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Tema 16: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación de cada uno de ellos. Información y participación ciudadana en el ámbito local.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.

Datos clave

  • ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
  • ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuye a Municipios, Provincias e Islas, por ser Administraciones territoriales, un catálogo de potestades comunes que no dependen de un reconocimiento caso por caso.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 22

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n) (Derogada) ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada) p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.

Datos clave

  • ¿Qué umbral de operaciones de crédito corresponde al Pleno según el art. 22.2.m? → Las que superen el 10% de los recursos ordinarios (o el 15% de ingresos corrientes en las de tesorería)
  • ¿Cómo se vota la moción de censura al Alcalde según el art. 22.3? → De forma pública, mediante llamamiento nominal

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista las atribuciones exclusivas del Pleno municipal -control del gobierno, planeamiento urbanístico, ordenanzas, presupuestos, plantilla de personal, grandes operaciones de crédito...- y fija cuáles nunca puede delegar en el Alcalde ni en la Junta de Gobierno.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 49

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) Aprobación inicial por el Pleno. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia en la aprobación de ordenanzas locales? → Treinta días.
  • ¿Qué ocurre si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia? → Se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
  • ¿Qué órgano aprueba inicial y definitivamente las ordenanzas locales? → El Pleno.
  • Tres letras y dos plenos: inicial (a) → exposición (b) → definitiva (c). El Pleno aparece en la primera y en la última.
  • Cifra única del artículo: treinta días como mínimo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Procedimiento en tres letras para aprobar ordenanzas locales: aprobación inicial por el Pleno, información pública mínima de treinta días y aprobación definitiva, con aprobación automática si no hay alegaciones.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 69

Artículo 69.

1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de toda la ciudadanía en la vida local. A tal fin la información se ofrecerá en formatos accesibles, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño universal, de manera que resulten comprensibles para todas las personas.

2. Las formas, medios y procedimientos de participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.

Datos clave

  • Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de toda la ciudadanía en la vida local.
  • La información se ofrecerá en formatos accesibles, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño universal, de manera que resulten comprensibles para todas las personas.
  • Las formas, medios y procedimientos de participación se establecen por las Corporaciones en ejercicio de su potestad de autoorganización.
  • Los cauces de participación no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Corporaciones locales deben informar y abrir la participación a toda la ciudadanía con información en formatos accesibles y de diseño universal, sin que la participación pueda restar poder de decisión a los órganos representativos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70

1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local. 2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial. 3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.

Datos clave

  • ¿Es pública la Junta de Gobierno Local? → No, en ningún caso (art. 70.1).
  • ¿Cuándo puede ser secreto un debate del Pleno? → Cuando afecte al art. 18.1 CE y lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta (art. 70.1).
  • ¿Cómo se deniega el acceso a copias o archivos municipales? → Solo mediante resolución motivada, por causas tasadas (art. 70.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la publicidad de las sesiones del Pleno (públicas salvo secreto acordado por mayoría absoluta en asuntos del art. 18.1 CE) y de la Junta de Gobierno Local (nunca pública), la publicación de acuerdos y ordenanzas, y el derecho de los ciudadanos a copias, certificaciones y consulta de archivos.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70 bis

1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales. 2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. En los municipios a que se refiere el artículo 121 de esta ley, el informe de legalidad será emitido por el secretario general del Pleno y cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será emitido por el Interventor general municipal. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia. Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71. 3. Asimismo, las Entidades Locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado. 4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. Asimismo, las Entidades Locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

Datos clave

  • ¿Qué % de firmas necesita la iniciativa popular en un municipio de 15.000 habitantes? → 15% (art. 70 bis.2.b).
  • ¿Qué informes son obligatorios antes de debatir una iniciativa popular? → El de legalidad del Secretario y, si hay contenido económico, el del Interventor (art. 70 bis.2).
  • ¿Quiénes ayudan a los municipios pequeños a cumplir el deber de administración electrónica? → Las Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares (art. 70 bis.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a los ayuntamientos a regular órganos y procedimientos de participación vecinal, reconoce el derecho de iniciativa popular con porcentajes de firmas según la población, e impulsa la administración electrónica y la ventanilla única de servicios.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70 quater

