Tema 11: La potestad sancionadora de la Administración. Principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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Constitución Española · Art. 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Datos clave
- ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
- ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
- Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la actuación administrativa, y el ciudadano tiene derecho a ser indemnizado por los daños que le cause el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 25
Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- ¿Qué rango de norma debe reconocer expresamente la potestad sancionadora? → Rango de Ley.
- ¿A quiénes no se aplica este Capítulo según el art. 25.4? → A quienes estén vinculados a la Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial.
- ¿Qué norma se añade cuando sanciona una Entidad Local? → El Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- Dentro / fuera: dentro la disciplinaria (todo el personal, funcionario o laboral); fuera contratos y patrimonio.
- Entidades Locales = Título XI de la LBRL; es la remisión que siempre ponen mal en las opciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La potestad sancionadora solo existe si una norma con rango de ley la reconoce expresamente, y la ejerce el órgano que la tenga atribuida. El Capítulo se extiende a lo disciplinario, pero se cae en contratos y patrimonio.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 26
Irretroactividad. 1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Datos clave
- ¿Qué disposiciones sancionadoras se aplican por regla general? → Las vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen la infracción.
- ¿Cuándo tiene efecto retroactivo una disposición sancionadora? → Cuando favorece al presunto infractor o al infractor, en tipificación, sanción o plazos de prescripción.
- Retroactividad = siempre a favor del infractor, nunca en su contra: la norma más dura del momento del hecho no se aplica después.
- Cubre tres cosas a la vez: tipificación, sanción y prescripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La norma sancionadora aplicable es la vigente cuando ocurrieron los hechos, salvo que una posterior sea más favorable: entonces se aplica con retroactividad, incluso a sanciones ya impuestas.
Esquema
| Norma vigente al cometer los hechos | Norma posterior más favorable | |
|---|---|---|
| ¿Cuándo se aplica? | Es la regla general: siempre | Solo si favorece al infractor |
| ¿Afecta a sanciones ya impuestas? | No entra en juego (es la del momento del hecho) | Sí, incluso pendientes de cumplimiento |
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 27
Principio de tipicidad. 1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
Datos clave
- ¿En qué tres categorías se clasifican las infracciones? → Leves, graves y muy graves (art. 27.1)
- ¿Cabe la analogía para definir infracciones o sanciones? → No (art. 27.4)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reserva a la Ley la creación de infracciones (clasificadas en leves, graves y muy graves) y de las sanciones correspondientes; el reglamento solo puede graduar o precisar, nunca crear ni alterar, y prohíbe la aplicación analógica.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 28
Responsabilidad. 1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
Datos clave
- ¿Con qué título de imputación se sanciona? → Dolo o culpa (art. 28.1)
- ¿Cómo responden varios obligados a un mismo deber legal? → Solidariamente, aunque la sanción pecuniaria se puede individualizar (art. 28.3)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exige dolo o culpa para sancionar a personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad con capacidad reconocida por Ley, permite exigir además la reposición y la indemnización de daños, y regula la responsabilidad solidaria cuando varios deben cumplir una misma obligación.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 29
Principio de proporcionalidad. 1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Datos clave
- ¿Pueden las sanciones administrativas implicar privación de libertad? → Nunca (art. 29.1)
- ¿Qué pasa si de una infracción deriva necesariamente otra? → Solo se sanciona la infracción más grave (art. 29.5)
- ¿En qué plazo debe repetirse la infracción para apreciar reincidencia? → En el término de 1 año, declarada por resolución firme (art. 29.3.d)
- Infracción continuada: varias acciones que infringen preceptos iguales o semejantes, con un plan preconcebido o aprovechando la misma ocasión (art. 29.6).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohíbe que las sanciones impliquen privación de libertad, exige que la infracción nunca sea más rentable que cumplir la norma, fija los criterios para graduar la sanción y establece las reglas del concurso de infracciones y de la infracción continuada.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 30
Prescripción. 1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.
