III Acuerdo Interinstitucional de atención a víctimas de violencia machista (CAE)
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III Acuerdo Interinstitucional: fundamento y antecedentes
El III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres en la CAE se firmó en Vitoria-Gasteiz el 19 de enero de 2023. Su parte expositiva se articula en cinco apartados.
I. Una violación de derechos humanos que apela a las instituciones públicas. La violencia machista contra las mujeres está reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos y se considera un problema social y de salud pública de primer orden. Entre la normativa de referencia se citan la CEDAW (1979), el Convenio de Estambul (2011), la Ley Orgánica 1/2004, la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual y la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, que fija como prioridad de los poderes públicos vascos la atención integral, recuperación y reparación de las víctimas.
II. Un problema estructural cuyo origen está en la desigualdad. Es la expresión más extrema de la desigualdad de mujeres y hombres; una violencia estructural y sistémica que sirve de instrumento de control social para mantener esa desigualdad.
III. Logros de acuerdos previos:
- En 2001 se firmó el I Acuerdo Interinstitucional para la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, iniciativa pionera que comprometió por primera vez a las instituciones de salud, servicios sociales, seguridad y justicia a seguir pautas homogéneas en toda la CAE. Estuvo vigente ocho años.
- En 2009 se firmó el II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual. Desde su entrada en vigor se diseñó e impulsó, entre otros, el Programa Jabetuz para la formación especializada de profesionales de todos los ámbitos y sistemas.
IV. Cambios normativos desde 2009: el Convenio de Estambul, en vigor desde 2014 y primer instrumento obligatorio en Europa en la materia (su seguimiento corresponde al GREVIO); el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017; la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la reforma de la Ley 4/2005 por la Ley 1/2022, de 3 de marzo: en la Ley 4/2005 así reformada, el Capítulo VII, «Violencia machista contra las mujeres», es un hito. El artículo 62 de la Ley 4/2005 encarga a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, impulsar la actualización de los acuerdos de colaboración interinstitucional. El III Acuerdo se plantea como un acuerdo marco que podrá desarrollarse y adecuarse a los distintos ámbitos de intervención.
V. Cambios sociales: nuevas formas de violencia vinculadas a las tecnologías (sexting, grooming, cibercontrol, ciberacoso sexual y sexista), las agresiones sexuales en grupo o mediante sumisión química y la violencia vicaria.
Datos clave
- Firma: Vitoria-Gasteiz, 19 de enero de 2023.
- I Acuerdo: 2001; II Acuerdo: 2009.
- La Ley 4/2005 fue modificada por la Ley 1/2022, de 3 de marzo.
- El artículo 62 de la Ley 4/2005 encomienda a Emakunde impulsar la actualización de los acuerdos.
- El III Acuerdo es un acuerdo marco.
La Comisión de Seguimiento
Acuerdo sexto. Para el seguimiento y evaluación de los compromisos del Acuerdo se mantiene la Comisión de Seguimiento, creada en el marco del I Acuerdo.
Funciones:
- a) Proponer a las instituciones acciones para mejorar la coordinación y garantizar la aplicación efectiva del Protocolo.
- b) Realizar propuestas de actuación conjunta y de coordinación de intervenciones que afecten a varias instituciones.
- c) Emitir informes, por propia iniciativa o bajo petición amparada en una norma jurídica.
- d) Adoptar acuerdos relacionados con el objeto del Acuerdo.
- e) Recibir quejas por incumplimiento de las pautas del Protocolo y proponer medidas de subsanación.
- f) Acordar las líneas de trabajo y temas prioritarios del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) para cada ejercicio presupuestario.
- g) Aprobar al final de cada ejercicio un informe de seguimiento y evaluación; cada institución remite a la Secretaría su informe con un mes de antelación a la reunión.
- h) Acordar la actualización del Protocolo siempre que no afecte a aspectos sustanciales que justifiquen un nuevo Acuerdo.
- i) La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual excede sus funciones: se gestiona en la Mesa contra la Trata que impulsa Emakunde desde 2013.
- j) Cualesquiera otras que se le atribuyan.
