Tema 15: La Administración Local: conceptos, principios constitucionales, regulación jurídica y Entidades que comprende. El Municipio. El padrón municipal. Las Mancomunidades. Los Órganos de Gobierno Municipal: el Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y otros Órganos. Competencias municipales.
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Constitución Española · Art. 137
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Datos clave
- ¿En qué tres entidades se organiza territorialmente el Estado según el art. 137? → Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
- Los tres niveles territoriales, de menor a mayor: municipio, provincia, Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Constitución reparte el territorio en tres niveles -municipio, provincia y Comunidad Autónoma- y a los tres les da autonomía para sus propios intereses.
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Constitución Española · Art. 138
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Datos clave
- ¿Qué circunstancia territorial cita expresamente el art. 138 al hablar de equilibrio económico? → El hecho insular.
- ¿Qué no pueden implicar en ningún caso las diferencias entre Estatutos de Autonomía? → Privilegios económicos o sociales.
- Dato de examen: el hecho insular se cita expresamente como circunstancia a atender en el equilibrio económico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado vela por que ninguna parte de España se quede atrás -con mención expresa a las islas- y evita que los Estatutos den privilegios económicos a nadie.
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Constitución Española · Art. 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Datos clave
- Según el art. 139.1, ¿qué tienen los españoles en cualquier parte del territorio? → Los mismos derechos y obligaciones.
- ¿Qué dos libertades de circulación protege el art. 139.2? → La de personas (y su establecimiento) y la libre circulación de bienes.
- Recuerda que se protegen dos circulaciones: la de las personas (y su establecimiento) y la de los bienes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Da igual en qué parte de España estés: los mismos derechos y obligaciones, y nadie puede ponerte trabas para moverte tú o mover tus bienes por el territorio.
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Constitución Española · Art. 140
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
Datos clave
- ¿Quién integra el gobierno y la administración del municipio según el art. 140? → Los Alcaldes y los Concejales, en el Ayuntamiento.
- ¿Cómo se eligen los Concejales? → Por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El municipio se gobierna con Alcalde y Concejales, pero solo a estos últimos los elige siempre el vecino directamente: al Alcalde a veces lo eligen ellos mismos.
Esquema
| Concejales | Alcaldes | |
|---|---|---|
| Quién elige | Los vecinos del municipio | Los Concejales o los vecinos |
| Tipo de sufragio | Universal, igual, libre, directo y secreto | No siempre directo: puede ser vía Concejales |
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Constitución Española · Art. 141
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley se necesita para alterar los límites provinciales? → Ley orgánica de las Cortes Generales.
- ¿Cómo se llama la administración propia de las islas en los archipiélagos? → Cabildos o Consejos.
- Dato de examen: cambiar los límites de una provincia exige ley orgánica de las Cortes Generales, no una ley ordinaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La provincia agrupa municipios y tiene su propia personalidad jurídica; tocar sus límites exige ley orgánica, y las islas suman además su propia administración.
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Constitución Española · Art. 142
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿De qué se nutren fundamentalmente las Haciendas locales según el art. 142? → De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- Dos fuentes de financiación local: tributos propios + participación en tributos del Estado y de las CCAA.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Haciendas locales no viven solo de sus propios tributos: la Constitución también les garantiza una tajada de los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 1
1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos.
Datos clave
- ¿Qué apartado del art. 1 LBRL dice que la Provincia y la Isla tienen la misma autonomía que el Municipio? → El apartado 2: gozan de idéntica autonomía para la gestión de sus intereses respectivos.
- El artículo 1 es el pórtico de la Ley: memoriza el trío Municipio-Provincia-Isla y la palabra clave «idéntica» autonomía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué son los Municipios y equipara la autonomía de la Provincia y la Isla a la del Municipio en la gestión de sus intereses.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 2
1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen.
Datos clave
- ¿Qué deben determinar las leyes básicas del Estado según el art. 2.2? → Las competencias que ellas mismas atribuyan o que deban corresponder a los entes locales en las materias que regulan.
- Cuatro principios del apartado 1, en este orden: descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a la legislación estatal y autonómica a garantizar que los entes locales intervengan en lo que les afecta, y exige a las leyes básicas del Estado precisar sus competencias.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 3
Artículo 3.
1. Son Entidades Locales territoriales:
a) El Municipio.
b) La Provincia.
c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.
2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:
a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
b) Las Áreas Metropolitanas.
c) Las Mancomunidades de Municipios.
