Fuentes del derecho administrativo
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Constitución Española · Art. 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Datos clave
- Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
- Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
- 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.
Constitución Española · Art. 81
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Datos clave
- ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
- Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
- Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).
Constitución Española · Art. 82
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
Datos clave
- ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
- ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
- ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
- ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
- Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
- La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.
Constitución Española · Art. 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Datos clave
- Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- Tampoco pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Constitución Española · Art. 84
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Datos clave
- ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
- ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.
- Frente a la oposición del Gobierno a la tramitación, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
Constitución Española · Art. 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Datos clave
- Las disposiciones de legislación delegada se denominan Decretos Legislativos.
- Es el Gobierno quien las dicta.
Constitución Española · Art. 86
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Datos clave
- ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
- ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
- ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
- Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.
Constitución Española · Art. 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Datos clave
- ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.
Constitución Española · Art. 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Datos clave
- ¿Qué dos principios rigen el acceso a la función pública según el art. 103.3? → Mérito y capacidad.
- Cita los cinco principios de actuación de la Administración del art. 103.1. → Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- Los cinco principios del apartado 1 se recuerdan con la sigla EJEDECO: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentración, Coordinación.
- El acceso a la función pública va siempre unido a dos palabras: mérito y capacidad.
Constitución Española · Art. 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Datos clave
- ¿Qué órganos controlan la potestad reglamentaria según el art. 106.1? → Los Tribunales.
- ¿Qué es lo único que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración en el art. 106.2? → La fuerza mayor.
- Dos bloques, dos poderes: el apartado 1 es control judicial (Tribunales); el apartado 2 es responsabilidad patrimonial (indemnización).
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128
Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.
Datos clave
- ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
- ¿Qué tres materias no puede regular nunca un reglamento? → Delitos/faltas/infracciones administrativas, penas o sanciones, y tributos u otras cargas patrimoniales o personales de carácter público.
- Tres cosas que un reglamento JAMÁS puede crear: delitos/infracciones, sanciones y tributos. Son la reserva de ley por excelencia.
- La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129
Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
- ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
- ¿Qué declaró la STC 55/2018 sobre el art. 129? → Que es contrario al orden constitucional de competencias, salvo los párrafos 2º y 3º del apartado 4, y que son inconstitucionales y nulos los incisos en negrita del párrafo 3º del apartado 4
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130
Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574
Datos clave
- ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
- ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
- Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
- Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131
Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
Datos clave
- ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
- ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
- Publicar en el diario oficial no es un trámite más: es la condición para que la norma exista jurídicamente.
- Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132
Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
- ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
- Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.
Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133
Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574
Datos clave
- ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
- ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos
Normas del Gobierno con rango de ley: decretos legislativos y decretos-leyes
La Constitución contempla normas que, sin ser leyes ni proceder de las Cortes, tienen su mismo rango y fuerza. Las dicta el Gobierno en los supuestos tasados por la Constitución y bajo estricto control parlamentario, porque el Gobierno no es titular de la función legislativa: su potestad normativa ordinaria es la reglamentaria, que solo le permite dictar normas de rango inferior a la ley. El control parlamentario evita que el Parlamento pierda su posición preeminente en la función legislativa.
Decretos legislativos. Son normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno en virtud de una autorización expresa de las Cortes llamada delegación legislativa. El artículo 82 de la Constitución permite a las Cortes atribuir al Gobierno, mediante una ley de delegación, la potestad de dictar una norma con fuerza de ley en los términos de esa ley. Características:
- Se prohíbe la subdelegación en autoridades distintas del propio Gobierno.
- No caben delegaciones implícitas: la delegación debe ser expresa.
- Se otorga para una materia concreta y con un plazo para su ejercicio; transcurrido el plazo, decae la habilitación.
- Se ejerce una sola vez: una vez usada se agota, aunque el plazo no haya vencido.
- No puede versar sobre materias reservadas a ley orgánica.
Control de la legislación delegada:
- Del Tribunal Constitucional, único competente para controlar la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley.
- De los tribunales ordinarios, cuyo alcance es cuestión debatida.
- Del propio Parlamento, si lo prevé la ley de delegación, mediante fórmulas adicionales de control previas o posteriores a la promulgación del decreto legislativo.
Decretos-leyes. El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar normas con fuerza de ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Son disposiciones provisionales y, a diferencia de los decretos legislativos, el Gobierno tiene atribuida esta potestad directamente por la Constitución, sin intervención previa del Parlamento. El Tribunal Constitucional ha interpretado la extraordinaria y urgente necesidad no como una circunstancia de excepción, sino como una situación imprevista, más o menos grave, que requiere una intervención urgente sin la dilación que supondría la intervención del legislativo.