Composición. La preside la persona que ocupe la Dirección de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y la integran representantes con rango de viceconsejero o similar de los departamentos del Gobierno Vasco competentes en igualdad, salud, seguridad ciudadana, justicia, servicios sociales, inclusión social, empleo, vivienda y educación; de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; de Eudel; del Consejo General del Poder Judicial; del Ararteko; de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco; del Consejo Vasco de la Abogacía, y del Consejo Médico Vasco. La persona titular de la Secretaría General de Emakunde asume la secretaría; en su ausencia o enfermedad, la asume la o el vocal más joven. Pueden participar esporádicamente, con voz y sin voto, personas expertas y miembros de asociaciones.
Funcionamiento:
- Funciona en pleno y en subcomisiones; el pleno nombra a quienes forman cada subcomisión.
- El pleno celebra al menos una sesión ordinaria al año.
- Sesiones extraordinarias: a iniciativa de la presidencia o a petición de dos tercios de sus integrantes, por escrito y con propuesta motivada; la presidencia convoca dentro de los quince días siguientes a la solicitud.
- Quórum: mayoría absoluta de sus miembros, con presencia necesaria de la presidencia y la secretaría o de quienes las sustituyan.
- Acuerdos por mayoría simple de los asistentes; en caso de empate decide el voto de la presidencia.
- Emakunde presta la asistencia técnica y administrativa.
Datos clave
- Presidencia: Dirección de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
- Secretaría: Secretaría General de Emakunde; en su ausencia, la o el vocal más joven.
- Al menos una sesión ordinaria al año.
- Extraordinarias: a petición de dos tercios, convocadas en quince días.
- Acuerdos por mayoría simple; el empate lo dirime la presidencia.
Compromisos de las instituciones firmantes
Acuerdo tercero. Las instituciones firmantes se comprometen a adecuar su actuación ante situaciones de violencia machista contra las mujeres siguiendo los principios rectores y las pautas definidas en el Protocolo de Actuación Coordinada que se incorpora al Acuerdo, dentro del máximo respeto a sus respectivas competencias y, en especial, a la independencia judicial y del Ararteko.
Acuerdo cuarto. Para favorecer la aplicación efectiva del Protocolo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco difundirá sus contenidos entre todas las juezas y jueces implicados en la persecución de infracciones penales derivadas de situaciones de violencia machista contra las mujeres.
Acuerdo quinto. El resto de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus competencias y respetando la independencia judicial y del Ararteko, llevarán a cabo estas actuaciones:
- a) Difundir los contenidos del Protocolo entre todos los profesionales que integren o dependan de cada institución y estén implicados en la atención a víctimas, por los medios más oportunos: remisión del Acuerdo y del Protocolo, instrucciones, circulares, recomendaciones, guías, jornadas, talleres de sensibilización o acciones de formación.
- b) Diseñar y poner en marcha planes y programas de formación especializados de carácter continuo y obligatorio sobre actuación en casos de violencia machista, dirigidos tanto al personal propio como al de las entidades privadas proveedoras de servicios. La formación tendrá un triple enfoque de derechos humanos, de infancia y de género, una perspectiva interseccional y como eje el empoderamiento de las víctimas.
- c) Contribuir al conocimiento mediante la recogida y remisión de datos e información despersonalizada sobre la actividad de los recursos y servicios, adaptando si es necesario sus sistemas de información, para favorecer el análisis estadístico y la evaluación.
- d) Habilitar los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para la aplicación efectiva del Acuerdo.
- e) Actualizar sus normativas de referencia, procedimientos de actuación y sistemas de información.
- f) Promover la innovación y la mejora continua de las actuaciones para aumentar su impacto positivo en el bienestar de las víctimas.
Datos clave
- Las instituciones adecuan su actuación al Protocolo de Actuación Coordinada incorporado al Acuerdo.
- Límite común: respeto a la independencia judicial y del Ararteko.
- La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco difunde el Protocolo entre juezas y jueces.
- Formación especializada: continua y obligatoria, con triple enfoque de derechos humanos, infancia y género.
- Los datos que se remiten son despersonalizados.
Grupo Técnico Interinstitucional, grupos territoriales y vigencia del Acuerdo
Acuerdo séptimo, Grupo Técnico Interinstitucional (GTI). Se mantiene el GTI, creado en el marco del I Acuerdo, para dar apoyo técnico a la Comisión de Seguimiento. Lo integran personas técnicas designadas por las instituciones parte; cada diputación designa dos representantes, una del Órgano de Igualdad y otra del departamento competente en atención a las víctimas.
