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Tema A10: Referencia a los procedimientos especiales. Especialidades del procedimiento administrativo local. La revisión de los actos administrativos: de oficio. Recursos administrativos.

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Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviemb · 192

1. Las resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes de las Corporaciones locales se extenderán a su nombre; cuando las resoluciones administrativas se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido.

2. Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría.

Redactado el apartado 1 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 12, de 14 de enero. Ref. BOE-A-1987-772

Datos clave

  • Las resoluciones de Alcaldes y Presidentes de Corporaciones locales se extienden a su propio nombre.
  • Si la resolución se dicta por delegación, debe constar expresamente esa circunstancia.
  • La resolución dictada por delegación se considera dictada por la autoridad que la confirió.
  • Las comunicaciones dirigidas a las autoridades las firma el Presidente de la Corporación.
  • Las comunicaciones que trasladan acuerdos o resoluciones las firma el responsable de la Secretaría.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las resoluciones de Alcaldes y Presidentes se extienden a su nombre; si se dictan por delegación se hace constar y se consideran de quien delegó. Las comunicaciones a autoridades las firma el Presidente y los traslados, la Secretaría.

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Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviemb · 194

Artículo 194.

La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Datos clave

  • La notificación de los actos de las entidades locales se practica conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo común.
  • No existe un régimen local propio de notificación distinto del régimen general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La notificación de los actos se practica conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo común: el Reglamento se remite a ella.

¿Me lo sé? Flashcards

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Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviemb · 195

Las providencias de trámite y los actos o acuerdos que pongan término a un expediente serán notificados en los diez días siguientes al de su fecha.

Datos clave

  • Se notifican tanto las providencias de trámite como los actos o acuerdos que ponen término a un expediente.
  • El plazo para notificarlos es de diez días siguientes a la fecha del acto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tanto las providencias de trámite como los actos o acuerdos que ponen fin a un expediente se notifican en los diez días siguientes al de su fecha.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 196

1. Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la Ley. Iguales requisitos serán de aplicación a las Resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación y miembros de ella que ostenten delegación. 2. Las Ordenanzas y Reglamentos, incluidas las normas de los planes urbanísticos, se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Idéntica regla es de aplicación a los Presupuestos, en los términos del artículo 112.3 de la misma Ley. 3. En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos, se remitirán al Gobernador civil o Delegado del Gobierno, en su caso, y a la Administración Autonómica, copia o, en su caso, extracto comprensivo de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno municipales. El Alcalde o Presidente de la Corporación y, de forma inmediata, el Secretario de la Corporación, serán responsables del cumplimiento de este deber.

Datos clave

  • ¿En qué plazo se remiten los acuerdos al Delegado del Gobierno y a la Administración Autonómica? → En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos.
  • ¿Dónde se publican las Ordenanzas y Reglamentos locales y cuándo entran en vigor? → En el «Boletín Oficial» de la Provincia; no entran en vigor hasta publicarse completamente su texto y transcurrir el plazo del art. 65.2 de la Ley 7/1985.
  • ¿Quiénes son responsables del deber de remisión de los acuerdos? → El Alcalde o Presidente de la Corporación y, de forma inmediata, el Secretario.
  • Tres números del artículo: 6 días para remitir, 65.2 para la vacatio de ordenanzas y 112.3 para los presupuestos.
  • Dos destinatarios de la remisión, uno por Administración: Gobernador civil o Delegado del Gobierno (Estado) y Administración Autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad de los actos locales: acuerdos y resoluciones decisorios se publican y notifican según la Ley; Ordenanzas, Reglamentos y Presupuestos exigen publicación completa en el Boletín provincial; copia al Estado y a la Comunidad en seis días.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 197

Los Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes, así como las Diputaciones Provinciales, publicarán al menos una vez al trimestre, un Boletín de información municipal o provincial, donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adoptados y, además, cuando sea obligatoria la divulgación conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, y su normativa de desarrollo, o merezcan ser divulgados, por tratarse de adopción de medidas excepcionales, llamamientos al vecindario, referencias históricas y anales locales o provinciales. Sección segunda. De la formalización de las actas y certificaciones

