Potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial (Ley 40/2015)
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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 1
Objeto. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
Datos clave
- Según el art. 1, ¿de qué Administración regula la ley 'organización y funcionamiento' con detalle? → De la Administración General del Estado (AGE) y de su sector público institucional.
- ¿Qué dos materias fija la ley como 'principios' y no como regulación completa? → La responsabilidad de las Administraciones Públicas y la potestad sancionadora.
- Cuatro materias, cuatro bloques: régimen jurídico (bases, todas las AAPP) + responsabilidad (principios) + sancionador (principios) + organización AGE (a fondo).
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2
Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.
Datos clave
- ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
- ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
- ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
- El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
- Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3
Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Datos clave
- ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
- ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
- Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 4
Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.
Datos clave
- ¿Qué medida debe elegir la Administración cuando limita derechos o exige requisitos? → La menos restrictiva, aplicando el principio de proporcionalidad.
- ¿Qué cuatro facultades reconoce el art. 4.2 para velar por el cumplimiento de la legislación? → Comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.
- Cuatro verbos de control, en este orden en el texto: comprobar, verificar, investigar e inspeccionar (CVII).
- Del apartado 1 quédate con el trío que se pregunta: proporcionalidad, medida menos restrictiva y motivación de la necesidad.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 25
Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- ¿Qué rango de norma debe reconocer expresamente la potestad sancionadora? → Rango de Ley.
- ¿A quiénes no se aplica este Capítulo según el art. 25.4? → A quienes estén vinculados a la Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial.
- ¿Qué norma se añade cuando sanciona una Entidad Local? → El Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- Dentro / fuera: dentro la disciplinaria (todo el personal, funcionario o laboral); fuera contratos y patrimonio.
- Entidades Locales = Título XI de la LBRL; es la remisión que siempre ponen mal en las opciones.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 26
Irretroactividad. 1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Datos clave
- ¿Qué disposiciones sancionadoras se aplican por regla general? → Las vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen la infracción.
- ¿Cuándo tiene efecto retroactivo una disposición sancionadora? → Cuando favorece al presunto infractor o al infractor, en tipificación, sanción o plazos de prescripción.
- Retroactividad = siempre a favor del infractor, nunca en su contra: la norma más dura del momento del hecho no se aplica después.
- Cubre tres cosas a la vez: tipificación, sanción y prescripción.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 27
Principio de tipicidad. 1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
Datos clave
- ¿En qué tres categorías se clasifican las infracciones? → Leves, graves y muy graves (art. 27.1)
- ¿Cabe la analogía para definir infracciones o sanciones? → No (art. 27.4)
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 28
Responsabilidad. 1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
Datos clave
- ¿Con qué título de imputación se sanciona? → Dolo o culpa (art. 28.1)
- ¿Cómo responden varios obligados a un mismo deber legal? → Solidariamente, aunque la sanción pecuniaria se puede individualizar (art. 28.3)
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 29
Principio de proporcionalidad. 1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Datos clave
- ¿Pueden las sanciones administrativas implicar privación de libertad? → Nunca (art. 29.1)
- ¿Qué pasa si de una infracción deriva necesariamente otra? → Solo se sanciona la infracción más grave (art. 29.5)
- ¿En qué plazo debe repetirse la infracción para apreciar reincidencia? → En el término de 1 año, declarada por resolución firme (art. 29.3.d)
- Infracción continuada: varias acciones que infringen preceptos iguales o semejantes, con un plan preconcebido o aprovechando la misma ocasión (art. 29.6).
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 30
Prescripción. 1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.
Datos clave
- Sin plazo específico, ¿cuándo prescribe una infracción leve? → A los 6 meses.
- Sin plazo específico, ¿cuándo prescribe la sanción por una falta leve? → Al año.
- ¿Desde cuándo cuenta el plazo de prescripción de la sanción? → Desde el día siguiente a que la resolución sea ejecutable o pase el plazo para recurrirla.
