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La ciudadanía como destinataria de los servicios públicos

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La atención al público de calidad: acogida, orientación y oficinas

El momento de la acogida es muy importante en la relación entre la ciudadanía y la Administración: este primer contacto puede condicionar el resto de la relación, por lo que debe procurarse producir la impresión más favorable. En la recepción se facilita a la persona la orientación y ayuda que precisa al inicio de su visita, en particular sobre la localización de dependencias y personal.

Factores de una atención de calidad:

  • Amabilidad: paciencia, consideración y respeto hacia la persona y sus problemas.
  • Cercanía: lenguaje empleado, empatía y atención a la resolución del problema.
  • Accesibilidad: fácil acceso a los puntos de atención y suficientes canales (presencial, web, telefónico) con horarios adecuados.
  • Puntualidad: respeto escrupuloso del horario de apertura, que puede explicitarse en cartas de servicio; si la espera puede ser larga, conviene informar del tiempo aproximado y de sus causas si son extraordinarias.
  • Imagen: limpieza, iluminación y orden de las instalaciones, imagen personal y actitud en la atención.
  • Eficiencia y fiabilidad: formación y actualización permanente y trabajo riguroso.
  • Comunicación: escucha activa, lenguaje correcto sin tecnicismos innecesarios ni expresiones muy coloquiales, y la información necesaria, ni de más ni de menos.
  • Iniciativa y flexibilidad: búsqueda de alternativas y anticipación a los problemas.
  • Credibilidad: ser claro y directo y cumplir los compromisos adquiridos.

La orientación e información ofrece las aclaraciones y ayudas prácticas que la ciudadanía necesita sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación. El uso de modelos normalizados, impresos que la Administración pone a disposición de la ciudadanía para formular solicitudes, declaraciones, alegaciones o recursos, facilita esta función. Durante la información conviene:

  • Concretar: hacer preguntas específicas y aclarar aspectos confusos.
  • Informar: ofrecer los datos necesarios con un lenguaje correcto y asequible.
  • Actuar: correctamente y con rapidez, consultando al departamento correspondiente cuando sea necesario.
  • Asegurar: informar de lo realizado e indicar los pasos siguientes.

Las Oficinas de Atención Ciudadana son dependencias o espacios físicos que la Administración dedica al contacto directo con la ciudadanía para informar, orientar y asesorar sobre prestaciones, servicios y procedimientos; recibir documentación, solicitudes y comunicaciones; practicar comparecencias personales y realizar gestiones relacionadas con sus competencias. Como todas las personas deben ser iguales en el trato, su diseño debe ser integrador y adaptarse a quienes tienen más dificultades, en especial las personas con discapacidad.

Datos clave

  • La acogida es el primer contacto y puede condicionar toda la relación.
  • El horario de apertura puede explicitarse en cartas de servicio.
  • Pasos durante la información: concretar, informar, actuar y asegurar.
  • Modelos normalizados: impresos para solicitudes, declaraciones, alegaciones o recursos.
  • Las oficinas de atención deben tener un diseño integrador.

La ciudadanía como destinataria de los servicios públicos en el Decreto 91/2023

El Decreto 91/2023 del Gobierno Vasco, de atención integral y multicanal a la ciudadanía, regula la atención e información a la ciudadanía y su derecho a relacionarse con la Administración por medios electrónicos para acceder a los servicios públicos y tramitar los procedimientos administrativos (artículo 1).

Conceptos básicos (artículo 2):

  • Ciudadanía: personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica en sus relaciones con las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto.
  • Atención a la ciudadanía: conjunto de procesos y medios que el sector público autonómico organiza para crear un espacio constructivo de relaciones que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos, cumplir sus obligaciones y acceder a los servicios públicos. Comprende el recibimiento y orientación, la información administrativa, la cumplimentación, recepción y registro de documentos, la asistencia y orientación en el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones y la gestión de quejas y sugerencias.