Datos clave

  • ¿Qué entidades deben publicar Boletín de información municipal o provincial y con qué periodicidad? → Los Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales, al menos una vez al trimestre.
  • Además del extracto de acuerdos, ¿qué contenidos cita el artículo 197? → Medidas excepcionales, llamamientos al vecindario, referencias históricas y anales locales o provinciales, y lo de divulgación obligatoria según la Ley 7/1985.
  • Memoriza el trío de obligados por tamaño o rango: capital de provincia, más de 50.000 habitantes, Diputación. Y la cadencia: trimestral.
  • «Al menos una vez al trimestre» es suelo, no techo: se puede publicar más a menudo, nunca menos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Capitales de provincia, municipios de más de 50.000 habitantes y Diputaciones publican, al menos una vez al trimestre, un Boletín de información con el extracto de todos sus acuerdos y resoluciones y otros contenidos divulgables.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 198

El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos.

Datos clave

  • ¿Qué naturaleza tiene el Libro de Actas según el ROF? → Es un instrumento público solemne.
  • ¿Qué expresa la diligencia de apertura del Libro de Actas y quién la firma? → El número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos; la firma el Secretario.
  • ¿Con qué se legaliza cada hoja del Libro de Actas? → Con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación.
  • Regla de dos firmas: Alcalde = rúbrica de las hojas; Secretario = diligencia de apertura.
  • La diligencia de apertura contiene dos datos: número de folios y fecha de inicio de la transcripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Libro de Actas es instrumento público solemne: previamente foliado y encuadernado, cada hoja con rúbrica del Alcalde o Presidente y sello, y diligencia de apertura del Secretario con número de folios y fecha de inicio.

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Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviemb · 200

Los Libros de resoluciones del Alcalde o Presidente de la Diputación, o de quienes actúen por su delegación, se confeccionarán con los mismos requisitos establecidos en los artículos anteriores.

Datos clave

  • Existen Libros de resoluciones del Alcalde y del Presidente de la Diputación.
  • También se confeccionan cuando actúan por delegación quienes reciban esa delegación.
  • Se rigen por los mismos requisitos establecidos en los artículos anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Libros de resoluciones del Alcalde o Presidente de la Diputación, o de quienes actúen por su delegación, se confeccionan con los mismos requisitos que fijan los artículos anteriores.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 63

Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. 1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo. 2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. 3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

Datos clave

  • ¿Qué separación exige el art. 63.1 en el procedimiento sancionador? → La debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.
  • ¿Cuándo puede iniciarse un nuevo procedimiento por una infracción en la que el infractor persiste de forma continuada? → Cuando haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.
  • Tres ideas y tres apartados: siempre de oficio y con separación de órganos; sin procedimiento no hay sanción; en la conducta continuada, un solo expediente hasta que la primera resolución sea ejecutiva.
  • Enlaza con el art. 58: el sancionador es un caso de iniciación de oficio, pero sin la posibilidad de instancia de parte.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, separa instrucción y resolución en órganos distintos, es imprescindible para sancionar y, en infracciones continuadas, impide abrir otro expediente hasta una primera resolución sancionadora ejecutiva.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 64

Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. 1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. 2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos: a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85. e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56. f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

Datos clave

  • ¿A quién se comunica el acuerdo de iniciación en un procedimiento sancionador? → Al instructor, con traslado de las actuaciones; se notifica a los interesados, entendiendo por tal en todo caso al inculpado.
  • ¿Qué debe indicarse sobre el instructor y el secretario? → Su identificación, con expresa indicación del régimen de recusación.
  • Seis letras de la a) a la f). La c) es la que más se olvida: el régimen de recusación del instructor y del secretario.
  • El inculpado es interesado «en todo caso», sin discusión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién recibe el acuerdo de iniciación del sancionador (instructor, interesados con el inculpado siempre, y el denunciante si lo prevén las normas) y qué debe contener como mínimo: seis letras. Si no hay elementos para calificar los hechos, se califica después en un pliego de cargos.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 65

Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67. 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Datos clave

