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Tema 8: El Derecho administrativo general. La Administración Pública. Concepto. Fuentes del derecho administrativo: enumeración y clasificación. La jerarquía normativa. Los Reglamentos.

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Constitución Española · Art. 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Datos clave

  • Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
  • Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
  • 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución, mandato de promover la igualdad real y la lista de principios que la Constitución garantiza. El apartado 3 es de enumeración pura: cae tal cual.

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Constitución Española · Art. 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
  • Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
  • Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las leyes orgánicas regulan las materias más sensibles (derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral) y solo se aprueban, modifican o derogan por mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto.

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Constitución Española · Art. 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
  • ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
  • ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
  • ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
  • Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
  • La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La delegación legislativa da al Gobierno potestad para dictar normas con rango de ley, pero solo si es expresa, para materia y plazo concretos, y se agota con el primer uso.

Esquema

Ley de bases vs. ley ordinaria de delegación
Ley de basesLey ordinaria
Objeto de la delegaciónformar un texto articulado (norma nueva)refundir varios textos legales en uno solo
Contenido de la autorizaciónobjeto, alcance, principios y criterios a seguirámbito normativo; si solo formula texto único o también regulariza, aclara y armoniza

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Constitución Española · Art. 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos cosas que una ley de bases tiene vedadas «en ningún caso»: autorizar que se modifique la propia ley de bases y facultar para dictar normas retroactivas.

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Constitución Española · Art. 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Datos clave

  • ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
  • ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno puede frenar una proposición de ley o enmienda que choque con una delegación legislativa vigente; frente a eso, cabe pedir la derogación de esa delegación por ley.

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Constitución Española · Art. 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nombre que reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada: Decretos Legislativos.

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Constitución Española · Art. 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Datos clave

  • ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
  • ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
  • ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
  • Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
  • Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Decreto-ley: norma provisional del Gobierno para casos de extraordinaria y urgente necesidad, con cuatro materias vedadas y un plazo de treinta días para que el Congreso lo convalide o lo derogue.

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Constitución Española · Art. 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Datos clave

  • ¿Cuántas firmas mínimas exige la iniciativa legislativa popular? → 500.000 firmas acreditadas.
  • ¿Cuántos miembros de la Asamblea autonómica pueden defender su proposición de ley ante el Congreso? → Un máximo de tres.
  • ¿En qué materias no procede la iniciativa popular? → Ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, y prerrogativa de gracia.
  • Número clave: 500.000 firmas acreditadas.
  • Materias vetadas a la iniciativa popular: Tributarias, Internacional, Orgánicas, Prerrogativa de gracia («TIOP»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La iniciativa legislativa es del Gobierno, el Congreso y el Senado, pero también pueden impulsarla las Comunidades Autónomas y los ciudadanos mediante iniciativa popular, esta última con límites claros.

Esquema

Dos vías de iniciativa autonómica
Pedir al GobiernoRemitir al Congreso
Qué se trasladasolicitud de que adopte un proyecto de leyuna proposición de ley propia
Ante quiénel Gobiernola Mesa del Congreso, con hasta 3 miembros defendiéndola

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Constitución Española · Art. 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los proyectos de ley los aprueba el Consejo de Ministros y los somete al Congreso, acompañados de exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse.

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Constitución Española · Art. 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre cuando el Senado toma en consideración una proposición de ley? → Se remite al Congreso, que la tramita como proposición de ley.
  • Ojo al verbo: el Senado «toma en consideración», no «aprueba»; y lo que llega al Congreso sigue siendo proposición, nunca proyecto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las proposiciones de ley se tramitan según el Reglamento de cada Cámara. Si las presenta el Senado y las toma en consideración, no se convierten en proyecto: pasan al Congreso como lo que son, una proposición.

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Constitución Española · Art. 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Datos clave

  • ¿Cuánto tiempo tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley ordinario? → Dos meses desde la recepción del texto.
  • ¿A cuánto se reduce ese plazo si el proyecto es urgente? → A veinte días naturales.
  • ¿Qué mayoría necesita el veto del Senado para ser válido? → Mayoría absoluta.
  • Encadena los plazos: 2 meses tiene el Senado para vetar o enmendar; 20 días naturales si es urgente; y otros 2 meses cuentan desde el veto para que baste mayoría simple en el Congreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Senado tiene dos meses para vetar (mayoría absoluta) o enmendar un proyecto ya aprobado por el Congreso. El Congreso puede levantar el veto, pero necesita más mayoría cuanto antes lo haga. Si el proyecto es urgente, el plazo del Senado baja a veinte días naturales.

Esquema

Cómo levanta el Congreso el veto del Senado
Ratificación inmediataTras 2 meses del veto
Mayoría exigidaAbsolutaSimple
MomentoInmediatamente tras el vetoUna vez pasados 2 meses desde el veto

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Constitución Española · Art. 91

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Rey sanciona en quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulga y ordena su inmediata publicación.

