El dominio público y el patrimonio de los Entes Públicos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Artículo 132
El artículo 132 de la Constitución Española, dispone lo siguiente.
1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.
Datos clave
- Principios de los bienes de dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
- Son dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
- Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.
- La ley regulará también la desafectación de los bienes de dominio público y de los comunales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes de dominio público y comunales se rigen por la ley bajo tres principios (inalienables, imprescriptibles, inembargables); hay un dominio público estatal mínimo fijado por la propia Constitución.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 103. Agencia Estatal de Administración Tributaria
El artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y regula su régimen en doce apartados.
Uno. Denominación y objetivos
Se crea, integrado en las Administraciones Públicas Centrales y adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, con la denominación de «Agencia Estatal de Administración Tributaria», un Ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
La Agencia es la organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión se le encomiende por Ley o por Convenio.
Le corresponde desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario estatal y el aduanero se apliquen con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los procedimientos de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, que minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Los créditos y la recaudación derivados de los tributos o recursos de Derecho Público del Estado o de sus Organismos Autónomos gestionados por la Agencia forman parte del Tesoro Público. Los órganos de la Agencia y las Entidades de crédito colaboradoras en la recaudación ingresan los fondos directamente en la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de España, con cargo a la cual la Agencia puede proponer el pago de las devoluciones.
Además, la Agencia:
- Gestiona los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas cuando dicha competencia se atribuya a la Administración del Estado por las leyes de cesión; la recaudación se entrega a la Hacienda Autónoma titular del rendimiento.
- Desarrolla los mecanismos de coordinación y colaboración con las Instituciones Comunitarias, las Administraciones Tributarias de los países miembros y otras Administraciones Tributarias nacionales o extranjeras.
- Presta auxilio a los Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación, enjuiciamiento y represión de delitos públicos, estableciendo medios humanos y materiales en el marco de convenios de colaboración.
Dos. Régimen jurídico
La Agencia se rige por esta Ley y sus normas de desarrollo y, en las funciones de gestión, inspección, recaudación y demás funciones públicas, por la Ley General Tributaria, la Ley de Procedimiento Administrativo y las demás normas aplicables.
Su contratación se ajusta a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguardia del interés de la Entidad y homogeneización de comportamientos en el Sector Público, y se desarrolla en régimen de Derecho Privado. Puede constituir o participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con sus fines.
Régimen de recursos:
- Los actos sobre materias objeto de reclamaciones económico-administrativas son recurribles en esa vía, previa interposición con carácter potestativo del recurso de reposición.
- Los restantes actos sujetos al ordenamiento jurídico público agotan la vía administrativa y son impugnables en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del preceptivo recurso de reposición previo.
- Corresponde a la Agencia la revisión de actos en vía administrativa y la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial por daños causados por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios.
La Agencia goza del mismo tratamiento fiscal que la Administración del Estado y le son aplicables los preceptos de los artículos 22 a 47 de la Ley General Presupuestaria sobre derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.
Tres. Órganos rectores
Los órganos rectores de la Agencia son el Presidente y el Director General.
- El Presidente es el Secretario de Estado de Hacienda o la persona que designe el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con rango de Secretario de Estado.
- El Director General, con rango de Subsecretario, es nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.
Al Presidente le corresponde velar por la consecución de los objetivos de la Agencia, ejercer su superior dirección y ostentar su representación legal en toda clase de actos y contratos. Además: a) aprobar la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo y sus modificaciones; b) aprobar el Plan de Actuaciones y el anteproyecto de presupuesto para su elevación al Ministro de Economía y Hacienda; c) aprobar la estructura orgánica y los nombramientos y ceses del personal directivo; d) ejercer respecto del personal las competencias atribuidas al Ministro o al Secretario de Estado de Hacienda; e) resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Puede delegar facultades en el Director General y en el resto del personal directivo.
El Director General dirige la ejecución del Plan de Actuaciones y el funcionamiento ordinario de los servicios. Le corresponden también la ejecución de los acuerdos del Presidente, la superior jefatura del personal de la Agencia, la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y del Plan de Actuación y la contratación de personal en régimen de derecho laboral dentro de los límites de la relación de puestos de trabajo aprobada.
Cuatro. Régimen de personal
El personal de la Agencia se vincula a ella por una relación sujeta a Derecho Administrativo o Laboral. El personal funcionario y laboral está sometido a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública. Las condiciones de trabajo del personal laboral se determinan mediante negociación colectiva entre la Agencia y la representación de los trabajadores.
Se adscriben a la Agencia diversos Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Hacienda Pública y del Servicio de Vigilancia Aduanera, y se crean la especialidad de Gestión Recaudatoria y las especialidades de Administración Tributaria; el derecho de opción para integrarse puede ejercitarse en el plazo de un año desde la constitución efectiva de la Agencia. El personal laboral que no se integre mantiene la condición de personal laboral al servicio de la Agencia.
La relación de puestos de trabajo la elabora y aprueba la Agencia. Las retribuciones se ajustan a las Leyes anuales de Presupuestos para el personal de los Entes Públicos.
La Agencia elabora y aprueba su oferta de empleo público y el régimen de acceso, y selecciona al personal por medios objetivos basados en la convocatoria pública y en los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante oposición, concurso o concurso-oposición libre. En las Especialidades y Escalas de los grupos A y B, la selección se efectúa a través de la Escuela de Hacienda Pública.
Otras reglas:
- La movilidad de sus funcionarios a otras Administraciones requiere la previa autorización de la Agencia, que puede denegarla por necesidades del servicio.
- Se aplica el régimen general de incompatibilidades de las Leyes 25/1983 y 53/1984; al personal de grupos A o B adscritos no puede autorizársele compatibilidad alguna, salvo para profesor universitario asociado o actividades de investigación o asesoramiento del artículo 9 de la Ley 53/1984.
- Los funcionarios que pasan a la Agencia permanecen en servicio activo en su Cuerpo o Escala de origen, conservando situación, antigüedad y grado.
- El personal está obligado a guardar sigilo riguroso y estricto secreto; su infracción constituye infracción administrativa grave, sin perjuicio de que pueda ser delito.
Cinco. Financiación
La Agencia se financia con: a) las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado; b) un porcentaje de la recaudación derivada de los actos de liquidación y de gestión recaudatoria dictados por la Agencia, fijado cada año en la Ley anual de Presupuestos, destinado a financiar mayores gastos de funcionamiento e inversiones; c) los ingresos por actividades realizadas para otras Administraciones Públicas; d) los rendimientos de su patrimonio; e) los préstamos para desfases temporales de tesorería; f) los demás ingresos de Derecho Público o Privado que se le autorice percibir.
Seis. Régimen presupuestario
La Agencia elabora anualmente un anteproyecto de presupuesto que forma parte de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene carácter limitativo por su importe global y estimativo para la distribución de los créditos, salvo los gastos de personal (limitativos y vinculantes por su cuantía total), las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas. Las variaciones de la cuantía global y las que afecten a gastos de personal a nivel de capítulo las autoriza el Ministro de Hacienda; las restantes, el Presidente de la Agencia.
Siete. Régimen de control y contabilidad
La Agencia está sometida de forma exclusiva a control financiero permanente de la Intervención General de la Administración del Estado. Sus actos de gestión tributaria no están sometidos a fiscalización previa. Está sometida al régimen de Contabilidad Pública. Las cuentas de la gestión tributaria se forman y cierran por períodos mensuales, y el Presidente es cuentadante ante el Tribunal de Cuentas.
Ocho. Servicio Jurídico
La Agencia dispone de un servicio jurídico propio integrado por Abogados del Estado, bajo la superior coordinación de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
Nueve. Colaboración policial contra el fraude fiscal
Se crea una Unidad especializada en la investigación y persecución del fraude fiscal, dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior, que actúa según las directrices de la Agencia, con acceso a la información tributaria y las mismas obligaciones de secreto y sigilo.
Diez. Servicio de auditoría
La Agencia dispone de un servicio de auditoría interna propio, bajo la superior coordinación de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda.
Once. Sucesión y constitución efectiva
La Agencia sucede a la Secretaría General de Hacienda, a la Administración Territorial de la Hacienda Pública y a sus Organismos Autónomos en sus funciones, bienes, derechos y obligaciones. Su constitución efectiva tiene lugar por Orden del Ministro de Economía y Hacienda; desde entonces quedan suprimidos los órganos sucedidos. El Organismo Autónomo Servicio de Vigilancia Aduanera se integra en la Agencia.
Doce. Ejecución
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, dicta las disposiciones de ejecución y desarrollo del artículo.
Datos clave
- La AEAT es un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda.
- Es responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero.
- Órganos rectores: el Presidente (Secretario de Estado de Hacienda o persona designada, con rango de Secretario de Estado) y el Director General (rango de Subsecretario).
- Su contratación se desarrolla en régimen de Derecho Privado; el personal se rige por Derecho Administrativo o Laboral y las condiciones del laboral se fijan por negociación colectiva.
- Selección por oposición, concurso o concurso-oposición libre, con igualdad, mérito y capacidad; grupos A y B a través de la Escuela de Hacienda Pública.
- Se financia, entre otros recursos, con transferencias de los PGE y un porcentaje de la recaudación fijado cada año en la Ley de Presupuestos.
- Sometida en exclusiva a control financiero permanente de la IGAE; sus actos de gestión tributaria no están sometidos a fiscalización previa.
- Su constitución efectiva se produce por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea la AEAT como Ente de Derecho Público con personalidad propia que aplica el sistema tributario estatal y aduanero; regula sus órganos rectores, personal, financiación, presupuesto y control.
Esquema
| Presidente | Director General | |
|---|---|---|
| Quién es | Secretario de Estado de Hacienda o persona designada por el Gobierno | Nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministro |
| Rango | Secretario de Estado | Subsecretario |
| Papel | Superior dirección y representación legal | Ejecución del Plan y funcionamiento ordinario |
| Personal | Aprueba relación de puestos y oferta de empleo | Superior jefatura del personal |
¿Me lo sé? Flashcards
Apartado primero. Organización central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
El apartado primero de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regula los órganos que integran su organización central y los órganos colegiados de dirección y coordinación.
1. Departamentos. Se integran en la organización central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los Departamentos a los que se refiere la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia y se les atribuyen funciones y competencias.
2. Servicios con rango de dirección adjunta. Existirán igualmente, con el rango de dirección adjunta, los siguientes órganos centrales:
a) Servicio Jurídico.
b) Servicio de Auditoría Interna.
c) Servicio de Gestión Económica.
d) Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas.
e) Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.
3. Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Existirá también, con el rango de Dirección Adjunta, dependiendo directamente del Director general de la Agencia, como órgano central de la misma y con competencias en todo el territorio nacional, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
4. Comité Permanente de Dirección. Sin perjuicio de las competencias que la Ley determina para el Consejo Superior de Dirección de la Agencia, el Comité Permanente de Dirección, presidido por el Presidente de la Agencia, del que será Vicepresidente su Director general y del que formarán parte con carácter permanente los Directores de los Departamentos y Servicios Centrales citados en los números 1 y 2, será el cauce habitual para el análisis y coordinación de sus decisiones directivas. Asistirán asimismo a sus reuniones aquellas otras personas que en cada caso se considere pertinente.
5. Comité de Coordinación de la Dirección Territorial. Integrado por los miembros del Comité de Dirección, por el Delegado Central de Grandes Contribuyentes y por los Delegados especiales de la Agencia, es el cauce institucional de coordinación e información entre la Dirección de la Agencia y su organización territorial.
6. Comisión de Seguridad y Control. Está presidida por el Presidente de la Agencia e integrada por su Director general, el Interventor general de la Administración del Estado, el Inspector general de Economía y Hacienda y los miembros del Comité Permanente de Dirección. Su cometido básico es la elaboración de criterios y la propuesta de normas que aseguren el ajuste estricto de las actividades de la Agencia a las disposiciones que las regulan, el mantenimiento de la seguridad interna del Ente y la defensa de la integridad de los intereses económicos de la Hacienda. Supervisa los trabajos de las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Control que se establezcan en el seno de la Agencia y tiene acceso a los informes de control financiero o de auditoría relativos a esas cuestiones.
Datos clave
- Los Departamentos de la organización central son los de la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre.
- Cinco Servicios con rango de dirección adjunta: Jurídico, Auditoría Interna, Gestión Económica, Estudios Tributarios y Estadísticas, y Planificación y Relaciones Institucionales.
- La Delegación Central de Grandes Contribuyentes tiene rango de Dirección Adjunta, depende directamente del Director general y tiene competencias en todo el territorio nacional.
