Tema 21 — El proceso penal. La detención. El habeas corpus. La Policía Judicial

El proceso penal es el instrumento jurídico a través del cual el Estado ejercita el ius puniendi, es decir, la potestad de castigar las conductas tipificadas como delito. Su regulación fundamental en España se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), promulgada en 1882 y objeto de numerosas reformas, que sigue siendo la norma procesal penal de referencia.

El proceso penal cumple una doble función: de un lado, permite investigar y sancionar las conductas delictivas; de otro, garantiza los derechos fundamentales del investigado y del acusado frente al poder punitivo del Estado. Esta tensión entre eficacia persecutoria y garantías individuales vertebra todo el sistema procesal penal.

La titularidad de la acción penal en España recae, con carácter general, en el Ministerio Fiscal, aunque el sistema admite también la acusación particular de los ofendidos por el delito y, de forma casi única en el derecho comparado, la acusación popular por cualquier ciudadano español.

Datos clave

• La LECrim data de 1882 y es la norma básica del proceso penal.
• El Ministerio Fiscal ejerce la acción penal de oficio.
• Se admite acusación particular (ofendido) y acción popular (cualquier ciudadano).
• El juicio oral es la fase estelar del proceso penal.
• La presunción de inocencia rige hasta sentencia firme condenatoria.

El proceso penal ordinario se articula en tres grandes fases. La primera es la fase de instrucción o investigación, en la que el juez instructor dirige las diligencias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y asegurar sus personas y el cuerpo del delito. Esta fase culmina con el auto de apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La segunda fase es la intermedia o de preparación del juicio oral, en la que las partes presentan sus escritos de acusación y defensa, proponen las pruebas que desean practicar y el órgano enjuiciador decide sobre la admisión de las mismas. Esta fase garantiza que ninguna parte sea sorprendida en el juicio.

La tercera fase es el juicio oral propiamente dicho, presidido por el principio de publicidad, inmediación, concentración y contradicción. Concluye con la sentencia, que debe ser congruente con las acusaciones formuladas. Contra la sentencia caben los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley.

Junto al proceso ordinario por delitos graves, la LECrim regula procedimientos especiales como el procedimiento abreviado (delitos castigados con pena no superior a nueve años de prisión), el juicio rápido para delitos flagrantes o de sencilla instrucción, y el proceso por aceptación de decreto.

Datos clave

• Fases: instrucción → intermedia → juicio oral.
• Procedimiento ordinario: delitos con pena superior a 9 años de prisión.
• Procedimiento abreviado: pena no superior a 9 años (art. 757 LECrim).
• Juicio rápido: delitos flagrantes o de instrucción sencilla.
• Sentencia debe ser congruente con el escrito de acusación.

La detención es una medida cautelar personal consistente en la privación provisional de libertad de una persona, adoptada en los primeros momentos de la investigación cuando concurren indicios de participación en un hecho delictivo. Se diferencia de la prisión provisional en que esta última requiere resolución judicial motivada, mientras que la detención puede ser practicada por la autoridad o sus agentes sin tal resolución en los supuestos previstos en la ley.

La LECrim establece los supuestos en que cualquier persona puede detener a otra: cuando intentare cometer un delito, en el momento de cometerlo, o cuando sea sorprendida en flagrante delito. La autoridad o agente de policía tiene además la obligación de detener a quien haya participado en la ejecución de hechos delictivos cuando existan motivos racionalmente bastantes para creerlo culpable.

También pueden ser detenidos quienes estuvieran en rebeldía, los procesados o condenados que se hubieran fugado del establecimiento en que estuviesen recluidos, y quienes incumplan las condiciones impuestas al acordarse su libertad provisional. La detención en todo caso debe ser proporcional a la gravedad del hecho y a la necesidad de la medida.

El artículo 17 de la Constitución Española consagra el derecho a la libertad y a la seguridad, prohibiendo la privación de libertad arbitraria y estableciendo que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario.

Datos clave

• Art. 17 CE: derecho a la libertad y seguridad.
• Detención sin orden judicial en supuestos de flagrancia o indicios racionales.
• Puede detener cualquier particular en caso de flagrante delito.
• La autoridad policial tiene obligación de detener ante indicios de participación.
• Principio de proporcionalidad rige toda privación de libertad.

La Constitución Española fija en su artículo 17.2 el plazo máximo de detención preventiva en setenta y dos horas, transcurridas las cuales la persona detenida debe ser puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Este plazo es absoluto e improrrogable por la propia policía, y su incumplimiento constituiría una detención ilegal con consecuencias penales y administrativas para los responsables.

El cómputo del plazo se inicia desde el momento de la privación efectiva de libertad, con independencia de la hora o del día en que se produzca. La norma constitucional y la legislación de desarrollo exigen que la entrega al juez o la puesta en libertad se realice dentro de ese límite máximo.

