Tema 35: Tratamiento jurídico de la violencia doméstica. Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
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Código Penal · Art. 153
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.
Datos clave
- ¿Pena base del art. 153.1? → Prisión de seis meses a un año, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.
- ¿Cuándo se aplica la mitad superior de la pena en el art. 153? → Si el delito se comete ante menores, con armas, en el domicilio, o quebrantando una pena o medida cautelar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Castiga con prisión de seis meses a un año (o TBC de 31 a 80 días) el menoscabo psíquico, la lesión leve o el maltrato de obra sin lesión cuando la víctima es o ha sido pareja del autor o persona vulnerable conviviente; el apartado 2 aplica una pena algo menor a otras víctimas del art. 173.2.
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Código Penal · Art. 173
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma. Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada. 3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurren las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. Las mismas penas se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal.
Datos clave
- ¿Pena del trato degradante básico del art. 173.1? → Prisión de seis meses a dos años.
- ¿Qué privación de derechos añade el art. 173.2? → Privación de la tenencia y porte de armas de tres a cinco años.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Castiga el trato degradante a un particular (prisión de 6 meses a 2 años), la violencia física o psíquica habitual sobre el cónyuge, pareja, familiares o personas convivientes vulnerables (apartado 2, prisión de 6 meses a 3 años), y la injuria, vejación o acoso sexual leves contra esas mismas personas (apartado 4).
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 1 · Objeto
Artículo 1. Objeto.
1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.
3. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.
Datos clave
- ¿Qué tres conductas integran la definición legal de violencia del art. 1.2? → Toda acción, omisión o trato negligente.
- ¿Qué cinco tipos de medidas de protección integral enuncia el art. 1.1? → Sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación del daño.
- ¿Qué modalidad de violencia se menciona «especialmente» dentro de las TIC? → La violencia digital.
- Las cinco medidas del objeto siguen la línea del tiempo de un caso: sensibilizar, prevenir, detectar, proteger y reparar.
- Cuatro integridades en el objeto (física, psíquica, psicológica y moral) pero solo tres desarrollos en la definición de violencia (físico, psíquico o social). No los mezcles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abre la ley con tres cosas que caen mucho: para qué sirve, qué se considera violencia y qué se considera buen trato. Las dos definiciones son literales y muy preguntables.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 2 · Ámbito de aplicación
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos establecidos en el artículo 51.
2. Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español.
Datos clave
- ¿A qué menores españoles fuera de España se aplica la ley? → A los de nacionalidad española en el exterior, en los términos establecidos en el artículo 51.
- ¿Cuándo se entiende que una persona jurídica se encuentra en territorio español? → Cuando tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en España.
- Los menores españoles en el exterior son la única extensión fuera de España, y va enganchada al art. 51: memoriza el par «exterior = 51».
- Cinco puntos de conexión para la persona jurídica: domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación y establecimiento de cualquier naturaleza.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos ámbitos distintos: a quién protege la ley (menores en España, y españoles en el exterior por el art. 51) y a quién obliga (cualquier persona física o jurídica que actúe o esté en territorio español).
Esquema
| A quién protege (2.1) | A quién obliga (2.2) | |
|---|---|---|
| Sujeto | Personas menores de edad | Personas físicas y jurídicas, públicas o privadas |
| Conexión territorial | Encontrarse en territorio español | Actuar o encontrarse en territorio español |
| Irrelevante | Nacionalidad y situación administrativa de residencia | Carácter público o privado |
| Extensión | Menores españoles en el exterior (art. 51) | Domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento |
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 3 · Fines
Artículo 3. Fines.
Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines:
a) Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, de instrumentos eficaces en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la especialización y la mejora de la práctica profesional en los distintos ámbitos de intervención, el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el refuerzo de la participación de las personas menores de edad.
c) Impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia mediante la formación interdisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que tienen contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes.
d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para que sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y reaccionar frente a la misma.
e) Reforzar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente en contextos de violencia contra ellos, asegurando su protección y evitando su victimización secundaria.
f) Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar la tutela judicial efectiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
g) Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
h) Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores de edad.
i) Garantizar la especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
j) Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación y la superación de los estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico o por razones estéticas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusión social o por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural.
k) Garantizar una actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas administraciones públicas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados en la sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación.
l) Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.
m) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida. Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.
n) Proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo protege la ley la imagen del menor, según el art. 3? → Desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento (letra n).
- ¿Qué es un «entorno seguro» según el art. 3.m)? → El que respeta los derechos de la infancia y promueve un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.
- ¿Cuántos fines enumera el art. 3 y con qué letra acaba? → Catorce, de la a) a la n); no hay letra ñ).
- Regla del final: la última letra siempre habla de la imagen, «del nacimiento hasta después del fallecimiento».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Catorce fines, de la a) a la n). Es un artículo de lista pura: lo que se pregunta es si una letra concreta está o no, y alguna palabra marcada como «garantizar», «impulsar» o «reforzar».
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 4 · Criterios generales
Artículo 4. Criterios generales.
1. Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés superior del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes:
a) Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
b) Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo.
c) Promoción del buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central de todas las actuaciones.
d) Promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación interadministrativa e intradministrativa, así como de la cooperación internacional.
e) Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.
f) Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles situaciones de violencia.
g) Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para la detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida sobre ellos o sobre terceros.
h) Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada niño, niña o adolescente víctima de violencia.
i) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
j) Incorporación del enfoque transversal de la discapacidad al diseño e implementación de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
k) Promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el fomento de la enseñanza en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de género.
l) Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a una persona menor de edad.
m) Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad.
n) Asegurar el ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes en toda toma de decisiones que les afecte.
ñ) Accesibilidad universal, como medida imprescindible, para hacer efectivos los mandatos de esa Ley a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepciones.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para promover la recuperación física, psíquica, psicológica y emocional y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como su inclusión social.
3. Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.
Datos clave
- ¿A qué artículo y norma remite el art. 4.1 para el interés superior del menor? → Al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
- ¿Qué criterio ocupa la letra ñ) del art. 4.1? → La accesibilidad universal, como medida imprescindible, sin excepciones.
- ¿Qué prevé el art. 4.3 para los menores que han cometido actos de violencia? → Apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y a evitar la reincidencia.
- La ñ) es accesibilidad universal y cierra con «sin excepciones»: recuerda que el último criterio es el más tajante.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los criterios generales de actuación: se aplican los del art. 2 de la LO 1/1996 más quince propios, de la a) a la ñ). Añade dos mandatos sueltos: recuperación de las víctimas y apoyo al menor que ha agredido.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 5 · Formación
Artículo 5. Formación.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formación comprenderá como mínimo:
a) La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia a la que se refiere esta ley.
b) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
c) La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.
d) El buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
e) La identificación de los factores de riesgo y de una mayor exposición y vulnerabilidad ante la violencia.
f) Los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
g) El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador recibe formación específica en materia de educación inclusiva.
3. Los colegios de abogados y procuradores facilitarán a sus miembros el acceso a formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional, así como a programas de formación continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
4. El diseño de las actuaciones formativas a las que se refiere este artículo tendrán especialmente en cuenta la perspectiva de género, así como las necesidades específicas de las personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, étnico o nacional diverso, en situación de desventaja económica, personas menores de edad pertenecientes al colectivo LGTBI o con cualquier otra opción u orientación sexual y/o identidad de género y personas menores de edad no acompañadas.
Datos clave
- ¿Qué tres caracteres tiene la formación que garantiza el art. 5.1? → Especializada, inicial y continua.
- ¿A qué colegios profesionales obliga expresamente el art. 5.3? → A los colegios de abogados y procuradores.
- ¿Qué formación específica añade el art. 5.2 para el personal docente y educador? → Formación específica en materia de educación inclusiva.
- Siete letras, de la a) a la g), y van en orden lógico: prevenir → actuar → Internet → buen trato → riesgo → victimización secundaria → género.
- Educación inclusiva = solo docentes y educadores (ap. 2). No la metas en la lista de siete del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La formación obligatoria de quienes tratan habitualmente con menores: siete contenidos mínimos, más reglas propias para docentes y para abogados y procuradores.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 6 · Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas
Artículo 6. Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas.
1. Las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar entre sí, en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al objeto de lograr una actuación eficaz en los ámbitos de la prevención, detección precoz, protección y reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
2. Las administraciones públicas promoverán la colaboración institucional a nivel nacional e internacional mediante acciones de intercambio de información, conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
3. Para garantizar la necesaria cooperación entre todas las administraciones públicas, los asuntos relacionados con la aplicación de esta ley serán abordados en el seno de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
Datos clave
- ¿A qué artículo de la Ley 40/2015 remite el deber de colaboración del art. 6? → Al artículo 141.
- ¿En qué órgano se abordan los asuntos relacionados con la aplicación de la LO 8/2021? → En la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Impone a las administraciones colaborar entre sí conforme a la Ley 40/2015 y remata con el órgano donde se tratan los asuntos de esta ley: la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 7 · Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia
Artículo 7. Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
1. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia.
2. Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a conseguir los siguientes objetivos:
a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos colectivos.
b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones públicas en aplicación de lo previsto en esta ley.
c) La participación de las administraciones públicas en la formación y evaluación de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
3. La Conferencia Sectorial aprobará su reglamento de organización y funcionamiento interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, garantizándose la presencia e intervención de las comunidades autónomas, entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
Datos clave
- ¿Qué naturaleza tiene la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia? → Es el órgano de cooperación entre las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia.
- ¿Qué tres presencias garantiza el art. 7.3 en el reglamento de la Conferencia? → Comunidades autónomas, entidades locales y el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
- ¿En cuya formación y evaluación participan las administraciones según el objetivo c)? → En la de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
- Los tres objetivos empiezan por C, E y E: Coherencia, Eficacia/eficiencia y Estrategia.