- El Comité Permanente de Dirección lo preside el Presidente de la Agencia y su Vicepresidente es el Director general; es el cauce habitual de análisis y coordinación de las decisiones directivas.
- El Comité de Coordinación de la Dirección Territorial lo integran el Comité de Dirección, el Delegado Central de Grandes Contribuyentes y los Delegados especiales.
- La Comisión de Seguridad y Control incluye al Interventor general de la Administración del Estado y al Inspector general de Economía y Hacienda, y supervisa las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Control.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La organización central de la Agencia Tributaria: Departamentos, cinco Servicios con rango de dirección adjunta, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y tres órganos colegiados de dirección y coordinación.
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Apartado quinto. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
El apartado quinto de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, establece la estructura del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, del que forma parte la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.
1. Estructura. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales estará integrado por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y por las siguientes Subdirecciones Generales:
a) Subdirección General de Planificación, Estadística y Coordinación.
b) Subdirección General de Gestión Aduanera.
c) Subdirección General de Gestión e Intervención de Impuestos Especiales.
d) Subdirección General de Inspección e Investigación.
e) Subdirección General Químico-Tecnológica.
f) Subdirección General de Relaciones Internacionales.
g) Subdirección General de Operaciones.
h) Subdirección General de Logística.
2. Dependencia de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Dependerán directamente de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera las Subdirecciones Generales de las letras g) y h), es decir, la Subdirección General de Operaciones y la Subdirección General de Logística.
Datos clave
- El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales lo integran la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y ocho Subdirecciones Generales.
- Subdirecciones: Planificación, Estadística y Coordinación; Gestión Aduanera; Gestión e Intervención de Impuestos Especiales; Inspección e Investigación; Químico-Tecnológica; Relaciones Internacionales; Operaciones; Logística.
- De la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera dependen directamente la Subdirección General de Operaciones y la de Logística (letras g y h).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales se compone de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y ocho Subdirecciones Generales; dos de ellas, Operaciones y Logística, dependen directamente de Vigilancia Aduanera.
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Apartado decimotercero. Administración periférica de la Agencia Tributaria
El apartado decimotercero de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, define cómo se organiza la Administración periférica de la Agencia y la dependencia de sus órganos.
1. Composición. La Administración Periférica de la Agencia Tributaria estará constituida por las Delegaciones Especiales y las Delegaciones de la Agencia Tributaria, integradas en aquéllas.
2. Dependencia de las Delegaciones Especiales. Las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria dependerán directamente del Director general de la misma. Los distintos Directores de Departamento, en el ejercicio de sus funciones, dirigirán a los Delegados Especiales mediante las instrucciones y órdenes de servicio necesarias.
3. Administraciones. Las Administraciones de la Agencia Tributaria y las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales se integran en las correspondientes Delegaciones Especiales, y su ámbito territorial de competencia es el correspondiente a la Delegación Especial en que se integran.
4. Administraciones de asistencia Digital Integral. Se integran en las correspondientes Delegaciones Especiales, sin perjuicio de poder desarrollar sus funciones en todo el ámbito nacional.
Datos clave
- La Administración periférica la forman las Delegaciones Especiales y las Delegaciones de la Agencia Tributaria, integradas en aquéllas.
- Las Delegaciones Especiales dependen directamente del Director general de la Agencia.
- Los Directores de Departamento dirigen a los Delegados Especiales mediante instrucciones y órdenes de servicio.
- Las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales se integran en las Delegaciones Especiales, con el ámbito territorial de la Delegación Especial correspondiente.
- Las Administraciones de asistencia Digital Integral pueden desarrollar sus funciones en todo el ámbito nacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración periférica de la Agencia la forman las Delegaciones Especiales y las Delegaciones integradas en ellas; las Especiales dependen directamente del Director general y en ellas se integran las Administraciones.
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Artículo 1. Objeto de la ley.
Esta ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
Datos clave
- Objeto: establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones públicas.
- Regula la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
- Lo hace de conformidad con el artículo 132 de la Constitución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley tiene un doble objeto: fijar las bases del régimen patrimonial de todas las Administraciones públicas y regular, conforme al artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma se regirá por esta ley.
2. Serán de aplicación a las comunidades autónomas, entidades que integran la Administración local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas los artículos o partes de los mismos enumerados en la disposición final segunda.
Datos clave
- La ley rige el régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
- A las comunidades autónomas y a las entidades que integran la Administración local solo se aplican los artículos o partes enumerados en la disposición final segunda.
- Lo mismo vale para las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Ley de Patrimonio se aplica entera a la Administración General del Estado y sus organismos públicos; a comunidades autónomas y entes locales solo les alcanzan los artículos que enumera la disposición final segunda.
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Artículo 3. Concepto.
1. El patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.
2. No se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería.
Datos clave
- El patrimonio de las Administraciones públicas es el conjunto de sus bienes y derechos.
- Es indiferente su naturaleza y el título de su adquisición o atribución.
- Quedan excluidos el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda.
- En las entidades públicas empresariales y entidades análogas de comunidades autónomas o corporaciones locales, quedan excluidos los recursos que constituyen su tesorería.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El patrimonio de las Administraciones públicas es el conjunto de sus bienes y derechos, sea cual sea su naturaleza o título; quedan fuera el dinero, valores, créditos y demás recursos financieros, y la tesorería de ciertas entidades empresariales.
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Artículo 4. Clasificación.
Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.
Datos clave
- El criterio de clasificación es el régimen jurídico al que están sujetos los bienes y derechos.
- Bienes de dominio público, también llamados demaniales.
- Bienes de dominio privado, también llamados patrimoniales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Según el régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos del patrimonio de las Administraciones públicas son de dominio público (demaniales) o de dominio privado (patrimoniales).
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Artículo 5. Bienes y derechos de dominio público o demaniales.
1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
2. Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución.
3. Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.
4. Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.
Datos clave
- Son demaniales los bienes y derechos de titularidad pública afectados al uso general o al servicio público.
- También aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
- Son dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución.
- Son dominio público, en todo caso, los inmuebles de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado.
- Se rigen por sus leyes especiales y, a falta de ellas, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
- Derecho supletorio: normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, normas del derecho privado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Son demaniales los bienes públicos afectados al uso general o al servicio público y los que una ley declare así; además, siempre lo son los del artículo 132.2 de la Constitución y los inmuebles estatales que alojan servicios u oficinas.
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Artículo 6. Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público.
La gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:
a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
b) Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados.
c) Aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
d) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
e) Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
f) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
g) Cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.
Datos clave
- Son siete principios, de la a) a la g).
- Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
- Adecuación y suficiencia de los bienes para el uso general o el servicio público.
- Aplicación efectiva al uso general o servicio público, salvo razones de interés público debidamente justificadas.
- Dedicación preferente al uso común frente al uso privativo.
- Ejercicio diligente de las prerrogativas, garantizando su conservación e integridad.
- Identificación y control mediante inventarios o registros adecuados, y cooperación y colaboración entre Administraciones públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete principios ordenan la gestión de los bienes demaniales: las tres «in», adecuación y suficiencia, aplicación efectiva al uso general o servicio público, preferencia del uso común, ejercicio diligente de prerrogativas, inventarios y cooperación.
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Artículo 7. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales.
1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales.
2. En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.
3. El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico.
Datos clave
- Son patrimoniales los bienes y derechos de titularidad de las Administraciones públicas que no tengan el carácter de demaniales.
- Son patrimoniales, en todo caso, de la AGE y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento y los valores y títulos representativos de acciones, participaciones u obligaciones de sociedades mercantiles.
- También los contratos de futuros y opciones sobre acciones o participaciones, los derechos de propiedad incorporal y los derivados de la titularidad de bienes patrimoniales.
- Su adquisición, administración, defensa y enajenación se rigen por esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
- Supletoriamente, derecho administrativo para competencia y procedimiento.
- Supletoriamente, Derecho privado para los restantes aspectos de su régimen jurídico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes patrimoniales se definen por exclusión: los de titularidad pública que no son demaniales. La ley fija varios que lo son siempre en el Estado y un régimen con supletoriedad administrativa o privada según la cuestión.
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Artículo 8. Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales.
1. La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios:
a) Eficiencia y economía en su gestión.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
2. En todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las Administraciones competentes.
Datos clave
- Son cinco principios, de la a) a la e).
- Eficiencia y economía en su gestión.
- Eficacia y rentabilidad en la explotación.
- Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación.
- Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
- Colaboración y coordinación entre Administraciones públicas para optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.
- La gestión patrimonial debe coadyuvar a las políticas públicas en vigor y, en particular, a la política de vivienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes patrimoniales se gestionan con cinco principios de corte económico (eficiencia, rentabilidad, publicidad y concurrencia, inventario y colaboración) y su gestión debe coadyuvar a las políticas públicas, en particular a la de vivienda.
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Artículo 9. Concepto.
El artículo 9 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El Patrimonio del Estado está integrado por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma.
2. La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de la Administración General del Estado corresponderán al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
3. La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de los organismos públicos corresponderán a éstos, de acuerdo con lo señalado en sus normas de creación o de organización y funcionamiento o en sus estatutos, con sujeción en todo caso a lo establecido para dichos bienes y derechos en esta ley.
Datos clave
- El Patrimonio del Estado lo integran el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella.
- Gestión de los bienes de la AGE: Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
- Gestión de los bienes de los organismos públicos: corresponde a éstos, según sus normas de creación o de organización y funcionamiento o sus estatutos, con sujeción a la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Patrimonio del Estado suma el de la Administración General del Estado y el de sus organismos públicos; cada parte la gestiona su titular: Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio, o el propio organismo.
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Artículo 10. Competencias.
El artículo 10 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda:
a) Definir la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.
b) Establecer los criterios de actuación coordinada para la adecuada gestión de tales bienes y derechos.
c) Acordar o autorizar los actos de disposición, gestión y administración que esta ley le atribuye.
d) Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado.
2. (Suprimido)
3. Corresponde al Ministro de Hacienda:
a) Proponer al Gobierno la aprobación de los reglamentos precisos para el desarrollo de esta ley y dictar, en su caso, las disposiciones y resoluciones necesarias para su aplicación.
b) Velar por el cumplimiento de la política patrimonial definida por el Gobierno, para lo cual dictará instrucciones y directrices.
c) Verificar la correcta utilización de los recursos inmobiliarios del Patrimonio del Estado y del gasto público asociado a los mismos.
d) Aprobar, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, los índices de ocupación y criterios básicos de utilización de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado.
e) Elevar al Consejo de Ministros o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos las propuestas relativas a la política patrimonial y a los criterios de actuación coordinada para la adecuada gestión de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.
f) Acordar o autorizar los actos de disposición, administración y explotación que esta ley le atribuye.
g) Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado.
4. Corresponde a los departamentos ministeriales:
a) Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el Gobierno, y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda.
b) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o cuya administración y gestión les corresponda. De acuerdo con ello, y en relación con los tributos que graven estos bienes y derechos, cada Departamento tendrá la consideración de obligado tributario, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
c) Ejercer las funciones de administración, gestión e ingreso en el Tesoro Público de los derechos que deban percibirse por la utilización privativa del dominio público que tengan afectado o cuya administración y gestión les corresponda.
d) Solicitar del Ministro de Hacienda la afectación de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones que tengan encomendados, y su desafectación cuando dejen de serles necesarios.
e) Solicitar del Ministerio de Hacienda la adquisición de bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones públicas que tengan atribuidos.
5. Corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado:
a) Elevar al Ministro de Hacienda las propuestas que estime convenientes para la adecuada gestión, administración y utilización de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado.
b) Supervisar, bajo la dirección del Ministro de Hacienda, la ejecución de la política patrimonial fijada por el Gobierno.
c) Acordar o autorizar los actos de disposición, administración y explotación que esta ley le atribuye.
d) Ejercer las competencias que le atribuye esta ley en relación con la optimización del uso de los edificios administrativos y la gestión del sector público empresarial de la Administración General del Estado.
e) Ejercer la coordinación ejecutiva de las operaciones inmobiliarias en que intervengan varios agentes vinculados a la Administración General del Estado cuando así le sea encomendado por el Consejo de Ministros o por la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.
f) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera la correcta gestión de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado. En relación con los tributos que graven estos bienes y derechos, tendrá la consideración de obligado tributario, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. Corresponde a los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado:
a) Ejecutar, en el ámbito de sus competencias, la política patrimonial aprobada por el Gobierno y aplicar las directrices e instrucciones dictadas por el Ministro de Hacienda.
b) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos propios del organismo o adscritos al mismo, o cuya administración y gestión les corresponda. De acuerdo con ello, y en relación con los tributos que graven estos bienes, los Organismos tendrán la consideración de obligados tributarios.
c) Ejercer la administración, gestión y recaudación de los derechos económicos que perciban por la utilización privativa del dominio público propio o adscrito o cuya administración y gestión les corresponda.
d) Solicitar del Ministro de Hacienda la adscripción de bienes y derechos para el cumplimiento de los fines y funciones públicos que tengan encomendados, y su desadscripción cuando dejen de serles necesarios.
e) Gestionar sus bienes propios de acuerdo con lo establecido en la ley reguladora del organismo, en esta ley y en sus normas de desarrollo.
f) Instar la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de sus bienes inmuebles cuando éstos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines y así sea procedente conforme a lo señalado en el artículo 80 de esta ley.
