Oposhark

La recaudación (I). La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de recaudación. Extinción de las deudas: El pago, la prescripción y otras formas de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y fraccionamientos. Participación de las entidades de crédito en el procedimiento de recaudación.

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Artículo 41. Responsabilidad tributaria.

1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.

4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.

En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.

La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.

A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley.

Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.

5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.

Datos clave

  • La ley puede configurar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales (los obligados del artículo 35.2).
  • Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
  • Salvo el artículo 42.2, alcanza a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario; si el responsable no paga en su plazo voluntario se inicia el período ejecutivo con recargos e intereses.
  • No alcanza a las sanciones, salvo las excepciones legales; la reducción por conformidad es la del artículo 188.1.b) y se aplica también la del artículo 188.3, pero no en la responsabilidad del artículo 42.2.
  • La derivación exige acto administrativo, previa audiencia al interesado, que declare la responsabilidad y su alcance y extensión (artículos 174 a 176); antes pueden adoptarse medidas cautelares del artículo 81.
  • La derivación a responsables subsidiarios requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
  • Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal conforme a la legislación civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley puede declarar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales. Sin precepto en contrario, la responsabilidad es subsidiaria, alcanza la deuda en voluntaria y no las sanciones, salvo excepciones.

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Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 de esta ley.

Datos clave

  • Responsables solidarios los causantes o colaboradores activos en una infracción tributaria, con extensión a la sanción.
  • También los partícipes o cotitulares de las entidades del artículo 35.4, en proporción a sus participaciones.
  • También los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, salvo adquirentes de elementos aislados, sucesión por causa de muerte y adquisiciones en procedimiento concursal.
  • Artículo 42.2: responden hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
  • Supuestos del 42.2: ocultación o transmisión de bienes para impedir la actuación administrativa e incumplimiento por culpa o negligencia de órdenes de embargo.
  • También: colaborar o consentir en el levantamiento de bienes embargados o sujetos a medida cautelar o garantía, y depositarios que lo consientan tras la notificación del embargo.
  • Las leyes pueden establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria.
  • Procedimiento: artículo 175.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responden solidariamente quienes causan o colaboran en infracciones, los partícipes de entes sin personalidad, los sucesores en actividades económicas y quienes obstaculizan el embargo, estos hasta el valor de lo embargable.

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Artículo 43. Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley.

e) Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda aduanera.

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente.

g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas.

h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.

En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación.

Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.

A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada.

Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.

Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas últimas.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de esta ley.

Datos clave

  • Responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas infractoras, con extensión a las sanciones, y los de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
  • También los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que no realicen las gestiones necesarias.
  • También los adquirentes de bienes afectos (artículo 79) y los representantes aduaneros, salvo por la deuda aduanera.
  • También los contratistas o subcontratistas principales, salvo certificado de estar al corriente emitido en los 12 meses anteriores a cada pago.
  • La Administración emite o deniega el certificado en el plazo de tres días.
  • Supuestos g) y h): control efectivo o voluntad rectora común con uso abusivo o fraudulento de personas jurídicas, con extensión a las sanciones.
  • Administradores por autoliquidaciones sin ingreso reiterativas: la mitad o más en un año natural; sin ingreso si los ingresos no superan el 25 por ciento de las cuotas.
  • Procedimiento: artículo 176.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables subsidiarios: administradores, administradores concursales y liquidadores, adquirentes de bienes afectos, representantes aduaneros, contratistas principales y quienes usan sociedades de forma abusiva, entre otros.

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Artículo 59. Extinción de la deuda tributaria

1. Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.

2. El pago, la compensación, la deducción sobre transferencias o la condonación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o condonado.

Datos clave

  • Formas de extinción: pago, prescripción, compensación o condonación.
  • También por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás previstos en las leyes.
  • Pago, compensación, deducción sobre transferencias y condonación tienen efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o condonado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera las vías generales de extinción de la deuda tributaria (pago, prescripción, compensación, condonación y las de la normativa aduanera) y precisa que cada una libera solo por el importe efectivamente pagado, compensado o condonado.

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Artículo 60. Formas de pago

El artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula las formas de pago de la deuda tributaria.

1. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente.

El pago de las deudas en efectivo podrá efectuarse por los medios y en la forma que se determinen reglamentariamente.

La normativa tributaria regulará los requisitos y condiciones para que el pago pueda efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

2. Podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente.

No podrá admitirse el pago en especie en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 65.2 de esta Ley, las deudas tributarias tengan la condición de inaplazables. Las solicitudes de pago en especie a que se refiere este apartado serán objeto de inadmisión.

Datos clave

  • Regla general: el pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo.
  • Mediante efectos timbrados, cuando así se disponga reglamentariamente.
  • Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos se regulan por la normativa tributaria.
  • Pago en especie, en período voluntario o ejecutivo, solo cuando una Ley lo disponga expresamente.
  • No cabe el pago en especie de las deudas inaplazables del artículo 65.2; esas solicitudes serán objeto de inadmisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La deuda tributaria se paga en efectivo, o con efectos timbrados si el reglamento lo prevé. El pago en especie solo cabe si una ley lo dispone expresamente y nunca para deudas inaplazables.

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Artículo 61. Momento del pago

1. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión.

2. En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda tributaria cuando aquéllos se utilicen en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El pago en especie extinguirá la deuda tributaria en el momento señalado en las normas que lo regulen.

Datos clave

  • Pago en efectivo: cuando se ingresa el importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión.
  • Efectos timbrados: cuando se utilicen en la forma que reglamentariamente se determine.
  • Pago en especie: extingue la deuda en el momento señalado en las normas que lo regulen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La deuda pagada en efectivo se entiende pagada al ingresarse en las cajas u oficinas autorizadas; con efectos timbrados, al usarlos en forma reglamentaria; en especie, cuando digan sus normas.

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Artículo 62. Plazos para el pago

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

3. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.

4. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.

5. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

6. El pago de las deudas de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua será requerido al obligado tributario, que deberá efectuarlo en los siguientes plazos:

a) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

No obstante lo anterior, cuando la norma reguladora de la asistencia mutua lo permita, la Administración tributaria podrá desarrollar actuaciones recaudatorias desde la recepción de la solicitud de cobro del Estado o entidad internacional o supranacional requirente, sin necesidad de que haya concluido el plazo al que se refiere este apartado.

7. Las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa.

8. En los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.

El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada.

La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida, sin que sean exigibles intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución.

9. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida y, además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, en los casos en que se hallen implicadas dos Administraciones tributarias, los mecanismos de compensación entre éstas.

Datos clave

  • Autoliquidaciones: en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
  • Liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15: hasta el día 20 del mes posterior; entre el 16 y el último: hasta el día 5 del segundo mes posterior.
  • Notificación colectiva y periódica: del 1 de septiembre al 20 de noviembre; modificable si el plazo no es inferior a dos meses.
  • Providencia de apremio notificada entre los días 1 y 15: hasta el día 20 de dicho mes; entre el 16 y el último: hasta el día 5 del mes siguiente.
  • Asistencia mutua: mismos plazos que en apremio, contados desde la notificación del instrumento de ejecución.
  • Efectos timbrados: en el momento de la realización del hecho imponible.
  • La deuda suspendida por el apartado 8 no podrá ser superior a la devolución solicitada y no devenga intereses de demora sobre lo cancelado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazos de pago: autoliquidaciones según cada tributo; liquidaciones y apremio según el día de notificación (del 1 al 15 o del 16 al último); recibos colectivos del 1 de septiembre al 20 de noviembre.

Esquema

Plazos de pago según notificación
NotificaciónVoluntaria (liquidación)Apremio y asistencia mutua
Días uno a 15Entre los días uno y 15Hasta el día 20 del mes posteriorHasta el día 20 de dicho mes
Días 16 a últimoEntre el 16 y el últimoHasta el día cinco del segundo mes posteriorHasta el día cinco del mes siguiente

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Artículo 63. Imputación de pagos

1. Las deudas tributarias son autónomas. El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine.

2. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Administración tributaria a percibir los anteriores en descubierto.

3. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago a la deuda más antigua. Su antigüedad se determinará de acuerdo con la fecha en que cada una fue exigible.

4. Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras entidades de derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro las primeras, teniendo en consideración lo dispuesto en la sección 5.ª de este capítulo.

Datos clave

  • Las deudas tributarias son autónomas: el obligado puede imputar cada pago a la deuda que libremente determine.
  • El cobro de un débito posterior no extingue el derecho a percibir los anteriores en descubierto.
  • En ejecución forzosa, el pago se aplica a la deuda más antigua.
  • La antigüedad se determina por la fecha en que cada deuda fue exigible.
  • Tienen preferencia las deudas a favor de la Administración frente a las de sus entidades de derecho público dependientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un obligado tiene varias deudas, puede elegir a cuál imputa cada pago; pero en ejecución forzosa con varias deudas acumuladas que no puedan pagarse todas, la Administración aplica el pago a la deuda más antigua.

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Artículo 64. Consignación del pago

Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.

Datos clave

  • Se puede consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, de las costas reglamentariamente devengadas.
  • Lugar: Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o sus sucursales.
  • Efectos: liberatorios o suspensivos, según determinen las disposiciones reglamentarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El obligado puede consignar la deuda tributaria y, en su caso, las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente, con los efectos liberatorios o suspensivos que fije el reglamento.

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Artículo 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago

El artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el aplazamiento y fraccionamiento del pago.

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.

3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.

4. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso.

5. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.

Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.

6. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales respecto de los cuales se haya recibido una petición de cobro, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.

Datos clave

  • Aplazables o fraccionables en período voluntario o ejecutivo, previa solicitud, si la situación económico-financiera impide pagar de forma transitoria.
  • Inaplazables: efectos timbrados, retenciones e ingresos a cuenta, créditos contra la masa, recuperación de ayudas de Estado, resoluciones firmes desestimatorias previamente suspendidas, tributos repercutidos (salvo que no se hayan pagado las cuotas) y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  • Las solicitudes sobre deudas inaplazables serán objeto de inadmisión.
  • Garantía conforme al artículo 82 de la LGT.
  • Con aval solidario de entidad de crédito o SGR o certificado de seguro de caución sobre la totalidad: se exige el interés legal.
  • La solicitud en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
  • En período ejecutivo, solicitud hasta la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas en voluntaria o ejecutiva pueden aplazarse o fraccionarse, previa solicitud, si una dificultad económica transitoria impide pagar. Siete clases de deudas no pueden aplazarse y su solicitud se inadmite.

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Artículo 66. Plazos de prescripción

El artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, fija el plazo general de prescripción de los derechos tributarios en cuatro años. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Los dos primeros derechos corresponden a la Administración (liquidar y cobrar) y los dos últimos al obligado tributario (solicitar y obtener devoluciones y reembolsos).

Datos clave

  • Plazo de prescripción: cuatro años.
  • a) Derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación.
  • b) Derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas.
  • c) Derecho a solicitar devoluciones de la normativa de cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
  • d) Derecho a obtener esas mismas devoluciones y reembolsos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prescriben a los cuatro años cuatro derechos: liquidar y cobrar (de la Administración) y solicitar y obtener devoluciones y reembolsos del coste de las garantías (del obligado).

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Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar

El artículo 66 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de la Administración a comprobar e investigar en relación con la prescripción.

1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.

En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobación.

La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.

Datos clave

  • La prescripción del artículo 66 no afecta al derecho a comprobar e investigar del artículo 115, salvo el apartado 2.
  • Comprobar bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y deducciones aplicadas o pendientes prescribe a los diez años.
  • Los diez años se cuentan desde el día siguiente al fin del plazo de declaración del ejercicio en que se generó el derecho.
  • En inspecciones de alcance general (artículo 148) se entiende incluida esa comprobación.
  • Solo puede realizarse en procedimientos sobre obligaciones y periodos cuyo derecho a liquidar no haya prescrito.
  • Subsiste la obligación de aportar liquidaciones, autoliquidaciones y contabilidad en las comprobaciones de ejercicios no prescritos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prescripción no impide comprobar e investigar, salvo en bases, cuotas o deducciones compensadas o pendientes: ese derecho prescribe a los diez años y solo se ejerce en procedimientos sobre periodos no prescritos.

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Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo.

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente.

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.

Datos clave

  • Derecho a liquidar: desde el día siguiente al fin del plazo reglamentario de declaración o autoliquidación.
  • Tributos de cobro periódico por recibo sin declaración: desde el día de devengo del tributo.
  • Derecho a exigir el pago: desde el día siguiente al fin del plazo de pago en período voluntario.
  • Ingresos indebidos: desde el día siguiente al ingreso indebido o al fin del plazo de autoliquidación si se ingresó dentro de él.
  • Tributos incompatibles: desde la resolución del órgano que dirima cuál es el procedente.
  • Responsables solidarios: desde el día siguiente al fin del periodo voluntario del deudor principal, o desde los hechos si son posteriores.
  • Responsables subsidiarios: desde la notificación de la última actuación recaudatoria al deudor principal o a cualquier responsable solidario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada derecho prescriptible tiene su día inicial: el siguiente al fin del plazo de declarar, de pagar, de solicitar o de devolver, con reglas propias para recibos, ingresos indebidos y responsables.

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Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso.

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen.

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.

7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.

8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.

La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan.

9. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.

Datos clave

  • Derecho a liquidar: se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del obligado, por recursos o reclamaciones y por actuaciones fehacientes del obligado.
  • Derecho a cobrar: también se interrumpe por la declaración del concurso y por acciones civiles o penales dirigidas al cobro.
  • Las actuaciones realizadas en otro Estado en el marco de la asistencia mutua también interrumpen.
  • Producida la interrupción, se inicia de nuevo el cómputo del plazo.
  • Con recurso contencioso-administrativo, acciones civiles o penales o tanto de culpa, el cómputo se reinicia al recibir la resolución firme.
  • En el concurso, el cómputo se reinicia con la firmeza de la resolución de conclusión del concurso.
  • La interrupción para un obligado se extiende a todos, incluidos los responsables, salvo obligación mancomunada.
  • La interrupción del derecho a liquidar se extiende a las obligaciones tributarias conexas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada derecho prescriptible tiene sus causas de interrupción: actuaciones de la Administración con conocimiento formal, recursos y actuaciones fehacientes del obligado. Interrumpido, el plazo vuelve a empezar.

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Artículo 69. Extensión y efectos de la prescripción

El artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la extensión y los efectos de la prescripción.

1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo anterior.

2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Datos clave

  • La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago, salvo lo previsto en el artículo 68.8.
  • Se aplica de oficio, incluso si la deuda tributaria se ha pagado.
  • No es necesario que la invoque o excepcione el obligado tributario.
  • La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prescripción ganada beneficia a todos los obligados al pago, se aplica de oficio aunque la deuda se haya pagado y extingue la deuda tributaria.

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Artículo 70. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales

El artículo 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los efectos de la prescripción sobre las obligaciones formales.

1. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas.

2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entidades, las obligaciones de conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior.

3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescripción del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 66.bis.2 y 3 de esta Ley.

Datos clave

  • Las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones del propio obligado solo son exigibles mientras no prescriba el derecho a determinar estas últimas.
  • Las obligaciones de conservación y suministro de información del artículo 29.2.d), e) y f) se cumplen en el plazo de la normativa mercantil o en el de sus propias obligaciones formales, si fuese superior.
  • La obligación de justificar datos de operaciones de períodos prescritos se mantiene durante el plazo de prescripción del derecho a determinar las deudas afectadas.
  • En todo caso se mantiene en los supuestos del artículo 66 bis.2 y 3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones formales siguen la suerte de la prescripción de la obligación a la que se vinculan, con dos excepciones: la información sobre terceros y la justificación de datos de periodos ya prescritos.

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Artículo 71. Compensación.

1. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.

3. Los obligados tributarios podrán solicitar la compensación de los créditos y las deudas tributarias de las que sean titulares mediante un sistema de cuenta corriente, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Datos clave

  • Artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • La compensación puede extinguir las deudas tributarias total o parcialmente.
  • Se compensa con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado.
  • Se acuerda de oficio o a instancia del obligado tributario.
  • Cabe solicitar la compensación mediante un sistema de cuenta corriente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas tributarias pueden extinguirse total o parcialmente compensándolas con créditos reconocidos por acto administrativo al mismo obligado, de oficio o a instancia, incluso mediante cuenta corriente.

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Artículo 72. Compensación a instancia del obligado tributario.

1. El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo.

2. La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su caso, hasta la fecha de reconocimiento del crédito.

3. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior a dicha presentación. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.

Datos clave

  • Artículo 72 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Puede solicitarse para deudas en período voluntario y en período ejecutivo.
  • La solicitud en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente.
  • No impide el devengo del interés de demora hasta la fecha de reconocimiento del crédito.
  • La extinción se produce al presentar la solicitud o al cumplirse los requisitos, si es posterior.
  • El acuerdo de compensación declara la extinción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El obligado tributario puede pedir la compensación tanto en período voluntario como en período ejecutivo; solicitarla en voluntario impide que empiece el ejecutivo, aunque el interés de demora sigue corriendo hasta que se reconozca el crédito.

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Artículo 73. Compensación de oficio.

1. La Administración Tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

Se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de esta Ley.

Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la ejecución de la resolución a la que se refieren los artículos 225.3 y 239.7 de esta Ley.

2. Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público tengan con el Estado.

3. La extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de inicio del período ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.

En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo, la extinción se producirá en el momento de concurrencia de las deudas y los créditos, en los términos establecidos reglamentariamente.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.13 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10143#aunico .

Datos clave

  • Artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • La Administración compensa de oficio las deudas en período ejecutivo.
  • En período voluntario se compensan de oficio las cantidades de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de una nueva liquidación (artículo 26.5).
  • También en período voluntario las resultantes de la ejecución de resoluciones de los artículos 225.3 y 239.7.
  • Son compensables de oficio, tras el período voluntario, las deudas vencidas, líquidas y exigibles de comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público con el Estado.
  • La extinción se produce al inicio del período ejecutivo o al cumplirse los requisitos, si es posterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración compensa de oficio las deudas en período ejecutivo, y también, en voluntario, las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación o de una liquidación que sustituye a otra anulada.

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Artículo 74. Extinción de deudas de las entidades de derecho público mediante deducciones sobre transferencias

1. Las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público tengan con el Estado podrán extinguirse con las deducciones sobre las cantidades que la Administración del Estado deba transferir a las referidas entidades.

La aplicación de este régimen a las comunidades autónomas y entidades de derecho público dependientes de éstas y a las entidades locales se realizará en los supuestos y conforme al procedimiento establecido en la legislación específica.

2. El inicio del procedimiento determinará la suspensión del cobro de las deudas a las que el mismo se refiera.

3. La extinción de las deudas objeto del procedimiento tendrá lugar cuando se produzca la deducción y por la cantidad concurrente.

Datos clave

  • Las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles de comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público con el Estado pueden extinguirse por deducciones sobre transferencias.
  • Las deducciones se practican sobre las cantidades que la Administración del Estado deba transferir a esas entidades.
  • Para comunidades autónomas, sus entidades dependientes y entidades locales rige la legislación específica.
  • El inicio del procedimiento suspende el cobro de las deudas afectadas.
  • La extinción se produce cuando se practica la deducción y por la cantidad concurrente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas tributarias de comunidades autónomas, entidades locales y demás entes públicos con el Estado pueden extinguirse deduciéndolas de las transferencias estatales; el procedimiento suspende el cobro.