  • ¿Qué requisito exige iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial? → Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67.
  • ¿Qué plazo se concede a los presuntamente lesionados? → Diez días para alegaciones, documentos, información y proposición de prueba.
  • Tres datos: no prescrito, diez días, y la instrucción sigue sin personación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración solo puede iniciar de oficio la responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar (art. 67). Notifica a los presuntos lesionados, les da diez días para alegar y proponer prueba, y el procedimiento se instruye aunque no se personen.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 67

Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. 2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Datos clave

  • ¿En qué plazo prescribe el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial? → Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
  • ¿Desde cuándo prescribe en los casos del art. 32.4 y 32.5 de la LRJSP? → Al año de la publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
  • ¿Qué debe especificar la solicitud además de lo previsto en el art. 66? → Las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión se produjo.
  • Un año, cuatro días iniciales: hecho o efecto lesivo, curación o secuelas, notificación de la anulación, publicación de la sentencia de inconstitucionalidad o de contrariedad al Derecho de la UE.
  • En los daños personales el reloj no arranca con el accidente, sino con la curación o la determinación de las secuelas.
  • Ojo al par de diarios oficiales: BOE para la inconstitucionalidad, DOUE para el Derecho de la Unión, «según el caso».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo se puede pedir el inicio de la responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho, que prescribe al año contado desde momentos distintos según el caso. La solicitud añade a lo del art. 66 las lesiones, la causalidad, la evaluación económica y el momento de la lesión.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 85

Terminación en los procedimientos sancionadores. 1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.

Datos clave

  • ¿Qué reducción mínima se aplica y sobre qué importe? → Al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, y las reducciones son acumulables entre sí.
  • ¿A qué está condicionada la efectividad de las reducciones? → Al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
  • ¿Hasta cuándo cabe el pago voluntario? → En cualquier momento anterior a la resolución.
  • 20 % y «al menos»: es un suelo, y solo se puede subir reglamentariamente.
  • Base de cálculo: el importe de la sanción propuesta.
  • Para cobrar la rebaja hay que renunciar a recurrir en vía administrativa: la efectividad está condicionada al desistimiento o renuncia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el sancionador, el reconocimiento de responsabilidad permite resolver con la sanción que proceda, y el pago voluntario antes de la resolución termina el procedimiento en ciertos casos. Si la sanción es solo pecuniaria, reducciones de al menos el 20 %, acumulables y condicionadas a no recurrir.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 89

Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. b) Cuando los hechos no resulten acreditados. c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. 3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia.

Datos clave

  • ¿Cuántas causas permiten finalizar con archivo sin propuesta de resolución y quién lo acuerda? → Cinco, las letras a) a e) del art. 89.1, y lo resuelve el órgano instructor.
  • ¿Qué debe fijar de forma motivada la propuesta de resolución? → Los hechos probados, su exacta calificación jurídica, la infracción, las personas responsables, la sanción propuesta, la valoración de las pruebas y las medidas provisionales adoptadas.
  • Las cinco causas de archivo, en orden lógico: no hay hechos → no se prueban → no son infracción → no hay responsable → ha prescrito.
  • Quien archiva sin propuesta de resolución y quien formula la propuesta de resolución es el mismo: el órgano instructor.
  • La letra e) lleva un «en cualquier momento»: la prescripción se puede apreciar en cualquier fase.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el sancionador, el instructor resolverá el archivo sin propuesta si se da alguna de cinco causas; si no, concluida la instrucción formula una propuesta de resolución motivada que se notifica a los interesados.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 90

Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. 1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. 2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días. 3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando: a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo. b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada. 2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella. 4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

Datos clave

  • ¿Puede la resolución sancionadora aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento? → No, con independencia de que pueda darles una valoración jurídica diferente.
  • ¿Qué plazo se da al inculpado si se agrava la infracción o la sanción? → Quince días para alegar.
  • Hechos: intocables. Valoración jurídica: puede cambiar. Agravación: quince días de audiencia.
  • Ejecutividad de la sanción: solo cuando se agota la vía administrativa ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La resolución sancionadora valora las pruebas y fija hechos, responsables, infracción y sanción; no admite hechos distintos de los del procedimiento; es ejecutiva cuando no cabe recurso ordinario administrativo; y los daños a la Administración se fijan en un procedimiento complementario.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 91

Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Datos clave

  • ¿Sobre qué debe pronunciarse la resolución en responsabilidad patrimonial? → Sobre la existencia o no de relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización.
  • ¿Qué ocurre a los seis meses sin resolución? → Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
  • Tres cosas en la resolución: nexo causal, valoración y cuantía y modo de pago. Y seis meses de silencio negativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En responsabilidad patrimonial, tras el dictamen o la audiencia se resuelve o se propone un acuerdo; la resolución se pronuncia sobre la causalidad y, en su caso, el daño y la indemnización; y a los seis meses sin resolución podrá entenderse desestimada.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 92

Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.

