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Tema 27 — Derechos Humanos: Declaración Universal, CEDH y Convención contra la Tortura

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Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): origen, estructura y contenido

## Origen y naturaleza

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, mediante la Resolución 217 A (III). La Asamblea la proclamó «como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse».

Se aprobó como resolución de la Asamblea General y no como tratado: no se abrió a la firma ni a la ratificación de los Estados y, por sí misma, no es jurídicamente vinculante. Su valor es el de estándar universal de referencia, y los tratados posteriores se apoyan en ella: el preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) la cita expresamente y el de la Convención contra la Tortura (1984) invoca su art. 5.

## Estructura

Consta de un preámbulo con siete párrafos «Considerando», la proclamación y 30 artículos. Por su contenido, el articulado se agrupa así:

  • Arts. 1 y 2: principios generales. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente (art. 1). Los derechos corresponden a toda persona sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (art. 2).
  • Arts. 3 a 21: derechos civiles y políticos.
  • Arts. 22 a 27: derechos económicos, sociales y culturales.
  • Arts. 28 a 30: orden social e internacional, deberes y cláusula de interpretación.

## Derechos civiles y políticos (arts. 3-21)

Vida, libertad y seguridad de la persona (art. 3); prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de esclavos (art. 4); nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 6); igualdad ante la ley (art. 7); recurso efectivo ante los tribunales nacionales (art. 8); nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (art. 9); audiencia pública ante un tribunal independiente e imparcial (art. 10). El art. 11 tiene dos párrafos: la presunción de inocencia (11.1) y la prohibición de condenar por actos u omisiones que no eran delictivos cuando se cometieron, ni imponer pena más grave que la aplicable entonces (11.2).

Siguen la protección frente a injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia (art. 12); la libertad de circulación y residencia dentro de cada Estado y el derecho a salir de cualquier país y regresar al propio (art. 13); el asilo, que no puede invocarse contra una acción judicial originada por delitos comunes o por actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (art. 14.2); la nacionalidad, de la que nadie puede ser privado arbitrariamente (art. 15); el matrimonio a partir de la edad núbil y con libre y pleno consentimiento, sin fijar una edad concreta (art. 16); la propiedad individual y colectiva, sin privación arbitraria (art. 17); la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18); la libertad de opinión y de expresión (art. 19); la libertad de reunión y de asociación pacíficas, con la garantía de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación (art. 20.2); y la participación en el gobierno: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y se expresa mediante elecciones auténticas, periódicas, por sufragio universal e igual y por voto secreto (art. 21.3).

## Derechos económicos, sociales y culturales (arts. 22-27)

Seguridad social (art. 22); trabajo, igual salario por trabajo igual y derecho a fundar sindicatos y a sindicarse (art. 23; no menciona la huelga); descanso, limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas (art. 24); nivel de vida adecuado, con cuidados y asistencia especiales para la maternidad y la infancia (art. 25); educación, gratuita al menos en la instrucción elemental y fundamental, obligatoria la elemental y orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana (art. 26); vida cultural y protección de los intereses morales y materiales de los autores (art. 27).

## Disposiciones finales (arts. 28-30)

Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que estos derechos se hagan plenamente efectivos (art. 28). El art. 29 fija los deberes de la persona respecto a la comunidad y admite limitaciones legales con el único fin de asegurar el respeto de los derechos de los demás y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. El art. 30 prohíbe interpretar la Declaración en el sentido de conferir a un Estado, grupo o persona derecho alguno a suprimir cualquiera de los derechos proclamados.

Datos clave

  • Adoptada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la ONU.
  • Es una resolución, no un tratado: no es vinculante por sí misma.
  • Preámbulo con siete «Considerando» y 30 artículos.
  • Arts. 3-21: derechos civiles y políticos; arts. 22-27: económicos, sociales y culturales.
  • Art. 5: prohibición de la tortura; art. 9: detención arbitraria; art. 19: libertad de expresión.
  • Art. 20: reunión y asociación pacíficas; art. 27: vida cultural.
  • Art. 30: ninguna disposición puede interpretarse para suprimir los derechos proclamados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La DUDH de 1948 es una resolución, no un tratado: no vincula por sí misma, pero es el estándar universal. Hay que dominar su estructura (preámbulo y 30 artículos en bloques) y qué artículo recoge cada derecho.

