La Ley de emergencias de Galicia: aspectos fundamentales.

La Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia, tiene por objeto establecer el sistema de protección civil y gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma, regulando la prevención, planificación, intervención y rehabilitación ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Su ámbito de aplicación comprende las emergencias por riesgos naturales, tecnológicos o antrópicos que puedan afectar a personas, bienes o medio ambiente en el territorio gallego, con independencia de que se declaren de interés autonómico, nacional o de protección civil.

La ley se asienta sobre los principios de coordinación, colaboración interadministrativa, prevención, autoprotección, proporcionalidad y solidaridad, y sobre el principio de que la respuesta ante la emergencia se organiza de abajo arriba: primero el nivel municipal, y solo si se desborda su capacidad, se activan los niveles autonómico y estatal.

Define la emergencia como aquella situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una respuesta rápida y coordinada de los servicios de intervención.

La Agencia Gallega de Emergencias (Axencia Galega de Emerxencias, AXEGA), adscrita a la consellería competente en la materia, es el organismo autonómico responsable de la coordinación operativa, la gestión del 112 y el desarrollo de la planificación de emergencias en Galicia.

La Ley 5/2007 distribuye competencias entre las distintas administraciones:

Xunta de Galicia: aprobación del Plan Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA) y de los planes especiales, dirección de las emergencias de nivel autonómico, homologación de planes de las entidades locales, gestión del 112 Galicia, y coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios.

Diputaciones provinciales: colaboración con los municipios en la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios (competencia impropia de asistencia), especialmente en municipios sin recursos propios suficientes.

Ayuntamientos: son competentes para la elaboración de sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU), la primera intervención ante cualquier emergencia en su término municipal, y la prestación, en su caso, del servicio de extinción de incendios (obligatorio en municipios de más de 20.000 habitantes, conforme a la LRBRL).

La Policía Local, integrada en los servicios municipales de primera intervención, participa activamente conforme al art. 53.1.f) LO 2/1986, que le atribuye prestar auxilio en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, colaborando en la ejecución de los planes de protección civil.

Se crea el Consello Galego de Protección Civil, órgano colegiado de coordinación, consulta y participación de las distintas administraciones y entidades implicadas en la materia.

La planificación se estructura en un sistema jerarquizado de planes:

• PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia): plan director autonómico, marco de referencia para la integración de los planes de ámbito inferior; se activa ante emergencias de nivel autonómico o cuando lo desbordan los planes municipales.
• Planes especiales: por tipo de riesgo (inundaciones, incendios forestales, nivel de riesgo químico, transporte de mercancías peligrosas, etc.).
• Planes de emergencia municipal (PEMU): obligatorios en los municipios que determine la normativa (por población o por riesgos específicos), integran los recursos y procedimientos de actuación en el ámbito local.
• Planes de autoprotección: de titularidad privada, obligatorios en centros, establecimientos o instalaciones que puedan generar situaciones de emergencia (según catálogo de actividades de la normativa estatal, Real Decreto 393/2007).

Los planes se activan por niveles o fases, en función de la gravedad y evolución del riesgo (alerta, alarma o emergencia), correspondiendo la dirección del plan a la autoridad de mayor rango territorial cuando la emergencia supera el nivel inferior.

La declaración de emergencia corresponde a la alcaldía en el ámbito municipal, y a la persona titular de la consellería competente (o a la Presidencia de la Xunta en los casos más graves) en el ámbito autonómico.

Los grupos de acción previstos en los planes (grupo de intervención, sanitario, de seguridad, logístico) se coordinan desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), bajo la dirección del Director del Plan.

El 112 Galicia, gestionado por la AXEGA, es el número único europeo de emergencias, que centraliza la recepción de llamadas y la coordinación de la respuesta de todos los servicios implicados: bomberos, sanidad (061/urgencias), Policía Local, Guardia Civil/Policía Nacional, Protección Civil y otros servicios de intervención.

Funciones del Centro de Atención de Emergencias: recepción y clasificación de la llamada, activación de los recursos correspondientes según protocolo, seguimiento de la emergencia hasta su resolución, y coordinación entre los distintos intervinientes.

El principio de mando único rige la actuación coordinada: ante una emergencia con participación de varios servicios, se designa un director técnico de la emergencia (normalmente del servicio con mayor implicación en la fase correspondiente), sin perjuicio de la autonomía técnica de cada servicio en su ámbito de actuación.

La Policía Local, en su primera intervención, tiene entre sus funciones: acordonar y proteger la zona, facilitar el acceso de otros servicios, colaborar en la evacuación de personas afectadas, regular el tráfico en el entorno del siniestro, y colaborar en la investigación de las causas cuando proceda.

La ley regula asimismo el deber de colaboración ciudadana: toda persona tiene el deber de colaborar con las autoridades en caso de emergencia, pudiendo ser requerida para prestar auxilio o para no dificultar la actuación de los servicios de intervención, dentro de los límites de proporcionalidad.

La Ley 5/2007 tipifica infracciones administrativas en materia de protección civil y gestión de emergencias, clasificadas en leves, graves y muy graves.

Ejemplos de conductas infractoras:

• Incumplir el deber de colaboración requerido por la autoridad competente en situación de emergencia.
• Obstaculizar la labor de los servicios de intervención.
• No elaborar o mantener actualizado el plan de autoprotección exigible.
• El uso indebido del número 112 (llamadas maliciosas o falsas alarmas).
• Incumplir las órdenes de evacuación o confinamiento dictadas por la autoridad competente.

La competencia sancionadora corresponde a la Xunta de Galicia (consellería competente) o al ayuntamiento, según el ámbito territorial y la gravedad de la infracción.

Las sanciones consisten en multas, graduadas según la clasificación de la infracción, pudiendo alcanzar las muy graves varios miles de euros, además de posibles medidas accesorias (revocación de autorizaciones, clausura).

La ley prevé también la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por los daños derivados de su actuación en materia de emergencias, conforme al régimen general de la Ley 40/2015, salvo fuerza mayor.

El deber de autoprotección recae sobre titulares de actividades, centros o establecimientos que puedan generar situaciones de riesgo, quienes deben disponer de plan de autoprotección homologado e implantado, con simulacros periódicos.

• La Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia regula el sistema autonómico de protección civil.
• La AXEGA (Axencia Galega de Emerxencias) gestiona el 112 Galicia y coordina la planificación de emergencias.
• Principio clave: la respuesta se organiza de abajo arriba (municipal → autonómico → estatal).
• El PLATERGA es el plan director autonómico; se activa cuando la emergencia desborda los planes municipales.
• Los PEMU (planes de emergencia municipal) son competencia de los ayuntamientos.
• Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están obligados a prestar servicio de extinción de incendios (LRBRL).
• La Policía Local presta auxilio en catástrofes conforme al art. 53.1.f) LO 2/1986, colaborando en los planes de protección civil.
• El Consello Galego de Protección Civil es el órgano colegiado de coordinación en la materia.
• Rige el principio de mando único, con un director técnico de la emergencia según la fase.
• Existe deber legal de colaboración ciudadana ante situaciones de emergencia.
• Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; incluyen uso indebido del 112 e incumplimiento de órdenes de evacuación.
• El deber de autoprotección obliga a titulares de actividades de riesgo a disponer de plan homologado y simulacros periódicos.