Entre los principios de la atención a la ciudadanía (artículo 5), además de los del artículo 63 de la Ley 3/2022 del Sector Público Vasco, figuran la deferencia, esmero y máximo respeto en el trato; el servicio de calidad orientado a la ciudadanía mediante sistemas de atención integral, accesible y multicanal; la claridad y proximidad; la igualdad y no discriminación, en particular de las personas con discapacidad, las personas mayores y las mujeres; la personalización y proactividad; la proporcionalidad; la confidencialidad; la co-responsabilidad de todas las estructuras administrativas y la oferta activa para recibir servicios y atención en euskera.

Todas las autoridades y el personal empleado público tienen el deber de atender a la ciudadanía, facilitándole la atención precisa para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 6).

Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con el sector público vasco (artículo 7), entre otros:

  • Utilizar y ser atendida en las lenguas oficiales con el mismo nivel de calidad.
  • Ser atendida en el menor tiempo posible.
  • Ser tratada con respeto, consideración, en condiciones de igualdad e imparcialidad y sin discriminación.
  • Elegir la modalidad de atención, salvo que sea obligatorio un medio concreto.
  • Actuar por medio de representante y ser asistida en el uso de medios electrónicos.
  • Recibir la información y atención de forma clara y fácilmente comprensible, con lenguaje claro, y disponer de formularios sencillos.
  • La protección y confidencialidad de sus datos personales.

Deberes de la ciudadanía (artículo 8): respetar los horarios y el funcionamiento de los servicios atendiendo a las indicaciones del personal; ser puntual en la cita presencial y avisar si no puede acudir; respetar las normas de las oficinas de atención y de asistencia en materia de registro; cumplir las obligaciones sobre reutilización de la información obtenida y utilizar los servicios públicos de forma adecuada y diligente, conforme a la buena fe.

Datos clave

  • Ciudadanía: personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
  • La atención a la ciudadanía incluye la gestión de quejas y sugerencias.
  • Todas las autoridades y el personal empleado público tienen el deber de atender a la ciudadanía (art. 6).
  • Derecho a ser atendida en el menor tiempo posible (art. 7.1.b).
  • Deber de ser puntual en la cita presencial y avisar si no se puede acudir (art. 8.b).

Funciones, modalidades y niveles de atención a la ciudadanía

Los servicios de atención a la ciudadanía tienen como finalidad informar y orientar sobre los servicios que presta la Administración y facilitar las relaciones con ella, particularmente en la realización de trámites, con independencia del canal utilizado (artículo 18.1 del Decreto 91/2023). Sus funciones comprenden la información administrativa, la recepción y registro de documentos y la asistencia y orientación en el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones, que incluye la gestión del Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias.

Modalidades de atención (artículo 19). La ciudadanía puede elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades entre las disponibles, o combinar varias:

  • Atención electrónica, por medio del Punto de Acceso General Electrónico y la sede electrónica.
  • Atención presencial, mediante la personación física ante las autoridades y el personal y, en especial, en las oficinas del servicio de atención a la ciudadanía.
  • Atención telefónica, a través de un teléfono único general, sin perjuicio de teléfonos especializados.
  • Otras modalidades que se aprueben en función de los avances tecnológicos.

Según el tiempo entre la solicitud y la respuesta, la atención es inmediata, cuando se realiza en el mismo momento de la solicitud, o diferida, cuando se realiza con posterioridad. Según la necesidad de asistencia por personal, es asistida o por autoservicio, mediante la acción autónoma de la persona empleando medios electrónicos.

Niveles de atención (artículo 20), según el grado de especialización del conocimiento requerido:

  • Nivel general: información, orientación y asistencia básica a la tramitación de forma multicanal; en los canales presencial y telefónico es responsabilidad del órgano competente en atención a la ciudadanía.
  • Nivel especializado: información de los servicios y procedimientos específicos del ámbito competencial del órgano responsable.
  • Nivel particular: información concreta de los expedientes de la persona interesada; le corresponden también la instrucción de los expedientes y la resolución de los procedimientos de su competencia.

La ciudadanía puede acceder a los niveles especializado y particular de forma directa ante los órganos competentes o de forma indirecta, por traslado o escalado desde el nivel general del Servicio Zuzenean.

El Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía se identifica con dos marcas de servicio (artículo 21.4): «euskadi.eus», para la presencia en Internet y la sede electrónica, y «Zuzenean», para el Servicio de Atención a la Ciudadanía. Forman parte de él, entre otros, el sistema de telecomunicaciones de soporte al canal telefónico corporativo 012, el Buzón Electrónico General y el sistema de gestión de cita previa.