Datos clave
- Sin plazo específico, ¿cuándo prescribe una infracción leve? → A los 6 meses.
- Sin plazo específico, ¿cuándo prescribe la sanción por una falta leve? → Al año.
- ¿Desde cuándo cuenta el plazo de prescripción de la sanción? → Desde el día siguiente a que la resolución sea ejecutable o pase el plazo para recurrirla.
- Agrupa los plazos en dos filas: infracciones 3-2-6 meses, sanciones 3-2-1 año — la única que cambia de unidad es la leve.
- La paralización del expediente sancionador durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable hace que el plazo de prescripción vuelva a correr, no que se interrumpa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la ley específica no fija plazos, las infracciones prescriben en 3/2/6 meses según sean muy graves, graves o leves, y las sanciones en 3/2/1 año. El cómputo se interrumpe al abrir expediente y se reinicia si se paraliza más de un mes.
Esquema
| Infracciones | Sanciones | |
|---|---|---|
| Muy graves | 3 años | 3 años |
| Graves | 2 años | 2 años |
| Leves | 6 meses | 1 año |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 31
Concurrencia de sanciones. 1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
Datos clave
- ¿Qué tres identidades impiden sancionar de nuevo unos hechos? → Identidad de sujeto, hecho y fundamento.
- Sanción impuesta por un órgano de la UE por los mismos hechos sin identidad de sujeto y fundamento: ¿qué hace el órgano competente? → Deberá tenerla en cuenta para graduar la sanción, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
- La triple identidad, con las tres eses del examen: Sujeto, hecho y fundamento. Si falta una, no hay bis in idem.
- Apartado 2: la clave está en el «siempre que NO concurra la identidad de sujeto y fundamento»; si concurriera, estaríamos en el apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Non bis in idem: no se sanciona dos veces si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Con las sanciones de la Unión Europea el juego es otro: si falta esa identidad, no impiden sancionar, pero hay que tenerlas en cuenta para graduar.
Esquema
| Sanción penal o administrativa previa (ap. 1) | Sanción de un órgano de la UE (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Requisito | Identidad de sujeto, hecho y fundamento | Mismos hechos, pero sin identidad de sujeto y fundamento |
| Efecto | No cabe sancionar | Sí cabe sancionar: se tiene en cuenta para graduar |
| Margen del órgano | Ninguno: prohibición | Puede minorar la sanción |
| Declaración de la infracción | No procede nueva sanción | Puede declararse la comisión de la infracción |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 32
Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Datos clave
- ¿Qué dos supuestos excluyen la indemnización pese al funcionamiento del servicio público? → La fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- ¿Cómo debe ser el daño alegado? → Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- ¿Qué requisito procesal común piden los apartados 4 y 5? → Sentencia firme desestimatoria, en cualquier instancia, de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada.
- ¿Quién fija el importe de la indemnización por funcionamiento anormal declarado por el Tribunal Constitucional? → El Consejo de Ministros; tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado.
- Las dos excepciones del apartado 1 son solo dos: fuerza mayor y deber jurídico de soportar. Caso fortuito no aparece.
- El daño: Efectivo, Evaluable económicamente e Individualizado. Tres adjetivos, ni uno más.
- Amparo y cuestión de inconstitucionalidad: fija el Consejo de Ministros, tramita Justicia, oye el Consejo de Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las reglas de la responsabilidad patrimonial: lesión por funcionamiento normal o anormal, con dos excepciones, daño efectivo, evaluable e individualizado, y los dos supuestos tasados del Estado legislador (ley inconstitucional y norma contraria al Derecho de la Unión).
Esquema
| Norma declarada inconstitucional (ap. 4) | Norma contraria al Derecho de la UE (ap. 5) | |
|---|---|---|
| Sentencia firme desestimatoria previa | Sí, en cualquier instancia | Sí, en cualquier instancia |
| Alegación previa exigida | La inconstitucionalidad posteriormente declarada | La infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada |
| Requisitos adicionales | Ninguno más | Norma que confiera derechos, incumplimiento suficientemente caracterizado y causalidad directa |
| Publicación de la sentencia | BOE | DOUE |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 33
Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Datos clave
- ¿Cómo responden las Administraciones cuando el daño viene de una fórmula conjunta de actuación? → Solidariamente frente al particular, en todo caso.