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Constitución Española · Art. 92

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Datos clave

  • ¿Quién convoca el referéndum consultivo del artículo 92? → El Rey.
  • ¿Qué dos trámites previos exige antes de la convocatoria? → Propuesta del Presidente del Gobierno y autorización previa del Congreso de los Diputados.
  • Encadena los tres actores en orden: propone el Presidente del Gobierno, autoriza el Congreso, convoca el Rey.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia lo convoca el Rey, pero solo puede hacerlo si el Presidente del Gobierno se lo propone y el Congreso lo autoriza antes.

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Constitución Española · Art. 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley exige el artículo 93 para atribuir a un organismo internacional el ejercicio de competencias constitucionales? → Ley orgánica.
  • ¿A quién corresponde garantizar el cumplimiento de esos tratados? → A las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos.
  • No se cede la competencia entera: se cede su ejercicio, y siempre necesita ley orgánica, nunca ley ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ceder el ejercicio de competencias constitucionales a una organización internacional (la vía que permitió entrar en la UE) exige siempre ley orgánica. Vigilar que se cumplan esos tratados es cosa de las Cortes o del Gobierno, según el caso.

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Constitución Española · Art. 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Datos clave

  • ¿Cuántos supuestos exigen autorización previa de las Cortes para un tratado? → Cinco, tasados en el artículo 94.1 (a-e).
  • ¿Qué exige el artículo 94.2 para el resto de tratados? → Que el Congreso y el Senado sean inmediatamente informados de su conclusión.
  • Son cinco letras, de la a) a la e): político, militar, territorial/derechos fundamentales, financiero y legislativo. Si no encaja en ninguna, solo hace falta informar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo cinco tipos de tratados exigen que las Cortes autoricen antes de firmar: políticos, militares, los que tocan la integridad territorial o los derechos fundamentales, los que cuestan dinero público y los que exigen cambiar una ley. El resto, solo hay que informarlos después.

Esquema

Tratados: autorización previa vs. solo información
Los 5 supuestos del art. 94.1El resto de tratados (art. 94.2)
Trámite en CortesAutorización previa de las Cortes GeneralesNinguno; no hace falta autorizarlos
MomentoAntes de prestar el consentimiento del EstadoInmediatamente después de su conclusión

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Constitución Española · Art. 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Datos clave

  • ¿Qué exige la Constitución antes de firmar un tratado con estipulaciones contrarias a ella? → La previa revisión constitucional.
  • ¿Quién puede requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa contradicción? → El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.
  • Legitimados solo tres: Gobierno, Congreso o Senado. Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos pueden requerir al Tribunal Constitucional por esta vía.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un tratado choca con la Constitución, hay que reformarla antes de poder firmarlo. Para saber si hay contradicción, solo el Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden preguntárselo al Tribunal Constitucional.

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Constitución Española · Art. 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.

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Constitución Española · Art. 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Qué dos principios rigen el acceso a la función pública según el art. 103.3? → Mérito y capacidad.
  • Cita los cinco principios de actuación de la Administración del art. 103.1. → Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
  • Los cinco principios del apartado 1 se recuerdan con la sigla EJEDECO: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración, Coordinación.
  • El acceso a la función pública va siempre unido a dos palabras: mérito y capacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los principios que rigen a toda la Administración (objetividad, eficacia, jerarquía...) y remite a la ley el estatuto de los funcionarios, con el mérito y la capacidad como puerta de entrada.

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Constitución Española · Art. 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Datos clave

  • ¿De quién dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según el art. 104? → Del Gobierno.
  • ¿Qué tipo de ley regula sus funciones y estatutos? → Ley orgánica.
  • Dos ideas y una reserva: la misión (derechos + seguridad ciudadana) y la forma (ley orgánica), nunca ley ordinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno y su misión es proteger derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; su régimen se reserva a ley orgánica.

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Constitución Española · Art. 105

La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Datos clave

  • ¿Qué tres límites pone el art. 105.b) al acceso a archivos y registros administrativos? → Seguridad y defensa del Estado, averiguación de los delitos e intimidad de las personas.
  • ¿Qué garantiza el art. 105.c) en el procedimiento de los actos administrativos? → La audiencia del interesado, cuando proceda.
  • Las tres letras del art. 105 son tres derechos distintos: a) audiencia normativa, b) acceso a archivos, c) audiencia procedimental.
  • Los tres límites al acceso a archivos se recuerdan como SDI: Seguridad y defensa, Delitos (averiguación), Intimidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley debe regular tres derechos de los ciudadanos frente a la Administración: ser oídos al elaborar normas que les afecten, acceder a archivos y registros, y que se garantice audiencia en el procedimiento administrativo.