Funciones del GTI:
- Reflexionar y debatir sobre las líneas de trabajo encomendadas por la Comisión.
- Elaborar propuestas, informes técnicos y recomendaciones para su aprobación por la Comisión.
- Impulsar la actualización del Protocolo de Actuación Coordinada.
- Identificar y proponer temas emergentes.
- Intercambiar periódicamente información sobre la coordinación y sobre las incidencias detectadas.
- Organizar un encuentro anual de intercambio y formación para profesionales de los distintos ámbitos.
- Elaborar un informe anual de seguimiento y evaluación que se eleva a la Comisión, con un modelo de informe y un sistema de indicadores.
El GTI puede trabajar en pleno y en subgrupos ad hoc e invitar a personal experto. Bajo la coordinación de la representante de Emakunde, se reúne al menos dos veces al año, y Emakunde le presta la asistencia técnica y administrativa. Se mantiene también el Grupo de Sistemas de Información (GSI), consolidado en el marco del II Acuerdo, para mejorar la recogida y difusión de datos sobre la atención a víctimas.
Acuerdo octavo. Se creará un Grupo de coordinación interinstitucional en cada territorio histórico, impulsado por el órgano competente de cada Diputación, orientado a la toma de decisiones conjunta en casos de especial complejidad, con enfoque de género, perspectiva de interseccionalidad y principio de empoderamiento.
Acuerdo noveno. La entrada en vigor de este Acuerdo supone el fin de la vigencia del II Acuerdo interinstitucional suscrito en 2009.
Acuerdo décimo, vigencia. El Acuerdo entra en vigor el día siguiente al de su firma y tiene una duración de cuatro años. Se puede acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Datos clave
- GTI: creado en el I Acuerdo; se reúne al menos dos veces al año.
- Cada diputación designa dos representantes en el GTI.
- GSI: Grupo de Sistemas de Información, consolidado en el II Acuerdo.
- Un Grupo de coordinación interinstitucional por territorio histórico, impulsado por la Diputación.
- Vigencia: entra en vigor el día siguiente al de su firma, cuatro años, prorrogable por unanimidad hasta cuatro más.
Objeto del Acuerdo y concepto de violencia machista contra las mujeres
Acuerdo primero, objeto. El objeto del Acuerdo es lograr la máxima y mejor coordinación y colaboración entre las instituciones implicadas en la CAE en la atención integral a las víctimas de violencia machista contra las mujeres, con el fin último de mejorar la atención que se les presta y ayudar a las víctimas a lograr una vida satisfactoria sin violencia machista. Para ello se adoptarán pautas que garanticen una actuación homogénea en la CAE y una atención integral y de calidad en siete ámbitos: sanitario, policial, judicial, de servicios sociales, educativo, de vivienda y de empleo.
Acuerdo segundo, terminología y ámbito. Las instituciones firmantes acuerdan la terminología «violencia machista contra las mujeres», en coherencia con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, y la definen como lo hace esa ley:
- Toda violencia que se ejerza contra las mujeres, incluidas las niñas y adolescentes y las mujeres transexuales, por el hecho de ser mujeres, o que les afecte de forma desproporcionada, tanto en el ámbito público como en el privado.
- Puede ejercerse por acción o por omisión, con medios físicos, psicológicos o económicos, incluidas amenazas, intimidaciones y coacciones, con resultado de daño físico, sexual, psicológico, social, socioeconómico o patrimonial.
- Comprende, entre otras, la violencia en la pareja o expareja, la intrafamiliar, la sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, la violencia institucional, el acoso, la violencia política de género, la digital y en redes sociales y la obstétrica, en cualquier ámbito, incluido el entorno virtual.
- También es violencia machista la ejercida contra las personas que apoyan a las víctimas y contra su entorno cercano o afectivo, especialmente hijos e hijas, con la voluntad de afligir a la mujer.
Son también víctimas las niñas, niños y adolescentes y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha violencia y que, por su vulnerabilidad, se vean directamente afectadas. El concepto de víctima engloba asimismo a las personas supervivientes que han emprendido un proceso de recuperación. Conforme a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, las violencias sexuales son cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual, incluido el ámbito digital.