- En defecto de estatutos, ¿qué Administración es competente para instruir el expediente de responsabilidad concurrente? → La que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
- ¿Cuántos días tienen las demás Administraciones para pronunciarse en un expediente de responsabilidad patrimonial concurrente? → Quince días.
- Dos supuestos, dos lógicas: fórmula conjunta = solidaria siempre; concurrencia suelta = solidaria solo si no hay forma de repartir.
- Quince días para que las demás Administraciones se pronuncien en responsabilidad patrimonial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando varias Administraciones actúan juntas por una fórmula conjunta, responden siempre solidariamente frente al particular. Si concurren sin esa fórmula, la responsabilidad se reparte según competencia e intervención, y solo es solidaria si no se puede determinar.
Esquema
| Fórmula conjunta de actuación | Concurrencia sin fórmula conjunta | |
|---|---|---|
| Responsabilidad frente al particular | Solidaria siempre | Se fija por competencia, interés e intensidad |
| ¿Cuándo es solidaria? | Por defecto, en todo caso | Solo si no se puede determinar el reparto |
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 34
Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Datos clave
- ¿Qué daños no son indemnizables aunque exista lesión? → Los que no se pudieron prever ni evitar según el estado de la ciencia o la técnica en el momento en que se produjeron.
- ¿Con qué índice se actualiza la cuantía de la indemnización? → Con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), fijado por el INE.
- Si la responsabilidad deriva de una ley declarada inconstitucional, ¿qué daños son indemnizables? → Los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.
- Riesgos del progreso: si la ciencia o la técnica de entonces no podía preverlo, no se indemniza.
- Se actualiza con el IGC (Índice de Garantía de la Competitividad), no con el IPC: trampa clásica de examen.
- Plazo especial de 5 años cuando la responsabilidad nace de una ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo se indemnizan los daños que no hay deber jurídico de soportar; no los imprevisibles según la ciencia del momento. La cuantía se fija al día de la lesión, se actualiza con el IGC y puede pagarse en especie o a plazos si hay acuerdo.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 35
Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.
Datos clave
- ¿Qué régimen de responsabilidad se aplica cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado? → El mismo de los artículos 32 y siguientes, aunque actúe directamente o mediante una entidad de derecho privado.
- El régimen de derecho privado en la actuación NO cambia el régimen de responsabilidad: sigue siendo el de los arts. 32 y siguientes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aunque la Administración actúe en régimen de derecho privado, directamente o mediante una entidad privada, su responsabilidad se exige igual que la patrimonial general, se comparta o no con particulares.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Datos clave
- ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
- ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
- ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
- Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
- Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El ciudadano siempre reclama a la Administración, nunca al funcionario. Después la Administración va de oficio contra su autoridad o personal, pero solo por dolo o culpa o negligencia graves, con un procedimiento de plazos muy cortos.
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 37
Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- ¿Suspende la exigencia de responsabilidad penal el procedimiento de responsabilidad patrimonial? → No, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- ¿Conforme a qué se exige la responsabilidad civil derivada del delito? → De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
- La regla es NO suspender; la excepción es una y está tasada: que el penal deba determinar los hechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La vía penal va por su cuenta: se exige conforme a su legislación y, por regla general, no paraliza el expediente de responsabilidad patrimonial. Solo lo suspende si hace falta que el penal fije antes los hechos.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 63
Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. 1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo. 2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. 3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
Datos clave
- ¿Qué separación exige el art. 63.1 en el procedimiento sancionador? → La debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.
- ¿Cuándo puede iniciarse un nuevo procedimiento por una infracción en la que el infractor persiste de forma continuada? → Cuando haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.
