anticipo de gastos con liquidación posterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las pruebas admitidas se comunican con antelación suficiente, indicando lugar, fecha y hora y, en su caso, que se pueden nombrar técnicos. Si una prueba pedida por el interesado genera gastos que no debe soportar la Administración, esta puede exigir un anticipo.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 79
Petición. 1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. 2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.
Datos clave
- ¿Qué debe hacerse al pedir un informe no preceptivo? → Fundamentar la conveniencia de reclamarlo y concretar los extremos sobre los que se solicita.
- Dos exigencias formales: citar el precepto o fundamentar, y concretar el objeto del informe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se piden los informes preceptivos y los que se juzguen necesarios para resolver, citando el precepto que los exige o fundamentando la conveniencia de reclamarlos, y concretando siempre los extremos sobre los que se solicitan.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 80
Emisión de informes. 1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. 3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22. 4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
Datos clave
- ¿Cuál es el carácter de los informes salvo disposición expresa en contrario? → Facultativos y no vinculantes.
- ¿Qué ocurre si no se emite en plazo un informe preceptivo? → Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver en los términos del art. 22.1.d).
- Regla por defecto, dos adjetivos: facultativos y no vinculantes. Para que sean otra cosa hace falta disposición expresa.
- Diez días es la regla general de emisión; el plazo puede ser mayor o menor si otra disposición o los plazos del procedimiento lo exigen.
- Solo el preceptivo abre la puerta a la suspensión del art. 22.1.d).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Salvo disposición en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes, y se emiten electrónicamente en diez días. Si no llegan, se puede seguir; si es preceptivo, se puede suspender el plazo para resolver; y el de otra Administración emitido tarde puede no tenerse en cuenta.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 81
Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. 3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.
Datos clave
- ¿A partir de qué cuantía es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado? → Cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros, o a la cuantía que establezca la legislación autonómica.
- ¿Sobre qué debe pronunciarse ese dictamen? → Sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño.
- Tres cifras que caen: diez días el informe del servicio, 50.000 euros el umbral del dictamen y dos meses su emisión.
- El dictamen se pronuncia sobre causalidad y valoración: esas son las dos cuestiones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En responsabilidad patrimonial siempre hay informe del servicio causante (diez días); desde 50.000 euros, dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico (dos meses); y en Justicia, informe del CGPJ.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 82
Trámite de audiencia. 1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. 2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.
Datos clave
- ¿Cuándo se practica la audiencia? → Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución (art. 82.1).
- ¿Plazo de la audiencia? → Entre 10 y 15 días (art. 82.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Instruido el procedimiento y justo antes de la propuesta de resolución, se da audiencia a los interesados durante diez a quince días. Puede omitirse si solo cuentan los hechos y pruebas del propio interesado, y en los casos del art. 32.9 de la LRJSP hay que oír siempre al contratista.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 83
Información pública. 1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. 2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. 3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo mínimo para formular alegaciones en información pública? → Veinte días.
- ¿Otorga la comparecencia la condición de interesado? → No, pero quien presente alegaciones tiene derecho a obtener una respuesta razonada.
- Tres datos: mínimo veinte días, comparecer no da condición de interesado, y respuesta razonada que puede ser común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El órgano que resuelve puede abrir información pública para que cualquiera examine el expediente y alegue en un plazo de al menos veinte días. Comparecer no hace interesado, pero quien alega tiene derecho a respuesta razonada.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 84
Terminación. 1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
Datos clave
- ¿Qué formas de terminación recoge el artículo 84? → Resolución, desistimiento, renuncia al derecho, declaración de caducidad e imposibilidad material sobrevenida.
- ¿Debe motivarse la resolución por imposibilidad material? → Sí, en todo caso.
- Cuatro del apartado 1 más la imposibilidad material del apartado 2: cinco en total.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento termina por resolución, desistimiento, renuncia (si no está prohibida), declaración de caducidad y, también, por imposibilidad material sobrevenida, cuya resolución debe motivarse en todo caso.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 86
Terminación convencional. 1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos. 5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Datos clave
- ¿Cuál es el contenido mínimo de los instrumentos de terminación convencional? → La identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia.
- ¿Qué acuerdos requieren aprobación expresa del Consejo de Ministros? → Los que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
- Tres límites: no contrario al ordenamiento, materia transigible e interés público.