Los decretos-leyes no pueden afectar:
- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I.
- Al régimen de las Comunidades Autónomas.
- Al Derecho electoral general.
Control. El decreto-ley entra en vigor tras su promulgación y publicación. En el plazo máximo de 30 días desde su promulgación debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso, que lo convalida o lo deroga. Si se convalida, sigue en vigor ya sin carácter provisional, y dentro de esos 30 días las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Como toda norma con fuerza de ley, su control jurisdiccional corresponde al Tribunal Constitucional.
Datos clave
- Decreto legislativo: artículo 82 de la Constitución, previa ley de delegación de las Cortes.
- La delegación es expresa, para materia concreta, con plazo y se agota con su uso.
- Decreto-ley: artículo 86 de la Constitución, por extraordinaria y urgente necesidad.
- Convalidación o derogación por el Congreso en 30 días desde la promulgación.
- El control jurisdiccional de ambas normas corresponde al Tribunal Constitucional.
La ley: concepto, reserva de ley y clases de leyes
Concepto. La ley es, junto con la Constitución, la única norma del ordenamiento que goza de legitimidad democrática directa, porque es producto de la actividad normativa de la representación del pueblo, las Cortes Generales, y expresa su voluntad. Es la categoría normativa inmediatamente subordinada a la Constitución: el contenido material de esta limita al legislador, que no puede contradecirla, pero la Constitución no fija mandatos detallados, sino un marco dentro del cual el legislador elige libremente entre diversas políticas legislativas, manifestación del pluralismo político reconocido en el artículo 1. Desde un punto de vista formal, ley es la norma elaborada como tal por el Parlamento; hoy se expresa mediante formas diversas, todas con la misma fuerza y rango y subordinadas únicamente a la Constitución.
La función legislativa tiene por objeto elaborar normas que expresan la voluntad popular y cuya fuerza prevalece sobre cualquier otra fuente jurídica, sometidas solo a la Constitución. La ejerce de manera ordinaria el Parlamento y, extraordinariamente, otros órganos, normalmente el Gobierno, que pueden dictar dentro de ciertos límites normas con igual fuerza que las leyes.
Reserva de ley. Es la reserva que hace la Constitución de determinadas materias para que se regulen obligatoriamente por ley. Es una garantía para que las materias de especial importancia las regule el órgano que representa la soberanía popular, las Cortes Generales, o al menos normas de igual rango y fuerza, aunque las dicte el Ejecutivo (decretos-leyes y decretos legislativos). La reserva puede ser más o menos intensa según el espacio que se deje al reglamento, pero no existe una reserva reglamentaria, es decir, materias que deban regularse obligatoriamente por reglamento.
Leyes del Estado y leyes de las Comunidades Autónomas. La Constitución atribuye a las Cortes la potestad legislativa del Estado y, por la estructura territorial del Estado, también a los Parlamentos autonómicos. Unas y otras leyes tienen el mismo rango y fuerza, y cada legislador actúa en el ámbito material que fija el bloque de la constitucionalidad: la Constitución, los Estatutos de Autonomía y ciertas leyes estatales que distribuyen competencias. Ese bloque determina en qué materias es competente cada legislador (principio de competencia).
Leyes orgánicas y leyes ordinarias:
- Leyes orgánicas: tratan materias prefijadas por la Constitución y tienen un procedimiento especial de aprobación; solo puede dictarlas el legislador estatal. El artículo 81 de la Constitución reserva a ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás materias previstas en la Constitución. La lista es cerrada.
- El Tribunal Constitucional interpreta estas materias de forma restrictiva para no rigidizar el ordenamiento: la reserva alcanza solo a los derechos y libertades de la sección 1.ª del capítulo II del título I, y solo a sus aspectos esenciales.
- Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Si solo una parte de una ley tiene carácter orgánico, esos preceptos deben indicarse expresamente y solo ellos siguen el procedimiento agravado.
- Leyes ordinarias: todas las demás, del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango y fuerza de ley; aunque la cuestión no es unánime, su relación parece explicarse más por los distintos ámbitos materiales en que actúan que por la jerarquía. Una ley ordinaria no puede modificar lo establecido por una ley orgánica, y una ley orgánica no puede regular materias distintas de las señaladas en la Constitución. Entre las leyes con procedimiento propio están los Estatutos de Autonomía, leyes orgánicas con un procedimiento específico de aprobación, y, entre las ordinarias, la Ley de Presupuestos.
