La policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

En un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), la policía deja de ser un instrumento de control del poder sobre los ciudadanos para convertirse en un servicio público al servicio de la comunidad, sometido plenamente a la ley y sujeto a control democrático (judicial, parlamentario y social).

Características que distinguen a la policía democrática:

• Legitimidad de origen y de ejercicio: actúa conforme a leyes emanadas de un Parlamento representativo y con respeto escrupuloso al procedimiento.
• Subordinación al poder civil: dirección política de la seguridad pública (Gobierno, Delegaciones del Gobierno, alcaldías en el caso de policía local), nunca autónoma del poder democrático.
• Control externo: judicial (jueces y tribunales), parlamentario (comisiones de interior), del Defensor del Pueblo/Valedor do Pobo, y social (medios, transparencia).
• Proximidad y confianza ciudadana: modelo de "policía de proximidad" o "policía comunitaria", especialmente desarrollado en el ámbito local, que prioriza la prevención, el conocimiento del entorno y la relación estable con la comunidad frente a un modelo puramente reactivo.

La policía local, por su cercanía al vecindario, es el cuerpo con mayor potencial de proximidad, lo que exige un plus de ejemplaridad y de rendición de cuentas ante la ciudadanía a la que sirve directamente.

La Constitución Española de 1978 configura el marco jurídico que da sentido a la función policial. Preceptos clave:

• Art. 1.1 CE: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
• Art. 9.1 CE: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (principio de legalidad).
• Art. 10.1 CE: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
• Art. 104.1 CE: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
• Art. 104.2 CE: remite a la ley orgánica la regulación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatuto (desarrollado por la LO 2/1986).

Este mandato constitucional invierte la lógica del policía como agente de un poder ajeno a la ciudadanía: la policía existe para proteger derechos y libertades, no al revés. Toda actuación policial que no persiga, directa o indirectamente, esa finalidad constitucional carece de legitimidad.

El art. 1.1 CE enumera cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico español, que orientan también la actuación policial:

| Valor | Proyección en la actuación policial |

|---|---|

| Libertad | Intervención mínima necesaria; toda restricción de derechos debe ser excepcional, motivada y proporcionada |

| Justicia | Actuación imparcial, sin arbitrariedad, con sometimiento pleno a la ley |

| Igualdad | Trato no discriminatorio; art. 14 CE |

| Pluralismo político | Neutralidad política e ideológica del agente; art. 5 LO 2/1986 |

A estos valores se suman otros de relevancia directa para la función policial: la solidaridad (art. 9.2 CE, remoción de obstáculos para la igualdad real), la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y la paz social (art. 10.1 CE, como fin último del orden constitucional).

Estos valores no son meras declaraciones programáticas: vinculan a todos los poderes públicos, incluida la policía, y son parámetro de control de la actividad administrativa por los tribunales (art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho).

El art. 10.1 CE sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, junto a los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

La dignidad es un valor previo y superior a los derechos fundamentales concretos: no se "otorga", es inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, con independencia de su situación jurídica, nacionalidad o conducta. Consecuencias prácticas para la actuación policial:

• Prohibición absoluta de tortura y tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE): sin excepciones ni justificación posible.
• Trato correcto y respetuoso con toda persona intervenida, detenida o víctima, incluso ante la comisión de delitos graves.
• Derecho a la propia imagen y a la intimidad (art. 18 CE) también respecto de personas detenidas (por ejemplo, evitar exposición innecesaria ante medios o terceros).
• Uso de la fuerza como última ratio, limitado a lo estrictamente necesario, proporcional y racional (art. 5.2.c y d LO 2/1986).

El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU, 1979) recoge en su art. 2 el deber de respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas.

La actuación policial se despliega en dos planos que deben estar éticamente jerarquizados: la prevención (evitar que el hecho lesivo llegue a producirse) y la represión (reaccionar, dentro de la ley, una vez producido el hecho).

En una policía democrática, la prevención es prioritaria frente a la represión: se corresponde mejor con el respeto a la libertad y con el modelo de policía de proximidad, y reduce el recurso a la coerción. Ello no significa renunciar a la función represiva, que sigue siendo necesaria y legítima cuando la prevención fracasa, pero sí supeditarla a criterios éticos estrictos:

• Congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de las facultades coercitivas (art. 5.2.c LO 2/1986).
• Utilización de las armas solo en situaciones de riesgo racionalmente grave para la vida, la integridad física propia o ajena, o en circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de acuerdo con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2.d LO 2/1986).
• Finalidad de la sanción/represión: no es venganza ni castigo ejemplarizante desproporcionado, sino restablecimiento del orden jurídico vulnerado, con respeto a las garantías del investigado (presunción de inocencia, art. 24.2 CE).

El sentido ético de ambas funciones remite en último término a los mismos valores: la protección de los derechos y libertades (art. 104.1 CE) y el respeto a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), tanto de la víctima como del presunto infractor.

• Art. 1.1 CE: valores superiores del ordenamiento — libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Art. 9.1 CE: sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
• Art. 9.2 CE: promoción de la igualdad real y remoción de obstáculos.
• Art. 10.1 CE: la dignidad de la persona, fundamento del orden político y la paz social.
• Art. 15 CE: prohibición absoluta de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes.
• Art. 24.2 CE: presunción de inocencia.
• Art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales, sometida a la ley.
• Art. 104.1 CE: misión constitucional de las FCS — proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
• Art. 104.2 CE: remisión a ley orgánica del estatuto policial (desarrollada por LO 2/1986).
• Art. 5.2.c y d LO 2/1986: congruencia, oportunidad y proporcionalidad; uso de armas solo ante riesgo racionalmente grave.
• Código de Conducta ONU (1979), art. 2: deber de respetar y proteger la dignidad humana.
• Prevención vs. represión: la prevención es prioritaria en el modelo de policía democrática/de proximidad.
• La policía es un servicio público subordinado al poder civil y sujeto a control judicial, parlamentario y social.