Datos clave

  • Modalidades: electrónica, presencial, telefónica y otras que se aprueben.
  • Atención inmediata o diferida según el momento de la respuesta.
  • Niveles: general, especializado y particular.
  • Marcas del sistema: «euskadi.eus» y «Zuzenean».
  • Canal telefónico corporativo: 012.

Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias y su tramitación

Las quejas y sugerencias, y los datos de su recepción, tratamiento y resolución, se gestionan de forma específica, integrada y corporativa en el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias, que forma parte del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía. Lo crea, gestiona y mantiene el órgano competente en atención a la ciudadanía (artículo 117 del Decreto 91/2023). El sistema permite analizar y canalizar las quejas y sugerencias, hacer el seguimiento de las respuestas y controlar los plazos, que la ciudadanía manifieste su grado de satisfacción y elaborar informes periódicos de evaluación. Estos informes recogen al menos el número de quejas y sugerencias, su materia o motivo, el órgano afectado, el tiempo medio de respuesta y el porcentaje contestado en plazo.

Presentación y tramitación en el Buzón Electrónico General (artículo 118):

  • Existe un formulario normalizado en todos los soportes, pero su uso no es requisito imprescindible para ejercer el derecho; quien presenta obtiene justificante si el canal lo permite.
  • Recibida por cualquier canal, la queja o sugerencia se da de alta de inmediato en el sistema; cualquier unidad que la reciba la traslada a la persona Responsable en Gobernanza Pública de su departamento.
  • El Servicio Zuzenean la tipifica y, cuando corresponde, la canaliza a la unidad responsable; las Direcciones de Servicios gestionan las escaladas, salvo atribución a otra unidad.
  • El plazo de respuesta es de 10 días hábiles desde su recepción por el órgano competente al que se haya escalado.
  • La respuesta debe ser motivada: describe la situación, su justificación, las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas o la imposibilidad de adoptarlas, e informa de los derechos y deberes de quien la formuló.
  • Si es competencia de otra Administración, se remite a ella y se comunica a la persona, finalizando el trámite.

Causas de inadmisión: inexistencia de pretensión, falta absoluta de fundamento, error o falsedad de los datos, formulación reiterada o que las anteriores hubiesen sido desatendidas por carecer de fundamento o incurrir en error o falsedad. Se notifica a la persona interesada y se archiva el expediente. Si transcurre el plazo sin respuesta, la persona puede dirigirse al Servicio de Inspección.

Las quejas presentadas en el Registro Electrónico General y la sede electrónica (artículo 119) las tramita el órgano competente en la materia conforme a la legislación de procedimiento administrativo común y a su normativa específica; el plazo de respuesta es el que fije esa normativa específica o, en su caso, la legislación de procedimiento común.

Datos clave

  • Plazo de respuesta en el Buzón Electrónico General: 10 días hábiles.
  • El formulario normalizado no es imprescindible para presentar la queja.
  • La respuesta a la queja o sugerencia debe ser motivada.
  • Sin respuesta en plazo cabe dirigirse al Servicio de Inspección.
  • Cinco causas de inadmisión (art. 118.11).

La información administrativa: general, especializada y particular

La información administrativa es el medio a través del cual la ciudadanía puede acceder al conocimiento de sus derechos, obligaciones e intereses legítimos, individuales o colectivos, y a la utilización de los bienes y servicios públicos (artículo 22.2 del Decreto 91/2023). Debe estar redactada en lenguaje claro: fácilmente comprensible, sucinta y bien organizada. Su contenido y alcance son los mismos sea cual sea la modalidad de atención, y según su contenido, alcance y requisito de acreditación puede ser general, especializada o particular.

Información administrativa general (artículo 23): ofrece una visión global, homogénea y sistematizada de la actividad de la Administración. Comprende la identificación, fines, competencias, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas; los requisitos jurídicos o técnicos de proyectos, actuaciones o solicitudes; y los servicios públicos y prestaciones. La proporciona el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, en los canales presencial y telefónico y en la Red de Portales «euskadi.eus». Siempre que esté disponible, se facilita sin exigir acreditación de legitimación alguna y de forma inmediata.

