Tema 23 — Igualdad, violencia de género, dependencia e igualdad trans y LGTBI

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es la norma de referencia en materia de igualdad de género en España. Responde al mandato constitucional del artículo 9.2 CE, que encomienda a los poderes públicos la remoción de los obstáculos que impidan la igualdad real y efectiva entre los individuos.

La ley define conceptos clave como el principio de igualdad de trato —que exige que las personas sean tratadas de manera igual sin discriminación por razón de sexo— y el principio de igualdad de oportunidades, que va más allá y exige medidas activas para corregir las desigualdades estructurales existentes. Distingue además entre discriminación directa, discriminación indirecta y acoso sexual o por razón de sexo.

Entre sus medidas más relevantes figuran: la representación equilibrada en órganos colegiados y órganos de selección de la Administración Pública (mínimo 40 % de cada sexo), los planes de igualdad en las empresas, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, y la creación de organismos como el Instituto de la Mujer o las Unidades de Igualdad en los departamentos ministeriales.

Datos clave

• LO 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Distingue discriminación directa, indirecta y acoso sexual/por razón de sexo.
• Representación equilibrada: mínimo 40 % de cada sexo en órganos colegiados.
• Obliga a planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores.
• Crea las Unidades de Igualdad en todos los ministerios.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es la norma fundamental en la materia. Define la violencia de género como aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

La ley establece medidas de sensibilización y prevención, medidas en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación. Crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que tienen jurisdicción civil y penal para conocer de los delitos relacionados con la violencia de género y de los asuntos civiles conexos como custodia, alimentos o régimen de visitas.

En el ámbito penal, la ley introdujo tipos agravados para determinadas conductas cuando se ejercen sobre la pareja o expareja mujer, y prevé medidas judiciales de protección como la orden de protección, que puede incluir medidas penales (alejamiento, comunicación) y civiles en un único procedimiento urgente. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género coordina las políticas públicas en la materia.

Datos clave

• LO 1/2004, de 28 de diciembre, de violencia de género.
• Sujeto pasivo: mujer que sea o haya sido pareja del agresor.
• Crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (jurisdicción civil y penal).
• Orden de protección: medidas penales y civiles en procedimiento único urgente.
• Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: órgano coordinador.

La orden de protección es una de las herramientas más importantes previstas en la LO 1/2004. Puede ser solicitada por la víctima, sus representantes legales, el Ministerio Fiscal, o incluso adoptada de oficio por el juez. Una vez recibida la solicitud, el juez debe convocar a una audiencia urgente en el plazo de setenta y dos horas en la que participan la víctima, el agresor y el Ministerio Fiscal.

Si el juez aprecia la existencia de indicios de la comisión de un delito o falta de violencia doméstica y una situación objetiva de riesgo para la víctima, dictará la orden de protección, que tiene una doble dimensión. La dimensión penal comprende medidas cautelares como la prohibición de aproximación a la víctima o a su domicilio, la prohibición de comunicación y, si procede, la prisión provisional. La dimensión civil comprende medidas de atribución del uso del domicilio, custodia de hijos y prestación de alimentos.

La orden de protección es comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, lo que permite su seguimiento y el control del cumplimiento de las medidas. Las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) apoyan a los juzgados en la evaluación del riesgo.

Datos clave

• Audiencia urgente: dentro de 72 horas desde la solicitud.
• Doble dimensión: medidas penales (alejamiento) y civiles (custodia, alimentos).
• Registro Central para la Protección de Víctimas: control del cumplimiento.
• Pueden solicitarla: la víctima, representante legal, Fiscal o juez de oficio.
• Las UVFI apoyan la evaluación forense del riesgo.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia —conocida como Ley de Dependencia— creó el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), configurado como una red de utilización pública que integra todas las prestaciones y servicios de atención a personas dependientes.

La ley define la dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras personas o apoyos importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. El grado de dependencia se determina mediante una valoración realizada por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma.

La ley establece tres grados de dependencia. El Grado I o Dependencia Moderada corresponde a quien necesita ayuda para realizar varias actividades básicas al menos una vez al día. El Grado II o Dependencia Severa se aplica a quien necesita ayuda dos o tres veces al día. El Grado III o Gran Dependencia corresponde a quien necesita ayuda varias veces al día o de forma continuada y cuya autonomía mental está muy limitada.