Excepcionalmente, en supuestos relacionados con la investigación de bandas armadas o elementos terroristas, la LECrim —con habilitación constitucional del artículo 55.2 CE— permite que el juez, a solicitud policial, prorrogue la detención por un período adicional de cuarenta y ocho horas. Esto significa que en tales supuestos el plazo máximo puede llegar a ciento veinte horas, siempre bajo control judicial.

Transcurrido el plazo, el detenido debe quedar a disposición del juez competente, quien decidirá sobre su situación mediante las medidas cautelares que procedan o acordará su libertad.

Datos clave

• Art. 17.2 CE: plazo máximo general de detención = 72 horas.
• Transcurridas 72 h: puesta en libertad o entrega al juez.
• En materia de terrorismo el juez puede ampliar 48 h más (total: hasta 120 h).
• El plazo se computa desde la privación efectiva de libertad.
• Incumplimiento del plazo = detención ilegal.

El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula de forma detallada los derechos que asisten a toda persona detenida o presa. Estos derechos constituyen el núcleo de garantías mínimas que el Estado debe respetar y que la policía está obligada a comunicar de forma inmediata y comprensible, en una lengua que el detenido entienda.

Entre los derechos reconocidos destacan: el derecho a ser informado de las razones de la detención y de los derechos que le asisten, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, el derecho a designar abogado de su elección o a que se le nombre de oficio, el derecho a comunicarse telefónicamente con un familiar o persona de su elección para ponerles en conocimiento de la detención y del lugar de custodia, y el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el castellano.

Igualmente, el detenido tiene derecho a ser reconocido por el médico forense o cualquier otro médico, y a que se ponga en conocimiento del consulado o embajada de su país si es extranjero. La asistencia letrada es preceptiva durante las diligencias de investigación que se practiquen con su presencia.

La reforma de la LECrim operada por la Ley Orgánica 13/2015 reforzó los derechos de información al detenido, en transposición de directivas europeas sobre garantías procesales.

Datos clave

• Art. 520 LECrim: carta de derechos del detenido.
• Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
• Derecho a abogado de confianza o de oficio.
• Derecho a comunicar detención a familiar.
• Derecho a intérprete gratuito si no habla castellano.
• LO 13/2015 reforzó los derechos de información al detenido.

El habeas corpus es un procedimiento de carácter urgente y sumario destinado a controlar judicialmente la legalidad de cualquier privación de libertad. En España está regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, que desarrolla la previsión del artículo 17.4 de la Constitución Española.

Puede instar el habeas corpus el propio detenido, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, los descendientes, ascendientes y hermanos, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. La solicitud puede presentarse verbalmente o por escrito ante el juez competente, que será el de instrucción del lugar en que se encuentre el detenido.

El procedimiento es rapidísimo: una vez recibida la solicitud, el juez debe pronunciarse en el plazo de veinticuatro horas. Si estima la queja, puede ordenar la puesta en libertad o la inmediata regularización de la situación del detenido. Si desestima la solicitud, puede acordar que continúe en la situación en que se encontraba.

El habeas corpus protege no solo frente a detenciones ilegales por ausencia de los presupuestos legales, sino también cuando las condiciones de privación de libertad sean contrarias a la ley o cuando la persona detenida deba ser puesta en libertad por haber expirado el plazo.

Datos clave

• LO 6/1984: regula el procedimiento de habeas corpus.
• Art. 17.4 CE: base constitucional del habeas corpus.
• Pueden instarlo: el detenido, familiares, Fiscal y Defensor del Pueblo.
• Juez competente: instrucción del lugar donde se encuentra el detenido.
• Plazo de resolución judicial: 24 horas desde la solicitud.

La Policía Judicial es la función policial que consiste en auxiliar a los juzgados y tribunales en la averiguación de los delitos, en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes y en la realización de las diligencias que les ordene la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Su fundamento constitucional está en el artículo 126 de la Constitución Española.

En España, la regulación de la Policía Judicial se desarrolla en la LECrim y en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS). Con carácter general, todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las policías autonómicas y de las policías locales tienen la consideración de policía judicial cuando prestan auxilio a la justicia.

No obstante, existe la Policía Judicial en sentido estricto, compuesta por unidades orgánicas especializadas adscritas permanentemente a los órganos jurisdiccionales. En el ámbito estatal, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil cuentan con unidades específicas de policía judicial que dependen funcionalmente de jueces, tribunales y fiscales.

La relación entre la Policía Judicial y la autoridad judicial es de dependencia funcional: para las actuaciones que les encomiende el juez o el fiscal, la policía actúa bajo sus directas instrucciones y criterios, mientras que en lo orgánico depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Datos clave

• Art. 126 CE: fundamento constitucional de la Policía Judicial.
• LOFCS (LO 2/1986) y LECrim regulan la Policía Judicial.
• Policía Judicial genérica: cualquier funcionario policial que auxilia a la justicia.
• Policía Judicial específica: unidades orgánicas permanentemente adscritas.
• Dependencia funcional: jueces y Fiscal; dependencia orgánica: Secretaría de Estado de Seguridad.