Información administrativa especializada (artículo 24): ofrece el contenido específico y detallado de la actividad administrativa cuando requiere recabar información complementaria o personal especialmente cualificado, por razón de la materia, del detalle o de la complejidad jurídica o técnica. La suministran los órganos competentes en cada materia; no exige acreditación de la legitimación y se da de forma inmediata o en el plazo más breve posible.

Información administrativa particular (artículo 26): posibilita el ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos sobre el estado o contenido de procedimientos en tramitación o ya finalizados: identificación de autoridades y personal responsables, trámites realizados y sus fechas, y documentos electrónicos. Exige identificar previamente a la persona y solo puede facilitarse a quien tenga la condición de interesada o a su representante legal. Puede consultarse en la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta».

Carácter y efectos (artículo 25): la información para la atención a la ciudadanía no entraña interpretación normativa ni consideración jurídica o económica; no origina derechos ni expectativas de derecho; no puede invocarse a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni sirve de instrumento formal de notificación; y no puede invocarse ni alegarse en ningún procedimiento.

Criterios de calidad de la información (artículo 28): homogeneidad, exactitud, integridad, claridad y concreción, actualización, orientación a la demanda y universalidad.

Datos clave

  • Tres clases de información administrativa: general, especializada y particular.
  • La general y la especializada no exigen acreditar legitimación.
  • La particular solo se facilita a personas interesadas o a su representante legal.
  • La información no origina derechos ni puede invocarse para interrumpir plazos (art. 25).
  • Siete criterios de calidad de la información (art. 28.1).

Orientación del servicio público hacia la ciudadanía

La Administración, como prestataria de los servicios públicos, tiene el deber de ofrecer un servicio adaptado a sus clientes, la ciudadanía. El servicio debe ofrecerse en el momento justo, ser oportuno en fondo y forma, útil, ágil, eficiente y adaptado a las necesidades de cada persona.

Los puntos de información y de atención a la ciudadanía son, en la mayoría de los casos, la auténtica cara visible de la Administración y la fuente principal de la percepción del servicio que esta ofrece. Observar, escuchar, conocer y analizar las demandas ciudadanas sienta las bases para mejorar la atención y la propia prestación del servicio.

Uno de los principios de la Calidad Total es la orientación de los servicios al cliente: se consigue la satisfacción del cliente cuando lo que recibe es superior a lo que espera. Un modelo de Administración moderno debe dar un servicio a la altura de las expectativas, con una atención más cercana, adaptada a todas las necesidades, aportadora de valor, eficiente, innovadora y referente.

Las expectativas generales de la ciudadanía-cliente son altas:

  • Servicio eficaz y eficiente que satisfaga sus necesidades y evite trámites innecesarios.
  • Sencillez, transparencia, claridad y rapidez en los servicios.
  • Atención coordinada e integrada.
  • Trato correcto y cercano.

Como cada persona es diferente y sus necesidades cambian con el tiempo, resultan fundamentales:

  • El apoyo de las nuevas tecnologías, para identificar y segmentar a la ciudadanía y analizar sus necesidades (herramientas como el CRM, de gestión de las relaciones con el cliente) y para ofrecer distintos canales de comunicación: presencial, teléfono, móvil, portales web, correo electrónico, etc.
  • La función de antena de barrio de los puestos de atención al público: el conocimiento obtenido día a día en la relación con la ciudadanía permite determinar necesidades y prioridades y adecuar los procesos a las expectativas.

El objetivo final es habilitar los mecanismos y canales necesarios para que la ciudadanía obtenga información sobre sus relaciones con la Administración, pueda adjuntar documentación y hacer gestiones, disponga de nuevos canales de participación y comunicación, realice sus gestiones de forma más fácil y rápida y evite desplazamientos innecesarios.

Datos clave

  • La ciudadanía es la clienta de la Administración como prestataria de servicios públicos.
  • Principio de Calidad Total: orientación de los servicios al cliente.
  • Hay satisfacción cuando lo recibido supera lo esperado.
  • CRM: herramienta para la gestión de las relaciones con el cliente.
  • Los puestos de atención al público actúan como antena de barrio.