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Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH): firma, estructura y derechos fundamentales

## Firma y entrada en vigor

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950 por los Gobiernos miembros del Consejo de Europa, organización en cuyo seno se elaboró (no es un tratado de la Unión Europea). Entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, tras el depósito de diez instrumentos de ratificación (art. 59.3). España lo ratificó en 1979. Solo las versiones inglesa y francesa son auténticas.

El preámbulo considera la Declaración Universal de 1948 y expresa la voluntad de tomar las primeras medidas para asegurar la garantía colectiva de algunos de sus derechos. Tras la reforma del Protocolo n.º 15 (en vigor el 1 de agosto de 2021) añade que los Estados, conforme al principio de subsidiariedad, tienen la responsabilidad principal de garantizar los derechos y disfrutan de un margen de apreciación bajo el control del Tribunal.

## Estructura

Art. 1 (obligación de respetar los derechos de toda persona bajo la jurisdicción del Estado); Título I, Derechos y libertades (arts. 2-18); Título II, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (arts. 19-51); Título III, Disposiciones diversas (arts. 52-59).

## Catálogo de derechos (Título I)

  • Art. 2, vida. No hay infracción si la muerte resulta de un recurso a la fuerza absolutamente necesario en defensa de una persona contra una agresión ilegítima, para detener a una persona conforme a derecho o impedir la evasión de un preso o detenido, o para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
  • Art. 3, prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.
  • Art. 4, prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado. No es trabajo forzado el exigido a un privado de libertad o durante su libertad condicional, el servicio militar o sustitutorio, el exigido ante emergencias o calamidades ni el que forme parte de las obligaciones cívicas normales (art. 4.3).
  • Art. 5, libertad y seguridad: seis supuestos tasados de privación de libertad (letras a a f); el detenido debe ser conducido «sin dilación» ante un juez, sin plazo fijado en horas (art. 5.3).
  • Art. 6, proceso equitativo; presunción de inocencia (6.2) y garantías mínimas del acusado (6.3): ser informado de la acusación, tiempo y facilidades para la defensa, defensor de su elección y, si carece de medios, abogado de oficio gratuito cuando los intereses de la justicia lo exijan, interrogar testigos e intérprete gratuito.
  • Art. 7, no hay pena sin ley; salvo el juicio de actos que eran delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (7.2).
  • Arts. 8 a 11: vida privada y familiar, domicilio y correspondencia; pensamiento, conciencia y religión; expresión (el art. 10.1 permite someter a autorización previa a las empresas de radiodifusión, cinematografía o televisión); reunión y asociación, incluidos los sindicatos. Las restricciones deben estar previstas por la ley y ser necesarias en una sociedad democrática, y el art. 11.2 admite restricciones legítimas a miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado.
  • Art. 12, matrimonio; art. 13, recurso efectivo ante una instancia nacional; art. 14, prohibición de discriminación en el goce de los derechos del Convenio (no es una prohibición autónoma).

Completan el Título I la derogación en caso de guerra o peligro público (art. 15), que no alcanza al art. 2 (salvo muertes por actos lícitos de guerra) ni a los arts. 3, 4.1 y 7; las restricciones a la actividad política de los extranjeros (art. 16); la prohibición del abuso de derecho (art. 17) y la limitación de las restricciones a su finalidad (art. 18).

## Protocolos adicionales

  • Protocolo adicional o n.º 1 (París, 20 de marzo de 1952): protección de la propiedad (art. 1), derecho a la educación (art. 2) y elecciones libres con escrutinio secreto (art. 3).
  • Protocolo n.º 4 (Estrasburgo, 16 de septiembre de 1963): prohibición de prisión por deudas contractuales (art. 1), libertad de circulación (art. 2), prohibición de expulsar a nacionales (art. 3) y de las expulsiones colectivas de extranjeros (art. 4).
  • Protocolo n.º 6 (Estrasburgo, 28 de abril de 1983): abolición de la pena de muerte, aunque permite preverla para actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra (art. 2).
  • Protocolo n.º 7 (Estrasburgo, 22 de noviembre de 1984): garantías en la expulsión de extranjeros residentes legales (art. 1), doble grado de jurisdicción en materia penal (art. 2), indemnización por error judicial (art. 3), non bis in idem (art. 4) e igualdad entre esposos (art. 5).
  • Protocolo n.º 12 (Roma, 4 de noviembre de 2000): prohibición general de la discriminación.
  • Protocolo n.º 13 (Vilna, 3 de mayo de 2002): abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, también en tiempo de guerra, sin derogaciones ni reservas.