- Tres presencias garantizadas en el reglamento: CCAA, entidades locales y Alto Comisionado contra la pobreza infantil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia como órgano de cooperación, le fija tres objetivos y remite su reglamento interno a la Ley 40/2015, con presencia garantizada del Alto Comisionado.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 8 · Colaboración público-privada
Artículo 8. Colaboración público-privada.
1. Las administraciones públicas promoverán la colaboración público-privada con el fin de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripción de convenios con los medios de comunicación, los agentes sociales, los colegios profesionales, las confesiones religiosas, y demás entidades privadas que desarrollen su actividad en contacto habitual con niños, niñas y adolescentes o en su ámbito material de relación.
2. Asimismo, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de colaboración con el sector de las nuevas tecnologías contempladas en el capítulo VIII del título III.
En especial, se fomentará la colaboración de las empresas de tecnologías de la información y comunicación, las Agencias de Protección de Datos de las distintas administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales en las redes que supongan una forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
3. Las administraciones públicas fomentarán el intercambio de información, conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar e inclusivo.
4. En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores.
Datos clave
- ¿Con qué entidades privadas se fomenta expresamente la suscripción de convenios en el art. 8.1? → Medios de comunicación, agentes sociales, colegios profesionales, confesiones religiosas y demás entidades privadas en contacto habitual con menores.
- Fallecido el menor, ¿qué se exige para difundir cualquier tipo de imagen suya? → La autorización expresa de herederos o progenitores.
- Las confesiones religiosas aparecen expresamente en la lista de convenios: es el nombre que más sorprende y por eso el que más se pregunta.
- Fallecido el menor, la imagen no se libera: hace falta autorización expresa de herederos o progenitores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abre la puerta al sector privado: convenios con medios, agentes sociales, colegios profesionales o confesiones religiosas, colaboración tecnológica para retirar contenidos ilegales y un límite estricto a la difusión de imágenes.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 9 · Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
Artículo 9. Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
1. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los derechos reconocidos en esta ley.
2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales, los medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, teniendo en consideración las circunstancias personales, familiares y sociales de aquellos que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se tendrán en consideración las necesidades de las personas menores de edad con discapacidad, o que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
3. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos.
4. Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de coordinación del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores de edad.
A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas, promoverán la adopción de convenios con otras administraciones públicas y con las entidades del tercer sector, para la eficaz coordinación de la ayuda a las víctimas.
Datos clave
- ¿Qué función atribuye el art. 9.4 a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas? → Asistir y apoyar a los menores víctimas actuando como mecanismo de coordinación del resto de recursos y servicios de protección.
- ¿Quiénes promueven convenios para la eficaz coordinación de la ayuda a las víctimas? → El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas.
- Quédate con el papel: la Oficina no solo asiste, coordina todo lo demás. Esa palabra es la que suele cambiarse en el test.
- Tres circunstancias a valorar para el acceso: personales, familiares y sociales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Garantiza a toda víctima menor los derechos de la ley, obliga a poner medios cuando hay dificultades de acceso, protege la orientación sexual e identidad de género y coloca a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como eje coordinador.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 10 · Derecho de información y asesoramiento
Artículo 10. Derecho de información y asesoramiento.
1. Las administraciones públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, y, en su caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él mismo, información sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente aplicables, así como sobre los mecanismos o canales de información o denuncia existentes.
2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina de Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el asesoramiento y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
3. La información y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores deberá proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha información en la lengua cooficial que elija.
Datos clave
- ¿A qué norma se remite la información y apoyo que presta la Oficina de Asistencia a las Víctimas? → A la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
- ¿Quién elige la lengua en territorios con lenguas cooficiales? → El propio niño, niña o adolescente, entre las lenguas cooficiales.
- Tres destinatarios: el menor, sus representantes legales y la persona de confianza que él designa. Esa tercera figura es la que se olvida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a saber: información sobre las medidas aplicables y sobre los canales de denuncia, derivación a la Oficina de Asistencia a las Víctimas y obligación de hablarle al menor en un lenguaje y formato que entienda.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 11 · Derecho de las víctimas a ser escuchadas
Artículo 11. Derecho de las víctimas a ser escuchadas.
1. Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando, en todo caso, que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior.
2. Se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención a la formación profesional, las metodologías y la adaptación del entorno para la escucha a las víctimas en edad temprana.
3. Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración.
Datos clave
- ¿Cuándo puede restringirse el derecho del menor a ser oído? → Solo de manera motivada y cuando sea contrario a su interés superior.
- ¿Qué planteamiento cita expresamente el art. 11.3 como carente de aval científico? → El llamado síndrome de alienación parental.
- «Sin límite de edad» va con «de manera motivada»: la regla es escuchar, la excepción hay que razonarla y solo cabe por el interés superior.
- Tres palabras del apartado 2: rigor, tacto y respeto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El menor víctima tiene que ser oído y escuchado sin límite de edad, con una única restricción posible y motivada. Y prohíbe expresamente usar el llamado síndrome de alienación parental.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 12 · Derecho a la atención integral
Artículo 12. Derecho a la atención integral.
1. Los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia una atención integral, que comprenderá medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación.
2. Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la persona menor, comprenderá especialmente medidas de:
a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas.
b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
c) Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y, en su caso, la unidad familiar.
d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
e) Información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
f) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.
g) Apoyo a la educación e inserción laboral.
h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir, si fuera necesario.
i) Todas estas medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción.
3. Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir.
4. Las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado al niño, niña o adolescente.
5. Las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil.
Datos clave
- ¿Qué cuatro tipos de medidas integran la atención integral del art. 12.1? → Medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación.
- ¿Hasta qué edad se garantiza la atención temprana? → Desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
- ¿Qué administraciones garantizan la atención temprana? → Las sanitarias, las educativas y los servicios sociales competentes.
- Cuatro palabras para el concepto: protección, apoyo, acogida y recuperación. Las cuatro caben en «PAAR».
- Cifra única del artículo: seis años, límite de la atención temprana. Es el único número del precepto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la atención integral a la víctima menor con un listado de medidas de la a) a la i), y cierra con la atención temprana universal desde el nacimiento hasta los seis años.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 13 · Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan causa de una s
Artículo 13. Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan causa de una situación de violencia.
1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para defender sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una situación de violencia.
Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes legales en los términos del artículo 162 del Código Civil. También podrá realizarse a través del defensor judicial designado por el Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, en los supuestos previstos en el artículo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.
En el caso de los niños, niñas o adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una entidad pública de protección que denuncian a esta o al personal a su servicio por haber ejercido violencia contra ellos, se entenderá, en todo caso, que existe un conflicto de intereses entre el niño y su tutor o guardador.
2. Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia sobre un niño, niña o adolescente, el Letrado de la Administración de Justicia derivará a la persona menor de edad víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente, cuando ello resulte necesario en atención a la gravedad del delito, la vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.
Datos clave
- ¿A qué artículo del Código Civil remite la defensa por los representantes legales? → Al artículo 162 del Código Civil.
- ¿Quién deriva al menor a la Oficina tras incoarse un procedimiento penal? → El Letrado de la Administración de Justicia.
- ¿Cuándo se presume conflicto de intereses entre el menor y su tutor o guardador? → Cuando el menor bajo guarda y/o tutela de una entidad pública denuncia a esta o a su personal por violencia contra él.
- Dos artículos de la Ley 4/2015 en el mismo precepto: el 26.2 para el defensor judicial y el 10 para la derivación por el LAJ.
- Tres motivos de derivación: gravedad, vulnerabilidad o petición de la víctima. Basta uno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién defiende al menor en juicio: por regla general sus representantes legales, y si hay conflicto de intereses, un defensor judicial. Añade una presunción fuerte cuando el denunciado es la entidad pública que lo tutela.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 14 · Derecho a la asistencia jurídica gratuita
Artículo 14. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
2. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, formación especializada en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia.
3. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas.
4. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia contra menores de edad cuando la víctima desee personarse como acusación particular.
5. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.
6. Las personas menores de edad víctimas de violencia podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
Datos clave
- ¿Qué norma regula la asistencia jurídica gratuita a la que remite el art. 14.1? → La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
- ¿Hasta cuándo tiene el abogado habilitación legal para la representación procesal de la víctima? → Hasta la designación del procurador o procuradora.
- ¿Qué límites tiene la personación como acusación particular en cualquier momento? → No permite retrotraer ni reiterar actuaciones ya practicadas, ni mermar el derecho de defensa del acusado.
- La urgencia es para los dos colegios, pero la del procurador solo se activa si la víctima quiere ser acusación particular.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Asistencia jurídica gratuita para el menor víctima, con obligaciones de formación y de designación urgente para los colegios profesionales y una regla procesal sobre la personación como acusación particular.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 15 · Deber de comunicación de la ciudadanía
Artículo 15. Deber de comunicación de la ciudadanía.
Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise.
Datos clave
- ¿Quién está obligado a comunicar los indicios de violencia sobre un menor según el art. 15? → Toda persona que los advierta, de forma inmediata.
- ¿A quién se comunica si los hechos pudieran ser constitutivos de delito? → A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Convierte en obligación de toda persona comunicar los indicios de violencia sobre un menor, de forma inmediata, y añade el deber de prestar la atención que la víctima precise.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 16 · Deber de comunicación cualificado
Artículo 16. Deber de comunicación cualificado.
1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos.
En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan habitualmente o temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.
2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes.
Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, niña o adolescente se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.
3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos.