Sugerencias, quejas y reclamaciones: concepto y alcance

Cualquier persona, física o jurídica, puede presentar una sugerencia, queja o reclamación sobre el funcionamiento de los servicios y unidades administrativas de la Administración (artículo 116.1 del Decreto 91/2023). Este derecho y las formas y medios para ejercerlo se publicitan en el punto de acceso único, en la sede electrónica, en todas las páginas de los portales y en el portal de transparencia, con información clara, sencilla y plenamente accesible.

Definiciones del artículo 116:

  • Sugerencia: iniciativa o propuesta cuya finalidad es mejorar la organización y la calidad de los servicios y, en especial, simplificar, reducir o eliminar trámites, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público o aumentar la satisfacción de la ciudadanía. No requiere identificación ni acreditación y se canaliza a través del Buzón Electrónico General; si la persona da un correo electrónico, se le ofrece respuesta.
  • Queja: expresión de una disconformidad o insatisfacción con la prestación de algún servicio o el funcionamiento de alguna unidad administrativa, especialmente retrasos, desatenciones o cualquier otra anomalía o deficiencia. Las que no requieren identificación se canalizan por el Buzón Electrónico General u otros medios reglamentarios; las que la requieren, por el Registro Electrónico General o el procedimiento habilitado en sede electrónica.
  • Reclamación: manifestación de la oposición o contradicción a un acto administrativo. Requiere identificación y acreditación de quien la interpone.

No tienen la consideración de quejas:

  • Las denuncias por irregularidades o infracciones de las que pueda derivar responsabilidad disciplinaria del personal.
  • Las peticiones que invoquen expresamente el derecho de petición de la Ley Orgánica 4/2001.
  • Las quejas de las autoridades o del personal en el marco de su relación de servicio.
  • Los comentarios negativos recibidos a través de las redes sociales, aunque la Administración puede informar de los canales para formular una queja o sugerencia.

Efectos de las quejas: son compatibles con la presentación de quejas ante el Ararteko; en ningún caso tienen naturaleza de denuncia, reclamación, recurso administrativo, reclamación previa a la vía judicial, reclamación por responsabilidad patrimonial ni reclamación económico-administrativa, por lo que su presentación no interrumpe los plazos; y no impiden ni condicionan las reclamaciones, recursos y acciones administrativas o judiciales que correspondan. El procedimiento administrativo de quejas es único, transversal y corporativo para toda la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Datos clave

  • Sugerencia: propuesta de mejora; no requiere identificación.
  • Queja: disconformidad con un servicio o con el funcionamiento de una unidad.
  • Reclamación: oposición o contradicción a un acto administrativo; requiere identificación.
  • La queja no interrumpe los plazos (art. 116.7).
  • Las quejas son compatibles con las presentadas ante el Ararteko.

La accesibilidad en las oficinas de atención ciudadana: Real Decreto 366/2007

Como todas las personas deben ser iguales en el trato, el servicio de atención debe adaptarse a quienes tienen más dificultades, y el diseño de las oficinas de atención ha de ser integrador. El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, y relaciona las medidas que deben reunir las oficinas y servicios de atención ciudadana.

Oficinas de atención:

  • Ubicación: preferentemente en planta a nivel de la vía pública o, si no, con rampas o ascensores de uso autónomo y seguro; bien señalizadas desde el exterior, con señalización comprensible para personas con discapacidad intelectual; al menos un itinerario accesible hasta la vía pública, servicios anexos y aparcamientos; y, si hay aparcamiento, plazas suficientes y señalizadas reservadas a personas con movilidad reducida.
  • Acceso: espacio horizontal y sin obstáculos junto a la puerta, suelo continuo entre exterior e interior, intercomunicadores accesibles en texto y voz, puertas accesibles y, si son acristaladas, protegidas contra roturas y señalizadas con dos bandas horizontales de 20 centímetros de ancho y contraste cromático.
  • Recepción: los controles de acceso no deben obstaculizar a personas en silla de ruedas, con perros guía o de asistencia o bastón, ni interferir con marcapasos o prótesis auditivas; si no tienen dimensiones suficientes, habrá medios alternativos; recorridos señalizados de forma visual y táctil y mobiliario de espera con criterios de diseño para todos.
  • Señalización interior: información concisa, con la relevante en al menos dos de las tres modalidades sensoriales (visual, acústica y táctil), buen contraste, megafonía con bucle de inducción magnética y también en paneles de texto, señalización táctil en altorrelieve y braille, y avisos de alarma sonoros y visuales a la vez.
  • Puestos de atención: al menos una parte del mostrador a la altura de una mesa de trabajo, espacio libre para sillas de ruedas, sin vidrios que dificulten la comunicación, con bucle de inducción magnética, y atención telefónica con telefonía de texto, fax y, si es posible, videotelefonía.
  • Sistemas interactivos: ubicación accesible, la información de texto también en modo sonoro y la sonora transcrita, confirmación sonora de las acciones, pantallas antirreflejo y un sistema alternativo a las pantallas táctiles.

