Tema B3: Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «habeas corpus».
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Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 · 118
1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:
a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527.
e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.
g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.
2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena.
El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos.
3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.
Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.
4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial.
Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.
Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.
5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.
Se modifica por el art. único.1 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica por el art. 2.1 de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2015-4605 .
Datos clave
- El derecho de defensa puede ejercitarse desde que se comunica la existencia del hecho punible, la detención, otra medida cautelar o el procesamiento.
- Comprende, entre otros, el derecho a ser informado de los hechos, a examinar las actuaciones, a designar abogado y a guardar silencio y no declarar contra sí mismo.
- Incluye la asistencia letrada, con derecho a entrevistarse reservadamente con el abogado incluso antes de declarar ante la policía, el fiscal o la autoridad judicial.
- Para actuar en el proceso, el investigado debe ser representado por procurador y defendido por abogado, designados de oficio si no los nombra.
- Todas las comunicaciones entre el investigado y su abogado tienen carácter confidencial, salvo indicios de participación del abogado en el delito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de defensa del investigado: desde cuándo se ejerce, sus ocho derechos de información, la asistencia letrada, la obligación de procurador y abogado y la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado.
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LECrim · Art. 489
Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
Datos clave
- Ningún español ni extranjero puede ser detenido salvo en los casos previstos por las leyes.
- La detención debe practicarse en la forma que las leyes prescriban.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nadie, español o extranjero, puede ser detenido salvo en los casos y en la forma que prescriban las leyes.
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LECrim · Art. 490
Cualquier persona puede detener: 1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 2.º Al delincuente in fraganti. 3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
Datos clave
- ¿Cuántos supuestos de detención por cualquier persona recoge el artículo 490 y cuál es el primero? → Siete; el primero es el que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
- ¿Puede un particular detener al procesado en rebeldía? → Sí: el número 7.º permite detener al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
- Cuéntalos: siete ordinales. Dos de delito en curso (1.º y 2.º), cuatro de fuga (3.º a 6.º) y uno de rebeldía (7.º).
- Distingue el 1.º del 2.º: el 1.º es antes, en el momento de ir a cometerlo; el 2.º es durante, in fraganti.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete supuestos en que cualquier persona puede detener: quien va a cometer un delito, el delincuente in fraganti, cuatro casos de fuga y el procesado o condenado en rebeldía.
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LECrim · Art. 492
La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener: 1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional. 3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. 4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.
Datos clave
- ¿Qué evita la detención del procesado por delito de pena inferior con riesgo de fuga? → Prestar fianza bastante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro supuestos en que la autoridad o agente de Policía judicial tiene obligación de detener; el procesado por delito de pena inferior se libra si presta en el acto fianza bastante.
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LECrim · Art. 493
La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa.
Datos clave
- ¿Qué hace la Autoridad o agente de Policía judicial cuando no procede detener? → Toma nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona, y entrega oportunamente esa nota al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa.
- La lista de datos, en orden: nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para averiguar e identificar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si no procede detener al procesado o al delincuente, la Autoridad o agente de Policía judicial anota sus datos de identificación y entrega oportunamente la nota al Juez o Tribunal de la causa.
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LECrim · Art. 494
Dicho Juez o Tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.
Datos clave
- El Juez o Tribunal también acuerda la detención de las personas comprendidas en el artículo 492.
- Esa detención se acuerda a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Juez o Tribunal acuerda también la detención de las personas comprendidas en el artículo 492, y lo hace a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.
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LECrim · Art. 495
No se podrá detener por la presunta comisión de delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle.
Datos clave
- ¿Cuándo cabe detener por la presunta comisión de un delito leve? → Solo si el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle.
- ¿Quién valora si la fianza es «bastante» en el art. 495 LECrim? → La autoridad o agente que intente practicar la detención.
- Regla del «ni-ni»: sin domicilio conocido ni fianza bastante. Con que falle uno de los dos, no cabe la detención.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por delito leve, en principio, no se detiene. Solo cabe si el presunto reo no tiene domicilio conocido ni da fianza bastante, y quien lo valora es la autoridad o agente que intenta detenerle.
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LECrim · Art. 496
El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.
Datos clave
- ¿Qué plazo tiene quien detiene para poner en libertad o entregar al detenido? → Veinticuatro horas siguientes al acto de la detención, entregándolo al Juez más próximo al lugar donde se hizo.