Datos clave

  • ¿Quién resuelve los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la AGE? → El Ministro respectivo o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga.
  • Tres escalones: Ministro o Consejo de Ministros, órganos autonómicos y locales, y entidades de derecho público con norma propia o supletoriedad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién resuelve la responsabilidad patrimonial: en el Estado, el Ministro respectivo o el Consejo de Ministros en ciertos casos; en el ámbito autonómico y local, sus órganos; y en las Entidades de Derecho Público, quien digan sus normas o, en su defecto, este artículo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 96

Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. 2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud. 4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. 6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites: a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. h) Resolución. 7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.

Datos clave

  • ¿Quién puede acordar la tramitación simplificada (art. 96.1)? → La Administración, de oficio o a solicitud del interesado
  • ¿En qué plazo deben resolverse los procedimientos simplificados? → 30 días desde que se notifica el acuerdo (art. 96.6)
  • ¿Puede volverse a la tramitación ordinaria durante la simplificada? → Sí, en cualquier momento anterior a la resolución (art. 96.1)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La tramitación simplificada se usa por interés público o poca complejidad; se resuelve en treinta días con una lista cerrada de trámites, y cualquier trámite extra obliga a la vía ordinaria.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 106

Revisión de disposiciones y actos nulos. 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. 2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Datos clave

  • ¿Qué dictamen previo exige la revisión de oficio de un acto nulo? → Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106.1).
  • ¿Qué ocurre si pasan 6 meses desde el inicio de oficio sin resolución? → Caduca el procedimiento (art. 106.5).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Revisión de oficio de lo nulo: actos (art. 47.1) y disposiciones (art. 47.2) en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico; inadmisión sin dictamen; indemnizaciones; caducidad a los seis meses si se inició de oficio.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 107

Declaración de lesividad de actos anulables. 1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. 2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. 5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Datos clave

  • ¿Hasta cuándo puede declararse lesivo un acto? → Hasta 4 años desde que se dictó (art. 107.2).
  • ¿Cabe recurso contra la declaración de lesividad? → No, solo se notifica a efectos informativos (art. 107.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para anular un acto favorable que solo es anulable, la Administración debe declararlo lesivo e impugnarlo ante lo contencioso. Límite de cuatro años, audiencia previa y caducidad a los seis meses.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 108

Suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede suspenderse la ejecución del acto en la revisión de oficio? → Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  • Es una facultad («podrá»), no un automatismo, y su llave es el perjuicio de imposible o difícil reparación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Iniciada la revisión de oficio (arts. 106 y 107), el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad puede suspender la ejecución del acto si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 109

Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Datos clave

  • ¿Qué actos pueden revocarse conforme al artículo 109? → Los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
  • ¿Cuándo pueden rectificarse los errores materiales? → En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
  • Se revoca lo que perjudica: los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos potestades distintas: revocar actos de gravamen o desfavorables mientras no haya prescrito, con límites, y rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 110

Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué límites impone el artículo 110 a la revisión? → No cabe cuando por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.
  • Cuatro límites: equidad, buena fe, derecho de los particulares y leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las facultades de revisión de oficio tienen un freno general: no pueden ejercerse cuando, por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias, resultaría contrario a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 111

Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. b) En la Administración General del Estado: 1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. c) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado: 1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. 2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