1. Las Entidades Locales deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad de los servicios públicos a los vecinos, promoviendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la prestación de los mismos. Para ello, elaborarán planes que tengan por objeto la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y de las empresas a los servicios públicos. 2. Las Entidades Locales deberán crear y mantener un portal de internet de información a los vecinos y de acceso a los servicios públicos digitalizados para los que así se determine, que opere como plataforma tecnológica de comunicación entre aquellos y la Administración local destinada a promover la digitalización progresiva de los servicios públicos. 3. En este portal deberán publicar la información que las Administraciones locales consideren adecuada a este efecto y, en su caso, la relación de servicios públicos a los que se pueda acceder por el portal o los vínculos a la información sobre el acceso a los servicios públicos disponibles en el territorio, en los términos en los que disponga la normativa autonómica. 4. En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los servicios previstos en este artículo se prestarán con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades en los términos que se determinen por la legislación autonómica.

Datos clave

  • ¿Qué deben crear y mantener las Entidades Locales según el art. 70 quater? → Un portal de internet de información a los vecinos y de acceso a los servicios públicos digitalizados, que opere como plataforma tecnológica de comunicación con la Administración local.
  • ¿Qué régimen tienen los municipios de menos de 20.000 habitantes en el art. 70 quater? → Prestan los servicios con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades, en los términos que determine la legislación autonómica.
  • Los planes y el portal son obligaciones de hacer («deberán»): en ambos casos el verbo es imperativo, no potestativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a las entidades locales a digitalizar el acceso a sus servicios: planes de accesibilidad digital y un portal de internet propio, con adaptaciones para los municipios de menos de 20.000 habitantes.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 70 ter

1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos. 2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración. En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación. 3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia.

Datos clave

  • ¿De qué periodo hay que hacer constar la identidad de propietarios y titulares de derechos reales en las alteraciones del art. 70 ter.3? → De los cinco años anteriores a la iniciación de la alteración.
  • ¿Cómo pueden publicar telemáticamente el planeamiento los municipios menores de 5.000 habitantes? → A través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación.
  • ¿Qué documentos deben estar a disposición de los ciudadanos que los soliciten? → Copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.
  • Coincidencia útil: 5.000 habitantes (el umbral de los entes supramunicipales) y 5 años (el periodo de propietarios que hay que identificar). El cinco manda en este artículo.
  • Los tres requisitos alternativos del apartado 3 son un trío fácil: edificabilidad, densidad, usos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Transparencia urbanística: copias completas del planeamiento a quien las pida, publicación telemática del contenido actualizado y, en las alteraciones puntuales que aumenten edificabilidad, densidad o cambien usos, la identidad de los propietarios de los cinco años anteriores.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 71

De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

Datos clave

  • ¿Qué requisitos previos necesita el Alcalde para someter un asunto a consulta popular? → Acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación.
  • ¿Qué asuntos quedan excluidos de la consulta popular municipal? → Los relativos a la Hacienda local.
  • Tres condiciones, en orden cronológico: Pleno (mayoría absoluta) → Gobierno de la Nación (autorización) → Alcalde (somete la consulta).
  • La única materia excluida expresamente es la Hacienda local: si un test añade otra exclusión, es falso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consulta popular municipal la somete el Alcalde, pero necesita mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, y nunca puede versar sobre Hacienda local.

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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 72

Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

Datos clave

  • ¿En los términos de qué precepto impulsan las Corporaciones la participación de las asociaciones vecinales en su gestión? → En los términos del número 2 del artículo 69.
  • ¿Qué pueden hacer las Corporaciones locales con las asociaciones de defensa de los intereses vecinales? → Pueden declararlas de utilidad pública.
  • Cuatro verbos en presente: favorecen, facilitan, impulsan y pueden declarar de utilidad pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Corporaciones locales deben favorecer a las asociaciones vecinales: información, uso de medios públicos, ayudas económicas y participación en la gestión. Y pueden declararlas de utilidad pública.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 196

1. Los acuerdos que adopten el Pleno y la Comisión de Gobierno, cuando tengan carácter decisorio, se publican y notifican en la forma prevista por la Ley. Iguales requisitos serán de aplicación a las Resoluciones del Alcalde o Presidente de la Corporación y miembros de ella que ostenten delegación. 2. Las Ordenanzas y Reglamentos, incluidas las normas de los planes urbanísticos, se publican en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Idéntica regla es de aplicación a los Presupuestos, en los términos del artículo 112.3 de la misma Ley. 3. En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos, se remitirán al Gobernador civil o Delegado del Gobierno, en su caso, y a la Administración Autonómica, copia o, en su caso, extracto comprensivo de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno municipales. El Alcalde o Presidente de la Corporación y, de forma inmediata, el Secretario de la Corporación, serán responsables del cumplimiento de este deber.