Datos clave

  • Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, en el Consejo de Europa; en vigor el 3 de septiembre de 1953.
  • Art. 3: tortura; art. 4: esclavitud; art. 10: libertad de expresión; art. 14: no discriminación accesoria.
  • Art. 15.2: no se derogan los arts. 2 (salvo actos lícitos de guerra), 3, 4.1 y 7.
  • Protocolo n.º 1 (1952): propiedad, educación y elecciones libres.
  • Protocolo n.º 4 (1963): prisión por deudas, circulación, expulsión de nacionales y expulsiones colectivas.
  • Protocolo n.º 6 (1983): abolición de la pena de muerte salvo tiempo de guerra; Protocolo n.º 13 (2002): abolición en toda circunstancia.
  • Protocolo n.º 7 (1984): doble instancia penal y non bis in idem.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El CEDH, firmado en Roma en 1950 en el Consejo de Europa (no en la UE), recoge en su Título I los derechos garantizados por el TEDH y se completa con protocolos sobre propiedad, pena de muerte o non bis in idem.

Esquema

Protocolos sobre la pena de muerte
Protocolo n.º 6Protocolo n.º 13
Lugar y fechaEstrasburgo, 28 de abril de 1983Vilna, 3 de mayo de 2002
AlcanceAbolición, pero permite preverla en tiempo de guerra o peligro inminente de guerraAbolición en cualquier circunstancia, también en guerra

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Sistema de control del CEDH: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

## Naturaleza y composición

El Título II del CEDH (arts. 19 a 51) crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para asegurar el respeto de los compromisos que resultan del Convenio y sus Protocolos. Funciona de manera permanente (art. 19) y tiene su sede en Estrasburgo. Sus gastos corren a cargo del Consejo de Europa (art. 50).

El Tribunal se compone de un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes (art. 20). Desde que Rusia dejó de ser parte el 16 de septiembre de 2022, tras su expulsión del Consejo de Europa, las partes son 46.

  • Requisitos: la más alta consideración moral y las condiciones para altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia; los candidatos deben tener menos de 65 años cuando la Asamblea Parlamentaria solicita la lista; forman parte del Tribunal a título individual (art. 21).
  • Elección: por la Asamblea Parlamentaria, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado (art. 22).
  • Mandato: nueve años, no reelegibles (art. 23.1, en la redacción del Protocolo n.º 14, en vigor el 1 de junio de 2010). Un juez solo puede ser relevado si los demás deciden por mayoría de dos tercios que ha dejado de reunir las condiciones (art. 23.3).
  • El Pleno elige por tres años al Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, constituye las Salas y aprueba el Reglamento (art. 25).

## Formaciones

El Tribunal actúa en formación de juez único, en comités de tres jueces, en Salas de siete jueces o en una Gran Sala de diecisiete jueces (art. 26.1).

  • El juez único puede declarar inadmisible o archivar una demanda individual cuando no exija examen complementario; su decisión es definitiva (art. 27). No puede examinar demandas contra el Estado por el que fue elegido (art. 26.3).
  • El comité, por unanimidad, puede inadmitir o, si existe jurisprudencia consolidada, declarar admisible la demanda y dictar sentencia sobre el fondo (art. 28).
  • La Sala resuelve admisibilidad y fondo en los demás casos (art. 29) y puede inhibirse a favor de la Gran Sala ante una cuestión grave de interpretación (art. 30).
  • La Gran Sala conoce de los asuntos remitidos: en el plazo de tres meses desde la sentencia de una Sala, cualquier parte puede pedir la remisión, que acepta un colegio de cinco jueces (art. 43).

## Legitimación

  • Asuntos interestatales: toda Alta Parte Contratante puede someter al Tribunal cualquier incumplimiento imputable a otra (art. 33).
  • Demandas individuales: cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por un Estado parte; los Estados se comprometen a no poner traba a este derecho (art. 34).

Condiciones de admisibilidad (art. 35): agotar las vías de recurso internas y presentar la demanda en el plazo de cuatro meses desde la decisión interna definitiva (plazo reducido desde seis meses por el Protocolo n.º 15). Se inadmiten las demandas anónimas, las esencialmente iguales a otras ya examinadas sin hechos nuevos, las incompatibles con el Convenio, manifiestamente mal fundadas o abusivas, y aquellas en que el demandante no haya sufrido un perjuicio importante.