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Artículo 75. Condonación.

Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

Datos clave

  • Artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Regula la condonación como forma de extinción de la deuda tributaria.
  • Las deudas tributarias sólo pueden condonarse en virtud de ley.
  • La ley fija la cuantía y los requisitos de la condonación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas tributarias solo pueden condonarse por ley, en la cuantía y con los requisitos que esta fije.

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Artículo 76. Baja provisional por insolvencia

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 173 de esta ley.

2. La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.

Datos clave

  • Las deudas no cobradas por insolvencia probada, total o parcial, se dan de baja en cuentas en la cuantía procedente.
  • La baja se hace mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial.
  • La baja es provisional: el crédito puede rehabilitarse dentro del plazo de prescripción (artículo 173.2 de la LGT).
  • La deuda se extingue si, vencido el plazo de prescripción, no se ha rehabilitado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la deuda no puede cobrarse por insolvencia probada del obligado, se da de baja como crédito incobrable; si no se rehabilita antes de que prescriba, la deuda queda definitivamente extinguida.

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Artículo 77. Derecho de prelación.

El artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de prelación de la Hacienda Pública, primera de las garantías de la deuda tributaria.

1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley.

2. En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Datos clave

  • La Hacienda Pública tiene prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuando concurra con otros acreedores.
  • Excepción: acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito en el registro antes de que conste el derecho de la Hacienda Pública.
  • Todo ello sin perjuicio de la hipoteca legal tácita (artículo 78) y la afección de bienes (artículo 79).
  • En el proceso concursal, los créditos tributarios se someten a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda cobra antes que otros acreedores sus créditos tributarios vencidos y no pagados, salvo frente a derechos reales inscritos antes que el suyo; en concurso manda la Ley Concursal.

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Artículo 78. Hipoteca legal tácita.

En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior.

Datos clave

  • Se aplica a tributos que graven periódicamente bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos.
  • Beneficiarios: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
  • Preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque hayan inscrito sus derechos.
  • Alcanza a las deudas devengadas y no satisfechas del año natural en que se exija el pago y del inmediato anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los tributos que gravan periódicamente bienes inscribibles, la Hacienda Pública tiene preferencia de cobro sobre cualquier otro acreedor, aunque esté inscrito, por las deudas del año en curso y del inmediato anterior.

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Artículo 79. Afección de bienes.

1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.

2. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.

3. Siempre que la ley conceda un beneficio fiscal cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración tributaria hará figurar el importe total de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que los titulares de los registros públicos correspondientes harán constar por nota marginal de afección.

En el caso de que con posterioridad y como consecuencia de las actuaciones de comprobación administrativa resulte un importe superior de la eventual liquidación a que se refiere el párrafo anterior, el órgano competente procederá a comunicarlo al registrador competente a los efectos de que se haga constar dicho mayor importe en la nota marginal de afección.

Datos clave

  • Los adquirentes de bienes afectos responden subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga.
  • Los bienes transmitidos quedan afectos al pago de los tributos que graven la transmisión, adquisición o importación, cualquiera que sea su poseedor.
  • Excepciones: tercero protegido por la fe pública registral, o adquisición con buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial de bienes muebles no inscribibles.
  • Beneficios fiscales condicionados: se hace constar el importe de la liquidación sin beneficio mediante nota marginal de afección.
  • Si la comprobación arroja un importe superior, se comunica al registrador para hacerlo constar en la nota marginal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los bienes transmitidos quedan afectos al pago de los tributos que gravan esa transmisión: si la deuda no se paga, su adquirente responde subsidiariamente con ellos, salvo que esté protegido por la fe pública registral o haya actuado de buena fe en un establecimiento mercantil.

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Artículo 80. Derecho de retención.

El artículo 80 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de retención como garantía de la deuda aduanera y fiscal.

La Administración tributaria tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías declaradas en las aduanas para el pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal, por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma.

Se trata, por tanto, de una garantía que opera frente a todos y que recae sobre un objeto concreto, las mercancías declaradas en las aduanas, cuya extensión se limita al importe de los derechos e impuestos liquidados, y que solo entra en juego cuando el pago de la deuda no se ha garantizado de forma suficiente.

Datos clave

  • Titular: la Administración tributaria.
  • El derecho de retención opera frente a todos.
  • Recae sobre las mercancías declaradas en las aduanas.
  • Garantiza el pago de la deuda aduanera y fiscal por el importe de los derechos e impuestos liquidados.
  • Procede cuando no se garantice de forma suficiente el pago de la deuda.

Artículo 80 bis. Prelación y garantías de créditos de titularidad de otros Estados.

Los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales no gozarán de prelación alguna cuando concurran con otros créditos de derecho público, ni del resto de las garantías establecidas en los artículos anteriores de esta sección, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.

Datos clave

  • Artículo 80 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria: prelación y garantías de créditos de titularidad de otros Estados.
  • Los créditos de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales no gozan de prelación alguna frente a otros créditos de derecho público.
  • Tampoco gozan del resto de las garantías de la sección, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los créditos de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales no tienen prelación frente a otros créditos públicos ni las demás garantías de la sección, salvo que la asistencia mutua diga otra cosa.

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Artículo 81. Medidas cautelares.

1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.

La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación.

2. Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad internacional o supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración tributaria española.

3. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

4. Las medidas cautelares podrán consistir en:

a) La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración tributaria. La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución.

b) El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva.

c) La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.

d) La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad principal realicen a los contratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

e) Cualquier otra legalmente prevista.

5. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3.

6. Cuando en la tramitación de una solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión automática, o con dispensa total o parcial de garantías, o basada en la existencia de error aritmético, material o de hecho, se observe que existen indicios racionales de que el cobro de las deudas cuya ejecutividad pretende suspenderse pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se podrán adoptar medidas cautelares que aseguren el cobro de las mismas.

Dichas medidas serán levantadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente, o cuando así lo acuerde el órgano competente para la resolución de la solicitud de suspensión.

7. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos:

a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del apartado 8 de este artículo o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar.

b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.

c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente.

En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin mediar suspensión del ingreso, la Administración Tributaria deberá abonar los gastos de la garantía aportada.

d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de seis meses.

e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 253 de esta Ley o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción.

Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 253 de esta Ley, una vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda exceder de 18 meses.

Las medidas a que se refiere este párrafo e) podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la liquidación practicada.

Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la suspensión contemplada en el artículo 305.5 del Código Penal, las medidas adoptadas se notificarán al Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación o levantamiento.

8. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrá acordarse el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria.

9. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración Tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena.

Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de la Administración Tributaria con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales.

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal.

Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración Tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.

Datos clave

  • Medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
  • Deben notificarse al afectado con expresa mención de los motivos.
  • Han de ser proporcionadas y en la cuantía estrictamente necesaria; nunca si producen un perjuicio de difícil o imposible reparación.
  • Pueden consistir en retención de devoluciones u otros pagos, embargo preventivo, prohibición de enajenar, gravar o disponer, retención de un porcentaje de pagos a contratistas o subcontratistas, o cualquier otra legalmente prevista.
  • Sus efectos cesan en seis meses desde su adopción, salvo conversión en embargos, desaparición de las circunstancias, sustitución por otra garantía o ampliación motivada de hasta seis meses.
  • Medidas en el procedimiento del artículo 253: cesan en veinticuatro meses; ampliación total máxima de 18 meses.
  • Deben levantarse si se presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Embargo preventivo de dinero y mercancías por actividades lucrativas sin establecimiento no declaradas, y de ingresos de espectáculos públicos no declarados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede adoptar medidas cautelares provisionales y proporcionadas si hay indicios de que el cobro se frustrará; duran seis meses salvo excepciones y tienen reglas propias en el delito fiscal.

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Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria.

1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine reglamentariamente.

En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior de esta Ley.

2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:

a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación.

b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.

Datos clave

  • Garantía ordinaria de aplazamientos y fraccionamientos: aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Si no es posible obtenerlos o comprometen gravemente la viabilidad de la actividad: hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra suficiente.
  • El obligado puede solicitar medidas cautelares en sustitución de las garantías.
  • Dispensa total o parcial: deudas de cuantía inferior a la fijada en la normativa tributaria.
  • Dispensa también cuando el obligado carezca de bienes suficientes y la ejecución afecte sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo o produzca graves quebrantos a la Hacienda Pública.
  • Y en los demás casos que establezca la normativa tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para aplazar o fraccionar, Hacienda puede pedir aval o seguro de caución; si no es posible, otras garantías o medidas cautelares, y puede dispensarlas en tres casos.

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Artículo 160. La recaudación tributaria.

1. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.

2. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse:

a) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62 de esta ley.

b) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.

Datos clave

  • La recaudación tributaria es el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
  • Dos períodos de recaudación: voluntario y ejecutivo.
  • Período voluntario: pago o cumplimiento del obligado en los plazos del artículo 62.
  • Período ejecutivo: pago o cumplimiento espontáneo o, en su defecto, procedimiento administrativo de apremio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La recaudación busca el cobro de las deudas tributarias, en período voluntario (pago en los plazos del artículo 62) o ejecutivo (pago espontáneo o, en su defecto, apremio).

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Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Este reglamento regula la gestión recaudatoria de los recursos de naturaleza pública en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de las demás leyes que establezcan aquellos.

2. Este reglamento será de aplicación en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Artículo 1 del Reglamento General de Recaudación: regula la gestión recaudatoria de los recursos de naturaleza pública.
  • Desarrolla la Ley 58/2003 General Tributaria, la Ley 47/2003 General Presupuestaria y las demás leyes que establezcan esos recursos.
  • Se aplica en los términos del artículo 1 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Reglamento General de Recaudación regula la gestión recaudatoria de los recursos de naturaleza pública, desarrollando la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria y las demás leyes que los establezcan.

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Artículo 2. Concepto de gestión recaudatoria.

La gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago.

A efectos de este reglamento, todos los créditos de naturaleza pública a que se refiere este artículo se denominarán deudas. Se considerarán obligados al pago aquellas personas o entidades a las que la Hacienda pública exige el ingreso de la totalidad o parte de una deuda.

La gestión recaudatoria podrá realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. El cobro en periodo ejecutivo de los recursos a los que se refiere el párrafo anterior se efectuará por el procedimiento de apremio regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este reglamento.

La gestión recaudatoria también podrá consistir en el desarrollo de actuaciones recaudatorias y de colaboración en este ámbito conforme a la normativa de asistencia mutua a la que se refiere el artículo 1.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Artículo 2 del Reglamento General de Recaudación: la gestión recaudatoria es la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública.
  • Todos esos créditos se denominan deudas; son obligados al pago quienes deben ingresar la totalidad o parte de una deuda.
  • Puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo; en periodo ejecutivo el cobro se efectúa por el procedimiento de apremio.
  • También puede consistir en actuaciones de asistencia mutua (artículo 1.2 de la Ley 58/2003).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La gestión recaudatoria es la función administrativa de cobrar deudas, sanciones y demás recursos públicos, en voluntario o en ejecutivo (por apremio), y también en asistencia mutua.

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Artículo 3. Recaudación de la Hacienda pública estatal y de las entidades de derecho público estatales.

1. La gestión recaudatoria del Estado y de sus organismos autónomos se llevará a cabo:

a) Cuando se trate de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No obstante, tratándose de tasas, la recaudación en periodo voluntario se llevará a cabo por el órgano de la Administración General del Estado u organismo autónomo que tenga atribuida su gestión.

b) Cuando se trate de los demás recursos de naturaleza pública:

1.º En periodo voluntario, por las Delegaciones de Economía y Hacienda, salvo que la gestión de dichos recursos esté atribuida a otros órganos de la Administración General del Estado o a sus organismos autónomos.

2.º En periodo ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria previa remisión, en su caso, de las correspondientes relaciones certificadas de deudas impagadas en periodo voluntario.

2. Los recursos de naturaleza pública cuya gestión esté atribuida a una entidad de derecho público distinta de las señaladas en el apartado anterior serán recaudadas en periodo voluntario por los servicios de dicha entidad.

La recaudación en periodo ejecutivo corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando así lo establezca una ley o cuando así se hubiese establecido en el correspondiente convenio.

3. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, corresponderá a los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tanto la declaración de la responsabilidad como la derivación de la acción de cobro frente a los responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

4. Las cantidades recaudadas por cuenta de las entidades citadas en el apartado 2 de este artículo por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando la recaudación se efectúe en virtud de una ley, serán transferidas a las cuentas oficiales de dichas entidades, a excepción de los recargos del periodo ejecutivo y de las costas. En caso de convenio se transferirán las cantidades recaudadas minoradas en los términos establecidos en dicho convenio.

Datos clave

  • Artículo 3 del Reglamento General de Recaudación: recursos del sistema tributario estatal y aduanero, en periodo voluntario y ejecutivo, los recauda la Agencia Estatal de Administración Tributaria; en tasas, la recaudación voluntaria corresponde al órgano u organismo autónomo que gestiona la tasa.
  • Demás recursos de naturaleza pública: en voluntario, las Delegaciones de Economía y Hacienda (salvo atribución a otros órganos); en ejecutivo, la AEAT.
  • Entidades de derecho público distintas: recaudan en voluntario sus servicios; en ejecutivo, la AEAT si lo establece una ley o convenio.
  • Corresponde a los órganos de recaudación de la AEAT declarar la responsabilidad y derivar la acción de cobro frente a los responsables.
  • Lo recaudado se transfiere a las cuentas oficiales de la entidad, salvo los recargos del periodo ejecutivo y las costas; en convenio, minorado según lo que este establezca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién recauda en el Estado: la AEAT los tributos y recursos aduaneros en ambos periodos; las tasas y demás recursos tienen reglas propias en voluntario, y el ejecutivo casi siempre es de la AEAT.

Esquema

Recaudación del Estado y organismos autónomos
Periodo voluntarioPeriodo ejecutivo
Tributos estatales y aduanerosAEAT (tasas: el órgano que las gestiona)AEAT
Demás recursos públicosDelegaciones de Economía y Hacienda, salvo atribución a otrosAEAT
Otras entidades de derecho públicoServicios de la entidadAEAT si lo establece una ley o convenio

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Artículo 4. Especialidades de la recaudación de los organismos autónomos del Estado.

1. La gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de los créditos de los organismos autónomos del Estado se rige por lo dispuesto en este reglamento, con las siguientes particularidades:

a) Las relaciones certificadas de deudas impagadas en periodo voluntario serán expedidas por los órganos competentes de los organismos autónomos. Cuando las deudas de un mismo deudor sean inferiores a la cantidad que se fije por resolución del Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como coste mínimo de recaudación estimado, dichas deudas sólo se incluirán en las relaciones mencionadas cuando el importe acumulado, incluidas todas las que estuviesen en gestión de cobro, supere dicho coste mínimo estimado.

b) La providencia de apremio será dictada por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c) Las cantidades recaudadas, a excepción de los recargos del periodo ejecutivo y las costas, serán transferidas a las cuentas oficiales del organismo autónomo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. Los intereses de demora se liquidarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72. En los supuestos previstos en el apartado 4 de dicho artículo, la liquidación corresponderá a los organismos autónomos en el caso del párrafo a) y a los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los supuestos de los párrafos b), c) y d).

3. La declaración de fallido de los obligados al pago se efectuará por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La declaración de crédito incobrable se efectuará por los órganos de recaudación del organismo autónomo correspondiente de conformidad con su normativa específica, previa comunicación por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la insolvencia del deudor.

En caso de rehabilitación del crédito por parte del organismo autónomo, este lo podrá incluir en la relación certificada de deudas rehabilitadas que remita a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su cobro.

4. Corresponderá a los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tanto la declaración de la responsabilidad como la derivación de la acción de cobro frente a los responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

5. Será aplicable lo dispuesto en este reglamento sobre adjudicación de bienes a la Hacienda pública, con las siguientes particularidades:

a) La propuesta y resolución sobre la adjudicación de bienes de que se trate corresponderá a los órganos competentes del organismo autónomo.

b) Los bienes cuya adjudicación se haya acordado, así como los documentos precisos para su inscripción en los registros públicos, se entregarán o, en su caso, se pondrán a disposición del organismo autónomo.

Datos clave

  • Artículo 4 del Reglamento General de Recaudación: especialidades en los organismos autónomos del Estado en periodo ejecutivo.
  • Las relaciones certificadas de deudas impagadas las expiden los organismos autónomos; las deudas inferiores al coste mínimo de recaudación fijado por resolución del Director del Departamento de Recaudación de la AEAT solo se incluyen si el importe acumulado lo supera.
  • La providencia de apremio la dictan los órganos de recaudación de la AEAT.
  • Lo recaudado se transfiere al organismo autónomo, salvo recargos del periodo ejecutivo y costas.
  • La declaración de fallido corresponde a los órganos de recaudación de la AEAT; la de crédito incobrable, a los del organismo autónomo.
  • En la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, la propuesta y resolución corresponden al organismo autónomo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el ejecutivo de los organismos autónomos, el organismo expide las relaciones de deudas y declara el crédito incobrable; la AEAT dicta la providencia de apremio, declara el fallido y deriva la responsabilidad.

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Artículo 5. Recaudación de recursos de otras Administraciones públicas nacionales, extranjeras o entidades internacionales o supranacionales.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria se encargará de la recaudación de los recursos de naturaleza pública de otras Administraciones públicas nacionales distintas de las previstas en los artículos 7 y 8 cuando dicha gestión se le encomiende en virtud de ley o convenio.

Las cantidades recaudadas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando la recaudación se efectúe en virtud de una ley serán transferidas a las cuentas oficiales de dichas Administraciones, a excepción de los recargos del periodo ejecutivo y de las costas. En caso de convenio se transferirán las cantidades recaudadas minoradas en los términos establecidos en dicho convenio.

2. La gestión recaudatoria de los recursos propios de la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales que deba realizarse por el Estado español se llevará a cabo:

a) En periodo voluntario, por los órganos de la Administración General del Estado, organismos autónomos o entidades de derecho público estatales que la tengan atribuida y, en su defecto, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) En periodo ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

3. De conformidad con el artículo 5.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la gestión recaudatoria a la que se refiere el último párrafo del artículo 2 que deba realizarse por el Estado español a favor de otros Estados o de otras entidades internacionales o supranacionales, en el marco de la asistencia mutua, se llevará a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Asimismo, corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la realización de las peticiones de asistencia mutua a otros Estados, o a otras entidades internacionales o supranacionales.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria realizará las actuaciones de colaboración en la recaudación que establezcan las leyes.