- ¿Qué ocurre si se demora la entrega del detenido? → Se incurre en la responsabilidad que establece el Código Penal si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.
- El plazo del art. 496 es de veinticuatro horas para poner en libertad o entregar al detenido al Juez más próximo al lugar de la detención.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien detiene, sea particular, Autoridad o agente, debe liberar al detenido o entregarlo al Juez más próximo al lugar de la detención en veinticuatro horas; si la dilación las excede, incurre en responsabilidad penal.
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LECrim · Art. 497
Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 6.º, y caso referente al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado.
Datos clave
- ¿De qué plazo dispone el Juez o Tribunal de la causa para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto? → Setenta y dos horas, contadas desde que el detenido le hubiese sido entregado.
- ¿Qué dos decisiones puede adoptar el Juez en ese plazo? → Elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto.
- Setenta y dos horas = tres días. Si en el examen el plazo se cuenta «desde la detención», sospecha: aquí se cuenta desde la entrega.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Juez o Tribunal propio de la causa tiene setenta y dos horas desde que le entregan al detenido para elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto; el mismo plazo rige si él mismo acordó la detención.
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LECrim · Art. 501
El auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, y se notificará al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, al cual se le hará saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por escrito la reposición del auto, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.
Datos clave
- ¿A quién se notifica el auto que eleva la detención a prisión o la deja sin efecto? → Al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado; al Ministerio Fiscal se le pone en conocimiento.
- ¿Cómo puede el procesado pedir la reposición de ese auto? → De palabra o por escrito, consignándose en la notificación las manifestaciones que hiciere.
- Tres destinatarios: Fiscal (conocimiento), querellante particular y procesado (notificación). El querellante, solo «si lo hubiere».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El auto que eleva la detención a prisión o la deja sin efecto se pone en conocimiento del Fiscal y se notifica al querellante (si lo hay) y al procesado, que puede pedir su reposición de palabra o por escrito.
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Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 · 509
1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o
b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.
2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.
3. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.
4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.
Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade el apartado 4 por el art. único.3 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifica por la disposición final 1.1.h) de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538 .
Se modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2003-19748 .
Datos clave
- La detención o prisión incomunicadas solo proceden excepcionalmente y mediante resolución motivada.
- Proceden por necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida, libertad o integridad física, o para no comprometer el proceso penal.
- La incomunicación no puede extenderse más allá de cinco días.
- En delitos del artículo 384 bis u organizados por dos o más personas, puede prorrogarse por otros cinco días como máximo.
- El auto que acuerde la incomunicación o su prórroga debe expresar los motivos.
- En ningún caso puede acordarse la incomunicación de menores de dieciséis años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La detención o prisión incomunicada es excepcional, por resolución motivada y solo por dos necesidades urgentes. Máximo cinco días, prorrogables otros cinco en ciertos delitos, y nunca para menores de dieciséis años.
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LECrim · Art. 520
Artículo 520.
1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.
Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.
En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.
2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.
3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.
4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.
En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.
Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.
La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.
El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.
6. La asistencia del abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).
b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.
c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.
8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.
Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .
Se modifican los apartados 2, 3 y 5 y se añade el 2 bis por el art. 2.4 de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2015-4605 .
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo máximo de la detención preventiva del art. 520? → 72 horas.
- ¿En qué plazo máximo debe acudir el abogado designado tras el encargo? → 3 horas desde la recepción del encargo.
- ¿Cuándo puede renunciarse a la asistencia de abogado? → Solo si la detención es por delitos contra la seguridad del tráfico; la renuncia es revocable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se practica la detención: lo menos perjudicial posible, solo el tiempo estrictamente necesario y como máximo setenta y dos horas; información de derechos por escrito, abogado en tres horas y renuncia solo en delitos de tráfico.
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LECrim · Art. 521 · Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros
Artículo 521.
Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros.
Si la separación no fuese posible, el Juez instructor o Tribunal cuidará de que no se reúnan personas de diferente sexo ni los correos en una misma prisión, y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen separados de los de edad madura y de los reincidentes.
Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute.