Téngase en cuenta lo previsto en las disposiciones transitorias 4 y 5 de la citada Ley, sobre disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y las que estén en constitución.
Datos clave
- ¿En qué archipiélagos es la Isla Entidad Local territorial? → En el balear y el canario.
- Cita las tres entidades del art. 3.2 que gozan de la condición de Entidad Local sin ser territoriales. → Comarcas (u otras entidades que agrupen varios Municipios), Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.
- Apartado 1 = 3 territoriales (Municipio, Provincia, Isla); apartado 2 = 3 no territoriales (Comarca, Área Metropolitana, Mancomunidad). Truco: 3 y 3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue las Entidades Locales territoriales (Municipio, Provincia, Isla) de las que también tienen esa condición sin serlo (Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades).
Esquema
| Territoriales (ap. 1) | No territoriales (ap. 2) | |
|---|---|---|
| Miembros | Municipio · Provincia · Isla (solo Baleares y Canarias) | Comarca · Área Metropolitana · Mancomunidad de Municipios |
| Condición | Entidad Local territorial | Entidad Local (no territorial) |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 4
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de programación o planificación. d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. 2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.
Datos clave
- ¿Qué potestad permite al ente local recuperar de oficio sus bienes? → La expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio (art. 4.1.d)
- ¿Qué régimen sigue una Mancomunidad si sus Estatutos no dicen nada sobre potestades? → Se le aplican todas las del art. 4.1 que precise para su finalidad (art. 4.3)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuye a Municipios, Provincias e Islas, por ser Administraciones territoriales, un catálogo de potestades comunes que no dependen de un reconocimiento caso por caso.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 5
Artículo 5.
Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril. Ref. BOE-A-1999-8932
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad si se interpreta en el sentido del fundamento jurídico 5 de la Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624
Y por conexión todas las remisiones al mismo contenidas en la presente Ley.
Datos clave
- ¿Qué ley modificó el art. 5 LBRL? → La Ley 11/1999, de 21 de abril.
- ¿A qué debe ajustarse el ejercicio de la capacidad jurídica de las Entidades locales según el art. 5? → A la Constitución y las leyes.
- Es la «lista de la compra» de la capacidad jurídica local: adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar, enajenar, contratar, obligarse, recurrir y accionar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reconoce a las Entidades locales plena capacidad jurídica para actuar como cualquier persona jurídica: adquirir bienes, contratar, prestar servicios y litigar.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 6
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales.
Datos clave
- ¿Quién ejerce el control de legalidad de los actos de las entidades locales según el art. 6.2? → Los Tribunales.
- Cita los cuatro principios de actuación del art. 6.1. → Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
- Cuatro principios del apartado 1: eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los principios de actuación de las Entidades locales (objetividad, eficacia, descentralización…) y reserva a los Tribunales el control de legalidad de sus actos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 7
1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. 3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Por qué instrumento normativo deben determinarse las competencias propias de los Municipios? → Solo por Ley.
- ¿Qué dos informes previos son necesarios y vinculantes para ejercer competencias distintas de las propias y delegadas? → El de la Administración competente por razón de materia (inexistencia de duplicidades) y el de la Administración con la tutela financiera (sostenibilidad financiera).
- Tres tipos de competencia: propias (por Ley), delegadas (Estado/CCAA) y «distintas» (solo si no hay riesgo financiero, no hay duplicidad y hay dos informes vinculantes).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Clasifica las competencias locales en propias y delegadas, y fija las condiciones estrictas para ejercer competencias distintas de esas dos.
Esquema
| Propias | Delegadas | |
|---|---|---|
| Quién las fija | Solo por Ley | Estado o CCAA, por delegación |
| Cómo se ejercen | En autonomía y bajo propia responsabilidad | Según la disposición o acuerdo de delegación (art. 27) |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Qué entidades pueden gestionar servicios ordinarios de la Administración autonómica según el art. 8? → Las Provincias y las Islas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite a Provincias e Islas gestionar de forma ordinaria servicios propios de la Administración autonómica, si lo prevén el Estatuto de Autonomía y la legislación autonómica.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 9
Las normas de desarrollo de esta Ley que afecten a los Municipios, Provincias, islas u otras entidades locales territoriales no podrán limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para los regímenes municipales o provinciales especiales.
Datos clave
- ¿Qué no pueden hacer las normas de desarrollo de la LBRL respecto a Municipios, Provincias o Islas? → Limitar su ámbito de aplicación a una o varias de esas entidades con carácter singular.