Impresos y documentos. Deben estar disponibles en condiciones de plena accesibilidad, en estantes o dispensadores que permitan la máxima autonomía; a petición de la persona con discapacidad se ofrecen en formatos alternativos (tipografía grande, braille) o con personal de apoyo, y siempre en la web y en formato electrónico accesible. Los impresos que rellena la ciudadanía tendrán espacios de tamaño adecuado, sin fondos con dibujos ni tintas de poco contraste, e instrucciones claras y concisas. El artículo 13.1, sobre el contenido de los documentos, exige hasta el 1 de enero de 2027 un lenguaje simple y directo, sin siglas ni abreviaturas, y versiones simplificadas de los documentos básicos para personas con discapacidad intelectual o problemas de comprensión escrita; desde el 2 de enero de 2027, por el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, remite a los requisitos del artículo 10 del Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

Prestación del servicio. La atención verbal, presencial o telefónica, sigue las especificaciones técnicas de accesibilidad, y la formación del personal de atención atiende especialmente al conocimiento de las distintas discapacidades, al trato con las personas con discapacidad y al uso de medios auxiliares.

Datos clave

  • Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo: accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad ante la Administración General del Estado.
  • Ubicación preferente de la oficina: planta a nivel de la vía pública.
  • Puertas acristaladas: dos bandas horizontales de 20 centímetros de contraste cromático.
  • Información relevante en al menos dos de tres modalidades: visual, acústica y táctil.
  • Al menos una parte del mostrador a la altura de una mesa de trabajo.
  • Artículo 13.1: nueva redacción por el Real Decreto 707/2026 desde el 2 de enero de 2027.

La persona ante la Administración: capacidad de obrar y concepto de interesado (Ley 39/2015, artículos 3 y 4)

Para que la ciudadanía pueda actuar como destinataria de los servicios públicos y relacionarse con la Administración en un procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, define primero quién tiene capacidad para actuar y quién tiene la condición de interesado.

Capacidad de obrar (artículo 3). A los efectos de la Ley, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
  • Los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
  • Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Concepto de interesado (artículo 4). Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Además, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Cuando la condición de interesado derive de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucede en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Datos clave

  • Capacidad de obrar: la que se tenga con arreglo a las normas civiles (art. 3.a).
  • Menores: para los derechos e intereses cuya actuación permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela (art. 3.b).
  • Grupos de afectados y entidades sin personalidad: solo cuando la Ley lo declare expresamente (art. 3.c).
  • El artículo 4 regula quiénes se consideran interesados en el procedimiento.
  • Quien se persona por intereses legítimos puede hacerlo mientras no haya resolución definitiva.

Deber de colaboración y derechos de la persona interesada (Ley 39/2015, artículos 18 y 53.1)

La relación entre la ciudadanía y la Administración tiene dos caras: el deber de colaborar con ella y los derechos que la Ley reconoce a quien es interesado en un procedimiento.

Deber de colaboración (artículo 18). Las personas colaboran con la Administración en los términos de la Ley que en cada caso resulte aplicable y, a falta de previsión expresa, le facilitan los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requiera para el ejercicio de sus competencias. El deber cede cuando la revelación de la información atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusiera comunicar datos confidenciales de terceros conocidos por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los interesados que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Si la inspección requiere entrar en el domicilio o en lugares que exijan autorización del titular, se está a lo dispuesto en el artículo 100.

