Tema 19 — Delitos contra el orden público. Armas y explosivos
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Regístrate gratisAtentado contra la autoridad
El delito de atentado protege el principio de autoridad y el correcto ejercicio de las funciones públicas. El artículo 550 CP castiga a quienes agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. La pena para el atentado básico es de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado es contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.
La distinción entre autoridad y agente de la autoridad es relevante a efectos penológicos. La autoridad es quien por sí sola o como miembro de alguna corporación o tribunal tiene mando o ejerce jurisdicción propia. Los agentes de la autoridad actúan por delegación de ésta y ejecutan sus mandatos: incluyen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Si la autoridad atacada es miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno autonómicos, de las Cortes Generales, de las Asambleas autonómicas o de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, la pena es de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses (art. 550.3 CP).
El artículo 551 CP recoge formas agravadas: cuando se hace uso de armas u otros objetos peligrosos; cuando el acto de violencia resulta potencialmente peligroso para la vida o puede causar lesiones graves, como el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio o el uso de explosivos; cuando se acomete haciendo uso de un vehículo de motor; o cuando los hechos se llevan a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en un centro penitenciario. En todos estos casos se imponen las penas superiores en grado a las del artículo 550.
Datos clave
- Atentado contra autoridad: art. 550 CP, 1-4 años
- Atentado contra agentes o funcionarios: 6 meses a 3 años (pena menor)
- Autoridad: quien ejerce mando o jurisdicción propios
- Agente de la autoridad: actúa por delegación (FFCCSS, prisiones)
- Formas agravadas: art. 551 CP (armas, violencia peligrosa para la vida, vehículo de motor, motín penitenciario), pena superior en grado
- Bien jurídico: principio de autoridad y función pública
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Atentar es agredir, resistir gravemente con intimidación grave o violencia, o acometer a la autoridad, sus agentes o funcionarios en sus funciones; la pena varía según la víctima y el artículo 551 la eleva un grado.
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Resistencia y desobediencia
La resistencia y la desobediencia son figuras delictivas relacionadas pero distintas. La resistencia activa grave ya queda encuadrada en el atentado del artículo 550 CP. La resistencia no activa grave y la desobediencia grave se tipifican en el artículo 556 CP con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses. La resistencia pasiva supone oponer mera resistencia física sin llegar al acometimiento; la desobediencia implica incumplir una orden o mandato de la autoridad.
La desobediencia grave requiere que la orden sea legítima, emanada de autoridad competente, comunicada en forma adecuada y persistente. Una sola negativa puede ser suficiente si la conducta reviste la entidad suficiente. La desobediencia leve o la simple negativa sin concurrencia de agravantes puede quedar en el ámbito administrativo sancionador, especialmente en el marco de la legislación de seguridad ciudadana.
La distinción entre atentado, resistencia y desobediencia es fundamental en la práctica policial. La línea entre resistencia activa grave y pasiva determina si la conducta es atentado o simplemente desobediencia. El Tribunal Supremo ha establecido que acometer implica acción agresiva que va más allá de la mera oposición inerte. Los concursos con lesiones u otras figuras son frecuentes.
Datos clave
- Resistencia no activa grave y desobediencia: art. 556 CP, 3 meses-1 año o multa
- Desobediencia requiere: orden legítima, autoridad competente, forma adecuada
- Atentado = resistencia activa grave o acometimiento
- Resistencia pasiva = no desborda el art. 556 CP
- Desobediencia leve puede ser sanción administrativa (LO 4/2015)
- Concurso con lesiones es frecuente en la práctica
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Resistencia no activa grave y desobediencia grave van al art. 556 CP (prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses); la resistencia activa grave ya es atentado del art. 550.
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Desórdenes públicos
Los desórdenes públicos protegen la tranquilidad y el orden en la convivencia social y el funcionamiento de los servicios e instituciones. El artículo 557.1 CP castiga con pena de prisión de seis meses a tres años a quienes, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, obstaculizando las vías públicas con peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales.
El artículo 557.2 CP eleva la pena a prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial cuando los hechos se cometen por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. Las penas se imponen en su mitad superior a quienes porten instrumentos peligrosos o lleven a cabo actos de pillaje, y en un grado superior si portan armas de fuego (art. 557.3 CP). El artículo 557 bis CP castiga con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses la invasión u ocupación en grupo del domicilio de una persona jurídica, despacho, oficina, establecimiento o local con perturbación relevante de la paz pública.
La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, complementa el Código Penal estableciendo un régimen administrativo sancionador para infracciones de menor entidad relacionadas con el orden público, manifestaciones, resistencia a la autoridad o perturbación de la seguridad ciudadana. Las sanciones administrativas pueden alcanzar los seiscientos mil euros en los supuestos más graves.