- Regla anti-«traje a medida»: el desarrollo reglamentario no puede diseñarse para una sola entidad, salvo que la propia Ley ya haya previsto un régimen especial para ella.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohíbe que las normas de desarrollo de la Ley limiten su aplicación a una o varias entidades locales concretas, salvo los regímenes especiales ya previstos en la propia Ley.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 10
1. La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 3. En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las Entidades Locales.
Datos clave
- ¿Qué apartado del art. 10 dice que la coordinación es compatible con la autonomía local? → El apartado 4.
- El apartado 1 enumera cuatro deberes: información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se relacionan la Administración Local y las demás Administraciones: información mutua, colaboración y coordinación, esta última reforzada para garantizar la estabilidad presupuestaria.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 11
1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.
Datos clave
- ¿Cuáles son los elementos del Municipio según el art. 11 LBRL? → El territorio, la población y la organización.
- ¿Cómo define el art. 11 LBRL al Municipio? → Como la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define qué es el Municipio: entidad local básica, con personalidad jurídica propia, y fija sus tres elementos. Lo que cae es la lista: territorio, población y organización.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 12 · 1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias
Artículo 12.
1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23103
Se modifica por el art. único.1 de la Ley 4/1996, de 10 de enero. Ref. BOE-A-1996-753
Datos clave
- ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
- ¿A cuántas provincias puede pertenecer un municipio? → A una sola.
- Artículo de dos líneas y dos datos: qué es el término (ámbito de competencias) y a cuántas provincias pertenece (una).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos reglas mínimas sobre el territorio municipal: el término municipal es donde el ayuntamiento ejerce sus competencias y cada municipio pertenece a una sola provincia.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 13
1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. 4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente: a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,10. b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006. f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional. g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión conllevará: a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e). e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. 5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige el art. 13.6 para aprobar el convenio de fusión? → Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados
- ¿Cuántos años deben pasar antes de que un municipio fusionado pueda segregarse (art. 13.4)? → Diez años
- ¿Qué debe emitirse antes de crear o suprimir un municipio (art. 13.1)? → Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se crean, suprimen o alteran los municipios -según la legislación autonómica, con audiencia e informes previos- y detalla los incentivos para los que se fusionen voluntariamente.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 14
1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
Datos clave
- ¿Cuándo tiene carácter oficial el cambio de denominación de un Municipio? → Cuando, tras anotarse en un Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
- ¿En qué lenguas puede estar la denominación de un Municipio? → En castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
- Cadena de tres pasos para memorizar: acuerdo → Registro estatal → BOE. El último eslabón es el que da la oficialidad.
- Tres opciones lingüísticas, no dos: castellano, otra lengua oficial de la Comunidad, o ambas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cambiar el nombre de un municipio no es oficial hasta que se anota en un Registro estatal y se publica en el BOE. Y el nombre puede ir en castellano, en otra lengua oficial o en las dos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 15
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
Datos clave
- ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino? → En el mismo momento de la inscripción en el Padrón.
- Si alguien vive en varios municipios, ¿dónde debe inscribirse? → Únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
- ¿Qué constituye la población del municipio? → El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal.
- Criterio de desempate si vives en varios municipios: más tiempo al año, no domicilio fiscal ni propiedad de la vivienda.
- Cadena de definiciones encadenadas: inscritos = población del municipio = vecinos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Empadronarse es obligatorio para toda persona que viva en España, en un único municipio: el de residencia habitual. Los inscritos son los vecinos y la vecindad nace en el momento mismo de la inscripción.
¿Me lo sé? Flashcards
Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 16
1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. 2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: a) Nombre y apellidos. b) Sexo. c) Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, en el territorio fiscal común o el código equivalente en los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. d) Nacionalidad. e) Lugar y fecha de nacimiento. f) Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros: 1.º Número de identidad de extranjero que conste en el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. 2.º Número de identidad de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de estos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado. g) Certificado o título escolar o académico que se posea. h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inscripción en el Padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. 3. Los datos obligatorios del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso.