Datos clave
- Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda: define la política aplicable a los bienes y derechos del Patrimonio del Estado y establece los criterios de actuación coordinada.
- El apartado 2 está suprimido.
- Ministro de Hacienda: propone reglamentos, vela por la política patrimonial dictando instrucciones y directrices, y aprueba los índices de ocupación de los edificios administrativos a propuesta de la DGPE.
- Departamentos ministeriales: ejecutan la política patrimonial, ejercen vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración y conservación, y solicitan la afectación y desafectación de bienes.
- Cada departamento tiene la consideración de obligado tributario respecto de los tributos que graven los bienes que tenga afectados (artículo 35.4 de la Ley 58/2003).
- Dirección General del Patrimonio del Estado: eleva propuestas, supervisa la ejecución de la política patrimonial y coordina operaciones inmobiliarias cuando se lo encomiende el Consejo de Ministros o la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales.
- Organismos públicos: solicitan la adscripción y desadscripción de bienes e instan la incorporación al patrimonio de la AGE de los inmuebles que dejen de ser necesarios (artículo 80).
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Reparto de competencias patrimoniales en cinco niveles: Consejo de Ministros, Ministro de Hacienda, departamentos ministeriales, Dirección General del Patrimonio del Estado y organismos públicos.
Esquema
| Departamentos ministeriales | Organismos públicos | |
|---|---|---|
| Qué solicitan al Ministro de Hacienda | Afectación y desafectación | Adscripción y desadscripción |
| Bienes sobre los que actúan | Los que tengan afectados o cuya administración y gestión les corresponda | Los propios o adscritos, o cuya administración y gestión les corresponda |
| Derechos por uso privativo del dominio público | Administración, gestión e ingreso en el Tesoro Público | Administración, gestión y recaudación |
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Artículo 11. Desconcentración y avocación de competencias.
El artículo 11 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Las competencias relativas a la adquisición, gestión, administración y enajenación de bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.
2. El Consejo de Ministros podrá avocar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier acto de adquisición, gestión, administración y enajenación de bienes y derechos del Patrimonio del Estado. Igualmente, el órgano competente para la realización de estos actos podrá proponer al Ministro de Hacienda su elevación a la consideración del Consejo de Ministros.
Datos clave
- Desconcentración: mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.
- Avocación: el Consejo de Ministros podrá avocar discrecionalmente cualquier acto de adquisición, gestión, administración y enajenación.
- El órgano competente puede proponer al Ministro de Hacienda la elevación del acto al Consejo de Ministros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos herramientas para mover competencias patrimoniales: la desconcentración por real decreto acordado en Consejo de Ministros y la avocación discrecional por el propio Consejo de Ministros.
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Artículo 12. Actuación frente a terceros.
El artículo 12 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. La representación de la Administración General del Estado en las actuaciones relativas a sus bienes y derechos patrimoniales corresponde al Ministerio de Hacienda, que la ejercerá a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Delegaciones de Economía y Hacienda. La representación de la Administración General del Estado en materia patrimonial que corresponde al Ministro de Hacienda se ejercerá en el exterior por medio del representante diplomático, que podrá delegarla de manera expresa en funcionarios de la correspondiente embajada o representación.
2. La representación de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado en las actuaciones relativas a sus bienes y derechos patrimoniales corresponderá a los órganos que legal o estatutariamente la tengan atribuida y, en defecto de atribución expresa, a sus presidentes o directores.
3. La representación en juicio para cuantas cuestiones afecten al Patrimonio del Estado se regirá por lo dispuesto en la Ley 52/1997, de 27 de diciembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Datos clave
- Representación de la AGE en materia patrimonial: Ministerio de Hacienda, a través de la DGPE y las Delegaciones de Economía y Hacienda.
- En el exterior se ejerce por medio del representante diplomático, que podrá delegarla de manera expresa en funcionarios de la embajada o representación.
- Organismos públicos: los órganos que legal o estatutariamente la tengan atribuida y, en su defecto, sus presidentes o directores.
- Representación en juicio: Ley 52/1997, de 27 de diciembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién representa al Estado en sus bienes: Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio y las Delegaciones de Economía y Hacienda; en el exterior, el representante diplomático; en juicio, la Ley 52/1997.
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Artículo 13. Coordinación.
El artículo 13 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. En todos los departamentos ministeriales y organismos públicos existirán unidades encargadas de la administración, gestión y conservación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o adscritos o cuya administración y gestión les corresponda.
2. Estas unidades coordinarán sus actuaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado para la adecuada administración y optimización del uso de dichos bienes y derechos.
3. El Ministerio de Hacienda se hallará representado en todas las corporaciones, instituciones, empresas, consejos, organismos y otras entidades públicas que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la Administración General del Estado.
Datos clave
- En todos los departamentos ministeriales y organismos públicos existirán unidades de administración, gestión y conservación de los bienes del Patrimonio del Estado.
- Estas unidades coordinan sus actuaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado.
- El Ministerio de Hacienda estará representado en todas las corporaciones, instituciones, empresas, consejos, organismos y otras entidades públicas que utilicen bienes o derechos del patrimonio de la AGE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada departamento y organismo tiene unidades que administran sus bienes y se coordinan con la Dirección General del Patrimonio del Estado; Hacienda está representada en toda entidad pública que use bienes de la AGE.
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Artículo 14. Colaboración.
El artículo 14 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El Ministerio de Hacienda, los departamentos ministeriales y los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado colaborarán recíprocamente para la eficaz gestión y utilización de los bienes y derechos integrados en el Patrimonio del Estado.
2. A tales efectos, los departamentos ministeriales y los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado podrán solicitar del Ministerio de Hacienda cuantos datos estimen necesarios para la mejor utilización de los bienes que tuvieran afectados o adscritos.
3. Igualmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Comisión de Coordinación financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o de la Dirección General de Patrimonio del Estado, podrá solicitar de los departamentos ministeriales, organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado y entidades previstas en el artículo 166.2 cuantos datos considere necesarios sobre el uso y situación de los bienes y derechos que tuvieran afectados o adscritos, que utilicen en arrendamiento o, que fueran de su propiedad.
Datos clave
- Colaboración recíproca entre el Ministerio de Hacienda, los departamentos ministeriales y los organismos públicos dependientes de la AGE.
- Los departamentos y organismos pueden solicitar al Ministerio de Hacienda los datos necesarios para mejor utilizar los bienes afectados o adscritos.
- El Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión de Coordinación financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales o de la DGPE, puede solicitar datos sobre el uso y situación de los bienes afectados, adscritos, arrendados o de su propiedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Colaboración recíproca en la gestión del Patrimonio del Estado: departamentos y organismos piden datos a Hacienda, y Hacienda puede pedirles datos sobre el uso y la situación de sus bienes.
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Artículo 15. Modos de adquirir.
El artículo 15 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes:
a) Por atribución de la ley.
b) A título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación.
c) Por herencia, legado o donación.
d) Por prescripción.
e) Por ocupación.
Datos clave
- Las Administraciones públicas pueden adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico.
- Modos citados en particular: atribución de la ley; título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación; herencia, legado o donación; prescripción; ocupación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones públicas pueden adquirir bienes por cualquier modo del ordenamiento jurídico; la ley destaca cinco: atribución legal, título oneroso, herencia, legado o donación, prescripción y ocupación.
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Artículo 16. Carácter patrimonial de los bienes adquiridos.
El artículo 16 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Carácter patrimonial de los bienes adquiridos», establece lo siguiente.
Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público.
Datos clave
- Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales.
- La regla se entiende sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público.
- El carácter patrimonial es el de partida para los bienes adquiridos; la afectación posterior puede cambiarlo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Salvo disposición legal en contrario, lo que adquieren la AGE y sus organismos públicos nace como bien patrimonial, aunque después pueda afectarse al uso general o al servicio público.
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Artículo 17. Inmuebles vacantes.
El artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Inmuebles vacantes», establece lo siguiente.
1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.
2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta ley.
3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero.
4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Datos clave
- Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño.
- La adquisición se produce por ministerio de la ley, sin acto ni declaración de la Administración; no se derivan obligaciones tributarias ni responsabilidades hasta la efectiva incorporación al patrimonio por los trámites del párrafo d) del artículo 47.
- La Administración puede tomar posesión en vía administrativa si nadie los posee a título de dueño, sin perjuicio de los derechos de tercero.
- Si existe un poseedor en concepto de dueño, la Administración debe entablar la acción correspondiente ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los inmuebles sin dueño son de la AGE por ministerio de la ley, sin acto alguno, pero no le generan obligaciones tributarias ni responsabilidades hasta su efectiva incorporación al patrimonio.
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Artículo 18. Saldos y depósitos abandonados.
El artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Saldos y depósitos abandonados», establece lo siguiente.
1. Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.
2. El efectivo y los saldos de las cuentas y libretas a que se refiere el apartado anterior se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, así como a extender la accesibilidad universal de los entornos, bienes, servicios y procesos, en la forma prevista en la disposición adicional vigésima sexta.
3. La gestión, administración y explotación de los restantes bienes que se encuentren en la situación prevenida en el apartado 1 de este artículo corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado, la cual podrá enajenarlos por el procedimiento que, en función de la naturaleza del bien o derecho, estime más adecuado, previa justificación razonada en el respectivo expediente.
4. Las entidades depositarias estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depósitos y saldos en la forma que se determine por orden del Ministro titular de este Departamento.
5. En los informes de auditoría que se emitan en relación con las cuentas de estas entidades se hará constar, en su caso, la existencia de saldos y depósitos incursos en abandono conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Datos clave
- Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades financieras, y los saldos de cuentas y libretas, sobre los que no se haya practicado gestión alguna por los interesados en el plazo de veinte años.
- El efectivo y los saldos se destinan a financiar programas para mejorar las condiciones educativas de las personas con discapacidad y extender la accesibilidad universal, conforme a la disposición adicional vigésima sexta.
- La gestión, administración y explotación de los restantes bienes corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que puede enajenarlos por el procedimiento más adecuado previa justificación razonada.
- Las entidades depositarias deben comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depósitos y saldos, y los informes de auditoría deben hacer constar los incursos en abandono.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Depósitos y saldos sin gestión de sus titulares durante veinte años pasan a la AGE; el dinero financia programas para personas con discapacidad y accesibilidad, y el resto lo gestiona la Dirección General del Patrimonio del Estado.
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Artículo 19. Adquisiciones a título oneroso.
El artículo 19 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Adquisiciones a título oneroso», establece lo siguiente.
Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil.
Datos clave
- Las adquisiciones a título oneroso y de carácter voluntario se rigen por las disposiciones de esta ley.
- Supletoriamente se rigen por las normas del derecho privado, civil o mercantil.
- La regla se refiere a bienes y derechos adquiridos de forma onerosa y voluntaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las compras y demás adquisiciones onerosas y voluntarias se rigen primero por la Ley de Patrimonio y, solo en lo que no prevea, por el derecho privado, civil o mercantil.
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Artículo 20. Normas especiales para las adquisiciones hereditarias.
El artículo 20 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Normas especiales para las adquisiciones hereditarias», establece lo siguiente.
1. La aceptación de las herencias, ya hayan sido deferidas testamentariamente o en virtud de ley, se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.
2. Cuando una disposición gratuita se hubiese efectuado a favor de una Administración pública para el cumplimiento de fines o la realización de actividades que sean de la competencia exclusiva de otra, se notificará la existencia de tal disposición a la Administración competente a fin de que sea aceptada, en su caso, por ésta.
3. Si la disposición se hubiese efectuado para la realización de fines de competencia de las Administraciones públicas sin designación precisa del beneficiario, se entenderá efectuada a favor de la Administración competente y, de haber varias con competencias concurrentes, a favor de la de ámbito territorial superior de entre aquéllas a que pudiera corresponder por razón del domicilio del causante.
4. Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 4 del artículo siguiente.
5. Las disposiciones por causa de muerte a favor de organismos u órganos estatales que hubiesen desaparecido en la fecha en que se abra la sucesión se entenderán hechas a favor de los que, dentro del ámbito estatal, hubiesen asumido sus funciones, y, en su defecto, a favor de la Administración General del Estado.
6. La sucesión legítima de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas se regirá por la presente Ley, el Código Civil y sus normas complementarias o las normas de Derecho foral o especial que fueran aplicables.
Cuando a falta de otros herederos legítimos con arreglo al Derecho civil común o foral sea llamada la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, corresponderá a la Administración llamada a suceder en cada caso efectuar en vía administrativa la declaración de su condición de heredero abintestato, una vez justificado debidamente el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, la procedencia de la apertura de la sucesión intestada y constatada la ausencia de otros herederos legítimos.
Datos clave
- La aceptación de las herencias, deferidas testamentariamente o por ley, se entiende hecha siempre a beneficio de inventario.
- Si una disposición gratuita se hace a favor de una Administración para fines de competencia exclusiva de otra, se notifica a la Administración competente para que sea aceptada, en su caso, por ésta.
- Las disposiciones por causa de muerte a favor de organismos u órganos estatales desaparecidos al abrirse la sucesión se entienden hechas a favor de quienes hayan asumido sus funciones y, en su defecto, de la Administración General del Estado.
- La sucesión legítima de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas se rige por esta Ley, el Código Civil y sus normas complementarias o el Derecho foral o especial aplicable.
- A falta de otros herederos legítimos, la Administración llamada a suceder declara en vía administrativa su condición de heredero abintestato, tras justificar el fallecimiento, la procedencia de la sucesión intestada y la ausencia de otros herederos.
Artículo 20 bis. Procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato.
El artículo 20 bis de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato», establece lo siguiente.
1. El procedimiento para la declaración de la Administración como heredera abintestato se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, adoptado por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se refieren el artículo 791.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 56.4 de la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado.
En el caso de que el llamamiento corresponda a la Administración General del Estado, el órgano competente para acordar la incoación será el Director General del Patrimonio del Estado.
2. El expediente será instruido por la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente al lugar del último domicilio conocido del causante en territorio español. De no haber tenido nunca domicilio en España, será competente la correspondiente al lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes.
En caso de que se considere que la tramitación del expediente no corresponde a la Administración General del Estado, se dará traslado a la Administración autonómica competente para ello.
3. El acuerdo de incoación del procedimiento se publicará gratuitamente en el "Boletín Oficial del Estado" y, cuando la tramitación se efectúe por la Administración General del Estado, en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de difusión. Una copia del acuerdo será remitida para su publicación en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio del causante, al del lugar del fallecimiento y donde radiquen la mayor parte de sus bienes. Los edictos deberán estar expuestos durante el plazo de un mes.
Cualquier interesado podrá presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio con anterioridad a la resolución del procedimiento.
4. La Delegación de Economía y Hacienda realizará los actos y comprobaciones que resulten necesarios para determinar la procedencia de los derechos sucesorios de la Administración General del Estado, e incluirá en el expediente cuantos datos pueda obtener sobre el causante y sus bienes y derechos.
A estos efectos, si dicha documentación no hubiere sido remitida por el órgano judicial o el Notario, se solicitará de las autoridades y funcionarios públicos, registros y demás archivos públicos, la información sobre el causante y los bienes y derechos de su titularidad que se estime necesaria para la mejor instrucción del expediente. Dicha información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64, será facilitada de forma gratuita.
Asimismo se podrá recabar de los ciudadanos la colaboración a que se refiere el artículo 62.
5. La Abogacía del Estado de la provincia deberá emitir informe sobre la adecuación y suficiencia de las actuaciones practicadas para declarar a la Administración General del Estado como heredero abintestato.
6. La resolución del expediente y, en su caso, la declaración de heredero abintestato a favor del Estado en la que se contendrá la adjudicación administrativa de los de bienes y derechos de la herencia, corresponde al Director General del Patrimonio del Estado, previo informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de un año. No obstante, si el inventario judicial de bienes del causante no se hubiera comunicado a la administración antes de transcurridos diez meses desde el inicio del procedimiento, el plazo para resolver se entenderá ampliado hasta dos meses después de su recepción.
7. La resolución que se dicte deberá publicarse en los mismos sitios en los que se hubiera anunciado el acuerdo de incoación del expediente y comunicarse, en su caso, al órgano judicial que estuviese conociendo de la intervención del caudal hereditario. La resolución que declare la improcedencia de declarar heredera a la Administración deberá, además, notificarse a las personas con derecho a heredar.
8. Los actos administrativos dictados en el procedimiento previsto en esta sección sólo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa. Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su mejor derecho a la herencia u otros de carácter civil por la declaración de heredero abintestato o la adjudicación de bienes a favor de la Administración podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa conforme a las normas del Título VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Datos clave
- El procedimiento para declarar a la Administración heredera abintestato se inicia de oficio; si el llamamiento corresponde a la Administración General del Estado, acuerda la incoación el Director General del Patrimonio del Estado.
- Instruye el expediente la Delegación de Economía y Hacienda del último domicilio conocido del causante en España o, si nunca tuvo domicilio en España, la del lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes.
- El acuerdo de incoación se publica gratuitamente en el «Boletín Oficial del Estado»; los edictos en los ayuntamientos deben estar expuestos durante el plazo de un mes.
- La Abogacía del Estado de la provincia debe emitir informe sobre la adecuación y suficiencia de las actuaciones.
- Resuelve el Director General del Patrimonio del Estado, previo informe de la Abogacía General del Estado; el plazo máximo para resolver es de un año, ampliable hasta dos meses después de recibir el inventario judicial si no se comunicó antes de diez meses.
- Los actos solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de normas de competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se declara heredera abintestato a la Administración del Estado: se inicia de oficio, instruye la Delegación de Economía y Hacienda, informa la Abogacía y resuelve el Director General del Patrimonio en un año como máximo.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 20 quater. Liquidación del caudal hereditario.
El artículo 20 quater de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Liquidación del caudal hereditario», establece lo siguiente.
1. Una vez se encuentre en posesión de la herencia, la Administración General del Estado procederá a la liquidación de los bienes y derechos de la misma, distribuyéndose la cantidad obtenida en la forma prevista en el artículo 956 del Código Civil. 2. No obstante, el Consejo de Ministros, atendidas las características de los bienes y derechos incluidos en el caudal relicto, podrá excluir de la liquidación y reparto, todos o algunos de ellos. 3. Asimismo, el Director General del Patrimonio del Estado podrá excluir de la liquidación aquellos bienes que convenga conservar en el patrimonio de la Administración General del Estado para su afectación o adscripción a fines o servicios propios de sus órganos o de los Organismos públicos dependientes. En este caso, de ser el valor de esos bienes superior al del tercio que corresponda a la Administración General del Estado, se compensará el exceso al resto del caudal mediante la correspondiente modificación presupuestaria. 4. Una vez aprobada la cuenta de liquidación del abintestato y realizado el ingreso de las cantidades pertinentes en el Tesoro, se generará crédito por un importe equivalente a las dos terceras partes del valor del caudal relicto en la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para atender las transferencias para fines de interés social que se dota con la asignación tributaria para esta finalidad derivada de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 5. A los exclusivos efectos de la cuantificación del premio por denuncia, en los casos en que la Administración General del Estado haya sido declarada heredera abintestato y, por aplicación del artículo 1.006 del Código Civil, haya aceptado la herencia de quien por testamento instituyó heredero a la persona de la que la Administración General del Estado fue declarada heredera abintestato, se considerará que existe un único caudal hereditario resultante de la suma de los de ambas sucesiones. Esta misma regla se aplicará en los casos en que la Administración General del Estado haya sido declarada heredera abintestato y, por aplicación del artículo 1.006 del Código Civil, haya aceptado la herencia de la persona a quien debería haber sucedido por abintestato aquella de la que la Administración General del Estado fue declarada heredera por este título. Será de aplicación al devengo y pago de la parte del premio que corresponda a los bienes obtenidos en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 1006 del Código Civil lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 48 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- Una vez en posesión de la herencia, la Administración General del Estado liquida los bienes y derechos y distribuye lo obtenido según el artículo 956 del Código Civil.
- El Consejo de Ministros puede excluir de la liquidación y reparto todos o algunos bienes del caudal relicto, atendidas sus características.
- El Director General del Patrimonio del Estado puede excluir bienes que convenga conservar para su afectación o adscripción; si su valor supera el tercio de la Administración, el exceso se compensa al resto del caudal mediante modificación presupuestaria.
- Aprobada la cuenta de liquidación y realizado el ingreso en el Tesoro, se genera crédito por las dos terceras partes del valor del caudal relicto para transferencias de fines de interés social financiadas con la asignación tributaria del IRPF.
- Para cuantificar el premio por denuncia se considera un único caudal hereditario en los supuestos del artículo 1.006 del Código Civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hace el Estado con la herencia abintestato: la liquida y reparte según el art. 956 CC, salvo bienes que excluyan el Consejo de Ministros o el Director General del Patrimonio, y dos terceras partes van a fines de interés social.
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Artículo 20 ter. Efectos de la declaración de heredero abintestato.
El artículo 20 ter de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Efectos de la declaración de heredero abintestato», establece lo siguiente.
1. Realizada la declaración administrativa de heredero abintestato, que supondrá la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, se podrá proceder a tomar posesión de los bienes y derechos del causante y, en su caso, a recabar de la autoridad judicial la entrega de los que se encuentren bajo su custodia.
2. Los bienes y derechos del causante no incluidos en el inventario judicial y que se identifiquen con posterioridad a la declaración de la Administración General del Estado como heredera abintestato y a la adjudicación de los bienes y derechos hereditarios, se incorporaran al caudal hereditario y se adjudicarán por resolución del Director General del Patrimonio del Estado y mediante el procedimiento de investigación regulado en el artículo 47.
No obstante, en los casos en que el derecho de propiedad del causante constase en registros públicos o sistemas de anotaciones en cuenta, o derivase de la titularidad de cuentas bancarias, títulos valores, depósitos, y, en general, en cualesquiera supuestos en los que su derecho sea indubitado por estar asentado en una titularidad formal, la incorporación de los bienes se realizará por acuerdo del Delegado de Economía y Hacienda.
3. A efectos de estas actuaciones de investigación, las autoridades y funcionarios, registros y demás archivos públicos, deberán suministrar gratuitamente la información de que dispongan sobre los bienes y derechos de titularidad del causante. Igual obligación de colaborar y suministrar la información de que dispongan tendrán los órganos de la Administración tributaria.
4. A los efectos previstos en los artículos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria, la declaración administrativa de heredero abintestato en la que se contenga la adjudicación de los bienes hereditarios, o, en su caso, las resoluciones posteriores del Director General del Patrimonio del Estado o del Delegado de Economía y Hacienda acordando la incorporación de bienes y derechos al caudal relicto y su adjudicación, serán título suficiente para inscribir a favor de la Administración en el Registro de la Propiedad los inmuebles o derechos reales que figurasen en las mismas a nombre del causante. Si los inmuebles o derechos reales no estuviesen previamente inscritos, dicho título será bastante para proceder a su inmatriculación.
5. No se derivarán responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la titularidad de los bienes y derechos integrantes del caudal hereditario hasta el momento en que éstos le sean entregados por el órgano judicial, o se tome posesión efectiva de los mismos.
6. La herencia se considerará en administración hasta que se apruebe la cuenta de liquidación del abintestato por el Director General del Patrimonio del Estado y se acuerde la aplicación del caudal líquido obtenido. Hasta ese momento, los gastos ocasionados por la administración de los bienes o que se deriven de la titularidad o tenencia de los mismos como impuestos, tasas, cuotas de comunidad de propietarios y cualesquiera otros semejantes, se considerarán deudas y cargas de la herencia a los efectos previstos en el apartado 1.º del artículo 1023 del Código Civil.
Datos clave
- La declaración administrativa de heredero abintestato supone la aceptación de la herencia a beneficio de inventario y permite tomar posesión de los bienes y derechos del causante.
- Los bienes no incluidos en el inventario judicial identificados después se incorporan al caudal y se adjudican por resolución del Director General del Patrimonio del Estado mediante el procedimiento del artículo 47; si el derecho es indubitado por titularidad formal, la incorporación se hace por acuerdo del Delegado de Economía y Hacienda.
- La declaración con adjudicación de bienes, o las resoluciones posteriores, son título suficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad a favor de la Administración los inmuebles o derechos reales del causante, o para su inmatriculación.