Datos clave
- La ley y la Constitución son las únicas normas con legitimidad democrática directa.
- No existe reserva reglamentaria.
- Bloque de la constitucionalidad: Constitución, Estatutos de Autonomía y leyes estatales de distribución de competencias.
- Leyes orgánicas: artículo 81 de la Constitución; solo las dicta el legislador estatal.
- Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- La reserva de ley orgánica alcanza a los derechos de la sección 1.ª del capítulo II del título I.
Límites formales y sustanciales de la potestad reglamentaria
La potestad reglamentaria está sujeta a límites externos o formales y a límites sustanciales.
Límites formales:
- Competencia: solo es válido el reglamento dictado por el órgano que tiene atribuida la potestad reglamentaria.
- Procedimiento: la elaboración de disposiciones de carácter general se inicia con estudios e informes previos que garanticen su legalidad, acierto y oportunidad; los proyectos se someten a informe de diversos órganos y, en su caso, a información pública, y los decretos de desarrollo y ejecución de una ley requieren preceptivamente el dictamen del Consejo de Estado. El defectuoso cumplimiento del procedimiento supone la nulidad de la disposición.
- Publicación: los reglamentos estatales deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado para producir efectos jurídicos, y los autonómicos en el diario oficial que corresponda. Las ordenanzas municipales siguen el procedimiento de la Ley de Bases del Régimen Local, con información pública y audiencia de los interesados, y se publican en el Boletín Oficial de la Provincia.
Límites sustanciales:
- Principios generales del Derecho. Un reglamento que respete los límites anteriores, incluida la ley, no es válido si se opone a los principios generales del Derecho. El sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho incluye estos principios, ideas sustanciales que inspiran el ordenamiento.
- Prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Remite a criterios de justicia material de los principios generales: no son válidos los reglamentos que imponen medidas desproporcionadas o incongruentes con su finalidad, que llevan a resultados manifiestamente injustos o que son contrarios a la buena fe o a la confianza legítima de la ciudadanía.
- Control de la discrecionalidad. La potestad reglamentaria es muchas veces discrecional, pero solo se ejerce legítimamente si respeta los elementos reglados de su atribución, que pueden controlar los tribunales; la discrecionalidad también se controla mediante los principios generales: buena fe, igualdad, proporcionalidad entre la infracción y la sanción y prohibición de la arbitrariedad.
La materia reglamentaria. Dentro de las materias administrativas se distingue:
- El ámbito interno u organizativo de la Administración, campo por excelencia de la potestad reglamentaria, en el que no hace falta habilitación legal.
- Las materias que imponen obligaciones y deberes o limitan derechos de la ciudadanía: el reglamento solo puede actuar como complemento de la ley y necesita una habilitación legal específica.
Datos clave
- Límites formales: competencia, procedimiento y publicación.
- Incumplir el procedimiento de elaboración supone la nulidad del reglamento.
- Los reglamentos estatales producen efectos al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
- Ordenanzas municipales: información pública y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Límite sustancial: los principios generales del Derecho y la prohibición de la arbitrariedad.
- Regular obligaciones de la ciudadanía exige habilitación legal específica; la materia organizativa, no.
La potestad reglamentaria: concepto, clases de reglamentos y titularidad
Concepto. La potestad reglamentaria es la capacidad atribuida al poder ejecutivo de dictar normas de rango inferior a las leyes, normalmente en desarrollo o aplicación de estas. El artículo 97 de la Constitución la confiere expresamente al Gobierno, que la ejerce de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Clases de reglamentos:
- Reglamentos ejecutivos: se dictan en virtud de remisiones de la ley al reglamento, para completar y desarrollar la ley en que se apoyan.
- Reglamentos independientes: no derivan de mandatos legales y solo caben en materias organizativas; dentro del marco constitucional y legal, la Administración puede disponer sobre sí misma sin una ley previa que la habilite.
A través de los reglamentos el Gobierno garantiza el cumplimiento del ordenamiento, ya sea con reglamentos de ejecución, que precisan y detallan las leyes, ya con reglamentos de organización interna, que ordenan los instrumentos de la actuación administrativa.
Diferencias entre ley y reglamento:
- Por los principios de legalidad y jerarquía, el reglamento es inferior a la ley: no puede contradecirla y puede ser modificado por leyes posteriores. La primacía de la ley es absoluta.
- El reglamento no puede entrar en materias reservadas a la ley, orgánica u ordinaria; no existe reserva reglamentaria.