Esta conceptualización amplía el marco respecto de la Ley Orgánica 1/2004 y del II Acuerdo, aunque la violencia de pareja o expareja, la intrafamiliar y la sexual seguirán siendo el foco principal. Las partes irán alineando sus actuaciones con este concepto, con respeto a sus competencias y, en especial, a la independencia judicial y del Ararteko.
Datos clave
- Objeto: máxima y mejor coordinación en la atención integral a las víctimas.
- Ámbitos: sanitario, policial, judicial, servicios sociales, educativo, vivienda y empleo.
- Terminología adoptada: violencia machista contra las mujeres, conforme a la Ley 4/2005.
- La definición incluye a niñas, adolescentes y mujeres transexuales.
- El concepto de víctima incluye a las supervivientes en proceso de recuperación.
Ámbito policial: atestado, denuncia, valoración de riesgo y protección
Expediente, investigación y atestado. Todo episodio que pueda suponer una infracción penal relacionada con violencia machista da lugar a un atestado. En los casos de pareja, expareja u otro familiar se abre además un expediente EBA para consignar la información y seguir las medidas de protección; se mantiene abierto mientras exista situación de riesgo.
- Los menores con exposición a la violencia se incorporan al atestado, sean hijos propios o a cargo y convivan o no con la víctima; el atestado recoge su actitud y si han sido destinatarios directos o testigos.
- Salvo negativa expresa, si hay lesiones, aunque no sean visibles, la víctima es trasladada a un centro sanitario.
- Con víctimas con discapacidad se atiende también a formas de violencia pasiva: abandono físico, sobremedicación o medicación inadecuada y abandono emocional.
Comunicación judicial de oficio. Aunque la víctima adulta no denuncie, los agentes notifican de oficio al Juzgado o a la Fiscalía (artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) las situaciones susceptibles de delito o con riesgo grave o inminente o lesiones graves. Los indicios de violencia sobre menores se comunican al Juzgado o la Fiscalía (artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2021) y, si hay desprotección, a los servicios sociales de infancia.
Asesoramiento legal. Si la víctima quiere denunciar y no designa abogado, desde comisaría se activa el Turno de Oficio especializado; la asistencia es presencial en comisaría (excepcionalmente telefónica si no puede desplazarse). Comprende el asesoramiento previo a la denuncia y a la solicitud de Orden de Protección, la asistencia en ambas y en la comparecencia y el juicio rápido.
Toma de declaración y denuncia:
- Cuando sea posible, se ofrece ser atendida por una agente mujer y ser acompañada por una persona de confianza.
- Si la mujer no puede desplazarse, el agente acude al hospital o domicilio.
- La persona menor estará siempre acompañada por un adulto responsable, preferiblemente designado por ella, sin conflicto de intereses.
- La denuncia y, en su caso, la orden de protección se tramitan al Juzgado en un plazo no superior a 24 horas desde la finalización de la diligencia.
- La Ertzaintza gestiona la agenda judicial de citaciones de los juicios rápidos.
Valoración de riesgo y protección. En los procedimientos VD/VG se hace una valoración inicial, que se facilita al Juzgado, y después otra con una herramienta específica (cuestionario); se fija un calendario de entrevistas para actualizarla. Las medidas policiales van desde la vigilancia permanente hasta visitas y comprobaciones telefónicas aleatorias, medios tecnológicos, acompañamientos y formación en autoprotección. Los Juzgados notifican sus resoluciones a la Policía, que colabora con el SAV para localizar a las víctimas en caso de excarcelación. Con consentimiento, se deriva al Servicio de Asistencia a la Víctima y a los Servicios Sociales de Base.
Datos clave
- Expediente EBA abierto mientras exista situación de riesgo.
- Notificación de oficio: artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Plazo de remisión de la denuncia al Juzgado: no superior a 24 horas.
- Agenda de juicios rápidos: la gestiona la Ertzaintza.
- Valoración de riesgo con cuestionario específico y calendario de entrevistas.
Ámbito policial: operadores y actuación urgente
Normativa y operadores. El Sistema de Seguridad Pública de Euskadi se regula en la Ley 15/2012, de 28 de junio, y la Policía vasca, integrada por la Ertzaintza y los cuerpos de Policía Local, en el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio. El artículo 59 de la Ley 4/2005 obliga a garantizar una atención policial prioritaria, eficaz y de calidad: servicio de urgencias telefónico y telemático 24 horas todos los días del año, información clara en lengua comprensible, coordinación entre cuerpos, sistemas de valoración del riesgo, espacios que garanticen confidencialidad y plena accesibilidad.