Datos clave
- Si no es posible separar a los detenidos unos de otros, ¿qué debe evitar el Juez instructor o Tribunal? → Que se reúnan en una misma prisión personas de diferente sexo ni los correos, y que los jóvenes y no reincidentes estén separados de los de edad madura y los reincidentes.
- ¿Qué circunstancias se tienen en cuenta para esa separación? → El grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del delito que se le impute.
- Para el segundo escalón, tres parejas que no se mezclan: personas de diferente sexo, los correos, y jóvenes/no reincidentes frente a los de edad madura/reincidentes.
- Los tres criterios de separación son educación, edad y naturaleza del delito: E-E-N.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los detenidos deben estar separados entre sí a ser posible; si no se puede, el Juez o Tribunal evita ciertas mezclas, atendiendo a la educación, la edad y la naturaleza del delito imputado.
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LECrim · Art. 522
Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento en que esté custodiado, siempre que no comprometan su seguridad o la reserva del sumario.
Datos clave
- ¿Qué puede procurarse el detenido o preso conforme al art. 522 LECrim? → A sus expensas, las comodidades u ocupaciones compatibles con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento.
- ¿Qué límite tienen esas comodidades u ocupaciones? → Que no comprometan su seguridad ni la reserva del sumario.
- Cuatro palabras que resumen el artículo: a sus expensas, compatibles, seguridad, reserva del sumario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El detenido o preso puede procurarse, pagándolas él, comodidades u ocupaciones compatibles con su detención y el régimen del establecimiento, siempre que no comprometan su seguridad ni la reserva del sumario.
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LECrim · Art. 523
Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. La relación con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación.
Datos clave
- ¿Por quién puede pedir ser visitado el detenido o preso según el art. 523 LECrim? → Por un ministro de su religión, un médico, sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos.
- ¿Qué ocurre con la relación con el Abogado defensor? → No podrá impedírsele mientras el detenido o preso estuviere en comunicación.
- Cuatro grupos de visitantes: religión, médico, parientes o relación de intereses, y quien pueda aconsejarle. Y aparte, el Abogado defensor.
- La fórmula literal es «secreto y éxito del sumario», con los dos términos, no solo el secreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El detenido o preso puede recibir visitas de ministro de su religión, médico, parientes, personas de intereses o consejeros, con las condiciones del reglamento y si no afectan al secreto y éxito del sumario.
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LECrim · Art. 524
El Juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso. Pero en ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.
Datos clave
- ¿Con qué límite autoriza el Juez instructor los medios de correspondencia y comunicación del detenido o preso? → En cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción.
- ¿Qué comunicación no puede impedirse en ningún caso? → La libertad de los detenidos o presos de escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.
- Contraste de fórmulas: «en cuanto no se perjudique» para lo ordinario y «en ningún caso» para escribir a los superiores del orden judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Juez instructor autoriza la correspondencia y comunicación del detenido o preso mientras no perjudique la instrucción, pero nunca puede impedirle escribir a los funcionarios superiores del orden judicial.
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LECrim · Art. 525
No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Esta medida deberá ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.
Datos clave
- ¿En qué casos cabe adoptar medidas extraordinarias de seguridad contra el detenido o preso? → En caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse.
- ¿Qué duración puede tener esa medida? → Deberá ser temporal y solo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.
- Cuatro supuestos, con los tres primeros en escala: desobediencia → violencia → rebelión, más el cuarto de la fuga (intento o preparativos).
- Dos adjetivos que caen en test: la medida es temporal y dura lo estrictamente necesario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas extraordinarias de seguridad contra el detenido o preso solo caben por desobediencia, violencia, rebelión o intento o preparativos de fuga, y han de ser temporales.
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LECrim · Art. 526
El Juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio fiscal, que podrá ser el Fiscal municipal delegado al efecto por el Fiscal de la respectiva Audiencia; y donde exista este Tribunal, harán la visita el Presidente del mismo o el de la Sala de lo criminal y un Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia del Juez instructor. En la visita se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos, y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren.
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad y forma se visitan las prisiones de la localidad según el art. 526 LECrim? → Una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado.
- ¿Quiénes hacen la visita donde existe Audiencia? → El Presidente del Tribunal o el de la Sala de lo criminal y un Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia del Juez instructor.
- ¿Qué se hace en la visita? → Enterarse de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos y adoptar las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren.