Datos clave

  • Artículo 5 del Reglamento General de Recaudación: la AEAT recauda recursos de otras Administraciones nacionales cuando se le encomiende por ley o convenio (salvo las de los artículos 7 y 8).
  • Recursos propios de la Unión Europea y de otras entidades internacionales o supranacionales: en voluntario, los órganos de la AGE, organismos autónomos o entidades de derecho público estatales que la tengan atribuida y, en su defecto, la AEAT; en ejecutivo, la AEAT.
  • La AEAT realiza la recaudación en asistencia mutua a favor de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales y las peticiones de asistencia mutua a otros Estados.
  • Lo recaudado por ley se transfiere salvo recargos del periodo ejecutivo y costas; en convenio, minorado según este.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AEAT recauda para otras Administraciones nacionales si una ley o convenio se lo encomienda, cobra en ejecutivo los recursos propios de la UE y gestiona la asistencia mutua internacional.

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Artículo 6. Órganos de recaudación del Estado.

Son órganos de recaudación del Estado:

a) Las unidades administrativas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, centrales o periféricas, a las que las normas de organización específica atribuyan competencias en materia de recaudación.

b) Las unidades administrativas de los órganos de la Administración General del Estado, organismos autónomos estatales y entidades de derecho público estatales que tengan atribuida la gestión recaudatoria de los correspondientes recursos de derecho público.

c) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera y las unidades administrativas de las Delegaciones de Economía y Hacienda en los demás casos no comprendidos en los párrafos anteriores.

Datos clave

  • Artículo 6 del Reglamento General de Recaudación: órganos de recaudación del Estado.
  • Letra a): unidades de la AEAT, centrales o periféricas, con competencias de recaudación.
  • Letra b): unidades de la AGE, organismos autónomos y entidades de derecho público estatales con gestión recaudatoria atribuida.
  • Letra c): la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y las unidades de las Delegaciones de Economía y Hacienda en los demás casos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos de recaudación del Estado son las unidades de la AEAT con competencias recaudatorias, las de órganos y entes estatales con esa gestión atribuida y, en lo demás, el Tesoro y las Delegaciones de Economía y Hacienda.

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Artículo 7. Recaudación de la Hacienda pública de las comunidades autónomas y de sus organismos autónomos.

Corresponde a las comunidades autónomas la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuida, y se llevará a cabo:

a) Directamente por las comunidades autónomas y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo establecido en sus normas de atribución de competencias.

b) Por otras entidades de derecho público con las que se haya formalizado el correspondiente convenio o en las que se haya delegado esta facultad.

c) Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando así se acuerde mediante la suscripción de un convenio para la recaudación.

Datos clave

  • Artículo 7 del Reglamento General de Recaudación: las comunidades autónomas recaudan las deudas cuya gestión tengan atribuida.
  • Formas: directamente por la comunidad y sus organismos autónomos; por otras entidades de derecho público con convenio o delegación; por la AEAT mediante convenio de recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las comunidades autónomas recaudan las deudas cuya gestión tengan atribuida: directamente, mediante otras entidades de derecho público por convenio o delegación, o mediante la AEAT por convenio.

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Artículo 8. Recaudación de la Hacienda pública de las entidades locales y de sus organismos autónomos.

Corresponde a las entidades locales y a sus organismos autónomos la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuida y se llevará a cabo:

a) Directamente por las entidades locales y sus organismos autónomos, de acuerdo con lo establecido en sus normas de atribución de competencias.

b) Por otros entes territoriales a cuyo ámbito pertenezcan cuando así se haya establecido legalmente, cuando con ellos se haya formalizado el correspondiente convenio o cuando se haya delegado esta facultad en ellos, con la distribución de competencias que en su caso se haya establecido entre la entidad local titular del crédito y el ente territorial que desarrolle la gestión recaudatoria.

c) Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando así se acuerde mediante la suscripción de un convenio para la recaudación.

Datos clave

  • Artículo 8 del Reglamento General de Recaudación: las entidades locales y sus organismos autónomos recaudan las deudas cuya gestión tengan atribuida.
  • Formas: directamente; por otros entes territoriales de su ámbito (por ley, convenio o delegación); por la AEAT mediante convenio de recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales y sus organismos autónomos recaudan sus deudas directamente, a través de otros entes territoriales a los que pertenezcan (por ley, convenio o delegación) o mediante la AEAT por convenio.

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Artículo 9. Entidades que presten el servicio de caja y entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.

1. Podrán prestar el servicio de caja las entidades de crédito con las que cada Administración así lo convenga.

Podrán actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito autorizadas por cada Administración, con los requisitos y con el contenido a que se refiere el artículo 17.

A efectos de este reglamento, sólo podrán actuar como entidades que presten el servicio de caja o como entidades colaboradoras las siguientes entidades de crédito:

a) Los bancos.

b) Las cajas de ahorro.

c) Las cooperativas de crédito.

2. En ningún caso la autorización que se conceda o el convenio que se formalice atribuirá el carácter de órganos de recaudación a las entidades de crédito que presten el servicio de caja o que sean colaboradoras en la recaudación.

3. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá convenir la prestación del servicio de caja o autorizar a las entidades de crédito a actuar como entidades colaboradoras en la gestión de aquellos ingresos de la Administración General del Estado no encomendados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos previstos en este reglamento.

4. Asimismo, podrán prestar el servicio de caja o tener la consideración de entidad colaboradora en la recaudación, en los mismos términos y condiciones previstos para las entidades de crédito, las siguientes entidades:

a) Las entidades de dinero electrónico.

b) Las entidades de pago.

c) Cualquier otra que se establezca por el titular del Ministerio de Hacienda.

Datos clave

  • Artículo 9 del Reglamento General de Recaudación: pueden prestar el servicio de caja las entidades de crédito con las que cada Administración convenga, y ser entidades colaboradoras las autorizadas por cada Administración.
  • Solo pueden ser entidades de crédito para ello: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
  • La autorización o el convenio no atribuye a esas entidades el carácter de órganos de recaudación.
  • La Dirección General del Tesoro y Política Financiera puede convenir el servicio de caja o autorizar entidades colaboradoras para ingresos de la AGE no encomendados a la AEAT.
  • También pueden hacerlo las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y cualquier otra que establezca el titular del Ministerio de Hacienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Servicio de caja y colaboración en la recaudación: solo bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, más entidades de dinero electrónico, de pago u otras que fije Hacienda; nunca son órganos de recaudación.

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Artículo 10. Facultades de los órganos de recaudación.

1. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación serán considerados agentes de la autoridad y tendrán las facultades previstas en el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Asimismo, podrán adoptar las medidas cautelares recogidas en el artículo 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, previstas para el procedimiento de inspección.

2. Las funcionarios que desempeñen funciones de recaudación podrán realizar actuaciones de obtención de información previstas en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Los funcionarios con funciones de recaudación son agentes de la autoridad y tienen las facultades del artículo 142 de la Ley 58/2003.
  • Pueden adoptar las medidas cautelares del artículo 146 de la Ley 58/2003, previstas para la inspección.
  • Pueden realizar las actuaciones de obtención de información de los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación son agentes de la autoridad, con las facultades del art. 142 LGT, pueden adoptar las medidas cautelares del art. 146 LGT y realizar actuaciones de obtención de información de los arts. 93 y 94 LGT.

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Artículo 11. Ingresos de la gestión recaudatoria.

1. Los ingresos de la gestión recaudatoria, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, se efectuarán conforme a lo dispuesto en este capítulo.

2. Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil, quedará trasladado al primer día hábil siguiente.

Datos clave

  • Los ingresos de la gestión recaudatoria, en periodo voluntario y ejecutivo, se efectúan conforme al capítulo correspondiente.
  • Si un plazo vence en sábado o día inhábil, se traslada al primer día hábil siguiente.
  • La norma se aplica a los ingresos en periodo voluntario y en periodo ejecutivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ingresos, en voluntaria o en ejecutiva, siguen este capítulo; si un plazo vence en sábado o día inhábil, se traslada al primer día hábil siguiente.

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Artículo 12. Lugar de realización de los ingresos.

Los ingresos podrán realizarse:

a) En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

b) En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere el artículo 9.1.

c) En las entidades colaboradoras a las que se refiere el artículo 9.1.

d) En las aduanas.

e) En las cuentas restringidas abiertas en entidades de crédito.

f) En las cajas de los órganos gestores.

g) En cualquier otro lugar de pago que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda.

Datos clave

  • Lugares de ingreso: Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera; entidades de crédito que presten el servicio de caja; entidades colaboradoras.
  • También: aduanas, cuentas restringidas abiertas en entidades de crédito y cajas de los órganos gestores.
  • Cualquier otro lugar de pago que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Siete lugares donde pueden realizarse los ingresos, de la Tesorería del Tesoro a las aduanas y cualquier otro que fije el Ministro de Economía y Hacienda.

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Artículo 13. Ingresos en la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

1. La Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera recaudará las cantidades que se liquiden o retengan en dicho órgano y aquellas respecto de las cuales así lo establezca el Ministro de Economía y Hacienda.

2. Dichas cantidades podrán ingresarse, según se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda:

a) En la Caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

b) En el Banco de España o en el organismo público que se determine.

c) En entidades de crédito.

3. Los ingresos se realizarán de lunes a viernes, excepto en los días no laborables.

Datos clave

  • La Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera recauda lo que se liquide o retenga en ese órgano y lo que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
  • Pueden ingresarse en la Caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en el Banco de España u organismo que se determine, o en entidades de crédito.
  • Los ingresos se realizan de lunes a viernes, excepto en los días no laborables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Tesorería del Tesoro recauda lo que se liquida o retiene en ella y lo que fije el Ministro; se ingresa en su Caja, en el Banco de España u organismo designado o en entidades de crédito, de lunes a viernes laborables.

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Artículo 14. Entidades de crédito que presten el servicio de caja.

1. Las entidades de crédito con las que así se convenga podrán prestar el servicio de caja a los órganos de recaudación competentes.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, dichas entidades podrán actuar también como colaboradoras en la recaudación.

Datos clave

  • Las entidades de crédito con las que se convenga pueden prestar el servicio de caja a los órganos de recaudación competentes.
  • Además, pueden actuar como colaboradoras en la recaudación.
  • El servicio de caja y la colaboración son figuras distintas que pueden coincidir en la misma entidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades de crédito con las que se convenga pueden prestar el servicio de caja a los órganos de recaudación, y además pueden actuar como colaboradoras en la recaudación.

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Artículo 15. Ingresos a través de entidades de crédito que presten el servicio de caja.

Los ingresos se realizarán con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja únicamente en aquellos casos en que así se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda.

Datos clave

  • El ingreso en entidades de crédito que presten el servicio de caja solo es obligatorio cuando lo establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
  • Fuera de esos casos, no hay obligación de ingresar a través de dichas entidades.
  • Es una cuestión de competencia ministerial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ingreso en las entidades que prestan el servicio de caja solo es obligatorio cuando así lo establezca el Ministro de Economía y Hacienda; en el resto de casos no es forzoso acudir a ellas.

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Artículo 16. Procedimiento de ingreso a través de entidades de crédito que presten el servicio de caja.

1. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las citadas entidades, cuya denominación y funcionamiento serán establecidos mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.

2. Los ingresos en estas cuentas se efectuarán en dinero de curso legal y por cualquier otro medio de pago que se establezca por orden del Ministro de Economía y Hacienda.

3. Diariamente, la entidad entregará al órgano de recaudación competente relación justificativa de las cantidades ingresadas en la cuenta restringida y los documentos acreditativos de las deudas a las que corresponden.

Datos clave

  • Los ingresos se realizan en cuentas restringidas abiertas en las entidades de crédito, reguladas por orden del Ministro de Economía y Hacienda.
  • Se efectúan en dinero de curso legal y por cualquier otro medio de pago que se establezca por orden ministerial.
  • Diariamente la entidad entrega al órgano de recaudación una relación justificativa de las cantidades ingresadas y los documentos acreditativos de las deudas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ingresos en entidades con servicio de caja se hacen en cuentas restringidas reguladas por orden ministerial, en dinero de curso legal u otros medios, y la entidad rinde cuentas a diario.

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Artículo 17. Entidades colaboradoras en la recaudación.

1. Podrán colaborar en la recaudación las entidades de crédito autorizadas. La prestación del servicio de colaboración no será retribuida.

2. Las entidades que deseen actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria solicitarán autorización del Director del Departamento de Recaudación de esta y deberán adjuntar declaración expresa de estar en disposición de prestar el servicio de colaboración en las condiciones establecidas en cada caso por la normativa vigente.

Para valorar adecuadamente la conveniencia de conceder la autorización solicitada, se tendrá en cuenta, entre otros factores, la solvencia de la entidad y su posible contribución al servicio de colaboración en la recaudación. A tal fin, se podrán recabar los informes que se consideren oportunos.

La resolución deberá notificarse a la entidad solicitante en el plazo de tres meses. Asimismo, si el acuerdo es de concesión, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

La autorización podrá determinar la forma y condiciones de prestación del servicio. Si se deniega la autorización, el acuerdo será motivado. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud.

3. Antes de iniciar el servicio de colaboración, las entidades solicitantes deberán comunicar al órgano de recaudación competente los siguientes extremos:

a) Relación de todas sus oficinas, su domicilio y su clave bancaria.

b) Fecha o fechas de comienzo de la prestación, que en ningún caso podrán exceder de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la autorización.

Además, la entidad colaboradora deberá poner en conocimiento del órgano de recaudación competente toda variación relevante referente a altas y bajas en la operatividad de sus oficinas y los cambios de denominación a que aquella se vea sometida.

4. La entidad que posea varias oficinas dentro del ámbito territorial que se determine por cada Administración tributaria deberá designar una de ellas para relacionarse con dicha Administración.

5. Los órganos de recaudación efectuarán el control y seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras.

A tal efecto, podrán ordenar la práctica de comprobaciones en dichas entidades.

Las comprobaciones se referirán exclusivamente a su actuación como entidades colaboradoras, pudiéndose efectuar en las oficinas de la entidad o en los locales del órgano actuante.

Las actuaciones podrán referirse al examen de la documentación relativa a operaciones concretas o extenderse a la actuación de colaboración de dichas entidades o de sus oficinas durante un periodo determinado de tiempo.

Para la práctica de las comprobaciones, las entidades deberán poner a disposición de los funcionarios designados al efecto toda la documentación que se les solicite en relación con la actuación de la entidad en su condición de colaboradora y, en particular, extractos de cuentas corrientes restringidas, documentos de ingreso y justificantes de ingreso en las cuentas del Tesoro. Asimismo, deberán permitir el acceso a los registros informáticos de la entidad respecto de las operaciones realizadas en su condición de colaboradora.

6. Si dichas entidades incumplen las obligaciones establecidas en este reglamento y demás normas aplicables, las obligaciones de colaboración con la Hacienda pública o las normas tributarias en general, se podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente la autorización otorgada a las entidades de crédito para actuar como colaboradoras en la recaudación, restringir temporal o definitivamente el ámbito territorial de su actuación o excluir de la prestación del servicio de colaboración a alguna de sus oficinas, sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso proceda.

Corresponderá acordar la suspensión o revocación al órgano que hubiera acordado la autorización.

En particular, el órgano de recaudación competente podrá hacer uso de las facultades a las que se refiere el párrafo anterior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Presentación reiterada fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta o con graves deficiencias, de la información que como entidad colaboradora debe aportar al órgano de recaudación competente.

b) Manipulación de los datos contenidos en la información que debe aportar al órgano de recaudación competente, en la que debe custodiar la entidad o en la que debe entregar a los obligados al pago.

c) Incumplimiento de las obligaciones de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria.

d) Incumplimiento de las órdenes de embargo, así como la colaboración o consentimiento en el levantamiento de bienes embargados o sobre los que se haya constituido una medida cautelar o una garantía.

e) Obstrucción a la actuación de la Administración tributaria.

f) No realizar diariamente el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas restringidas del órgano de recaudación competente o no efectuar o efectuar con retraso el ingreso de las cantidades recaudadas en la cuenta del Tesoro, cuando se haya ocasionado un grave perjuicio a la Hacienda pública o a un particular.

g) Inutilidad de la autorización, manifestada por el nulo o escaso volumen de los ingresos realizados a través de la entidad.

Datos clave

  • Pueden colaborar las entidades de crédito autorizadas; el servicio de colaboración no es retribuido.
  • Autoriza el Director del Departamento de Recaudación de la AEAT; resolución en 3 meses; la concesión se publica en el BOE; silencio estimatorio.
  • La denegación debe ser motivada.
  • Comienzo de la prestación: no más de 2 meses desde el día siguiente a la notificación de la autorización.
  • Con varias oficinas en el ámbito territorial, la entidad designa una para relacionarse con la Administración.
  • Incumplimientos: suspensión temporal o revocación definitiva, restricción del ámbito territorial o exclusión de oficinas; acuerda la suspensión o revocación el órgano que autorizó.
  • Causa, entre otras: no ingresar diariamente lo recaudado en las cuentas restringidas o inutilidad de la autorización por nulo o escaso volumen de ingresos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se autoriza a una entidad de crédito a colaborar en la recaudación (solicitud, solvencia, resolución en tres meses con silencio positivo), sus obligaciones previas y de control, y las causas por las que se le puede suspender o revocar la autorización.

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Artículo 18. Ingresos a través de entidades colaboradoras en la recaudación.

1. Los obligados al pago, tengan o no cuentas abiertas en las entidades colaboradoras, podrán ingresar en ellas las siguientes deudas:

a) Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, así como de aquellas cuya presentación se realice por vía telemática.

b) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.

c) Cualesquiera otras, salvo que el Ministro de Economía y Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja.

2. Las entidades colaboradoras no podrán admitir los ingresos que deban realizarse obligatoriamente en las entidades de crédito que presten el servicio de caja.

Datos clave

  • Pueden ingresar en entidades colaboradoras los obligados al pago tengan o no cuenta abierta en ellas.
  • Deudas admisibles: autoliquidaciones (incluidas las telemáticas), liquidaciones notificadas en periodo voluntario o ejecutivo y cualesquiera otras.
  • Excepción: las que el Ministro de Economía y Hacienda obligue a ingresar en entidades que presten el servicio de caja.
  • Las colaboradoras no pueden admitir ingresos que deban realizarse obligatoriamente en entidades de caja.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En las entidades colaboradoras puede ingresar cualquiera, tenga o no cuenta en ellas: autoliquidaciones, liquidaciones notificadas y cualquier otra deuda, salvo las reservadas a las entidades con servicio de caja.

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Artículo 19. Procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación.

El artículo 19 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación.

1. Los ingresos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras, cuya denominación y funcionamiento serán establecidos mediante orden ministerial.

2. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso, el dinero de curso legal como medio de pago. Asimismo, podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario, si bien la admisión de estos medios queda a discreción y riesgo de la entidad.

Cualquiera que fuera el medio de pago utilizado, en ningún caso correrán por cuenta de la Administración los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal. Como consecuencia de dichos gastos no podrán minorarse en ningún caso los importes ingresados.

3. Las entidades colaboradoras admitirán dichos ingresos los días que sean laborables para éstas durante el horario de caja, abonándolos seguidamente en la correspondiente cuenta restringida.

Cada Administración tributaria podrá limitar la prestación del servicio a un número de horas inferior, dentro del horario de caja.

4. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, tras realizar las oportunas comprobaciones respecto de la identificación del obligado al pago y del importe a ingresar y siempre que las mismas resulten conformes, procederá a emitir el correspondiente justificante del pago, certificando de ese modo el concepto del ingreso, así como que éste se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.