Datos clave
- ¿Cada cuánto se renueva la inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin residencia de larga duración (art. 16.1)? → Cada dos años
- ¿Qué carácter tienen las certificaciones de datos del Padrón (art. 16.1)? → Documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el Padrón municipal como registro que prueba la residencia y el domicilio, detalla los datos obligatorios de la inscripción y cuándo pueden cederse a otras Administraciones.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 17
1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. 2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. 3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios. El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral. Corresponderá a la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística facilitará a los Institutos estadísticos de las Comunidades Autónomas, u órganos competentes en la materia, los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones previstas en el artículo 16.3, y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. 4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales. El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: A) Elevar a la decisión de la persona que ejerza la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística. B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. 5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
Datos clave
- ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento (art. 17.4)? → El Presidente del Instituto Nacional de Estadística
- ¿A qué mecanismo remite el art. 17.2 si un Ayuntamiento rechaza el requerimiento del INE? → A la ejecución sustitutoria del art. 60
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atribuye al Ayuntamiento la gestión del Padrón (con apoyo informático de las Diputaciones si lo necesita), organiza la coordinación con el INE para depurar y oficializar las cifras de población, y crea el Consejo de Empadronamiento como órgano de colaboración Estado-Entes Locales.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 18
1. Son derechos y deberes de los vecinos: a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
Datos clave
- ¿A qué artículo de la Constitución remite el derecho del vecino a ser informado (art. 18.1.e)? → Al art. 105 CE
- ¿Qué puede exigir el vecino si un servicio es competencia municipal propia y obligatoria (art. 18.1.g)? → Su prestación o, en su caso, su establecimiento
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera los derechos y deberes de los vecinos -ser elector, participar, usar servicios, contribuir, ser informado, pedir consulta popular, exigir servicios obligatorios, iniciativa popular- y aclara que empadronarse no prueba residencia legal a los extranjeros.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 19
1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. 2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general. 3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes.
Datos clave
- ¿Quién integra el ayuntamiento según el art. 19 LBRL? → El Alcalde y los Concejales, salvo en los municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto.
- ¿Cómo se eligen los Concejales? → Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- Cinco adjetivos del sufragio, en este orden: universal, igual, libre, directo y secreto («U-I-L-D-S»).
- El régimen de organización de los municipios del título X se aplica con preferencia; el régimen común de los artículos siguientes solo se aplica en lo no previsto por dicho título.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El ayuntamiento (Alcalde y Concejales) gobierna el municipio, salvo en Concejo Abierto. Los Concejales salen de elección directa; el Alcalde, de los Concejales o de los vecinos.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 20
1. La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. 2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior. 3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.
Datos clave
- ¿Qué órganos existen en todos los ayuntamientos sin excepción según el art. 20.1.a? → El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
- ¿A partir de qué población es obligatoria la Junta de Gobierno Local (art. 20.1.b)? → Más de 5.000 habitantes
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija qué órganos municipales existen siempre (Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno) y cuáles dependen de la población o de la propia decisión del municipio (Junta de Gobierno Local, órganos de estudio e informe, Comisión de Sugerencias y Reclamaciones).
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 21
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. b) Representar al ayuntamiento. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e) Dictar bandos. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley. i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. ñ) (Derogada) o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. p) (Derogada) q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde. 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).
Datos clave
- ¿Qué porcentaje de los recursos ordinarios puede comprometer el Alcalde en operaciones de crédito sin acudir al Pleno (art. 21.1.f)? → El 10%
- ¿Quién ejerce la jefatura de la Policía Municipal según el art. 21.1.i? → El Alcalde
- ¿Puede el Alcalde delegar la decisión de los empates con voto de calidad? → No, es una de las atribuciones indelegables del art. 21.3
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista las atribuciones del Alcalde como Presidente de la Corporación -dirigir, representar, convocar el Pleno, gestión económica y de personal, licencias, jefatura de la Policía Municipal...- y fija qué atribuciones nunca puede delegar.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 22
1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. n) (Derogada) ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada) p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.
Datos clave
- ¿Qué umbral de operaciones de crédito corresponde al Pleno según el art. 22.2.m? → Las que superen el 10% de los recursos ordinarios (o el 15% de ingresos corrientes en las de tesorería)
- ¿Cómo se vota la moción de censura al Alcalde según el art. 22.3? → De forma pública, mediante llamamiento nominal
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista las atribuciones exclusivas del Pleno municipal -control del gobierno, planeamiento urbanístico, ordenanzas, presupuestos, plantilla de personal, grandes operaciones de crédito...- y fija cuáles nunca puede delegar en el Alcalde ni en la Junta de Gobierno.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 23
1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. 3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla.
Datos clave
- ¿Cuál es el número máximo de Concejales en la Junta de Gobierno Local? → No superior al tercio del número legal de Concejales (además del Alcalde, que la integra).
- ¿En qué casos sustituyen los Tenientes de Alcalde al Alcalde y en qué orden? → En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden de su nombramiento.