- Los reglamentos pueden ser controlados por los jueces y tribunales ordinarios; las leyes y normas con rango de ley, por el Tribunal Constitucional.
Titularidad. La Constitución atribuye la potestad reglamentaria únicamente al Gobierno, que actúa mediante diversos órganos: el Consejo de Ministros y otros órganos gubernamentales como el Presidente, los Vicepresidentes y los ministros. Al Consejo de Ministros corresponde aprobar los reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, mediante reales decretos; los ministros ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento mediante órdenes ministeriales; también la tiene el Presidente del Gobierno. Estos reglamentos forman un cuerpo jerarquizado y son los únicos comprendidos directamente en el artículo 97. Las disposiciones de órganos inferiores necesitan una habilitación legal o de los reglamentos del Gobierno o sus ministros; si no la tienen, son meras instrucciones o directrices internas (circulares, instrucciones, resoluciones) que no constituyen Derecho objetivo que afecte a la ciudadanía.
Otros titulares:
- Comunidades Autónomas, provincias y municipios: su autonomía para la gestión de sus intereses incluye como mínimo la potestad reglamentaria, que en el caso de la Administración local es también el máximo. La de los ejecutivos autonómicos exige leyes que organicen estos entes y definan sus competencias.
- Órganos del Estado con autonomía reglamentaria interna, como las Cámaras legislativas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial: dictan reglamentos de organización y funcionamiento cuyos efectos se limitan al interior del órgano.
- Los reglamentos de las Cámaras se fundan directamente en la Constitución, no están subordinados a ninguna ley y su posición es análoga a la de las leyes, sometidos al mismo control de constitucionalidad.
Datos clave
- Artículo 97 de la Constitución: la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno.
- Reglamentos ejecutivos: desarrollan una ley; independientes: solo en materia organizativa.
- Consejo de Ministros: reales decretos, previo dictamen del Consejo de Estado para desarrollar leyes.
- Ministros: órdenes ministeriales en las materias de su departamento.
- Circulares, instrucciones y resoluciones internas no son Derecho objetivo para la ciudadanía.
- Los reglamentos de las Cámaras se fundan directamente en la Constitución.
Los principios de jerarquía normativa y de competencia
Concepto. El principio de jerarquía normativa supone la existencia de diversas categorías de normas, cada una con un rango, relacionadas jerárquicamente: las de rango superior prevalecen en caso de conflicto sobre las de rango inferior, que nunca pueden contradecirlas. Es decisivo para la validez de una norma: la que contradice a otra superior no puede derogarla y tiene un vicio de validez desde su origen; es contraria a Derecho, aunque permanece en el ordenamiento hasta que la invalidez la declaren los tribunales competentes o, en ciertos supuestos, la propia Administración.
Origen histórico. Aparece con el Estado liberal, ligado a la jerarquización de los poderes públicos con capacidad normativa: la ley, que emana del Parlamento, que encarna la voluntad popular, es superior al reglamento del Ejecutivo, que queda en posición subordinada.
Contenido:
- Consecuencias positivas: cada norma tiene, según su nivel, una capacidad innovadora activa, porque puede modificar o derogar las de nivel inferior salvo que estén protegidas por los principios de competencia o de procedimiento, y pasiva, porque solo puede ser modificada o derogada por normas de su mismo nivel o superior.
- Consecuencias negativas: la norma inferior que contraviene la superior es nula, nulidad que el tribunal competente puede declarar con efectos erga omnes (frente a todos), y que a menudo afecta solo a la parte de la norma que produce la contradicción.
Ámbito. La jerarquía actúa dentro de cada sistema normativo (el del Estado, cada subsistema autonómico o los ordenamientos supranacionales aplicables), pero no entre normas de sistemas distintos: una ley del Estado no es superior ni inferior a una ley del Parlamento Vasco ni a un reglamento del Gobierno Vasco.
Principio de competencia. Matiza la jerarquía: dentro de un mismo nivel, como el de la ley, hay diversas categorías de igual rango y fuerza (leyes estatales, autonómicas, ordinarias, orgánicas), cada una en su ámbito material. Son válidas las normas:
- Dictadas por un ente territorial, como una Comunidad Autónoma, dentro de su competencia.
- Emanadas de los órganos que tienen reconocida la potestad normativa, por ejemplo el Congreso y el Senado para sus reglamentos.
- Dictadas dentro del ámbito material prefijado por la Constitución, como las leyes orgánicas.