Derechos del interesado en el procedimiento (artículo 53.1). Además del resto de derechos previstos en la Ley, los interesados tienen derecho:

  • A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente y los actos de trámite, y a acceder y obtener copia de los documentos.
  • A identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
  • A no presentar documentos originales, salvo que excepcionalmente la normativa lo exija.
  • A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas.
  • A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.
  • A obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos de sus proyectos, actuaciones o solicitudes.
  • A actuar asistidos de asesor y a cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos.

Datos clave

  • Colaboración a falta de previsión expresa: informes, inspecciones y otros actos de investigación (art. 18.1).
  • Límites: honor, intimidad y datos confidenciales de terceros conocidos por servicios profesionales.
  • Deber de identificar a otros interesados no comparecidos (art. 18.2).
  • Derecho a no aportar datos no exigidos, ya en poder de la Administración o elaborados por ella (art. 53.1.d).
  • Alegaciones y documentos: en cualquier fase anterior al trámite de audiencia (art. 53.1.e).

Información administrativa y atención al ciudadano en la normativa estatal: Reales Decretos 208/1996 y 951/2005

La información administrativa. El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la define como un cauce adecuado a través del cual la ciudadanía puede acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos.

Por la materia sobre la que versa, la información administrativa puede ser:

  • Relativa a la Administración: accesible para la propia Administración que la genera, para la ciudadanía en general y para otras Administraciones, según su contenido y las limitaciones de acceso por funciones, competencias y protección de datos.
  • Relativa a la ciudadanía: accesible para la persona interesada, la ciudadanía en general, la Administración y los colectivos y agentes con acceso habilitado, según funciones, competencia y protección de datos.

El Real Decreto 208/1996 distingue además entre información general y particular:

  • Información general (artículo 2): la relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas; la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones imponen a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se proponen realizar; la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, y cualquier otro dato que necesiten conocer en sus relaciones con las Administraciones públicas.
  • Información particular (artículo 3): la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación y a la identificación de las autoridades y el personal bajo cuya responsabilidad se tramitan. Solo puede facilitarse a quienes tengan la condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales. Puede referirse también a datos de carácter personal que afectan a la intimidad de las personas físicas, y la información sobre documentos con esos datos queda reservada a las personas a que se refieren. La aportan las unidades de gestión.

La atención al ciudadano. El artículo 4 del Real Decreto 208/1996 incluye en la atención personalizada, entre otras, estas funciones:

  • Recepción y acogida, para facilitar la orientación y ayuda que se precise al inicio de la visita, en particular sobre la localización de dependencias y funcionarios.
  • Orientación e información: aclaraciones y ayudas de índole práctica sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación de los proyectos, actuaciones o solicitudes, o para acceder a un servicio público o beneficiarse de una prestación.
  • Gestión: recepción de la documentación inicial de un expediente y actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad exigen una respuesta inmediata.
  • Recepción de iniciativas o sugerencias de los ciudadanos o de los propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los innecesarios.
  • Recepción de quejas y reclamaciones por las tardanzas, desatenciones o cualquier otra actuación irregular en el funcionamiento de las dependencias administrativas.

Quejas y sugerencias en la mejora de la calidad. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, integra el programa de quejas y sugerencias en el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. En el ámbito local, la defensa de los derechos de los vecinos se regula en la Ley 7/1985, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

Datos clave

  • Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero: servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
  • Información general: artículo 2 del Real Decreto 208/1996.
  • Información particular: artículo 3; solo para interesados o sus representantes legales.
  • Funciones de atención al ciudadano: artículo 4 del Real Decreto 208/1996.
  • Real Decreto 951/2005, de 29 de julio: programa de quejas y sugerencias en el marco de mejora de la calidad de la Administración General del Estado.

Información y atención a vecinos y prestadores de servicios en la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 70 bis)

El artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge, entre otras, dos obligaciones de las entidades locales para facilitar la comunicación y la atención a vecinos y a prestadores de servicios.

Tecnologías de la información. Las entidades locales, y especialmente los municipios, deben impulsar el uso interactivo de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, la presentación de documentos y la realización de trámites, encuestas y consultas ciudadanas.