Si declara una violación y el derecho interno solo permite reparar de manera imperfecta sus consecuencias, el Tribunal concede a la parte perjudicada una satisfacción equitativa (art. 41).

## Fuerza obligatoria y ejecución

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas en los litigios en que sean partes (art. 46.1). La sentencia definitiva se transmite al Comité de Ministros, que vela por su ejecución (art. 46.2). Si un Estado se niega a acatarla, el Comité puede, por mayoría de dos tercios, plantear al Tribunal si ha incumplido esa obligación (art. 46.4). La sentencia de la Gran Sala es definitiva; la de una Sala lo es cuando las partes renuncian a la remisión, pasan tres meses sin pedirla o el colegio la rechaza (art. 44).

## Opiniones consultivas

El Tribunal puede emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y sus Protocolos, sin entrar en el contenido de los derechos del Título I (art. 47). El Protocolo n.º 16 (Estrasburgo, 2 de octubre de 2013) permite además a los órganos jurisdiccionales de mayor rango de los Estados que lo ratifiquen pedirlas en un asunto del que conozcan; esas opiniones no son vinculantes.

Datos clave

  • Sede en Estrasburgo; funciona de manera permanente (art. 19).
  • Número de jueces igual al de Altas Partes Contratantes (art. 20); mandato de nueve años no renovable (art. 23).
  • Formaciones: juez único, comités de 3, Salas de 7 y Gran Sala de 17 jueces (art. 26).
  • Demandas individuales de personas físicas, ONG o grupos de particulares (art. 34); interestatales (art. 33).
  • Plazo para demandar: cuatro meses desde la decisión interna definitiva (art. 35.1).
  • El Comité de Ministros vela por la ejecución de las sentencias (art. 46.2).
  • Opiniones consultivas a solicitud del Comité de Ministros (art. 47).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El TEDH, con sede en Estrasburgo, controla el cumplimiento del CEDH: un juez por Estado, mandato de nueve años, cuatro formaciones, demandas estatales e individuales y ejecución vigilada por el Comité de Ministros.

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Convención contra la Tortura (1984): definición, obligaciones y jurisdicción universal

## Adopción y vigencia

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984 (Resolución 39/46), se abrió a la firma en Nueva York el 4 de febrero de 1985 y entró en vigor el 26 de junio de 1987, trigésimo día después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o adhesión (art. 27). España la firmó el 4 de febrero de 1985, la ratificó por instrumento de 19 de octubre de 1987 (BOE de 9 de noviembre de 1987) y rige para ella desde el 20 de noviembre de 1987. Tiene 33 artículos en tres partes.

## Definición de tortura (art. 1)

Es tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla, de intimidarla o coaccionarla, o por cualquier razón basada en discriminación, cuando sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Elementos: gravedad del sufrimiento, intencionalidad, finalidad y participación de un agente público. No son tortura los dolores que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o inherentes o incidentales a estas. El art. 1.2 deja a salvo cualquier instrumento o ley que contenga disposiciones de mayor alcance.

El art. 16 obliga a prohibir también los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no lleguen a ser tortura, cometidos por un funcionario o con su instigación, consentimiento o aquiescencia, y les aplica las obligaciones de los arts. 10 a 13.

## Prohibición absoluta (art. 2)

Cada Estado tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir la tortura. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como el estado de guerra o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura, ni la orden de un funcionario superior o de una autoridad pública (art. 2.2 y 2.3).