El contenido de los justificantes de pago se establecerá mediante orden ministerial.

5. Si el ingreso es consecuencia de una liquidación practicada por la Administración y notificada al obligado al pago, aquel se realizará en la entidad colaboradora mediante la presentación del documento de ingreso según modelo establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

6. La entidad colaboradora deberá exigir la consignación del número de identificación fiscal en el documento correspondiente y comprobará la exactitud del indicado número mediante el examen del documento acreditativo, que deberá ser exhibido por quien presente el documento liquidatorio. No será necesaria dicha exigencia en relación con aquellas autoliquidaciones y documentos de ingreso respecto de los cuales el Ministerio de Economía y Hacienda haya establecido que deben presentarse en las entidades colaboradoras con una etiqueta adherida u otro medio de identificación en los que consten los datos de los obligados al pago.

7. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro comprobará previamente a su abono en cuenta los siguientes datos:

a) La coincidencia exacta de la cuantía a ingresar con la cifra que figure como importe del ingreso en la autoliquidación o documento de ingreso.

b) Que los citados documentos lleven adheridas las etiquetas de identificación u otro medio de identificación o, en su caso, que en ellos se consignen el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio del obligado al pago, número de identificación fiscal, concepto y periodo a que corresponde el citado pago.

Si resultase conforme la comprobación señalada en los párrafos a) y b), la entidad colaboradora procederá a extender en el documento destinado a tal efecto de los que componen la autoliquidación o en el documento de ingreso validación, bien mecánica mediante máquina contable, bien manual mediante sello, de los siguientes conceptos: fecha del ingreso, total ingresado, concepto, clave de la entidad y de la oficina receptora, certificando de este modo el concepto del ingreso, así como que este se ha efectuado en la cuenta del Tesoro.

Cada Administración podrá establecer que la validación de los ingresos por las entidades colaboradoras se lleve a cabo mediante procedimientos distintos de los recogidos en el párrafo anterior, en particular, en aquellos casos en los que el ingreso se efectúe de forma no presencial.

En todo caso, los procedimientos de validación que se establezcan deberán garantizar la correcta identificación de la información asociada al ingreso que para cada medio de pago se determinen.

8. En los casos para los que se establezca que el obligado al pago puede presentar en las sucursales de las entidades colaboradoras, en sobre cerrado, el documento de ingreso o devolución, la autoliquidación y la documentación complementaria, se actuará de acuerdo con las normas siguientes:

a) Presentará en la entidad colaboradora el documento de ingreso o devolución en el que constarán los datos esenciales de la autoliquidación y la cantidad a ingresar o devolver que de ella resulte.

b) La entidad comprobará si el documento de ingreso o devolución está correctamente cumplimentado.

En caso de ingreso, lo certificará con las formalidades y requisitos previstos en el apartado anterior.

En caso de solicitud de devolución por transferencia, validará los documentos, certificando la existencia de la cuenta bancaria y la titularidad del obligado al pago. Dicha validación podrá ser mecánica, mediante máquina contable, o manual mediante sello y en ella deberá constar obligatoriamente clave de la entidad y de la oficina receptora, así como la fecha de presentación de la solicitud de devolución.

En ambos casos, la entidad colaboradora conservará en su poder el ejemplar a ella destinado y entregará al obligado al pago los que le correspondan.

c) El obligado unirá a su autoliquidación el ejemplar para la Administración del documento de ingreso o devolución y lo entregará en la propia entidad colaboradora para su remisión al órgano competente en sobre cerrado, en cuyo anverso constará su nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el concepto.

d) A petición del obligado al pago, la entidad colaboradora deberá estampar en la primera hoja de los ejemplares para la Administración y para el interesado de la correspondiente autoliquidación o declaración sello en el que consten los siguientes datos: fecha en la que se produce la presentación de la autoliquidación y claves de la entidad y de la oficina receptora.

9. Cuando, presentado un documento de ingreso por un obligado al pago, el importe validado por la entidad colaboradora resulte correcto pero esta realice un ingreso superior al procedente, se tramitará su devolución a la entidad colaboradora en los términos legalmente establecidos sin que a tales ingresos les resulte de aplicación lo previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • Ingresos en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras, reguladas por orden ministerial.
  • Se admite siempre el dinero de curso legal; otros medios de pago, a discreción y riesgo de la entidad, sin gastos para la Administración.
  • Admisión los días laborables para la entidad durante el horario de caja; cada Administración puede limitar las horas.
  • La entidad exige el NIF y comprueba su exactitud, salvo documentos con etiqueta adherida u otro medio de identificación.
  • Comprobación previa: coincidencia exacta de la cuantía y datos identificativos; validación mecánica o manual con fecha, total, concepto y claves de entidad y oficina.
  • Ingreso superior al validado: se devuelve a la entidad colaboradora sin aplicar el artículo 221 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se ingresa en una entidad colaboradora: cuentas restringidas, dinero de curso legal siempre, comprobación de NIF, cuantía y datos, validación del justificante y reglas del sobre cerrado.

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Artículo 20. Ingresos en las aduanas.

1. Se recaudarán por las aduanas las deudas respecto de las que así esté establecido.

2. Con carácter general, los ingresos se realizarán a través de las entidades de crédito autorizadas para actuar como colaboradoras en la recaudación.

Estas entidades actuarán según el procedimiento descrito en el artículo 19.

3. No obstante, y siempre que lo autorice el órgano competente, podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas, en particular en los siguientes casos:

a) Cuando deban efectuarse ingresos por el despacho de expediciones conducidas por los viajeros que se produzcan fuera del horario de apertura de las entidades colaboradoras o cuando estas se encuentren en lugares distantes de las oficinas de la aduana.

b) Cuando se efectúen depósitos en metálico por importaciones temporales.

4. Diariamente o en el plazo que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda, las cantidades recaudadas en cada una de las cajas de las aduanas deberán ser ingresadas por estas en una cuenta, autorizada al efecto por el órgano competente, abierta en una entidad de crédito de la localidad respectiva, a nombre de «Dependencia/Administración de Aduanas de ...», en la que serán custodiados los fondos hasta su ingreso.

El Ministro de Economía y Hacienda dictará las normas que regulen el funcionamiento, control y seguimiento de estas cuentas.

5. En las cajas de las aduanas únicamente podrán efectuarse pagos por devoluciones de depósitos en efectivo por importaciones temporales.

Para la realización de estas devoluciones, se podrá autorizar un fondo cuya dotación, funcionamiento y control se regularán por el Ministro de Economía y Hacienda.

Datos clave

  • Las aduanas recaudan las deudas respecto de las que así esté establecido.
  • Regla general: ingreso a través de entidades colaboradoras, según el artículo 19.
  • Ingreso directo en cajas de aduanas, si lo autoriza el órgano competente: expediciones de viajeros fuera de horario o lejos de las entidades, y depósitos en metálico por importaciones temporales.
  • Lo recaudado se ingresa diariamente o en el plazo que fije el Ministro en una cuenta a nombre de «Dependencia/Administración de Aduanas de ...».
  • En las cajas de aduanas solo pueden pagarse devoluciones de depósitos en efectivo por importaciones temporales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas aduaneras se ingresan, con carácter general, a través de entidades colaboradoras siguiendo el procedimiento del art. 19; solo se admite el ingreso directo en la caja de la aduana en casos tasados, como despachos a viajeros fuera de horario o depósitos por importaciones temporales.

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Artículo 21. Ingresos en cuentas restringidas y en cajas de órganos gestores.

1. Podrán realizarse los ingresos en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de crédito cuando, a propuesta del órgano gestor, se autorice, bien por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de recursos del sistema tributario estatal y aduanero, bien por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Se autorizará dicho procedimiento cuando esté suficientemente justificada su necesidad por razones de mejor prestación del servicio, de custodia de fondos o similares. La autorización será individualizada y fijará las condiciones de utilización de dicha cuenta.

La cancelación de tales cuentas será acordada por los órganos competentes para su autorización cuando, por iniciativa del órgano gestor o propia, se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su apertura o no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.

2. El órgano de recaudación competente, a solicitud de los órganos gestores, podrá autorizar el ingreso en cajas situadas en las dependencias del órgano gestor cuando existan razones de economía, eficacia o mejor prestación del servicio a los usuarios.

En tal caso deberán aplicarse, como mínimo, las normas siguientes:

a) Deberá entregarse justificante de todo ingreso.

b) Deberá quedar constancia de cada ingreso.

c) Los fondos deberán ser ingresados en el Tesoro diariamente o en el plazo que establezca el órgano de recaudación, compatible con criterios de buena gestión.

Datos clave

  • Cuentas restringidas de recaudación: a propuesta del órgano gestor, las autoriza la AEAT (recursos tributarios estatales y aduaneros) o la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
  • Se autorizan por razones de mejor prestación del servicio, custodia de fondos o similares; autorización individualizada.
  • Cancelación por los órganos que autorizaron cuando no subsistan las razones o se incumplan las condiciones.
  • Cajas en dependencias del órgano gestor: las autoriza el órgano de recaudación por razones de economía, eficacia o mejor servicio.
  • Mínimos: justificante de todo ingreso, constancia de cada ingreso e ingreso en el Tesoro diariamente o en el plazo que fije el órgano de recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cuándo se autorizan cuentas restringidas de recaudación (por la AEAT o por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por razones justificadas) y cuándo se permite ingresar en las cajas del propio órgano gestor, con obligación de justificante, constancia y traslado diario de fondos al Tesoro.

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Artículo 22. Ingresos en organismos autónomos.

1. Los ingresos cuya gestión corresponda a los organismos autónomos podrán realizarse según se establezca en cada caso:

a) En las cuentas legalmente autorizadas abiertas a nombre del organismo en el Banco de España u otra entidad de crédito.

b) En las cajas del organismo.

c) En cuentas restringidas para la recaudación abiertas en entidades de crédito.

d) En entidades de crédito que presten el servicio de caja o sean autorizadas como colaboradoras en la recaudación.

e) Excepcionalmente, cuando los servicios deban prestarse en lugares alejados o en horarios distintos de los habituales o por otras razones de estricta necesidad, podrán admitirse ingresos a través de personas o entidades solventes habilitadas para tal fin.

2. Todos los ingresos realizados directamente en las cajas o en las cuentas del organismo legalmente autorizadas en el Banco de España u otra entidad de crédito serán registrados individual o colectivamente y comprobados con las facturas, recibos y demás justificantes de la venta, servicio u otra operación a que respondan.

Los fondos recaudados en las cajas deberán ser trasladados diariamente o en el plazo más breve posible a las cuentas del organismo, salvo en los casos en que deban realizarse por dichas cajas pagos habituales, sin perjuicio del registro de los ingresos y pagos por sus valores íntegros.

3. Los ingresos en cuentas restringidas deberán ser registrados en el organismo a través de sus propios documentos de gestión y comprobados periódicamente con los extractos u otros documentos bancarios.

Si esto no es posible por realizarse los ingresos sin actuación previa del organismo, la entidad de crédito en que está abierta la cuenta deberá enviarle periódicamente los justificantes de cada uno de los ingresos realizados para registro y comprobación. En ningún caso se realizará el registro de las operaciones a través de los extractos bancarios.

Con cargo a dichas cuentas restringidas no se podrán efectuar más pagos que los que tengan por objeto situar su saldo en la cuenta del organismo abierta en el Banco de España o, en su caso, en otra entidad de crédito.

4. Los ingresos a través de entidades de crédito que presten el servicio de caja o que sean autorizadas para actuar como colaboradoras en la recaudación se regirán por las normas establecidas en las subsecciones 2.ª y 3.ª de la sección 1.ª del capítulo II del título I, adaptadas a las peculiaridades de la gestión de los ingresos de cada organismo autónomo.

5. Los ingresos a través de personas o entidades ajenas a la Administración habilitadas para recibirlos deberán organizarse de forma que se garantice la integridad de los fondos recaudados por cuenta de la Hacienda pública, sin perjuicio de la prestación efectiva de los servicios y, en especial, de acuerdo con las normas siguientes:

a) Deberá entregarse justificante de cada ingreso.

b) Deberá quedar constancia de cada ingreso.

c) El organismo deberá verificar los ingresos con sus comprobantes.

d) Los fondos deberán ser depositados en cuentas controladas por el organismo autónomo diariamente o en el menor plazo que sea compatible con criterios de buena gestión.

Datos clave

  • Los ingresos de los organismos autónomos pueden hacerse en cuentas autorizadas en el Banco de España u otra entidad de crédito, en sus cajas, en cuentas restringidas o en entidades de crédito con servicio de caja o colaboradoras.
  • Excepcionalmente, en lugares alejados o con horarios distintos, pueden admitirse ingresos a través de personas o entidades solventes habilitadas.
  • Los fondos de las cajas se trasladan a las cuentas del organismo diariamente o en el plazo más breve posible.
  • Con cargo a las cuentas restringidas solo se pueden efectuar los pagos que sitúen su saldo en la cuenta del organismo.
  • En ningún caso se registran las operaciones a través de los extractos bancarios.
  • Los ingresos a través de personas ajenas exigen justificante, constancia de cada ingreso, verificación con comprobantes y depósito diario de los fondos o en el menor plazo posible.

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Detalla los canales por los que un organismo autónomo puede recibir ingresos (cuentas propias, cajas propias, cuentas restringidas, entidades de caja o colaboradoras y, excepcionalmente, personas o entidades habilitadas) y las obligaciones de registro y traslado de fondos de cada uno.

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Artículo 23. Modalidades de cobro.

La recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse, según se establezca en cada caso:

a) Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos.

b) A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio.

c) Por cualquier otra modalidad que se establezca para el ingreso de los recursos de la Hacienda pública.

Datos clave

  • La recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva puede hacerse por los órganos de recaudación que gestionen los recursos.
  • También a través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde el servicio.
  • O por cualquier otra modalidad que se establezca para el ingreso de los recursos de la Hacienda pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva pueden cobrarse por los propios órganos de recaudación, por entidades de crédito con las que se acuerde o por cualquier otra modalidad establecida.

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Artículo 24. Anuncios de cobranza.

1. La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.

2. El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:

a) El plazo de ingreso.

b) La modalidad de cobro utilizable de entre las enumeradas en el artículo 23.

c) Los lugares, días y horas de ingreso.

d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

3. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales.

Datos clave

  • Comunicación colectiva del periodo de pago mediante edictos en el boletín oficial y en las oficinas de los ayuntamientos afectados.
  • Contenido mínimo: plazo de ingreso, modalidad de cobro, lugares, días y horas de ingreso.
  • Advertencia de que, pasado el plazo, se exigirá por apremio con recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y costas.
  • El anuncio de cobranza puede sustituirse por notificaciones individuales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El periodo de pago de estas deudas se comunica de forma colectiva mediante edictos en el boletín oficial y en los ayuntamientos afectados, y el anuncio debe indicar el plazo, la modalidad de cobro, los lugares y horas, y la advertencia de apremio si no se paga a tiempo.

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Artículo 25. Ingresos de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.

1. En caso de deudas cuyo cobro se realice por recibo, cuando el obligado al pago u otra persona se persone en el lugar de ingreso, y por cualquier circunstancia no estuviera disponible el recibo, se admitirá el pago y se expedirá el correspondiente justificante, siempre que el obligado al pago figure inscrito en las listas cobratorias.

2. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en cuentas abiertas en entidades de crédito.

Para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, dirigirán comunicación al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro. En otro caso, la comunicación surtirá efecto a partir del periodo siguiente.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez al obligado al pago y a la entidad colaboradora.

Datos clave

  • Sin recibo disponible se admite el pago si el obligado figura en las listas cobratorias.
  • Domiciliación en cuentas abiertas en entidades de crédito.
  • Comunicación al menos 2 meses antes del comienzo del periodo de cobro; si no, surte efecto en el periodo siguiente.
  • Validez indefinida hasta anulación por el interesado, rechazo de la entidad o invalidez declarada por la Administración por razones justificadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En deudas por recibo se admite el pago sin el recibo si el obligado figura en las listas cobratorias; la domiciliación se comunica dos meses antes del periodo de cobro y vale por tiempo indefinido.

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Artículo 26. Disposiciones generales sobre ingresos en las cuentas del Tesoro.

El artículo 26 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, establece las disposiciones generales sobre los ingresos en las cuentas del Tesoro.

1. Las cantidades percibidas por los distintos órganos en el ejercicio de la función recaudatoria y por las personas o entidades a las que se refiere el apartado 2 serán ingresadas por estos en las cuentas del Tesoro, con sujeción a las disposiciones contenidas en la sección correspondiente del reglamento.

2. Cuando las entidades que presten el servicio de caja, las colaboradoras en la recaudación y cualquier otra persona o entidad que recaude por cuenta de la Hacienda pública no efectúen los ingresos en las cuentas del Tesoro en los plazos establecidos, el órgano de recaudación competente exigirá el inmediato ingreso y practicará liquidación por intereses de demora que será notificada para su ingreso en el Tesoro.

3. Los retrasos en los ingresos y las demás anomalías en la prestación de los servicios serán comunicados al órgano de recaudación competente, para la adopción de las medidas que en su caso procedan.

Datos clave

  • Las cantidades recaudadas se ingresan en las cuentas del Tesoro.
  • Si las entidades de caja, las colaboradoras o cualquier otra persona que recaude por cuenta de la Hacienda pública no ingresan en plazo, el órgano de recaudación competente exige el inmediato ingreso.
  • Además practica liquidación por intereses de demora, que se notifica para su ingreso en el Tesoro.
  • Los retrasos y demás anomalías en la prestación de los servicios se comunican al órgano de recaudación competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo lo recaudado se ingresa en las cuentas del Tesoro; si quien recauda por cuenta de Hacienda se retrasa, se le exige el ingreso inmediato con intereses de demora.

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Artículo 27. Ingresos de la Caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

El artículo 27 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, regula el ingreso de lo recaudado por la Caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

La suma total recaudada por la Caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera será ingresada en la cuenta del Tesoro público diariamente o en el plazo que establezca el Director General del Tesoro y Política Financiera que sea compatible con criterios de buena gestión. Por tanto, la regla general es el ingreso diario, y el plazo alternativo lo fija el Director General, siempre que resulte compatible con criterios de buena gestión.

Datos clave

  • Lo recaudado por la Caja de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera se ingresa en la cuenta del Tesoro público.
  • El ingreso se hace diariamente o en el plazo que establezca el Director General del Tesoro y Política Financiera.
  • Ese plazo debe ser compatible con criterios de buena gestión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Caja de la Dirección General del Tesoro ingresa lo recaudado en la cuenta del Tesoro a diario, o en el plazo que fije su Director General si es compatible con la buena gestión.

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Artículo 28. Ingresos de las entidades que presten el servicio de caja.

1. Las entidades de crédito que presten el servicio de caja en los órganos de recaudación ingresarán en la cuenta del Tesoro lo recaudado durante cada quincena dentro de los siete días hábiles siguientes al fin de cada una. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior, si el 5 ó 20 son inhábiles.

A tales efectos, serán considerados días inhábiles los sábados.