- No se derivan responsabilidades para la Administración por la titularidad de los bienes hasta que se los entregue el órgano judicial o se tome posesión efectiva.
- La herencia se considera en administración hasta que el Director General del Patrimonio del Estado apruebe la cuenta de liquidación; los gastos hasta entonces son deudas y cargas de la herencia (artículo 1023.1.º del Código Civil).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Efectos de declarar heredero abintestato al Estado: aceptación a beneficio de inventario, toma de posesión, título para inscribir en el Registro y herencia en administración hasta aprobar la cuenta de liquidación.
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Artículo 21. Adquisiciones a título gratuito.
El artículo 21 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Adquisiciones a título gratuito», establece lo siguiente.
1. Corresponde al Ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado, salvo los casos en que, con arreglo a la Ley del Patrimonio Histórico Español, la competencia esté atribuida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, las donaciones de bienes muebles serán aceptadas por el Ministro titular del departamento competente cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse.
2. Serán competentes para aceptar las disposiciones a título gratuito a favor de los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado sus presidentes o directores.
3. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella sólo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público debidamente justificadas.
4. Si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante 30 años hubieren servido a tales destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
5. Los que, por razón de su cargo o empleo público, tuvieren noticia de la existencia de algún testamento u oferta de donación a favor de la Administración General del Estado estarán obligados a ponerlo en conocimiento de los servicios patrimoniales del Ministerio de Hacienda. Si la disposición fuese a favor de un organismo público, deberán comunicarlo a éste.
Datos clave
- Corresponde al Ministro de Hacienda aceptar las herencias, legados y donaciones a favor de la Administración General del Estado, salvo los casos que la Ley del Patrimonio Histórico Español atribuye al Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
- Las donaciones de bienes muebles son aceptadas por el Ministro del departamento competente cuando el donante señale el fin al que se destinan; en los organismos públicos aceptan sus presidentes o directores.
- Con gastos o condición o modo onerosos solo se aceptan si el valor del gravamen no excede del valor de lo adquirido, según tasación pericial; si excede, solo si concurren razones de interés público debidamente justificadas.
- La condición o modo de afectación permanente a determinados destinos se entiende cumplida y consumada cuando durante 30 años los bienes hubieren servido a tales destinos.
- Quien por su cargo o empleo público conozca un testamento u oferta de donación a favor de la Administración General del Estado está obligado a comunicarlo a los servicios patrimoniales del Ministerio de Hacienda (o al organismo público beneficiario).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién acepta herencias, legados y donaciones para el Estado y sus organismos, cuándo se admiten con cargas y cuándo se da por cumplida la afectación permanente: a los 30 años.
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Artículo 22. Prescripción adquisitiva.
El artículo 22 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Prescripción adquisitiva», establece lo siguiente.
Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes por prescripción con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.
Datos clave
- Las Administraciones públicas pueden adquirir bienes por prescripción.
- La prescripción adquisitiva se rige por lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.
- La adquisición por prescripción es una de las vías de adquisición de bienes por las Administraciones públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones también pueden ganar bienes por prescripción (usucapión), pero la ley patrimonial no la regula: se remite al Código Civil y a las leyes especiales.
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Artículo 23. Ocupación.
El artículo 23 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Ocupación», establece lo siguiente.
La ocupación de bienes muebles por las Administraciones públicas se regulará por lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.
Datos clave
- La ocupación de bienes muebles por las Administraciones públicas se regula por lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.
- El precepto se refiere solo a la ocupación de bienes muebles.
- La ocupación se rige por el Código Civil y las leyes especiales, no por un procedimiento propio de esta ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ocupación por las Administraciones se limita a los bienes muebles y se regula por el Código Civil y las leyes especiales.
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Artículo 24. Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria.
El artículo 24 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria», establece lo siguiente.
1. Las adquisiciones que se produzcan en ejercicio de la potestad de expropiación se regirán por la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones u otras normas especiales.
2. En estos casos, la afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público, o a fines y funciones de carácter público se entenderá implícita en la expropiación.
3. La posterior desafectación del bien o derecho o la mutación de su destino no darán derecho a instar su reversión cuando se produzcan en la forma y con los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y en el apartado 2 del artículo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
4. El ofrecimiento y tramitación de los derechos de reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa depuración de la situación física y jurídica de los bienes, por el ministerio u organismo que hubiera instado la expropiación, aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado o adscrito a otro distinto. A estos efectos, el ministerio u organismo a que posteriormente se hubiesen afectado o adscrito los bienes comunicará al que hubiese instado la expropiación el acaecimiento del supuesto que dé origen al derecho de reversión.
El reconocimiento del derecho de reversión llevará implícita la desafectación del bien o derecho a que se refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a la ejecución del acuerdo, corresponderá al departamento ministerial u organismo a que estuviese afectado o adscrito el bien o derecho objeto de la reversión proveer lo necesario para su defensa y conservación.
De no consumarse la reversión, la desafectación del bien o derecho se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.
Datos clave
- Las adquisiciones por expropiación se rigen por la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones u otras normas especiales.
- La afectación del bien o derecho al uso general, al servicio público o a fines y funciones públicas se entiende implícita en la expropiación.
- La posterior desafectación o mutación de destino no da derecho a instar la reversión cuando se produce en la forma y con los requisitos del artículo 54.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y del artículo 40.2 de la Ley 6/1998.
- El ofrecimiento y tramitación de la reversión corresponde al ministerio u organismo que instó la expropiación, aunque el bien se haya afectado o adscrito a otro.
- El reconocimiento de la reversión lleva implícita la desafectación; si no se consuma, la desafectación se efectúa conforme al artículo 69.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo expropiado queda afectado de forma implícita al fin público; la reversión, cuando procede, la tramita el ministerio u organismo que instó la expropiación, y reconocerla implica desafectar el bien.
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Artículo 25. Adjudicación de bienes y derechos en procedimientos de ejecución.
El artículo 25 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Adjudicación de bienes y derechos en procedimientos de ejecución», establece lo siguiente.
1. Las adquisiciones de bienes y derechos en virtud de adjudicaciones acordadas en procedimientos de apremio administrativo se regirán por lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
2. En los procedimientos judiciales de ejecución de los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes y derechos a favor de la Administración General del Estado, el Abogado del Estado pondrá inmediatamente en conocimiento del Delegado de Economía y Hacienda la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados, a fin de que por el referido órgano se acuerde lo que proceda sobre la oportunidad de solicitar dicha adjudicación.
Datos clave
- Las adjudicaciones en procedimientos de apremio administrativo se rigen por la Ley 230/1963, General Tributaria, y por el Real Decreto 1684/1990, Reglamento General de Recaudación.
- En procedimientos judiciales de ejecución, el Abogado del Estado pone inmediatamente en conocimiento del Delegado de Economía y Hacienda la apertura de los plazos para pedir la adjudicación de los bienes embargados.
- El Delegado de Economía y Hacienda acuerda lo que proceda sobre la oportunidad de solicitar la adjudicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las adjudicaciones en apremio administrativo siguen la normativa tributaria y de recaudación; en las ejecuciones judiciales, el Abogado del Estado avisa al Delegado de Economía y Hacienda para que decida si pide la adjudicación.
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Artículo 26. Adjudicaciones de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o administrativos.
El artículo 26 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Adjudicaciones de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o administrativos», establece lo siguiente.
1. Las adjudicaciones judiciales o administrativas de bienes o derechos en supuestos distintos de los previstos en el artículo anterior se regirán por lo establecido en las disposiciones que las prevean y por esta ley.
2. En defecto de previsiones especiales, en las adjudicaciones de bienes a favor de la Administración General del Estado se observarán las siguientes reglas:
a) No podrán acordarse adjudicaciones a favor de la Administración General del Estado sin previo informe del Delegado de Economía y Hacienda. A estos efectos, deberá cursarse la correspondiente comunicación a este órgano en la que se hará constar una descripción suficientemente precisa del bien o derecho objeto de adjudicación, con indicación de las cargas que recaigan sobre él y su situación posesoria.
b) La adjudicación deberá notificarse a la Delegación de Economía y Hacienda, con traslado del auto, providencia o acuerdo respectivo.
c) La Delegación de Economía y Hacienda dispondrá lo necesario para que se proceda a la identificación de los bienes adjudicados y a su tasación pericial.
d) Practicadas estas diligencias se formalizará, en su caso, la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de los bienes y derechos adjudicados.
3. A falta de previsiones específicas, en las adjudicaciones a favor de los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado o vinculados a ella se observarán las reglas establecidas en el apartado anterior, en cuanto fueren de aplicación, si bien la adjudicación deberá autorizarse por el presidente o director del organismo.
Datos clave
- Las adjudicaciones judiciales o administrativas distintas de las del artículo anterior se rigen por las disposiciones que las prevean y por esta ley.
- A falta de previsiones especiales, no pueden acordarse adjudicaciones a favor de la Administración General del Estado sin previo informe del Delegado de Economía y Hacienda.
- La adjudicación se notifica a la Delegación de Economía y Hacienda con traslado del auto, providencia o acuerdo; esta dispone la identificación y tasación pericial de los bienes.
- Practicadas esas diligencias se formaliza la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado.
- En adjudicaciones a organismos públicos se observan las mismas reglas, pero la adjudicación debe autorizarla el presidente o director del organismo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para las demás adjudicaciones judiciales o administrativas, si no hay reglas especiales: informe previo del Delegado de Economía y Hacienda, notificación, identificación y tasación, e incorporación al patrimonio.
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Artículo 27. Toma de posesión de los bienes adjudicados.
El artículo 27 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Toma de posesión de los bienes adjudicados», establece lo siguiente.
La Administración podrá tomar posesión de los bienes adjudicados en vía administrativa, ejercitando, en su caso, la potestad de desahucio regulada en la sección 5.ª del capítulo V del título II de esta ley.
Datos clave
- La Administración puede tomar posesión de los bienes adjudicados en vía administrativa.
- En su caso, ejercita la potestad de desahucio regulada en la sección 5.ª del capítulo V del título II de esta ley.
- La toma de posesión en vía administrativa se refiere a los bienes adjudicados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una vez adjudicados, la Administración puede tomar posesión de los bienes por sí misma, en vía administrativa, y si hace falta usar la potestad de desahucio de la propia ley.
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Artículo 28. Extensión.
El artículo 28 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Extensión», establece lo siguiente.
Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello.
Datos clave
- Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio.
- Deben proteger adecuadamente los bienes y derechos que lo integran y procurar su inscripción registral.
- Deben ejercer las potestades administrativas y acciones judiciales procedentes para ello.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Proteger y defender el patrimonio es una obligación de las Administraciones, que se concreta en tres conductas: protegerlo, procurar su inscripción registral y ejercer potestades y acciones judiciales.
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Artículo 29. Deber de custodia.
El artículo 29 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Deber de custodia», establece lo siguiente.
1. Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y defensa, en los términos establecidos en este título.
2. Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio público.
Datos clave
- Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y defensa.
- Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio público.
- El deber de custodia se establece en los términos de este título.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deben velar por la custodia y defensa de los bienes del Patrimonio del Estado los titulares de los órganos que los tienen a su cargo y también los concesionarios y titulares de derechos sobre el dominio público.
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Artículo 30. Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos.
El artículo 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos», establece lo siguiente.
1. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.
3. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración General del Estado o sus organismos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4. Cuando para hacer efectivas obligaciones económicas de la Administración General del Estado se haya procedido al embargo y realización forzosa de un bien o derecho patrimonial deberá compensarse la pérdida del elemento o valor patrimonial con cargo a los créditos del Departamento responsable, mediante reasignación presupuestaria. A estos efectos, se procederá a tramitar una transferencia de crédito, aprobada por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a iniciativa de la Dirección General del Patrimonio del Estado y a propuesta de la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, por un importe equivalente al valor de tasación del bien o derecho adjudicado, desde los créditos presupuestarios del Departamento responsable y a los créditos del programa presupuestario 923A “Gestión del Patrimonio del Estado”, que se hará efectiva dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente a aquél en que se haya producido la pérdida del bien o derecho. Estas transferencias no estarán sujetas a las restricciones previstas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
5. En las diligencias de embargo contra bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado por deudas tributarias sólo podrán acumularse deudas correspondientes a un único obligado tributario.
Datos clave
- Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
- Los bienes patrimoniales pueden enajenarse siguiendo el procedimiento y requisitos legales, y ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros según el Código Civil y leyes especiales.