4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la víctima la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración a las autoridades competentes.
A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad víctimas de violencia.
Datos clave
- ¿A quién deben comunicar, con carácter general, los sujetos del deber cualificado? → A los servicios sociales competentes, de forma inmediata.
- ¿Cuándo hay que comunicar además a las FCS y/o al Ministerio Fiscal? → Cuando de la violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del menor se encontrase amenazada.
- ¿Qué órgano recibe la comunicación si se advierte una posible infracción de protección de datos? → La Agencia Española de Protección de Datos.
- Tres destinatarios, tres supuestos: servicios sociales siempre; FCS y/o Fiscal si hay riesgo para la salud o la seguridad; AEPD si el problema es de datos.
- La lista de centros no es cerrada: el artículo dice «en todo caso se consideran incluidos», así que enumera ejemplos obligatorios, no un numerus clausus.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El deber del artículo anterior se agrava para quienes trabajan con menores: comunican a los servicios sociales, a las FCS o al Fiscal si peligra la salud o la seguridad, y a la Agencia Española de Protección de Datos si el problema es de datos.
Esquema
| Art. 15 · Ciudadanía | Art. 16 · Cualificado | |
|---|---|---|
| Quién | Toda persona que advierta indicios | Quien por cargo, profesión, oficio o actividad tenga encomendada la asistencia, cuidado, enseñanza o protección de menores |
| Destinatario ordinario | La autoridad competente | Los servicios sociales competentes |
| Si hay delito o riesgo | FCS, Ministerio Fiscal o autoridad judicial | FCS y/o Ministerio Fiscal si peligran la salud o la seguridad |
| Protección de datos | No se contempla | Agencia Española de Protección de Datos |
| Deberes añadidos | Prestar la atención inmediata que la víctima precise | Atención inmediata, facilitar toda la información y máxima colaboración |
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 17 · Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y adolescentes
Artículo 17. Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y adolescentes.
1. Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, personalmente, o a través de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, a la Agencia Española de Protección de Datos.
2. Las administraciones públicas establecerán mecanismos de comunicación seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan comprender, para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una persona de su confianza que ellos mismos designen.
3. Las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo a los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como herramienta esencial a disposición de todas las personas para la prevención y detección precoz de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
Datos clave
- ¿Ante quién puede comunicar un menor una situación de violencia? → Ante los servicios sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal, la autoridad judicial y, en su caso, la Agencia Española de Protección de Datos.
- ¿Puede el menor ir acompañado al comunicar? → Sí, de una persona de su confianza que él mismo designe.
- Cinco adjetivos para los mecanismos: seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reconoce al propio menor la posibilidad de comunicar la violencia que sufre o que presencia, y obliga a que existan canales seguros, accesibles y líneas telefónicas gratuitas.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 18 · Deberes de información de los centros educativos y establecimientos residenciales
Artículo 18. Deberes de información de los centros educativos y establecimientos residenciales.
1. Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, así como todos los establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el momento de su ingreso, facilitarán a los niños, niñas y adolescentes toda la información, que, en todo caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las administraciones públicas y aplicados en el centro o establecimiento, así como de las personas responsables en este ámbito. Igualmente, facilitarán desde el primer momento información sobre los medios electrónicos de comunicación, tales como las líneas telefónicas de ayuda a los niños, niñas y adolescentes.
2. Los citados centros y establecimientos mantendrán permanentemente actualizada esta información en un lugar visible y accesible, adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan consultarla libremente en cualquier momento, permitiendo y facilitando el acceso a esos procedimientos de comunicación y a las líneas de ayuda existentes.
Datos clave
- ¿En qué momento informan los centros educativos y los establecimientos residenciales? → Los centros educativos al inicio de cada curso escolar; los establecimientos residenciales en el momento del ingreso del menor.
- ¿Cómo debe estar la información según el art. 18.2? → Permanentemente actualizada, en un lugar visible y accesible, y consultable libremente en cualquier momento.
- Curso para el cole, ingreso para la residencia: el momento va con la lógica de cada sitio.
- Tres contenidos: los procedimientos de comunicación, las personas responsables y las líneas de ayuda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a centros educativos y a establecimientos residenciales de menores a informar de los cauces de denuncia y a mantener esa información visible, accesible y actualizada de forma permanente.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 19 · Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet
Artículo 19. Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.
1. Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente, está obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.
2. Las administraciones públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podrán ser gestionados por líneas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Datos clave
- ¿Quién está obligado a comunicar contenidos ilícitos en Internet? → Toda persona, física o jurídica, que advierta su existencia.
- ¿Quién puede gestionar los canales de denuncia de contenidos ilícitos? → Líneas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- «Siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad»: ese «siempre» es la palabra que suele suprimirse en el test.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Traslada a Internet el deber de comunicar: quien detecta contenidos que son violencia contra un menor está obligado a avisar, y las administraciones deben garantizar canales de denuncia accesibles y seguros.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 20 · Protección y seguridad
Artículo 20. Protección y seguridad.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia sobre niños, niñas y adolescentes.
2. Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, así como los establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que comuniquen una situación de violencia.
3. La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de protección previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos, cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la formulación de denuncia conforme a los artículos anteriores.
Datos clave
- ¿Qué tres garantías debe asegurar la administración a quien comunica una situación de violencia? → Confidencialidad, protección y seguridad.
- ¿Quién puede acordar las medidas de protección a testigos y a instancia de quién? → La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte.
- Tres palabras del apartado 1 en este orden: confidencialidad, protección y seguridad.
- Los centros de ocio y tiempo libre aparecen expresamente junto a los educativos: es el sujeto que más se olvida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Protege a quien da el paso de comunicar: confidencialidad y seguridad para el comunicante adulto, medidas en los centros para el menor que denuncia y, si hay riesgo, protección de testigos.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 21 · Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
Artículo 21. Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
1. La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompañará de una memoria económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que habrá de financiarse.
Dicha Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y contará con la participación del Observatorio de la Infancia, las entidades del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con los niños, niñas y adolescentes.
Su impulso corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia.
En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
2. Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho informe, que deberá ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración con los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Educación y Formación Profesional y el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
Los resultados del informe anual de evaluación, que contendrá los datos estadísticos disponibles sobre violencia hacia la infancia y la adolescencia, se harán públicos para general conocimiento, y deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas públicas correspondientes.
Datos clave
- ¿Quién aprueba la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y a propuesta de quién? → La aprueba el Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
- ¿A qué órgano se eleva el informe anual de evaluación de la Estrategia? → Al Consejo de Ministros.
- ¿A través de qué órgano participan los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la Estrategia? → A través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
- Cinco ministerios en el informe anual: Justicia, Interior, Sanidad, Educación y FP, más el Alto Comisionado contra la pobreza infantil.
- Dos órganos con nombre parecido y distinto papel: Observatorio de la Infancia (participa) y Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (cauce de los propios menores).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea la Estrategia nacional plurianual para erradicar la violencia sobre la infancia: la elabora la AGE con CCAA, Ceuta y Melilla y entidades locales, la aprueba el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial, y cada año se evalúa con un informe que va al Consejo de Ministros.
Esquema
| Estrategia nacional | Informe de evaluación | |
|---|---|---|
| Periodicidad | Plurianual | Anual |
| Quién lo hace | La AGE con CCAA, Ceuta y Melilla y entidades locales | El órgano al que corresponde el impulso de la Estrategia |
| Destino | La aprueba el Gobierno, a propuesta de la Conferencia Sectorial | Se eleva al Consejo de Ministros |
| Qué lleva | Memoria económica con las aplicaciones presupuestarias | Datos estadísticos sobre violencia; sus resultados se hacen públicos |
¿Me lo sé? Flashcards
LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 22 · De la sensibilización
Artículo 22. De la sensibilización.
1. Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir un buen trato. Dichas campañas incluirán medidas contra aquellas conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la adolescencia en sus distintas manifestaciones, incluida la discriminación, la criminalización y el odio, con el objetivo de promover el cambio de actitudes en el contexto social.
Asimismo, las administraciones públicas impulsarán campañas específicas de sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes.
2. Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de edad y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de apoyos específicos.
Datos clave
- ¿Qué dos características deben tener las campañas de sensibilización del artículo 22? → Ser evaluables y estar basadas en la evidencia.
- ¿Cómo deben realizarse las campañas según el apartado 2 del artículo 22? → De modo accesible y diferenciando por tramos de edad, garantizando el acceso de quienes por discapacidad necesiten apoyos específicos.
- Tres palabras que caen del apartado 1: discriminación, criminalización y odio.
- Dos exigencias de forma del apartado 2 que van siempre juntas: accesible y por tramos de edad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las administraciones públicas deben hacer campañas de sensibilización evaluables y basadas en la evidencia sobre el derecho al buen trato y el uso seguro de Internet, siempre accesibles y diferenciadas por tramos de edad.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 23 · De la prevención
Artículo 23. De la prevención.
1. Las administraciones públicas competentes establecerán planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y deberán ser evaluados en los términos que establezcan las administraciones públicas competentes.
2. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos específicos de alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a estos colectivos.
3. En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención las siguientes:
a) Las dirigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en parentalidad positiva.
b) Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan los procesos de exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
c) Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el deterioro del entorno familiar y social de las personas menores de edad.
d) Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.
e) Las que promuevan la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes, la participación infantil y juvenil, así como la implicación de las personas menores de edad en los propios procesos de sensibilización y prevención.
f) Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la corresponsabilidad parental.
g) Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.
h) Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sitúan a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir violencia, así como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras.
i) Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la adolescencia.
j) Las dirigidas al fomento de relaciones igualitarias entre los niños y niñas, en las que se identifiquen las distintas formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
k) Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que intervienen habitualmente con niños, niñas y adolescentes, en cuestiones relacionadas con la atención a la infancia y adolescencia, con particular atención a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
l) Las encaminadas a evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial atención al matrimonio infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo.
m) Cualquier otra que se recoja en relación a los distintos ámbitos de actuación regulados en esta ley.
