Tema 22 — El Estatuto de la víctima del delito

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, constituye el texto normativo central que regula los derechos de las víctimas en España. Su aprobación supuso la transposición de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos en toda la Unión Europea.

La ley nació de la constatación de que el sistema procesal penal español había evolucionado históricamente atendiendo principalmente a las garantías del imputado, relegando a la víctima a un papel secundario como mera testigo o denunciante. El Estatuto pretende reequilibrar esta situación reconociendo a las víctimas como sujetos de derechos propios con independencia de que ejerciten o no la acción penal.

El Estatuto se aplica a todas las personas que hayan sufrido un daño o perjuicio, físico o psíquico, daño emocional o daño económico, causado directamente por la comisión de un delito. Se estructura en derechos reconocidos a todas las víctimas desde el primer contacto con las autoridades y a lo largo de todo el proceso penal.

Datos clave

• Ley 4/2015: Estatuto de la víctima del delito.
• Transpone la Directiva 2012/29/UE.
• Ámbito: todas las víctimas de delitos con daño físico, psíquico, emocional o económico.
• Se aplica desde el primer contacto con las autoridades.
• Reconoce derechos independientemente del ejercicio de la acción penal.

La Ley 4/2015 distingue dos categorías de víctimas. La víctima directa es toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos, directamente causados por la comisión de un delito. Esta categoría incluye siempre a personas físicas; las personas jurídicas quedan excluidas del ámbito de la ley.

La víctima indirecta comprende, en los supuestos en que el delito haya causado la muerte o desaparecido a la víctima directa, al cónyuge no separado legalmente o de hecho, o a la persona que hubiera mantenido con ella una relación de afectividad análoga al matrimonio; a los hijos y ascendientes directos; y, en ausencia de los anteriores, a otros parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado.

La distinción entre víctima directa e indirecta tiene relevancia práctica en cuanto al orden de reconocimiento de derechos: los parientes de la víctima fallecida acceden a los derechos del Estatuto como víctimas indirectas, con algunas particularidades en relación con la información sobre el proceso y las medidas de protección.

Datos clave

• Víctima directa: persona física con daño directo derivado del delito.
• Víctima indirecta: familiares cuando el delito provoca muerte o desaparición.
• Familiares incluidos: cónyuge, pareja de hecho, hijos, ascendientes y parientes hasta 3er grado.
• Las personas jurídicas NO son víctimas a efectos de esta ley.
• Diferencia relevante para la titularidad de ciertos derechos informativos.

El Estatuto reconoce a toda víctima un conjunto de derechos básicos de carácter general, aplicables desde el momento en que toma contacto con las autoridades. El primero es el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación, lo que implica que todas las comunicaciones con la víctima deben realizarse en un lenguaje claro, sencillo y accesible, adaptado a sus características personales como la edad, madurez o posible discapacidad.

Entre los derechos básicos se encuentran también el derecho a recibir asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, el derecho a protección frente a represalias y revictimización, el derecho a ser reconocida como tal y a que su situación personal sea tratada con respeto, y el derecho a acceder a servicios de justicia restaurativa cuando ello sea adecuado al caso.

La ley establece, asimismo, el reconocimiento expreso del principio de no discriminación, que garantiza que los derechos del Estatuto se reconocen sin distinción alguna por razón de raza, etnia, origen nacional o social, sexo, orientación sexual, discapacidad, idioma u otras circunstancias personales.

Datos clave

• Derecho a entender y ser entendida en lenguaje claro.
• Derecho a asistencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
• Derecho a protección frente a represalias y revictimización.
• Principio de no discriminación aplicable a todos los derechos.
• Derecho de acceso a servicios de justicia restaurativa.

La Ley 4/2015 dedica especial atención a los derechos de información, considerando que las víctimas solo pueden ejercitar sus derechos si disponen de información adecuada y oportuna. Desde el primer contacto con la policía, la víctima tiene derecho a recibir información sobre los servicios de asistencia y apoyo disponibles, el procedimiento para denunciar y su propio papel en él, y la posibilidad de solicitar medidas de protección.

A lo largo del proceso penal, la víctima tiene derecho a ser informada del estado de las diligencias, de las resoluciones judiciales más relevantes y en especial de aquellas que afecten a su seguridad como la puesta en libertad del investigado o la adopción o levantamiento de medidas cautelares. Esta información puede solicitarse incluso cuando la víctima no haya ejercitado la acción penal como acusación particular.

Cuando la víctima lo solicite, se le notificará la sentencia que recaiga, incluida en su caso la absolutoria, y las resoluciones sobre recursos. Igualmente se comunicará la resolución por la que se acuerde la libertad condicional del penado, o su fuga del establecimiento penitenciario.