- Ningún tribunal ni autoridad administrativa puede dictar providencia de embargo ni mandamiento de ejecución contra bienes patrimoniales materialmente afectados a un servicio o función pública, con rendimientos o producto de enajenación afectados legalmente a fines determinados, o valores representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
- Si se embarga y realiza un bien patrimonial para pagar obligaciones de la Administración General del Estado, la pérdida se compensa con cargo a los créditos del Departamento responsable mediante transferencia de crédito, que se hace efectiva dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente.
- En las diligencias de embargo por deudas tributarias solo pueden acumularse deudas de un único obligado tributario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El demanio es inalienable, imprescriptible e inembargable; los bienes patrimoniales pueden venderse y prescribir, pero hay casos en que tampoco pueden embargarse. Y si se embargan, se compensa la pérdida.
Esquema
| Demaniales | Patrimoniales | |
|---|---|---|
| Enajenación | Inalienables | Pueden enajenarse con el procedimiento y requisitos legales |
| Prescripción | Imprescriptibles | Prescripción adquisitiva por terceros según Código Civil y leyes especiales |
| Embargo | Inembargables | Embargables salvo los tres supuestos del apartado 3 |
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Artículo 31. Transacción y sometimiento a arbitraje.
El artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Transacción y sometimiento a arbitraje», establece lo siguiente.
No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.
Datos clave
- No se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas sobre ellos, salvo mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
- El real decreto se adopta a propuesta del Ministro de Hacienda.
- Se exige previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Transigir o ir a arbitraje sobre bienes del Patrimonio del Estado exige real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y con dictamen previo del Consejo de Estado en pleno.
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Artículo 32. Obligación de formar inventario.
El artículo 32 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Obligación de formar inventario», establece lo siguiente.
1. Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.
2. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado incluirá la totalidad de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Estado, con excepción de aquellos que hayan sido adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares o para cumplir con los requisitos sobre provisiones técnicas obligatorias, y de aquellos otros bienes y derechos cuyo inventario e identificación corresponda a los departamentos ministeriales u organismos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.3 de esta ley.
Respecto de cada bien o derecho se harán constar en el Inventario General aquellos datos que se consideren necesarios para su gestión y, en todo caso, los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública, den lugar a anotaciones en las rúbricas correspondientes del mismo.
3. Las acciones y títulos representativos del capital de sociedades mercantiles propiedad de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes quedarán reflejados en la correspondiente contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios y normas que les sean de aplicación, y se incluirán en un inventario de carácter auxiliar que deberá estar coordinado con el sistema de contabilidad patrimonial.
4. El inventario patrimonial de las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.
Datos clave
- Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos de su patrimonio, haciendo constar las menciones de identificación, su situación jurídica y el destino o uso.
- El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado incluye la totalidad de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, con las excepciones del apartado 2.
- Las acciones y títulos de sociedades mercantiles propiedad de la Administración General del Estado y sus organismos se reflejan en la contabilidad patrimonial y en un inventario auxiliar coordinado con ella.
- El inventario patrimonial de las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes incluye, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todas las Administraciones deben inventariar su patrimonio. El Inventario General del Estado lo abarca todo salvo excepciones; las acciones van a un inventario auxiliar; CCAA y entes locales, como mínimo, inmuebles y derechos reales.
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Artículo 33. Estructura y organización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
El artículo 33 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Estructura y organización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado», establece lo siguiente.
1. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado está a cargo del Ministerio de Hacienda, su llevanza corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado y a las unidades con competencia en materia de gestión patrimonial de los departamentos ministeriales y organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado o dependientes de ella, que actuarán como órganos auxiliares.
2. La Dirección General del Patrimonio del Estado llevará directamente el inventario correspondiente a los siguientes bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ya sean demaniales o patrimoniales:
a) Los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos.
b) Los derechos de arrendamiento y cualesquiera otros de carácter personal en virtud de los cuales se atribuya a la Administración General del Estado el uso o disfrute de inmuebles ajenos.
c) Los bienes muebles y las propiedades incorporales cuyo inventario no corresponda llevar a los departamentos ministeriales o a los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado o vinculados a ella.
d) Los valores mobiliarios y los títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, o de obligaciones emitidas por éstas.
3. Por las unidades competentes en materia patrimonial de los departamentos ministeriales y organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado o dependientes de ella, y sin perjuicio de los registros, catálogos o inventarios de bienes y derechos que estén obligados a llevar en virtud de normas especiales, se llevará el inventario de los siguientes bienes y derechos del Patrimonio del Estado:
a) Los bienes de dominio público sometidos a una legislación especial cuya administración y gestión tengan encomendadas.
b) Las infraestructuras de titularidad estatal sobre las que ostenten competencias de administración y gestión.
c) Los bienes muebles adquiridos o utilizados por ellos.
d) Los derechos de propiedad incorporal adquiridos o generados por la actividad del departamento u organismo o cuya gestión tenga encomendada.
Igualmente, los departamentos ministeriales y organismos públicos mantendrán un catálogo permanentemente actualizado de los bienes inmuebles y derechos reales que tengan afectados o adscritos, y de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos.
4. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no tiene la consideración de registro público y los datos reflejados en el mismo, así como los resultados de su agregación o explotación estadística, constituyen información de apoyo para la gestión interna y la definición de políticas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Estos datos no surtirán efectos frente a terceros ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
La consulta por terceros de los datos del Inventario General sólo será procedente cuando formen parte de un expediente y de conformidad con las reglas generales de acceso a éstos.
5. Reglamentariamente se regularán las condiciones en que las Administraciones públicas podrán tener acceso al Inventario General de Bienes y Derechos del Estado respecto de los datos correspondientes a los bienes sitos en el territorio a que se extiendan sus competencias.
6. De igual forma, se regularán reglamentariamente los términos en que el Ministerio de Hacienda facilitará, a efectos informativos, el acceso de los ciudadanos a los datos más relevantes del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
Datos clave
- El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado está a cargo del Ministerio de Hacienda; su llevanza corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado y a las unidades de gestión patrimonial de departamentos y organismos, que actúan como órganos auxiliares.
- La Dirección General del Patrimonio del Estado lleva directamente el inventario de inmuebles y derechos reales, derechos de arrendamiento y personales de uso de inmuebles ajenos, bienes muebles y propiedades incorporales cuyo inventario no corresponda a otros, y valores mobiliarios y títulos representativos de acciones, participaciones y obligaciones.
- Las unidades de departamentos y organismos llevan el inventario de bienes demaniales de legislación especial, infraestructuras estatales, bienes muebles adquiridos o utilizados por ellos y derechos de propiedad incorporal; mantienen además un catálogo actualizado de inmuebles y derechos reales afectados o adscritos y de arrendamientos.
- El Inventario General no tiene la consideración de registro público: sus datos son información de apoyo para la gestión interna y no surten efectos frente a terceros ni pueden usarse para hacer valer derechos frente a la Administración.
- La consulta por terceros solo procede cuando los datos formen parte de un expediente y conforme a las reglas generales de acceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Inventario General está a cargo de Hacienda y lo llevan la Dirección General del Patrimonio y las unidades de ministerios y organismos; no es un registro público ni surte efectos frente a terceros.
Esquema
| Dirección General del Patrimonio | Departamentos y organismos | |
|---|---|---|
| Inmuebles | Inmuebles y derechos reales; arrendamientos de inmuebles ajenos | Catálogo actualizado de los afectados o adscritos y de sus arrendamientos |
| Muebles | Los que no corresponda llevar a otros | Los adquiridos o utilizados por ellos |
| Otros | Valores mobiliarios y títulos de sociedades mercantiles | Demanio de legislación especial, infraestructuras y propiedad incorporal |
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Artículo 34. Formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
El artículo 34 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado», establece lo siguiente.
1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de esta ley, las unidades competentes en materia de gestión patrimonial adoptarán las medidas oportunas para la inmediata constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado de los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos, y notificarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado los hechos, actos y negocios que puedan afectar a la situación jurídica y física de los bienes y derechos cuyo inventario corresponda al referido centro directivo, o al destino o uso de los mismos.
2. El Ministerio de Hacienda podrá dirigir instrucciones sobre cualquier cuestión relacionada con la formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, y recabar igualmente cuantos datos o documentos considere necesarios.
Datos clave
- Las unidades de gestión patrimonial adoptan las medidas para la inmediata constancia en el Inventario General de los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos.
- Notifican a la Dirección General del Patrimonio del Estado los hechos, actos y negocios que puedan afectar a la situación jurídica y física de los bienes cuyo inventario le corresponde, o a su destino o uso.
- El Ministerio de Hacienda puede dirigir instrucciones sobre cualquier cuestión de formación y actualización del Inventario General y recabar cuantos datos o documentos considere necesarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las unidades patrimoniales deben reflejar de inmediato en el Inventario General lo que afecte a sus bienes y avisar a la Dirección General del Patrimonio; Hacienda puede dar instrucciones y pedir datos.
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Artículo 35. Control de la inscripción en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
El artículo 35 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Control de la inscripción en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado», establece lo siguiente.
1. No se podrán realizar actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado si éstos no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
2. La verificación de los datos relativos a la inclusión, baja o cualquier otra modificación que afecte a bienes o derechos que deban ser inventariados se incluirá dentro del alcance del control financiero ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y su normativa de desarrollo.
3. Las Abogacías del Estado advertirán específicamente en cuantos informes emitan en relación con los bienes y derechos del Patrimonio del Estado acerca de la obligatoriedad de inclusión en los citados inventarios, si ésta no les constase.
Datos clave
- No se pueden realizar actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado si no están debidamente inscritos en el Inventario General.
- La verificación de los datos de inclusión, baja o modificación se incluye en el alcance del control financiero ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
- Las Abogacías del Estado advierten en sus informes sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado de la obligatoriedad de su inclusión en los inventarios, si no les constase.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sin inscripción en el Inventario General no hay actos de gestión ni de disposición sobre bienes del Estado; la Intervención General lo verifica y las Abogacías del Estado lo advierten en sus informes.
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Artículo 36. Obligatoriedad de la inscripción.
El artículo 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Obligatoriedad de la inscripción», establece lo siguiente.
1. Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa para las Administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria.
2. La inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro o, en su caso, por aquel al que corresponda su administración y gestión.
3. En los expedientes que se instruyan para la inscripción de bienes o derechos de titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos deberá emitir informe la Abogacía del Estado. Si los bienes o derechos corresponden a otras entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado, deberá emitir informe el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico.
Datos clave
- Las Administraciones públicas deben inscribir en los registros los bienes y derechos de su patrimonio, demaniales o patrimoniales, susceptibles de inscripción, y los actos y contratos referidos a ellos que puedan acceder a esos registros.
- La inscripción es potestativa para las Administraciones en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria.
- La inscripción se solicita por el órgano que adquirió el bien o dictó el acto, o por el que corresponda su administración y gestión.
- En los expedientes de inscripción de bienes de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos debe emitir informe la Abogacía del Estado; si son de otras entidades públicas dependientes, el órgano que las asesora jurídicamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones deben inscribir en los registros sus bienes, demaniales o patrimoniales, y los actos y contratos sobre ellos; los arrendamientos son la excepción potestativa.
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Artículo 37. Título inscribible.
El artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Título inscribible», establece lo siguiente.
1. La inscripción en el Registro de la Propiedad se practicará de conformidad con lo prevenido en la legislación hipotecaria y en esta ley.
2. Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas y demás previstas en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 se practicarán mediante traslado de la disposición administrativa en cuya virtud se verifiquen, o mediante la certificación prevista en dicho artículo, siempre que no afecten a terceros.
3. Además del medio previsto en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria, la certificación a que se refiere el artículo 206 de esta Ley será título válido para reanudar el tracto sucesivo interrumpido, siempre que los titulares de las inscripciones contradictorias o sus causahabientes no hayan formulado oposición dentro de los treinta días siguientes a aquel en que la Administración les hubiese dado traslado de la certificación que se propone inscribir, mediante notificación personal o, de no ser ésta posible, mediante publicación de edictos en los términos que se expresan a continuación. Si los interesados no son conocidos, podrá inscribirse la certificación cuando las inscripciones contradictorias tengan más de treinta años de antigüedad, no hayan sufrido alteración durante ese plazo y se hayan publicado edictos por plazo de treinta días comunicando la intención de inscribir la certificación en el tablón del Ayuntamiento, y en el “Boletín Oficial del Estado”, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia, según cuál sea la Administración que la haya expedido, sin que se haya formulado oposición por quien acredite tener derecho sobre los bienes. En la certificación se hará constar el título de adquisición del bien o derecho y el tiempo que lleva la Administración titular en la posesión pacífica del mismo.