Jerarquía en el ordenamiento español. La Constitución es la única norma con vínculo jerárquico con todas las demás, estatales, autonómicas o locales; su superioridad resulta de su protección frente a la reforma por el legislador ordinario y de su defensa frente a cualquier norma que vulnere su contenido. Las leyes administrativas generales recogen la subordinación de los reglamentos: son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior (artículo 47.2 de la Ley 39/2015), y los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas de ese rango.
Las leyes de un mismo sistema son jerárquicamente iguales entre sí, mientras que los reglamentos se jerarquizan según el órgano del que emanan: primero, las disposiciones aprobadas por real decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros; después, las aprobadas por orden ministerial. Ningún reglamento puede vulnerar los preceptos de otro de jerarquía superior.
Datos clave
- La norma inferior contraria a la superior es nula; el tribunal competente puede declararlo con efectos erga omnes.
- La jerarquía opera dentro de cada sistema normativo, no entre sistemas distintos.
- Principio de competencia: normas de igual rango, cada una en su ámbito material.
- La Constitución es la única norma con vínculo jerárquico con todas las demás.
- Artículo 47.2 de la Ley 39/2015: nulidad de pleno derecho de las disposiciones que vulneran normas superiores.
- Los reales decretos prevalecen sobre las órdenes ministeriales.
El principio de legalidad: sujeción positiva y negativa, potestades regladas y discrecionales
El principio de legalidad en la Constitución. Es una manifestación esencial del Estado de Derecho. El Preámbulo se propone consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; el artículo 9.3 garantiza el principio de legalidad; el artículo 97 obliga al Gobierno a ejercer sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes, y el artículo 103.1 dispone que la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Este mandato se entiende como sometimiento a todo el sistema normativo, no solo a las leyes del Parlamento, y como completa juridicidad de la acción administrativa: toda actuación se valora con las normas escritas o, donde no existan, con los principios generales del Derecho.
Sujeción positiva y negativa. La sujeción a la norma puede ser de dos tipos:
- Sujeción positiva: la norma es fundamento previo y necesario de la acción; sin habilitación normativa la acción está prohibida (lo que no está permitido se considera prohibido).
- Sujeción negativa: la norma es un mero límite externo y el sujeto actúa libremente mientras no contradiga sus mandatos o prohibiciones (lo que no está prohibido está permitido).
La Constitución no dice cuál rige para la Administración. Una doctrina exige habilitación previa solo para las actuaciones que afectan de forma extintiva o limitativa a las situaciones jurídicas de las personas, y aplica la vinculación negativa al resto, por ejemplo al ámbito prestacional o de fomento. Otra doctrina sostiene que hoy rige la vinculación positiva: no hay espacios libres de ley, toda actuación administrativa necesita cobertura legal previa, y la legalidad atribuye potestades a la Administración, sin las cuales no podría actuar. La atribución de potestades debe ser expresa y específica.
Potestades regladas y discrecionales:
- Regladas: la ley determina exhaustivamente las condiciones de ejercicio; la Administración se limita a constatar el supuesto de hecho legal y a aplicar la consecuencia prevista.
- Discrecionales: la ley fija algunas condiciones y deja el resto a la estimación de la Administración. También se fundan en una ley que las permite: solo cabe discrecionalidad en virtud de la ley y en la medida en que lo disponga. Supone varias soluciones, todas en principio igualmente aceptables, entre las que la Administración elige.
Vinculación a los reglamentos. Las normas inferiores a la ley obligan también a la Administración que las dictó, lo que se manifiesta en dos principios:
- Inderogabilidad singular de los reglamentos: son nulas las resoluciones singulares que vulneran un reglamento, aunque las dicte un órgano de igual o superior jerarquía al que lo aprobó; la Administración no puede exceptuar su aplicación en un caso concreto ni dispensar de su cumplimiento salvo que el propio reglamento lo prevea, porque se vulneraría la igualdad en la aplicación de las normas.
- Reglamentación previa de la actuación administrativa: dictar actos administrativos formales exige una norma previa que establezca el órgano competente, el procedimiento y el contenido posible.
Datos clave
- Artículo 103.1 de la Constitución: sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- Sujeción positiva: lo que no está permitido está prohibido.
- Sujeción negativa: lo que no está prohibido está permitido.
- Potestad reglada: la ley fija todas las condiciones de ejercicio.
- Potestad discrecional: solo existe en virtud de la ley y en la medida en que esta lo disponga.
- Inderogabilidad singular: nula la resolución singular contraria a un reglamento, aunque proceda de un órgano superior.