Cualquiera que sea el número de días inhábiles el ingreso en la cuenta del Tesoro deberá producirse en el mismo mes en que finaliza la quincena correspondiente.

2. En los plazos, forma y soporte que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, las referidas entidades entregarán al órgano de recaudación competente la información necesaria para la gestión y seguimiento de los ingresos.

3. Las entidades de crédito que presten el servicio de caja a otros órganos de la Administración del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se regirán, en esta materia, por las disposiciones específicas aplicables dictadas por dichos órganos y, en ausencia de estas, por lo dispuesto en este artículo.

Datos clave

  • Las entidades de caja ingresan en la cuenta del Tesoro lo recaudado cada quincena dentro de los 7 días hábiles siguientes a su fin.
  • La quincena termina el día 5 o 20 o el inmediato hábil posterior.
  • A estos efectos los sábados se consideran inhábiles.
  • El ingreso debe producirse en el mismo mes en que finaliza la quincena.
  • Las entidades de caja de otros órganos del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se rigen por sus disposiciones específicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades con servicio de caja ingresan en el Tesoro lo recaudado en cada quincena (que cierra el día 5 o el 20) dentro de los siete días hábiles siguientes, y en todo caso dentro del mismo mes en que termina la quincena; los sábados cuentan como inhábiles a este efecto.

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Artículo 29. Ingresos de las entidades colaboradoras.

El artículo 29 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula los ingresos de las entidades colaboradoras en la cuenta del Tesoro.

1. Las entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas durante cada quincena y el envío al órgano de recaudación competente de la información a que se refiere el apartado 2. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior, si el 5 ó el 20 son inhábiles.

El día 18 de cada mes o el inmediato hábil anterior, las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 5 del referido mes.

El penúltimo día hábil de cada mes las entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 20 de dicho mes.

A efectos de lo previsto en el presente apartado se considerarán días inhábiles los sábados, los domingos, las festividades nacionales, autonómicas y locales correspondientes a la localidad en la que se encuentra situada la oficina central de la entidad de crédito designada por la Administración tributaria correspondiente para recibir los ingresos y, en todo caso, el Lunes de Pascua.

En el supuesto en que el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real permanezca cerrado el día de ingreso determinado de acuerdo con los párrafos anteriores, el ingreso se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

2. Mediante orden ministerial podrán establecerse plazos de ingreso diferentes a los establecidos en el apartado anterior respecto de aquellas autoliquidaciones recaudadas cuya periodicidad sea mensual o trimestral y cuyo vencimiento genérico de pago sea posterior al día 20 del mes o inmediato hábil posterior.

3. En los plazos, forma y soporte que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, las referidas entidades entregarán al órgano de recaudación competente la información necesaria para la gestión y seguimiento de los ingresos.

4. Las entidades colaboradoras de los órganos del Estado, comunidades autónomas o entidades locales se regirán, en esta materia, por las disposiciones específicas aplicables dictadas por dichos órganos y, en ausencia de estas, por lo dispuesto en este artículo.

Datos clave

  • Las entidades colaboradoras centralizan el ingreso de lo recaudado por quincenas (fin el día 5 o 20 o inmediato hábil posterior).
  • Día 18 de cada mes (o inmediato hábil anterior): ingreso de la quincena que finaliza el día 5.
  • Penúltimo día hábil del mes: ingreso de la quincena que finaliza el día 20.
  • Inhábiles: sábados, domingos, festivos nacionales, autonómicos y locales de la oficina central y, en todo caso, el Lunes de Pascua.
  • Si el sistema transeuropeo de transferencia urgente está cerrado, el ingreso se hace el día hábil inmediatamente anterior.
  • Por orden ministerial pueden fijarse plazos distintos para autoliquidaciones mensuales o trimestrales con vencimiento posterior al día 20.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades colaboradoras ingresan por quincenas: la que acaba el día 5 se ingresa el día 18; la que acaba el día 20, el penúltimo día hábil del mes.

Esquema

Calendario de ingresos de las colaboradoras
Quincena hasta el día 5Quincena hasta el día 20
Día de ingresoDía 18 o inmediato hábil anteriorPenúltimo día hábil del mes

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Artículo 30. Ingresos de las aduanas.

El artículo 30 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, regula el ingreso en el Tesoro de los saldos de las cajas de las aduanas.

El Ministro de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo, forma y demás condiciones en las que se realizará el ingreso en el Tesoro de los saldos de las cuentas a que se refiere el artículo 20, correspondientes a aquellas aduanas en las que el órgano competente hubiera autorizado la existencia de caja. Es decir, la norma no fija directamente el plazo, sino que atribuye su determinación, junto con el lugar, la forma y las demás condiciones, al Ministro de Economía y Hacienda.

Datos clave

  • Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda determinar lugar, plazo, forma y demás condiciones del ingreso en el Tesoro.
  • Se refiere a los saldos de las cuentas del artículo 20 de las aduanas en las que el órgano competente hubiera autorizado la existencia de caja.
  • Solo afecta a las aduanas con caja autorizada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El reglamento no fija el plazo de ingreso de las aduanas con caja: lo determina el Ministro de Economía y Hacienda, junto con el lugar, la forma y demás condiciones.

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Artículo 31. Otros ingresos en las cuentas del Tesoro en el Banco de España.

1. Las cantidades recaudadas a través de cuentas restringidas para la recaudación, sean de tasas, sean de cualquier otro ingreso de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos y cualesquiera otras cantidades recaudadas por personas o entidades por cuenta de la Hacienda pública no comprendidas en los artículos anteriores de esta sección, deberán transferirse a las cuentas oficiales en el Banco de España a nombre del Tesoro público o de los organismos autónomos correspondientes, en las fechas establecidas en sus normas reguladoras.

2. En defecto de dichas normas, los saldos existentes los días 5 y 20 de cada mes en las cuentas restringidas de recaudación se ingresarán los días 15 y último de cada mes, respectivamente.

Cuando el último día del mes coincida con día inhábil o no preste servicio el Banco de España, el ingreso se trasladará al inmediato anterior en que este preste servicio.

3. Igualmente, en defecto de normas reguladoras especiales, las cantidades recaudadas en cajas de los órganos gestores de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos, deberán ingresarse en las cuentas oficiales en el Banco de España no más tarde de fin del mes en que hayan sido recaudadas.

Datos clave

  • Lo recaudado en cuentas restringidas se transfiere a las cuentas oficiales en el Banco de España en las fechas de sus normas reguladoras.
  • En su defecto, los saldos de los días 5 y 20 se ingresan los días 15 y último de cada mes, respectivamente.
  • Si el último día es inhábil o no presta servicio el Banco de España, el ingreso pasa al inmediato anterior.
  • Cajas de órganos gestores: ingreso no más tarde de fin del mes de la recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el traslado a las cuentas oficiales del Banco de España de lo recaudado en cuentas restringidas y en cajas de órganos gestores cuando no hay normas específicas: los saldos de los días 5 y 20 se ingresan los días 15 y último de mes, y lo recaudado en cajas de órganos gestores, antes de fin de mes.

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Artículo 32. Formas de extinción de la deuda

Las deudas podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.

Datos clave

  • El Reglamento General de Recaudación enumera como formas de extinción el pago, la prescripción, la compensación, la deducción sobre transferencias y la condonación.
  • También extinguen las deudas los medios previstos en la normativa aduanera.
  • La enumeración se completa con los demás medios previstos en las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas se extinguen por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, condonación, medios de la normativa aduanera y los demás que prevean las leyes.

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Artículo 33. Legitimación, lugar de pago y forma de pago

1. Puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.

El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden al obligado al pago.

2. El pago de las deudas podrá realizarse en las cajas de los órganos competentes, en las entidades que, en su caso, presten el servicio de caja, en las entidades colaboradoras y demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago, directamente o por vía telemática, cuando así esté previsto en la normativa vigente.

3. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago.

4. El pago de las deudas podrá realizarse en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie.

Datos clave

  • Puede pagar cualquier persona, tenga o no interés, en periodo voluntario o ejecutivo.
  • El tercero que paga no está legitimado para ejercitar los derechos del obligado al pago.
  • Lugares: cajas de los órganos competentes, entidades que presten el servicio de caja, entidades colaboradoras y demás autorizadas.
  • Los pagos a órganos no competentes o personas no autorizadas no liberan al deudor.
  • Formas: en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cualquiera puede pagar la deuda, aunque el tercero no adquiere los derechos del obligado; hay que pagar a órganos o entidades autorizados, y se paga en efectivo, efectos timbrados o en especie.

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Artículo 34. Medios y momento del pago en efectivo

1. El pago de las deudas y sanciones tributarias que deba realizarse en efectivo se podrá hacer siempre en dinero de curso legal.

Asimismo, se podrá realizar por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en este reglamento y siguiendo los procedimientos que se dispongan en cada caso:

a) Cheque.

b) Tarjeta de crédito y débito.

c) Transferencia bancaria.

d) Domiciliación bancaria.

e) Cualesquiera otros que se autoricen por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Será admisible el pago por los medios a los que se refieren los párrafos b), c) y d) en aquellos casos en los que así se establezca expresamente en una norma tributaria.

2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su propia normativa. Si no se hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por los medios citados en el apartado 1, excepto los párrafos b), c) y d) que requerirán regulación expresa.

3. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago.

4. Cuando el pago se realice a través de entidades de crédito u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a este desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad de crédito o persona autorizada frente a la Hacienda pública desde ese momento y por dicho importe, salvo que pudiera probarse fehacientemente la inexactitud de la fecha o del importe que conste en la validación del justificante.

5. Las órdenes de pago dadas por el deudor a las entidades de crédito u otras personas autorizadas para recibir el pago no surtirán por sí solas efectos frente a la Hacienda pública, sin perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la entidad o persona responsable del incumplimiento.

Datos clave

  • El pago en efectivo se puede hacer siempre en dinero de curso legal.
  • Otros medios: cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria y otros autorizados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
  • Tarjeta, transferencia y domiciliación solo cuando lo establezca expresamente una norma tributaria.
  • El justificante de ingreso libera al deudor desde la fecha y por el importe que figuren en él.
  • Las órdenes de pago a entidades de crédito no surten por sí solas efectos frente a la Hacienda pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los medios de pago en efectivo (dinero de curso legal, cheque, tarjeta, transferencia, domiciliación u otros que autorice el Ministerio) y fija que el justificante de ingreso libera al deudor desde su fecha e importe, salvo prueba de inexactitud.

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Artículo 35. Pago mediante cheque.

1. Los pagos que se realicen en las entidades de crédito que presten el servicio de caja podrán efectuarse mediante cheque que deberá reunir además de los requisitos exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativo a favor del Tesoro público y cruzado.

b) Estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma.

La admisión de cheques que incumplan alguno de los requisitos anteriores quedará a riesgo de la entidad que los acepte, sin perjuicio de las acciones que correspondan a dicha entidad contra el obligado al pago.

No obstante, cuando un cheque válidamente conformado o certificado no pueda ser hecho efectivo en todo o en parte el pago le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó.

La entrega del cheque en la entidad que, en su caso, preste el servicio de caja, liberará al deudor por el importe satisfecho siempre que se haga efectivo. El efecto liberatorio se entenderá producido desde la fecha en que el cheque haya sido entregado en dicha entidad. Esta validará el correspondiente justificante de ingreso en el que consignará la fecha de entrega y el importe del pago, quedando desde ese momento la entidad obligada ante la Hacienda pública por la cuantía efectivamente ingresada.

2. Los pagos que deban efectuarse en las cajas de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrán hacerse mediante cheque, que deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Ser nominativo a favor del Tesoro público y cruzado al Banco de España.

b) Incluir el nombre y apellidos o razón social o denominación completa del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.

La entrega del cheque liberará al obligado al pago por el importe satisfecho, cuando sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja correspondiente.

Datos clave

  • Pago en entidades de crédito con servicio de caja: cheque nominativo a favor del Tesoro público y cruzado, y conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma.
  • La admisión de cheques que incumplan los requisitos queda a riesgo de la entidad que los acepte.
  • Si un cheque válidamente conformado o certificado no puede hacerse efectivo, el pago se exige a la entidad que lo conformó o certificó.
  • El efecto liberatorio se produce desde la fecha de entrega del cheque en la entidad, siempre que se haga efectivo.
  • Pago en las cajas de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera: cheque nominativo a favor del Tesoro público y cruzado al Banco de España, con el nombre o razón social del librador bajo la firma.
  • En las cajas de la Dirección General del Tesoro, el cheque surte efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El cheque debe ser nominativo a favor del Tesoro público, cruzado y, según el caso, conformado o certificado; libera al deudor desde su entrega si finalmente se hace efectivo.

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Artículo 36. Pago mediante tarjeta de crédito y débito

1. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito ante las entidades de crédito que, en su caso, presten el servicio de caja, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento por dichas entidades.

2. El límite de los pagos a realizar vendrá determinado por el asignado por la entidad emisora individualmente a cada tarjeta y que, en ningún caso, podrá superar la cantidad que se establezca en la orden del Ministro de Economía y Hacienda correspondiente por cada documento de ingreso, no pudiendo simultanearse, para un mismo documento de ingreso, con cualquier otro de los medios de pago admitidos.

3. Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito y débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o por cualquier otro motivo.

4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.

Datos clave

  • Pago ante las entidades de crédito que presten el servicio de caja, con tarjetas admitidas por ellas.
  • Límite: el asignado por la entidad emisora a cada tarjeta, sin superar la cantidad fijada por orden ministerial por documento de ingreso.
  • No puede simultanearse con otro medio de pago para un mismo documento de ingreso.
  • Los importes ingresados no pueden minorarse por descuentos ni por ningún otro motivo.
  • La Administración fija las condiciones del pago telemático.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se admite el pago con tarjeta de crédito o débito ante las entidades con servicio de caja, con el límite de la tarjeta y de la orden ministerial, sin combinarlo con otro medio ni minorar el importe.

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Artículo 37. Pago mediante transferencia bancaria

Se considerará efectuado el pago en la fecha en que haya tenido entrada el importe correspondiente en la entidad que, en su caso, preste el servicio de caja, quedando liberado desde ese momento el obligado al pago frente a la Hacienda pública por la cantidad ingresada.

La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.

Datos clave

  • El pago se considera efectuado en la fecha de entrada del importe en la entidad que preste el servicio de caja.
  • Desde ese momento el obligado queda liberado frente a la Hacienda pública por la cantidad ingresada.
  • La Administración establece las condiciones para utilizar la transferencia por vía telemática.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con transferencia, el pago se entiende hecho cuando el importe entra en la entidad que presta el servicio de caja, y desde entonces el obligado queda liberado por la cantidad ingresada.

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Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria

1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito.

En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.

b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso.

2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente.

3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el ingreso.

4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de pago por vía telemática.

5. En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, cuando el pago se realice a través de terceros autorizados de acuerdo con lo que establece el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estos deberán estar expresamente autorizados por la Administración para efectuar la domiciliación del pago en cuentas de su titularidad.

Datos clave

  • Requisitos: que el obligado sea titular de la cuenta, abierta en una entidad de crédito, y comunique su orden de domiciliación.
  • Cabe domiciliar en cuenta de otro titular si este autoriza la domiciliación.
  • El pago se entiende realizado en la fecha de cargo en cuenta; el justificante lo expide la entidad de crédito.
  • Si el cargo no se realiza o se realiza fuera de plazo por causa no imputable al obligado, no se le exigen recargos, intereses de demora ni sanciones.
  • Los terceros autorizados del artículo 92 de la LGT necesitan autorización expresa para domiciliar en cuentas de su titularidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La domiciliación exige que la cuenta sea del obligado al pago (o de un tercero que lo autorice) en una entidad de crédito, y el pago se entiende hecho en la fecha de cargo en cuenta; si el cargo falla por causa ajena al obligado, no se le exigen recargos, intereses ni sanciones.

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Artículo 39. Pago mediante efectos timbrados.

1. Tienen la condición de efectos timbrados:

a) El papel timbrado común.

b) El papel timbrado de pagos al Estado.

c) Los documentos timbrados especiales.

d) Los timbres móviles.

e) Los aprobados por orden del Ministro de Economía y Hacienda.

2. El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados se regirán por las normas que regulan los tributos y demás recursos de naturaleza pública que admiten dicho medio de pago y por las de este reglamento.

3. La creación y modificación de efectos timbrados se hará por orden del Ministro de Economía y Hacienda, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

4. El grabado, estampación y elaboración, tanto de los propios efectos como de troqueles, matrices y demás elementos sustanciales para el empleo de aquellos se realizarán por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, salvo que el Ministro de Economía y Hacienda autorice su realización por otras entidades.

5. Cuando por modificación de las normas que regulan los tributos y demás recursos de naturaleza pública o sus tarifas sea precisa la utilización de nuevos efectos timbrados, se procederá a retirar los anteriores de la circulación de forma que se garantice su destrucción.

6. Los poseedores de efectos retirados de la circulación podrán obtener su canje por otros en vigor.

Igualmente podrá obtenerse el canje del papel timbrado común, papel timbrado de pagos al Estado y documentos timbrados especiales por errores en su redacción o por cualquier otra causa que los inutilice para su uso, siempre que no contengan firmas, rúbricas u otros indicios de haber surtido efecto.

Datos clave

  • Efectos timbrados: papel timbrado común, papel timbrado de pagos al Estado, documentos timbrados especiales, timbres móviles y los aprobados por orden ministerial.
  • Creación y modificación por orden del Ministro de Economía y Hacienda publicada en el BOE.
  • Elaboración por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, salvo autorización a otras entidades.
  • Los efectos retirados de la circulación se destruyen y pueden canjearse por otros en vigor.
  • Canje también por errores o inutilización, siempre que no contengan firmas, rúbricas u otros indicios de haber surtido efecto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define los efectos timbrados (papel timbrado común, de pagos al Estado, documentos timbrados especiales, timbres móviles y otros que autorice el Ministerio) y regula su creación, elaboración, retirada y canje.

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Artículo 40. Pago en especie.

El artículo 40 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el pago en especie.

1. El obligado al pago que pretenda utilizar el pago en especie como medio para satisfacer deudas a la Administración deberá solicitarlo al órgano de recaudación que tenga atribuida la competencia en la correspondiente norma de organización específica. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación de la deuda indicando, al menos, su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.

c) Lugar, fecha y firma del solicitante.

A la solicitud deberá acompañarse la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el órgano competente del Ministerio de Cultura o por el órgano competente determinado por la normativa que autorice el pago en especie. En defecto de los citados informes deberá acompañarse el justificante de haberlos solicitado.

Si la deuda tributaria a que se refiere la solicitud de pago en especie ha sido determinada mediante autoliquidación, deberá adjuntar el modelo oficial de esta, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó.

La solicitud de pago en especie presentada en periodo voluntario junto con los documentos a los que se refieren los párrafos anteriores impedirá el inicio del periodo ejecutivo, salvo que concurra la circunstancia a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 161.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pero no el devengo del interés de demora que corresponda.

La solicitud en periodo ejecutivo podrá presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados o sobre los que se hubiese constituido garantía de cualquier naturaleza y no tendrá efectos suspensivos. No obstante, el órgano de recaudación podrá suspender motivadamente las actuaciones de enajenación de los citados bienes hasta que sea dictado el acuerdo que ponga fin al procedimiento de pago en especie por el órgano competente.