## Obligaciones de los Estados

  • No devolución (art. 3): ningún Estado expulsará, devolverá o extraditará a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
  • Tipificación penal (art. 4): todos los actos de tortura, la tentativa y la complicidad o participación serán delito, castigado con penas adecuadas a su gravedad.
  • Jurisdicción (art. 5): cuando el delito se cometa en su territorio o a bordo de sus aeronaves o buques; cuando el presunto delincuente sea nacional suyo; cuando la víctima sea nacional suyo, si lo considera apropiado; y cuando el presunto delincuente se halle en su territorio y no se le extradite (art. 5.2). Esta última regla, que no exige vínculo de territorio ni de nacionalidad, es la base de la jurisdicción universal en materia de tortura.
  • Detención e investigación preliminar del presunto autor que se encuentre en su territorio (art. 6).
  • Extraditar o juzgar, «aut dedere aut iudicare» (art. 7): si no lo extradita, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
  • Extradición (art. 8): la tortura se considera incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado entre Estados partes, y la Convención puede servir de base jurídica cuando no exista tratado.
  • Auxilio judicial (art. 9), incluido el suministro de las pruebas necesarias que obren en su poder.
  • Formación (art. 10): educación e información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación del personal encargado de la aplicación de la ley, civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y de otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de detenidos.
  • Examen sistemático de las normas, métodos y prácticas de interrogatorio y custodia (art. 11).
  • Investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido tortura (art. 12) y derecho de la víctima a presentar queja, con protección de denunciante y testigos (art. 13).
  • Reparación e indemnización justa y adecuada, incluida la rehabilitación; si la víctima muere, las personas a su cargo tienen derecho a indemnización (art. 14.1).
  • Ninguna declaración obtenida mediante tortura puede invocarse como prueba, salvo contra el acusado de tortura como prueba de que se formuló (art. 15).

## El Comité contra la Tortura (CAT)

Lo crea el art. 17: diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercen sus funciones a título personal, elegidos por cuatro años y reelegibles. Seis miembros constituyen quórum (art. 18). Funciones:

  • Examinar los informes de los Estados: el primero dentro del año siguiente a la entrada en vigor para el Estado y después informes suplementarios cada cuatro años (art. 19).
  • Investigación confidencial si recibe información fiable de que se practica sistemáticamente la tortura; con el acuerdo del Estado puede incluir una visita a su territorio (art. 20). Un Estado puede declarar, al firmar, ratificar o adherirse, que no reconoce esta competencia (art. 28).
  • Comunicaciones interestatales (art. 21) e individuales (art. 22), facultativas: solo operan respecto de Estados que han declarado reconocer la competencia del Comité. España hizo ambas declaraciones al ratificar.
  • Informe anual a los Estados partes y a la Asamblea General (art. 24).

Datos clave

  • Adoptada el 10 de diciembre de 1984 (Res. 39/46); en vigor el 26 de junio de 1987; para España, el 20 de noviembre de 1987.
  • Tortura: dolores o sufrimientos graves, intencionados, con una finalidad e infligidos por un funcionario o con su aquiescencia (art. 1).
  • Ninguna circunstancia excepcional ni orden superior justifica la tortura (art. 2).
  • Art. 3: no devolución; art. 4: tipificación de tentativa y complicidad.
  • Art. 7: extraditar o juzgar; art. 10: formación del personal de custodia.
  • Art. 15: exclusión de las declaraciones obtenidas mediante tortura.
  • CAT: diez expertos (art. 17); informes cada cuatro años (art. 19).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Convención de 1984 define la tortura, la prohíbe sin excepción y obliga a los Estados a perseguirla (extraditar o juzgar), prevenirla y reparar a la víctima, bajo el control del Comité contra la Tortura (CAT).

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OPCAT (2002): Subcomité de Prevención y Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP)

## Adopción y objetivo

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) fue adoptado en Nueva York el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de la ONU (Resolución 57/199) y entró en vigor el 22 de junio de 2006, trigésimo día después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o adhesión (art. 28). España lo firmó el 13 de abril de 2005, depositó su ratificación el 4 de abril de 2006 y le obliga desde el 22 de junio de 2006 (BOE de 22 de junio de 2006). Tiene 37 artículos y no admite reservas (art. 30).

Su objetivo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 1). Es un sistema preventivo, no de denuncia.

Lugar de detención es cualquier lugar bajo la jurisdicción y control del Estado donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad por orden de una autoridad pública o con su consentimiento (art. 4.1). Privación de libertad es cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia, por orden de una autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la que la persona no pueda salir libremente (art. 4.2).

## El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT)

El art. 2 crea el Subcomité para la Prevención, que actúa en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guía por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Es distinto del Comité contra la Tortura creado por la Convención de 1984.