- ¿De entre quiénes se designan los Tenientes de Alcalde donde no existe Junta de Gobierno Local? → De entre los Concejales.
- Tres causas de sustitución, fáciles porque riman con «VAE»: Vacante, Ausencia, Enfermedad.
- El tope es un tercio del número legal de Concejales, y «no superior»: cabe menos, nunca más.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Composición y funciones de la Junta de Gobierno Local, el papel sustitutorio de los Tenientes de Alcalde y el juego de delegaciones del Alcalde. El tope del tercio y la libre designación son los datos de examen.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24
1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 2. En los municipios señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128.
Datos clave
- ¿Para qué pueden los municipios crear órganos territoriales de gestión desconcentrada? → Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
- ¿Qué régimen de gestión desconcentrada se aplica en los municipios del artículo 121? → El establecido en el artículo 128.
- Dos remisiones que caen juntas: municipios del 121, régimen del 128.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los municipios pueden crear órganos territoriales de gestión desconcentrada para acercar la gestión a los vecinos, con la organización y competencias que decida cada ayuntamiento.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 24 bis
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Datos clave
- ¿Tienen personalidad jurídica los entes de ámbito territorial inferior al Municipio? → No: carecen de personalidad jurídica y son una forma de organización desconcentrada del municipio.
- ¿A quién corresponde la iniciativa para crear estos entes? → Indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso.
- ¿Qué requisito de eficiencia exige el art. 24 bis? → Solo pueden crearse si resulta una opción más eficiente, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- Regla de una línea: sin personalidad jurídica + iniciativa doble + Ayuntamiento oído siempre + test de eficiencia (LO 2/2012).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los entes de ámbito inferior al municipio (pedanías, parroquias, aldeas…) los regulan las leyes autonómicas, carecen de personalidad jurídica y solo pueden crearse si son la opción más eficiente.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 25
Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
p) Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos o sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del autoconsumo.
q) Promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
6. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en su parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente.
Datos clave
- El municipio ejerce como competencia propia la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- También son competencias propias municipales la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables y el impulso de la transición energética.
- Las competencias municipales en estas materias se determinarán por Ley, evaluando la conveniencia de los servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
- La Ley deberá ir acompañada de una memoria económica y prever los recursos necesarios sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
- La Ley garantizará que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia municipal propia a otra Administración Pública.
- Antes de atribuir competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá ponderarse específicamente la capacidad de gestión de la entidad local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de materias en las que el municipio ejerce competencias propias «en todo caso», de la a) a la q), y las condiciones que debe cumplir la ley que se las atribuye: memoria económica, sin duplicidades y ponderando antes su capacidad de gestión.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756., por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio. Ref. BOE-A-2016-6839. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.
Datos clave
- ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de biblioteca pública? → Más de 5.000 habitantes.
- ¿A partir de qué población son obligatorios protección civil y prevención y extinción de incendios? → Más de 20.000 habitantes.
- ¿Qué órgano coordina ciertos servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes? → La Diputación provincial o entidad equivalente.
- ¿Qué sentencia declaró inconstitucionales varios incisos del apartado 2 del art. 26? → La STC 111/2016, de 9 de junio.
- Cuatro tramos de población, siempre sumando servicios: todos los municipios (8 servicios) → 5.000 hab. (+3) → 20.000 hab. (+4) → 50.000 hab. (+2).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los servicios mínimos obligatorios de los Municipios según su población, y hace que la Diputación coordine varios de esos servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Esquema
| Población | Servicios que se añaden | |
|---|---|---|
| Tramo 1 | Todos los Municipios | Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable a domicilio, alcantarillado, accesos a núcleos y pavimentación |
| Tramo 2 | Más de 5.000 habitantes | Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos |
| Tramo 3 | Más de 20.000 habitantes | Protección civil, evaluación y atención de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas |
| Tramo 4 | Más de 50.000 habitantes | Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 27
1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. 3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. b) Protección del medio natural. c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española. h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. j) Promoción y gestión turística. k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local. 8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- ¿Cuál es la duración mínima de una delegación de competencias en un Municipio (art. 27.1)? → Cinco años
- ¿Qué ocurre con una delegación sin dotación presupuestaria adecuada (art. 27.6)? → Es nula
- ¿Qué requiere la efectividad de la delegación según el art. 27.5? → La aceptación del Municipio interesado
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo el Estado y las Comunidades Autónomas delegan competencias en los Municipios: duración mínima, financiación obligatoria, control por la Administración delegante y causas de revocación o renuncia.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 28
Podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios. La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.