Datos clave

  • ¿Quién revisa de oficio los actos de los Ministros? → El Consejo de Ministros.
  • ¿Y los de los Secretarios de Estado? → Los Ministros.
  • Escalera: Consejo de Ministros → Ministros → Secretarios de Estado → órganos directivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién revisa de oficio disposiciones y actos nulos y anulables en el ámbito estatal: Consejo de Ministros, Ministros, Secretarios de Estado y, en los organismos públicos, el órgano de adscripción y el máximo órgano rector.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 112

Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Datos clave

  • ¿Qué actos de trámite son recurribles? → Los que deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
  • ¿En qué motivos pueden fundarse los recursos? → En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48.
  • Los cuatro trámites cualificados: fondo, imposibilidad de continuar, indefensión y perjuicio irreparable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Alzada y reposición caben contra resoluciones y contra actos de trámite cualificados, por cualquier motivo de nulidad o anulabilidad. No caben contra disposiciones generales y las leyes pueden sustituirlos por otras vías.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 113

Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Datos clave

  • ¿Contra qué actos procede el recurso extraordinario de revisión y con qué condición? → Contra los actos firmes en vía administrativa, solo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
  • Tres palabras clave para el test: actos firmes, sólo, y remisión al art. 125.1.
  • Es el único recurso administrativo que procede contra actos firmes; alzada y potestativo de reposición se mueven antes de la firmeza.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra los actos firmes en vía administrativa solo cabe el recurso extraordinario de revisión, y únicamente si concurre alguna de las circunstancias del art. 125.1.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 114

Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Datos clave

  • ¿Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de responsabilidad patrimonial? → Sí, cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de la que deriven.
  • ¿Y las resoluciones de órganos que carecen de superior jerárquico? → Sí, salvo que una Ley establezca lo contrario.
  • Siete letras de la a) a la g).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de resoluciones que ponen fin a la vía administrativa: siete supuestos generales (letras a–g) y cuatro más en el ámbito estatal (letras a–d).

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 115

Interposición de recurso. 1. La interposición del recurso deberá expresar: a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre si el recurrente califica mal su recurso? → No es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
  • ¿Puede alegar un vicio de anulabilidad quien lo causó? → No.
  • Cinco letras. Y dos reglas de oro: la calificación errónea no perjudica, y el causante del vicio no puede alegarlo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué debe expresar el escrito de recurso (cinco letras, a–e), por qué un error al calificarlo no frena su tramitación y por qué quien causó un vicio de anulabilidad no puede alegarlo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 116

Causas de inadmisión. Serán causas de inadmisión las siguientes: a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. b) Carecer de legitimación el recurrente. c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las cinco causas de inadmisión del recurso? → Incompetencia del órgano cuando el competente sea de otra Administración, falta de legitimación, acto no susceptible de recurso, plazo transcurrido y carencia manifiesta de fundamento.
  • Cinco causas y una obligación: remitir cuando la competencia es de otra Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cinco causas de inadmisión del recurso administrativo; la de incompetencia solo opera si el competente es de otra Administración, y entonces el recurso se remite al órgano competente.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 117

Suspensión de la ejecución. 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. 3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.

Datos clave

  • ¿Suspende por regla general la interposición de un recurso? → No (art. 117.1).
  • ¿Qué pasa si en un mes no se resuelve sobre la suspensión solicitada? → Se entiende suspendida la ejecución (art. 117.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurrir no suspende, por regla general, la ejecución del acto. El órgano que resuelve puede suspenderla ponderando perjuicios si hay daño de imposible o difícil reparación o causa de nulidad; si en un mes no contesta a la solicitud, queda suspendida.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 118

Audiencia de los interesados. 1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo de audiencia en el recurso? → No inferior a diez días ni superior a quince.
  • ¿Qué no tiene carácter de documento nuevo? → El recurso, los informes y las propuestas, ni lo aportado por los interesados antes de recaer la resolución recurrida.
  • Horquilla 10-15 días. Y la lista de lo que NO es documento nuevo: recurso, informes, propuestas y lo ya aportado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Audiencia en vía de recurso: si se van a tener en cuenta hechos o documentos nuevos, se ponen de manifiesto a los interesados para alegar en diez a quince días; y no se admite lo que el recurrente pudo aportar antes y no aportó.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 119

Resolución. 1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. 3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.