2. Procederá la inadmisión de la solicitud en los siguientes casos:

a) Cuando a la misma no se acompañe la documentación acreditativa de la inscripción de los bienes en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o de su inclusión en el Inventario General y se considere que el bien ofrecido, por su propia naturaleza, no comporta las características más básicas para poder formar parte del Patrimonio Histórico Español, calificándose la solicitud en estos casos como manifiestamente carente de fundamento.

b) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de pago en especie.

c) Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de inspección que hubiera quedado suspendido de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que la solicitud de pago en especie se refiera a conceptos y periodos respecto de los que se haya remitido conocimiento a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.

En aquellos supuestos en los que la concurrencia de las circunstancias previstas en este párrafo c) se ponga de manifiesto una vez iniciada la tramitación de la solicitud de pago en especie, esta última quedará sin efecto de forma automática, debiendo comunicarse al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional la presentación de dicha solicitud.

d) La presentación de solicitudes de pago en especie reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.

Se considerará, en todo caso, realizada la solicitud con la finalidad de dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria cuando se ofrezcan los mismos bienes que hayan sido ofrecidos en solicitudes anteriores.

La inadmisión deberá ser motivada y determinará que la solicitud se tenga por no presentada a todos los efectos, y frente al acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso o reclamación económico-administrativa.

En el ámbito de competencias del Estado, la resolución de inadmisión deberá adoptarse por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se acompañen los documentos que se señalan en el apartado 1 de este artículo, el órgano competente para la tramitación requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento subsane el defecto o aporte los documentos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.

No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud la autoliquidación que no obre en poder de la Administración. En este caso, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el apartado anterior.

Si la solicitud de pago en especie se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se hayan subsanado los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de pago en especie.

4. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a efectos de interponer frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar la resolución expresa.

El órgano competente acordará de forma motivada la aceptación o no de los bienes en pago de la deuda.

En el ámbito de competencias del Estado, la resolución deberá ser adoptada por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. De dicho acuerdo de aceptación o de denegación, así como del acuerdo de inadmisión, se remitirá copia al departamento ministerial competente en materia de cultura, o al que corresponda en función del tipo del bien, y a la Dirección General del Patrimonio del Estado.

6. Si se dictase acuerdo de aceptación, su eficacia quedará condicionada a la entrega o puesta a disposición de los bienes ofrecidos. De producirse esta en la forma establecida en el acuerdo de aceptación y en el plazo establecido en este reglamento, los efectos extintivos de la deuda se entenderán producidos desde la fecha de la solicitud.

En caso de aceptación del pago en especie, la deuda devengará interés de demora desde la finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta que los bienes hayan sido entregados o puestos a disposición de la Administración con conocimiento de esta, pudiendo afectarse en el acuerdo de aceptación el bien dado en pago a la cancelación de dichos intereses de demora, de ser suficiente el valor del citado bien.

7. Si la resolución dictada fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 161.2 de esa ley.

De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.

8. La entrega o puesta a disposición de la Administración de los bienes deberá ser efectuada en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de aceptación de pago en especie, salvo que dicha entrega o puesta a disposición se hubiese realizado en un momento anterior. Del documento justificativo de la recepción en conformidad se remitirá copia al órgano de recaudación.

De no producirse la entrega o puesta a disposición de los bienes en los términos del párrafo anterior, quedará sin efecto el acuerdo de aceptación, con las consecuencias siguientes:

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso y este ya hubiese transcurrido, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la entrega o puesta a disposición, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo.

Se procederá a la liquidación los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para entregar o poner a disposición los bienes, sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuarse el procedimiento de apremio.

9. En lo no previsto en este artículo, los efectos de esta forma de pago serán los establecidos en la legislación civil para la dación en pago.

Datos clave

  • Se solicita al órgano de recaudación competente, con valoración de los bienes e informe del Ministerio de Cultura u órgano competente.
  • En periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.
  • En periodo ejecutivo cabe hasta la notificación del acuerdo de enajenación y no tiene efectos suspensivos.
  • Subsanación en 10 días; resolución en 6 meses con silencio desestimatorio.
  • En el ámbito estatal, inadmite y resuelve el Director del Departamento de Recaudación de la AEAT.
  • Entrega de los bienes en 10 días desde la notificación de la aceptación; la extinción se produce desde la fecha de la solicitud.
  • En lo no previsto, rige la legislación civil sobre la dación en pago.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pagar deudas con bienes del patrimonio cultural: solicitud con valoración e informe, causas de inadmisión, subsanación en 10 días, resolución en seis meses y entrega de los bienes en 10 días tras la aceptación.

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Artículo 41. Justificantes y certificaciones del pago

1. Quien realice el pago de una deuda conforme a lo dispuesto en este reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago.

2. Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:

a) Los recibos.

b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por entidades autorizadas para recibir el pago.

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.

d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por el Ministerio de Economía y Hacienda y, en particular, los determinados por la normativa reguladora de los ingresos por vía telemática.

3. Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las siguientes circunstancias:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del deudor.

b) Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere.

c) Fecha de pago.

d) Órgano, persona o entidad que lo expide.

4. Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las circunstancias del apartado anterior podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.

5. Cuando se empleen efectos timbrados, los justificantes de pago serán los propios efectos debidamente inutilizados.

6. Cuando se efectúe el pago en especie, se considerará justificante de pago la certificación emitida por el órgano competente en la que conste haberse realizado la entrega o puesta a disposición de los bienes.

7. El deudor podrá solicitar de la Administración certificación acreditativa del pago efectuado quedando esta obligada a expedirla.

Datos clave

  • Quien paga tiene derecho a que se le entregue un justificante del pago.
  • Justificantes del pago en efectivo: recibos, cartas de pago, certificaciones acreditativas del ingreso y otros documentos expresamente habilitados.
  • Contenido mínimo: datos del deudor, concepto, importe y periodo, fecha de pago y órgano, persona o entidad que lo expide.
  • Efectos timbrados: el justificante son los propios efectos debidamente inutilizados.
  • Pago en especie: certificación del órgano competente de la entrega o puesta a disposición de los bienes.
  • La Administración está obligada a expedir la certificación del pago que solicite el deudor.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien paga tiene derecho a justificante; regula qué documentos lo son, sus menciones mínimas y los justificantes en efectos timbrados y en especie, además de la certificación del pago.

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Artículo 42. Actuaciones a realizar en el supuesto de tributos incompatibles.

1. En los supuestos previstos en el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez determinado por el órgano competente qué tributo es el procedente, se actuará como se indica a continuación:

a) Si el tributo procedente fuese el liquidado en primer lugar, se anulará la segunda liquidación efectuada, procediendo la devolución de las cantidades que, en su caso, se hubiesen ingresado respecto de esta última.

b) Si el tributo procedente fuese el liquidado en segundo lugar, se procederá según los casos:

1.º Cuando la liquidación practicada en segundo lugar sea firme por no haber sido recurrida en plazo, procederá la extinción de la deuda en la parte concurrente con la devolución de ingresos que se reconozca en relación con la liquidación efectuada en primer lugar que resulta improcedente, una vez que dicho acuerdo de devolución sea firme. En este caso, la Administración competente en relación con el tributo procedente declarará dicha extinción en los términos del apartado 2.

No obstante, la extinción no se producirá en los siguientes casos:

Cuando, en el caso de que se haya declarado improcedente un tributo objeto de repercusión, el obligado al pago que soportó la repercusión del tributo indebidamente repercutido tenga derecho a la deducción total del importe soportado indebidamente.

Cuando, en el caso de que se haya declarado improcedente un tributo objeto de repercusión, el sujeto pasivo del tributo repercutido haya procedido a la rectificación de las cuotas repercutidas correspondientes a la operación, de acuerdo con la normativa propia de ese tributo.

2.º Cuando la liquidación practicada en segundo lugar haya sido recurrida, se esperará a que la resolución sea firme en todas las instancias. Adquirida dicha firmeza, se procederá según se indica a continuación en función del caso de que se trate:

En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare improcedente el tributo liquidado, se considerará procedente la tributación inicial, debiendo efectuarse la devolución de las cantidades que pudiesen derivarse de los ingresos efectuados en relación con la liquidación anulada por la citada resolución administrativa o judicial.

En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare la procedencia del tributo pero anule la liquidación, se girará una nueva y, una vez firme esta, se procederá conforme a lo previsto en el párrafo 1.º anterior y se declarará la extinción de la deuda. Cuando no sea posible practicar nueva liquidación por tal concepto, se procederá a devolver las cantidades que pudiesen derivarse de los ingresos efectuados en relación con la liquidación anulada.

En el caso de que la resolución administrativa o judicial declare procedente la tributación y la liquidación correspondiente, procederá la extinción de la deuda en la forma y con los requisitos previstos en el párrafo 1.º anterior.

2. La Administración que hubiera liquidado el tributo improcedente deberá transferir a la Administración que hubiera liquidado el tributo procedente la cuantía necesaria para declarar la extinción de la deuda derivada de la liquidación procedente. Una vez recibida la transferencia, se procederá a declarar la extinción de la deuda.

3. La extinción regulada en el apartado anterior no impedirá la regularización de la situación tributaria del obligado que repercutió el tributo que, en su caso, corresponda.

Datos clave

  • Aplica a los supuestos del artículo 62.8 de la Ley 58/2003 (tributos incompatibles).
  • Si procede el tributo liquidado en primer lugar: se anula la segunda liquidación y se devuelve lo ingresado.
  • Si procede el liquidado en segundo lugar y es firme: extinción de la deuda en la parte concurrente con la devolución reconocida.
  • No hay extinción si quien soportó la repercusión puede deducirse el total o el sujeto pasivo rectificó las cuotas repercutidas.
  • Si la segunda liquidación fue recurrida, se espera a la firmeza en todas las instancias.
  • La Administración del tributo improcedente transfiere a la del procedente la cuantía necesaria para declarar la extinción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula qué pasa cuando dos tributos incompatibles gravan el mismo hecho: se anula la liquidación del tributo que no procede y, si procede el segundo, la deuda del primero se extingue con cargo a la devolución reconocida, transfiriéndose los fondos entre Administraciones.

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Artículo 43. Consignación

1. Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la cantidad debida y de las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas o en alguna de sus sucursales, en los siguientes casos:

a) Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes.

b) Cuando la caja del órgano competente, entidades colaboradoras, entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago no lo hayan admitido, debiendo hacerlo, o no puedan admitirlo por causa de fuerza mayor.

2. En el caso del apartado 1.a), la consignación suspenderá la ejecución del acto impugnado desde la fecha en que haya sido efectuada, cuando se realice de acuerdo con las normas que regulan los recursos y reclamaciones.

En el caso del apartado 1.b), tendrá los efectos liberatorios del pago desde la fecha en que haya sido efectuada y por el importe que haya sido objeto de consignación y siempre que se comunique al órgano de recaudación.

Datos clave

  • Se consigna en efectivo la cantidad debida y las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente.
  • Supuesto a): al interponer reclamaciones o recursos; suspende la ejecución del acto impugnado desde la fecha de la consignación.
  • Supuesto b): cuando el pago no se haya admitido debiendo hacerlo o no pueda admitirse por fuerza mayor.
  • En el supuesto b) tiene efectos liberatorios desde su fecha y por su importe, siempre que se comunique al órgano de recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite consignar en la Caja General de Depósitos el importe de la deuda y costas cuando se recurre, o cuando el órgano competente no admite el pago debiendo hacerlo o no puede admitirlo por fuerza mayor, con efectos distintos según el caso: suspender la ejecución o liberar del pago.

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Artículo 44. Aplazamiento y fraccionamiento del pago

El artículo 44 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece el marco general del aplazamiento y fraccionamiento del pago.

1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes.

3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la deuda aduanera serán tramitadas y resueltas de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. Para aquellas solicitudes cuya tramitación, de conformidad con la normativa de organización específica, corresponda a los órganos de recaudación, este reglamento será aplicable de forma supletoria.

Datos clave

  • El aplazamiento o fraccionamiento se concede a solicitud del obligado, conforme a los artículos 65 y 82 de la LGT.
  • Son aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública de titularidad de la Hacienda pública, salvo las excepciones legales.
  • La deuda aduanera se rige por su normativa específica.
  • El reglamento se aplica supletoriamente a la deuda aduanera cuya tramitación corresponda a los órganos de recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración puede aplazar o fraccionar, a solicitud del obligado, cualquier deuda pública de la Hacienda salvo excepción legal; la deuda aduanera va por su normativa específica.

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Artículo 45. Competencia en materia de aplazamientos y fraccionamientos

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por esta.

2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento formuladas en el periodo voluntario de pago de las deudas y sanciones del sistema tributario estatal o aduanero cuya gestión en dicho periodo esté encomendada a un órgano de la Administración General del Estado u organismo autónomo, serán tramitadas y resueltas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo que, de forma expresa y específica, las normas reguladoras de esos recursos reserven a los citados órganos la gestión del aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario.

3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de los demás recursos de naturaleza pública serán tramitadas y resueltas por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o por las Delegaciones de Economía y Hacienda, salvo que la gestión de dichos recursos esté atribuida a otros órganos de la Administración General del Estado, organismos autónomos u otra entidad de derecho público; en tal caso, serán tramitadas y resueltas por estos órganos o entidades.

Datos clave

  • La AEAT tramita y resuelve los aplazamientos de las deudas cuya recaudación lleva a cabo.
  • También los de deudas y sanciones del sistema tributario estatal o aduanero en periodo voluntario gestionadas por órganos de la AGE u organismos autónomos, salvo reserva expresa y específica.
  • Demás recursos de naturaleza pública: Dirección General del Tesoro y Política Financiera o Delegaciones de Economía y Hacienda.
  • Salvo que la gestión esté atribuida a otros órganos, organismos autónomos u otra entidad de derecho público, que entonces tramitan y resuelven.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién tramita y resuelve aplazamientos: la AEAT las deudas que recauda y las del sistema tributario estatal o aduanero en voluntaria, salvo reserva expresa; el resto, el Tesoro, las Delegaciones o el órgano gestor.

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Artículo 46. Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento

El artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula los plazos, el contenido y la documentación de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.

1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes:

a) Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso en el artículo 62.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o en la normativa específica. A estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en periodo voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea.

b) Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.

2. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, cuando la Administración competente para resolver haya establecido esta forma de pago como obligatoria en estos supuestos.

g) Lugar, fecha y firma del solicitante.

h) Indicación de que la deuda respecto de la que se solicita el aplazamiento o fraccionamiento no tiene el carácter de crédito contra la masa en el supuesto que el solicitante se encuentre en proceso concursal.

3. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar:

a) Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución, o la documentación que se detalla en los apartados 4 y 5, según el tipo de garantía que se ofrezca.

b) En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación.

c) Los demás documentos o justificantes que estime oportunos. En particular, deberá justificarse la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido.

d) Si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó.

e) En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo periodo de tiempo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, segundo párrafo.

f) En el caso de concurso del obligado tributario, se deberá aportar declaración y otros documentos acreditativos de que las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la masa del correspondiente concurso.

4. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se aportará, junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a los documentos a que se refiere el apartado 3.b), c) y d), la siguiente documentación:

a) Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.

b) Valoración de los bienes ofrecidos en garantía efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes. Cuando exista un registro de empresas o profesionales especializados en la valoración de un determinado tipo de bienes, la valoración deberá efectuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho registro.

c) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.

5. Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantía, se aportará junto a la solicitud, además de los documentos a que se refiere el apartado 3.b), c) y d), la siguiente documentación:

a) Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.

b) Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.

c) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.

d) Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.

No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la autoliquidación que no obre en poder de la Administración. En este caso, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el artículo 47.

Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

Podrá acordarse la denegación cuando la garantía aportada por el solicitante hubiese sido rechazada anteriormente por la Administración tributaria por falta de suficiencia jurídica o económica o por falta de idoneidad.

7. Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá requerir al solicitante la información y documentación que considere necesaria para resolver la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la referente a la titularidad, descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía.

8. (Anulado)

Datos clave

  • Periodo voluntario: dentro del plazo de ingreso del artículo 62.1, 2 y 3 de la LGT o de la normativa específica.
  • Autoliquidación extemporánea: solo es periodo voluntario si la solicitud se presenta junto con ella.
  • Periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes.
  • Garantía distinta de aval o seguro de caución: valoración por empresas o profesionales especializados e independientes y balance del último ejercicio cerrado.
  • Dispensa de garantía: balance y cuenta de resultados de los tres últimos años y plan de viabilidad.
  • Subsanación en 10 días; si no se atiende, la solicitud se tiene por no presentada y se archiva.
  • Sin la autoliquidación que no obre en poder de la Administración no cabe subsanación: procede la inadmisión.
  • El apartado 8 está anulado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuándo y cómo pedir un aplazamiento o fraccionamiento: plazos según el periodo, contenido obligatorio, documentos según la garantía ofrecida o su dispensa y subsanación en 10 días.

Esquema

Garantía alternativa frente a dispensa
Garantía distinta de aval o cauciónDispensa total o parcial
DeclaraciónImposibilidad de obtener aval o cauciónCarecer de bienes o no tener otros que los ofrecidos
ContabilidadBalance del último ejercicio cerradoBalance de los tres últimos años
AdemásValoración de los bienes por expertos independientesPlan de viabilidad

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Artículo 47. Inadmisión de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento

El artículo 47 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.

1. Serán inadmitidas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en los siguientes casos:

a) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

b) Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de inspección que hubiera quedado suspendido de acuerdo con lo previsto en el artículo 150.3.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos y periodos afectados por la causa de suspensión respecto de los que se haya remitido conocimiento a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.

2. La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.

3. La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos los efectos.

4. Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso o reclamación económica-administrativa.

Datos clave

  • Inadmisión si la autoliquidación no se ha presentado antes o junto con la solicitud.
  • Inadmisión si la autoliquidación se presentó con un procedimiento de inspección suspendido según el artículo 150.3.a) de la LGT, por conceptos y periodos remitidos a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.
  • Inadmisión de solicitudes reiterativas de otras denegadas sin modificación sustancial.
  • La inadmisión implica que la solicitud se tiene por no presentada a todos los efectos.
  • Contra el acuerdo de inadmisión cabe recurso o reclamación económico-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres causas de inadmisión del aplazamiento: autoliquidación no presentada, autoliquidación con inspección suspendida por remisión al juez o al fiscal, y solicitudes reiterativas sin cambios.

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Artículo 48. Garantías en aplazamientos y fraccionamientos

El artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula las garantías en los aplazamientos y fraccionamientos.

1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá garantía.

2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.

Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.

3. En caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única garantía para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o varias fracciones.

En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se refiera, incluyendo, para las deudas que se encuentren en periodo voluntario, el importe que por principal e intereses de demora se incorpore a las fracciones más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas; y para las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, el importe fraccionado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el fraccionamiento, más un 5 por ciento de la suma de ambas partidas.

4. La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.

Cuando dicha apreciación presente especial complejidad, se podrá solicitar informe de otros servicios técnicos de la Administración o contratar servicios externos. Asimismo, el órgano competente para tramitar el aplazamiento o fraccionamiento podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente sobre la suficiencia jurídica de la garantía ofrecida.

