Tema A5: La Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Las administraciones Locales.
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Constitución Española · Art. 137
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Datos clave
- ¿En qué tres entidades se organiza territorialmente el Estado según el art. 137? → Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
- Los tres niveles territoriales, de menor a mayor: municipio, provincia, Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas gozan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses.
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Constitución Española · Art. 138
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Datos clave
- ¿Qué circunstancia territorial cita expresamente el art. 138 al hablar de equilibrio económico? → El hecho insular.
- ¿Qué no pueden implicar en ningún caso las diferencias entre Estatutos de Autonomía? → Privilegios económicos o sociales.
- Dato de examen: el hecho insular se cita expresamente como circunstancia a atender en el equilibrio económico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado garantiza la solidaridad del art. 2 velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre territorios, con atención al hecho insular; las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales.
¿Me lo sé? Flashcards
Constitución Española · Art. 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Datos clave
- Según el art. 139.1, ¿qué tienen los españoles en cualquier parte del territorio? → Los mismos derechos y obligaciones.
- ¿Qué dos libertades de circulación protege el art. 139.2? → La de personas (y su establecimiento) y la libre circulación de bienes.
- Recuerda que se protegen dos circulaciones: la de las personas (y su establecimiento) y la de los bienes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en todo el territorio y prohibición de medidas que obstaculicen, directa o indirectamente, la circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes.
¿Me lo sé? Flashcards
Constitución Española · Art. 140
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
Datos clave
- ¿Quién integra el gobierno y la administración del municipio según el art. 140? → Los Alcaldes y los Concejales, en el Ayuntamiento.
- ¿Cómo se eligen los Concejales? → Por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- Los cinco adjetivos del sufragio de los concejales: universal, igual, libre, directo y secreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Autonomía y personalidad jurídica plena de los municipios, gobernados por Ayuntamientos de Alcaldes y Concejales; los Concejales los eligen los vecinos por sufragio, y los Alcaldes los Concejales o los vecinos.
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Constitución Española · Art. 141
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley se necesita para alterar los límites provinciales? → Ley orgánica de las Cortes Generales.
- ¿Cómo se llama la administración propia de las islas en los archipiélagos? → Cabildos o Consejos.
- Dato de examen: cambiar los límites de una provincia exige ley orgánica de las Cortes Generales, no una ley ordinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La provincia: entidad local con personalidad jurídica, agrupación de municipios y división territorial del Estado. Sus límites solo se alteran por ley orgánica de las Cortes; la gobiernan Diputaciones y las islas tienen Cabildos o Consejos.
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Constitución Española · Art. 142
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿De qué se nutren fundamentalmente las Haciendas locales según el art. 142? → De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- Dos fuentes de financiación local: tributos propios + participación en tributos del Estado y de las CCAA.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Haciendas locales deben tener medios suficientes para sus funciones y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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Constitución Española · Art. 143
1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.
Datos clave
- ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico del artículo 143? → A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
- ¿En qué plazo deben cumplirse esos requisitos? → En seis meses desde el primer acuerdo adoptado por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
- ¿Cuándo puede reiterarse una iniciativa que no prosperó? → Pasados cinco años.
- Dos números que se confunden: seis meses para completar la iniciativa y cinco años para volver a intentarlo.
- Tres tipos de territorio en el apartado 1: provincias limítrofes con rasgos comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Vía del art. 143 para acceder al autogobierno: quién puede (tres tipos de territorio), quién tiene la iniciativa, seis meses para cumplir los requisitos y cinco años para reiterarla si no prospera.
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Constitución Española · Art. 144
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley y por qué motivo actúan las Cortes Generales en el art. 144? → Ley orgánica, por motivos de interés nacional.
- ¿Qué iniciativa pueden sustituir las Cortes según el apartado c) del art. 144? → La iniciativa de las Corporaciones locales prevista en el art. 143.2.
- Memoriza las tres letras: a) CCAA pequeña sin cumplir el 143.1, b) territorio sin provincia, c) sustituir la iniciativa local del 143.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres facultades de las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, para casos que no encajan en la vía ordinaria del art. 143.
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Constitución Española · Art. 145
1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
Datos clave
- ¿Qué necesita un convenio entre Comunidades Autónomas para gestionar servicios propios previsto en el Estatuto? → Comunicación a las Cortes Generales.
- ¿Qué necesita un acuerdo de cooperación entre Comunidades Autónomas que no sea de servicios propios? → La autorización de las Cortes Generales.
- Truco: comunicación con «c» de convenio de servicios propios; autorización para todo lo demás.
- La federación entre Comunidades Autónomas está prohibida sin excepción alguna.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohibida en todo caso la federación de Comunidades Autónomas; los convenios para servicios propios se rigen por los Estatutos con comunicación a las Cortes, y los demás acuerdos de cooperación requieren su autorización.
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Constitución Española · Art. 146
El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
Datos clave
- ¿Quién elabora el proyecto de Estatuto por esta vía? → Una asamblea con los miembros de la Diputación u órgano interinsular y los Diputados y Senadores de las provincias afectadas.
- ¿Cómo tramitan las Cortes ese proyecto de Estatuto? → Como una ley.
- La asamblea redactora mezcla dos perfiles: cargos provinciales (Diputación) y parlamentarios nacionales (Diputados y Senadores) de esa zona.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea de miembros de la Diputación u órgano interinsular y de los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, y se eleva a las Cortes para su tramitación como ley.
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Constitución Española · Art. 147
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Datos clave
- ¿Qué naturaleza tiene el Estatuto de Autonomía según este artículo? → Es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.
- ¿Con qué tipo de ley aprueban las Cortes la reforma de un Estatuto? → Ley orgánica.
- Cuatro letras, cuatro contenidos mínimos: nombre, territorio, instituciones y competencias/traspasos.
- Reforma = siempre Cortes + ley orgánica, sea cual sea el procedimiento interno que fije el Estatuto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estatuto es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma; debe contener cuatro contenidos mínimos y su reforma exige siempre aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
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Constitución Española · Art. 148
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8.ª Los montes y aprovechamientos forestales. 9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12.ª Ferias interiores. 13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14.ª La artesanía. 15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20.ª Asistencia social. 21.ª Sanidad e higiene. 22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.
Datos clave
- ¿Qué prevé la materia 22.ª del artículo 148.1? → La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
- ¿Qué pueden hacer las Comunidades Autónomas transcurridos cinco años? → Ampliar sucesivamente sus competencias mediante la reforma de sus Estatutos, dentro del marco del artículo 149.
- ¿Qué puertos y aeropuertos pueden asumir las Comunidades Autónomas? → Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
- ¿Con qué alcance asumen las Comunidades Autónomas el medio ambiente? → Solo la gestión en materia de protección del medio ambiente.
- Son 22 materias numeradas con ordinales (1.ª a 22.ª) y un apartado 2 con la cláusula de los cinco años.
- Para policía local, la que importa es la 22.ª: vigilancia de edificios propios y coordinación de las policías locales vía ley orgánica.
- Varias materias llevan coletilla limitadora: «de interés de la Comunidad Autónoma», «en su propio territorio», «en su ámbito territorial».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las veintidós materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir, muchas limitadas a su interés o territorio, y la posibilidad de ampliar competencias tras cinco años reformando el Estatuto dentro del marco del artículo 149.
¿Me lo sé? Flashcards
Constitución Española · Art. 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.ª Bases de régimen minero y energético. 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.ª Estadística para fines estatales. 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿En qué apartado del artículo 149.1 está la seguridad pública? → En la 29.ª, sin perjuicio de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos, en el marco de una ley orgánica.
- ¿Qué materias incluye la regla 18.ª del artículo 149.1? → Bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
- ¿Qué dice el último inciso del artículo 149.3? → Que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
- ¿Qué se necesita, según la 32.ª, para convocar una consulta popular por vía de referéndum? → Autorización del Estado: la autorización para la convocatoria es competencia exclusiva estatal.
- Son 32 apartados en el punto 1. Los tres números redondos que hay que tener clavados: 18.ª (procedimiento administrativo común), 29.ª (seguridad pública) y 32.ª (autorización de referéndum).
- Las reglas de cierre del 149.3, en orden: Residual - Prevalencia - Supletoriedad. R-P-S, y la supletoriedad siempre cierra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las 32 materias de competencia exclusiva del Estado, el servicio de la cultura como deber estatal y las cláusulas de cierre: residual, prevalencia del derecho estatal y supletoriedad.
Esquema
| Comunidades Autónomas | Estado | |
|---|---|---|
| Qué materias | Las no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución | Las que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía |
| Título | En virtud de sus respectivos Estatutos | Por la propia Constitución |
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Constitución Española · Art. 150
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige el artículo 150.3 y para qué exactamente? → Mayoría absoluta de cada Cámara de las Cortes Generales, para apreciar la necesidad de armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.
- ¿Qué instrumento normativo emplea el artículo 150.2? → Ley orgánica, que además debe prever la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que el Estado se reserve.
- ¿Dentro de qué debe moverse una Comunidad al dictar normas al amparo de una ley marco? → En el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
- Ordena por el número: 1 marco, 2 orgánica, 3 armonización. Solo el 2 lleva ley orgánica y dinero; solo el 3 lleva mayoría absoluta.
- La armonización es la única que puede meterse en materias que ya son de las Comunidades: por eso necesita el filtro del interés general.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres vías para ampliar o encauzar la actuación autonómica: leyes marco, transferencia o delegación por ley orgánica y leyes de armonización apreciadas por mayoría absoluta de cada Cámara.
Esquema
| Ley marco | Transferencia o delegación | Armonización | |
|---|---|---|---|
| Materia | Competencia estatal | Titularidad estatal susceptible de transferencia o delegación | Aun atribuida a las Comunidades |
| Instrumento | Ley estatal con principios, bases y directrices | Ley orgánica | Ley de principios |
| Control o requisito | Control de las Cortes fijado en cada ley marco | Medios financieros y formas de control del Estado | Interés general apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara |
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Constitución Española · Art. 151
1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: 1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. 4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.
Datos clave
- ¿Qué porcentaje de municipios se exige en la iniciativa del artículo 151.1? → Las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
- ¿De cuánto es el plazo de la Comisión Constitucional del Congreso para examinar el proyecto de Estatuto? → Dos meses, con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente.
- ¿Con qué mayoría elabora la Asamblea de Parlamentarios el proyecto de Estatuto? → Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
- ¿Qué ocurre si no hay acuerdo en la Comisión Constitucional? → El proyecto de Estatuto se tramita como proyecto de ley ante las Cortes Generales y el texto aprobado se somete a referéndum en las provincias afectadas.
- Tres cuartas partes de los municipios y mayoría del censo: la fracción va de municipios, la mayoría va de censo. No los cruces.
- Único plazo en días o meses que fija el apartado 2: dos meses para que la Comisión Constitucional del Congreso examine el proyecto de Estatuto.
- Las mayorías del referéndum suben y bajan: absoluta de electores para arrancar, simple de votos válidos para aprobar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La vía rápida de acceso a la autonomía: sin esperar los cinco años del art. 148.2 si la iniciativa la respaldan tres cuartas partes de los municipios y un referéndum; Estatuto pactado entre la Asamblea de Parlamentarios y la Comisión Constitucional.
Esquema
| Con acuerdo (2.º-4.º) | Sin acuerdo (5.º) | |
|---|---|---|
| Primer paso tras la Comisión | Referéndum en las provincias | Tramitación como proyecto de ley en las Cortes |
| Papel de las Cortes | Voto de ratificación de ambos plenos | Aprueban el texto |
| Referéndum | Antes de las Cortes | Después de las Cortes |
| Mayoría en el referéndum | Mayoría de votos válidamente emitidos en cada provincia | Mayoría de votos válidamente emitidos en cada provincia |
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Constitución Española · Art. 152
1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.
Datos clave
- ¿Cómo se elige la Asamblea Legislativa en estas Comunidades? → Por sufragio universal, con un sistema de representación proporcional.
- ¿Quién elige al Presidente autonómico y quién lo nombra? → Lo elige la Asamblea de entre sus miembros; lo nombra el Rey.
- ¿Qué requisito extra tiene la reforma del Estatuto por esta vía? → Referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
- ¿Qué pueden crear los Estatutos agrupando municipios limítrofes? → Circunscripciones territoriales propias, con plena personalidad jurídica.
- El Presidente lo elige la Asamblea de entre sus miembros, pero lo nombra el Rey: elección política, nombramiento formal.
- El referéndum de reforma es un requisito añadido: se suma al procedimiento propio del Estatuto, no lo sustituye.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Organización de las Comunidades con Estatuto aprobado por el procedimiento del artículo anterior: Asamblea, Consejo de Gobierno, Presidente y Tribunal Superior de Justicia; reforma con referéndum y circunscripciones propias.
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Constitución Española · Art. 153
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
Datos clave
- ¿Quién controla la constitucionalidad de las normas autonómicas con fuerza de ley? → El Tribunal Constitucional.
- ¿Qué necesita el Gobierno antes de controlar el ejercicio de funciones delegadas? → El dictamen previo del Consejo de Estado.
- ¿Quién controla lo económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas? → El Tribunal de Cuentas.
- Cuatro controles, cuatro órganos: Constitucional (leyes), Gobierno con dictamen del Consejo de Estado (delegadas), contencioso-administrativo (reglamentos y actos), Tribunal de Cuentas (dinero).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro controles sobre los órganos autonómicos, cada uno con su órgano: Tribunal Constitucional, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado, jurisdicción contencioso-administrativa y Tribunal de Cuentas.
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Constitución Española · Art. 154
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Datos clave
- ¿Quién nombra al Delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma? → El Gobierno.
- ¿Qué dirige el Delegado del Gobierno en el territorio autonómico? → La Administración del Estado.
- El Delegado del Gobierno dirige lo estatal en la Comunidad; con la administración autonómica solo coordina, no dirige.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la administración autonómica.
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Constitución Española · Art. 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿A quién requiere primero el Gobierno antes de adoptar estas medidas? → Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
- ¿Qué mayoría del Senado hace falta si el requerimiento no se atiende? → Mayoría absoluta.
- Tras aprobarse las medidas, ¿a quién puede dar instrucciones el Gobierno? → A todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
- Dos filtros antes de intervenir: requerimiento al Presidente autonómico + mayoría absoluta del Senado.
- El requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma es necesario antes de que el Gobierno pueda adoptar las medidas del art. 155.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una Comunidad incumple sus obligaciones o atenta gravemente al interés general, el Gobierno, tras requerir a su Presidente y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias.
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Constitución Española · Art. 156
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
Datos clave
- ¿Con qué dos principios debe coordinarse la autonomía financiera de las Comunidades? → Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
- ¿En qué pueden colaborar las Comunidades Autónomas con el Estado? → En la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios estatales.
- Autonomía financiera + dos límites: coordinación con Hacienda estatal y solidaridad entre españoles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera sujeta a coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad, y pueden actuar como delegadas o colaboradoras del Estado en sus recursos tributarios.
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Constitución Española · Art. 157
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e) El producto de las operaciones de crédito. 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
Datos clave
- ¿Qué recursos financian a las Comunidades además de sus impuestos y tasas propios? → Impuestos cedidos y participaciones estatales, el Fondo de Compensación interterritorial, rendimientos de su patrimonio y operaciones de crédito.
- ¿Qué dos cosas tiene prohibido hacer una Comunidad con sus tributos? → Gravar bienes situados fuera de su territorio y obstaculizar la libre circulación de mercancías o servicios.
- ¿Qué tipo de ley regula el ejercicio de las competencias financieras autonómicas? → Ley orgánica.
- Cinco recursos, de la a) a la e): cedidos/participaciones, propios, Fondo de Compensación, patrimonio, crédito.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco tipos de recursos de las Comunidades Autónomas, dos límites a sus medidas tributarias y la ley orgánica que puede regular las competencias financieras, los conflictos y la colaboración con el Estado.
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Constitución Española · Art. 158
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
Datos clave
- ¿A qué se destina el Fondo de Compensación? → A gastos de inversión.
- ¿Qué garantiza la asignación presupuestaria de este artículo? → Un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
- ¿Quién distribuye el Fondo de Compensación? → Las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y, en su caso, las provincias.
- El Fondo de Compensación es para inversión, no para gasto corriente: memorízalo así.
- Dos mecanismos distintos: la asignación por nivel mínimo de servicios y el Fondo de Compensación por desequilibrios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos mecanismos: una posible asignación en los Presupuestos Generales del Estado según servicios asumidos y nivel mínimo de servicios, y el Fondo de Compensación para inversión que reparten las Cortes Generales.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 1
1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.
Datos clave
- ¿Qué apartado del art. 1 LBRL dice que la Provincia y la Isla tienen la misma autonomía que el Municipio? → El apartado 2: gozan de idéntica autonomía para la gestión de sus intereses respectivos.
- El art. 1 LBRL reconoce autonomía al Municipio, y una «idéntica» autonomía a la Provincia y, en su caso, la Isla, para la gestión de sus intereses.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Municipio es entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana, con autonomía para sus intereses; la Provincia y, en su caso, la Isla tienen idéntica autonomía.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 2
1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.
Datos clave
- ¿Qué deben determinar las leyes básicas del Estado según el art. 2.2? → Las competencias que ellas mismas atribuyan o que deban corresponder a los entes locales en las materias que regulan.
- Cuatro principios del apartado 1, en este orden: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para hacer efectiva la autonomía local, las leyes sectoriales del Estado y de las Comunidades Autónomas deben garantizar a municipios, provincias e islas su derecho a intervenir en lo que les afecte, con las competencias que proceda.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 3
Artículo 3.
1. Son Entidades Locales territoriales:
a) El Municipio.
b) La Provincia.
c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.
2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:
a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
b) Las Áreas Metropolitanas.
c) Las Mancomunidades de Municipios.
