Derechos fundamentales y libertades públicas II: derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Derecho de petición.

El art. 21 CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesitará autorización previa.

Régimen según el lugar y tipo:

• Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones: exigen comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes (art. 21.2 CE).
• Reuniones en domicilios, locales cerrados o lugares privados: libres, no sujetas a comunicación.

Se desarrolla mediante la LO 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión, que fija en 10 días naturales de antelación (o 24 horas en casos urgentes) el plazo de comunicación a la autoridad gubernativa, quien puede proponer modificación de fecha, lugar o duración, o prohibirla motivadamente en el plazo de 72 horas.

La actuación de la policía local en reuniones y manifestaciones se limita, salvo habilitación específica, a funciones de ordenación del tráfico y colaboración, correspondiendo el mantenimiento del orden público en manifestaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes según el ámbito territorial.

El art. 22 CE reconoce el derecho de asociación, desarrollado por la LO 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.

Elementos esenciales:

• Las asociaciones deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad (la inscripción es declarativa, no constitutiva del derecho, aunque necesaria para obtener personalidad jurídica plena).
• Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito (art. 22.2 CE).
• Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada (art. 22.4 CE).
• Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (art. 22.5 CE).

Este derecho tiene manifestaciones específicas reconocidas en otros preceptos: la libertad sindical (art. 28.1 CE), la asociación de partidos políticos (art. 6 CE) y las asociaciones profesionales de las FCS, con las limitaciones que se estudian en el epígrafe de sindicación de este mismo tema.

El art. 23 CE reconoce dos derechos estrechamente vinculados:

• Art. 23.1: derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos representativos (sufragio pasivo).
• Art. 23.2: derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; incluye el acceso a la función pública, sometido a los principios de mérito y capacidad (art. 103.3 CE).

Ambos apartados son derechos fundamentales de la Sección 1ª, con tutela por recurso de amparo, lo que en la práctica convierte muchos litigios sobre acceso a la función pública (y, por extensión, a los procesos selectivos de policía local) en susceptibles de amparo constitucional cuando se vulnera la igualdad, el mérito o la capacidad.

El art. 24 CE consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, uno de los pilares del Estado de Derecho:

• Art. 24.1: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
• Art. 24.2: reconoce, entre otros, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia exige que sea la acusación quien pruebe la culpabilidad, con especial trascendencia para la actuación policial: todo atestado y toda diligencia deben respetar escrupulosamente estas garantías, pues su vulneración puede determinar la nulidad de la prueba obtenida (art. 11.1 LOPJ).

El art. 25.1 CE consagra el principio de legalidad penal y sancionadora: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en ese momento (irretroactividad, salvo norma más favorable).

El art. 25.2 CE orienta el sentido de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social, sin que puedan consistir en trabajos forzados; reconoce al condenado los derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria, garantizando el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

El art. 25.3 CE prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

El art. 26 CE prohíbe expresamente los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, garantía histórica frente a fórmulas disciplinarias arbitrarias y sin las garantías del debido proceso.

El art. 27 CE articula un doble reconocimiento:

• Derecho a la educación (art. 27.1), orientado al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.
• Libertad de enseñanza (art. 27.1), que ampara la creación de centros docentes (art. 27.6) y la libertad de cátedra de los docentes.

Otros contenidos relevantes:

• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita (art. 27.4).
• Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros (art. 27.5).
• Se reconoce a padres y madres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones (art. 27.3).
• Se garantiza la autonomía universitaria en los términos que establezca la ley (art. 27.10).

Este derecho combina elementos de libertad (autonomía del individuo y las instituciones) y de prestación (obligación de los poderes públicos de proveer un sistema educativo universal), característico de los derechos de "doble carácter" en la CE.

El art. 28 CE reconoce dos derechos distintos:

• Art. 28.1: libertad sindical, que comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y organizaciones sindicales internacionales.
• Art. 28.2: derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, remitiendo a la ley el establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Especialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: el propio art. 28.1 CE habilita a la ley para limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas o de los demás Institutos armados sometidos a disciplina militar, y a regularlo peculiarmente para los funcionarios públicos.

En desarrollo de ello, la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.6 y concordantes) prohíbe el derecho de huelga y la sindicación a los miembros de los Cuerpos de Seguridad con dependencia de las Administraciones Públicas, en aras de garantizar la continuidad e imparcialidad del servicio; en su lugar se prevén Consejos y órganos de representación profesional propios (sin carácter sindical) para la defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales.

El art. 29 CE reconoce el derecho de petición, individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Se desarrolla mediante la LO 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, que permite dirigirse a cualquier institución, autoridad, órgano o Administración pública sobre materias de su competencia, con la única obligación correlativa de acusar recibo y, en su caso, declarar su admisión o inadmisión y, de admitirse, dar respuesta.

Características:

• No cabe petición sobre asuntos para los que exista un procedimiento específico regulado (recursos, reclamaciones, demandas).
• Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica (art. 29.2 CE), no colectivamente.

Es el último derecho de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (art. 15 a 29 CE), cerrando el bloque de derechos fundamentales con la máxima protección constitucional (reforma agravada y recurso de amparo).

• Art. 21 CE: reunión pacífica y sin armas, sin autorización previa; comunicación previa (10 días, LO 9/1983) en lugares de tránsito público; prohibición solo por riesgo para personas o bienes.
• Art. 22 CE: asociación (LO 1/2002); disolución solo por resolución judicial motivada; prohibidas las secretas y paramilitares.
• Art. 23 CE: participación en asuntos públicos (23.1) y acceso a funciones y cargos públicos en igualdad, mérito y capacidad (23.2).
• Art. 24 CE: tutela judicial efectiva, sin indefensión; presunción de inocencia; derecho al juez predeterminado por ley.
• Art. 25.1 CE: principio de legalidad penal/sancionadora, irretroactividad salvo norma favorable.
• Art. 25.2 CE: penas y medidas de seguridad orientadas a la reeducación y reinserción social.
• Art. 25.3 CE: la Administración civil no puede imponer sanciones privativas de libertad.
• Art. 26 CE: prohibición de Tribunales de Honor en la Administración civil.
• Art. 27 CE: derecho a la educación y libertad de enseñanza; enseñanza básica obligatoria y gratuita.
• Art. 28 CE: libertad sindical y derecho de huelga; los Cuerpos de Seguridad tienen prohibida la huelga y la sindicación (art. 6.6 LO 2/1986); representación mediante órganos profesionales propios.
• Art. 29 CE: derecho de petición (LO 4/2001); los miembros de Institutos armados solo pueden ejercerlo individualmente.
• Este tema completa, junto con el Tema 2, los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª (arts. 15-29 CE): máxima protección (reforma agravada art. 168 y recurso de amparo).