Datos clave
- ¿A qué municipios se puede aplicar la gestión colaborativa del art. 28 LBRL? → A los de menos de 20.000 habitantes.
- ¿Quién decide aplicar la gestión colaborativa a un municipio y qué más hace falta? → Lo decide la Comunidad Autónoma, con la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas.
- El dato que más cae es el umbral: menos de 20.000 habitantes.
- Para que se aplique hacen falta tres 'síes': el de la Comunidad Autónoma (decide), el del municipio (conformidad) y el de las entidades locales (informe).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite a la Comunidad Autónoma implantar, en municipios de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa para sostener sus servicios. Cuidado con la historia: se suprimió en 2013 y recuperó contenido nuevo en 2023.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 29
1. Funcionan en Concejo Abierto: a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.
Datos clave
- ¿Qué mayoría del Ayuntamiento se exige para constituir el Concejo Abierto por conveniencia (art. 29.2)? → Dos tercios de sus miembros
- ¿Quién forma la asamblea vecinal en el Concejo Abierto según el art. 29.3? → Todos los electores del municipio
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el régimen de Concejo Abierto: gobierno compartido entre el Alcalde y una asamblea de todos los electores, quién puede acogerse a él y cómo se constituye en los municipios que no lo tienen por tradición.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 30
Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
Datos clave
- ¿Quién puede establecer regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural? → Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en la LBRL.
- ¿Qué características cita el art. 30 LBRL como aconsejables para un régimen especial? → El carácter histórico-artístico o el predominio en su término de actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
- Recuento para el test: se citan tres actividades expresas (turísticas, industriales, mineras) más la cláusula abierta «u otras semejantes».
- Sujeto habilitado = Comunidades Autónomas; en el art. 30 no aparece ni el Estado ni el propio municipio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Habilita a las Comunidades Autónomas para crear regímenes especiales para municipios pequeños o rurales y para otros con características singulares, dentro del marco de la LBRL.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 31
1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 31 LBRL la Provincia? → Como una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
- ¿Cuáles son los dos fines propios y específicos de la Provincia? → Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
- ¿A quién corresponde el gobierno y la administración autónoma de la Provincia? → A la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo.
- Dos letras, dos verbos: a) asegurar la prestación; b) participar en la coordinación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la Provincia como agrupación de Municipios con personalidad jurídica propia, fija sus dos fines específicos y dice que la gobierna la Diputación u otras Corporaciones representativas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32
La organización provincial responde a las siguientes reglas: 1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal.
Datos clave
- ¿Qué órganos existen en todas las Diputaciones según el art. 32 LBRL? → El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
- ¿Con qué criterio participan los grupos políticos en los órganos de estudio, informe o consulta? → Mediante Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.
- ¿Quién establece y regula el resto de órganos complementarios de la Diputación? → Las propias Diputaciones, sin perjuicio de que las leyes autonómicas puedan establecer una organización provincial complementaria.
- Cuatro órganos en todas las Diputaciones: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno, Pleno.
- El criterio de reparto en las comisiones es proporcional a los Diputados en el Pleno, no paritario ni por grupos a partes iguales.
- La palabra de la legislación autonómica en el apartado 3 es «complementaria»: añade, no sustituye a lo básico del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija la organización provincial en tres escalones: los órganos que existen en todas las Diputaciones, los órganos de estudio y control con participación proporcional de los grupos, y el resto de órganos complementarios.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 32 bis
Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
Datos clave
- ¿Entre quiénes debe nombrarse al personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares? → Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional pertenecientes a cuerpos o escalas del subgrupo A1.
- ¿Con qué criterios se efectúa ese nombramiento? → De acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia.
- ¿Cuándo puede el titular no ser funcionario? → Cuando el correspondiente Reglamento Orgánico lo permita, en atención a las características específicas de las funciones del órgano directivo.
- Cuatro procedencias posibles: Estado, CCAA, Entidades Locales y habilitados nacionales; una sola clasificación: A1.
- El artículo se aplica a tres entidades: Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El personal directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares se nombra por competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico permita lo contrario.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 33
1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 2. Corresponde en todo caso al Pleno: a) La organización de la Diputación. b) La aprobación de las ordenanzas. c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) La aprobación de los planes de carácter provincial. e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. l) (Derogada) m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. n) (Derogada) ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.
Datos clave
- ¿A partir de qué porcentaje de recursos ordinarios decide el Pleno una operación de crédito? → Más del 10% (15% si es de tesorería), art. 33.2.k.