- Agrupa los plazos en dos filas: infracciones 3-2-6 meses, sanciones 3-2-1 año — la única que cambia de unidad es la leve.
- La paralización del expediente sancionador durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable hace que el plazo de prescripción vuelva a correr, no que se interrumpa.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 31
Concurrencia de sanciones. 1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
Datos clave
- ¿Qué tres identidades impiden sancionar de nuevo unos hechos? → Identidad de sujeto, hecho y fundamento.
- Sanción impuesta por un órgano de la UE por los mismos hechos sin identidad de sujeto y fundamento: ¿qué hace el órgano competente? → Deberá tenerla en cuenta para graduar la sanción, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
- La triple identidad, con las tres eses del examen: Sujeto, hecho y fundamento. Si falta una, no hay bis in idem.
- Apartado 2: la clave está en el «siempre que NO concurra la identidad de sujeto y fundamento»; si concurriera, estaríamos en el apartado 1.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 32
Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Datos clave
- ¿Qué dos supuestos excluyen la indemnización pese al funcionamiento del servicio público? → La fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- ¿Cómo debe ser el daño alegado? → Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- ¿Qué requisito procesal común piden los apartados 4 y 5? → Sentencia firme desestimatoria, en cualquier instancia, de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada.
- ¿Quién fija el importe de la indemnización por funcionamiento anormal declarado por el Tribunal Constitucional? → El Consejo de Ministros; tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado.
- Las dos excepciones del apartado 1 son solo dos: fuerza mayor y deber jurídico de soportar. Caso fortuito no aparece.
- El daño: Efectivo, Evaluable económicamente e Individualizado. Tres adjetivos, ni uno más.
- Amparo y cuestión de inconstitucionalidad: fija el Consejo de Ministros, tramita Justicia, oye el Consejo de Estado.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 33
Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
Datos clave
- ¿Cómo responden las Administraciones cuando el daño viene de una fórmula conjunta de actuación? → Solidariamente frente al particular, en todo caso.
- En defecto de estatutos, ¿qué Administración es competente para instruir el expediente de responsabilidad concurrente? → La que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
- ¿Cuántos días tienen las demás Administraciones para pronunciarse en un expediente de responsabilidad patrimonial concurrente? → Quince días.
- Dos supuestos, dos lógicas: fórmula conjunta = solidaria siempre; concurrencia suelta = solidaria solo si no hay forma de repartir.
- Quince días para que las demás Administraciones se pronuncien en responsabilidad patrimonial.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 34
Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Datos clave
- ¿Qué daños no son indemnizables aunque exista lesión? → Los que no se pudieron prever ni evitar según el estado de la ciencia o la técnica en el momento en que se produjeron.
- ¿Con qué índice se actualiza la cuantía de la indemnización? → Con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), fijado por el INE.
- Si la responsabilidad deriva de una ley declarada inconstitucional, ¿qué daños son indemnizables? → Los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.
- Riesgos del progreso: si la ciencia o la técnica de entonces no podía preverlo, no se indemniza.
- Se actualiza con el IGC (Índice de Garantía de la Competitividad), no con el IPC: trampa clásica de examen.
- Plazo especial de 5 años cuando la responsabilidad nace de una ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 35
Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.
Datos clave
- ¿Qué régimen de responsabilidad se aplica cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado? → El mismo de los artículos 32 y siguientes, aunque actúe directamente o mediante una entidad de derecho privado.
- El régimen de derecho privado en la actuación NO cambia el régimen de responsabilidad: sigue siendo el de los arts. 32 y siguientes.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36
Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Datos clave
- ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
- ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
- ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
- Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
- Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.
Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 37
Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
Datos clave
- ¿Suspende la exigencia de responsabilidad penal el procedimiento de responsabilidad patrimonial? → No, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- ¿Conforme a qué se exige la responsabilidad civil derivada del delito? → De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
- La regla es NO suspender; la excepción es una y está tasada: que el penal deba determinar los hechos.