Datos clave

  • ¿En qué plazo se remiten los acuerdos al Delegado del Gobierno y a la Administración Autonómica? → En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos.
  • ¿Dónde se publican las Ordenanzas y Reglamentos locales y cuándo entran en vigor? → En el «Boletín Oficial» de la Provincia; no entran en vigor hasta publicarse completamente su texto y transcurrir el plazo del art. 65.2 de la Ley 7/1985.
  • ¿Quiénes son responsables del deber de remisión de los acuerdos? → El Alcalde o Presidente de la Corporación y, de forma inmediata, el Secretario.
  • Tres números del artículo: 6 días para remitir, 65.2 para la vacatio de ordenanzas y 112.3 para los presupuestos.
  • Dos destinatarios de la remisión, uno por Administración: Gobernador civil o Delegado del Gobierno (Estado) y Administración Autonómica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se hacen públicos los acuerdos locales: publicación y notificación de los decisorios, publicación íntegra en el BOP para ordenanzas y reglamentos, y remisión en seis días a la Administración del Estado y a la autonómica.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 197

Los Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes, así como las Diputaciones Provinciales, publicarán al menos una vez al trimestre, un Boletín de información municipal o provincial, donde se inserte un extracto de todos los acuerdos y resoluciones adoptados y, además, cuando sea obligatoria la divulgación conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, y su normativa de desarrollo, o merezcan ser divulgados, por tratarse de adopción de medidas excepcionales, llamamientos al vecindario, referencias históricas y anales locales o provinciales. Sección segunda. De la formalización de las actas y certificaciones

Datos clave

  • ¿Qué entidades deben publicar Boletín de información municipal o provincial y con qué periodicidad? → Los Ayuntamientos capitales de Provincia o de más de 50.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales, al menos una vez al trimestre.
  • Además del extracto de acuerdos, ¿qué contenidos cita el artículo 197? → Medidas excepcionales, llamamientos al vecindario, referencias históricas y anales locales o provinciales, y lo de divulgación obligatoria según la Ley 7/1985.
  • Memoriza el trío de obligados por tamaño o rango: capital de provincia, más de 50.000 habitantes, Diputación. Y la cadencia: trimestral.
  • «Al menos una vez al trimestre» es suelo, no techo: se puede publicar más a menudo, nunca menos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a publicar un boletín de información municipal o provincial, al menos trimestral, a las capitales de provincia, a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 198

El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos.

Datos clave

  • ¿Qué naturaleza tiene el Libro de Actas según el ROF? → Es un instrumento público solemne.
  • ¿Qué expresa la diligencia de apertura del Libro de Actas y quién la firma? → El número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos; la firma el Secretario.
  • ¿Con qué se legaliza cada hoja del Libro de Actas? → Con la rúbrica del Alcalde o Presidente y el sello de la Corporación.
  • Regla de dos firmas: Alcalde = rúbrica de las hojas; Secretario = diligencia de apertura.
  • La diligencia de apertura contiene dos datos: número de folios y fecha de inicio de la transcripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el Libro de Actas como instrumento público solemne y fija sus requisitos formales: foliado y encuadernado previo, cada hoja rubricada y sellada, y diligencia de apertura firmada por el Secretario.

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 199

Artículo 199.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se utilicen medios mecánicos para la transcripción de las actas, los Libros, compuestos de hojas móviles, tendrán que confeccionarse de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el papel numerado de la Comunidad Autónoma.

2.ª El papel adquirido para cada Libro, que lo será con numeración correlativa, se hará constar en la diligencia de la apertura firmada por el responsable de la Secretaría, que expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en que se inicia la transcripción de los acuerdos. Al mismo tiempo cada hoja será rubricada por el Alcalde o Presidente, sellada con el de la Corporación y numerada correlativamente a partir del número 1, independientemente del número del timbre estatal o comunitario.

3.ª Aprobada el acta, el Secretario la hará transcribir mecanográficamente por impresora de ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por diligencia, el número, clase y numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida.

4.ª Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la encuadernación, se prohibe alterar el orden numérico de los folios descritos en la diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el orden de transcripción o en su contenido.