Si la valoración del bien ofrecido en garantía resultara insuficiente para garantizar el aplazamiento o fraccionamiento en los términos previstos en este reglamento, deducidas las cargas en su caso existentes y no se tratase de un supuesto de los regulados en el artículo 50, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento aporte garantías complementarias o bien acredite la imposibilidad de aportarlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.4 y 5.

Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende complementada la garantía o suficientemente justificada la imposibilidad de complementarla, procederá la denegación de la solicitud.

5. La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.

6. La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

7. Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo.

Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio.

8. La aceptación de la garantía será competencia del órgano que deba resolver el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. Dicha aceptación se efectuará mediante documento administrativo que, en su caso, será remitido a los registros públicos correspondientes para que su contenido se haga constar en estos.

9. Las garantías serán liberadas de inmediato una vez realizado el pago total de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los recargos, los intereses de demora y las costas. Si se trata de garantías parciales e independientes, estas deberán ser liberadas de forma independiente cuando se satisfagan los plazos garantizados por cada una de ellas.

10. El reembolso del coste de las garantías aportadas para aplazar o fraccionar el pago de una deuda o sanción tributaria, cuando dicha deuda o sanción sean declaradas improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme regulado en el artículo 33 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se tramitará y resolverá de acuerdo con lo establecido para el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto impugnado.

Además de los costes de las garantías previstos en el párrafo anterior, se reembolsarán los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías a que se refiere el artículo 82.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11. En los supuestos de estimación parcial de un recurso o reclamación cuya resolución no pueda ser ejecutada de conformidad con la normativa reguladora de los recursos y reclamaciones, el obligado al pago tendrá derecho, si así lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada para aplazar o fraccionar una deuda.

A estos efectos, el órgano competente practicará en el plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud del interesado una cuantificación de la deuda que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de la resolución del correspondiente recurso o reclamación, la cual servirá para determinar el importe de la reducción procedente y, en consecuencia, de la garantía que debe quedar subsistente.

No obstante, la garantía anterior seguirá afecta al pago del importe de la deuda subsistente, manteniendo su vigencia hasta la formalización de la nueva garantía que cubra el importe de la deuda subsistente.

Serán órganos competentes para proceder a la sustitución de la garantía los órganos que acordaron el aplazamiento o fraccionamiento.

Datos clave

  • No se exige garantía cuando el solicitante sea una Administración pública.
  • Periodo voluntario: deuda más intereses de demora más un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.
  • Periodo ejecutivo: importe aplazado con recargo del periodo ejecutivo más intereses de demora más un 5 por ciento de la suma.
  • Garantía insuficiente: requerimiento para complementarla en 10 días.
  • El aval o seguro de caución debe exceder al menos en seis meses el vencimiento de los plazos garantizados.
  • Formalización en dos meses desde la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia queda condicionada a ella.
  • Las garantías se liberan de inmediato una vez pagada totalmente la deuda garantizada.
  • Reducción proporcional por estimación parcial: cuantificación en el plazo de 15 días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué debe cubrir la garantía del aplazamiento (25 % extra en voluntario, 5 % en ejecutivo), quién la valora y acepta, plazo de dos meses para formalizarla y cuándo se libera o reduce.

Esquema

Cobertura de la garantía
Periodo voluntarioPeriodo ejecutivo
BaseDeuda + intereses de demoraImporte con recargo del periodo ejecutivo + intereses
Margen adicional25 % de la suma5 % de la suma

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Artículo 49. Adopción de medidas cautelares en el ámbito de los aplazamientos y fraccionamientos.

1. Cuando la constitución de la garantía resulte excesivamente onerosa en relación con la cuantía y plazo de la deuda, el obligado al pago podrá solicitar que la Administración adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias si tiene solicitadas devoluciones tributarias u otros pagos a su favor o cuando sea titular de bienes o derechos que sean susceptibles de embargo preventivo. Cuando dichos bienes o derechos sean susceptibles de inscripción en un registro público, la concesión estará supeditada a la inscripción previa en el correspondiente registro.

En el propio acuerdo en el que se resuelva el aplazamiento o fraccionamiento, la Administración tributaria accederá o denegará dicha solicitud atendiendo, entre otras circunstancias, a la situación económico-financiera del deudor o a la naturaleza del bien o derecho sobre el que se debiera adoptar la medida cautelar. En todo caso, la decisión deberá ser motivada.

Se denegará la solicitud cuando sea posible realizar el embargo de dichos bienes o derechos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 75 a 93.

Los costes originados por la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias serán a cargo del deudor. A dichos costes se aplicará lo dispuesto en los artículos 113 a 115.

En caso de incumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento resultará aplicable lo dispuesto con carácter general para los supuestos de falta de pago regulados en esta subsección. Con carácter previo a la ejecución de la garantía, la medida cautelar adoptada deberá ser convertida en definitiva en el procedimiento de apremio.

2. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario y concurran las circunstancias previstas en el artículo 81.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán adoptarse las medidas cautelares reguladas en dicho precepto para asegurar el cobro de la deuda, sin perjuicio de la resolución que pueda recaer en relación con la solicitud realizada y en tanto esta se tramita.

Datos clave

  • Si la garantía es excesivamente onerosa, puede solicitarse la adopción de medidas cautelares en sustitución.
  • Requisito: tener solicitadas devoluciones u otros pagos o ser titular de bienes o derechos susceptibles de embargo preventivo.
  • Bienes inscribibles: la concesión exige la inscripción previa en el registro.
  • Se resuelve en el propio acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento, de forma motivada.
  • Se deniega si es posible embargar los bienes conforme a los artículos 75 a 93; los costes son a cargo del deudor.
  • En periodo voluntario, si concurre el artículo 81.1 de la Ley 58/2003, pueden adoptarse medidas cautelares mientras se tramita la solicitud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la garantía es excesivamente onerosa, el obligado puede pedir medidas cautelares en su lugar; además, en solicitudes en voluntaria pueden adoptarse las cautelares del artículo 81.1 de la Ley General Tributaria.

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Artículo 50. Dispensa de garantías en aplazamientos y fraccionamientos

1. Cuando se solicite un aplazamiento o fraccionamiento con dispensa total o parcial de garantías de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano competente investigará la existencia de bienes o derechos susceptibles de ser aportados en garantía del aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

Comprobada la existencia de dichos bienes y derechos, se efectuará requerimiento al solicitante para que complemente su solicitud con la aportación de aquellos como garantía en los términos previstos en el artículo 48.4 de este reglamento y con las consecuencias allí establecidas para el caso de inatención o de atención insuficiente a dicho requerimiento.

2. Concedido el aplazamiento o fraccionamiento con dispensa total o parcial de garantías, el solicitante quedará obligado durante el periodo a que aquel se extienda a comunicar al órgano competente para la recaudación de las deudas aplazadas o fraccionadas cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso, se le concederá el plazo previsto en el artículo 48.6 para constituir la garantía.

Cuando la Administración conozca de oficio la modificación de dichas circunstancias, se procederá a su notificación al interesado concediendo un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación para que alegue lo que estime conveniente. Transcurrido el plazo de alegaciones, la Administración requerirá, en su caso, al interesado para la formalización de la garantía o para la modificación de la garantía preexistente, indicándole los bienes sobre los que debe constituirse esta y el plazo para su formalización, en los términos del artículo 48.

En particular, si durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento se repartiesen beneficios, con anterioridad al reparto deberá constituirse la correspondiente garantía para el pago de las obligaciones pendientes con la Hacienda pública.

El incumplimiento de la obligación de constituir garantía prevista en este apartado tendrá las mismas consecuencias que las reguladas en este reglamento para la falta de formalización de garantías.

3. En los supuestos de fraccionamientos, en los que se hubiera solicitado su concesión con dispensa parcial de garantías, de accederse a la solicitud, dicha garantía parcial quedará afecta a la totalidad de las fracciones incorporadas al acuerdo, y será de aplicación, en caso de incumplimiento de pago, lo dispuesto en el artículo 54.2.

Datos clave

  • La dispensa total o parcial de garantías se apoya en el artículo 82.2.b) de la LGT.
  • El órgano competente investiga la existencia de bienes o derechos susceptibles de garantía y, si existen, requiere su aportación.
  • Concedida la dispensa, el solicitante debe comunicar cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda.
  • Si la Administración conoce de oficio el cambio, concede 15 días de alegaciones.
  • Si se reparten beneficios durante la vigencia, debe constituirse garantía antes del reparto.
  • En fraccionamientos con dispensa parcial, la garantía parcial queda afecta a todas las fracciones del acuerdo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si se pide un aplazamiento con dispensa de garantía, el órgano investiga si el solicitante tiene bienes con los que garantizar; concedida la dispensa, el interesado debe avisar de cualquier cambio patrimonial que permita garantizar la deuda, y si reparte beneficios debe garantizar antes el pago pendiente.

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Artículo 51. Tramitación de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos

1. El órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos y valorará la suficiencia e idoneidad de las garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verificará la concurrencia de las condiciones precisas para obtenerla.

Realizados los trámites anteriores, se formulará propuesta de resolución que será remitida al órgano competente para su resolución.

2. Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella.

El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca. Dicho calendario podrá incorporar plazos distintos de los propuestos por el solicitante y lo sustituirá a todos los efectos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, ya sean los propuestos por el interesado o los fijados por la Administración en el correspondiente calendario, se podrá denegar la solicitud por concurrir dificultades económico-financieras de carácter estructural.

De la oportunidad y conveniencia de la fijación de dicho calendario deberá quedar justificación en el expediente.

3. Si en cualquier momento durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento el interesado efectúa el ingreso de la deuda, la Administración liquidará intereses de demora por el periodo transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso.

En el supuesto de fijación de un calendario provisional por la Administración o de propuesta por el interesado de plazos o fracciones, cada uno de los pagos realizados en virtud de cualquiera de los dos calendarios se imputará a la cancelación del principal de la deuda a que se refiere la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Si el aplazamiento o fraccionamiento resulta finalmente concedido, se liquidarán los intereses devengados sobre cada uno los pagos efectuados en virtud de dicho calendario o propuesta desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del pago respectivo, notificándose dicha liquidación al interesado junto con el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento, otorgándose los plazos de ingreso señalados en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Se evalúan la falta de liquidez, la capacidad para generar recursos y la suficiencia e idoneidad de las garantías.
  • Durante la tramitación el deudor debe pagar el plazo, fracción o fracciones propuestos.
  • Puede fijarse un calendario provisional de pagos si la resolución puede demorarse por la complejidad del expediente.
  • El incumplimiento de esos pagos permite denegar por dificultades económico-financieras de carácter estructural.
  • Si se ingresa la deuda durante la tramitación, se liquidan intereses de demora hasta la fecha del ingreso.
  • Los pagos del calendario se imputan a la cancelación del principal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tramitación de aplazamientos: se evalúan liquidez y garantías; el deudor debe pagar lo propuesto mientras se tramita, puede fijarse un calendario provisional y, si paga, se liquidan intereses de demora.

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Artículo 52. Resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos

El artículo 52 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.

1. Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pago especificarán el número de código cuenta cliente, en su caso, y los datos identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo en cuenta conforme al artículo 46.2.f), los plazos de pago y demás condiciones del acuerdo. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.

En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20 del mes. Cuando el acuerdo incluya varias deudas, se señalarán de forma independiente los plazos y cuantías que afecten a cada una.

2. En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el pago efectivo en el plazo más breve posible y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada o fraccionada, así como el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante.

En particular, podrán establecerse condiciones por las que se afecten al cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Hacienda pública deba realizar al obligado durante la vigencia del acuerdo, en cuantía que no perjudique a la viabilidad económica o continuidad de la actividad. A tal efecto, se entenderá, en los supuestos de concesión de aplazamientos o fraccionamientos concedidos con dispensa total o parcial de garantías, que desde el momento de la resolución se formula la oportuna solicitud de compensación para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de los plazos y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses de demora que resulten procedentes.

De igual forma, podrá exigirse y condicionarse el mantenimiento y eficacia del acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento a que el solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias durante la vigencia del acuerdo.

Cuando la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, el acuerdo de concesión no podrá acumular en la misma fracción deudas que se encontrasen en distinto periodo de ingreso. En todo caso, habrán de satisfacerse en primer lugar aquellas fracciones que incluyan las deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de efectuarse la solicitud.

3. Si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento, se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía en el plazo legalmente establecido y en caso de falta de pago conforme a los artículos 48 y 54. Dicha notificación incorporará el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso concedidos según lo dispuesto en el artículo siguiente.

Si una vez concedido un aplazamiento o fraccionamiento el deudor solicitase una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos. La tramitación y resolución de estas solicitudes se regirá por las mismas normas que las establecidas para las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento con carácter general.

4. Si la resolución dictada fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 161.2 de esa ley.

De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.

5. Contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en los términos y con los efectos establecidos en la normativa aplicable.

6. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.

Datos clave

  • La resolución puede señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.
  • El vencimiento de los plazos debe coincidir con los días 5 o 20 del mes.
  • Con dispensa de garantías, se entiende formulada desde la resolución la solicitud de compensación.
  • No pueden acumularse en la misma fracción deudas en distinto periodo de ingreso; se pagan primero las fracciones con deudas en periodo ejecutivo.
  • La petición de modificación de un aplazamiento concedido no tiene, en ningún caso, efectos suspensivos.
  • Denegación en periodo voluntario: se abre el plazo de ingreso del artículo 62.2 de la LGT.
  • Contra la denegación: recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
  • Plazo de resolución: seis meses; el silencio permite entender desestimada la solicitud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La resolución del aplazamiento fija plazos con vencimiento el 5 o el 20, puede imponer condiciones, no mezcla periodos en una fracción y se notifica en seis meses con silencio desestimatorio.

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Artículo 53. Cálculo de intereses en aplazamientos y fraccionamientos

1. En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada.

2. En caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de demora por cada fracción de deuda.

Si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del periodo ejecutivo.

Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.

3. En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:

a) Si fue solicitado en periodo voluntario, se liquidarán intereses de demora de conformidad con el artículo 52.4.

b) Si fue solicitado en periodo ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago, de conformidad con el artículo 72.

Datos clave

  • Aplazamiento: intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido.
  • Si se solicitó en periodo ejecutivo, la base de cálculo no incluye el recargo del periodo ejecutivo.
  • Los intereses se ingresan junto con la deuda aplazada.
  • Fraccionamiento: intereses calculados por cada fracción y pagados junto con ella.
  • Denegación en periodo voluntario: intereses conforme al artículo 52.4.
  • Denegación en periodo ejecutivo: intereses una vez realizado el pago, conforme al artículo 72.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Intereses de demora en aplazamientos y fraccionamientos: desde el día siguiente al fin del periodo voluntario hasta el vencimiento concedido, sin incluir el recargo ejecutivo en la base; y qué pasa si se deniega.

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Artículo 54. Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos

1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se producirán los siguientes efectos:

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirá el ingreso del principal de la deuda, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de apremio.

c) En los supuestos recogidos en los párrafos a) y b), transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168.

2. En los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud:

1.º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud deberá continuarse el procedimiento de apremio.

2.º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción incumplida, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.

b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se procederá respecto de dicha fracción incumplida a iniciar el procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos.

De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.

c) En los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168.

3. Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con carácter parcial e independiente para una o varias fracciones y llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, se producirá el vencimiento de la totalidad de las fracciones a las que extienda sus efectos la garantía parcial e independiente.

Si la garantía parcial extendiese sus efectos a fracciones que incluyesen deudas en periodo ejecutivo de ingreso y a fracciones que incluyesen deudas en periodo voluntario de ingreso en el momento de solicitarse el fraccionamiento, se deberá continuar el procedimiento de apremio respecto de las primeras. Respecto de las segundas deberá iniciarse el procedimiento de apremio y se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida.

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial.

El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no alcance la garantía parcial e independiente.

b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario de ingreso en el momento de presentarse la solicitud, las consecuencias en relación con la fracción incumplida y con el resto de las fracciones pendientes a las que extienda sus efectos la garantía parcial e independiente serán las establecidas en el apartado 2.b).

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente.

El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no alcance la garantía parcial e independiente.

4. La ejecución de las garantías a que se refiere este artículo se realizará por el procedimiento regulado en el artículo 74.

El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, recargos e intereses de demora.

La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quien corresponda.

5. En los supuestos de aplazamiento o de fraccionamiento con dispensa parcial de garantía o de insuficiencia sobrevenida de las garantías en su día formalizadas, no será necesario esperar a su ejecución para proseguir las actuaciones del procedimiento de apremio. En el caso de insuficiencia sobrevenida deberá quedar motivada en el expediente la continuación del procedimiento de apremio como consecuencia de aquella.

Datos clave

  • Aplazamiento solicitado en periodo voluntario e impagado: periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento; se exige principal, intereses y recargo del periodo ejecutivo sobre la suma.
  • Aplazamiento solicitado en periodo ejecutivo e impagado: continúa el procedimiento de apremio.
  • Transcurridos los plazos del artículo 62.5 de la LGT sin ingreso, se procede según su artículo 168.
  • Fraccionamiento con fracción en periodo voluntario impagada: si no se paga lo exigido, vencen las demás fracciones pendientes.
  • Con garantías parciales e independientes, el acuerdo sigue vigente para las fracciones no cubiertas por la garantía.
  • La ejecución de garantías sigue el artículo 74; la parte sobrante se pone a disposición del garante.
  • Con dispensa parcial o insuficiencia sobrevenida no es necesario esperar a la ejecución para proseguir el apremio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula qué pasa cuando no se paga un aplazamiento o una fracción a su vencimiento, según el tipo de garantía constituida.

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Artículo 55. Deudas compensables.

Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos por aquella a favor del deudor en virtud de un acto administrativo.

Datos clave

  • Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública, en periodo voluntario o ejecutivo, pueden extinguirse total o parcialmente por compensación.
  • La compensación se hace con los créditos reconocidos por la Hacienda pública a favor del deudor en virtud de un acto administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas públicas a favor de la Hacienda, en voluntaria o en ejecutiva, pueden extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos al deudor por acto administrativo.

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Artículo 56. Compensación a instancia del obligado al pago.

1. El obligado al pago que inste la compensación deberá dirigir al órgano competente para su tramitación la correspondiente solicitud, que contendrá los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación de la deuda cuya compensación se solicita, indicando al menos, su importe, concepto y fecha de vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario.

c) Identificación del crédito reconocido por la Hacienda pública a favor del solicitante cuya compensación se ofrece, indicando al menos su importe, concepto y órgano gestor.

d) Lugar, fecha y firma del solicitante.

2. A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes documentos:

a) Si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó.

b) Justificación de haber solicitado certificado de la oficina de contabilidad del órgano u organismo gestor del gasto o del pago, en el que se refleje la existencia del crédito reconocido pendiente de pago, la fecha de su reconocimiento y la suspensión, a instancia del interesado, de los trámites para su abono en tanto no se comunique la resolución del procedimiento de compensación.