Téngase en cuenta lo previsto en las disposiciones transitorias 4 y 5 de la citada Ley, sobre disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y las que estén en constitución.
Datos clave
- ¿En qué archipiélagos es la Isla Entidad Local territorial? → En el balear y el canario.
- Cita las tres entidades del art. 3.2 que gozan de la condición de Entidad Local sin ser territoriales. → Comarcas (u otras entidades que agrupen varios Municipios), Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.
- El apartado 1 enumera tres Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia, Isla) y el apartado 2 añade otras tres que también gozan de la condición de Entidad Local (Comarca, Área Metropolitana, Mancomunidad).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia e Isla en los archipiélagos balear y canario) y las que también gozan de esa condición: Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.
Datos clave
- ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
- ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Potestades de municipios, provincias e islas como Administraciones territoriales, su posible extensión a otras entidades locales según las leyes autonómicas y el régimen propio de las mancomunidades.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 5
Artículo 5.
Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad si se interpreta en el sentido del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624
Y por conexión todas las remisiones al mismo contenidas en la presente Ley.
Datos clave
- ¿Qué ley modificó el art. 5 LBRL? → La Ley 11/1999, de 21 de abril.
- ¿A qué debe ajustarse el ejercicio de la capacidad jurídica de las Entidades locales según el art. 5? → A la Constitución y las leyes.
- Es la «lista de la compra» de la capacidad jurídica local: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Entidades locales tienen plena capacidad jurídica, para sus fines y en el ámbito de sus competencias, para adquirir y disponer de bienes, contratar, establecer servicios, obligarse, recurrir y ejercitar acciones.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 6
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.
Datos clave
- ¿Quién ejerce el control de legalidad de los actos de las entidades locales según el art. 6.2? → Los Tribunales.
- Cita los cuatro principios de actuación del art. 6.1. → Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
- Cuatro principios del apartado 1: eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos, con cuatro principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho; el control de legalidad de sus actos es de los Tribunales.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 7
1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Por qué instrumento normativo deben determinarse las competencias propias de los Municipios? → Solo por Ley.
- ¿Qué dos informes previos son necesarios y vinculantes para ejercer competencias distintas de las propias y delegadas? → El de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y el de la Administración con la tutela financiera (sostenibilidad financiera).
- Las competencias de las Entidades Locales son propias (determinadas solo por Ley) o atribuidas por delegación del Estado y las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias locales propias (solo por Ley) o delegadas, y requisitos estrictos para ejercer otras distintas: sin riesgo para la sostenibilidad financiera, sin duplicidad y con dos informes previos vinculantes.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Qué entidades pueden gestionar servicios ordinarios de la Administración autonómica según el art. 8? → Las Provincias y las Islas.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, conforme a los Estatutos y a la legislación de las Comunidades Autónomas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 9
Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o provinciales especiales.
Datos clave
- ¿Qué no pueden hacer las normas de desarrollo de la LBRL respecto a Municipios, Provincias o Islas? → Limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular.
- Regla anti-«traje a medida»: las normas de desarrollo no pueden limitar su ámbito de aplicación a una o varias entidades con carácter singular, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales previstos en la propia Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas de desarrollo de la LBRL no pueden dirigirse con carácter singular a uno o varios municipios, provincias o islas concretos, salvo los regímenes municipales o provinciales especiales de la propia Ley.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 10
1. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.
Datos clave
- ¿Qué apartado del art. 10 dice que la coordinación es compatible con la autonomía local? → El apartado 4.
- Cuatro deberes del apartado 1: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Relaciones entre la Administración local y las demás: cuatro deberes recíprocos, cuándo procede la coordinación, su objeto especial y su compatibilidad con la autonomía local.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 11
1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.
Datos clave
- ¿Cuáles son los elementos del Municipio según el art. 11 LBRL? → El territorio, la población y la organización.
- ¿Cómo define el art. 11 LBRL al Municipio? → Como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- Los tres elementos del Municipio son el territorio, la población y la organización («TPO»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad; sus elementos son territorio, población y organización.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 12 · 1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias
Artículo 12.
1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Se modifica por el art. único.1 de la Ley 4/1996, de 10 de enero. Ref. BOE-A-1996-753
Datos clave
- ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
- ¿A cuántas provincias puede pertenecer un municipio? → A una sola.
- Artículo de dos líneas y dos datos: qué es el término (ámbito de competencias) y a cuántas provincias pertenece (una).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, y cada municipio pertenece a una sola provincia.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 13
1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige el art. 13.6 para aprobar el convenio de fusión? → Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados
- ¿Cuántos años deben pasar antes de que un municipio fusionado pueda segregarse (art. 13.4)? → Diez años
- ¿Qué debe emitirse antes de crear o suprimir un municipio (art. 13.1)? → Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Creación, supresión y alteración de municipios: ley autonómica con audiencia, dictamen e informe; nuevos municipios de al menos 4.000 habitantes; y el régimen completo de la fusión por convenio.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 14
1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
Datos clave
- ¿Cuándo tiene carácter oficial el cambio de denominación de un Municipio? → Cuando, tras anotarse en un Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
- ¿En qué lenguas puede estar la denominación de un Municipio? → En castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
- Cadena de pasos para memorizar: anotación en el Registro estatal → publicación en el BOE. El último eslabón es el que da la oficialidad.
- Tres opciones lingüísticas, no dos: castellano, otra lengua oficial de la Comunidad, o ambas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El cambio de nombre de un Municipio solo es oficial tras anotarse en el Registro estatal de entidades y publicarse en el BOE; la denominación puede ser en castellano, en otra lengua oficial o en ambas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 15
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
Datos clave
- ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino? → En el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
- Si alguien vive en varios municipios, ¿dónde debe inscribirse? → Únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
- ¿Qué constituye la población del municipio? → El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal.
- Criterio de desempate si vives en varios municipios: el que habites durante más tiempo al año.
- Cadena de definiciones encadenadas: inscritos = población del municipio = vecinos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda persona que viva en España debe empadronarse en el municipio de residencia habitual; con varias residencias, en el que habite más tiempo al año. Los inscritos son la población y los vecinos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 16
1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: a) Nombre y apellidos. b) Sexo. c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. d) Nacionalidad. e) Lugar y fecha de nacimiento. f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. 2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. g) Certificado o título escolar o académico que se posea. h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. 3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.
Datos clave
- ¿Cada cuánto se renueva la inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin residencia de larga duración (art. 16.1)? → Cada dos años
- ¿Qué carácter tienen las certificaciones de datos del Padrón (art. 16.1)? → Documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Padrón es el registro de los vecinos y prueba residencia y domicilio; sus certificaciones son documento público; ciertos extranjeros renuevan cada dos años; datos obligatorios tasados y cesión limitada.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 17
1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. 2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
Datos clave
- ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento (art. 17.4)? → El Presidente del Instituto Nacional de Estadística
- ¿A qué mecanismo remite el art. 17.2 si un Ayuntamiento rechaza el requerimiento del INE? → A la ejecución sustitutoria del art. 60
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ayuntamiento forma y gestiona el Padrón; el INE coordina los de todos los municipios, resuelve discrepancias y propone cifras oficiales; el Consejo de Empadronamiento colabora; y existe un Padrón de residentes en el extranjero.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 18
1. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
Datos clave
- ¿A qué artículo de la Constitución remite el derecho del vecino a ser informado (art. 18.1.e)? → Al art. 105 CE
- ¿Qué puede exigir el vecino si un servicio es competencia municipal propia y obligatoria (art. 18.1.g)? → Su prestación o, en su caso, su establecimiento
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derechos y deberes de los vecinos: nueve letras, de ser elector a la iniciativa popular, y la advertencia de que el padrón no prueba la residencia legal de los extranjeros.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 19
1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes.
Datos clave
- ¿Quién integra el ayuntamiento según el art. 19 LBRL? → El Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
- ¿Cómo se eligen los Concejales? → Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- Cinco adjetivos del sufragio, en este orden: universal, igual, libre, directo y secreto («U-I-L-D-S»).
- El régimen de organización de los municipios señalados en el título X se ajusta a lo dispuesto en él; en lo no previsto por ese título, se aplica el régimen común de los artículos siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento (Alcalde y Concejales), salvo en Concejo Abierto; elección de Concejales y Alcalde, y régimen de los municipios del título X.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 20
1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. 2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.
Datos clave
- ¿Qué órganos existen en todos los ayuntamientos sin excepción según el art. 20.1.a? → El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
- ¿A partir de qué población es obligatoria la Junta de Gobierno Local (art. 20.1.b)? → Más de 5.000 habitantes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas de la organización municipal: órganos de todos los ayuntamientos, los ligados a más de 5.000 habitantes, las comisiones especiales y la organización complementaria autonómica o propia.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 21
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. b) Representar al ayuntamiento. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e) Dictar bandos. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. ñ) (Derogada) o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. p) (Derogada) q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde. 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).
Datos clave
- ¿Qué porcentaje de los recursos ordinarios puede comprometer el Alcalde en operaciones de crédito sin acudir al Pleno (art. 21.1.f)? → El 10%
- ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal según el art. 21.1.i? → El Alcalde
- ¿Puede el Alcalde delegar la decisión de los empates con voto de calidad? → No, es una de las atribuciones indelegables del art. 21.3
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuciones del Alcalde como Presidente de la Corporación (letras a-s, con dos derogadas), nombramiento de Tenientes de Alcalde y la lista de atribuciones que no puede delegar.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 22
1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n) (Derogada) ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada) p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.
Datos clave
- ¿Qué umbral de operaciones de crédito corresponde al Pleno según el art. 22.2.m? → Las que superen el 10% de los recursos ordinarios (o el 15% de ingresos corrientes en las de tesorería)
- ¿Cómo se vota la moción de censura al Alcalde según el art. 22.3? → De forma pública, mediante llamamiento nominal
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno, presidido por el Alcalde, tiene las grandes atribuciones municipales (control, planeamiento, ordenanzas, presupuestos, personal, crédito), vota censura y confianza, y solo puede delegar parte de ellas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 23
1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.
Datos clave
- ¿Cuál es el número máximo de Concejales en la Junta de Gobierno Local? → No superior al tercio del número legal de Concejales (además del Alcalde, que la integra).
- ¿En qué casos sustituyen los Tenientes de Alcalde al Alcalde y en qué orden? → En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden de su nombramiento.
- ¿De entre quiénes se designan los Tenientes de Alcalde donde no existe Junta de Gobierno Local? → De entre los Concejales.
- Tres causas de sustitución, fáciles porque riman con «VAE»: Vacante, Ausencia, Enfermedad.
- El tope es un tercio del número legal de Concejales, y «no superior»: cabe menos, nunca más.
- Mismo esquema, órgano provincial: compáralo con el art. 35 (Junta de Gobierno de la Diputación y Vicepresidentes).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta de Gobierno Local la forman el Alcalde y hasta un tercio del número legal de Concejales; asiste al Alcalde y ejerce atribuciones delegadas. Los Tenientes de Alcalde le sustituyen por orden de nombramiento.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24
1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.
Datos clave
- ¿Para qué pueden los municipios crear órganos territoriales de gestión desconcentrada? → Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
- ¿Qué régimen de gestión desconcentrada se aplica en los municipios del artículo 121? → El establecido en el artículo 128.
- Palabra clave para distinguirlo del art. 24 bis: aquí son órganos del municipio (desconcentración interna); allí son entes de ámbito inferior al municipio.
- Dos remisiones que caen juntas: municipios del 121, régimen del 128.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación ciudadana y mejorar la gestión, sin romper la unidad de gobierno; en los del artículo 121 rige el artículo 128.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24 bis
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Datos clave
- ¿Tienen personalidad jurídica los entes de ámbito territorial inferior al Municipio? → No: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del municipio.
- ¿A quién corresponde la iniciativa para crear estos entes? → Indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso.
- ¿Qué requisito de eficiencia exige el art. 24 bis? → Solo pueden crearse si resulta una opción más eficiente, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- Regla de una línea: sin personalidad jurídica + iniciativa doble + Ayuntamiento oído siempre + test de eficiencia (LO 2/2012).
- Contrapunto con el art. 24: allí, órganos del ayuntamiento; aquí, entes creados al amparo de la ley autonómica y también desconcentrados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Entes de ámbito territorial inferior al Municipio: sin personalidad jurídica, regulados por las leyes autonómicas, con iniciativa de la población o del Ayuntamiento y solo si son la opción más eficiente.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 25
Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.
q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
6. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.
Datos clave
- El municipio ejerce como competencia propia la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- También son competencias propias municipales la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables y el impulso de la transición energética.
- Las competencias municipales en estas materias se determinarán por Ley, evaluando la conveniencia de los servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
- La Ley deberá ir acompañada de una memoria económica y prever los recursos necesarios sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
- La Ley garantizará que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia municipal propia a otra Administración Pública.
- Antes de atribuir competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá ponderarse específicamente la capacidad de gestión de la entidad local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de materias en las que el municipio ejerce competencias propias «en todo caso», de la a) a la q), y las condiciones que debe cumplir la ley que se las atribuye: memoria económica, sin duplicidades y ponderando antes su capacidad de gestión.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.
Datos clave
- ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de biblioteca pública? → Más de 5.000 habitantes.
- ¿A partir de qué población son obligatorios protección civil y prevención y extinción de incendios? → Más de 20.000 habitantes.
- ¿Qué órgano coordina ciertos servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes? → La Diputación provincial o entidad equivalente.
- ¿Qué sentencia declaró inconstitucionales varios incisos del apartado 2 del art. 26? → La STC 111/2016, de 9 de junio.
- Cuatro tramos de población, siempre sumando servicios: todos los municipios (8 servicios) → 5.000 hab. (+3) → 20.000 hab. (+4) → 50.000 hab. (+2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los servicios mínimos obligatorios del municipio crecen por tramos de población: todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes. En los de menos de 20.000, la Diputación coordina seis servicios.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 27
1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. 3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. b) Protección del medio natural. c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. j) Promoción y gestión turística. k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local. 8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Cuál es la duración mínima de una delegación de competencias en un Municipio (art. 27.1)? → Cinco años
- ¿Qué ocurre con una delegación sin dotación presupuestaria adecuada (art. 27.6)? → Es nula
- ¿Qué requiere la efectividad de la delegación según el art. 27.5? → La aceptación del Municipio interesado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en los Municipios: mínimo cinco años, memoria económica, sin mayor gasto, aceptación municipal, financiación obligatoria y control por el delegante.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 28
Podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios. La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.
Datos clave
- ¿A qué municipios se puede aplicar la gestión colaborativa del art. 28 LBRL? → A los de menos de 20.000 habitantes.
- ¿Quién decide aplicar la gestión colaborativa a un municipio y qué más hace falta? → Lo decide la Comunidad Autónoma, con la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas.
- El dato que más cae es el umbral: menos de 20.000 habitantes.
- Para que se aplique hacen falta tres 'síes': el de la Comunidad Autónoma (decide), el del municipio (conformidad) y el de las entidades locales (informe).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para garantizar recursos y servicios mínimos; los decide la Comunidad Autónoma con conformidad del municipio.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 29
1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.
Datos clave
- ¿Qué mayoría del Ayuntamiento se exige para constituir el Concejo Abierto por conveniencia (art. 29.2)? → Dos tercios de sus miembros
- ¿Quién forma la asamblea vecinal en el Concejo Abierto según el art. 29.3? → Todos los electores del municipio
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Concejo Abierto es un régimen de gobierno con Alcalde y asamblea de todos los electores. Se aplica por tradición o por conveniencia, y en este segundo caso exige petición vecinal, dos tercios del Ayuntamiento y aprobación autonómica.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 30
Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
Datos clave
- ¿Quién puede establecer regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural? → Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en la LBRL.
- ¿Qué características cita el art. 30 LBRL como aconsejables para un régimen especial? → El carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
- Recuento para el test: se citan tres actividades expresas (turísticas, industriales, mineras) más la cláusula abierta «u otras semejantes».
- Sujeto habilitado = Comunidades Autónomas; en el art. 30 no aparece ni el Estado ni el propio municipio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las leyes autonómicas de régimen local pueden crear regímenes especiales para municipios pequeños o rurales y para los que lo aconsejen por su carácter histórico-artístico o por sus actividades predominantes.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 31
1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 31 LBRL la Provincia? → Como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- ¿Cuáles son los dos fines propios y específicos de la Provincia? → Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
- ¿A quién corresponde el gobierno y la administración autónoma de la Provincia? → A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
- Dos letras, dos verbos: a) asegurar la prestación; b) participar en la coordinación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Provincia es una entidad local formada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia. Su fin es la solidaridad y el equilibrio intermunicipales, y la gobierna la Diputación u otra Corporación representativa.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32
La organización provincial responde a las siguientes reglas: 1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal.
Datos clave
- ¿Qué órganos existen en todas las Diputaciones según el art. 32 LBRL? → El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
- ¿Con qué criterio participan los grupos políticos en los órganos de estudio, informe o consulta? → Mediante Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.
- ¿Quién establece y regula el resto de órganos complementarios de la Diputación? → Las propias Diputaciones, sin perjuicio de que las leyes autonómicas puedan establecer una organización provincial complementaria.
- Cuatro órganos en todas las Diputaciones: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno, Pleno.
- El criterio de reparto en las comisiones es proporcional a los Diputados en el Pleno, no paritario ni por grupos a partes iguales.
- La palabra de la legislación autonómica en el apartado 3 es «complementaria»: añade, no sustituye a lo básico del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda Diputación tiene Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno, más órganos de estudio, informe o consulta en los que los grupos participan en proporción a sus Diputados en el Pleno.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32 bis
Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
Datos clave
- ¿Entre quiénes debe nombrarse al personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares? → Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional pertenecientes a cuerpos o escalas del subgrupo A1.