  • Composición: diez miembros, número que aumenta a veinticinco una vez registrada la quincuagésima ratificación o adhesión (art. 5.1). Son personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, el derecho penal, la administración penitenciaria o policial o el trato de personas privadas de libertad (art. 5.2); no puede haber dos de la misma nacionalidad y ejercen sus funciones a título personal, con independencia e imparcialidad (art. 5.5 y 5.6).
  • Mandato de cuatro años, con una posible reelección (art. 9).
  • Mandato del Subcomité (art. 11): visitar los lugares de detención y hacer recomendaciones a los Estados; asesorar y ayudar a los Estados a establecer los mecanismos nacionales, mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con ellos y ofrecerles formación y asistencia técnica; y cooperar con otros órganos para la prevención de la tortura.
  • Visitas: programa periódico, establecido primeramente por sorteo; las realizan al menos dos miembros, que pueden ir acompañados de expertos; cabe una breve visita de seguimiento (art. 13).
  • Los Estados le garantizan acceso sin restricciones a la información sobre el número de personas privadas de libertad, los lugares y el trato, acceso a todos los lugares, entrevistas sin testigos y libertad para elegir lugares y personas (art. 14.1). Solo puede objetarse una visita a un lugar concreto por razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves que la impidan temporalmente; el estado de excepción como tal no puede alegarse (art. 14.2).
  • Nadie puede ser sancionado por comunicar información al Subcomité (art. 15).
  • Sus recomendaciones son confidenciales. Publica su informe, con las observaciones del Estado, cuando este se lo pide, y puede publicarlo si el Estado hace pública una parte. Presenta un informe público anual al Comité contra la Tortura, que puede hacer una declaración pública si el Estado se niega a cooperar (art. 16).

## Los mecanismos nacionales de prevención (MNP)

Cada Estado mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes; pueden serlo los establecidos por entidades descentralizadas (art. 17).

  • Los Estados garantizan su independencia funcional y la de su personal, les proporcionan los recursos necesarios y tienen en cuenta los Principios de París (art. 18).
  • Facultades mínimas (art. 19): examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad, hacer recomendaciones a las autoridades y hacer propuestas y observaciones sobre la legislación vigente o los proyectos de ley. No incluyen ordenar excarcelaciones.
  • Garantías (art. 20): acceso a la información y a todos los lugares de detención, entrevistas sin testigos, libertad para elegir lugares y personas, y derecho a mantener contactos con el Subcomité.
  • Nadie puede ser sancionado por comunicar información al MNP, y los datos personales no se publican sin consentimiento expreso (art. 21).
  • Las autoridades examinarán sus recomendaciones y entablarán un diálogo con el mecanismo sobre las posibles medidas de aplicación (art. 22).
  • Los Estados se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los MNP (art. 23).

## Otras disposiciones

  • Aplazamiento (art. 24): al ratificar, un Estado puede aplazar las obligaciones de la parte III (Subcomité) o de la parte IV (MNP) por un máximo de tres años, prorrogable por otros dos por el Comité contra la Tortura.
  • Financiación: los gastos del Subcomité los sufragan las Naciones Unidas (art. 25). El art. 26 crea un Fondo Especial, financiado con contribuciones voluntarias, para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité tras una visita y los programas de educación de los MNP.
  • El Protocolo se aplica a todas las partes de los Estados federales sin limitación (art. 29). La denuncia surte efecto un año después de que la reciba el Secretario General de la ONU (art. 33). Los miembros del Subcomité y de los MNP gozan de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones (art. 35).

Datos clave

  • Adoptado el 18 de diciembre de 2002 (Res. 57/199); en vigor el 22 de junio de 2006, también para España.
  • Objetivo: visitas periódicas de órganos internacionales y nacionales independientes (art. 1).
  • Subcomité: diez miembros, veinticinco desde la ratificación número 50; mandato de cuatro años (arts. 5 y 9).
  • Objeción a una visita solo temporal y por razones urgentes y apremiantes (art. 14.2).
  • MNP: designación en el plazo de un año (art. 17); independencia funcional (art. 18).
  • Art. 22: las autoridades examinan las recomendaciones del MNP y dialogan con él.
  • Fondo Especial del art. 26, con contribuciones voluntarias; no se admiten reservas (art. 30).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El OPCAT crea un sistema preventivo de visitas a lugares de privación de libertad con dos niveles: el Subcomité para la Prevención (internacional) y los mecanismos nacionales de prevención (MNP).