- ¿Quién vota la moción de censura al Presidente de la Diputación? → El Pleno, mediante llamamiento nominal (art. 33.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las competencias que corresponden en todo caso al Pleno de la Diputación (organización, ordenanzas, presupuestos, planes, control, plantilla, bienes, créditos, moción de censura) y qué puede delegar.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 34
1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. b) Representar a la Diputación. c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. k) (Derogada) l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. m) (Derogada) n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), i) y j) del número anterior. 3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes.
Datos clave
- ¿Qué NO puede delegar el Presidente de la Diputación? → Convocar el Pleno, el voto de calidad, concertar créditos y la jefatura del personal (art. 34.2).
- ¿Quién nombra a los Vicepresidentes de la Diputación? → El Presidente (art. 34.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla las atribuciones del Presidente de la Diputación: dirección del gobierno y la administración, representación, gestión económica, jefatura del personal y ejecución de acuerdos, y qué puede delegar.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 35
1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno: a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno.
Datos clave
- ¿Cómo se integra la Junta de Gobierno de la Diputación? → Por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.
- ¿De entre quiénes se designan los Vicepresidentes de la Diputación? → De entre los miembros de la Junta de Gobierno, libremente designados por el Presidente.
- ¿Puede el Presidente delegar cometidos específicos en Diputados ajenos a la Junta de Gobierno? → Sí, mediante delegaciones especiales a favor de cualesquiera Diputados, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno.
- Los Vicepresidentes sustituyen al Presidente, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Junta de Gobierno de la Diputación: la forma el Presidente con hasta un tercio de los Diputados, asiste al Presidente, recibe delegaciones, y de entre sus miembros salen los Vicepresidentes que sustituyen al Presidente.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 36
1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos. c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.
Datos clave
- ¿Por debajo de qué población es obligatoria la secretaría e intervención provincial? → 1.000 habitantes (art. 36.1.b).
- ¿Por debajo de qué población asume la Diputación el tratamiento de residuos? → 5.000 habitantes (art. 36.1.c).
- ¿Por debajo de qué población asume la Diputación la extinción de incendios? → 20.000 habitantes (art. 36.1.c).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las competencias propias de la Diputación: coordinación de servicios municipales, asistencia a los municipios, prestación supramunicipal y cooperación en el desarrollo del territorio, con umbrales de población para varias de ellas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 37
1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes servicios. 3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27.
Datos clave
- ¿Qué tipo de competencias puede delegar el Estado en las Diputaciones y con qué trámite previo? → Competencias de mera ejecución, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
- ¿A qué artículo se acomoda el ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas? → Al artículo 27.
- Palabra clave del Estado: «mera ejecución» + «previa consulta e informe». Si en la pregunta el Estado delega algo más que ejecución, es falsa.
- Remisión final que cae: el ejercicio de lo delegado va por el artículo 27.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las Diputaciones o encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios; el Estado solo puede delegar competencias de mera ejecución y previa consulta e informe de la Comunidad.
Esquema
| Comunidad Autónoma | Estado | |
|---|---|---|
| Qué puede delegar | Competencias, sin limitación de tipo en el artículo | Solo competencias de mera ejecución |
| Trámite previo | En los términos previstos en los Estatutos correspondientes | Previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada |
| Condición añadida | Puede además encomendar la gestión ordinaria de servicios propios | Que el ámbito provincial sea el más idóneo para prestar los servicios |
| Sujeción a instrucciones | Plena, generales y particulares, en la encomienda de gestión ordinaria | No se prevé en este artículo |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 38
Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
Datos clave
- Según el art. 38 LBRL, ¿a qué se extienden las previsiones establecidas para la Diputación? → A otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
- Piensa en 'equivalente funcional de la Diputación': mismas normas, distinto nombre según el territorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo lo que esta Ley dice sobre la Diputación se aplica también a cualquier otra Corporación representativa que tenga el gobierno y la administración autónoma de la Provincia.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 39
Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de aplicación con carácter supletorio.
Datos clave
- ¿Qué órganos forales conservan su régimen peculiar según el art. 39 LBRL? → Los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en el marco del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
- ¿Con qué carácter se aplica la LBRL a esos órganos forales? → Con carácter supletorio.
- Artículo de dos datos: tres territorios históricos + aplicación supletoria de la LBRL.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya mantienen su régimen peculiar dentro del Estatuto vasco, y la LBRL solo se les aplica con carácter supletorio.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 40
Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los términos de su Estatuto propio.