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Constitución Española · Art. 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Datos clave

  • ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
  • ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
  • Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la actuación administrativa, y el ciudadano tiene derecho a ser indemnizado por los daños que le cause el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 127

Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Datos clave

  • ¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa? → Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
  • ¿Qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno según el art. 127? → Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, en los términos previstos en la Constitución.
  • Anteproyecto dentro, proyecto fuera: el nombre cambia al cruzar la puerta de las Cortes Generales.
  • Dos normas con rango de ley del Gobierno en este artículo: reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Las autonómicas son «normas equivalentes».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte quién ejerce la iniciativa legislativa: el Gobierno de la Nación, mediante anteproyectos que se aprueban y se remiten como proyectos de ley a las Cortes, y los órganos de gobierno autonómicos según Constitución y Estatutos. También habilita decretos-leyes y decretos legislativos y sus equivalentes autonómicos.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128

Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Datos clave

  • ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
  • Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, un reglamento no puede tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos u otras cargas patrimoniales o personales de carácter público.
  • La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dice quién puede hacer reglamentos y hasta dónde llega esa potestad: nunca puede pisar terreno reservado a la ley (delitos, tributos, sanciones) ni saltarse la jerarquía normativa.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129

Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
  • ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
  • ¿Qué declaró la STC 55/2018 sobre el art. 129? → Que es contrario al orden constitucional de competencias en los términos del FJ 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y que son inconstitucionales y nulos los incisos destacados del párrafo tercero del apartado 4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la iniciativa legislativa y reglamentaria, las Administraciones deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, justificándolo en la exposición de motivos o el preámbulo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130

Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
  • ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
  • Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
  • Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a las Administraciones a revisar periódicamente sus normas para comprobar que cumplen su objetivo y que el coste estaba bien calculado. Ojo: el TC declaró este artículo contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131

Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Datos clave

  • ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
  • ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
  • Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La publicación en el diario oficial es la que hace que una norma entre en vigor; cualquier otro medio de difusión es solo un complemento voluntario. La sede electrónica del BOE vale igual que el papel.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132

Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
  • ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
  • El artículo 132 se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos de los fundamentos jurídicos 7 b) y 7 c) de la STC 55/2018.
  • Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la Administración debe hacer público su Plan Normativo con lo que piensa aprobar el año siguiente, y publicarlo en el Portal de la Transparencia. También fue declarado contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
  • ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de elaborar un anteproyecto o reglamento, se hace una consulta pública sobre problemas, necesidad, objetivos y alternativas; luego, si afecta a derechos, se publica el texto para audiencia e información pública; puede prescindirse de estos trámites en casos tasados.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 1

Objeto. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

Datos clave

  • Según el art. 1, ¿de qué Administración regula la ley 'organización y funcionamiento' con detalle? → De la Administración General del Estado (AGE) y de su sector público institucional.
  • ¿Qué dos materias fija la ley como 'principios' y no como regulación completa? → La responsabilidad de las Administraciones Públicas y la potestad sancionadora.
  • Cuatro materias, cuatro bloques: régimen jurídico (bases, todas las AAPP) + responsabilidad (principios) + sancionador (principios) + organización AGE (a fondo).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 1 fija de qué trata toda la ley: organización y funcionamiento de las Administraciones, con especial detalle en la AGE y su sector público, más los principios de responsabilidad y de la potestad sancionadora.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2

Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.

Datos clave

  • ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
  • ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
  • ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
  • El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
  • Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dibuja los círculos concéntricos del sector público: quién está dentro, qué es el sector público institucional y, sobre todo, quién merece el nombre de Administración Pública. Lo que cae es la lista y la diferencia entre los dos conceptos.

Esquema

Sector público frente a Administración Pública (art. 2)
¿Sector público?¿Administración Pública?
AGE, CCAA y Entidades LocalesSíSí
Organismos públicos y entidades de derecho público (letra a)SíSí
Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (letra b)SíNo
Universidades públicas (letra c)SíNo

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3

Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Datos clave

  • ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
  • ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
  • Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recoge los principios generales de actuación de las Administraciones (servicio al ciudadano, transparencia, eficacia, buena fe...), su deber de relacionarse entre sí por medios electrónicos, y que cada una tiene personalidad jurídica única.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 4

Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

Datos clave

  • ¿Qué medida debe elegir la Administración cuando limita derechos o exige requisitos? → La menos restrictiva, aplicando el principio de proporcionalidad.
  • ¿Qué cuatro facultades reconoce el art. 4.2 para velar por el cumplimiento de la legislación? → Comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.
  • Cuatro verbos de control, en este orden en el texto: comprobar, verificar, investigar e inspeccionar (CVII).
  • Del apartado 1 quédate con el trío que se pregunta: proporcionalidad, medida menos restrictiva y motivación de la necesidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la Administración limita derechos o exige requisitos para una actividad, tiene que ir con la medida menos restrictiva, motivarla y evaluar después qué ha dado de sí. Y para vigilar el cumplimiento puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.

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