- ¿Con qué criterios se efectúa ese nombramiento? → De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia.
- ¿Cuándo puede el titular no ser funcionario? → Cuando el correspondiente Reglamento Orgánico lo permita, en atención a las características específicas de las funciones del órgano directivo.
- Cuatro procedencias posibles: Estado, CCAA, Entidades Locales y habilitados nacionales; una sola clasificación: A1.
- El artículo se aplica a tres entidades: Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra por competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico permita otra cosa.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 33
1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. l) (Derogada) m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n) (Derogada) ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.
Datos clave
- ¿A partir de qué porcentaje de recursos ordinarios decide el Pleno una operación de crédito? → Más del 10% (15% si es de tesorería), art. 33.2.k.
- ¿Quién vota la moción de censura al Presidente de la Diputación? → El Pleno, mediante llamamiento nominal (art. 33.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno de la Diputación (Presidente y Diputados) tiene las grandes atribuciones provinciales, vota censura y confianza y puede delegar en el Presidente y la Comisión de Gobierno salvo las reservadas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 34
1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. k) (Derogada) l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. m) (Derogada) n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.
Datos clave
- ¿Qué NO puede delegar el Presidente de la Diputación? → Convocar el Pleno, el voto de calidad, concertar créditos y la jefatura del personal (art. 34.2).
- ¿Quién nombra a los Vicepresidentes de la Diputación? → El Presidente (art. 34.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuciones del Presidente de la Diputación (dirigir, representar, convocar y presidir, personal, gestión económica, acciones judiciales…) y la lista de las que no puede delegar. También nombra a los Vicepresidentes.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 35
1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno.
Datos clave
- ¿Cómo se integra la Junta de Gobierno de la Diputación? → Por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
- ¿De entre quiénes se designan los Vicepresidentes de la Diputación? → De entre los miembros de la Junta de Gobierno, libremente designados por el Presidente.
- ¿Puede el Presidente delegar cometidos específicos en Diputados ajenos a la Junta de Gobierno? → Sí, mediante delegaciones especiales a favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
- Trío de sustitución idéntico al municipal: vacante, ausencia o enfermedad, y por orden de nombramiento.
- Estudia el 23 y el 35 en paralelo: las preguntas suelen cruzar Teniente de Alcalde ↔ Vicepresidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta de Gobierno de la Diputación la forman el Presidente y Diputados libremente nombrados, sin pasar del tercio del número legal. Asiste al Presidente y ejerce lo delegado; los Vicepresidentes salen de ella.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 36
1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.
Datos clave
- ¿Por debajo de qué población es obligatoria la secretaría e intervención provincial? → 1.000 habitantes (art. 36.1.b).
- ¿Por debajo de qué población asume la Diputación el tratamiento de residuos? → 5.000 habitantes (art. 36.1.c).
- ¿Por debajo de qué población asume la Diputación la extinción de incendios? → 20.000 habitantes (art. 36.1.c).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias propias de la Diputación: coordinar servicios municipales, asistir a los municipios, prestar servicios supramunicipales y apoyar a los de menor población, con umbrales de 1.000, 5.000 y 20.000 habitantes. Su instrumento es el plan provincial anual.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 37
1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27.
Datos clave
- ¿Qué tipo de competencias puede delegar el Estado en las Diputaciones y con qué trámite previo? → Competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
- ¿A qué artículo se acomoda el ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas? → Al artículo 27.
- Palabra clave del Estado: «mera ejecución» + «previa consulta e informe». Si en la pregunta el Estado delega algo más que ejecución, es falsa.
- Remisión final que cae: el ejercicio de lo delegado va por el artículo 27.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones o encomendarles la gestión ordinaria de servicios; el Estado solo puede delegar competencias de mera ejecución, previa consulta e informe autonómico.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 38
Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
Datos clave
- Según el art. 38 LBRL, ¿a qué se extienden las previsiones establecidas para la Diputación? → A otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
- Piensa en 'equivalente funcional de la Diputación': mismas normas, distinto nombre según el territorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo que la LBRL prevé para la Diputación se aplica también a las otras Corporaciones representativas a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 39
Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de aplicación con carácter supletorio.
Datos clave
- ¿Qué órganos forales conservan su régimen peculiar según el art. 39 LBRL? → Los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
- ¿Con qué carácter se aplica la LBRL a esos órganos forales? → Con carácter supletorio.
- Artículo de dos datos: tres territorios históricos + aplicación supletoria de la LBRL.
- Si la pregunta mete a Navarra en la lista del art. 39, es falsa: Navarra está en el art. 40.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco; la LBRL solo se les aplica con carácter supletorio.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 40
Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto propio.
Datos clave
- ¿Qué asumen las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra? → Las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.
- ¿Qué Comunidad se exceptúa de la regla del art. 40 LBRL? → La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto propio.
- Tríada literal que cae en test: competencias, medios y recursos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos de las Diputaciones Provinciales, con la excepción de Baleares según su Estatuto.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 41
1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares.
Datos clave
- ¿Qué son los Cabildos Insulares Canarios y por qué normas se rigen? → Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla; se rigen por la disposición adicional decimocuarta de la LBRL y supletoriamente por las normas de las Diputaciones provinciales.
- ¿Para qué subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares canarias? → Exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales.
- ¿Qué normas se aplican a los Consejos Insulares de las Islas Baleares? → Las de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo sus competencias conforme a esta ley y al Estatuto de Autonomía de Baleares.
- Tres palabras para los Cabildos: gobierno, administración y representación de cada isla.
- La presidencia de la mancomunidad interinsular no rota ni se vota: la tiene el Presidente del Cabildo de la isla con la capital de la provincia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Régimen insular: los Cabildos canarios gobiernan cada isla y asumen las competencias de las Diputaciones; las mancomunidades interinsulares solo representan intereses provinciales; los Consejos Insulares baleares siguen la organización de las Diputaciones.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 42
1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.
Datos clave
- ¿Qué mayoría de municipios puede vetar una comarca? → Dos quintas partes, si representan la mitad del censo electoral (art. 42.2).
- ¿Pierden los municipios sus competencias del art. 26 al crearse la comarca? → No, la ley lo prohíbe expresamente (art. 42.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas pueden crear comarcas que agrupen municipios con intereses comunes. Hay un veto municipal (dos quintas partes con la mitad del censo) y los municipios conservan sus servicios mínimos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 43
1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 2. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipios integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.
Datos clave
- ¿Cómo se crea un área metropolitana? → Por Ley autonómica, oídos el Estado y los municipios y diputaciones afectados (art. 43.1).
- ¿Qué garantiza el régimen económico del área metropolitana? → La participación de todos los municipios y un reparto justo de las cargas (art. 43.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir por Ley áreas metropolitanas, previa audiencia del Estado y de los entes locales afectados; qué son y qué debe regular la ley autonómica.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 44
1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.
Datos clave
- ¿Tiene la mancomunidad personalidad jurídica propia? → Sí, para cumplir sus fines específicos (art. 44.2).
- ¿Quién elabora los estatutos de una mancomunidad? → Los concejales de los municipios promotores, constituidos en asamblea (art. 44.3.a).
- ¿Pueden mancomunarse municipios de distintas CCAA? → Sí, si lo permiten las normativas autonómicas afectadas (art. 44.5).
- Pueden mancomunarse municipios de distintas Comunidades Autónomas si lo permiten sus normativas (art. 44.5).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de los municipios a mancomunarse para obras y servicios comunes: personalidad jurídica, contenido de los Estatutos, reglas mínimas para aprobarlos y mancomunidades entre Comunidades distintas.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 46
1. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.
2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes reglas:
a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.
Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la letra c) de este precepto, en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.
b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
c) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. En los municipios de hasta 100 residentes, que no funcionen en régimen de Concejo Abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá ser inferior a dos. Estos quórums deberán mantenerse durante toda la sesión.
En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
d) La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las Corporaciones abstenerse de votar.
La ausencia de uno o varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.
En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.
3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.
Se añade el apartado 3 por la disposición final 2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Ref. BOE-A-2020-4208#df-2
Se modifica el apartado 2.c) por la disposición final 1.2 de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2011-1639 .
Se modifica el apartado 2.a) y se añade el apartado 2.e) por el art. 1.10 y 11 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Redactado el apartado 2.a) y .e) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1999. Ref. BOE-A-1999-16744
Datos clave
- Pleno ordinario: cada mes en municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales
- Cada dos meses en municipios de 5.001 a 20.000 habitantes; cada tres meses hasta 5.000 habitantes
- Extraordinario a petición de la cuarta parte de los miembros, sin que ningún concejal pueda pedir más de tres al año
- Plazo máximo de quince días hábiles para celebrar el extraordinario solicitado
- Convocatoria con dos días hábiles de antelación como mínimo
- Quórum: un tercio del mínimo legal de miembros, nunca inferior a tres; en empate decide el voto de calidad del Presidente
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas de funcionamiento del Pleno local: periodicidad de las sesiones ordinarias según población, extraordinarias a petición de la cuarta parte, convocatoria con dos días hábiles, quórum de un tercio, votaciones y sesiones a distancia.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 47
1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales.
b) Creación, modificación y supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley.
c) Aprobación de la delimitación del término municipal.
d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio.
e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.
g) Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
i) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales.
j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
k) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.
l) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
m) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.
n) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
ñ) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
o) Las restantes determinadas por la ley.
3. Las normas relativas a adopción de acuerdos en los municipios señalados en el artículo 121 de esta ley, son las contenidas en el apartado 2 del artículo 123.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Se modifica el apartado 3 por el art. 1.12 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Redactado el apartado 3.g) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1999. Ref. BOE-A-1999-16744
Se modifica el apartado 3.i) por el art. 4.4 de la Ley 7/1997, de 14 de abril. Ref. BOE-A-1997-7879
Se modifica el apartado 3.i) por el art. 4.4 del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio. Ref. BOE-A-1996-13000
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 147, de 18 de junio de 1996. Ref. BOE-A-1996-13887
Datos clave
- Regla general: mayoría simple (más votos afirmativos que negativos)
- Mayoría absoluta para: creación/supresión de municipios, cambio de nombre o capitalidad, bandera o escudo, reglamento orgánico
- Mayoría absoluta también para: mancomunidades, cesión de bienes comunales, concesiones de más de cinco años por más del 20% del presupuesto
- Mayoría absoluta para enajenación de bienes por más del 20% del presupuesto y operaciones financieras superiores al 10%
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los acuerdos locales se toman por mayoría simple de los presentes, salvo una lista cerrada de materias que exigen mayoría absoluta del número legal de miembros: territorio, símbolos, reglamento orgánico, bienes, crédito, planeamiento…
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 48
En los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente solicitud se cursará por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma.
Cuando el dictamen deba ser solicitado conjuntamente por Entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas a petición de la Entidad de mayor población.
Se añade el segundo párrafo por el art. 1.13 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado, por Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624
Datos clave
- Si afecta a entidades de distintas Comunidades Autónomas, se cursa por el Ministerio de Administraciones Públicas a petición de la de mayor población
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las solicitudes de dictamen preceptivo del Consejo de Estado se cursan por el Presidente de la Comunidad Autónoma; si las piden juntas entidades de varias Comunidades, por el Ministerio a petición de la de mayor población.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 49
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) Aprobación inicial por el Pleno. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Datos clave
- ¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia en la aprobación de ordenanzas locales? → Treinta días.
- ¿Qué ocurre si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia? → Se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- ¿Qué órgano aprueba inicial y definitivamente las ordenanzas locales? → El Pleno.
- Tres letras y dos plenos: inicial (a) → exposición (b) → definitiva (c). El Pleno aparece en la primera y en la última.
- Cifra única del artículo: treinta días como mínimo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales: aprobación inicial por el Pleno, información pública de al menos treinta días y aprobación definitiva; sin reclamaciones, el acuerdo provisional se entiende definitivo.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 50
1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma Corporación local se resolverán:
a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de éstos o entidades locales de las previstas en el artículo 45.
b) Por el Alcalde o Presidente de la Corporación, en el resto de los supuestos.
2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y dictamen del Consejo de Estado.
Se añade el apartado 3 por el art. 1.15 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Datos clave
- Conflictos entre órganos de una misma corporación que afecten a órganos colegiados: los resuelve el Pleno
- El resto de conflictos entre órganos de una misma corporación: los resuelve el Alcalde o Presidente
- Conflictos entre entidades locales distintas: los resuelve la Comunidad Autónoma o el Estado, según pertenezcan a la misma o distinta comunidad
- Deslinde de términos municipales entre municipios de distintas Comunidades Autónomas: lo resuelve el Estado, con informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién resuelve los conflictos de atribuciones dentro de una Corporación, los de competencias entre entidades locales y los deslindes entre municipios de distintas Comunidades Autónomas.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 51
Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.
Datos clave
- Regla general: los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos
- Excepciones: que una disposición legal establezca lo contrario o que se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición legal establezca lo contrario o que se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 52
1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. 2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2. b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.
Datos clave
- ¿Es obligatorio el recurso de reposición contra actos locales? → No, es potestativo (art. 52.1).
- ¿Qué órganos agotan la vía administrativa por regla general? → El Pleno, el Alcalde/Presidente y la Junta de Gobierno (art. 52.2.a).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra los actos locales que ponen fin a la vía administrativa cabe acudir a la jurisdicción, con reposición potestativa previa; el artículo fija qué resoluciones ponen fin a esa vía.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 53
Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta Ley, las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común.
Datos clave
- Las Corporaciones locales pueden revisar sus actos y acuerdos con el mismo alcance que la Administración del Estado según la legislación de procedimiento administrativo común
- Se aplica sin perjuicio de las previsiones específicas de los artículos 65, 67 y 110 de la Ley
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Corporaciones locales pueden revisar sus actos y acuerdos con el mismo alcance que la Administración del Estado según la ley de procedimiento común, sin perjuicio de los artículos 65, 67 y 110.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 54
Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
Datos clave
- Las entidades locales responden directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos
- La responsabilidad surge por el funcionamiento de los servicios públicos o por la actuación de autoridades, funcionarios o agentes
- Se rige por la legislación general sobre responsabilidad administrativa
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales responden directamente de los daños causados a los particulares por sus servicios públicos o por sus autoridades, funcionarios o agentes, según la legislación general de responsabilidad administrativa.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 55
Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones.
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas.
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
Se modifica por el art. 1.15 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- El principio que rige las relaciones recíprocas entre Estado, Comunidades Autónomas y Administración local es el de lealtad institucional
- Deber de respetar el ejercicio legítimo de las competencias de otras Administraciones
- Deber de ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados y valorar el impacto presupuestario y financiero
- Deber de facilitar información de gestión y de prestar cooperación y asistencia activas
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Estado, Comunidades Autónomas y entes locales se deben lealtad institucional: respetar competencias ajenas, ponderar todos los intereses públicos, valorar el impacto financiero, informar y cooperar.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 56
1. Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber.
2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes.
3. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberán facilitar el acceso de los representantes legales de las entidades locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.
Datos clave
- Las entidades locales deben remitir al Estado y a las Comunidades Autónomas copia o extracto de sus actos y acuerdos
- Responsables del cumplimiento: los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones
- El Estado y las Comunidades Autónomas pueden recabar información concreta, exhibición de expedientes y emisión de informes
- Deben facilitar el acceso de los representantes legales de las entidades locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión que les afecten
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deber de las entidades locales de remitir copia o extracto de sus actos al Estado y a la Comunidad Autónoma, facultad de estos para recabar información y su deber de facilitar acceso a sus planes.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 57
1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información.
2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los inicialmente previstos.
4. Asimismo, en el ámbito de las relaciones interadministrativas de cooperación, las entidades locales, cuando concurran situaciones ocasionadas tras la producción de una emergencia civil por catástrofes naturales o derivadas de la acción humana con graves daños, podrán aportar por decisión de los órganos competentes de la entidad local, con sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, medios humanos y materiales a las entidades locales afectadas gravemente por dicha catástrofe a fin de coadyuvar al restablecimiento de la normalidad en lo posible, todo ello en razón de la protección de los intereses públicos y la aplicación del principio de solidaridad.
Se añade el apartado 4 por la disposición final 1 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre. Ref. BOE-A-2024-23422#df
Se modifica por el art. 1.16 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- La cooperación económica, técnica y administrativa entre Administración local, Estado y Comunidades Autónomas es voluntaria
- Se instrumenta mediante consorcios o convenios administrativos
- De cada acuerdo de cooperación se da comunicación a las Administraciones interesadas que no hayan intervenido
- El consorcio solo procede cuando la cooperación no pueda formalizarse mediante convenio y sea más eficiente
- Apartado 4: las entidades locales pueden aportar medios humanos y materiales a otras afectadas por catástrofes, en aplicación del principio de solidaridad
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cooperación entre la Administración local, el Estado y las Comunidades Autónomas es voluntaria, mediante convenios o consorcios; el consorcio solo cabe si no sirve el convenio. Y ayuda entre entidades locales ante catástrofes.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 57 bis
Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.
(Anulado)
Se declara inconstitucional y nulo, en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, por Sentencia del TC 41/2016, de 3 de marzo. Ref. BOE-A-2016-3407 .
Se añade por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- El artículo 57 bis regulaba la garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas
- Fue declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 57 bis llevaba por título «Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas», pero en el texto vigente figura como anulado y no contiene ninguna regla.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 58
1. Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán crear, para la coordinación administrativa, órganos de colaboración de las Administraciones correspondientes con las entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente deliberantes o consultivos, podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial.
Para asegurar la colaboración entre la Administración del Estado y la Administración Local en materia de inversiones y de prestación de servicios, el Gobierno podrá crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de Administración Local. Reglamentariamente, se establecerá la composición, organización y funcionamiento de la Comisión.
2. Tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas podrán participar en los respectivos órganos de colaboración establecidos por cada una de ellas.
En todo caso, las Administraciones que tengan atribuidas la formulación y aprobación de instrumentos de planificación deberán otorgar a las restantes una participación que permita armonizar los intereses públicos afectados.
La participación de los municipios en la formación de los planes generales de obras públicas que les afecten se realizará en todo caso de conformidad con lo que disponga la correspondiente legislación sectorial. Asimismo, en la determinación de usos y en la adopción de resoluciones por parte de otras Administraciones públicas en materia de concesiones o autorizaciones relativa al dominio público de su competencia, será requisito indispensable para su aprobación el informe previo de los municipios en cuyo territorio se encuentre dicho dominio público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se añade el último párrafo al apartado 2 por el art. 1.17 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Datos clave
- Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas pueden crear órganos de colaboración con las entidades locales
- Estos órganos son únicamente deliberantes o consultivos, de ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial
- El Gobierno puede crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de Administración Local
- Es requisito indispensable el informe previo de los municipios afectados en materia de dominio público (arts. 82 y 83 de la Ley 30/1992)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Órganos de colaboración entre Administraciones y entidades locales, Comisión Territorial de Administración Local, participación en la planificación e informe previo municipal en concesiones sobre dominio público.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 59
1. A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas, en los supuestos previstos en el número 2 del artículo 10 y para el caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos contemplados en los artículos anteriores o éstos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se trate, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas, reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación, o al Consejo de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias.
La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente. En la tramitación de los mismos se observará lo dispuesto en el número 2 del artículo anterior.
Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior.
2. En todo caso, la Ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las correspondientes Asambleas Legislativas.
Datos clave
- La facultad de coordinación de la actividad de la Administración Local puede atribuirse por ley al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno
- Se ejerce en especial sobre las Diputaciones Provinciales, mediante planes sectoriales que fijan objetivos y prioridades
- La Ley debe precisar con detalle las condiciones y límites de la coordinación
- También debe fijar las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas correspondientes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las leyes sectoriales pueden atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo de Gobierno la coordinación de la Administración Local, mediante planes sectoriales, con condiciones y límites fijados en la propia Ley.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 60
Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectará al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local.
Datos clave
- Ante el incumplimiento de obligaciones legales de una entidad local, se le concede un plazo para cumplir, nunca inferior a un mes
- Si persiste el incumplimiento, se adoptan las medidas necesarias a costa y en sustitución de la entidad local
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una entidad local incumple obligaciones legales que afectan a competencias del Estado o de la Comunidad y con cobertura económica garantizada, se le recuerda con un plazo de al menos un mes y, si persiste, se actúa en su sustitución.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 61
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.
Se modifica por el art. 6 de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo. Ref. BOE-A-2003-4923
Datos clave
- La disolución de los órganos de las corporaciones locales se acuerda mediante real decreto del Consejo de Ministros
- Requiere previo acuerdo favorable del Senado
- Causa: gestión gravemente dañosa para los intereses generales que incumpla obligaciones constitucionales
- Se considera dañoso, en todo caso, el apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y el menosprecio o humillación a las víctimas o sus familiares.
- Tras la disolución se aplica la legislación electoral general y la normativa de administración ordinaria provisional
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Ministros puede disolver por real decreto los órganos de una corporación local por gestión gravemente dañosa que incumpla obligaciones constitucionales, siempre con acuerdo favorable previo del Senado.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 62
En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las Leyes reguladoras de la acción pública en relación con la misma asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntamente con la Administración del Estado y/o con la de la Comunidad Autónoma correspondiente, atribuyéndole a una de éstas la decisión final.
En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios que corresponde a la entidad local.
Datos clave
- Cuando sea muy difícil asignar de forma diferenciada las facultades decisorias, se asegura la participación o integración de las entidades locales en actuaciones conjuntas con el Estado o la Comunidad Autónoma
- Se atribuye a una de estas Administraciones la decisión final
- En ningún caso estas técnicas pueden afectar a la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando sea muy difícil o inconveniente repartir facultades decisorias, las leyes sectoriales garantizan a la entidad local participar o integrarse en actuaciones conjuntas con el Estado y/o la Comunidad Autónoma, que decide al final; su autoorganización queda intacta.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 63
1. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso- administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en los casos y términos previstos en este Capítulo. b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. 2. Están igualmente legitimadas en todo caso las entidades locales territoriales para la impugnación de las disposiciones y actos de la Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía, tal como ésta resulta garantizada por la Constitución y esta Ley. 3. Asimismo, las entidades locales territoriales estarán legitimadas para promover, en los términos del artículo 119 de esta Ley, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estime que son éstas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.
Datos clave
- ¿Quién, además del Estado y la CCAA, puede impugnar un acuerdo local ilegal? → Los miembros de la Corporación que votaron en contra (art. 63.1.b).
- ¿Ante qué órgano pueden las entidades locales impugnar una ley que lesione su autonomía? → Ante el Tribunal Constitucional, conforme al art. 119 (art. 63.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Además de los legitimados del régimen general, pueden impugnar actos locales ilegales el Estado, la Comunidad Autónoma y los miembros que votaron en contra; y los entes locales territoriales pueden defender su autonomía.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 64
La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas pueden solicitar ampliación de la información a que se refiere el número 1 del artículo 56, que deberá remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles, excepto en el caso previsto en el artículo 67 de esta Ley, en el que lo será de cinco días hábiles. En tales casos se suspende el cómputo de los plazos a que se refieren el número 2 del artículo 65 y el 1 del artículo 67, que se reanudarán a partir de la recepción de la documentación interesada.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe remitirse la ampliación de información del art. 56.1 LBRL? → En el plazo máximo de veinte días hábiles, salvo en el caso del artículo 67, en que será de cinco días hábiles.
- ¿Qué efecto tiene la solicitud de ampliación de información sobre los plazos? → Suspende el cómputo de los plazos de los artículos 65.2 y 67.1, que se reanudan a partir de la recepción de la documentación interesada.
- Regla numérica: 20 hábiles en general, 5 hábiles si es el caso del 67 (que es el de urgencia por atentado grave al interés general).
- Tres remisiones del artículo, en orden: pide información del 56.1, suspende el 65.2 y el 67.1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado y las Comunidades Autónomas pueden pedir que se amplíe la información del art. 56.1: se remite en veinte días hábiles (cinco en el caso del art. 67) y se suspenden los plazos de los arts. 65.2 y 67.1.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 65
1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. 2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 3. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello. 4. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso- administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe formularse el requerimiento del art. 65? → 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo (art. 65.2).
- ¿Es obligatorio requerir antes de impugnar un acto local ante lo contencioso? → No, cabe impugnar directamente sin requerimiento previo (art. 65.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado o la Comunidad Autónoma pueden requerir a la entidad local para que anule un acto ilegal en un mes y, después, impugnarlo; o impugnarlo directamente sin requerimiento.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 66
Los actos o acuerdos de las Entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas Entidades, podrán ser impugnados por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo anterior. La impugnación deberá precisar la lesión o, en su caso, extralimitación competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda. En el caso de que, además, contuviera petición expresa de suspensión del acto o acuerdo impugnado, razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordará dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación. No obstante, a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración demandante, podrá alzar en cualquier momento, en todo o en parte, la suspensión decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse perjuicio al interés local no justificado por las exigencias del interés general o comunitario hecho valer en la impugnación.
Datos clave
- ¿Qué debe precisar la impugnación del art. 66 LBRL? → La lesión o, en su caso, la extralimitación competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda.
- ¿Cuándo acuerda el Tribunal la suspensión del acto impugnado? → Cuando se ha pedido expresamente, razonada en la integridad y efectividad del interés general o comunitario afectado, y el Tribunal la estima fundada: en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación.
- ¿Puede alzarse la suspensión acordada? → Sí, a instancia de la entidad local y oyendo a la Administración demandante, en cualquier momento y en todo o en parte, si de ella se derivara perjuicio al interés local no justificado.
- Tres verbos de la impugnación: menoscaben, interfieran, excedan.
- Dos requisitos del escrito: precisar la lesión o extralimitación + las normas legales vulneradas.
- El alzamiento pide dos cosas: instancia de la entidad local y audiencia a la Administración demandante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Impugnación de actos locales que invaden competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma: qué debe precisar el escrito y cómo se suspende el acto y se alza la suspensión.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 67
1. Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. 2. El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de diez días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior. 3. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá impugnarlo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso- administrativa.
Datos clave
- ¿Qué plazo máximo puede concederse al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación del art. 67? → No podrá ser superior a cinco días.
- Acordada la suspensión, ¿qué debe hacer el Delegado del Gobierno y en qué plazo? → Impugnar el acto o acuerdo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- ¿Desde cuándo se cuentan los diez días para ejercer la facultad de suspensión? → Desde el día siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
- Regla del 10-5-10-10: diez días para requerir, cinco como máximo para que el Presidente conteste, diez para suspender y diez para impugnar. Solo uno de los cuatro números es distinto.
- Aquí el protagonista es el Delegado del Gobierno, no el Subdelegado ni el Ministerio: si la pregunta cambia el órgano, es falsa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante actos locales que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno requiere su anulación (10 días), da al Presidente hasta 5 días, puede suspender (10 días) y, suspendido, debe impugnar en 10 días.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 68
1. Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles. 3. Si en el plazo de esos treinta días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local. 4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.
Datos clave
- ¿Qué efecto produce el requerimiento del vecino sobre el plazo para ejercitar las acciones? → Lo suspende por un término de treinta días hábiles.
- Si la acción vecinal prospera, ¿a qué tiene derecho el actor? → A ser reembolsado por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.
- ¿Qué requisito debe cumplir el vecino para requerir el ejercicio de las acciones? → Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
- Un solo número que recordar: treinta días hábiles, y sirve para las dos cosas —lo que se suspende el plazo y lo que tiene la entidad para acordar—.
- Requisito del vecino: pleno goce de derechos civiles y políticos. Son los dos, no solo los políticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales deben defender sus bienes y derechos; si no lo hacen, cualquier vecino puede requerirlas y, pasados treinta días hábiles sin acuerdo, ejercer la acción en nombre de la entidad.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 69
Artículo 69.
1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de toda la ciudadanía en la vida local. A tal fin la información se ofrecerá en formatos accesibles, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño universal, de manera que resulten comprensibles para todas las personas.
2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.
Datos clave
- Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de toda la ciudadanía en la vida local.
- La información se ofrecerá en formatos accesibles, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño universal, de manera que resulten comprensibles para todas las personas.
- Las formas, medios y procedimientos de participación se establecen por las Corporaciones en ejercicio de su potestad de autoorganización.
- Los cauces de participación no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Corporaciones locales deben informar y abrir la participación a toda la ciudadanía con información en formatos accesibles y de diseño universal, sin que la participación pueda restar poder de decisión a los órganos representativos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70
1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local. 2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial. 3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.
Datos clave
- ¿Es pública la Junta de Gobierno Local? → No, en ningún caso (art. 70.1).
- ¿Cuándo puede ser secreto un debate del Pleno? → Cuando afecte al art. 18.1 CE y lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta (art. 70.1).
- ¿Cómo se deniega el acceso a copias o archivos municipales? → Solo mediante resolución motivada, por causas tasadas (art. 70.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Publicidad local: Pleno público salvo secreto por mayoría absoluta (art. 18.1 CE), Junta de Gobierno no pública; ordenanzas en el BOP con vigencia tras el art. 65.2; y derecho ciudadano a copias, certificaciones y archivos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70 bis
1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales. 2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. En los municipios a que se refiere el artículo 121 de esta ley, el informe de legalidad será emitido por el secretario general del Pleno y cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será emitido por el Interventor general municipal. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia. Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71. 3. Asimismo, las Entidades Locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado. 4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. Asimismo, las Entidades Locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
Datos clave
- ¿Qué % de firmas necesita la iniciativa popular en un municipio de 15.000 habitantes? → 15% (art. 70 bis.2.b).
- ¿Qué informes son obligatorios antes de debatir una iniciativa popular? → El de legalidad del Secretario y, si hay contenido económico, el del Interventor (art. 70 bis.2).
- ¿Quiénes ayudan a los municipios pequeños a cumplir el deber de administración electrónica? → Las Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares (art. 70 bis.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Participación vecinal: órganos y procedimientos en normas orgánicas, iniciativa popular con firmas del 20, 15 o 10 % según población, impulso de las tecnologías de la información y ventanilla única para prestadores de servicios.
Esquema
| Población | Firmas mínimas | |
|---|---|---|
| Tramo 1 | Hasta 5.000 habitantes | 20 % |
| Tramo 2 | De 5.001 a 20.000 habitantes | 15 % |
| Tramo 3 | A partir de 20.001 habitantes | 10 % |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70 quater
1. Las Entidades Locales deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad de los servicios públicos a los vecinos, promoviendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la prestación de los mismos. Para ello, elaborarán planes que tengan por objeto la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y de las empresas a los servicios públicos. 2. Las Entidades Locales deberán crear y mantener un portal de internet de información a los vecinos y de acceso a los servicios públicos digitalizados para los que así se determine, que opere como plataforma tecnológica de comunicación entre aquellos y la Administración local destinada a promover la digitalización progresiva de los servicios públicos. 3. En este portal deberán publicar la información que las Administraciones locales consideren adecuada a este efecto y, en su caso, la relación de servicios públicos a los que se pueda acceder por el portal o los vínculos a la información sobre el acceso a los servicios públicos disponibles en el territorio, en los términos en los que disponga la normativa autonómica. 4. En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los servicios previstos en este artículo se prestarán con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades en los términos que se determinen por la legislación autonómica.
Datos clave
- ¿Qué deben crear y mantener las Entidades Locales según el art. 70 quater? → Un portal de internet de información a los vecinos y de acceso a los servicios públicos digitalizados, que opere como plataforma tecnológica de comunicación con la Administración local.
- ¿Qué régimen tienen los municipios de menos de 20.000 habitantes en el art. 70 quater? → Prestan los servicios con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades, en los términos que determine la legislación autonómica.
- Memoriza el par de cifras vecinas: 70 ter → 5.000 (publicación urbanística vía entes supramunicipales); 70 quater → 20.000 (portal y servicios digitales). Ter antes que quater, y cifra menor antes que mayor.
- Los planes y el portal son obligaciones de hacer («deberán»): en ambos casos el verbo es imperativo, no potestativo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales deben facilitar el acceso digital a los servicios públicos: planes de mecanismos digitales y un portal de internet para vecinos. Los municipios de menos de 20.000 habitantes tienen adaptaciones según la ley autonómica.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70 ter
1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos. 2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración. En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación. 3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia.
Datos clave
- ¿De qué periodo hay que hacer constar la identidad de propietarios y titulares de derechos reales en las alteraciones del art. 70 ter.3? → De los cinco años anteriores a la iniciación de la alteración.
- ¿Cómo pueden publicar telemáticamente el planeamiento los municipios menores de 5.000 habitantes? → A través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación.
- ¿Qué documentos deben estar a disposición de los ciudadanos que los soliciten? → Copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.
- Coincidencia útil: 5.000 habitantes (el umbral de los entes supramunicipales) y 5 años (el periodo de propietarios que hay que identificar). El cinco manda en este artículo.
- Los tres requisitos alternativos del apartado 3 son un trío fácil: edificabilidad, densidad, usos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Transparencia urbanística: copias de planes, gestión y convenios a disposición; publicación telemática (vía entes supramunicipales bajo 5.000 habitantes); e identidad de propietarios de los cinco años previos en ciertas alteraciones.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 71
De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.
Datos clave
- ¿Qué requisitos previos necesita el Alcalde para someter un asunto a consulta popular? → Acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación.
- ¿Qué asuntos quedan excluidos de la consulta popular municipal? → Los relativos a la Hacienda local.
- Tres condiciones, en orden cronológico: Pleno (mayoría absoluta) → Gobierno de la Nación (autorización) → Alcalde (somete la consulta).
- La única materia excluida expresamente es la Hacienda local: si un test añade otra exclusión, es falso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Alcalde puede someter a consulta popular asuntos municipales de especial relevancia vecinal, con acuerdo del Pleno por mayoría absoluta y autorización del Gobierno de la Nación; nunca los relativos a la Hacienda local.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 72
Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.
Datos clave
- ¿En los términos de qué precepto impulsan las Corporaciones la participación de las asociaciones vecinales en su gestión? → En los términos del número 2 del artículo 69.
- ¿Qué pueden hacer las Corporaciones locales con las asociaciones de defensa de los intereses vecinales? → Pueden declararlas de utilidad pública.
- La remisión es exacta: número 2 del artículo 69, es decir, la participación sin menoscabar las facultades de decisión de los órganos representativos. Estudia 69 y 72 juntos.
- Cuatro verbos en presente: favorecen, facilitan, impulsan y pueden declarar de utilidad pública.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las corporaciones locales apoyan a las asociaciones de defensa de intereses de los vecinos: las favorecen, informan, facilitan medios y ayudas e impulsan su participación; pueden declararlas de utilidad pública.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 73
1. La determinación del número de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral.
2. Los miembros de las Corporaciones locales gozan, una vez que tomen posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por la Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquél.
3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
Respecto a la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, las aportaciones que los grupos políticos destinen a los partidos políticos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de financiación de estos últimos, no serán objeto de contabilidad específica excepto de aquellas cantidades que, en su caso, se pudiera reservar el grupo municipal que pondrá a disposición del pleno de la corporación siempre que este lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.