- Contenido mínimo en tres bloques: partes, ámbito (personal, funcional y territorial) y vigencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden terminar o preparar la resolución de un procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos, con tres límites, un contenido mínimo y aprobación del Consejo de Ministros u órgano autonómico equivalente en sus materias de competencia directa.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 87
Actuaciones complementarias. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
Datos clave
- ¿Qué no tiene la consideración de actuación complementaria? → Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
- ¿Qué ocurre con el plazo para resolver? → Queda suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
- Dos cifras que se cruzan: quince días para practicarlas, siete para alegar después.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes de resolver, el órgano competente para resolver puede acordar motivadamente actuaciones complementarias indispensables: se practican en quince días como máximo, los interesados tienen siete días para alegar después y el plazo para resolver queda suspendido.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 88
Contenido. 1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. 3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley. 5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. 6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. 7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente.
Datos clave
- ¿Qué exige el artículo 88.3 de la Ley 39/2015 sobre la motivación de la resolución? → Que sea motivada en los casos a que se refiere el artículo 35.
- En procedimientos tramitados a solicitud del interesado, ¿qué impide el artículo 88.2 de la Ley 39/2015? → Que la resolución agrave su situación inicial en ese procedimiento.
- Según el artículo 88.1 de la Ley 39/2015, ¿qué debe decidir la resolución que pone fin al procedimiento? → Las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución decide todo lo planteado y lo derivado, es congruente con lo pedido sin agravar al solicitante, se motiva en los casos del art. 35, indica los recursos, se dicta electrónicamente y no puede omitirse por oscuridad o insuficiencia de la norma.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 93
Desistimiento por la Administración. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
Datos clave
- El desistimiento de la Administración solo cabe en los procedimientos iniciados de oficio.
- Debe ser motivado.
- Solo procede en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración puede desistir en los procedimientos iniciados de oficio, de forma motivada y solo en los supuestos y con los requisitos que prevean las Leyes.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 94
Desistimiento y renuncia por los interesados. 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
Datos clave
- ¿De cuánto tiempo disponen los terceros personados para instar la continuación? → De diez días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia.
- ¿Qué condición añade la ley a la renuncia y no al desistimiento? → Que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.
- Desistimiento = la solicitud; renuncia = el derecho. Solo la renuncia lleva la cláusula «cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico».
- Diez días para que el tercero personado inste la continuación, contados desde que se le notificó el desistimiento o la renuncia.
- Si hay varios solicitantes, el abandono es a la carta: solo afecta a quien lo formula.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos si no está prohibido. Solo afecta a quien lo formula, la Administración lo acepta de plano y cierra el procedimiento, salvo que terceros personados pidan seguir en diez días o haya interés general.
Esquema
| Desistimiento | Renuncia | |
|---|---|---|
| Objeto | La solicitud | Los derechos |
| Límite | El texto no fija ninguno | Que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 95
Requisitos y efectos. 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. 2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. 4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
Datos clave
- ¿Qué plazo debe transcurrir para que se produzca la caducidad del art. 95? → Tres meses desde la advertencia, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado paralizados por causa imputable al mismo.
- ¿Qué trámites deben cumplimentarse en todo caso en el nuevo procedimiento? → Los de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
- ¿Cuándo puede no aplicarse la caducidad? → Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
- Tres meses y advertencia previa: sin aviso no hay caducidad.
- Frase que cae textual: «los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción».
- Los tres trámites que hay que repetir sí o sí en el nuevo procedimiento: alegaciones, proposición de prueba y audiencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En procedimientos a solicitud del interesado paralizados por causa imputable a él, tras advertirle, a los tres meses se acuerda el archivo por caducidad. La simple inactividad en trámites no indispensables no la produce, y los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 97
Título. 1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.
Datos clave
- ¿Qué se exige antes de una actuación material de ejecución que limite derechos? → Que se haya adoptado previamente la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
- Dos exigencias: resolución previa y notificación de esa resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ninguna actuación material de ejecución que limite derechos puede iniciarse sin la resolución previa que le sirva de fundamento, y quien ordena la ejecución debe notificar esa resolución al interesado.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 98
Ejecutoriedad. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación o autorización superior. 2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria. d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
Datos clave
- ¿Cuáles son las cuatro excepciones a la ejecutividad inmediata? → Suspensión de la ejecución, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario y necesidad de aprobación o autorización superior.