Ventanilla única para prestadores de servicios. En los procedimientos relativos a una actividad de servicios incluida en la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores pueden realizarlos por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo la inspección del lugar o del equipo. Las entidades locales garantizan, dentro de sus competencias, que los prestadores puedan a través de la ventanilla única obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y comunicaciones de las autoridades competentes sobre sus solicitudes. También impulsan la coordinación para normalizar esos formularios.

Datos clave

  • Las entidades locales, y especialmente los municipios, deben impulsar el uso interactivo de las tecnologías de la información y la comunicación con los vecinos (art. 70 bis.3).
  • Ventanilla única: trámites por vía electrónica y a distancia, salvo la inspección del lugar o del equipo.
  • Por la ventanilla única el prestador obtiene información y formularios y conoce las resoluciones que le afectan (art. 70 bis.4).

Técnicas de atención ante quejas y reclamaciones

Las quejas y reclamaciones son recursos que utilizan las personas para expresar que su necesidad no ha sido cubierta y uno de los cauces para recoger la voz ciudadana. En atención al público se tratan como objeciones: cuando la objeción es real, informa de un problema que hay que resolver, indica una posible mejora y ayuda a ajustar los procesos, anticipar necesidades y mejorar la satisfacción ciudadana. Las objeciones pueden presentarse en cualquier momento y en forma de silencio, indecisión, protesta, queja o reclamación, y para afrontarlas conviene contar con el máximo de información y solventarlas en el menor tiempo posible.

Pautas recomendadas ante cualquier objeción:

  • Adoptar la actitud necesaria: disposición a resolver, actitud positiva, sin pasividad y manteniendo la calma.
  • Escuchar: averiguar la causa, permitir que la persona exprese su malestar y mostrar empatía.
  • Diagnosticar mediante la observación, la intuición y las preguntas adecuadas: las abiertas son las que más información proporcionan (¿Cómo puedo ayudarle?, ¿Puede contarme qué ha pasado?) y las cerradas sirven para profundizar y demostrar interés.
  • Resumir lo dicho, para demostrar entendimiento y empatía.
  • Analizar el origen y la gravedad: si es fácil o difícil de resolver o si requiere la intervención de terceros.
  • Resolver con soluciones a la medida o alternativas, derivando a un tercero si es necesario e involucrando a la persona. Si no tiene razón, se dan explicaciones objetivas y detalladas; si la tiene, se soluciona con agilidad y se ofrecen disculpas en nombre de la organización, sin criticar a otros empleados, a la propia persona ni a otras Administraciones.
  • Asegurar: informar de los avances y de los errores corregidos e indicar los pasos siguientes.

Perfiles de la ciudadanía y técnica adecuada:

  • Persona conflictiva: no discutir ni entrar en la provocación; paciencia, dejarle hablar y mantener la calma.
  • Persona indecisa: concentrar su atención en los aspectos más críticos.
  • Persona tímida: crear un clima de confianza y ofrecer una explicación amplia asegurando que entiende.
  • Persona acelerada: respuesta clara y concisa centrada en los puntos básicos.
  • Persona reflexiva: escucha atenta y repetir las explicaciones en distintos términos.
  • Persona altanera: dar importancia a sus ideas y presentar la mejor opción como si fuera suya.
  • Persona minuciosa: demostrar eficiencia y profesionalidad.

En la gestión del proceso resulta útil que los lugares, canales, forma de presentación, derechos y plazos sean conocidos por toda la ciudadanía; distinguir una respuesta inmediata o acuse de recibo y una respuesta tras la tramitación; registrar cada queja con un identificador único; y evaluar las quejas para analizar tendencias y eliminar las causas de los problemas como base de la mejora continua.

Datos clave

  • En atención al público, quejas y reclamaciones se tratan como objeciones.
  • Las preguntas abiertas son las que más información proporcionan.
  • Si la persona tiene razón: solucionar con agilidad y disculparse en nombre de la organización.
  • Siete perfiles: conflictiva, indecisa, tímida, acelerada, reflexiva, altanera y minuciosa.
  • Dos respuestas: acuse de recibo y respuesta tras la tramitación.