4. Las actuaciones de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, tendrán una consideración prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado se acompañarán de documentación asociada al informe de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto individualizarán las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo.
Datos clave
- ¿A quiénes deben identificar los planes de prevención conforme a los factores de riesgo? → A los niños, niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad y a los grupos específicos de alto riesgo, para priorizar medidas y recursos.
- ¿Qué documentación acompaña a los Presupuestos Generales del Estado según el artículo 23.4? → La asociada al informe de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, en la que los centros gestores individualizan las partidas.
- La lista va de la a) a la m): trece letras. Si te preguntan por una letra suelta, casi siempre es la l) del matrimonio infantil o la g) de la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Dos niveles de prioridad en el apartado 2: menores en especial vulnerabilidad y grupos específicos de alto riesgo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a las administraciones competentes a tener planes y programas de prevención evaluables, a priorizar a los menores vulnerables y grupos de alto riesgo, y enumera trece tipos de actuaciones que se consideran prevención. Además, la prevención es prioridad presupuestaria.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 24 · Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes
Artículo 24. Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes.
Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas de sensibilización, prevención y detección precoz necesarias para proteger a las personas menores de edad frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se manifiesten, así como para el tratamiento y asistencia de las mismas en los casos en que esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionará un tratamiento preventivo que incorpore las dimensiones de género y de edad.
Datos clave
- ¿Qué dimensiones debe incorporar el tratamiento preventivo del artículo 24? → Las dimensiones de género y de edad.
- ¿Qué tres tipos de medidas adoptan las administraciones frente a la radicalización de los menores? → Medidas de sensibilización, prevención y detección precoz.
- Tres verbos preventivos (sensibilizar, prevenir, detectar precozmente) más dos reactivos (tratar y asistir).
- Cierre del artículo: dos dimensiones, género y edad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo corto: las administraciones competentes deben sensibilizar, prevenir y detectar precozmente los procesos de radicalización que enseñan a los menores conductas violentas o delictivas, y tratarlos si ya se han producido, con perspectiva de género y de edad.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 25 · De la detección precoz
Artículo 25. De la detección precoz.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán anualmente programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes con el objetivo de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16.
2. En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situación de violencia sobre una persona menor de edad, esta situación deberá ser inmediatamente comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos.
3. Las administraciones públicas competentes promoverán la capacitación de personas menores de edad para que cuenten con herramientas para detectar situaciones de violencia.
Datos clave
- ¿Cuál es la excepción al deber de comunicar a los progenitores la violencia detectada precozmente? → Que existan indicios de que la violencia haya sido ejercida por los progenitores o por quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
- ¿Con qué periodicidad y a quién se dirigen los programas de formación del artículo 25.1? → Anualmente, a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes.
- Tres apartados, tres destinatarios: profesionales (formación), progenitores o tutores (comunicación) y los propios menores (capacitación).
- El reenvío es a los artículos 15 y 16, los del deber de comunicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Formación anual, inicial y continua, para los profesionales en contacto habitual con menores, con el fin de detectar pronto la violencia. Y regla clave: lo detectado se comunica de inmediato a los progenitores o tutores, salvo que haya indicios de que sean ellos los agresores.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 26 · Prevención en el ámbito familiar
Artículo 26. Prevención en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán proporcionar a las familias en sus múltiples formas, y a aquellas personas que convivan habitualmente con niños, niñas y adolescentes, para crear un entorno seguro, el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan desarrollar adecuadamente su rol parental o tutelar.
2. A tal fin, dentro de los planes y programas de prevención previstos en el artículo 23, las administraciones públicas competentes deberán incluir, como mínimo, un análisis de la situación de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar sus necesidades y fijar los objetivos y medidas a aplicar.
3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán estar enfocadas a:
a) Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva. A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado en el interés superior del niño, niña o adolescente y orientado a que la persona menor de edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya el derecho a expresar su opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.
En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o divorcios, ni para la imposición de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser relacionada con situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental.
b) Promover la educación y el desarrollo de estrategias básicas y fundamentales para la adquisición de valores y competencias emocionales, tanto en los progenitores, o en quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, como en los niños y niñas de acuerdo con el grado de madurez de los mismos. En particular, se promoverá la corresponsabilidad y el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación con enfoque inclusivo y el desarrollo de estrategias durante la primera infancia destinadas a la adquisición de habilidades para una crianza que permita el establecimiento de un lazo afectivo fuerte, recíproco y seguro con sus progenitores, o con quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
c) Promover la atención a las mujeres durante el periodo de gestación y facilitar el buen trato prenatal. Esta atención deberá incidir en la identificación de aquellas circunstancias que puedan influir negativamente en la gestación y en el bienestar de la mujer, así como en el desarrollo de estrategias para la detección precoz de situaciones de riesgo durante el embarazo y de preparación y apoyo.
d) Proporcionar un entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el recién nacido e incorporar los protocolos, con evidencia científica demostrada, para la detección de enfermedades o alteraciones genéticas, destinados al diagnóstico precoz y, en su caso, al tratamiento y atención sanitaria temprana del o la recién nacida.
e) Desarrollar programas de formación a adultos y a niños, niñas y adolescentes en habilidades para la negociación y resolución de conflictos intrafamiliares.
f) Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar.
g) Crear los servicios necesarios de información y apoyo profesional a los niños, niñas y adolescentes a fin de que tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación directa o indirecta.
h) Proporcionar la orientación, formación y apoyos que precisen las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de permitir una atención adecuada de estos en su entorno familiar, al tiempo que se fomenta su grado de autonomía, su participación activa en la familia y su inclusión social en la comunidad.
i) Desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y a niños, niñas y adolescentes, encaminados a evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes con la edad.
Datos clave
- ¿Qué es la parentalidad positiva a los efectos de la LO 8/2021? → El comportamiento de los progenitores o de quienes ejerzan tutela, guarda o acogimiento, fundamentado en el interés superior del menor y orientado a que crezca en un entorno afectivo y sin violencia, con derecho a opinar, participar y ser tenido en cuenta.
- ¿Para qué NO puede utilizarse la parentalidad positiva? → En conflictos entre progenitores, separaciones o divorcios, ni para imponer la custodia compartida no acordada; tampoco se relaciona con el síndrome de alienación parental, sin aval científico.
- ¿Qué debe incluir como mínimo el plan de prevención en el ámbito familiar? → Un análisis de la situación de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar necesidades y fijar objetivos y medidas.
- De la a) a la i): nueve medidas. La a) es la única que trae definición legal, la de parentalidad positiva.
- Enlace directo: el análisis de la situación familiar no es un plan aparte, va dentro de los planes de prevención del artículo 23.
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Prevención en la familia: apoyo a progenitores y convivientes desde la primera infancia, un análisis previo de la situación familiar del territorio dentro de los planes del artículo 23, y nueve tipos de medidas. Aquí está la definición legal de parentalidad positiva.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 27 · Actuaciones específicas en el ámbito familiar
Artículo 27. Actuaciones específicas en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva en progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. En particular, las destinadas a prevenir la pobreza y las causas de exclusión social, así como la conciliación de la vida familiar y laboral en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo que permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres.
Dichas medidas habrán de individualizarse en función de las distintas necesidades de apoyo específico que presente cada unidad familiar, con especial atención a las familias con niños, niñas o adolescentes con discapacidad, o en situación de especial vulnerabilidad. Y las dirigidas a prevenir la separación del entorno familiar.
2. Las administraciones públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y adolescentes.
Datos clave
- ¿En qué términos deben ser accesibles los materiales formativos del artículo 27.2? → En formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos.
- ¿En qué marco se impulsa la conciliación de la vida familiar y laboral según el artículo 27? → En el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo adecuados a la crianza.
- La conciliación aparece aquí con una coletilla que suele caer: en el marco del diálogo social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos frentes: medidas de política familiar (pobreza, exclusión, conciliación, corresponsabilidad) individualizadas según cada familia, y materiales formativos accesibles sobre el ejercicio positivo de las responsabilidades parentales.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 28 · Situación de ruptura familiar
Artículo 28. Situación de ruptura familiar.
Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar, adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y el pleno desarrollo de los mismos.
Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
b) Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados así como de servicios de mediación y conciliación, con pleno respeto a la autonomía de los progenitores y de los niños, niñas y adolescentes implicados.
Datos clave
- ¿Qué dos grupos de medidas cita el artículo 28 ante la ruptura familiar? → a) Servicios de apoyo a las familias, puntos de encuentro familiar y otros recursos especializados de titularidad pública; b) gabinetes psicosociales de los juzgados y servicios de mediación y conciliación.
- ¿Con qué límite se impulsan los servicios de mediación y conciliación? → Con pleno respeto a la autonomía de los progenitores y de los niños, niñas y adolescentes implicados.
- La expresión «entre otras» te dice que la lista es abierta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante una ruptura familiar con hijos menores, las administraciones deben proteger su interés superior con medidas para que la separación de los progenitores no les perjudique: puntos de encuentro familiar y gabinetes psicosociales de los juzgados, entre otras.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 29 · Situación de violencia de género en el ámbito familiar
Artículo 29. Situación de violencia de género en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su respuesta específica, que garantice la plena protección de sus derechos.
2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior.
Para ello, los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán:
a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.
b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a menores de edad víctimas de violencia de género.
Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de igualdad.