Datos clave
- Desórdenes públicos básicos: art. 557 CP, 6 meses-3 años
- Agravado por multitud: art. 557.2 CP, 3-5 años; instrumentos peligrosos o pillaje, mitad superior; armas de fuego, grado superior (art. 557.3)
- LO 4/2015: régimen administrativo complementario
- Sanción administrativa máxima (LO 4/2015): hasta 600.000 euros
- Reuniones y manifestaciones: contexto habitual de aplicación
- Bien jurídico: orden público y tranquilidad colectiva
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Desórdenes públicos: actos de violencia o intimidación en grupo contra la paz pública, su agravación por multitud, instrumentos peligrosos, pillaje o armas de fuego, la invasión de locales del 557 bis y el complemento sancionador de la LO 4/2015.
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Tenencia, tráfico y depósito de armas y explosivos
Los delitos relativos a la tenencia, tráfico y depósito de armas y explosivos están tipificados en los artículos 563 a 570 CP. La tenencia de armas de fuego reglamentadas sin las licencias o permisos necesarios se castiga con pena de prisión de uno a dos años si son armas cortas y de seis meses a un año si son largas (art. 564 CP). La tenencia de armas prohibidas y de las que resulten de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas se castiga con prisión de uno a tres años (art. 563 CP).
El tráfico de armas es uno de los delitos más gravemente sancionados en esta materia: el artículo 566 CP castiga a quienes fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados: si son armas o municiones de guerra, con prisión de cinco a diez años a los promotores y organizadores y de tres a cinco años a los cooperadores; si son armas de fuego reglamentadas, con prisión de dos a cuatro años y de seis meses a dos años, respectivamente. El depósito o tenencia de explosivos también está específicamente tipificado en el artículo 568 CP, con prisión de cuatro a ocho años para promotores y organizadores y de tres a cinco años para los cooperadores.
La diferencia entre depósito y tenencia radica en la acumulación: la tenencia es individual y puntual, el depósito supone acopio. Es depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, comercialización o reunión de cinco o más de ellas, y de armas de guerra la fabricación, comercialización o tenencia de cualquiera de ellas, aun desmontadas (art. 567 CP).
Datos clave
- Tenencia de arma de fuego sin licencia: art. 564 CP, 1-2 años (cortas) y 6 meses-1 año (largas)
- Tenencia de armas prohibidas: art. 563 CP, 1-3 años de prisión
- Depósito y tráfico de armas de guerra: art. 566 CP, 5-10 años (promotores) y 3-5 años (cooperadores)
- Depósito de explosivos: art. 568 CP, 4-8 años (promotores)
- Depósito implica acopio; tenencia es posesión individual
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Penas de la tenencia de armas reglamentadas sin licencia y de armas prohibidas, del tráfico y depósito de armas y del depósito de explosivos, y qué diferencia el depósito de la simple tenencia.
Esquema
| Promotores y organizadores | Cooperadores | |
|---|---|---|
| Armas o municiones de guerra | Cinco a diez años | Tres a cinco años |
| Armas de fuego reglamentadas | Dos a cuatro años | Seis meses a dos años |
| Explosivos | Cuatro a ocho años | Tres a cinco años |
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El Reglamento de Armas: RD 137/1993
El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, es la norma fundamental de ordenación administrativa de las armas en España. Desarrolla la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y establece el régimen de autorizaciones, licencias, permisos, documentación y control de las armas civiles. Ha sido modificado en varias ocasiones para adaptarse a directivas europeas y nuevas realidades tecnológicas.
El Reglamento regula las condiciones para la obtención de licencias de armas, los requisitos de idoneidad del titular (mayoría de edad, ausencia de antecedentes penales, aptitud psicofísica, acreditación de conocimientos y habilidad en el manejo), los establecimientos de venta y reparación, el transporte, el depósito y los campos de tiro. La Guardia Civil tiene atribuida la competencia en materia de armas y explosivos a través de su Servicio de Armas y Explosivos.
La normativa establece además el marco para la declaración, inscripción en el registro y eventual extinción de autorizaciones. Las armas inutilizadas siguen precisando de comunicación a la autoridad competente. El tránsito de armas por territorio nacional y la importación/exportación están sujetos a autorización administrativa especial. El control de armeros y fabricantes de armas forma parte también del régimen del Reglamento.