Datos clave
- ¿Qué asumen las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra? → Las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.
- ¿Qué Comunidad se exceptúa de la regla del art. 40 LBRL? → La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto propio.
- Tríada literal que cae en test: competencias, medios y recursos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Comunidades uniprovinciales y Navarra asumen lo que en régimen ordinario corresponde a las Diputaciones Provinciales; Baleares queda exceptuada según su Estatuto.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 41
1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares.
Datos clave
- ¿Qué son los Cabildos Insulares Canarios y por qué normas se rigen? → Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla; se rigen por la disposición adicional decimocuarta de la LBRL y supletoriamente por las normas de las Diputaciones provinciales.
- ¿Para qué subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares canarias? → Exclusivamente como órganos de representación y expresión de los intereses provinciales.
- ¿Qué normas se aplican a los Consejos Insulares de las Islas Baleares? → Las de esta ley que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo sus competencias conforme a esta ley y al Estatuto de Autonomía de Baleares.
- Tres palabras para los Cabildos: gobierno, administración y representación de cada isla.
- La presidencia de la mancomunidad interinsular no rota ni se vota: la tiene el Presidente del Cabildo de la isla con la capital de la provincia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Régimen insular: Cabildos canarios como gobierno de cada isla, subsistencia de las mancomunidades provinciales interinsulares y Consejos Insulares baleares, todos ellos con las normas de las Diputaciones.
Esquema
| Cabildos Insulares Canarios | Consejos Insulares de Baleares | |
|---|---|---|
| Norma principal | Disposición adicional decimocuarta de la LBRL | Normas de la LBRL sobre organización y funcionamiento de las Diputaciones |
| Normas de Diputaciones | Se aplican supletoriamente | Se aplican directamente |
| Competencias | Asumen las de las Diputaciones provinciales | Asumen las de las Diputaciones provinciales |
| Estatuto de Autonomía | Sin perjuicio del Estatuto de Canarias | Y las que les correspondan conforme al Estatuto de Baleares |
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 42
1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. 3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.
Datos clave
- ¿Qué mayoría de municipios puede vetar una comarca? → Dos quintas partes, si representan la mitad del censo electoral (art. 42.2).
- ¿Pierden los municipios sus competencias del art. 26 al crearse la comarca? → No, la ley lo prohíbe expresamente (art. 42.4).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite a las Comunidades Autónomas crear comarcas que agrupen municipios con intereses comunes, con un derecho de veto de los propios municipios afectados y sin privarles de sus competencias básicas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 43
1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 2. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipios integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.
Datos clave
- ¿Cómo se crea un área metropolitana? → Por Ley autonómica, oídos el Estado y los municipios y diputaciones afectados (art. 43.1).
- ¿Qué garantiza el régimen económico del área metropolitana? → La participación de todos los municipios y un reparto justo de las cargas (art. 43.3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula las áreas metropolitanas: entidades locales creadas por Ley autonómica para grandes aglomeraciones urbanas con vínculos económicos y sociales que exigen planificación conjunta y coordinación de servicios.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 44
1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. 3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas: a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades. 5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.
Datos clave
- ¿Tiene la mancomunidad personalidad jurídica propia? → Sí, para cumplir sus fines específicos (art. 44.2).
- ¿Quién elabora los estatutos de una mancomunidad? → Los concejales de los municipios promotores, constituidos en asamblea (art. 44.3.a).
- ¿Pueden mancomunarse municipios de distintas CCAA? → Sí, si lo permiten las normativas autonómicas afectadas (art. 44.5).
- Pueden mancomunarse municipios de distintas Comunidades Autónomas si lo permiten sus normativas (art. 44.5).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reconoce el derecho de los municipios a asociarse voluntariamente en mancomunidades, con personalidad jurídica propia y estatutos que fijan su objeto, órganos y recursos, incluso entre municipios de distintas Comunidades Autónomas.
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Ley 7/1985 (LBRL) · Art. 45
Artículo 45.
(Sin contenido)
Se deja sin contenido por el art. 1.14 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13756 .
Se declara que no tiene carácter básico el apartado 2 b), párrafos primero y segundo, y que, por tanto, su contenido no es vinculante para las Comunidades Autónomas recurrentes, por Sentencia del TC 214/1989, de 21 de diciembre. Ref. BOE-T-1990-624 .
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo vacío: la Ley 27/2013 lo dejó sin contenido. En el test solo cabe preguntar qué norma lo vació; no hay régimen vigente que estudiar aquí.