Datos clave
- Según el artículo 29, ¿con quién debe permanecer el menor en situaciones de violencia de género en la familia? → Con la mujer, para su protección, atención especializada y recuperación, salvo si ello es contrario a su interés superior.
- ¿Qué deben asegurar los servicios sociales y de protección según el artículo 29.2? → a) La detección y respuesta específica a las situaciones de violencia de género; b) la derivación y coordinación con los servicios de atención especializada a menores víctimas.
- Cinco tipos de organismos con protocolos: sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de igualdad.
- Regla y excepción en una línea: permanece con la mujer, salvo interés superior en contra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En entornos familiares con violencia de género, el menor y la madre son ambos víctimas: la respuesta debe ser integral y, como regla, el menor permanece con la mujer, salvo que eso sea contrario a su interés superior.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 30 · Principios
Artículo 30. Principios.
El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando métodos pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.
Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya su participación, el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o de algún trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de género, la diversidad familiar, la adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables, incluyendo educación alimentaria y nutricional, y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma.
Datos clave
- ¿Cómo define el artículo 30 la educación que debe fomentar el sistema educativo? → Accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad, en una escuela segura y libre de violencia y con métodos pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.
- ¿Cómo debe impartirse la educación en derechos, igualdad de género y afectivo sexual del artículo 30? → De forma transversal, en todas las etapas educativas e independientemente de la titularidad del centro.
- Cuatro adjetivos de la educación que se piden de memoria: accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad.
- Tres métodos pacíficos: comunicación, negociación y resolución de conflictos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abre el capítulo educativo fijando los principios: respeto mutuo en la comunidad educativa, escuela segura y libre de violencia, y una educación transversal en derechos, igualdad, vida saludable y afectivo sexual, en todos los centros sea cual sea su titularidad.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 31 · De la organización educativa
Artículo 31. De la organización educativa.
1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos por el personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de conflictos.
2. Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación.
El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier forma de violencia.
3. Las administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios recogidos en este capítulo. Asimismo, establecerán las pautas y medidas necesarias para el establecimiento de los centros como entornos seguros y supervisarán que todos los centros, independientemente de su titularidad, apliquen los protocolos preceptivos de actuación en casos de violencia.
Datos clave
- ¿Conforme a qué artículo y norma elaboran los centros el plan de convivencia? → Conforme al artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- ¿Qué órganos tienen entre sus competencias el impulso y seguimiento de las medidas educativas contra la violencia? → El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar.
- Un número que cae: el plan de convivencia es el del artículo 124 de la LOE (LO 2/2006).
- Dos órganos colegiados, misma función: Claustro y Consejo Escolar, impulso y seguimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los centros educativos deben tener un plan de convivencia conforme al artículo 124 de la LOE, con códigos de conducta frente al acoso, incluido el que ocurre por medios digitales. Claustro y Consejo Escolar impulsan y siguen las medidas; las administraciones educativas supervisan.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 32 · Supervisión de la contratación de los centros educativos
Artículo 32. Supervisión de la contratación de los centros educativos.
Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad de todos los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y controlarán la aportación de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el capítulo II del título V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no.
Datos clave
- ¿A quién alcanza el control de certificados obligatorios del artículo 32? → Al personal docente, al personal auxiliar, al contrato de servicio y a otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro, de forma retribuida o no.
- ¿Quién supervisa la seguridad en la contratación de personal de los centros educativos? → Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad de todos los centros educativos.
- Ubicación del certificado: capítulo II del título V. Si te dan otra ubicación, es falsa.
- Tres palabras que suelen tacharse en el enunciado trampa: habitualmente, retribuida o no.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo breve: administraciones educativas y quienes dirigen o son titulares del centro deben supervisar la seguridad en la contratación y controlar los certificados obligatorios de todo el que trabaje o colabore habitualmente con el alumnado, aunque no cobre.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 33 · Formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital
Artículo 33. Formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.
Las administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Específicamente, las administraciones públicas promoverán dentro de todas las etapas formativas el uso adecuado de Internet.
Datos clave
- ¿A qué precepto remite el artículo 33 en materia de educación digital? → Al artículo 83 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- ¿En qué etapas se promueve el uso adecuado de Internet según el artículo 33? → Dentro de todas las etapas formativas.
- Cuatro referentes del uso respetuoso: dignidad humana, valores constitucionales, derechos fundamentales e intimidad y protección de datos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las administraciones públicas deben garantizar la inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro y respetuoso de los medios digitales, con remisión al artículo 83 de la LO 3/2018 de protección de datos.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 34 · Protocolos de actuación
Artículo 34. Protocolos de actuación.
1. Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos protocolos se contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los niños, niñas o adolescentes.
2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.
Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la protección de datos personales de las personas menores de edad.
3. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos.
4. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y formación especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la formación adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.
Datos clave
- ¿Cuándo deben iniciarse los protocolos de actuación del artículo 34? → Cuando el personal docente o educador, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa detecten indicios de violencia, o por la mera comunicación de los hechos por parte del menor.
- ¿Quién es responsable de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos y de su seguimiento? → Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos.
- ¿Frente a qué manifestaciones de violencia se regulan los protocolos del artículo 34.1? → Abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, y cualquier otra comprendida en la ley.
- Ocho supuestos en la lista del apartado 1, y el par que más se olvida va al final: suicidio y autolesión.
- Tres ámbitos externos de coordinación: sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las administraciones educativas regulan protocolos contra el acoso y demás violencias, aplicables en todos los centros y evaluados periódicamente. Se inician con meros indicios o con la sola comunicación del menor, y la dirección responde de informar y de hacer el seguimiento.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 35 · Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección
Artículo 35. Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.
2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.
Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección deberán ser al menos las siguientes:
a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.
c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.
g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el artículo 31.
i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.
k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada.
3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.
Datos clave
- ¿En qué centros es obligatorio el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección y bajo la supervisión de quién actúa? → En todos los centros educativos donde cursen estudios menores de edad, con independencia de su titularidad; actúa bajo la supervisión de quien ostente la dirección o titularidad del centro.
- ¿Ante qué dos organismos promueve el Coordinador la comunicación inmediata del centro? → Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si hay riesgo para la seguridad del menor, y ante las Agencias de Protección de Datos, si puede haber tratamiento ilícito de sus datos.
- ¿Quién determina los requisitos y funciones del Coordinador de bienestar y protección? → Las administraciones educativas competentes, que también deciden si las desempeña personal ya existente o nuevo.
- Once funciones, de la a) a la k). Las dos comunicaciones inmediatas van seguidas: i) FCSE y j) Agencias de Protección de Datos.
- Enlace obligado: la letra h) conecta con el plan de convivencia del artículo 31.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los centros donde estudien menores deben tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, bajo la supervisión de la dirección o titularidad. Las administraciones educativas fijan requisitos y funciones, con un listado mínimo de once tareas.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 36 · Implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
Artículo 36. Implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
1. Los centros de Educación Superior promoverán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general y en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular.
2. En concreto, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito social, del ámbito educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del derecho, y de aquellas otras titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con personas menores de edad, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos específicos dirigidos a la prevención, detección precoz e intervención de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Datos clave
- ¿Qué contenidos deben promover incorporar en sus planes de estudios las titulaciones del artículo 36? → Contenidos específicos dirigidos a la prevención, detección precoz e intervención en los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
- ¿Qué promueven los centros de Educación Superior en todos los ámbitos académicos? → La formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y la adolescencia y en la lucha contra la violencia ejercida sobre ellos.
- Cinco bloques de titulaciones citados: sanitarias, social, educativo, Periodismo y Ciencias de la Información, y derecho.
- Tres verbos del contenido: prevenir, detectar precozmente e intervenir.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Educación Superior también entra: sus centros promueven formación, docencia e investigación en derechos de la infancia, y determinadas titulaciones deben incorporar contenidos sobre prevención y detección de la violencia sobre menores.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 37 · Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia
Artículo 37. Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se promoverá la inclusión en el mundo académico del estudio y la investigación de los derechos de la infancia y la adolescencia en general y de la violencia sobre los mismos en particular, y más específicamente en aquellos estudios orientados al ejercicio de profesiones que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad.
Datos clave
- ¿Qué órgano debe promover el estudio y la investigación de los derechos de la infancia en el mundo académico? → El Consejo de Universidades, entre sus actividades y publicaciones anuales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo de una sola frase: entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se promoverá el estudio y la investigación de los derechos de la infancia y de la violencia sobre los menores.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 38 · Actuaciones en el ámbito sanitario
Artículo 38. Actuaciones en el ámbito sanitario.
1. Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones para la promoción del buen trato a la infancia y la adolescencia, así como para la prevención y detección precoz de la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, y de sus factores de riesgo, en el marco del protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones sanitarias competentes promoverán la elaboración de protocolos específicos de actuación en el ámbito de sus competencias, que faciliten la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperación de las víctimas, y que deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental o en la que concurra cualquier otra situación de especial vulnerabilidad. Se promoverá, así mismo, la coordinación con todos los agentes implicados.
3. Las administraciones sanitarias competentes facilitarán el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la información, a los servicios de tratamiento y recuperación, garantizando la atención universal y accesible a todos aquellos que se encuentren en las situaciones de desprotección, riesgo y violencia a las que se refiere esta ley. Especialmente, se garantizará una atención a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.
Datos clave
- ¿En el seno de qué órgano promueven las administraciones sanitarias las actuaciones del artículo 38.1? → En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- ¿Qué tipo de atención a la salud mental garantiza el artículo 38.3? → Una atención a la salud mental integral, reparadora y adecuada a la edad del menor.