- Tres ideas y tres apartados: siempre de oficio y con separación de órganos; sin procedimiento no hay sanción; en la conducta continuada, un solo expediente hasta que la primera resolución sea ejecutiva.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sancionador solo se inicia de oficio y exige separar instrucción y sanción en órganos distintos. Sin procedimiento no hay sanción, y en las infracciones continuadas no se abre otro expediente hasta que haya una primera resolución sancionadora ejecutiva.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 64
Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. 1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. 2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos: a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85. e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56. f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.
Datos clave
- ¿A quién se comunica el acuerdo de iniciación en un procedimiento sancionador? → Al instructor, con traslado de las actuaciones; se notifica a los interesados, entendiendo por tal en todo caso al inculpado.
- ¿Qué debe indicarse sobre el instructor y el secretario? → Su identificación, con expresa indicación del régimen de recusación.
- Seis letras de la a) a la f). La c) es la que más se olvida: el régimen de recusación del instructor y del secretario.
- El inculpado es interesado «en todo caso», sin discusión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El acuerdo de iniciación en sancionador es un documento tasado: seis menciones mínimas y dos destinatarios distintos.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 85
Terminación en los procedimientos sancionadores. 1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.
Datos clave
- ¿Qué reducción mínima se aplica y sobre qué importe? → Al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, y las reducciones son acumulables entre sí.
- ¿A qué está condicionada la efectividad de las reducciones? → Al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
- ¿Hasta cuándo cabe el pago voluntario? → En cualquier momento anterior a la resolución.
- Base de cálculo: el importe de la sanción propuesta.
- Para cobrar la rebaja hay que renunciar a recurrir en vía administrativa: la efectividad está condicionada al desistimiento o renuncia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos atajos en el sancionador: reconocer la responsabilidad y pagar voluntariamente antes de la resolución. En ambos casos, si la sanción es solo pecuniaria, se aplican reducciones de al menos el 20 %, acumulables y condicionadas a no recurrir.
Esquema
| Reconocimiento de responsabilidad | Pago voluntario | |
|---|---|---|
| Efecto | Se puede resolver imponiendo la sanción que proceda | Termina el procedimiento, salvo reposición e indemnización de daños |
| Momento | Iniciado el procedimiento | En cualquier momento anterior a la resolución |
| Reducción | Al menos el 20 % si la sanción es solo pecuniaria | Al menos el 20 % si la sanción es solo pecuniaria |
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 89
Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. b) Cuando los hechos no resulten acreditados. c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. 2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. 3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia.
Datos clave
- ¿Cuántas causas permiten finalizar con archivo sin propuesta de resolución y quién lo acuerda? → Cinco, las letras a) a e) del art. 89.1, y lo resuelve el órgano instructor.
- ¿Qué debe fijar de forma motivada la propuesta de resolución? → Los hechos probados, su exacta calificación jurídica, la infracción, las personas responsables, la sanción propuesta, la valoración de las pruebas y las medidas provisionales adoptadas.
- Las cinco causas de archivo, en orden lógico: no hay hechos → no se prueban → no son infracción → no hay responsable → ha prescrito.
- La letra e) lleva un «en cualquier momento»: la prescripción se puede apreciar en cualquier fase.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cinco causas permiten al instructor archivar sin propuesta de resolución. Fuera de ellas, concluida la instrucción formula propuesta motivada y la notifica, fijando hechos probados, calificación, responsables, sanción y valoración de la prueba.
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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 90
Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. 1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. 2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días. 3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando: a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo. b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada. 2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella. 4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
Datos clave
- ¿Puede la resolución sancionadora aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento? → No, con independencia de que pueda darles una valoración jurídica diferente.
- ¿Qué plazo se da al inculpado si se agrava la infracción o la sanción? → Quince días para alegar.
- Hechos: intocables. Valoración jurídica: puede cambiar. Agravación: quince días de audiencia.
- Ejecutividad de la sanción: solo cuando se agota la vía administrativa ordinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución sancionadora no puede inventar hechos nuevos. Si agrava la propuesta, quince días de audiencia al inculpado.