Datos clave
- El número de miembros, el procedimiento de elección, la duración del mandato y la inelegibilidad e incompatibilidad se regulan en la legislación electoral
- Los miembros que no se integran en su grupo político o lo abandonan tienen la consideración de miembros no adscritos
- El Pleno puede asignar a los grupos políticos una dotación económica con un componente fijo, igual para todos, y otro variable según el número de miembros
- Los derechos económicos y políticos de los no adscritos no pueden superar a los que les hubiesen correspondido en el grupo de procedencia
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los miembros de las Corporaciones se rigen por la legislación electoral, se agrupan en grupos políticos y quienes no se integran o abandonan su grupo son no adscritos, con derechos limitados. El Pleno puede dotar a los grupos.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 74
1. Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos:
a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos.
b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas y desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de dedicación exclusiva.
En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas abonarán las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pasivas.
2. Para el personal laboral rigen idénticas reglas, de acuerdo con lo previsto en su legislación específica.
3. Los miembros de las Corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el centro o centros de trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.
Datos clave
- Situación de servicios especiales: cuando son funcionarios de la propia Corporación o funcionarios de carrera de otra Administración con cargo retribuido de dedicación exclusiva
- Las Corporaciones afectadas abonan las cotizaciones de las mutualidades obligatorias y las cuotas de clases pasivas
- El personal laboral se rige por idénticas reglas conforme a su legislación específica
- Sin dedicación exclusiva: garantía de permanencia en su centro de trabajo durante el mandato, sin traslado ni concurso forzoso
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los miembros de las Corporaciones locales quedan en servicios especiales si son funcionarios de esa Corporación o de carrera de otra Administración con cargo retribuido y de dedicación exclusiva; sin dedicación exclusiva conservan su centro de trabajo durante el mandato.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 75
1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo.
3. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
4. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.
5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones del pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado.
7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal.
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.
Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.
En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo.
8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica durante ese periodo para aquéllos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades.
Se modifican los apartados 7 y 8 por la disposición adicional 9.3 y 4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2015-11723#danovena .
Se modifican los apartados 7 y 8 por la disposición adicional 9.3 y .4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Ref. BOE-A-2008-10792
Se modifica el apartado 7 y se añade el apartado 8 por la disposición adicional 9.3 y .4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo. Ref. BOE-A-2007-10701
Se añaden los párrafos cinco y seis al apartado 7 por el art. 6 de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo. Ref. BOE-A-2003-4923
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 207, de 29 de agosto de 2003. Ref. BOE-A-2003-16835
Se modifica por el art. 42 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-24357
Se modifica el apartado 1 por el art. 1.23 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Se modifica por el art. 4 de la Ley 9/1991, de 22 de marzo. Ref. BOE-A-1991-7736
Datos clave
- Dedicación exclusiva: retribución con alta en el Régimen General de la Seguridad Social, incompatible con otras retribuciones públicas
- Dedicación parcial: retribución por el tiempo de dedicación efectiva, también con alta en la Seguridad Social
- Sin dedicación exclusiva ni parcial: solo asistencias por la concurrencia efectiva a sesiones, en la cuantía que fije el Pleno
- Declaración de bienes patrimoniales y de actividades: antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato
- Durante los dos años siguientes al mandato se aplican limitaciones al ejercicio de actividades privadas a quienes tuvieron responsabilidades ejecutivas
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Régimen económico de los cargos locales: retribución con alta en Seguridad Social si hay dedicación exclusiva o parcial, asistencias para quien no tiene dedicación, indemnizaciones, publicidad, declaraciones de intereses y limitaciones durante dos años tras el mandato.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 75 bis
1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla:
Habitantes
Referencia
Más de 500.000
Secretario de Estado.
300.001 a 500.000
Secretario de Estado -10%.
150.001 a 300.000
Secretario de Estado -20%.
75.001 a 150.000
Secretario de Estado -25%.
50.001 a 75.000
Secretario de Estado -35%.
20.001 a 50.000
Secretario de Estado -45%.
10.001 a 20.000
Secretario de Estado -50%.
5.001 a 10.000
Secretario de Estado -55%.
1.000 a 5.000
Secretario de Estado -60%.
Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Sin perjuicio de la regla general establecida en el apartado anterior, en el caso de las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
En el caso de los Cabildos y Consejos Insulares, sus Presidentes tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias referenciado a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia, según la siguiente tabla:
Habitantes
Referencia
Más de 150.000
Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
25.000 a 150.000
70% del Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
0 a 25.000
50% del Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
Los concejales que sean proclamados diputados provinciales o equivalentes deberán optar por mantener el régimen de dedicación exclusiva en una u otra Entidad Local, sin que en ningún caso puedan acumularse ambos regímenes de dedicación.
3. Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.
4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las Entidades Locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Téngase en cuenta para la aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva, la disposición transitoria décima de la citada Ley.
Habitantes · Referencia
Más de 500.000 · Secretario de Estado.
300.001 a 500.000 · Secretario de Estado -10%.
150.001 a 300.000 · Secretario de Estado -20%.
75.001 a 150.000 · Secretario de Estado -25%.
50.001 a 75.000 · Secretario de Estado -35%.
20.001 a 50.000 · Secretario de Estado -45%.
10.001 a 20.000 · Secretario de Estado -50%.
5.001 a 10.000 · Secretario de Estado -55%.
1.000 a 5.000 · Secretario de Estado -60%.
Habitantes · Referencia
Más de 150.000 · Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
25.000 a 150.000 · 70% del Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
0 a 25.000 · 50% del Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más poblada de su provincia.
Datos clave
- El límite máximo de retribuciones se fija según la población: en municipios de más de 500.000 habitantes equivale a la de un Secretario de Estado
- El límite desciende progresivamente hasta un -60% respecto al Secretario de Estado en municipios de 1.000 a 5.000 habitantes
- Los municipios de menos de 1.000 habitantes no pueden tener dedicación exclusiva, solo dedicación parcial excepcionalmente
- Los Presidentes de Diputaciones tienen como límite la retribución del Alcalde del municipio más poblado de su provincia
- En Cabildos y Consejos Insulares el límite es del 70% (25.000 a 150.000 habitantes) o del 50% (hasta 25.000 habitantes) de esa referencia
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Presupuestos Generales del Estado fijan cada año el tope retributivo de los cargos locales por tramos de población, tomando como referencia al Secretario de Estado. Presidentes de Diputación y de Cabildos se referencian al Alcalde del municipio más poblado.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 75 ter
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:
a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 1.001 y 2.000 habitantes, solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva.
c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos.
d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres.
e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.
f) En Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete.
g) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 20.001 y 35.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de diez.
h) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de once.
i) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de quince.
j) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 100.001 y 300.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dieciocho.
k) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 300.001 y 500.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinte.
l) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 500.001 y 700.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veintidós.
m) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.
n) En los Ayuntamientos de Municipios de Madrid y Barcelona, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán, respectivamente, de cuarenta y cinco y de treinta y dos.
2. El número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del municipio más poblado de su provincia.
3. En los Cabildos y Consejos Insulares el número máximo de miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva se determinará en función del siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y en las de menos de 800.000 habitantes el 60% de los cargos electos en cada Cabildo Insular.
Téngase en cuenta para la aplicación de las limitaciones referidas al número de cargos públicos con dedicación exclusiva, la disposición transitoria décima de la citada Ley.
Datos clave
- En municipios de menos de 1.000 habitantes ningún miembro puede tener dedicación exclusiva
- El número máximo de dedicaciones exclusivas crece con la población, desde uno (1.001-2.000 habitantes) hasta veinticinco (700.001-1.000.000 habitantes)
- Madrid y Barcelona tienen límites propios: cuarenta y cinco y treinta y dos, respectivamente
- En las Diputaciones provinciales el límite es el mismo que el del municipio más poblado de la provincia
- En los Cabildos y Consejos Insulares de menos de 800.000 habitantes el límite es el 60% de los cargos electos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Número máximo de miembros con dedicación exclusiva por tramos de población: ninguno por debajo de 1.000 habitantes y hasta veinticinco en el tramo más alto; Madrid y Barcelona, cuarenta y cinco y treinta y dos.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 76
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
Datos clave
- Deber de abstenerse en la deliberación, votación, decisión y ejecución cuando concurra causa de la legislación de procedimiento administrativo y contratos públicos
- La actuación con esas causas concurrentes implica la invalidez de los actos en que hayan intervenido, cuando haya sido determinante
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los miembros de las Corporaciones locales deben abstenerse en todo asunto en que concurra causa de la legislación de procedimiento y contratos; si intervienen y su actuación es determinante, los actos son inválidos.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 77
Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.
Se añade el segundo párrafo por el art. 1.24 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 184, de 3 de agosto de 1999. Ref. BOE-A-1999-16744
Datos clave
- Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Comisión de Gobierno antecedentes, datos o informaciones necesarios para su función
- La solicitud debe resolverse motivadamente en los cinco días naturales siguientes a su presentación
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo miembro de una Corporación local puede pedir al Alcalde o Presidente o a la Comisión de Gobierno los antecedentes y datos que necesite para su función; la solicitud se resuelve motivadamente en cinco días naturales.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 78
1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable.
2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.
3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.
4. Los Presidentes de las Corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine la Ley de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la del Estado.
Datos clave
- Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por actos y omisiones en el ejercicio del cargo, exigible ante los Tribunales de Justicia
- Son responsables de los acuerdos quienes los hubiesen votado favorablemente
- La Corporación puede exigir responsabilidad a sus miembros por dolo o culpa grave si hubo indemnización a terceros
- El Presidente puede sancionar con multa por falta no justificada de asistencia o incumplimiento reiterado de obligaciones
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responsabilidad de los miembros locales: civil y penal ante los Tribunales; de los acuerdos responde quien votó a favor; la Corporación puede repetir por dolo o culpa grave; y el Presidente puede multar faltas de asistencia o incumplimientos reiterados.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 79
1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.
2. Los bienes de las entidades locales son de dominio público o patrimoniales.
3. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
Datos clave
- El patrimonio de las entidades locales lo integran el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen
- Los bienes de las entidades locales son de dominio público o patrimoniales
- Los bienes de dominio público son los destinados a un uso o servicio público; los comunales son de aprovechamiento del común de los vecinos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El patrimonio local es el conjunto de bienes, derechos y acciones de la entidad. Sus bienes son de dominio público (destinados a uso o servicio público) o patrimoniales; son comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 80
1. Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
Datos clave
- Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles
- No están sujetos a tributo alguno
- Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por el Derecho privado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no sujetos a tributo; los patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por el Derecho privado.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 81
1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos:
a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios.
b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.
Datos clave
- La alteración de la calificación jurídica de los bienes requiere expediente que acredite su oportunidad y legalidad
- Se produce automáticamente con la aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y de proyectos de obras y servicios
- También se produce automáticamente por adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cambiar la calificación jurídica de un bien local exige expediente que acredite oportunidad y legalidad, salvo dos casos automáticos: aprobación definitiva de planes urbanísticos o proyectos de obras y servicios, y adscripción de más de veinticinco años.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 82
Las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas:
a) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales.
b) La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.
Datos clave
- Prerrogativa de recuperar por sí mismas la posesión: en cualquier momento para los bienes de dominio público
- Para los bienes patrimoniales, el plazo de recuperación de la posesión es de un año
- Prerrogativa de deslinde, conforme a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, de montes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prerrogativas locales sobre sus bienes: recuperar la posesión por sí mismas (en cualquier momento los de dominio público y en un año los patrimoniales) y el deslinde, conforme a la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, de montes.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 83
Los montes vecinales en mano común se regulan por su legislación específica.
Datos clave
- Objeto de la norma: los montes vecinales en mano común
- Se rigen por su legislación específica
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los montes vecinales en mano común se rigen por su legislación específica.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 84
1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.
Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725
Se añade el apartado 3 por el art. 1.25 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Datos clave
- Medios de intervención: ordenanzas y bandos; licencia u otro control preventivo; comunicación previa o declaración responsable; control posterior; órdenes individuales
- Principios que rigen la intervención: igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo perseguido
- Las licencias de otras Administraciones Públicas no eximen de obtener la licencia de la Entidad local
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Medios con los que las entidades locales intervienen la actividad de los ciudadanos: ordenanzas y bandos, licencia previa, comunicación previa o declaración responsable, control posterior y órdenes individuales, siempre con igualdad, necesidad y proporcionalidad.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 84 bis
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado.
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes:
a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.
b) La capacidad o aforo de la instalación.
c) La contaminación acústica.
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.
Se modifica por el art. 1.20 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se añade por el art. 41.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117 .
Datos clave
- Regla general: el ejercicio de actividades no se somete a licencia u otro medio de control preventivo
- Excepción por razones de orden público, seguridad, salud pública o protección del medio ambiente cuando no baste una declaración responsable o comunicación
- Excepción por escasez de recursos naturales, uso de dominio público, impedimentos técnicos o número limitado de operadores por tarifas reguladas
- Las instalaciones solo se someten a autorización cuando lo exija una Ley que defina sus requisitos esenciales
- Criterios de riesgo a valorar: potencia energética, capacidad o aforo, contaminación acústica, aguas residuales, materiales inflamables y afección al patrimonio histórico
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Por regla general las actividades no necesitan licencia. Solo cabe exigirla por razones de interés público que no se cubran con declaración responsable o cuando el número de operadores sea limitado; las instalaciones, solo si una Ley lo establece.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 84 ter
Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial.
Se añade por el art. 41.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117 .
Datos clave
- Cuando el ejercicio de una actividad no precisa autorización previa, la entidad local debe establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios
- También debe planificar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación sectorial
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una actividad no precisa autorización habilitante y previa, la entidad local debe establecer y planificar los procedimientos de comunicación y los de verificación posterior de los requisitos de la legislación sectorial.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 85
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.
Se modifica el apartado 2 y se suprime el 3 por el art. 1.21 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2007-18874
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Gestión directa: por la propia Entidad Local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital público
- Las formas de entidad pública empresarial y sociedad mercantil solo proceden si una memoria justificativa acredita que son más sostenibles y eficientes
- Se requiere informe del interventor local sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta
- Gestión indirecta: mediante las formas del contrato de gestión de servicios públicos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los servicios públicos locales se gestionan de la forma más sostenible y eficiente, directa o indirecta. La entidad pública empresarial y la sociedad mercantil solo caben si una memoria acredita que superan a las otras formas directas.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 85 bis
1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:
a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso de las entidades públicas empresariales, también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza.
b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título X, tendrá la consideración de órgano directivo.
c) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.
d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades.
e) La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda.
f) Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por las correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local.
g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local.
h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla.
i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos.
j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás normativa estatal aplicable, se entenderá realizada a los órganos competentes de la entidad local.
Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquélla.
2. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales comprenderán los siguientes extremos:
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar.
c) En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades administrativas.
d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el organismo.
e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.
f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención, control financiero y control de eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en el capítulo III del título X de esta ley.
3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente.
Se añade por el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- La creación, modificación, refundición y supresión de organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales corresponde al Pleno, que aprueba sus estatutos
- El titular del máximo órgano de dirección debe ser funcionario de carrera o laboral titulado superior, o profesional privado con más de cinco años de ejercicio
- Los organismos autónomos locales tienen un consejo rector; las entidades públicas empresariales locales, un consejo de administración con secretario funcionario
- Se necesita autorización de la concejalía o área para contratos de cuantía superior a la fijada
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales: los crea el Pleno, que aprueba sus estatutos; los dirige un titulado superior; tienen consejo rector o de administración y quedan sometidos a controles de la concejalía de adscripción.
Esquema
| Organismo autónomo local | Entidad pública empresarial local | |
|---|---|---|
| Régimen (Ley 6/1997) | Arts. 45 a 52 | Arts. 53 a 60 |
| Órgano colegiado | Consejo rector | Consejo de administración |
| Adscripción | Concejalía, Área u órgano equivalente | Concejalía, Área u órgano equivalente, o un organismo autónomo local |
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 85 ter
1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.
2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.
3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.
Se modifica el apartado 2 por el art. 1.22 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se añade por el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Las sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control financiero, de eficacia y de contratación
- Deben adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010)
- Sus estatutos determinan la forma de designación y funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sociedades mercantiles locales se rigen por el Derecho privado salvo en lo presupuestario, contable, de control financiero y de eficacia y en contratación; adoptan una forma de la Ley de Sociedades de Capital y sus estatutos regulan sus órganos.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 86
1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio.
2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios.
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Se modifica por el art. 1.23 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se deroga el apartado 3 y disposiciones concordantes, en lo que se refieren al suministro de gas, por la disposición derogatoria única.e) de la Ley 34/1998 de 7 de octubre. Ref. BOE-A-1998-23284
Se modifica el apartado 3 por el art. 23 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. Ref. BOE-A-1996-13002
Datos clave
- La iniciativa pública para actividades económicas exige garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera
- La aprobación del expediente corresponde al Pleno de la Corporación local
- Se reservan a las Entidades Locales el abastecimiento y depuración de aguas, la recogida y tratamiento de residuos y el transporte público de viajeros
- El monopolio requiere, además del acuerdo del Pleno, la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma
- La Administración del Estado puede impugnar estos actos si incumplen la legislación de estabilidad presupuestaria
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La iniciativa económica local exige estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y un expediente que aprueba el Pleno; agua, residuos y transporte de viajeros quedan reservados, y el monopolio exige además aprobación autonómica.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 89
El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
Datos clave
- ¿Por quién está integrado el personal al servicio de las entidades locales? → Por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- Cuenta tres y solo tres: carrera – laboral – eventual. El eventual se define por su función (confianza o asesoramiento especial), no por su duración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal de las entidades locales lo integran funcionarios de carrera, contratados laborales y personal eventual de confianza o asesoramiento especial.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 90
1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores. 3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los de las demás Administraciones públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal Registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones.
Datos clave
- ¿Cuándo se aprueba la plantilla de una Corporación local? → Anualmente, a través del Presupuesto (art. 90.1).