- Palabras exactas del apartado 3 que caen literales: atención a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.
- Tres situaciones del apartado 3: desprotección, riesgo y violencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En sanidad, las administraciones impulsan el buen trato y la detección precoz en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, dentro del protocolo común del artículo 39.2, y garantizan atención universal y accesible, con salud mental integral reparadora.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 39 · Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes
Artículo 39. Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes. Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las profesiones sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento de las víctimas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
2. La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes apoyará y orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, y elaborará en el plazo de seis meses desde su constitución un protocolo común de actuación sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho protocolo establecerá los procedimientos de comunicación de las sospechas o evidencias de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia a los servicios sociales correspondientes, así como la colaboración con el Juzgado de Guardia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la entidad pública de protección a la infancia y el Ministerio Fiscal. Para la redacción del mencionado protocolo se procurará contar con la participación de otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
3. Asimismo, la citada Comisión emitirá un informe anual, que incluirá los datos disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será remitido al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de la infancia, y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en el artículo 21.2.
Datos clave
- ¿En qué plazo y por qué órgano se acuerda la creación de la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes? → En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, conforme al artículo 74 de la Ley 16/2003.
- ¿En qué plazo elabora la Comisión el protocolo común de actuación sanitaria? → En el plazo de seis meses desde su constitución.
- ¿A quién se remite el informe anual de la Comisión? → Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de la infancia; sus resultados se incluyen en el informe anual del artículo 21.2.
- Truco del 1 y el 6: 1 año para nacer (desde la ley), 6 meses para el protocolo (desde que nace).
- Cuatro destinatarios de la colaboración del protocolo: Juzgado de Guardia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidad pública de protección a la infancia y Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes en el Consejo Interterritorial del SNS. Dos plazos que caen seguro: un año para acordar su creación y seis meses desde su constitución para el protocolo común de actuación sanitaria.
Esquema
| Creación de la Comisión | Protocolo común de actuación sanitaria | |
|---|---|---|
| Plazo | Un año | Seis meses |
| Se cuenta desde | La entrada en vigor de la ley | La constitución de la Comisión |
| Quién actúa | El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud | La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes |
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 40 · Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de violencia
Artículo 40. Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de violencia.
1. Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a una persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deberán aplicar el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2, incluido al alta hospitalaria.
2. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de violencia quedarán incorporados en su historia clínica y su protección estará a lo dispuesto en el artículo 16.3 de esta ley.
Datos clave
- ¿Qué protocolo deben aplicar los centros y servicios sanitarios que atienden a un menor víctima de violencia? → El protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2, incluido al alta hospitalaria.
- ¿Dónde se incorporan los registros de la atención a menores víctimas de violencia? → En su historia clínica, con la protección prevista en el artículo 16.3 de la ley.
- Dos números en dos líneas: protocolo del 39.2 y protección de los registros del 16.3.
- No dice «centros hospitalarios»: dice todos los centros y servicios sanitarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Artículo corto y muy preguntable: todos los centros y servicios sanitarios que atiendan a un menor por cualquier tipo de violencia aplican el protocolo común del artículo 39.2, incluido al alta hospitalaria, y los registros van a su historia clínica.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 41 · Actuaciones por parte de los servicios sociales
Artículo 41. Actuaciones por parte de los servicios sociales.
1. El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar en su ámbito geográfico correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención.
2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad Pública de Protección a la infancia, cada comunidad autónoma determinará el procedimiento para que los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales de atención primaria, puedan adoptar las medidas oportunas de coordinación para garantizar la mejor protección de las personas menores de edad víctimas de violencia.
Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado previsto en el artículo 16, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan conocimiento de un caso de violencia en el que la persona menor de edad se encuentre además en situación de desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad Pública de Protección a la infancia.
3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Datos clave
- ¿Qué condición tiene el personal funcionario de servicios sociales en sus funciones de protección de menores? → La de agente de la autoridad.
- ¿Quién determina el procedimiento de actuación en las situaciones de urgencia de atención primaria? → Cada comunidad autónoma.
- Si se sospecha que la violencia la han ejercido los progenitores, ¿a quién se pone en conocimiento? → Al Ministerio Fiscal.
- Un apartado, una idea: 1 quién eres (agente de la autoridad), 2 a quién avisas (Entidad Pública), 3 a dónde llevas al menor (centro sanitario).
- El apartado 2 se remite expresamente al artículo 16 (deber de comunicación cualificado): son deberes que se suman, no que se sustituyen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios de servicios sociales que protegen a menores son agentes de la autoridad y pueden reclamar la colaboración de otros servicios públicos. Si a la violencia se suma desprotección, avisan de inmediato a la Entidad Pública; y si se sospecha de los propios padres, al Fiscal.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 42 · De los equipos de intervención
Artículo 42. De los equipos de intervención.
1. Las administraciones públicas competentes dotarán a los servicios sociales de atención primaria y especializada de profesionales y equipos de intervención familiar y con la infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.
2. Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Datos clave
- ¿Por qué profesionales se constituyen preferentemente los equipos de intervención? → De la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía.
- ¿En qué deben estar especialmente entrenados los profesionales y equipos de intervención? → En la detección precoz, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre menores de edad.
- Tres fijas y una condicional: educación social, psicología y trabajo social; la abogacía solo cuando sea necesario.
- Tres fases en orden: detección precoz, valoración e intervención.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obliga a dotar de equipos especializados tanto a la atención primaria como a la especializada, y fija de qué profesiones se componen preferentemente.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 43 · Plan de intervención
Artículo 43. Plan de intervención.
1. En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños, niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección. En caso necesario, los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención familiar individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos implicados.
2. La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre que sea posible, de forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de protección a la infancia y con aquellos equipos y profesionales de los ámbitos de la salud, la educación, la judicatura, o la seguridad existentes en el territorio que puedan aportar información sobre la situación de la persona menor de edad y su entorno familiar y social.
En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del acto violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del caso.
3. Corresponderá a los servicios sociales de atención primaria la recogida de la información sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participación de los y las profesionales correspondientes, el análisis interdisciplinar del caso, recabando siempre que sea necesario, el apoyo o intervención de la entidad pública de protección a la infancia, así como, en su caso, de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la comunidad autónoma correspondiente. Las actuaciones desarrolladas por los servicios sociales de atención primaria en el marco del plan de intervención sobre casos de riesgo o sospecha de maltrato infantil se notificarán a los servicios sociales especializados de protección de menores.
4. Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.
Datos clave
- ¿A quién se notifican las actuaciones desarrolladas por atención primaria en el marco del plan de intervención? → A los servicios sociales especializados de protección de menores.
- ¿Desde cuándo se requiere un profesional especializado en los casos de especial gravedad? → Desde la comunicación o detección del caso, especialmente en delitos de naturaleza sexual.
- ¿A quién corresponde la recogida de información sobre los posibles casos de violencia? → A los servicios sociales de atención primaria.
- Ojo al matiz de cada apartado: el apoyo a la familia es siempre; el plan individualizado, solo «en caso necesario»; la valoración interdisciplinar, «siempre que sea posible».
- El apartado 4 amplía el foco: delitos violentos y, en todo caso, sexuales, de trata o de violencia de género, con atención integral por servicios especializados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante riesgo o sospecha de violencia, la atención primaria apoya a la familia y, si hace falta, diseña un plan de intervención familiar individualizado. La valoración es interdisciplinar y lo actuado se notifica a los servicios sociales especializados.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 44 · Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores de edad
Artículo 44. Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores de edad.
1. Los servicios sociales de atención primaria deberán establecer, de conformidad con el procedimiento que se regule en cada comunidad autónoma, un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas puestas en marcha en relación con la intervención de dichos servicios sociales.
2. La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la entidad pública de protección a la infancia, será incorporada, con la desagregación establecida, en el Registro Unificado de Maltrato Infantil al que se refiere el artículo 22 ter de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y que pasa a denominarse Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (en adelante RUSSVI).
Datos clave
- ¿Qué significan las siglas RUSSVI? → Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia.
- ¿Qué registro pasa a denominarse RUSSVI y en qué precepto está? → El Registro Unificado de Maltrato Infantil del artículo 22 ter de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
- ¿Qué debe constar en el sistema de seguimiento y registro de atención primaria? → Las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las medidas puestas en marcha.
- RUSSVI: Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia. Las dos eses del medio son «Servicios Sociales».
- Tres cosas constan en el sistema de seguimiento: notificaciones y comunicaciones, casos confirmados y medidas puestas en marcha.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos niveles de registro: cada atención primaria lleva su sistema de seguimiento de casos, y la estadística sube al registro estatal, que cambia de nombre y pasa a llamarse RUSSVI.
Esquema
| Sistema de seguimiento y registro | RUSSVI | |
|---|---|---|
| Quién lo lleva | Los servicios sociales de atención primaria, según el procedimiento que regule cada comunidad autónoma | Registro estatal del artículo 22 ter de la LO 1/1996, antes Registro Unificado de Maltrato Infantil |
| Qué contiene | Notificaciones y comunicaciones recibidas, casos confirmados y medidas puestas en marcha | Información estadística de atención primaria y de la entidad pública de protección, con la desagregación establecida |
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 45 · Uso seguro y responsable de Internet
Artículo 45. Uso seguro y responsable de Internet.
1. Las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying , el grooming , la ciberviolencia de género o el sexting , así como el acceso y consumo de pornografía entre la población menor de edad.
Asimismo, fomentarán medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y apoyando el rol de los progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad un servicio específico de línea de ayuda sobre el uso seguro y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento ante situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en Internet.
3. Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet por la infancia y la adolescencia.
Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la adolescencia.
4. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.