Las inscripciones practicadas en esta forma estarán afectadas por la limitación de efectos establecida en el artículo 207 de la Ley Hipotecaria.
4. La certificación administrativa expedida por órgano competente de las Administraciones públicas será título suficiente para proceder a la cancelación o rectificación de las inscripciones a favor de la Administración pública en los siguientes supuestos:
a) Cuando, previa la instrucción del correspondiente procedimiento en cuya tramitación será preceptivo un informe técnico, se acredite la inexistencia actual o la imposibilidad de localización física de la finca.
b) Cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del título de un tercero sobre el de la Administración pública en caso de doble inmatriculación, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor correspondiente de la Administración actuante.
c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del título de un tercero sobre una finca que aparezca inscrita a favor de las Administraciones públicas, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor correspondiente de la Administración actuante.
5. La orden estimatoria de una reclamación previa a la vía judicial civil interpuesta por el interesado para que se reconozca su titularidad sobre una o varias fincas será título bastante, una vez haya sido notificada a aquél, para que se proceda a la rectificación de la inscripción registral contradictoria existente a favor de la Administración pública.
Datos clave
- La inscripción en el Registro de la Propiedad se practica conforme a la legislación hipotecaria y a esta ley.
- Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas se practican mediante traslado de la disposición administrativa o la certificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, siempre que no afecten a terceros.
- La certificación es título válido para reanudar el tracto sucesivo interrumpido si los titulares contradictorios no formulan oposición en los treinta días siguientes al traslado; si no son conocidos, procede cuando las inscripciones contradictorias tengan más de treinta años y se publiquen edictos por treinta días.
- La certificación administrativa es título suficiente para cancelar o rectificar inscripciones a favor de la Administración cuando se acredite la inexistencia o imposibilidad de localización de la finca, o se reconozca el mejor derecho de un tercero en caso de doble inmatriculación o sobre una finca inscrita a favor de la Administración.
- La orden estimatoria de una reclamación previa a la vía judicial civil es título bastante, una vez notificada, para rectificar la inscripción contradictoria a favor de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La certificación administrativa sirve como título registral para operaciones sobre fincas, para reanudar el tracto interrumpido si nadie se opone en treinta días y para cancelar o rectificar inscripciones a favor de la Administración.
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Artículo 38. Comunicación de ciertas inscripciones.
El artículo 38 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Comunicación de ciertas inscripciones», establece lo siguiente.
1. Cuando se inscriban en el Registro de la Propiedad excesos de cabida de fincas colindantes con otras pertenecientes a una Administración pública, el Registrador, sin perjuicio de hacer constar en la inscripción la limitación de efectos a que se refiere el artículo 207 de la Ley Hipotecaria, deberá ponerlo en conocimiento de los órganos a los que corresponda la administración de éstas, con expresión del nombre, apellidos y domicilio, si constare, de la persona o personas a cuyo favor se practicó la inscripción, la descripción de la finca y la mayor cabida inscrita.
2. Igual comunicación deberá cursarse en los supuestos de inmatriculación de fincas que sean colindantes con otras pertenecientes a una Administración pública.
3. En el caso de que estos asientos se refieran a inmuebles colindantes con otros pertenecientes a la Administración General del Estado, la comunicación se hará al Delegado de Economía y Hacienda.
Datos clave
- Cuando se inscriban en el Registro de la Propiedad excesos de cabida de fincas colindantes con otras de una Administración pública, el Registrador lo comunica a los órganos que las administran, haciendo constar la limitación de efectos del artículo 207 de la Ley Hipotecaria.
- La misma comunicación se cursa en los supuestos de inmatriculación de fincas colindantes con otras pertenecientes a una Administración pública.
- Si los inmuebles colindantes pertenecen a la Administración General del Estado, la comunicación se hace al Delegado de Economía y Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Registrador debe avisar a la Administración cuando inscriba excesos de cabida o inmatricule fincas colindantes con las suyas; si la colindante es del Estado, avisa al Delegado de Economía y Hacienda.
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Artículo 39. Promoción de la inscripción.
El artículo 39 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Promoción de la inscripción», establece lo siguiente.
Los registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimiento de la existencia de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda su administración, para que por éstos se inste lo que proceda.
Datos clave
- Los registradores de la propiedad que conozcan la existencia de bienes o derechos de las Administraciones públicas no inscritos debidamente lo comunican a los órganos que los administran.
- La comunicación sirve para que dichos órganos insten lo que proceda.
- El deber de comunicar recae sobre los registradores de la propiedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si un registrador de la propiedad sabe de bienes públicos no inscritos debidamente, debe comunicarlo al órgano que los administra para que inste lo que proceda.
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Artículo 40. Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad.
El artículo 40 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad», establece lo siguiente.
El arancel a que esté sujeta la práctica de los asientos se reducirá en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria registral cuando los obligados al pago sean Administraciones públicas.
Datos clave
- El arancel de los asientos se reduce en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria registral cuando los obligados al pago sean Administraciones públicas.
- La reducción depende de quién sea el obligado al pago: Administraciones públicas.
- El precepto se refiere a los aranceles aplicables por los registradores de la propiedad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando quien paga los asientos registrales es una Administración pública, el arancel se reduce en el porcentaje que fije la normativa arancelaria registral.
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Artículo 41. Facultades y prerrogativas.
El artículo 41 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Facultades y prerrogativas», establece lo siguiente.
1. Para la defensa de su patrimonio, las Administraciones públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas:
a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio.
b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos.
d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.
2. El conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión del ejercicio por la Administración de estas potestades corresponderá a los órganos de este orden jurisdiccional.
3. Las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración General del Estado o vinculadas a ella y las entidades asimilables a las anteriores vinculadas a las administraciones de las comunidades autónomas y corporaciones locales sólo podrán ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1 de este artículo para la defensa de bienes que tengan el carácter de demaniales.
Datos clave
- Facultades y prerrogativas de las Administraciones públicas para defender su patrimonio: investigar, deslindar en vía administrativa, recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida y desahuciar en vía administrativa.
- El desahucio en vía administrativa se refiere a poseedores de inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia.
- El conocimiento de las cuestiones civiles que se susciten con ocasión del ejercicio de estas potestades corresponde a los órganos del orden jurisdiccional civil.
- Las entidades públicas empresariales y asimilables solo pueden ejercer estas potestades para la defensa de bienes demaniales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro prerrogativas para defender el patrimonio: investigar, deslindar, recuperar de oficio y desahuciar en vía administrativa. Las cuestiones civiles van al juez civil.
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Artículo 42. Adopción de medidas cautelares.
El artículo 42 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Adopción de medidas cautelares», establece lo siguiente.
1. Iniciado el procedimiento para el ejercicio de las facultades y potestades expresadas en el artículo anterior, el órgano competente para resolverlo podrá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pueda dictarse.
2. En los casos en que exista un peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, estas medidas provisionales podrán ser adoptadas, con los requisitos señalados en el artículo 72.2 de la citada ley, antes de la iniciación del procedimiento.
Datos clave
- Iniciado el procedimiento, el órgano competente puede adoptar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia del acto que pueda dictarse, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 30/1992.
- Con peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, las medidas pueden adoptarse con los requisitos del artículo 72.2 antes de iniciarse el procedimiento.
- Las medidas provisionales se vinculan a las facultades y potestades del artículo anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al ejercer las potestades de defensa del patrimonio pueden adoptarse medidas provisionales; si hay peligro inminente de pérdida o deterioro del bien, incluso antes de iniciar el procedimiento.
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Artículo 43. Régimen de control judicial.
El artículo 43 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Régimen de control judicial», establece lo siguiente.
1. Frente a las actuaciones que, en ejercicio de las facultades y potestades enumeradas en el artículo 41 de esta ley y de acuerdo con el procedimiento establecido, realicen las Administraciones públicas no cabrá la acción para la tutela sumaria de la posesión prevista en el artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Las demandas en las que se ejercite esta pretensión no serán admitidas a trámite.
2. Los actos administrativos dictados en los procedimientos que se sigan para el ejercicio de estas facultades y potestades que afecten a titularidades y derechos de carácter civil sólo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa.
Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su derecho de propiedad u otros de naturaleza civil por dichos actos podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa conforme a las normas del título VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Datos clave
- Frente a las actuaciones de las Administraciones en ejercicio de las facultades del artículo 41 no cabe la acción de tutela sumaria de la posesión del artículo 250.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las demandas no se admiten a trámite.
- Los actos que afecten a titularidades y derechos civiles solo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa.
- Quienes se consideren perjudicados en su propiedad u otros derechos civiles pueden acudir a la jurisdicción civil, previa reclamación en vía administrativa conforme al título VIII de la Ley 30/1992.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra el ejercicio de las prerrogativas del art. 41 no cabe el interdicto de tutela sumaria de la posesión; la vía contenciosa se limita a competencia y procedimiento y los derechos civiles se discuten ante el juez civil.
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Artículo 44. Comunicación de hechos punibles.
El artículo 44 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Comunicación de hechos punibles», establece lo siguiente.
Si con ocasión de la instrucción de estos procedimientos se descubren indicios de delito o falta penal, y previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico en las entidades públicas, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de continuar con la tramitación de aquéllos.
Datos clave
- Si en la instrucción de estos procedimientos se descubren indicios de delito o falta penal, se ponen los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
- Se exige previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano que asesore jurídicamente a la entidad pública.
- La comunicación al Ministerio Fiscal es sin perjuicio de continuar la tramitación de los procedimientos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si al tramitar estos procedimientos aparecen indicios de delito o falta penal, se comunican al Ministerio Fiscal, previo informe jurídico, y el procedimiento sigue adelante.
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Artículo 45. Facultad de investigación.
El artículo 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Facultad de investigación», establece lo siguiente.
Las Administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto.
Datos clave
- Las Administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio.
- La finalidad es determinar su titularidad cuando ésta no les conste de modo cierto.
- La investigación se refiere a bienes y derechos que presumiblemente formen parte del patrimonio de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La facultad de investigación sirve para aclarar la titularidad de bienes que presumiblemente son de la Administración cuando esta no la conoce de modo cierto.
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Artículo 46. Órganos competentes.
El artículo 46 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Órganos competentes», establece lo siguiente.
1. Respecto de los bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de la Administración General del Estado, el órgano competente para acordar la incoación del procedimiento de investigación y resolver el mismo será el Director General del Patrimonio del Estado.
2. Cuando se trate de bienes presuntamente pertenecientes al patrimonio de los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado o vinculados a ella, las referidas competencias corresponderán a sus presidentes o directores.
3. En los expedientes de investigación de bienes o derechos de titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, será preceptivo el informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado antes de adoptar la resolución que proceda, salvo si ésta fuera la de archivo del expediente.
Si los expedientes de investigación se refieren a bienes o derechos de titularidad de otras entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado, será necesario el informe previo del órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico.
Datos clave
- Para bienes presuntamente de la Administración General del Estado, acuerda la incoación del procedimiento de investigación y lo resuelve el Director General del Patrimonio del Estado.
- Para bienes de organismos públicos dependientes o vinculados, la competencia corresponde a sus presidentes o directores.
- En los expedientes de la Administración General del Estado u organismos autónomos es preceptivo el informe de la Abogacía General del Estado antes de la resolución, salvo que sea de archivo.
- Si afectan a otras entidades públicas dependientes, es necesario el informe previo del órgano que las asesora jurídicamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Investiga y resuelve el Director General del Patrimonio del Estado para la AGE, o el presidente o director del organismo; antes de resolver, informe jurídico preceptivo salvo archivo.
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Artículo 47. Procedimiento de investigación.
El artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Procedimiento de investigación», establece lo siguiente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento que ha de seguirse para la investigación de los bienes y derechos, con sujeción a las siguientes normas:
a) El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. En el caso de denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado resolverá sobre su admisibilidad y ordenará, en su caso, el inicio del procedimiento de investigación.
b) El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará gratuitamente en el "Boletín Oficial del Estado", sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión.
Una copia del acuerdo será remitida al ayuntamiento en cuyo término radique el bien, para su exposición al público en el tablón de edictos.
c) La Abogacía del Estado o los órganos a los que corresponda el asesoramiento jurídico de las entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado deberán emitir informe sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas por los interesados.
d) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión.
e) Si el expediente de investigación no fuese resuelto en el plazo de dos años contados desde el día siguiente al de la publicación prevista en el párrafo b) de este artículo, el órgano instructor acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones.
Datos clave
- El procedimiento de investigación se inicia de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares; en caso de denuncia, la Dirección General del Patrimonio del Estado resuelve sobre su admisibilidad.