- ¿Qué determinan los datos del Registro de personal? → Las nóminas, para justificar todas las retribuciones (art. 90.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Corporación aprueba cada año su plantilla con el Presupuesto, con criterios de racionalidad, economía y eficiencia; forma su relación de puestos con normas del Estado y lleva un Registro de personal que determina las nóminas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 91
1. Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. 2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Datos clave
- ¿A través de qué sistemas debe realizarse la selección del personal de las entidades locales? → Por concurso, oposición o concurso-oposición libre, de acuerdo con la oferta de empleo público y mediante convocatoria pública.
- ¿Qué principios deben garantizarse en todo caso en la selección? → Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
- Tres sistemas, tres palabras: concurso, oposición, concurso-oposición —y las tres, libres—.
- Cuatro principios: los tres constitucionales (igualdad, mérito, capacidad) más publicidad. Son 3 + 1, no 4 del mismo saco.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Corporaciones locales forman públicamente su oferta de empleo y seleccionan a todo su personal, funcionario o laboral, por concurso, oposición o concurso-oposición libre, garantizando igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 92
Funcionarios al servicio de la Administración local. 1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario. 3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
Datos clave
- ¿Qué funciones quedan reservadas en exclusiva a los funcionarios de carrera? → Las que impliquen potestades públicas, ejercicio de autoridad o salvaguardia del interés general (art. 92.3).
- ¿Qué tipo de personal ocupa, con carácter general, los puestos de la Administración local? → Personal funcionario (art. 92.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios locales se rigen, en lo no previsto aquí, por el EBEP, la legislación estatal y la autonómica; los puestos los desempeñan, con carácter general, funcionarios, y las funciones de autoridad o potestades públicas se reservan a los de carrera.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 92 bis
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente. 2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas: a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior. b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b). c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 1.b). 3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-tesorería estarán integrados en una de estas dos categorías: entrada o superior. 4. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas. 5. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. 6. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En todo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal. Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará un mínimo del 80% del total posible conforme al baremo correspondiente. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 15% del total posible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Corporación local se fijarán por ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del total posible. Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario, que tendrá naturaleza supletoria. El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales. Excepcionalmente, en las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, los puestos de trabajo con funciones reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se podrán cubrir por el sistema de libre designación entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. También se podrán cubrir por este sistema los puestos de trabajo de los titulares de los órganos directivos a los que se refiere el artículo 130 de esta Ley, a los que no correspondan aquellas funciones reservadas. En los supuestos de cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1 de este artículo y que hubieran sido nombrados por libre designación, el acuerdo del cese deberá ser comunicado al órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Función Pública. Esta comunicación deberá incluir la correspondiente motivación del cese referido al desempeño profesional del funcionario. Acordado el cese en un puesto de libre designación, la Corporación local deberá asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación. 7. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental. 8. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el ámbito de una misma Entidad Local. Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se podrán efectuar nombramientos con carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que existan razones y circunstancias que requieran la cobertura del puesto con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido en el párrafo anterior. Reglamentariamente se establecerán las circunstancias excepcionales que justifiquen la solicitud de un nombramiento provisional, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, el posible perjuicio o menoscabo que se generaría en la Entidad Local en la que se ocupe el puesto en el momento de la solicitud. 9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas existirá un Registro de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. 10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: a) El órgano correspondiente de la Corporación donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve. b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su ámbito territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves tipificadas en la normativa básica estatal. c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa básica estatal. El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también para nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación. La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de cualquiera de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 de titulación, incluida la Escala de Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, que cuente con conocimientos en la materia a la que se refiera la infracción. 11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la sanción que recaiga sea por falta muy grave, tipificada en la normativa básica estatal. b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones de suspensión de funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo anterior. c) El órgano local competente, cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves. La sanción impuesta se ejecutará en sus propios términos, aun cuando en el momento de la ejecución, el funcionario se encontrara ocupando un puesto distinto a aquel en el que se produjeron los hechos que dieron lugar a la sanción. La sanción de destitución implicará la pérdida del puesto de trabajo, con la prohibición de obtener destino en la misma Corporación en la que tuvo lugar la sanción, en el plazo que se fije, con el máximo de seis años, para las faltas muy graves, y de tres años para las faltas graves. La sanción de suspensión de funciones tendrá una duración máxima de seis años, para las faltas muy graves, y de tres años para las faltas graves.
Datos clave
- ¿Qué dos funciones públicas necesarias reserva la ley a los habilitados nacionales? → Secretaría, e Intervención-tesorería (art. 92 bis.1).
- ¿Qué porcentaje mínimo del baremo deben suponer los méritos generales en el concurso? → El 80% (art. 92 bis.6).
- ¿Cuánto tiempo mínimo hay que permanecer en un puesto obtenido por concurso antes de volver a concursar? → Dos años (art. 92 bis.8).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Secretaría, control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación están reservadas a habilitados nacionales. Regula subescalas, provisión por concurso estatal, libre designación excepcional, permanencia mínima y régimen disciplinario.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 93
1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. 2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado. 3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
Datos clave
- ¿Quién fija la cuantía global de las retribuciones complementarias de los funcionarios locales? → El Pleno de la Corporación, dentro de los límites máximos y mínimos que señale el Estado.
- ¿Cómo son las retribuciones básicas de los funcionarios locales? → Tienen la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
- ¿Con qué periodicidad se reflejan las retribuciones de los funcionarios en los presupuestos? → Anualmente.
- Asocia cada apartado a un sujeto: 1 básicas → el Estado (idéntica cuantía); 2 complementarias → el Pleno (cuantía global, con topes estatales); 3 presupuesto → anual.
- Palabra que cae: global. La competencia del Pleno es sobre la cuantía global, no sobre retribuciones individuales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las retribuciones básicas de los funcionarios locales son idénticas en estructura y cuantía a las generales; las complementarias siguen la estructura general y su cuantía global la fija el Pleno dentro de los límites del Estado.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 94
La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.
Datos clave
- ¿Cómo se determina la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local? → Será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, con las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.
- Mismo esquema que el artículo 93 con las retribuciones básicas: la Administración local copia lo del Estado. Jornada y básicas van de la mano.
- Tres palabras clave del artículo: cómputo anual, Administración Civil del Estado, equivalencia y reducción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La jornada de los funcionarios locales es, en cómputo anual, la misma que se fije para los de la Administración Civil del Estado, con las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 95
La participación de los funcionarios, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones de empleo, será la establecida con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función publica.
Datos clave
- ¿Qué norma rige la participación sindical de los funcionarios locales en la determinación de sus condiciones de empleo? → La establecida con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función pública.
- Encadénalo con el 93 y el 94: tres artículos seguidos de pura equiparación al régimen general (retribuciones, jornada, participación sindical).
- El sujeto es el funcionario a través de su organización sindical, no el funcionario individualmente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La participación de los funcionarios locales, a través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones de empleo es la fijada con carácter general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la función pública.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 96
El Instituto de Estudios de Administración Local desarrollará cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción para los funcionarios al servicio de las entidades locales, y colaborará en dichas funciones con los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas, así como con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las propias Corporaciones.
Datos clave
- ¿Qué cursos desarrolla el Instituto de Estudios de Administración Local para los funcionarios locales? → Cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción.
- Los tres tipos de curso son un trío memorizable: perfeccionamiento, especialización y promoción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto de Estudios de Administración Local imparte a los funcionarios locales cursos de perfeccionamiento, especialización y promoción, en colaboración con las escuelas autonómicas y las que creen las Corporaciones.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 97
Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
Datos clave
- ¿Dónde se publican los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos de provisión? → En el «Boletín Oficial del Estado».
- ¿Dónde se publican las bases y cuál es la excepción? → En el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».
- Regla de tres líneas: anuncio → BOE, bases → BOP, bases de habilitación nacional → BOE.
- El BOE aparece dos veces y el BOP una: si un test pone las bases generales en el BOE, es falso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los anuncios de convocatorias de acceso y de concursos de provisión van al BOE; las bases, al Boletín Oficial de la Provincia, salvo las de pruebas para la habilitación de carácter nacional, que también van al BOE.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 98
1. La selección, formación y habilitación de los funcionarios a que se refiere el número 3 del artículo 92 corresponde al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. Podrá descentralizarse territorialmente la realización de las pruebas de selección para el acceso a los cursos de formación en relación con las Corporaciones de determinado nivel de población, en los términos que establezca la Administración del Estado. El Instituto de Estudios de Administración Local, deberá encomendar, mediante convenio, a los Institutos o Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas que así lo soliciten, la formación, por delegación, de los funcionarios que deben obtener una habilitación de carácter nacional. 2. Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número anterior ingresarán en la Función Pública Local y estarán legitimados para participar en los concursos de méritos convocados para la provisión de las plazas o puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada entidad local.
Datos clave
- ¿A quién corresponde la selección, formación y habilitación de los funcionarios del art. 92.3? → Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.
- ¿Qué efectos produce obtener la habilitación de carácter nacional? → Ingresar en la Función Pública Local y quedar legitimado para participar en los concursos de méritos de las plazas o puestos reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada entidad local.
- ¿Qué puede descentralizarse territorialmente y respecto de qué Corporaciones? → La realización de las pruebas de selección para el acceso a los cursos de formación, en relación con las Corporaciones de determinado nivel de población.
- Contrapón los dos verbos del apartado 1: podrá descentralizarse (pruebas) frente a deberá encomendar (formación a la CCAA que lo solicite).
- Secuencia completa: pruebas de selección → curso de formación → habilitación → ingreso en la Función Pública Local → concurso de méritos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto de Estudios de Administración Local selecciona, forma y habilita a los funcionarios del art. 92.3; las pruebas pueden descentralizarse y la formación debe encomendarse por convenio a las escuelas autonómicas que lo pidan.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 99
1. El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en él se tendrán en cuenta los méritos generales, entre los que figuran la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad; los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial de cada Comunidad Autónoma y de la normativa autonómica, y los méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto. Los méritos generales serán de preceptiva valoración en todo caso, se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará el 65 por 100 del total posible conforme al baremo correspondiente. No regirá esta limitación cuando no se establezcan otros méritos. Los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial de la Comunidad Autónoma y de su normativa específica se fijará por cada Comunidad Autónoma, y su puntuación podrá alcanzar hasta un 10 por 100 del total posible. Los méritos específicos se podrán determinar por cada Corporación local, y su puntuación alcanzará hasta un 25 por 100 del total posible. Las Corporaciones locales aprobarán las bases del concurso, con inclusión de los méritos específicos que puedan establecer los determinados por su Comunidad Autónoma, así como el conocimiento de la lengua oficial propia de la misma en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva. Los Presidentes de las Corporaciones locales efectuarán las convocatorias de los concursos y las remitirán a las correspondientes Comunidades Autónomas para su publicación simultánea en los diarios oficiales, dentro de los plazos fijados reglamentariamente. Asimismo, el Ministerio para las Administraciones Públicas publicará en el "Boletín Oficial del Estado" extracto de las mismas, que servirá de base para el cómputo de plazos. Las resoluciones de los concursos se efectuarán por las Corporaciones locales y se remitirán al Ministerio para las Administraciones Públicas, quien previa coordinación de las mismas para evitar la pluralidad simultánea de adjudicaciones a favor de un mismo concursante, procederá a formalizar los nombramientos, que serán objeto de publicación en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas y en el "Boletín Oficial del Estado". El Ministerio de Administraciones Públicas efectuará, supletoriamente, en función de los méritos generales y los de valoración autonómica y de acuerdo con las Comunidades Autónomas respecto del requisito de la lengua, la convocatoria anual de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que deban proveerse mediante concurso y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Aquellos puestos que, encontrándose vacantes, no hubiesen sido convocados por las Corporaciones Locales en el concurso ordinario. b) Aquellos puestos que, habiendo sido convocados en el concurso ordinario, se hubiesen quedado desiertos. c) Aquellos puestos que, habiendo sido incluidos en el concurso ordinario, no se hubieran adjudicado por la Corporación Local por otras causas. d) Aquellos puestos cuyas Corporaciones Locales soliciten expresamente su inclusión, a pesar de haber resultado vacantes con posterioridad a la convocatoria del concurso ordinario. La solicitud de la inclusión de nuevos puestos en el concurso unitario se efectuará por el Presidente de la Corporación que la enviará a la Dirección General para la Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas. 2. Excepcionalmente, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Dicho sistema sólo podrá adoptarse, en atención al carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman, respecto de los puestos en Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Ayuntamientos, capitales de Comunidad Autónoma o de provincia y de municipios con población superior a cien mil habitantes, siempre que tengan asignado nivel 30 de complemento de destino. Cuando se trate de puestos de intervención o tesorería, además de los requisitos anteriores, la cuantía mínima del presupuesto ordinario de la Corporación habrá de ser superior a tres mil millones de pesetas. A los funcionarios cesados en los mismos se les garantizará un puesto de trabajo de su subescala y categoría en la Corporación, que deberá figurar en su relación de puestos de trabajo. Las bases de la convocatoria para cubrir estos puestos serán aprobadas por el Presidente de la Corporación y contendrán la denominación y requisitos indispensables para desempeñarlos. La convocatoria, que se realizará con los requisitos de publicidad de los concursos, y la resolución, previa constatación de la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, corresponden al Presidente de la Corporación, quien dará cuenta de esta última al Pleno de la misma. 3. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes a la situación en activo, pasando a depender el funcionario de la correspondiente Corporación, sin perjuicio de la facultad disciplinaria de destitución del cargo y de separación definitiva del servicio que queda reservada en todo caso a la Administración del Estado. 4. En todo caso, en esta última Administración se llevará un Registro relativo a los funcionarios locales con habilitación nacional, en el que deberán inscribirse, para su efectividad, todas las incidencias y situaciones de dichos funcionarios.
Datos clave
- ¿Qué porcentaje máximo del baremo pueden alcanzar los méritos específicos fijados por la Corporación? → El 25% (art. 99.1).
- ¿En qué municipios cabe la libre designación de habilitados nacionales? → En los de más de 100.000 habitantes, capitales, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, con nivel 30 de complemento de destino (art. 99.2).
- ¿A quién corresponde la facultad disciplinaria de destitución y separación definitiva de estos funcionarios? → Siempre a la Administración del Estado (art. 99.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Provisión de puestos de habilitados nacionales: concurso como sistema normal, baremo 65/10/25, concurso unitario supletorio del Ministerio, libre designación excepcional y potestad disciplinaria grave reservada al Estado.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 100
1. Es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 2. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado, establecer reglamentariamente: a) Las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección y formación de tales funcionarios. b) Los títulos académicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas, así como los Diplomas expedidos por el Instituto de Estudios de Administración Local o por los Institutos o Escuelas de funcionarios establecidos por las Comunidades Autónomas, complementarios de los títulos académicos, que puedan exigirse para participar en las mismas.
Datos clave
- ¿De quién es competencia la selección de los funcionarios locales y con qué excepción? → De cada Corporación local, con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
- ¿Qué debe establecer reglamentariamente la Administración del Estado conforme al art. 100.2? → Las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección y formación, y los títulos académicos requeridos y los Diplomas complementarios exigibles.
- Dos letras en el apartado 2, dos contenidos: a) reglas básicas y programas mínimos; b) títulos y Diplomas.
- Adjetivos que caen: reglas básicas, programas mínimos, Diplomas complementarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada Corporación local selecciona a sus funcionarios, salvo los de habilitación de carácter nacional; el Estado fija reglamentariamente las reglas básicas y programas mínimos, y los títulos y Diplomas complementarios exigibles.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 101
Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas. En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la participación de los funcionarios propios de la entidad convocante, podrán participar los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones públicas, quedando en este caso supeditada la participación a lo que al respecto establezcan las relaciones de puestos de trabajo.
Datos clave
- ¿Por qué procedimientos se proveen los puestos de trabajo vacantes del art. 101? → En convocatoria pública, por concurso de méritos o por libre designación.
- ¿Quiénes pueden participar en esas convocatorias de provisión? → Los funcionarios propios de la entidad convocante y los que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones públicas, en este caso supeditado a lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo.
- Dos procedimientos y solo dos: concurso de méritos y libre designación. Aquí no hay oposición: la oposición es para ingresar (art. 91), no para proveer puestos.
- Palabra gancho del apartado final: RPT. Si el test dice que cualquier funcionario de otra Administración puede participar siempre, falta el «según las relaciones de puestos de trabajo».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las vacantes que deben cubrir los funcionarios del artículo anterior se proveen en convocatoria pública por concurso de méritos o libre designación; pueden participar funcionarios de otras Administraciones según lo que establezcan las relaciones de puestos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 102
1. Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de trabajo, a que se refiere el presente Capítulo, se regirán por las bases que apruebe el Presidente de la Corporación, a quien corresponderá su convocatoria. 2. En las pruebas selectivas, el tribunal u órgano similar elevará la correspondiente relación de aprobados al Presidente de la Corporación para hacer el nombramiento, a quien también corresponderá la resolución motivada de los concursos para la provisión de puestos de trabajo, previa propuesta de aquellos órganos de selección.
Datos clave
- ¿Quién aprueba las bases y convoca las pruebas de selección y los concursos de provisión? → El Presidente de la Corporación.
- ¿Qué hace el tribunal en las pruebas selectivas y qué hace el Presidente? → El tribunal u órgano similar eleva la relación de aprobados al Presidente de la Corporación, que hace el nombramiento.
- Cuatro actos, un mismo sujeto: aprobar bases, convocar, nombrar y resolver. Todos, el Presidente de la Corporación.
- Recuerda dónde está la motivación: en la resolución de los concursos, y siempre previa propuesta del órgano de selección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Presidente de la Corporación aprueba las bases y convoca pruebas y concursos; nombra a los aprobados que le eleva el tribunal y resuelve motivadamente los concursos de provisión a propuesta de los órganos de selección.