Datos clave

• Derecho a información desde el primer contacto con la policía.
• Incluye información sobre servicios, procedimiento y medidas de protección.
• Derecho a conocer resoluciones que afecten a su seguridad.
• Se notifica la puesta en libertad del investigado o condenado.
• Este derecho se ejerce aunque la víctima no sea parte en el proceso.

El Estatuto reconoce a las víctimas el derecho a participar activamente en el proceso penal, más allá de su mera condición de testigos o denunciantes. Este derecho incluye la posibilidad de solicitar el reexamen de la decisión de no acusar cuando el Ministerio Fiscal decida no ejercitar la acción penal, lo que supone un mecanismo de control sobre la decisión fiscal de archivo.

Las víctimas que se hayan personado en el proceso como acusación particular tienen los derechos procesales plenos propios de esa condición: proponer pruebas, participar en el juicio oral, formular preguntas a testigos y peritos, e interponer recursos. No obstante, el Estatuto también reconoce derechos de participación mínimos a las víctimas que no se hayan personado.

La ley prevé la posibilidad de que las víctimas especialmente vulnerables puedan acogerse a medidas especiales en la práctica de la prueba, como la prestación de declaración en dependencias especialmente diseñadas, evitando el contacto visual con el acusado o usando sistemas de videoconferencia. Estas medidas buscan prevenir la denominada victimización secundaria.

Datos clave

• Las víctimas pueden solicitar reexamen de la decisión de no acusar.
• Acusación particular: derechos procesales plenos.
• Víctimas no personadas también tienen derechos de participación mínimos.
• Medidas especiales de prueba para víctimas vulnerables.
• Se evita la victimización secundaria mediante entornos adecuados.

Los derechos de protección constituyen uno de los pilares fundamentales del Estatuto. La ley ordena que se realice una valoración individual de cada víctima con el fin de determinar sus necesidades especiales de protección y las medidas que deban adoptarse. Esta valoración toma en cuenta las características personales de la víctima, el tipo de delito y la naturaleza de los daños.

A partir de esta valoración individualizada, pueden adoptarse medidas de protección durante el proceso penal que incluyen: que la declaración de la víctima sea recibida por personal especializado o en condiciones que protejan a la víctima de las consecuencias de prestar declaración en público; la posibilidad de que se impida o restrinja la presencia del imputado durante la práctica de la prueba; o que la declaración se lleve a cabo mediante el empleo de tecnologías de la comunicación.

El Estatuto también contempla medidas específicas para colectivos especialmente vulnerables, como los menores de edad víctimas de delitos contra la libertad o indemnidad sexual, los testigos o víctimas de trata de seres humanos, o quienes hayan sufrido violencia doméstica. En todos estos supuestos se intensifican las medidas de protección y se adapta el procedimiento para minimizar los daños adicionales.

Datos clave

• Valoración individual de necesidades especiales de cada víctima.
• Medidas de protección durante la declaración y el proceso.
• Posible restricción de presencia del imputado en práctica de prueba.
• Protección reforzada para menores, víctimas de trata y violencia doméstica.
• Objetivo: evitar la victimización secundaria o reiterada.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV) son el servicio público especializado encargado de facilitar información, apoyo y asistencia a las víctimas de delitos. Dependen del Ministerio de Justicia y existen en las distintas capitales de provincia y en otras ciudades con actividad jurisdiccional relevante. Están integradas por personal especializado en psicología, trabajo social y asesoramiento jurídico.

Sus funciones principales comprenden proporcionar información sobre los derechos reconocidos en el Estatuto y sobre el funcionamiento del proceso penal; prestar asistencia psicológica y apoyo emocional a las víctimas y a sus familiares; orientar sobre los recursos sociales disponibles; y colaborar con los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en la evaluación de las necesidades de protección de la víctima.

El servicio de las OAV es gratuito y puede ser solicitado desde el primer momento, incluso antes de presentar denuncia. Su actuación es confidencial y respetuosa con la dignidad y autonomía de la víctima. Además de las OAV estatales, las comunidades autónomas tienen competencia para establecer servicios equivalentes, que en muchos casos complementan o amplían la red asistencial.

Datos clave

• Las OAV dependen del Ministerio de Justicia.
• Personal especializado: psicólogos, trabajadores sociales, asesores jurídicos.
• Servicio gratuito y confidencial.
• Actúan desde el primer contacto, incluso antes de la denuncia.
• Las CCAA pueden ampliar la red con servicios propios equivalentes.