Datos clave
- ¿Qué obligaciones de los progenitores se citan expresamente al fomentar el acompañamiento a las familias? → Las establecidas en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
- ¿A quién va dirigido el servicio específico de línea de ayuda sobre uso seguro de Internet? → A niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente con menores.
- Los cuatro anglicismos que se preguntan, en el orden del texto: ciberbullying, grooming, ciberviolencia de género y sexting.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mandato a las administraciones en materia de Internet: campañas de sensibilización con una lista de riesgos concretos, acompañamiento a las familias, una línea de ayuda específica y responsabilidad social de las empresas.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 46 · Diagnóstico y control de contenidos
Artículo 46. Diagnóstico y control de contenidos.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo asociadas, así como de las nuevas tendencias.
2. Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, para la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de contenidos, servicios y dispositivos.
Además, las administraciones públicas fomentarán la implementación y el uso de mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad del riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos, así como de los mecanismos de denuncia y bloqueo.
3. Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria códigos de autorregulación y corregulación para el uso seguro y responsable en el desarrollo de productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así como fomentar y reforzar la incorporación por parte de la industria de mecanismos de control parental de los contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad, en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el acceso a los reservados a adultos.
4. Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de los instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se advierta de la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas específicas. Así mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educación de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas tecnologías.
Datos clave
- ¿Con qué criterios deben realizarse los diagnósticos periódicos sobre el uso seguro de Internet? → Teniendo en cuenta criterios de edad y género.
- ¿Qué deben impulsar las administraciones en la industria para impedir el acceso de menores a contenidos de adultos? → Códigos de autorregulación y corregulación y protocolos de verificación de edad.
- ¿Qué debe advertir el aviso que se pretende que figure en los envases de los dispositivos? → La necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas específicas.
- Dos criterios en el diagnóstico, siempre juntos: edad y género.
- Autorregulación y corregulación van en pareja, igual que denuncia y bloqueo: si una pregunta cita solo una, sospecha.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cara técnica del uso de Internet: diagnósticos periódicos por edad y género, entornos digitales seguros con clasificación por edades y control parental, contenidos positivos y avisos en los envases de los dispositivos.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 47 · Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio
Artículo 47. Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos de actuación que recogerán las actuaciones para construir un entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia comprendidas en el ámbito deportivo y de ocio.
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas municipales.
Datos clave
- ¿Qué tres actuaciones debe recoger el protocolo del ámbito deportivo y de ocio? → La prevención, la detección precoz y la intervención frente a posibles situaciones de violencia.
- ¿En qué centros deben aplicarse en todo caso estos protocolos? → En la Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, las Federaciones Deportivas y las Escuelas municipales.
- Tres nombres propios que caen en el test: Red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas municipales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las administraciones deben regular protocolos de actuación frente a la violencia en el deporte y el ocio, y esos protocolos se aplican en todos los centros, sean públicos o privados.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 48 · Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual
Artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual.
1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad están obligadas a:
a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.
b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.
c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.
d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra circunstancia personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y discriminatorias.
e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su formación y desarrollo integral.
f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.
Datos clave
- ¿Qué figura deben designar las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con menores? → El Delegado o Delegada de protección.
- ¿Qué debe implantar la entidad para asegurar el cumplimiento de los protocolos? → Un sistema de monitorización.
- ¿Qué formación específica deben recibir quienes trabajen en estas entidades, además de la del artículo 5? → Formación para atender las aptitudes y capacidades de los menores con discapacidad y fomentar el deporte inclusivo.
- Las obligaciones de estas entidades son seis, de la a) a la f): aplicar los protocolos, implantar un sistema de monitorización, designar un Delegado o Delegada de protección, adoptar medidas contra la discriminación, fomentar la participación de los menores y reforzar la comunicación con las familias.
- La formación del apartado 2 se suma a la del artículo 5, no la sustituye: el texto dice «además de».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista de seis obligaciones para las entidades que hacen deporte u ocio con menores de forma habitual, con el Delegado de protección como figura estrella, más formación específica en discapacidad.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 49 · Unidades especializadas
Artículo 49. Unidades especializadas.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia y la adolescencia. Con tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia y preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos.
Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que en los procesos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.
2. Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas interoperables que faciliten la investigación de los delitos.
Datos clave
- ¿En qué momentos del recorrido profesional policial deben incluirse contenidos específicos sobre violencia contra la infancia? → En los procesos de ingreso, formación y actualización del personal.
- ¿Conforme a qué norma colaboran los distintos cuerpos policiales que actúan en un mismo territorio? → Conforme a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Ingreso, formación y actualización: tres momentos, no solo la academia de entrada.
- La remisión es a la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: la de siempre para la coordinación entre cuerpos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los tres niveles territoriales deben ser entornos seguros: unidades especializadas, contenidos específicos en ingreso y formación, colaboración entre cuerpos y herramientas tecnológicas interoperables.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 50 · Criterios de actuación
Artículo 50. Criterios de actuación.
1. La actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regirá por el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior.
2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán de conformidad con los protocolos de actuación policial con personas menores de edad, así como cualesquiera otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicas y locales contarán con los protocolos necesarios para la prevención, sensibilización, detección precoz, investigación e intervención en situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada intervención ante tales casos.
En todo caso, procederán conforme a los siguientes criterios:
a) Se adoptarán de forma inmediata todas las medidas provisionales de protección que resulten adecuadas a la situación de la persona menor de edad.
b) Solo se practicarán diligencias con intervención de la persona menor de edad que sean estrictamente necesarias. Por regla general la declaración del menor se realizará en una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente formados.
c) Se practicarán sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la intervención de la persona menor de edad, una vez comprobado que se encuentra en disposición de someterse a dichas intervenciones.
d) Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente.
e) Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta.
f) Se informará sin demora al niño, niña o adolescente de su derecho a la asistencia jurídica gratuita y, si así lo desea, se requerirá al Colegio de Abogados competente la designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su personación en dependencias policiales.
g) Se dispensará un buen trato al niño, niña o adolescente, con adaptación del lenguaje y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales.
h) Se procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en compañía de una persona de su confianza designada libremente por él o ella misma en un entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona podría actuar en contra de su interés superior, de lo cual deberá dejarse constancia mediante declaración oficial.
Datos clave
- ¿Cuántas veces declara, por regla general, el menor y ante quién? → En una sola ocasión y siempre a través de profesionales específicamente formados.
- ¿Qué se requiere al Colegio de Abogados competente si el menor lo desea? → La designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su personación en dependencias policiales.
- ¿Qué hay que hacer si se aprecia que la persona de confianza podría actuar contra el interés superior del menor? → Dejar constancia de ello mediante declaración oficial.
- Son ocho letras, de la a) a la h). Recuerda el bloque central b) c) d): una sola declaración, sin dilación y sin contacto con el investigado.
- El menor puede denunciar solo (letra e) y, si quiere, con abogado del turno de oficio específico (letra f): son dos derechos distintos, no uno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocho criterios que dirigen la actuación policial con menores víctimas de violencia: protección inmediata, declaración única, nada de contacto con el investigado, denuncia por sí mismos, abogado de oficio y buen trato.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 51 · Embajadas y Consulados
Artículo 51. Embajadas y Consulados.
1. Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de España en el exterior, de acuerdo con lo establecido en artículo 5 h) del Convenio de Relaciones Consulares de Viena y demás normativa internacional en este ámbito, la protección de los intereses de los menores de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero. Dicha protección se guiará por los principios generales recogidas en la misma.
2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, coordinará con la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 o con la Unidad que se determine, las actuaciones de los menores españoles en el exterior, especialmente en los casos en los que se prevea el retorno a España de los mismos.
Datos clave
- ¿A quién corresponde la protección de los intereses de los menores españoles en el extranjero? → A las Embajadas y Oficinas Consulares de España en el exterior.
- ¿Qué dos direcciones generales coordinan las actuaciones sobre menores españoles en el exterior? → La Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior y la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.
- ¿En qué casos se refuerza especialmente esa coordinación? → En aquellos en los que se prevea el retorno a España de los menores.
- Cada ministerio con su dirección general: Exteriores lleva «Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior»; Derechos Sociales lleva «Derechos de la Infancia y de la Adolescencia».
- El dato numérico del artículo es el 5 h) del Convenio de Viena: si una pregunta pone otra letra, falla.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fuera de España, a los menores españoles los protegen las Embajadas y Oficinas Consulares, y dos direcciones generales de distintos ministerios se coordinan sobre todo cuando se prevé el retorno a España.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 52 · De la Agencia Española de Protección de Datos
Artículo 52. De la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades que le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de garantizar una protección específica de los datos personales de las personas menores de edad en los casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
2. La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales.
3. Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta, siempre que el funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.
4. Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales.
5. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa que se impute a las personas menores de edad.
Datos clave
- ¿A partir de qué edad puede una persona ser sancionada por infracción administrativa en materia de protección de datos? → A partir de los catorce años.
- ¿Quiénes responden solidariamente de la multa impuesta a un menor de dieciocho años y en qué orden? → Sus progenitores, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden.
- ¿Qué requisito añade el artículo 52 para que el menor denuncie por sí mismo? → Que el funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.
- Dos edades, dos efectos: 14 para poder ser sancionado, 18 como techo de la responsabilidad solidaria de los adultos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Agencia Española de Protección de Datos protege los datos de los menores víctimas de violencia, habilita un canal de denuncia y aplica dos edades clave: a partir de 14 se puede sancionar y hasta los 18 responden solidariamente los adultos responsables.