Datos clave
- RD 137/1993: Reglamento de Armas (norma administrativa principal)
- Desarrolla LO 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana
- Competencia administrativa: Guardia Civil (Servicio de Armas)
- Requisitos de licencia: mayoría de edad, sin antecedentes, aptitud psicofísica
- Armas inutilizadas: comunicación obligatoria a la autoridad
- Control de fabricantes, comerciantes, armeros y campos de tiro
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El RD 137/1993 es la norma administrativa principal sobre armas civiles: desarrolla la LO 1/1992, fija los requisitos de licencia y atribuye la competencia a la Guardia Civil a través de su Servicio de Armas y Explosivos.
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Categorías de armas según el Reglamento
El Reglamento de Armas clasifica las armas en varias categorías en función de su peligrosidad y uso. Las armas de guerra o de uso exclusivo por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no son objeto de autorización civil y su tenencia por particulares es constitutiva de delito. Las armas de fuego cortas (pistolas y revólveres) requieren licencia tipo B. Las armas largas rayadas para caza mayor (rifles) requieren licencia tipo D. Las escopetas y otras armas largas lisas requieren licencia tipo E.
Las armas de defensa personal o reglamentarias de los agentes de seguridad privada se rigen por normativa específica, al igual que las armas deportivas. Existen también autorizaciones especiales para coleccionistas, museos y entidades culturales. Las imitaciones de armas de fuego que puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza solo pueden tenerse en el propio domicilio como objeto de adorno o de coleccionismo, salvo los modelos aprobados por la Dirección General de la Guardia Civil.
Las armas prohibidas, cuya tenencia está vedada con carácter general para los civiles, incluyen: puñales (armas blancas de dos filos, puntiagudas y de hoja menor de 11 centímetros), navajas automáticas y armas de fuego disimuladas como otros objetos. Además, salvo para funcionarios especialmente habilitados, se prohíben las defensas eléctricas y los sprays de defensa personal no aprobados por el Ministerio de Sanidad. La Guardia Civil mantiene el Registro Nacional de Armas, donde se inscribe toda arma reglamentada vendida o transferida en España.
Datos clave
- Arma corta (pistola/revólver): licencia tipo B
- Arma larga rayada para caza mayor (rifle): licencia tipo D
- Arma larga lisa (escopeta): licencia tipo E
- Armas de guerra: solo para FFAA y FFCCSS (prohibidas a civiles)
- Armas prohibidas: puñales, armas de fuego disimuladas, navajas automáticas
- Registro Nacional de Armas: gestionado por la Guardia Civil
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué licencia pide cada arma según el Reglamento de Armas (B, D o E), qué armas están prohibidas a los civiles, el régimen de las imitaciones y el Registro Nacional de Armas de la Guardia Civil.
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Terrorismo y organizaciones criminales
El terrorismo está regulado en los artículos 571 a 580 bis CP y se caracteriza por la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella (art. 573.1 CP). Las penas son significativamente superiores a las de los delitos comunes equivalentes: el delito de terrorismo que cause la muerte de una persona se castiga con la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en el Código (art. 573 bis.1.1.ª CP), y la participación activa en organización o grupo terrorista o la pertenencia a ellos, con prisión de seis a doce años (art. 572.2 CP).
Las organizaciones y grupos criminales, distintos del terrorismo, se regulan en los artículos 570 bis a 570 quater CP. Quienes participen activamente en una organización criminal, formen parte de ella o cooperen con ella se castigan con prisión de dos a cinco años si tiene por fin cometer delitos graves y de uno a tres años en los demás casos; quienes la promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan, con prisión de cuatro a ocho años o de tres a seis años, respectivamente (art. 570 bis.1 CP). La pertenencia a organización criminal actúa también como agravante específica en multitud de delitos del Código Penal.
La financiación del terrorismo constituye un delito autónomo regulado en el artículo 576 CP con penas de cinco a diez años de prisión. El enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, tipificado en el artículo 578 CP, castiga conductas de propaganda que pueden realizarse también a través de redes sociales e internet. El Centro Nacional de Inteligencia y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional tienen funciones preventivas en este ámbito.
Datos clave
- Terrorismo: arts. 571-580 bis CP, finalidad de subvertir el orden constitucional
- Terrorismo con resultado de muerte: prisión por el tiempo máximo previsto en el Código (art. 573 bis CP)
- Pertenencia a organización terrorista: 6-12 años (art. 572.2 CP)
- Organización criminal: arts. 570 bis-570 quater CP
- Financiación del terrorismo: art. 576 CP, 5-10 años
- Enaltecimiento del terrorismo: art. 578 CP (incluye redes sociales)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué finalidades convierten un delito en terrorista y las penas clave de pertenencia, financiación y enaltecimiento, frente a las de la organización criminal común, según sus miembros o sus dirigentes.