- Con carácter general, la Ertzaintza asume la titularidad de los casos de violencia machista que conozca por cualquier vía y no haya tratado antes la Policía Local.
- La atención a la urgencia y la protección de las víctimas son competencias compartidas de todos los cuerpos; la Policía Local atiende las solicitudes de protección que le requiera la Ertzaintza.
- Se aplica un procedimiento delimitado para la violencia doméstica y de género (VD/VG) y otros adaptados a los demás tipos de violencia.
Entrada. El acceso puede ser telefónico o presencial en comisaría, por la víctima, un familiar, otra persona o un profesional. Identificado el incidente, se comprueba la relación, la convivencia, el lugar, la presencia de menores o dependientes y, en casos de pareja, expareja u otro familiar, si hay expedientes EBA previos (sistema de gestión compartida de expedientes VD/VG) y resoluciones con medidas de protección (SIRAJ). El cuerpo que recibe la comunicación toma como referencia la última valoración de riesgo de EBA.
Actuación urgente:
- Se envían patrullas para neutralizar el incidente y asistir a las víctimas.
- Ante lesiones, se activan los servicios sanitarios y se informa de la importancia del parte de lesiones. En violencia sexual reciente (últimas 240 horas), si persiste algún riesgo se acompaña a la víctima al Servicio de Urgencias Hospitalarias más cercano y, si no lo hay, se le ofrece acompañamiento psicosocial; en cualquier caso se avisa a ese servicio para que active el procedimiento y solicite la presencia del médico forense, y se informa a la víctima de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa.
- Los menores expuestos, sean destinatarios directos, testigos o convivientes, se incorporan al atestado porque son víctimas.
- Salvo negativa expresa, se avisa a los Servicios Sociales de Urgencia para acompañamiento psicosocial; si hay riesgo, la policía traslada a la víctima y a sus hijos al centro de acogida.
- Información: derechos, recursos, que no es obligatorio denunciar para acceder a los recursos, la Orden de Protección, la justicia gratuita y el Turno de Oficio específico antes de denunciar.
- La transmisión de información a otros servicios exige consentimiento informado por escrito o acreditado.
- Si la víctima no denuncia, se abren diligencias de oficio con acta de comparecencia que se notifican al Juzgado y a la Fiscalía.
Datos clave
- Ley 15/2012 del Sistema de Seguridad Pública y Decreto Legislativo 1/2020 de Policía del País Vasco.
- Atención policial: artículo 59 de la Ley 4/2005; urgencias 24 horas todos los días.
- Titularidad general de los casos: Ertzaintza, salvo que los haya tratado antes la Policía Local.
- EBA: expedientes compartidos de violencia doméstica y de género.
- Violencia sexual reciente: ocurrida en las últimas 240 horas.
Principios rectores del Acuerdo
Los principios rectores son los fundamentos que deben guiar cualquier actuación de las instituciones públicas firmantes en respuesta a la violencia machista contra las mujeres. Son cinco.
1. Respeto a los derechos humanos: seguridad, privacidad e interés superior de la persona menor de edad.
- Prioridad de la seguridad y protección de las víctimas, evitando que se les cause más daño. Todas las niñas y niños expuestos a un entorno de violencia machista tienen derecho a atención, protección y reparación.
- Los riesgos de las mujeres y sus hijos e hijas se evalúan de forma periódica e individualizada; la evaluación mejora cuando participan agentes de distintos ámbitos.
- Confidencialidad, intimidad y privacidad: solo se revela información personal con el consentimiento libre e informado explícito de las víctimas, salvo para proteger un interés vital de estas.
- El interés de niñas, niños y adolescentes prevalece sobre cualquier otro, incluido el de sus progenitores, y tienen derecho a ser escuchados.
2. Promoción de la igualdad de género. La desigualdad y la discriminación son causa y consecuencia de esta violencia, por lo que la respuesta exige perspectiva de género. Las mujeres a menudo no se identifican como víctimas, de ahí la importancia de capacitar a los profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social para la detección proactiva.