Esquema
| Pruebas selectivas | Concursos de provisión | |
|---|---|---|
| Bases y convocatoria | Presidente de la Corporación | Presidente de la Corporación |
| Papel del órgano de selección | Eleva la relación de aprobados | Formula la propuesta |
| Acto final del Presidente | Nombramiento | Resolución motivada |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 103
El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.
Datos clave
- ¿Quién selecciona al personal laboral de las entidades locales y conforme a qué precepto? → La propia Corporación, ateniéndose en todo caso a lo dispuesto en el artículo 91.
- ¿Qué principio debe respetarse al máximo en la selección del personal laboral? → El principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.
- El principio de igualdad de oportunidades se exige aquí con «máximo respeto».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal laboral local lo selecciona la propia Corporación, conforme al artículo 91 y con máximo respeto a la igualdad de oportunidades de quienes reúnan los requisitos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 103 bis
Masa salarial del personal laboral del sector público local. 1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado. b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe publicarse la masa salarial aprobada? → En 20 días (art. 103 bis.3).
- ¿A qué entidades alcanza la masa salarial del sector público local? → A la Entidad Local y a sus organismos, empresas, consorcios y fundaciones con aportación pública mayoritaria (art. 103 bis.2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Corporaciones aprueban cada año la masa salarial de su personal laboral, de sus entes dependientes, consorcios adscritos y ciertas fundaciones, dentro de los límites de los Presupuestos Generales del Estado, y la publican en 20 días.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 104
1. El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales. 2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento. 3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación.
Datos clave
- ¿Quién determina el número, características y retribuciones del personal eventual y cuándo? → El Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato; solo puede modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.
- ¿A quién corresponde el nombramiento y cese del personal eventual? → Es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente.
- ¿Dónde se publican los nombramientos de funcionarios de empleo, su régimen retributivo y su dedicación? → En el «Boletín Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el propio de la Corporación.
- Reparto en dos palabras: Pleno = cuántos y cuánto (al comienzo del mandato); Alcalde = quién (libre nombramiento y cese).
- Tres datos que fija el Pleno: número, características y retribuciones. Tres datos que se publican: nombramientos, régimen de retribuciones y dedicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno fija al inicio del mandato número, características y retribuciones del personal eventual; el Alcalde o Presidente lo nombra y cesa libremente, y cesa automáticamente con la autoridad a la que sirve.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 104 bis
Personal eventual de las Entidades Locales. 1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas: a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva. b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno. c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos. d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete. e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local. f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local. g) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la consideración de Administración pública en el marco del Sistema Europeo de Cuentas. Estos Ayuntamientos, si lo fueran del Municipio de mayor población dentro de un Área Metropolitana, podrán incluir en sus plantillas un número adicional de puestos de trabajo de personal eventual, que no podrá exceder del siguiente número: – Seis, si el Municipio tiene una población entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes. – Doce, si el Municipio tiene una población entre 1.000.001 y 1.500.000 habitantes. – Dieciocho, si el Municipio tiene una población de más de 1.500.000 habitantes. 2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos insulares, no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes, se reduce en 2 respecto al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos de 800.000 habitantes, el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular. 3. (Anulado). 4. (Anulado). 5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual. 6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en este artículo.
Datos clave
- ¿Cuántos puestos de personal eventual caben en un municipio de 5.001 a 10.000 habitantes? → No más de uno (art. 104 bis.1.b).
- Los apartados 3 y 4 del art. 104 bis figuran anulados.
- ¿Con qué periodicidad informa el Presidente al Pleno sobre el personal eventual? → Trimestralmente (art. 104 bis.6).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Límites al personal eventual por tramos de población: excepcionalmente uno entre 2.000 y 5.000 habitantes sin dedicación exclusiva, y luego uno, dos, siete, la mitad de concejales, tantos como concejales o el 0,7 % de la plantilla.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 105
1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales.
2. Las Haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la Ley.
Datos clave
- Las Haciendas locales deben dotarse de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales
- Se nutren de tributos propios, de participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, y de otros recursos que prevea la Ley
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Haciendas locales deben contar con recursos suficientes para los fines de las entidades locales y se nutren de tributos propios, de participaciones en los del Estado y las Comunidades Autónomas y de otros recursos legales.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 106
1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.
2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
3. Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
Datos clave
- Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos conforme a la legislación estatal y, en su caso, autonómica
- La potestad reglamentaria en materia tributaria se ejerce mediante ordenanzas fiscales y ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección
- La gestión, recaudación e inspección de los tributos propios es competencia de las entidades locales, sin perjuicio de delegaciones y fórmulas de colaboración
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales tienen autonomía tributaria dentro de la ley estatal de Haciendas locales; la ejercen con ordenanzas fiscales y generales y gestionan, recaudan e inspeccionan sus tributos propios, pudiendo delegar o colaborar.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 107
1. Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha.
2. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 1.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29623
Datos clave
- Las ordenanzas fiscales comienzan a aplicarse con su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Comunidad Autónoma uniprovincial), salvo que señalen otra fecha
- Obligan en el territorio de la entidad local, conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Ordenanzas fiscales se aplican desde su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia o de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que fijen otra fecha, y obligan en el territorio de la entidad local.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 108
Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de esta ley.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Se modifica por el art. 21.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-30155
Datos clave
- Contra los actos de aplicación y efectividad de tributos locales y otros ingresos de Derecho Público procede el recurso de reposición de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
- Ese recurso de reposición tiene carácter potestativo en los municipios sometidos al régimen de grandes ciudades del título X
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra los actos de aplicación de tributos locales y otros ingresos de Derecho Público se interpone el recurso de reposición específico de la Ley de Haciendas Locales, que es potestativo en los municipios del título X.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 109
1. La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho público dependientes de las anteriores tengan respectivamente con las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Lo previsto en este apartado se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública en materia de compensación de deudas.
2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las Comunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades de Derecho público dependientes de ellas tengan con las entidades de Derecho público o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Se modifica por el art. 1.29 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- La extinción de deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y las Entidades Locales puede acordarse por compensación
- Requisito: que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles
- También se admite la compensación entre Comunidades Autónomas y entidades o sociedades vinculadas a las Entidades Locales
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas entre Estado, Comunidades Autónomas, Seguridad Social y sus entes dependientes y las Entidades Locales, en ambos sentidos, pueden extinguirse por compensación si son vencidas, líquidas y exigibles.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 110
1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria.
2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos, y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de dicha Jurisdicción.
Datos clave
- Corresponde al Pleno de la Corporación declarar la nulidad de pleno derecho y revisar los actos de gestión tributaria (arts. 153 y 154 de la Ley General Tributaria)
- En los demás casos, las entidades locales no pueden anular sus propios actos declarativos de derechos
- Su revisión requiere la previa declaración de lesividad para el interés público y la impugnación en vía contencioso-administrativa
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno declara la nulidad de pleno derecho y revisa los actos de gestión tributaria según los arts. 153 y 154 LGT; en los demás casos no puede anular sus actos declarativos de derechos y necesita lesividad e impugnación contencioso-administrativa.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 111
Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales, sin que les sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el 65.2, ambos de la presente Ley.
Se modifica por la disposición adicional 1.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1988-29623
Datos clave
- Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales y las modificaciones de ordenanzas fiscales se aprueban, publican y entran en vigor conforme a sus normas especiales reguladoras
- No les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la Ley
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales y las modificaciones de Ordenanzas fiscales siguen sus normas especiales de aprobación, publicación y vigencia, sin aplicarles el art. 70.2 en relación con el 65.2.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 112
1. Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla.
2. La Administración del Estado determinará con carácter general la estructura de los Presupuestos de las entidades locales.
3. Aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público durante el plazo que señale la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales, con objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Una vez resueltas las que se hayan presentado, en los términos que prevea la Ley, el presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el «Boletín Oficial» de la Corporación, si lo tuviera, y resumido, en el de la Provincia.
4. La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
5. Si el presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior.
Datos clave
- El presupuesto es único, anual, coincide con el año natural e integra el de la entidad y el de los organismos y empresas locales dependientes
- La Administración del Estado determina con carácter general la estructura de los presupuestos locales
- Tras la aprobación inicial se expone al público para reclamaciones
- La aprobación definitiva por el Pleno debe realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio
- Si no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorroga automáticamente la vigencia del presupuesto anterior
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El presupuesto local es único y anual, coincide con el año natural e integra el de la entidad y sus organismos y empresas; el Pleno lo aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre y, si no, se prorroga automáticamente el anterior.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 113
1. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo.
2. El Tribunal de Cuentas deberá en todo caso emitir informe cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
3. La interposición del recurso previsto en el párrafo primero y de las reclamaciones establecidas en los artículos 49, 108 y 112, número 3, no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Datos clave
- Contra los actos que resuelven reclamaciones sobre presupuestos, tributos y ordenanzas fiscales cabe interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
- El Tribunal de Cuentas debe emitir informe cuando la impugnación afecte a la nivelación presupuestaria
- La interposición del recurso no suspende por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra los actos que resuelven reclamaciones sobre presupuestos, tributos y Ordenanzas fiscales cabe recurso contencioso-administrativo directo; el Tribunal de Cuentas informa si afecta a la nivelación presupuestaria y el recurso no suspende por sí solo.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 114
Las entidades locales quedan sometidas al régimen de contabilidad pública. La Administración del Estado establecerá, con carácter general, el plan de cuentas de las entidades locales.
Datos clave
- Las entidades locales quedan sometidas al régimen de contabilidad pública
- La Administración del Estado establece con carácter general el plan de cuentas de las entidades locales
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades locales están sometidas al régimen de contabilidad pública, y el plan de cuentas de las entidades locales lo establece con carácter general la Administración del Estado.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 115
La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula, y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en la misma.
Datos clave
- La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas
- Se ejerce con el alcance y las condiciones de su Ley Orgánica, sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en ella
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance de su Ley Orgánica y sin perjuicio de los supuestos de delegación que esta prevé.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 116
Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, la cual estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación, y serán asimismo objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas.
Datos clave
- Las cuentas anuales se someten a informe de la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio
- La Comisión está integrada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación
- Las cuentas son objeto de información pública antes de su aprobación por el Pleno, para reclamaciones, reparos u observaciones
- Cabe denunciar ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cuentas anuales pasan antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas y a información pública para reclamaciones antes de su aprobación por el Pleno; las irregularidades pueden denunciarse ante el Tribunal de Cuentas.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 116 bis
1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera acordado.
Se añade por el art. 1.30 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- El plan económico-financiero se formula por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto
- Debe incluir, al menos: supresión de competencias impropias, gestión integrada de servicios obligatorios, incremento de ingresos, racionalización organizativa
- También debe incluir la supresión de entidades de ámbito inferior al municipio incumplidoras y una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia
- La Diputación provincial asiste a las corporaciones y coordina las medidas de carácter supramunicipal
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La corporación local que incumple estabilidad presupuestaria, deuda pública o regla de gasto formula un plan económico-financiero con un contenido mínimo de medidas, y la Diputación asiste y coordina las supramunicipales.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 116 ter
1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo.
3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.
Se añade por el art. 1.31 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Datos clave
- Todas las Entidades Locales calculan el coste efectivo de los servicios antes del día 1 de noviembre de cada año
- El cálculo se basa en los datos de la liquidación del presupuesto general del ejercicio inmediato anterior
- Los costes efectivos se comunican al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Antes del 1 de noviembre de cada año, todas las Entidades Locales calculan el coste efectivo de sus servicios con datos del ejercicio anterior, con costes reales directos e indirectos, y lo comunican al Ministerio para su publicación.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 117
1. La Comisión Nacional de Administración Local es el órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración local.
2. La Comisión estará formada, bajo la presidencia del Ministro de Administraciones Públicas, por un número igual de representantes de las entidades locales y de la Administración General del Estado. La designación de los representantes de las entidades locales corresponde en todo caso a la asociación de ámbito estatal con mayor implantación.
Su composición, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos se determinará reglamentariamente, mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.
3. La Comisión se reúne previa convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la representación local. A sus reuniones podrán asistir, cuando sean convocados por su Presidente, representantes de las comunidades autónomas.
4. El Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local podrá delegar funciones en sus Subcomisiones, con excepción del informe de los anteproyectos de ley que versen sobre las siguientes materias:
a) Normativa básica de régimen local.
b) Haciendas Locales.
c) Leyes Orgánicas que afecten a la Administración Local.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- La Comisión Nacional de Administración Local es el órgano permanente de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración local
- Está presidida por el Ministro de Administraciones Públicas, con igual número de representantes de entidades locales y del Estado
- Los representantes locales son designados por la asociación de ámbito estatal con mayor implantación
- Puede delegar funciones en Subcomisiones, salvo el informe de anteproyectos sobre régimen básico local, Haciendas Locales y Leyes Orgánicas que afecten a la Administración Local
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Nacional de Administración Local es el órgano permanente de colaboración Estado-Administración local: paritaria, presidida por el Ministro, con representantes locales designados por la asociación estatal de mayor implantación.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 118
1. Corresponde a la Comisión:
A) Emitir informe en los siguientes supuestos:
a) Anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones administrativas de competencia del Estado en las materias que afecten a la Administración local, tales como las referentes a su régimen organizativo y de funcionamiento; régimen sustantivo de sus funciones y servicios -incluidas la atribución o supresión de competencias-; régimen estatutario de sus funcionarios; procedimiento administrativo, contratos, concesiones y demás formas de prestación de los servicios públicos; expropiación y responsabilidad patrimonial; régimen de sus bienes y haciendas locales.
b) Criterios para las autorizaciones de operaciones de endeudamiento de las Corporaciones locales.
c) Previamente y en los supuestos en que el Consejo de Ministros acuerde la aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Ley.
B) Efectuar propuestas y sugerencias al Gobierno en materia de Administración local y, en especial, sobre:
a) Atribución y delegación de competencias en favor de las entidades locales.
b) Distribución de las subvenciones, créditos y transferencias del Estado a la Administración local.
c) Participación de las Haciendas locales en los tributos del Estado.
d) Previsiones de los Presupuestos Generales del Estado que afecten a las entidades locales.
2. La Comisión, para el cumplimiento de sus funciones, puede requerir del Instituto de Estudios de Administración Local la realización de estudios y la emisión de informes.
Se modifica el apartado 1.A.a) por el art. 1.26 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Datos clave
- La Comisión emite informe sobre anteproyectos de ley y disposiciones administrativas del Estado que afecten a la Administración local
- También informa sobre los criterios para autorizar operaciones de endeudamiento de las Corporaciones locales
- Efectúa propuestas sobre atribución de competencias, subvenciones y transferencias, participación en tributos del Estado y Presupuestos Generales
- Puede requerir del Instituto de Estudios de Administración Local la realización de estudios e informes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funciones de la Comisión: informar anteproyectos y disposiciones estatales que afecten a la Administración local, los criterios de endeudamiento y, previamente, la disolución del artículo 61; y proponer al Gobierno en materia local.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 119
La Comisión podrá solicitar de los órganos constitucionalmente legitimados para ello la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que estime lesivas para la autonomía local garantizada constitucionalmente.
Esta misma solicitud podrá realizarla la representación de las entidades locales en la Comisión.
Datos clave
- La Comisión puede solicitar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes lesivas para la autonomía local
- Esa misma solicitud la puede realizar la representación de las entidades locales en la Comisión
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante leyes estatales o autonómicas lesivas para la autonomía local, la Comisión (y también su representación local) puede pedir a los órganos constitucionalmente legitimados que las impugnen ante el Tribunal Constitucional.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 120
1. El Instituto de Estudios de Administración Local, adscrito al Ministerio de Administración Territorial, es una entidad de Derecho público, dotada de personalidad y capacidad jurídicas y patrimonio propios, que actúa con plena autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
Son fines esenciales del Instituto la investigación, el estudio, la información y la difusión sobre todas las materias que afecten a la Administración local, así como la selección, formación y perfeccionamiento de funcionarios de las entidades locales.
2. Son órganos de gobierno del Instituto el Director y el Consejo Rector. El Director asume las funciones representativas, ejecutivas, de programación y coordinación, así como de dirección de los servicios. El Consejo Rector, al que corresponde la aprobación del presupuesto, programa de actividades y Memoria anuales, está integrado por el Director, que lo preside, y por ocho representantes de las entidades locales designados por la asociación de éstas de ámbito estatal de mayor implantación, tres representantes de las Comunidades Autónomas designados por un período anual y por el orden cronológico de aprobación de los Estatutos de Autonomía y cinco representantes de la Administración del Estado designados por el Ministerio de Administración Territorial.
3. El Instituto, comprendido entre las entidades a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958, tendrá la consideración de organismo autónomo de carácter administrativo a los efectos de lo establecido en el artículo 4 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977.
El Reglamento de régimen interior regula su organización y funcionamiento, y será aprobado por el Ministerio de Administración Territorial, a propuesta del Consejo Rector.