Esquema

Subcomité y mecanismos nacionales
Subcomité para la PrevenciónMecanismo nacional (MNP)
NivelInternacionalNacional (puede ser de entidades descentralizadas)
BaseArt. 2 y parte IIIArt. 17 y parte IV
Acceso y entrevistasAcceso sin restricciones y entrevistas sin testigos (art. 14.1)Acceso a todos los lugares y entrevistas sin testigos (art. 20)

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El Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención: LO 3/1981 y LO 1/2009

## El Defensor del Pueblo

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, lo define como alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (art. 1). Es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años (art. 2.1), no está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con autonomía (art. 6). Puede iniciar investigaciones de oficio o a petición de parte (art. 9.1) y da cuenta anualmente a las Cortes Generales de su gestión (art. 32.1).

## Designación como Mecanismo Nacional de Prevención

España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), que le obliga desde el 22 de junio de 2006 y exige designar un mecanismo nacional de prevención (art. 17 OPCAT). La designación se hizo por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE de 4 de noviembre de 2009; en vigor el 5 de noviembre de 2009). Su artículo tercero añadió a la LO 3/1981 una disposición final única, con dos apartados:

  • Primero: «El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con la Constitución, la presente Ley y el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
  • Segundo: se crea un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, presidido por el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue esas funciones; su estructura, composición y funcionamiento se remiten al Reglamento.

La regulación del MNP no está, por tanto, en un título de la ley (la LO 3/1981 tiene cuatro títulos), sino en esa disposición final.

## Consejo Asesor

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, reformado por las Mesas del Congreso y del Senado en enero de 2012, desarrolla el Consejo Asesor: lo integran los Adjuntos del Defensor del Pueblo como miembros natos y un máximo de diez vocales con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, entre ellos representantes de colegios profesionales y de la sociedad civil. Los vocales los designa el Defensor del Pueblo, mediante convocatoria pública, por cuatro años, y se renuevan por mitades cada dos años. El Consejo se reúne al menos dos veces al año y, entre otras funciones, propone visitas y emite los informes que se le pidan.

## Funciones y facultades como MNP

Como mecanismo nacional, el Defensor del Pueblo realiza visitas preventivas a cualquier lugar de privación de libertad para detectar problemas que puedan favorecer la tortura o los malos tratos, aunque no exista queja previa: centros penitenciarios, comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, instalaciones militares, hospitales psiquiátricos, centros de internamiento de extranjeros y cualquier otro lugar que reúna las condiciones del Protocolo. Las inspecciones son regulares y no anunciadas. Su función es preventiva: formula recomendaciones, no adopta decisiones ejecutivas.

El OPCAT le garantiza, como mínimo (arts. 19 y 20): examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad; hacer recomendaciones a las autoridades y propuestas sobre la legislación; acceder a toda la información y a todos los lugares de detención; entrevistarse con las personas privadas de libertad sin testigos; elegir libremente los lugares y las personas; y mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, enviarle información y reunirse con él. Las autoridades deben examinar sus recomendaciones y dialogar con él (art. 22), y nadie puede ser sancionado por comunicarle información (art. 21).

## Informe anual y relaciones con el Subcomité

El MNP recoge anualmente su actividad en un informe que presenta ante las Cortes Generales y ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. El Subcomité, por su parte, tiene el mandato de mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos nacionales y ofrecerles formación y asistencia técnica (art. 11 OPCAT).

## Coordinación territorial

El OPCAT permite que los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas sean designados mecanismos nacionales si se ajustan a sus disposiciones (art. 17) y se aplica a todas las partes de los Estados federales (art. 29). En España, la LO 3/1981 faculta al Defensor del Pueblo para supervisar la actividad de las comunidades autónomas y prevé que los órganos similares de estas coordinen sus funciones con él, que puede pedir su cooperación (art. 12).

Datos clave

  • El Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales, elegido por cinco años (LO 3/1981, arts. 1 y 2.1).
  • Designado MNP por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, que añadió una disposición final única a la LO 3/1981.
  • El OPCAT obliga a España desde el 22 de junio de 2006.
  • Consejo Asesor: órgano de cooperación técnica y jurídica, presidido por el Adjunto en quien se deleguen las funciones del MNP.
  • Vocales del Consejo Asesor: hasta diez, por cuatro años, renovados por mitades cada dos.
  • Visitas preventivas, regulares y no anunciadas a todo lugar de privación de libertad.
  • Informe anual ante las Cortes Generales y ante el Subcomité para la Prevención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes, ejerce desde la LO 1/2009 las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que exige el OPCAT, con visitas preventivas y un Consejo Asesor.

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