Datos clave

  • ¿Puede la resolución del recurso agravar la situación del recurrente? → No, en ningún caso.
  • ¿Qué se hace ante un vicio de forma cuando no procede resolver el fondo? → Se ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido.
  • Tres ideas: tres sentidos posibles, retroacción por vicio de forma y prohibición de agravar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sentidos de la resolución del recurso, retroacción cuando hay vicio de forma y no procede entrar al fondo, y poder del órgano para decidir todas las cuestiones, con congruencia y sin agravar la situación del recurrente.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 120

Pluralidad de recursos administrativos. 1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. 3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede suspenderse el plazo para resolver una pluralidad de recursos? → Cuando traigan causa del mismo acto y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el acto presunto desestimatorio.
  • Tres pasos: suspender, notificar (y es recurrible), y resolver tras el fallo sin más trámite salvo audiencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si varios recursos administrativos traen causa del mismo acto y ya hay recurso judicial, el órgano puede suspender el plazo para resolver hasta el pronunciamiento judicial y luego resolver sin más trámite que la audiencia, cuando proceda.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 121

Objeto. 1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. 2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Datos clave

  • ¿Ante quién se interpone el recurso de alzada? → Ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, y lo resuelve el superior jerárquico del que lo dictó.
  • ¿En qué plazo debe remitirlo el órgano que dictó el acto? → En diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente.
  • Diez días para remitir, con informe y copia completa y ordenada del expediente.
  • El dato de los tribunales de selección resuelve la pregunta clásica: ¿ante quién se recurre la calificación de un examen?

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso de alzada contra actos del art. 112.1 que no ponen fin a la vía: lo resuelve el superior jerárquico, se presenta ante quien dictó el acto o ante el competente, y el primero debe remitirlo en diez días.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 122

Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo. 3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso? → Un mes (art. 122.1).
  • ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un recurso de alzada? → Tres meses (art. 122.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de la alzada: un mes para interponerla si el acto es expreso (después, firmeza), en cualquier momento si hay silencio; tres meses para resolver; y después solo cabe el extraordinario de revisión.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 123

Objeto y naturaleza. 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Datos clave

  • ¿Ante qué órgano se interpone la reposición? → Ante el mismo órgano que dictó el acto.
  • ¿Puede acudirse al contencioso mientras está pendiente la reposición? → No, hasta que sea resuelta expresamente o se produzca su desestimación presunta.
  • Dos datos: mismo órgano y bloqueo temporal del contencioso mientras la reposición esté viva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, la reposición es potestativa: se recurre ante el mismo órgano o se va directo al contencioso; pero si se interpone reposición, el contencioso espera a su resolución o desestimación presunta.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 124

Plazos. 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso- administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición? → Un mes si el acto es expreso (art. 124.1).
  • ¿Cuál es el plazo para resolver el recurso de reposición? → Un mes (art. 124.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de la reposición: un mes para interponerla si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento desde el día siguiente al acto presunto; un mes para resolver y no cabe nueva reposición.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 125

Objeto y plazos. 1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo del recurso extraordinario de revisión por error de hecho? → Cuatro años desde la notificación de la resolución (art. 125.2).
  • ¿Cuál es el plazo por las demás causas del recurso extraordinario de revisión? → Tres meses desde que se conocen los documentos o es firme la sentencia (art. 125.2).
  • ¿Ante qué órgano se interpone el recurso extraordinario de revisión? → Ante el mismo órgano que dictó el acto firme (art. 125.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa: cuatro causas tasadas, ante el mismo órgano que los dictó y que lo resuelve; cuatro años para el error de hecho y tres meses para las demás.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 126

Resolución. 1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Datos clave

  • ¿Cuándo puede inadmitirse a trámite sin dictamen el recurso extraordinario de revisión? → Cuando no se funde en alguna de las causas del artículo 125.1 o cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
  • ¿Qué ocurre a los tres meses sin resolución? → Se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
  • Tres datos: inadmisión sin dictamen, pronunciamiento sobre el fondo y silencio negativo a los tres meses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Resolución del recurso extraordinario de revisión: inadmisión motivada sin dictamen en dos supuestos, pronunciamiento sobre procedencia y fondo, y silencio desestimatorio a los tres meses que abre el contencioso.

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