Datos clave
- El Instituto de Estudios de Administración Local está adscrito al Ministerio de Administración Territorial, con personalidad y patrimonio propios
- Sus fines son la investigación, el estudio, la información y la difusión, y la selección, formación y perfeccionamiento de funcionarios locales
- Órganos de gobierno: el Director y el Consejo Rector
- El Consejo Rector se integra por el Director, ocho representantes de las entidades locales, tres de las Comunidades Autónomas y cinco de la Administración del Estado
- Tiene la consideración de organismo autónomo de carácter administrativo
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Instituto de Estudios de Administración Local es una entidad de Derecho público con plena autonomía funcional, dedicada a investigar y difundir sobre la Administración local y a formar a sus funcionarios; lo gobiernan el Director y el Consejo Rector.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 120 bis
El Estado impulsará la colaboración con las comunidades autónomas con el fin de crear órganos de cooperación conjuntos en materia de régimen local, tanto bajo la forma jurídica de Conferencia Sectorial como de otra naturaleza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
Se añade por el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- El Estado impulsa la colaboración con las Comunidades Autónomas para crear órganos de cooperación conjuntos en materia de régimen local
- Puede adoptar la forma jurídica de Conferencia Sectorial o de otra naturaleza
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado impulsará la colaboración con las comunidades autónomas para crear órganos de cooperación conjuntos en régimen local, ya como Conferencia Sectorial o con otra naturaleza, conforme al artículo 5 de la Ley 30/1992.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 121
1. Las normas previstas en este título serán de aplicación:
a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
d) Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
En los supuestos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
2. Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal aprobadas por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de cada mandato de su ayuntamiento, alcance la población requerida para la aplicación del régimen previsto en este título, la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones de este Título.
A estos efectos, se tendrá en cuenta exclusivamente la población resultante de la indicada revisión del padrón, y no las correspondientes a otros años de cada mandato.
3. Los municipios a los que resulte de aplicación el régimen previsto en este título, continuarán rigiéndose por el mismo aun cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en esta ley.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Se aplica a municipios de más de 250.000 habitantes y a capitales de provincia de más de 175.000 habitantes
- También a municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas
- Y a municipios de más de 75.000 habitantes con circunstancias especiales, si lo decide la Asamblea Legislativa a iniciativa del ayuntamiento
- La nueva corporación dispone de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización
- El municipio sigue rigiéndose por este régimen aunque su población baje después del límite establecido
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ámbito del régimen de municipios de gran población: más de 250.000 habitantes, capitales de provincia de más de 175.000, capitales y sedes autonómicas, y más de 75.000 con circunstancias especiales si lo decide la Asamblea Legislativa.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 122
1. El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal.
2. El Pleno será convocado y presidido por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, al que corresponde decidir los empates con voto de calidad. El Alcalde podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno, cuando lo estime oportuno, en uno de los concejales.
3. El Pleno se dotará de su propio reglamento, que tendrá la naturaleza de orgánico. No obstante, la regulación de su organización y funcionamiento podrá contenerse también en el reglamento orgánico municipal.
En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
4. Corresponderán a las comisiones las siguientes funciones:
a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.
b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.
c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
En todo caso, serán de aplicación a estas Comisiones las previsiones contenidas para el Pleno en el artículo 46.2, párrafos b), c) y d).
5. Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones:
a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno.
b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.
c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones.
d) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios.
e) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos:
1.º Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.
2.º Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.
3.º Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria.
4.º Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales.
Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de esta ley, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- El Pleno lo forman el Alcalde y los Concejales; es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos
- Es convocado y presidido por el Alcalde, a quien corresponde decidir los empates con voto de calidad
- Cuenta con un secretario general y con Comisiones formadas proporcionalmente al número de concejales de cada grupo
- El asesoramiento legal del secretario es preceptivo, entre otros casos, cuando lo pide un tercio de los miembros o la cuarta parte de los concejales
- Las funciones de secretario general quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno, con Alcalde y Concejales, es el máximo órgano de representación política; lo convoca y preside el Alcalde con voto de calidad, tiene reglamento orgánico, comisiones proporcionales y un secretario general de habilitación nacional.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 123
1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.
c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica:
La regulación del Pleno.
La regulación del Consejo Social de la ciudad.
La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana.
La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva.
La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores.
La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal; la creación o supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley; la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.
h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos en las materias de su competencia. Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio correspondiente.
i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
k) La determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización.
l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.
m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su competencia.
n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos municipales.
ñ) El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas.
o) Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del título X de esta ley.
p) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
2. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.
3. Únicamente pueden delegarse las competencias del Pleno referidas en los párrafos d), k), m) y ñ) a favor de las comisiones referidas en el apartado 4 del artículo anterior.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Corresponden al Pleno, entre otras, la aprobación de reglamentos orgánicos, ordenanzas, presupuestos, plantilla de personal y planeamiento general
- La moción de censura y la cuestión de confianza se votan de forma pública y mediante llamamiento nominal
- Se requiere mayoría absoluta para los acuerdos de los párrafos c), e), f), j) y o), y para el planeamiento general; el resto se adopta por mayoría simple
- Solo pueden delegarse en comisiones las competencias de los párrafos d), k), m) y ñ)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuciones del Pleno: control, moción de censura, reglamentos orgánicos, ordenanzas, presupuestos o planeamiento; qué acuerdos exigen mayoría absoluta y cuáles puede delegar en comisiones.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 124
1. El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio.
2. El Alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno.
3. El Alcalde tendrá el tratamiento de Excelencia.
4. En particular, corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Representar al ayuntamiento.
b) Dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno Local.
c) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
d) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local y decidir los empates con voto de calidad.
e) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos.
f) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del ayuntamiento.
g) Dictar bandos, decretos e instrucciones.
h) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno.
i) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.
j) La Jefatura de la Policía Municipal.
k) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123.
l) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
m) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.
n) La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia.
ñ) Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.
5. El Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, con excepción de las señaladas en los párrafos b), e), h) y j), así como la de convocar y presidir la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con voto de calidad y la de dictar bandos. Las atribuciones previstas en los párrafos c) y k) sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio y responde políticamente ante el Pleno
- Tiene el tratamiento de Excelencia
- Entre sus funciones: convocar y presidir el Pleno y la Junta de Gobierno Local, decidiendo los empates con voto de calidad, y la Jefatura de la Policía Municipal
- Puede delegar sus competencias, salvo las de los párrafos b), e), h) y j), y salvo convocar y presidir la Junta de Gobierno Local, decidir empates y dictar bandos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los municipios de gran población, el Alcalde ostenta la máxima representación, responde políticamente ante el Pleno, tiene tratamiento de Excelencia y dirige el gobierno; puede delegar casi todo salvo una lista tasada.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 125
1. El Alcalde podrá nombrar entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, que le sustituirán, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
2. Los Tenientes de Alcalde tendrán el tratamiento de Ilustrísima.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Los Tenientes de Alcalde son nombrados por el Alcalde entre los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno Local
- Sustituyen al Alcalde, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad
- Tienen el tratamiento de Ilustrísima
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Alcalde puede nombrar Tenientes de Alcalde entre los concejales de la Junta de Gobierno Local; le sustituyen por orden de nombramiento en vacante, ausencia o enfermedad y tienen tratamiento de Ilustrísima.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 126
1. La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el artículo 127 de esta ley.
2. Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos.
Declarado inconstitucional y nulo el inciso destacado del párrafo segundo del apartado 2 por Sentencia del TC 103/2013, de 25 de abril. Ref. BOE-A-2013-5446 .
En todo caso, para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su Presidente.
3. La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.
4. La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Sus funciones serán las siguientes:
a) La asistencia al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local.
b) La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos.
5. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas. A sus sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el Alcalde.
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del párrafo segundo del apartado 2 por Sentencia del TC 103/2013, de 25 de abril. Ref. BOE-A-2013-5446 .
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- La Junta de Gobierno Local está presidida por el Alcalde y colabora de forma colegiada en la dirección política
- Su número de miembros no puede exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde
- Responde políticamente ante el Pleno de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro
- La Secretaría corresponde a uno de sus miembros con condición de concejal, designado por el Alcalde
- Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta de Gobierno Local, presidida por el Alcalde, colabora en la dirección política y ejerce funciones ejecutivas; sus miembros no exceden de un tercio del Pleno además del Alcalde, responde solidariamente y delibera en secreto.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 127
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.
b) La aprobación del proyecto de presupuesto.
c) La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.
d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
e) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
f) (Derogada)
g) El desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.
La composición de los tribunales de oposiciones será predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Su presidente podrá ser nombrado entre los miembros de la Corporación o entre el personal al servicio de las Administraciones públicas.
i) El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
j) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia.
k) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.
l) Ejercer la potestad sancionadora salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.
m) Designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe.
n) Las demás que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
2. La Junta de Gobierno Local podrá delegar en los Tenientes de Alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, las funciones enumeradas en los párrafos e), f), g), h) con excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la oferta de empleo público, de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la separación del servicio de los funcionarios, y l) del apartado anterior.
Se modifica la letra m) y se añade la n) al apartado 1 por el art. 1.32 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se deroga el apartado 1.f) por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Ref. BOE-A-2007-18874
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Corresponde a la Junta de Gobierno Local aprobar los proyectos de ordenanzas y reglamentos, el proyecto de presupuesto y la concesión de licencias
- Aprueba la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal, la oferta de empleo público y el régimen disciplinario
- La composición de los tribunales de oposiciones es predominantemente técnica, con titulación igual o superior a la exigida para las plazas
- Ejerce la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias de la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población: proyectos de normas y presupuesto, urbanismo, licencias, gestión económica, personal, órganos directivos y potestad sancionadora; y cuáles puede delegar.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 128
1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123, así como determinar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto.
3. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Los distritos son divisiones territoriales propias, con órganos de gestión desconcentrada, para la participación ciudadana
- Corresponde al Pleno crear los distritos y regularlos, incluido el porcentaje mínimo de recursos presupuestarios que gestionan
- La presidencia del distrito corresponde en todo caso a un concejal
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ayuntamientos deben crear distritos con órganos de gestión desconcentrada para la participación ciudadana; el Pleno los crea, regula y fija en norma orgánica el porcentaje mínimo de presupuesto que gestionan, y los preside un concejal.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 129
1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del artículo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, entre personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de licenciado en derecho.
b) Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Existe un órgano responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos
- Su titular es nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local
- Requisitos: título de licenciado en derecho y condición de funcionario de Administración local con habilitación nacional, o funcionario de carrera con titulación superior
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los municipios de gran población existe un órgano de asesoría jurídica y defensa en juicio del ayuntamiento, cuyo titular nombra y separa la Junta de Gobierno Local entre licenciados en derecho con condición funcionarial cualificada.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 130
1. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes:
A) Órganos superiores:
a) El Alcalde.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.
B) Órganos directivos:
a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías.
c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma.
d) El titular de la asesoría jurídica.
e) El Secretario general del Pleno.
f) El interventor general municipal.
g) En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria.
2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b).
3. El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
4. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.
Se modifica el apartado 3 por el art. 1.33 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Órganos superiores: el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local
- Órganos directivos: coordinadores generales, directores generales, titular del órgano de apoyo a la Junta, asesoría jurídica, Secretario general del Pleno, interventor general y órgano de gestión tributaria
- Los coordinadores y directores generales se nombran entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que el titular no reúna esa condición.
- Quedan sometidos al régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Órganos superiores (Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local) y directivos de los municipios de gran población; coordinadores y directores generales se nombran, en principio, entre funcionarios del subgrupo A1.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 131
1. En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- El Consejo Social de la Ciudad se integra por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas
- Sus funciones incluyen informes, estudios y propuestas sobre desarrollo económico local, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios de gran población tienen un Consejo Social de la Ciudad, con las organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales más representativas, que informa y propone sobre desarrollo económico local y planificación estratégica.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 132
1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico.
2. La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo.
3. La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
4. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- El Pleno crea una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los vecinos
- Está formada por representantes de todos los grupos del Pleno, de forma proporcional
- Da cuenta al Pleno mediante un informe anual de las quejas y deficiencias, pudiendo realizar informes extraordinarios
- Todos los órganos de gobierno y de la Administración municipal deben colaborar con la Comisión
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno crea una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, con todos los grupos en proporción, que supervisa la Administración municipal, da cuenta al Pleno con un informe anual y puede emitir informes extraordinarios.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 133
La gestión económico-financiera se ajustará a los siguientes criterios:
a) Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación que lo regule.
b) Separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera.
c) La contabilidad se ajustará en todo caso a las previsiones que en esta materia contiene la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
d) El ámbito en el que se realizará la fiscalización y el control de legalidad presupuestaria será el presupuesto o el estado de previsión de ingresos y gastos, según proceda.
e) Introducción de la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios.
f) La asignación de recursos, con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia, se hará en función de la definición y el cumplimiento de objetivos.
g) La administración y rentabilización de los excedentes líquidos y la concertación de operaciones de tesorería se realizarán de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto y el plan financiero aprobado.
h) Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración municipal y de todas las entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico estarán sujetos al control y fiscalización interna por el órgano que se determina en esta Ley, en los términos establecidos en los artículos 194 a 203 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- La gestión económico-financiera debe cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria
- Exige la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión
- La contabilidad se ajusta a la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales
- La asignación de recursos se hace según los principios de eficacia y eficiencia, en función de objetivos
- El control y fiscalización interna se ejerce conforme a los artículos 194 a 203 de la Ley 39/1988
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La gestión económico-financiera municipal sigue ocho criterios: estabilidad presupuestaria, separación de contabilidad y fiscalización, Ley 39/1988, control sobre presupuesto o estado de previsión, costes, objetivos, tesorería y control interno.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 134
1. Las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación serán ejercidas por el órgano u órganos que se determinen en el Reglamento orgánico municipal.
2. El titular o titulares de dicho órgano u órganos deberá ser un funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano que desarrolle las funciones de presupuestación.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación las ejerce el órgano u órganos del Reglamento orgánico municipal
- El titular debe ser funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano de presupuestación
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación las ejerce el órgano u órganos que fije el Reglamento orgánico municipal; sus titulares deben tener habilitación de carácter nacional, salvo el de presupuestación.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 135
1. Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, se habilita al Pleno de los ayuntamientos de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria, responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración Tributaria local le atribuye la legislación tributaria.
2. Corresponderán a este órgano de gestión tributaria, al menos, las siguientes competencias:
a) La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales.
b) La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del ayuntamiento.
c) La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.
d) El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo al sistema tributario municipal.
e) La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del ayuntamiento.
f) El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios.
3. En el caso de que el Pleno haga uso de la habilitación prevista en el apartado 1, la función de recaudación y su titular quedarán adscritos a este órgano, quedando sin efecto lo dispuesto en el artículo 134.1 en lo que respecta a la función de recaudación.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Se habilita al Pleno de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria
- Sus competencias incluyen gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de tributos municipales, y la recaudación ejecutiva de otros ingresos
- También tramita y resuelve los expedientes sancionadores tributarios de su competencia gestora
- Si se crea, la función de recaudación y su titular quedan adscritos a este órgano
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Pleno de los municipios de gran población puede crear un órgano de gestión tributaria que ejerza como propias las competencias de la Administración Tributaria local, con un contenido mínimo de funciones.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 136
1. La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia, corresponderá a un órgano administrativo, con la denominación de Intervención general municipal.
2. La Intervención general municipal ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
3. Su titular será nombrado entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- La Intervención general municipal ejerce el control y fiscalización interna: función interventora, control financiero y control de eficacia
- Actúa con plena autonomía respecto de los órganos y entidades cuya gestión fiscaliza, con acceso completo a la contabilidad
- Su titular se nombra entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Intervención general municipal ejerce el control y fiscalización interna en su triple acepción (interventora, control financiero y de eficacia), con plena autonomía y acceso completo; su titular es un habilitado nacional.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 137
1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones:
a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal.
b) El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales.
c) En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia.
2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.
3. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1 a) el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Contra la resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo.
4. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento.
c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso.
d) Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave.
Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del ayuntamiento.
5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano.
6. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- El órgano especializado conoce y resuelve reclamaciones sobre gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos municipales
- Su resolución pone fin a la vía administrativa; solo cabe recurso contencioso-administrativo
- Cabe presentar antes, con carácter potestativo, el recurso de reposición del artículo 14 de la Ley 39/1988
- Está compuesto por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno por mayoría absoluta
- Funciona con criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un órgano especializado resuelve las reclamaciones económico-administrativas municipales, dictamina las ordenanzas fiscales y, si se le pide, hace estudios; su resolución agota la vía administrativa y solo cabe contencioso.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 138
En el seno de la Conferencia sectorial para asuntos locales, existirá una Conferencia de ciudades de la que formarán parte la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del título X de esta ley.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- La Conferencia de ciudades se integra en el seno de la Conferencia sectorial para asuntos locales
- Forman parte de ella la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios del título X
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dentro de la Conferencia sectorial para asuntos locales existe una Conferencia de ciudades, formada por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los alcaldes de los municipios del título X.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 139
Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Los entes locales pueden tipificar infracciones e imponer sanciones en defecto de normativa sectorial específica
- El ámbito es la ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y el uso de servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
A falta de normativa sectorial específica, los entes locales pueden tipificar infracciones y sancionar el incumplimiento de las ordenanzas que ordenan la convivencia y el uso de servicios y espacios públicos, según los criterios de los artículos siguientes.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 140
1. Las infracciones a las ordenanzas locales a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
e) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
f) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.
2. Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.
b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público.
e) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Las infracciones a las ordenanzas locales se clasifican en muy graves, graves y leves
- Son muy graves, entre otras, la perturbación relevante de la convivencia y el impedimento del uso de un servicio o espacio público
- También son muy graves la obstrucción grave al funcionamiento de un servicio público y el deterioro grave de equipamientos o espacios públicos
- Las infracciones graves y leves se gradúan según la intensidad de la perturbación o de los daños causados
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las infracciones de ordenanzas locales son muy graves, graves o leves. Las muy graves son seis conductas tasadas (perturbación relevante, impedimentos, obstrucción, deterioros); las demás se gradúan por intensidad.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de · 141
Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías:
Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.
Se añade por el art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Datos clave
- Infracciones muy graves: multa de hasta 3.000 euros
- Infracciones graves: multa de hasta 1.500 euros
- Infracciones leves: multa de hasta 750 euros
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales tienen tope: hasta 3.000 euros las muy graves, hasta 1.500 euros las graves y hasta 750 euros las leves.