- ¿Cómo se abonan preferentemente las obligaciones de pago a la Hacienda pública? → Por medios electrónicos: tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación u otros autorizados.
- Cuatro excepciones: suspensión, sanción recurrible, disposición en contra y aprobación superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos salvo en cuatro casos, y los pagos a la Hacienda pública que nazcan de una resolución se hacen preferentemente por medios electrónicos, salvo imposibilidad justificada.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 99
Ejecución forzosa. Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
Datos clave
- ¿Qué requisito previo exige la ejecución forzosa? → El apercibimiento.
- ¿En qué casos no cabe la ejecución forzosa administrativa? → Cuando se suspenda la ejecución conforme a la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
- Palabra clave: apercibimiento previo. Y dos límites: suspensión y reserva judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones, por sus órganos competentes, pueden ejecutar forzosamente sus actos previo apercibimiento, salvo que la ejecución esté suspendida conforme a la Ley o que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 100
Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. 2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Datos clave
- ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa? → Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
- ¿Qué criterio se sigue si caben varios medios? → Elegir el menos restrictivo de la libertad individual.
- Orden del artículo: apremio, subsidiaria, coercitiva, compulsión. De lo patrimonial a lo personal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro medios de ejecución forzosa, siempre con proporcionalidad: apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión. Si caben varios, el menos restrictivo de la libertad; y para entrar en un domicilio, consentimiento del titular o autorización judicial.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 101
Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
Datos clave
- ¿Qué procedimiento se sigue para hacer efectiva una cantidad líquida? → El procedimiento de apremio previsto en sus normas reguladoras.
- ¿Puede imponerse una obligación pecuniaria sin norma de rango legal? → No.
- Dos ideas: apremio para lo líquido y reserva de ley para toda obligación de pago.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un acto obliga a pagar una cantidad líquida, se sigue el procedimiento de apremio; y nunca puede imponerse una obligación pecuniaria que no esté establecida con arreglo a una norma de rango legal.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 102
Ejecución subsidiaria. 1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
Datos clave
- ¿Cuándo procede la ejecución subsidiaria? → Cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
- ¿Puede exigirse el importe antes de la ejecución? → Sí, liquidándolo de forma provisional, a reserva de la liquidación definitiva.
- La clave del artículo es «no personalísimos». Y el cobro puede ser anticipado y provisional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ejecución subsidiaria: si el acto no es personalísimo y puede hacerlo otro, la Administración lo realiza, por sí o por quien determine, a costa del obligado, y puede liquidar el importe provisionalmente antes de ejecutar.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 103
Multa coercitiva. 1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
Datos clave
- ¿Es la multa coercitiva compatible con una sanción? → Sí: es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.
- ¿Qué se necesita para imponerla? → Que una Ley lo autorice, en la forma y cuantía que ella determine.
- Tres supuestos: no cabe compulsión, cabe pero no conviene, o puede encargarlo a otro.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si las Leyes lo autorizan y en la forma y cuantía que fijen, la Administración puede imponer multas coercitivas reiteradas para ejecutar ciertos actos, en tres supuestos. Son independientes de las sanciones y compatibles con ellas.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 104
Compulsión sobre las personas. 1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. 2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.
Datos clave
- ¿Para qué obligaciones cabe la compulsión sobre las personas? → Para las personalísimas de no hacer o soportar, cuando la ley expresamente lo autorice.
- ¿Qué ocurre si no se cumple una obligación personalísima de hacer? → El obligado debe resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se hace en vía administrativa.
- No hacer o soportar → compulsión. Hacer → indemnización. Es la distinción que se pregunta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La compulsión directa sobre las personas solo cabe para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, si la ley lo autoriza expresamente y con respeto a la dignidad; si no se cumple una personalísima de hacer, se resarcen daños y perjuicios.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 105
Prohibición de acciones posesorias. No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
Datos clave
- ¿Qué requisitos deben cumplir las actuaciones administrativas para que no se admitan a trámite acciones posesorias? → Haberse realizado en materia de competencia del órgano y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
- Dos condiciones y un efecto: competencia + procedimiento legal = ni se admite a trámite.
- Palabra que cae: «no se admitirán a trámite», no «se desestimarán».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra las actuaciones administrativas hechas en materia de competencia del órgano y según el procedimiento legal no se admiten a trámite acciones posesorias.