El Ministerio de Economía y Hacienda podrá dictar las disposiciones oportunas para normalizar las mencionadas certificaciones administrativas.

Si el crédito ofrecido en compensación deriva de una devolución tributaria, en lugar de la certificación anterior se acompañará, en su caso, copia del acto, resolución o sentencia que lo reconozca.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que se señalan en este artículo, el órgano competente para la tramitación del procedimiento requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento subsane el defecto o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.

Si la solicitud de compensación se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de compensación.

Dicho requerimiento no será efectuado cuando, examinada la solicitud y contrastados los datos indicados en esta con los que obren en poder de la Administración, quede acreditada la inexistencia del crédito ofrecido o cuando, tratándose dicho crédito de una devolución tributaria, se compruebe la inexistencia de su solicitud. En este supuesto se tendrá por no presentada la solicitud de compensación y se procederá a su archivo sin más trámite.

4. Cuando la solicitud se presente en periodo ejecutivo, podrán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes o derechos.

5. El órgano competente para resolver acordará la compensación cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria y civil o, en su caso, en la legislación aplicable con carácter específico.

Si la resolución dictada fuese denegatoria, los efectos serán los siguientes:

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 161.2 de esa ley.

De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.

6. La solicitud de compensación no impedirá la solicitud de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda restante.

7. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses.

Transcurrido dicho plazo sin que haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.

Datos clave

  • La solicitud se dirige al órgano competente y contiene datos del obligado, identificación de la deuda (importe, concepto y vencimiento en voluntaria), identificación del crédito ofrecido y lugar, fecha y firma.
  • Se acompaña el modelo de autoliquidación (si procede) y justificación de haber solicitado certificado de la oficina de contabilidad que refleje el crédito reconocido pendiente de pago.
  • Si faltan requisitos o documentos, requerimiento de subsanación en el plazo de 10 días; si no se atiende, se tiene por no presentada y se archiva.
  • Si se presenta en periodo ejecutivo, podrán suspenderse las actuaciones de enajenación de bienes o derechos.
  • La solicitud de compensación no impide solicitar aplazamientos o fraccionamientos de la deuda restante.
  • La resolución debe notificarse en el plazo de seis meses; transcurrido, el interesado puede considerar desestimada la solicitud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Compensación a instancia del obligado: solicitud con la deuda y el crédito ofrecido, certificado de contabilidad, subsanación en 10 días y resolución en seis meses con silencio desestimatorio.

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Artículo 57. Compensación de oficio de deudas de entidades públicas.

1. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda pública estatal que deba satisfacer un ente territorial, un organismo autónomo, la Seguridad Social o una entidad de derecho público serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

2. La compensación se realizará con los créditos de naturaleza tributaria reconocidos a favor de las entidades citadas y con los demás créditos reconocidos en su favor por ejecución del presupuesto de gastos del Estado o de sus organismos autónomos y por devoluciones de ingresos presupuestarios.

Datos clave

  • Son compensables de oficio las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda pública estatal que deba satisfacer un ente territorial, un organismo autónomo, la Seguridad Social o una entidad de derecho público.
  • La compensación de oficio procede una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.
  • Se compensa con créditos de naturaleza tributaria y con los demás créditos reconocidos por ejecución del presupuesto de gastos del Estado o de sus organismos autónomos y por devoluciones de ingresos presupuestarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas con la Hacienda estatal de entes territoriales, organismos autónomos, Seguridad Social y entidades de derecho público se compensan de oficio pasado el voluntario.

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Artículo 58. Compensación de oficio de deudas de otros acreedores a la Hacienda pública.

1. Cuando un deudor a la Hacienda pública no comprendido en el artículo anterior sea, a su vez, acreedor de aquella por un crédito reconocido, una vez transcurrido el periodo voluntario, se compensará de oficio la deuda y los recargos del periodo ejecutivo que procedan con el crédito.

2. No obstante, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario:

a) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección, debiéndose producir el ingreso o la devolución de la cantidad diferencial que proceda.

b) Las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior. En este caso, en la notificación de la nueva liquidación se procederá a la compensación de la cantidad que proceda y se notificará al obligado al pago el importe diferencial para que lo ingrese en los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En este supuesto, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados según lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, intereses que serán objeto de compensación en el mismo acuerdo.

c) Las cantidades a ingresar y a devolver relativas a obligaciones tributarias conexas que resulten de la ejecución de la resolución del recurso o reclamación económico-administrativa a la que se refieren los artículos 225.3 y 239.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, debiéndose producir el ingreso o la devolución del importe diferencial que proceda. En este supuesto, procederá igualmente la liquidación de los intereses de demora devengados según lo dispuesto en el artículo 26.5 de dicha Ley, intereses que serán objeto de compensación en el mismo acuerdo.

Datos clave

  • Regla general: transcurrido el periodo voluntario, se compensa de oficio la deuda y los recargos del periodo ejecutivo con el crédito reconocido.
  • Excepción: se compensan de oficio durante el plazo de ingreso en periodo voluntario las cantidades a ingresar y a devolver de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección.
  • También durante el periodo voluntario, las de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior.
  • También las relativas a obligaciones tributarias conexas que resulten de la ejecución de la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa.
  • En esos supuestos procede liquidar intereses de demora (artículo 26.5 de la Ley 58/2003), que se compensan en el mismo acuerdo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al resto de deudores que son a la vez acreedores se les compensa de oficio tras el voluntario, salvo tres casos en que se compensa ya durante el voluntario.

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Artículo 59. Efectos de la compensación.

1. Adoptado el acuerdo de compensación, se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente. Dicho acuerdo será notificado al interesado y servirá como justificante de la extinción de la deuda.

2. Si el crédito es inferior a la deuda, se procederá como sigue:

a) La parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, iniciándose el procedimiento de apremio, si no es ingresada a su vencimiento, o continuando dicho procedimiento, si ya se hubiese iniciado con anterioridad, siendo posible practicar compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente puedan reconocerse a favor del obligado al pago.

b) Por la parte concurrente se procederá según lo dispuesto en el apartado 1.

3. En caso de que el crédito sea superior a la deuda, declarada la compensación, se abonará la diferencia al interesado.

Datos clave

  • Adoptado el acuerdo de compensación, se declaran extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente.
  • El acuerdo se notifica al interesado y sirve como justificante de la extinción de la deuda.
  • Si el crédito es inferior a la deuda, la parte que excede sigue el régimen ordinario (apremio) y caben compensaciones sucesivas.
  • Si el crédito es superior a la deuda, se abona la diferencia al interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El acuerdo de compensación extingue deudas y créditos en la cantidad concurrente y sirve de justificante; si el crédito es menor, el exceso sigue el régimen ordinario; si es mayor, se abona la diferencia.

Esquema

Compensación según el importe
Crédito inferior a la deudaCrédito superior a la deuda
Parte concurrenteSe extingueSe extingue
RestoLa deuda sobrante sigue el régimen ordinario (apremio)Se abona la diferencia al interesado

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Artículo 60. Extinción de deudas de las entidades de derecho público mediante deducciones sobre transferencias.

1. Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que los entes territoriales, organismos autónomos, Seguridad Social y demás entidades de derecho público tengan con la Hacienda pública estatal podrán extinguirse mediante deducción de las cantidades que la Administración General del Estado deba transferir a las referidas entidades.

2. Las actuaciones serán las siguientes:

a) Comprobada por el órgano de recaudación competente la existencia de una deuda de las previstas en el apartado anterior y la inexistencia de créditos a favor de la entidad deudora que puedan ser objeto de compensación de oficio, se comunicará a esta que, habiendo transcurrido el periodo voluntario de ingreso sin que se haya efectuado el pago de las deudas y no existiendo crédito reconocido a su favor, se iniciará el procedimiento de deducción mediante acuerdo que se notificará a la entidad deudora, acompañado de la propuesta de deducción, con indicación de la deuda a que se refiere.

En la notificación se concederá un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que aquella se produzca para efectuar las alegaciones que estime convenientes, advirtiéndose que de no formular alegaciones, ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta.

A la vista de las alegaciones formuladas por la entidad deudora, el órgano de recaudación competente podrá efectuar propuesta de deducción al Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En otro caso, acordará el archivo de las actuaciones, que se notificará la entidad deudora poniendo fin al procedimiento.

El inicio del procedimiento de deducción determinará la suspensión del procedimiento de cobro de las deudas a que se refiera, con efectos desde la fecha de inicio hasta que se produzca la deducción o hasta que, en su caso y de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, se acuerde el archivo de las actuaciones.

Dicha suspensión no afectará a la compensación de oficio de créditos que puedan reconocerse a favor de la entidad deudora.

Efectuada dicha compensación, el acuerdo de deducción se reducirá, sin necesidad de acuerdo expreso, en igual cuantía a la compensada.

b) El órgano competente para resolver dictará, si procede, el acuerdo de deducción, notificándolo al ente acreedor y, en su caso, al órgano competente para que proceda a su ejecución. El acuerdo de deducción será notificado al deudor.

c) En su caso, se practicará la liquidación de intereses de demora que se hayan devengado y se notificará al deudor.

Datos clave

  • Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles de entes territoriales, organismos autónomos, Seguridad Social y demás entidades de derecho público pueden extinguirse mediante deducción de las cantidades que la Administración General del Estado deba transferirles.
  • Requiere comprobar la existencia de la deuda y la inexistencia de créditos compensables de oficio, y que haya transcurrido el periodo voluntario sin pago.
  • Se notifica acuerdo de inicio con propuesta de deducción y plazo de 15 días para alegaciones.
  • El inicio del procedimiento de deducción suspende el procedimiento de cobro de las deudas a que se refiera.
  • El acuerdo de deducción se notifica al ente acreedor y al deudor; en su caso se liquidan los intereses de demora devengados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas de entidades públicas con la Hacienda estatal pueden extinguirse deduciendo de las transferencias del Estado; el procedimiento da quince días de alegaciones y suspende el cobro.

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Artículo 61. Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable.

1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109. Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.

La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.

Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.

El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.

Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.

3. Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determinarán por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos de justificar la declaración de crédito incobrable.

Datos clave

  • Son fallidos los obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito.
  • Insolvencia parcial: patrimonio embargable o realizable conocido que solo cubre una parte de la deuda.
  • Son créditos incobrables los que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.
  • Incobrable se aplica a los créditos y fallido a los obligados al pago.
  • Declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirige frente al responsable subsidiario.
  • El Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria determina las actuaciones para justificar la declaración de crédito incobrable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quién es fallido (obligado sin bienes embargables conocidos) y qué es un crédito incobrable, y fija el orden de actuación hasta llegar a esa declaración.

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Artículo 62. Efectos de la baja provisional por insolvencia.

1. La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración.

2. Dicha declaración no impide el ejercicio por la Hacienda pública contra quien proceda de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago.

3. La declaración de fallido correspondiente a personas o entidades inscritas en el Registro Mercantil será anotada en este en virtud de mandamiento expedido por el órgano de recaudación competente. Con posterioridad a la anotación el registro comunicará a dicho órgano de recaudación cualquier acto relativo a dichas personas o entidades que se presente a inscripción o anotación.

4. Declarado fallido un obligado al pago, las deudas de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidas y podrán ser dadas de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados al pago.

Datos clave

  • La declaración total o parcial de crédito incobrable determina la baja en cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera.
  • No impide el ejercicio de acciones contra quien proceda mientras no haya prescrito el derecho de la Administración a exigir el pago.
  • La declaración de fallido de personas o entidades inscritas en el Registro Mercantil se anota en este mediante mandamiento del órgano de recaudación.
  • Declarado fallido un obligado, las deudas de vencimiento posterior se consideran vencidas y pueden darse de baja por referencia a la declaración, si no hay otros obligados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Explica que la declaración de incobrable solo da de baja el crédito en cuentas, sin impedir actuar después si no ha prescrito, y qué pasa con las deudas posteriores del mismo fallido.

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Artículo 63. Revisión de fallidos y rehabilitación de créditos incobrables.

1. El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos.

2. En caso de producirse tal circunstancia y de no mediar prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el momento de la declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia.

Datos clave

  • El órgano de recaudación vigila la posible solvencia sobrevenida de los obligados declarados fallidos.
  • Si se produce y no ha prescrito, procede la rehabilitación de los créditos declarados incobrables.
  • El procedimiento de recaudación se reanuda desde la situación en que estaba al declararse el crédito incobrable o la baja por referencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El órgano de recaudación vigila si los fallidos recuperan solvencia; si ocurre y no hay prescripción, los créditos incobrables se rehabilitan y la recaudación se reanuda donde quedó.

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Artículo 64. Derecho de prelación.

1. Conforme a lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles, practicadas con anterioridad a la del crédito de la Hacienda pública sobre unos mismos bienes embargados, el órgano de recaudación podrá elevar al órgano competente el expediente a efectos de acordar, si procede, el ejercicio de la acción de tercería de mejor derecho en defensa de los intereses de la Hacienda pública, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.

2. Cuando en los mencionados registros consten derechos inscritos o anotados con anterioridad a la anotación de embargo a favor de la Hacienda pública, y existiesen indicios de que dichas inscripciones o anotaciones pudiesen ser consecuencia de actuaciones realizadas en perjuicio de los derechos de la Hacienda pública, se trasladará copia de la documentación al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente, al efecto de determinar la procedencia, en su caso, de ejercer acciones legales en defensa del crédito público.

Datos clave

  • Desarrolla el artículo 77 de la Ley General Tributaria.
  • Anotaciones de embargo anteriores a la de la Hacienda pública sobre los mismos bienes: el órgano de recaudación puede elevar el expediente para ejercer la tercería de mejor derecho.
  • Se requiere informe previo del órgano con funciones de asesoramiento jurídico.
  • Registros afectados: Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles.
  • Derechos inscritos con indicios de perjuicio a la Hacienda pública: se traslada copia al órgano de asesoramiento jurídico para valorar acciones legales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si hay embargos anotados antes que el de la Hacienda sobre los mismos bienes, puede ejercerse la tercería de mejor derecho; si hay indicios de inscripciones en perjuicio de la Hacienda, se acude al asesoramiento jurídico.

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Artículo 65. Hipoteca legal tácita.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende que se exige el pago cuando se inicia el procedimiento de recaudación en periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio en que se haya inscrito en el registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate.

2. Tanto el acreedor hipotecario como el tercero adquirente tienen derecho a exigir la segregación de cuotas de los bienes que les interesen, cuando se hallen englobadas en un solo recibo con otras del mismo obligado al pago.

3. En orden a la ejecución de la hipoteca legal tácita se aplicará el artículo 74.4.

Datos clave

  • Desarrolla el artículo 78 de la Ley General Tributaria.
  • Se entiende que se exige el pago cuando se inicia la recaudación en periodo voluntario de los débitos del ejercicio en que se inscribió el derecho o se transmitieron los bienes.
  • El acreedor hipotecario y el tercero adquirente pueden exigir la segregación de cuotas englobadas en un solo recibo.
  • La ejecución de la hipoteca legal tácita se rige por el artículo 74.4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A efectos de la hipoteca legal tácita, se exige el pago al iniciarse la recaudación voluntaria del ejercicio de la inscripción o transmisión; acreedor hipotecario y adquirente pueden pedir la segregación de cuotas.

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Artículo 66. Otras hipotecas y derechos reales en garantía de los créditos de la Hacienda pública.

1. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo anterior, por débitos anteriores a los expresados en él o por mayor cantidad de la que de este resulta, podrá constituirse voluntariamente por el deudor o ser exigida por la Hacienda pública la constitución de hipoteca especial. Esta hipoteca surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley Hipotecaria.

2. En relación con otras deudas se podrá constituir voluntariamente, como garantía en favor de la Hacienda pública, en los casos de aplazamiento y fraccionamiento o en los demás supuestos previstos en la normativa que resulte de aplicación, hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento de la posesión o cualquier otro derecho real de garantía.

3. Si la garantía se hubiese constituido unilateralmente, su aceptación se hará por el órgano competente mediante documento administrativo, cuyo contenido se hará constar en el registro correspondiente.

Con carácter previo se podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la suficiencia de la garantía.

La Hacienda pública, en su caso, autorizará la cancelación de la garantía en la misma forma establecida para la aceptación.

4. La ejecución de estas garantías se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 74.

Datos clave

  • Hipoteca especial: constituida voluntariamente por el deudor o exigida por la Hacienda pública, para débitos anteriores o por mayor cantidad que la hipoteca legal tácita.
  • La hipoteca especial surte efecto desde su inscripción (artículo 145 de la Ley Hipotecaria).
  • Para otras deudas: hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda sin desplazamiento u otro derecho real de garantía.
  • La garantía unilateral se acepta por el órgano competente mediante documento administrativo inscrito en el registro.
  • Puede solicitarse informe previo al órgano de asesoramiento jurídico sobre su suficiencia.
  • La ejecución se rige por el artículo 74.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para débitos anteriores o mayores que los de la hipoteca legal tácita cabe hipoteca especial; para otras deudas, garantías reales voluntarias, aceptadas y canceladas por documento administrativo.

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Artículo 67. Afección y retención de bienes.

1. Para el ejercicio del derecho de afección se requerirá la declaración de responsabilidad subsidiaria en los términos establecidos en los artículos 174 y 176 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La nota marginal de afección será solicitada expresamente y de oficio por el órgano competente, a menos que la liquidación se consigne en el documento que haya de acceder al registro; en tal caso, la nota de afección se extenderá directamente por este último sin necesidad de solicitud al efecto.

2. El derecho de retención se ejercerá por los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías.

Datos clave

  • El ejercicio del derecho de afección requiere la declaración de responsabilidad subsidiaria (artículos 174 y 176 de la Ley General Tributaria).
  • La nota marginal de afección se solicita expresamente y de oficio por el órgano competente.
  • Si la liquidación consta en el documento que accede al registro, la nota se extiende directamente sin solicitud.
  • El derecho de retención lo ejercen los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de afección exige declarar la responsabilidad subsidiaria; la nota marginal se pide de oficio salvo que la liquidación conste en el documento registrable; la retención la ejercen los órganos que reciben las mercancías.

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Artículo 68. Iniciación y terminación de la recaudación en periodo voluntario.

1. La recaudación en periodo voluntario se iniciará a partir de:

a) La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago.

b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.

c) La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.

2. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la autoliquidación.

3. Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo voluntario. Por la cantidad no pagada se iniciará el periodo ejecutivo en los términos previstos en el artículo 69.

Datos clave

  • Liquidaciones: el periodo voluntario se inicia en la fecha de notificación de la liquidación.
  • Deudas de notificación colectiva y periódica: con la apertura del plazo recaudatorio.
  • Autoliquidaciones: en la fecha de comienzo del plazo de presentación.
  • Concluye el día del vencimiento de los plazos de ingreso.
  • Autoliquidación extemporánea sin ingreso ni solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación: concluye el mismo día de su presentación.
  • Cabe pago total o parcial; por lo no pagado se inicia el periodo ejecutivo (artículo 69).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El periodo voluntario empieza con la notificación, la apertura del plazo colectivo o el inicio del plazo de autoliquidación, y termina al vencer el plazo; si la autoliquidación es extemporánea y sin ingreso, el mismo día.

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