- Tres notas de la visita: semanal, sin previo aviso y sin día determinado.
- El individuo del Ministerio fiscal aparece en las dos variantes; lo que cambia es quién encabeza la visita.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Visita semanal y por sorpresa a las prisiones de la localidad para conocer la situación de presos y detenidos y corregir abusos; quién la hace cambia según exista o no Audiencia.
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LECrim · Art. 527
Artículo 527.
1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:
a) Designar un abogado de su confianza.
b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.
2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509.
El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos.
3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.
Se modifica por el art. único.6 de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10725 .
Datos clave
- ¿En qué plazo debe pronunciarse el juez sobre la restricción pedida por Policía Judicial o Fiscal? → En 24 horas.
- ¿Con qué frecuencia mínima se hacen los reconocimientos médicos si se restringe la comunicación? → Al menos dos reconocimientos cada 24 horas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los supuestos del art. 509 el detenido o preso puede ser privado de cuatro derechos por auto motivado; si lo piden Policía Judicial o Fiscal rige un plazo máximo de veinticuatro horas para que el juez decida.
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Constitución Española · Art. 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo máximo de la detención preventiva según el art. 17.2? → Setenta y dos horas.
- ¿Qué procedimiento regula la ley para la puesta inmediata a disposición judicial de un detenido ilegalmente? → El habeas corpus.
- ¿Quién fija el plazo máximo de la prisión provisional según el art. 17.4? → Se determina por ley.
- El dato más preguntado del artículo: 72 horas es el máximo de la detención preventiva, no de la prisión provisional.
- El 'habeas corpus' es para detenciones ilegales; el 'plazo máximo de prisión provisional' es un mandato de reserva de ley, cosa distinta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Libertad y seguridad: detención preventiva por lo estrictamente necesario y como máximo setenta y dos horas, derechos del detenido, habeas corpus y plazo máximo de prisión provisional fijado por ley.
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Código Penal · Art. 167
1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 2. Con las mismas penas serán castigados: a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales. b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades. 3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.
Datos clave
- ¿Qué pena adicional impone siempre el art. 167 a la autoridad o funcionario público? → Inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
- ¿Qué conducta castiga el art. 167.2.a? → Ocultar o no reconocer la privación de libertad o el paradero de una persona.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La autoridad o funcionario que comete los hechos del Capítulo fuera de los casos legales y sin causa por delito recibe la pena en su mitad superior, hasta la superior en grado, más inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 529
1. El Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
2. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado.
Datos clave
- El Juez o Magistrado que entregue ilegalmente una causa criminal reclamada por otra autoridad o funcionario incurre en inhabilitación especial de seis meses a dos años.
- Si además entrega la persona de un detenido, se impone la pena superior en grado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Juez o Magistrado que entrega una causa criminal a otra autoridad o funcionario que la reclama ilegalmente es inhabilitado; si entrega también al detenido, la pena sube un grado.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 530
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.
Datos clave
- La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, acuerde, practique o prolongue una privación de libertad con violación de plazos o garantías constitucionales o legales incurre en inhabilitación especial.
- La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público es de cuatro a ocho años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, acuerda, practica o prolonga una privación de libertad violando plazos o garantías se castiga con inhabilitación especial de cuatro a ocho años.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 531
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
Datos clave
- La autoridad o funcionario que decrete, practique o prolongue la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado con violación de plazos o garantías incurre en inhabilitación especial.
- La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público es de dos a seis años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Incomunicación ilegal: la autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, decreta, practica o prolonga la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado violando plazos o garantías. Pena: inhabilitación especial.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 532
Si los hechos descritos en los dos artículos anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Datos clave
- Si los hechos de los artículos 530 y 531 se cometen por imprudencia grave, la pena es de suspensión de empleo o cargo público.
- La suspensión se impone por tiempo de seis meses a dos años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los hechos de los dos artículos anteriores cometidos por imprudencia grave se castigan con suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre · 533
El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
Datos clave
- El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que imponga sanciones o privaciones indebidas incurre en inhabilitación especial.
- También incurre en esa pena si usa con los reclusos o internos un rigor innecesario.
- La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público es de dos a seis años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abusos en centros: el funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impone sanciones o privaciones indebidas o usa un rigor innecesario con reclusos o internos.