El atestado policial en la Ley de enjuiciamiento criminal. Concepto y estructura.

El atestado policial se regula en el Libro II, Título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), arts. 292 a 298, dedicado a las disposiciones comunes de la Policía Judicial.

El art. 282 LECrim define la función de la Policía Judicial: averiguar los delitos públicos que se cometan en su territorio, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos, descubrir a los delincuentes y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

El art. 292 LECrim obliga a los funcionarios de Policía Judicial a extender un atestado de las diligencias que practiquen, especificando con exactitud los hechos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando cuantas circunstancias hubieran observado que puedan constituir prueba o indicio del delito. La misma obligación rige aunque no resulte justificada la perpetración del delito.

El art. 293 LECrim exige extender el atestado, siempre que sea posible, en el mismo lugar en que se estuviere investigando, y ordena a los funcionarios actuantes no dar publicidad al sumario ni a las diligencias que practiquen, guardando el debido sigilo bajo su responsabilidad.

El atestado es el documento público que recoge, por escrito y de forma ordenada y cronológica, el conjunto de diligencias practicadas por los funcionarios de la Policía Judicial con ocasión de un hecho con apariencia delictiva, con el fin de averiguar el delito, identificar a los presuntos responsables y recoger las pruebas o indicios, para su remisión a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

No es una simple relación narrativa de hechos: es un documento con firma y responsabilidad del funcionario instructor, que da fe de lo actuado (presunción de veracidad de lo constatado directamente) y sirve de base a la investigación judicial posterior.

Se inicia de oficio, por conocimiento directo del hecho por los agentes, o a raíz de una denuncia formulada por un particular u otra autoridad. Puede incluir, o no, la detención de una o varias personas, así como la intervención de efectos, instrumentos o piezas de convicción relacionados con el hecho investigado.

El atestado se articula en un conjunto de diligencias numeradas y correlativas, cada una con su encabezamiento, contenido y firma del instructor:

• Diligencia de iniciación o de conocimiento del hecho: circunstancias de tiempo, lugar y forma en que la Policía tuvo conocimiento del hecho investigado.
• Diligencia de inspección ocular y recogida de vestigios: descripción del escenario, croquis o reportaje fotográfico, cadena de custodia de los efectos intervenidos.
• Diligencia de identificación de testigos y toma de declaración: relación de personas que presenciaron los hechos y contenido de sus manifestaciones.
• Diligencia de detención, si procede, con información de derechos conforme al art. 520 LECrim.
• Diligencias de gestión: solicitud de informes periciales, requerimientos a organismos, comprobación de antecedentes.
• Diligencia de exposición o informe final del instructor, resumen razonado de lo actuado.
• Diligencia de remisión: relación de lo actuado, de los detenidos, efectos y piezas de convicción que se envían junto con el atestado.

El art. 297 LECrim establece que los atestados que redacten y las manifestaciones que hagan los funcionarios de Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubieran practicado, tendrán el valor de denuncia.

Las declaraciones que en el atestado presten los propios agentes, en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio, tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables según las reglas del criterio racional.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo son constantes: el atestado, por sí solo, no constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia; su contenido debe ratificarse en el acto del juicio oral, con contradicción entre las partes, salvo aquellas diligencias objetivas e irrepetibles (por ejemplo, un test de alcoholemia con registro documental o una inspección ocular urgente) que pueden incorporarse como prueba preconstituida si se practicaron con las garantías legales.

El art. 295 LECrim ordena remitir el atestado sin dilación al Juzgado de guardia o al Ministerio Fiscal, dando cuenta expresa de las detenciones practicadas y de las medidas cautelares adoptadas.

Cuando el atestado incluye personas detenidas, la remisión debe producirse dentro del plazo máximo de detención, que el art. 17.2 CE fija en 72 horas como límite absoluto para poner al detenido en libertad o a disposición judicial; los arts. 496 y 497 LECrim reiteran esta obligación de entrega inmediata al juez más próximo.

Si al remitir el atestado quedan diligencias pendientes de completar, el instructor debe hacerlo constar expresamente, sin que ello justifique demorar la puesta a disposición judicial del detenido más allá del plazo constitucional.

• Regulación: arts. 292 a 298 LECrim (Libro II, Título III).
• Función de la Policía Judicial: art. 282 LECrim.
• Obligación de extender atestado: art. 292 LECrim.
• Lugar de extensión y deber de sigilo: art. 293 LECrim.
• Valor de denuncia y de declaración testifical: art. 297 LECrim.
• Remisión sin dilación al Juzgado o Fiscalía: art. 295 LECrim.
• Plazo máximo con detenido: 72 horas (art. 17.2 CE).
• El atestado no es prueba de cargo por sí solo: exige ratificación en juicio oral (salvo diligencias objetivas irrepetibles).
• Diligencias típicas: iniciación, inspección ocular, testificales, detención, gestión, informe final, remisión.
• El atestado puede iniciarse de oficio o por denuncia.