3. Accesibilidad a los recursos y no discriminación. Los servicios deben estar disponibles en cantidad y calidad suficientes y no discriminar por estado civil, orientación sexual, identidad de género, edad, estatus migrante, situación administrativa, discapacidad u otra condición. La accesibilidad es física, psíquica, económica y lingüística; se considera el impacto de la brecha digital y la diversidad territorial de la CAE, y se ofrecen espacios amigables para la infancia.
4. Reparación del daño individual y social. Sus elementos básicos son la indemnización del daño, la completa recuperación, la difusión de la verdad y las garantías de no repetición. Es fundamental escuchar a las víctimas para saber cómo quieren ser reparadas, y las instituciones competentes deben poder investigar y exigir responsabilidades a los autores. El artículo 52.4 de la Ley 4/2005 prevé programas de reeducación para prevenir la reincidencia.
5. Mejora continua y rendición de cuentas. Transparencia, recogida constante de datos con indicadores basados en estándares de calidad, revisión permanente de servicios, políticas y coordinación para evitar la victimización secundaria, y fomento de la innovación.
Datos clave
- Cinco principios rectores.
- El interés superior del menor prevalece incluso sobre el de sus progenitores.
- Información personal: solo con consentimiento libre e informado explícito, salvo interés vital.
- Elementos de la reparación: indemnización, completa recuperación, difusión de la verdad y no repetición.
- Accesibilidad física, psíquica, económica y lingüística.
Protocolo de Actuación Coordinada: objetivos y criterios de actuación profesional
El Protocolo de Actuación Coordinada incluye cinco apartados: objetivos; criterios de actuación profesional; sistemas, instituciones, operadores y servicios que intervienen; pautas de coordinación en el itinerario de las víctimas, y pautas generales de cada ámbito (servicios sociales, salud, justicia, policía, educación, sociolaboral y vivienda).
Objetivo general: conseguir la intervención coordinada eficaz de las instituciones de la CAE ante la violencia machista, con el fin último de ayudar a las víctimas a lograr una vida satisfactoria libre de violencia. Objetivos específicos:
- Responder de modo homogéneo, coordinado y unívoco en detección, atención, protección, recuperación y reparación.
- Alinear las actuaciones con principios y criterios comunes.
- Atender de forma integral las necesidades de las víctimas.
- Favorecer la detección precoz de casos no explicitados.
- Mejorar la calidad de las respuestas y evitar la revictimización.
- Identificar carencias y disfunciones de la actuación y la coordinación.
Criterios que deben orientar la actuación profesional:
- Prevención de la revictimización: la victimización secundaria es una forma de violencia institucional, por acción u omisión. Se evitan las diligencias repetitivas y se aplican criterios de mínima intervención, agilidad y especialización. La mediación entre víctima y agresor está expresamente prohibida.
- Empoderamiento, autonomía y autodeterminación: el empoderamiento es la herramienta y el horizonte de la intervención; las víctimas deciden de forma informada, incluso retractarse o rechazar servicios. La prestación de servicios no puede depender de que la víctima emprenda acciones legales o testifique contra el autor (artículo 18 del Convenio de Estambul y artículo 50.5 de la Ley 4/2005), salvo en los servicios dirigidos al ejercicio de acciones judiciales.
- Interseccionalidad: los factores de discriminación se analizan de manera conjunta y no como suma de categorías.
- Atención centrada en la persona: personalización, participación y continuidad.
- Trabajo comunitario: prevención y alianzas con áreas de igualdad, casas de las mujeres, escuelas de empoderamiento y asociaciones; implica especialmente a los servicios de proximidad (centros escolares, centros de salud, comisarías, oficinas de Lanbide).
- Atención prioritaria, eficacia y agilidad: las víctimas son colectivo de atención preferente y prioritario; la información se transmite siempre con su consentimiento.
- Corresponsabilidad e integralidad: colaboración entre sistemas y entre niveles autonómico, foral y local.
El itinerario hacia una vida libre de violencia se organiza en seis momentos, no necesariamente lineales: situación de emergencia, situación de crisis, detección y diagnóstico de necesidades, afrontamiento, recuperación y otros aspectos transversales.
Datos clave
- El Protocolo tiene cinco apartados.
- La mediación entre víctima y agresor está prohibida.
- Los servicios no dependen de denunciar: artículo 18 del Convenio de Estambul y 50.5 de la Ley 4/2005.
- Siete criterios de actuación profesional.
- Seis momentos del itinerario hacia una vida libre de violencia.