Datos clave

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre (Ley de Dependencia).
• Crea el SAAD: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
• Grado I: Dependencia Moderada; Grado II: Dependencia Severa; Grado III: Gran Dependencia.
• Valoración a cargo de los servicios sociales de la comunidad autónoma.
• Financiación compartida: Estado, CCAA y beneficiarios (copago).

El catálogo de servicios del SAAD comprende: los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal; el servicio de teleasistencia; el servicio de ayuda a domicilio, que incluye atención personal y del hogar; el servicio de centro de día y de noche; y el servicio de atención residencial.

Además de los servicios, la ley prevé tres tipos de prestaciones económicas: la prestación económica vinculada al servicio, que se otorga cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado; la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que retribuye a los cuidadores no profesionales (habitualmente familiares directos) cuando así lo aconseja la situación de la persona dependiente; y la prestación económica de asistencia personal, que financia la contratación de un asistente personal para facilitar al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo.

El acceso a las prestaciones exige la previa resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, la determinación del grado y la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), que es el documento que concreta los servicios y prestaciones más adecuados para cada persona teniendo en cuenta la capacidad económica del solicitante.

Datos clave

• Servicios principales: teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, residencias.
• Prestación económica vinculada: para acceder a servicio privado cuando no hay plaza pública.
• Prestación para cuidados en entorno familiar: retribuye al cuidador informal.
• Prestación de asistencia personal: para acceso a educación y empleo.
• PIA (Programa Individual de Atención): plan personalizado de servicios y prestaciones.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, constituye una legislación de carácter integral que aborda tanto la protección frente a la discriminación como el reconocimiento positivo de derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.

En materia de reconocimiento de identidad de género, la ley introduce el principio de autodeterminación de género, lo que significa que cualquier persona mayor de dieciséis años puede solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y del nombre ante el Registro Civil sin necesidad de diagnóstico médico, tratamiento hormonal ni intervención quirúrgica. Para menores entre catorce y dieciséis años se requiere asistencia paterna o materna o representación legal, y para los de doce y trece años, aprobación judicial.

La ley también prohíbe expresamente las denominadas terapias de conversión, establece un régimen de infracciones y sanciones para las conductas discriminatorias por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y crea el Consejo Interministerial LGTBI como órgano colegiado de coordinación de las políticas públicas en la materia.

Datos clave

• Ley 4/2023, de 28 de febrero, de igualdad real de personas trans y LGTBI.
• Rectificación registral del sexo: autodeterminación desde los 16 años, sin diagnosis médica.
• Entre 14 y 16 años: con asistencia parental; entre 12 y 13 años: aprobación judicial.
• Prohíbe expresamente las terapias de conversión.
• Crea el Consejo Interministerial LGTBI como órgano de coordinación.

El ordenamiento jurídico español prohíbe la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género y expresión de género en múltiples ámbitos. Esta protección se asienta en el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad y no discriminación, y se desarrolla a través de las leyes sectoriales mencionadas.

En el ámbito laboral, la LO 3/2007 prohíbe cualquier discriminación en el acceso al empleo, la formación profesional, la promoción y las condiciones de trabajo. La Ley 4/2023 extiende estas prohibiciones a la orientación sexual e identidad de género, estableciendo además la obligación de adoptar protocolos de actuación ante situaciones de acoso o discriminación en empresas y Administraciones Públicas.

El régimen sancionador de la Ley 4/2023 clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que pueden ascender hasta los ciento cincuenta mil euros en los supuestos más graves, y prevé sanciones accesorias como la inhabilitación para contratar con la Administración Pública. La acción para exigir la responsabilidad prescribe a plazos variables en función de la gravedad de la infracción.

Datos clave

• Art. 14 CE: igualdad y no discriminación, base constitucional.
• LO 3/2007 prohíbe discriminación laboral por razón de sexo.
• Ley 4/2023 prohíbe discriminación por orientación sexual e identidad de género.
• Régimen sancionador: infracciones leves, graves y muy graves.
• Multa máxima por infracción muy grave: hasta 150.000 euros.