Esquema
| Persona mayor de catorce años | Persona menor de dieciocho años | |
|---|---|---|
| Efecto | Puede ser sancionada por hechos constitutivos de infracción administrativa conforme a la normativa de protección de datos | Responden solidariamente con ella de la multa impuesta progenitores, tutores, acogedores y guardadores |
| Razón que da el texto | Se le reconoce capacidad para responder de la infracción | Incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción |
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 53 · Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad
Artículo 53. Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad.
1. Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación.
Entre otros aspectos, los protocolos:
a) Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.
b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán susceptibles de ser recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas.
c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las normas de convivencia y el régimen disciplinario que rige en el centro, así como información sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.
d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y reputación.
e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar.
2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo señalado en capítulo IV del título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en el artículo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros específicos de protección de menores con problemas de conducta.
Datos clave
- ¿Ante quién pueden los menores remitir quejas de forma confidencial? → Ante el Ministerio Fiscal, la autoridad judicial competente y el Defensor del Pueblo o las instituciones autonómicas homólogas.
- ¿Qué debe facilitar el centro al menor en el momento del ingreso? → Por escrito y en idioma y formato comprensibles: las normas de convivencia, el régimen disciplinario y los mecanismos de queja y comunicación.
- ¿Quién establece los protocolos de actuación de los centros de protección de menores? → La Entidad Pública de Protección a la infancia.
- Son cinco letras, de la a) a la e): procedimiento, quejas, información al ingreso, acoso discriminatorio y digital, y traslado.
- Dos remisiones numéricas que caen: capítulo IV del título II de la LO 1/1996 y artículo 778 bis de la LEC.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los centros de protección de menores son entornos seguros y aplican los protocolos de la Entidad Pública, con cinco contenidos mínimos: procedimiento, quejas seguras, información al ingreso, acoso discriminatorio y traslado a otro centro.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 54 · Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protecció
Artículo 54. Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protección.
Los protocolos a los que se refiere el artículo anterior deberán contener actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas actuaciones la perspectiva de género, así como las medidas necesarias de coordinación con el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales implicados.
Datos clave
- ¿Qué perspectiva debe tenerse muy especialmente en cuenta al elaborar estas actuaciones? → La perspectiva de género.
- ¿Con quién deben coordinarse las actuaciones frente a la explotación sexual y la trata en centros? → Con el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales implicados.
- Tres conductas en el orden del texto: abuso, explotación sexual y trata de seres humanos.
- Tres interlocutores para la coordinación: Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y resto de agentes sociales implicados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los protocolos del artículo 53 deben incluir además actuaciones específicas contra el abuso, la explotación sexual y la trata cuando las víctimas son menores tutelados que viven en centros residenciales.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 55 · Supervisión por parte del Ministerio Fiscal
Artículo 55. Supervisión por parte del Ministerio Fiscal.
1. El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de los centros de protección de personas menores de edad para supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, niñas y adolescentes que así lo soliciten.
2. Las entidades públicas de protección a la infancia mantendrán comunicación de carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante la estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de mantener el mismo.
Datos clave
- ¿Con qué finalidad visita el Ministerio Fiscal los centros de protección de menores? → Para supervisar el cumplimiento de los protocolos, seguir los mecanismos de comunicación de situaciones de violencia y escuchar a los menores que lo soliciten.
- ¿Qué tipo de comunicación mantienen las entidades públicas de protección con el Ministerio Fiscal? → Una comunicación de carácter permanente.
- Tres cosas hace el Fiscal en la visita: supervisa protocolos, sigue los mecanismos de comunicación y escucha a quien lo pida.
- Periódica la visita, permanente la comunicación: dos adjetivos distintos para dos apartados distintos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Fiscal visita periódicamente los centros de protección para comprobar los protocolos y escuchar a los menores que lo pidan, y la entidad pública mantiene con él comunicación permanente sobre lo que ocurra durante la estancia.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 56 · Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia
Artículo 56. Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia.
1. Con la finalidad de compartir información que permita el conocimiento uniforme de la situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, el Gobierno establecerá, mediante real decreto la creación del Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, así como la información concreta y el procedimiento a través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el RUSSVI y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos al registro.
El real decreto señalará la información que debe notificarse anonimizada al Registro que, como mínimo, comprenderá los siguientes aspectos:
a) Con respecto a las víctimas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y, en su caso, discapacidad.
b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la víctima.
c) Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
d) Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.
2. El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia quedará adscrito orgánicamente al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia.
3. Con los datos obtenidos por el Registro se publicará anualmente un informe de la situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dará la mayor publicidad posible.
Datos clave
- ¿Mediante qué norma se crea el Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia? → Mediante real decreto del Gobierno.
- ¿Qué datos se recogen como mínimo respecto de las personas agresoras? → Edad, sexo y relación con la víctima.
- ¿A qué departamento queda adscrito orgánicamente el Registro Central? → Al departamento ministerial que tenga atribuidas las competencias en políticas de infancia.
- ¿Con qué periodicidad se publica el informe elaborado con los datos del Registro? → Anualmente, y se le dará la mayor publicidad posible.
- No lo confundas con el RUSSVI: el RUSSVI es uno de los que alimentan este Registro Central, según la letra del apartado 1.
- Son cuatro letras, de la a) a la d): víctima, agresor, policía y justicia, medidas.
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Se crea por real decreto un Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia, con datos anonimizados de víctimas, agresores, policía y justicia, adscrito al ministerio de infancia y con informe anual.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 57 · Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menor
Artículo 57. Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.
1. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales
2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad.
3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
Datos clave
- ¿Qué documento acredita el cumplimiento del requisito para trabajar con menores? → Una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
- ¿Qué títulos del Código Penal se citan como delitos impeditivos? → El título VIII (delitos contra la libertad e indemnidad sexuales) y el título VII bis (trata de seres humanos).
- ¿Cómo define la ley el contacto habitual con personas menores de edad? → El trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional, retribuido o no, y en todo caso el de actividades cuyos destinatarios principales sean menores.
- Dos títulos del Código Penal que caen juntos: VIII (libertad e indemnidad sexuales) y VII bis (trata de seres humanos).
- Los tres adjetivos de la definición: repetido, directo y regular. Si el trato es ocasional, no entra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para trabajar o hacer actividades con menores de forma habitual hace falta no tener condena firme por delitos sexuales ni de trata, y se acredita con la certificación negativa del registro. A las empresas se les prohíbe dar ocupación a quien tenga antecedentes.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 58
Artículo 58. Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la Seguridad Social.
1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores conllevará la imposibilidad legal de contratación.
2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el cese inmediato de la relación laboral por cuenta ajena o de las prácticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de edad.
De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento, deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto 1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
Datos clave
- ¿Qué efecto tienen los antecedentes existentes al inicio de la actividad? → La imposibilidad legal de contratación.
- ¿Cómo se califica la omisión del deber de comunicar al empleador un cambio en el Registro? → Como incumplimiento grave y culpable a los efectos del artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.
- ¿Qué norma regula las prácticas no laborales a las que se extiende esta obligación? → El Real Decreto 1543/2011, de 31 de diciembre.
- Al inicio, no se puede contratar; sobrevenido, cese inmediato con posible cambio de puesto. Antes, nada; después, quizá algo.
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Efectos laborales de los antecedentes: si existen al inicio, no se puede contratar; si aparecen después, cese inmediato, aunque cabe cambiar de puesto. El trabajador está obligado a comunicarlo y callarse es causa de despido disciplinario.
Esquema
| Al inicio de la actividad | Sobrevenidos | |
|---|---|---|
| Consecuencia | Imposibilidad legal de contratación | Cese inmediato de la relación laboral por cuenta ajena o de las prácticas no laborales |
| Alternativa | Ninguna: no cabe la contratación | La empresa podrá cambiar de puesto si es posible y la nueva ocupación impide el contacto habitual con menores |
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 59 · Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que realicen actividades en régimen de volunt
Artículo 59. Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que realicen actividades en régimen de voluntariado.
1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el fin inmediato de la participación de la persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podrá efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el contacto habitual con personas menores de edad.
3. Las comunidades autónomas establecerán mediante norma con rango de ley el régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 57.1.
Datos clave
- ¿Qué debe hacer la entidad de voluntariado si al inicio de la actividad constan antecedentes en el Registro? → Prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria.
- ¿Quién y con qué rango normativo establece el régimen sancionador por incumplir el artículo 57.1? → Las comunidades autónomas, mediante norma con rango de ley.
- Dato fino del apartado 3: régimen sancionador autonómico, por norma con rango de ley, y referido al artículo 57.1.
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Lo mismo que el artículo anterior, pero para el voluntariado: antecedentes al inicio obligan a prescindir del voluntario, los sobrevenidos ponen fin a su participación con posible cambio de actividad, y las comunidades autónomas fijan por ley el régimen sancionador.
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LO 8/2021 Protección de la infancia · Art. 60 · Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos
Artículo 60. Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
1. Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomarán en consideración a los efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.
2. Instada por la persona interesada la cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo máximo de tres meses sin que por la Administración se haya dictado resolución, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicación a estos supuestos lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e interior.
Datos clave
- ¿Qué plazo máximo hay para resolver la cancelación de antecedentes y qué ocurre si transcurre? → Tres meses; transcurridos sin resolución, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo.
- ¿Qué precepto se declara inaplicable a estos supuestos? → El artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre.
- Dos datos y ya está: tres meses y silencio desestimatorio. Si una pregunta dice «estimada por silencio», es falsa.
- Cancelado equivale a inexistente a estos efectos: el antecedente cancelado no limita el acceso ni el ejercicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los antecedentes cancelados no cuentan para limitar el acceso a profesiones con menores, y si se pide la cancelación y pasan tres meses sin resolver, se entiende desestimada por silencio.