5.ª Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos o anulados los últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que corresponda pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá diligencia por el Secretario, con el "visto bueno" del Presidente, expresiva del número de actas que comprende, con indicación del acta que lo inicie y de la que lo finalice.

2. La adopción del sistema de hojas móviles exigirá el acuerdo expreso del Pleno, a propuesta del Alcalde o Presidente.

Redactado el apartado 1.5º conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 12, de 14 de enero. Ref. BOE-A-1987-772

Datos clave

  • ¿Qué papel debe utilizarse en todo caso en los Libros de hojas móviles? → Papel timbrado del Estado o papel numerado de la Comunidad Autónoma.
  • ¿Qué órgano debe acordar la adopción del sistema de hojas móviles y a propuesta de quién? → El Pleno, mediante acuerdo expreso, a propuesta del Alcalde o Presidente.
  • Al encuadernar un tomo de hojas móviles, ¿qué diligencia se extiende y quién la firma? → Una diligencia del Secretario con el «visto bueno» del Presidente, expresiva del número de actas que comprende, con indicación del acta que lo inicia y de la que lo finaliza.
  • ¿Qué se hace constar por diligencia al final de cada acta transcrita? → El número, clase y numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida.
  • Son cinco reglas y van en orden lógico: papel → apertura → transcripción → prohibición de alterar el orden → encuadernación.
  • Doble numeración en la regla 2.ª: la del timbre (estatal o autonómico) y la propia del Libro, que siempre empieza en el 1.
  • Cierre del tomo: diligencia del Secretario con el «visto bueno» del Presidente; recuerda quién firma y quién visa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el Libro de Actas de hojas móviles cuando se transcriben las actas por medios mecánicos: cinco reglas de confección (papel timbrado, diligencia de apertura, transcripción, orden inalterable y encuadernación) y exigencia de acuerdo expreso del Pleno.

Esquema

Libro de Actas encuadernado (art. 198) frente a Libro de hojas móviles (art. 199)
Libro tradicional (art. 198)Hojas móviles (art. 199)
Cuándo se encuadernaPreviamente, antes de transcribirAl final, cuando los folios ya están escritos o anulados
PapelNo se especifica clase de papelPapel timbrado del Estado o numerado de la Comunidad Autónoma
Diligencia de aperturaFirmada por el Secretario: número de folios y fecha de inicioFirmada por el responsable de la Secretaría: series, números y fecha de apertura
Legalización de las hojasRúbrica del Alcalde o Presidente y sello de la CorporaciónRúbrica del Alcalde o Presidente, sello y numeración correlativa desde el 1
Requisito previo de implantaciónNinguno: es el régimen generalAcuerdo expreso del Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente

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RD 2568/1986 (ROF) · Art. 200

Los Libros de resoluciones del Alcalde o Presidente de la Diputación, o de quienes actúen por su delegación, se confeccionarán con los mismos requisitos establecidos en los artículos anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Libros de resoluciones del Alcalde o Presidente de la Diputación, o de quienes actúen por su delegación, se confeccionan con los mismos requisitos que fijan los artículos anteriores.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 127

Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Datos clave

  • ¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa? → Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
  • ¿Qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno según el art. 127? → Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, en los términos previstos en la Constitución.
  • Anteproyecto dentro, proyecto fuera: el nombre cambia al cruzar la puerta de las Cortes Generales.
  • Dos normas con rango de ley del Gobierno en este artículo: reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Las autonómicas son «normas equivalentes».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte quién ejerce la iniciativa legislativa: el Gobierno de la Nación, mediante anteproyectos que se aprueban y se remiten como proyectos de ley a las Cortes, y los órganos de gobierno autonómicos según Constitución y Estatutos. También habilita decretos-leyes y decretos legislativos y sus equivalentes autonómicos.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128

Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Datos clave

  • ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
  • Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, y tampoco pueden regular las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas.
  • La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dice quién puede hacer reglamentos y hasta dónde llega esa potestad: nunca puede pisar terreno reservado a la ley (delitos, tributos, sanciones) ni saltarse la jerarquía normativa.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129

Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
  • ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
  • La STC 55/2018, de 24 de mayo, declaró el art. 129 contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y declaró además la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados del párrafo tercero del apartado 4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la iniciativa legislativa y reglamentaria, las Administraciones deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, justificándolo en la exposición de motivos o el preámbulo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130

Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
  • ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
  • Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
  • Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a las Administraciones a revisar periódicamente sus normas para comprobar que cumplen su objetivo y que el coste estaba bien calculado. Ojo: el TC declaró este artículo contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131

Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Datos clave

  • ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
  • ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
  • Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La publicación en el diario oficial es la que hace que una norma entre en vigor; cualquier otro medio de difusión es solo un complemento voluntario. La sede electrónica del BOE vale igual que el papel.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132

Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
  • ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
  • Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la Administración debe hacer público su Plan Normativo con lo que piensa aprobar el año siguiente, y publicarlo en el Portal de la Transparencia. También fue declarado contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
  • ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de elaborar un anteproyecto o reglamento, se hace una consulta pública sobre problemas, necesidad, objetivos y alternativas; luego, si afecta a derechos, se publica el texto para audiencia e información pública; puede prescindirse de estos trámites en casos tasados.

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Clases de ordenanzas, reglamentos y bandos

Las entidades locales ejercen su potestad reglamentaria (artículo 4.1.a de la Ley 7/1985) mediante tres tipos de disposiciones. Las ordenanzas son normas de carácter general dirigidas a los ciudadanos, que regulan la convivencia, el uso de los bienes y servicios municipales y el ejercicio de actividades en el término municipal; según su objeto se distinguen las ordenanzas fiscales, que regulan los tributos locales conforme a la legislación de haciendas locales, las ordenanzas de policía y buen gobierno o de convivencia ciudadana, las ordenanzas urbanísticas y de edificación, y las ordenanzas reguladoras de servicios y actividades (tráfico y movilidad, terrazas, venta ambulante, tenencia de animales, limpieza viaria o contaminación acústica, como las de Guadalajara).

Los reglamentos son normas de organización y funcionamiento interno de la propia entidad. El más importante es el reglamento orgánico, que regula la organización y el funcionamiento de los órganos municipales y cuya aprobación exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno (artículo 47.2.f de la Ley 7/1985); junto a él existen reglamentos de servicios, de participación ciudadana (artículo 70 bis), de honores y distinciones o de régimen interior de los cuerpos de policía local. Ordenanzas y reglamentos se aprueban por el Pleno con el procedimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985 y no entran en vigor hasta su publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia y el transcurso del plazo del artículo 65.2 (artículo 70.2).

Los bandos son disposiciones del alcalde, que los dicta en virtud del artículo 21.1.e de la Ley 7/1985. Los bandos ordinarios recuerdan a los vecinos el cumplimiento de la normativa vigente o concretan su aplicación (horarios, limpieza, fiestas, campañas), sin poder crear obligaciones nuevas; los bandos extraordinarios o de urgencia se dictan en casos de catástrofe o infortunio público o grave riesgo, al amparo del artículo 21.1.m, y permiten al alcalde adoptar personalmente medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.

Datos clave

  • Ordenanzas: normas generales dirigidas a los ciudadanos (fiscales, de convivencia, urbanísticas, de servicios y actividades)
  • Reglamentos: normas de organización y funcionamiento interno; el reglamento orgánico exige mayoría absoluta del Pleno (artículo 47.2.f de la Ley 7/1985)
  • Bandos: los dicta el alcalde (artículo 21.1.e de la Ley 7/1985); ordinarios (recordatorio o aplicación) y extraordinarios o de urgencia (artículo 21.1.m)
  • Los bandos ordinarios no pueden crear obligaciones nuevas: se limitan a recordar el cumplimiento de la normativa vigente o a concretar su aplicación.
  • Ordenanzas y reglamentos entran en vigor tras su publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia (artículo 70.2 de la Ley 7/1985)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tres formas de la potestad reglamentaria local: ordenanzas (hacia los ciudadanos), reglamentos (organización interna, con el orgánico por mayoría absoluta) y bandos del alcalde, ordinarios o de urgencia.

Esquema

Ordenanzas, reglamentos y bandos
OrdenanzasReglamentosBandos
QuiénPleno (art. 49)Pleno (art. 49)Alcalde (art. 21.1.e)
Dirigidos aLos ciudadanosOrganización y funcionamiento internoLos vecinos: recordar o concretar normativa
Dato claveFiscales, convivencia, urbanísticas, serviciosOrgánico: mayoría absoluta del PlenoUrgencia: art. 21.1.m, cuenta inmediata al Pleno

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