- El acuerdo de incoación se publica gratuitamente en el «Boletín Oficial del Estado» y se remite copia al ayuntamiento donde radique el bien para su exposición en el tablón de edictos.
- La Abogacía del Estado u órganos de asesoramiento emiten informe sobre la admisibilidad de las pruebas propuestas por los interesados.
- Acreditada la titularidad, la resolución final la declara y se procede a su tasación, inclusión en el Inventario General e inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Si el expediente no se resuelve en dos años desde el día siguiente a la publicación, el órgano instructor acuerda sin más trámite el archivo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Bases del procedimiento de investigación: inicio de oficio (propio o por denuncia), publicación en el BOE y en el ayuntamiento, informe jurídico sobre las pruebas y archivo si no se resuelve en dos años.
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Artículo 48. Premio por denuncia.
El artículo 48 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Premio por denuncia», establece lo siguiente.
1. A las personas que, sin venir obligadas a ello por razón de su cargo o funciones promuevan el procedimiento de investigación denunciando, con los requisitos reglamentariamente establecidos, la existencia de bienes y derechos que presumiblemente sean de titularidad pública, se les abonará como premio el diez por ciento del valor de los bienes o derechos denunciados, siempre que el procedimiento concluya con su incorporación al Patrimonio del Estado y esta incorporación no sea revocada posteriormente.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento de investigación se pronunciará sobre si la denuncia reúne los requisitos subjetivos y objetivos necesarios para la percepción del premio.
3. El premio se devengará una vez se hayan vendido los bienes investigados, calculándose sobre el importe líquido obtenido por su venta.
4. Si los bienes no se hubieran vendido, el denunciante podrá reclamar el abono del premio una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la incorporación de los bienes siempre que no se encuentre pendiente un procedimiento administrativo o judicial del que pueda derivarse la revocación de la titularidad sobre el inmueble incorporado. En este supuesto, el importe del premio se calculará tomando como base el valor catastral de los bienes o derechos.
Datos clave
- Al denunciante que, sin estar obligado por su cargo o funciones, promueva la investigación, se le abona como premio el diez por ciento del valor de los bienes o derechos denunciados, si el procedimiento concluye con su incorporación al Patrimonio del Estado y no se revoca después.
- La resolución final se pronuncia sobre si la denuncia reúne los requisitos subjetivos y objetivos para percibir el premio.
- El premio se devenga una vez vendidos los bienes y se calcula sobre el importe líquido obtenido por su venta.
- Si los bienes no se han vendido, el denunciante puede reclamarlo transcurridos cinco años desde la incorporación, sin procedimiento pendiente que pueda revocar la titularidad; el importe se calcula sobre el valor catastral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien denuncia bienes presuntamente públicos sin estar obligado por su cargo cobra el 10 % de su valor si se incorporan al Patrimonio del Estado; se devenga al venderlos o, sin venta, a los cinco años sobre el valor catastral.
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Artículo 49. Asignación de fincas de reemplazo en procedimientos de concentración parcelaria.
El artículo 49 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Asignación de fincas de reemplazo en procedimientos de concentración parcelaria», establece lo siguiente.
No será necesario tramitar el procedimiento de investigación cuando con motivo de concentraciones parcelarias se asignen a la Administración General del Estado fincas de reemplazo carentes de titular.
El acto o acuerdo de asignación constituirá título suficiente para la toma de posesión e inscripción de las mismas a favor de la Administración.
Datos clave
- No es necesario tramitar el procedimiento de investigación cuando, con motivo de concentraciones parcelarias, se asignen a la Administración General del Estado fincas de reemplazo carentes de titular.
- El acto o acuerdo de asignación constituye título suficiente para la toma de posesión.
- El mismo acto o acuerdo es título suficiente para la inscripción de las fincas a favor de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una concentración parcelaria asigna al Estado fincas de reemplazo sin titular, no hay que investigar: el acto de asignación basta para tomar posesión e inscribirlas.
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Artículo 50. Potestad de deslinde.
El artículo 50 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Potestad de deslinde», establece lo siguiente.
1. Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.
2. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
Datos clave
- Las Administraciones públicas pueden deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de los de terceros cuando los límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación.
- Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no puede instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
- Son dos los supuestos que habilitan el deslinde: límites imprecisos e indicios de usurpación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden deslindar sus inmuebles de los de terceros si los límites son imprecisos o hay indicios de usurpación; mientras dure el deslinde administrativo no cabe ir al juez con la misma pretensión.
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Artículo 51. Órganos competentes.
El artículo 51 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Órganos competentes», establece lo siguiente.
1. La incoación del procedimiento para deslindar los bienes patrimoniales de la Administración General del Estado se acordará por el Director General del Patrimonio del Estado, y corresponderá al Ministro de Hacienda la resolución del mismo. La instrucción del procedimiento corresponderá a los Delegados de Economía y Hacienda.
2. En el caso de bienes demaniales de la Administración General del Estado, la incoación del procedimiento se acordará por el titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestión o administración.
3. Respecto de los bienes propios de los organismos públicos o adscritos a los mismos, la competencia se ejercerá por sus presidentes o directores.
Datos clave
- Bienes patrimoniales de la Administración General del Estado: incoa el Director General del Patrimonio del Estado, resuelve el Ministro de Hacienda e instruyen los Delegados de Economía y Hacienda.
- Bienes demaniales de la Administración General del Estado: la incoación se acuerda por el titular del departamento ministerial que los tenga afectados o al que corresponda su gestión o administración.
- Bienes propios de organismos públicos o adscritos a ellos: la competencia corresponde a sus presidentes o directores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deslinde de bienes de la AGE: en los patrimoniales incoa el Director General del Patrimonio, instruye la Delegación y resuelve el Ministro de Hacienda; en los demaniales incoa el ministro del departamento; en los organismos, su presidente o director.
Esquema
| Fase | Órgano | |
|---|---|---|
| Incoación | Acuerdo de inicio | Director General del Patrimonio del Estado |
| Instrucción | Tramitación | Delegados de Economía y Hacienda |
| Resolución | Aprobación | Ministro de Hacienda |
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Artículo 52. Procedimiento de deslinde.
El artículo 52 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Procedimiento de deslinde», establece lo siguiente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento que ha de seguirse para el ejercicio de la potestad de deslinde, con sujeción a las siguientes normas:
a) El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los colindantes. En este caso, serán a su costa los gastos generados, debiendo constar en el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podrá seguirse la vía de apremio.
b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.
c) El inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el "Boletín Oficial del Estado" y en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión.
Igualmente, el acuerdo de iniciación se notificará a cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde.
d) La resolución por la que se apruebe el deslinde se dictará previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de las entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado, y deberá notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y publicarse en la forma prevista en el apartado anterior. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si resulta necesario, se procederá al amojonamiento, con la intervención de los interesados que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.
e) El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.
Datos clave
- El procedimiento de deslinde se inicia de oficio o a petición de los colindantes, que asumen los gastos con conformidad expresa y cuyo cobro puede seguir la vía de apremio.
- La iniciación se comunica al Registro de la Propiedad para nota al margen de la inscripción de dominio, y se publica gratuitamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de edictos del ayuntamiento.
- La resolución se dicta previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor y se notifica a los afectados; firme el acuerdo, si es necesario se procede al amojonamiento y se inscribe en el Registro de la Propiedad.
- El plazo máximo para resolver es de 18 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- Transcurrido el plazo sin resolución dictada y notificada, caduca el procedimiento y se acuerda el archivo de las actuaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Bases del procedimiento de deslinde: inicio de oficio (o a petición de colindantes, que pagan), nota al margen en el Registro, publicación, informe jurídico y 18 meses para resolver o caduca.
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Artículo 53. Inscripción.
El artículo 53 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Inscripción», establece lo siguiente.
1. Si la finca deslindada se hallare inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribirá igualmente el deslinde administrativo referente a la misma, una vez que sea firme.
2. En todo caso, la resolución aprobatoria del deslinde será título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes siempre que contenga los demás extremos exigidos por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
Datos clave
- Si la finca deslindada está inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribe también el deslinde administrativo una vez que sea firme.
- La resolución aprobatoria del deslinde es título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes.
- Para la inmatriculación la resolución debe contener los demás extremos exigidos por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El deslinde firme se inscribe si la finca ya estaba inscrita, y la resolución aprobatoria sirve además para inmatricular los bienes si reúne los extremos del art. 206 de la Ley Hipotecaria.
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Artículo 54. Sobrantes de deslindes de dominio público.
El artículo 54 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Sobrantes de deslindes de dominio público», establece lo siguiente.
1. Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles demaniales podrán desafectarse en la forma prevista en el capítulo I del título III de esta ley.
2. A estos deslindes acudirá un representante del Ministerio de Hacienda, si la competencia para efectuarlo no correspondiese a este departamento, a cuyos efectos el órgano competente para el deslinde cursará la oportuna citación a la Delegación de Economía y Hacienda en cuya demarcación radiquen los bienes de que se trate.
3. El Director General del Patrimonio del Estado podrá instar de los departamentos ministeriales y organismos públicos competentes el deslinde de los inmuebles demaniales, a efectos de determinar con precisión la extensión de éstos y la eventual existencia de terrenos sobrantes.
Datos clave
- Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmuebles demaniales pueden desafectarse en la forma prevista en el capítulo I del título III de esta ley.
- A estos deslindes acude un representante del Ministerio de Hacienda si la competencia para efectuarlos no corresponde a este departamento; se cita a la Delegación de Economía y Hacienda.
- El Director General del Patrimonio del Estado puede instar de los departamentos y organismos competentes el deslinde de los inmuebles demaniales para determinar su extensión y la eventual existencia de sobrantes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los sobrantes de deslindes del dominio público pueden desafectarse; Hacienda envía un representante cuando no es la competente y el Director General del Patrimonio puede instar estos deslindes.
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Artículo 55. Potestad de recuperación posesoria.
El artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Potestad de recuperación posesoria», establece lo siguiente.
1. Las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.
2. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
3. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Datos clave
- Las Administraciones públicas pueden recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.
- Sobre bienes demaniales, la recuperación puede ejercitarse en cualquier tiempo.
- Sobre bienes patrimoniales, la recuperación en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento se haya notificado antes de que transcurra un año desde el día siguiente al de la usurpación.
- Pasado ese año, para recuperar la posesión de bienes patrimoniales deben ejercitarse las acciones ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden recuperar por sí mismas la posesión perdida: sobre el demanio, en cualquier tiempo; sobre bienes patrimoniales, solo si notifican el inicio antes de un año desde la usurpación.
Esquema
| Demaniales | Patrimoniales | |
|---|---|---|
| Plazo | En cualquier tiempo | Inicio notificado antes de un año desde el día siguiente a la usurpación |
| Pasado el plazo | No hay plazo | Acciones ante el orden jurisdiccional civil |
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Artículo 56. Ejercicio de la potestad de recuperación.
El artículo 56 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Ejercicio de la potestad de recuperación», establece lo siguiente.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para el ejercicio de potestad de recuperación, con sujeción a las siguientes normas:
a) Previa audiencia al interesado y una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria y la fecha en que ésta se inició, se requerirá al ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días para ello, con la prevención de actuar en la forma señalada en los apartados siguientes si no atendiere voluntariamente el requerimiento.
b) En caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para lanzamiento podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponerse multas coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo.
En estos supuestos, serán de cuenta del usurpador los gastos derivados de la tramitación del procedimiento de recuperación, cuyo importe, junto con el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.
Datos clave
- Previa audiencia al interesado y comprobada la usurpación y su fecha, se requiere al ocupante para que cese, señalándole un plazo no superior a ocho días.
- En caso de resistencia al desalojo, se adoptan las medidas conducentes a la recuperación, conforme al capítulo V del título VI de la Ley 30/1992; para el lanzamiento puede solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Pueden imponerse multas coercitivas de hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta el desalojo.
- Los gastos del procedimiento y los daños y perjuicios ocasionados son de cuenta del usurpador y pueden hacerse efectivos por apremio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para recuperar la posesión: audiencia, requerimiento al ocupante con un plazo no superior a ocho días y, si resiste, ejecución forzosa con auxilio policial o multas coercitivas de hasta el 5 % cada ocho días.
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Artículo 57. Órganos competentes.
El artículo 57 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Órganos competentes», establece lo siguiente.
1. Respecto de los bienes y derechos de la Administración General del Estado, las medidas expresadas en el artículo anterior se acordarán por el Delegado de Economía y Hacienda del lugar donde radiquen, y se dará cuenta al Director General del Patrimonio del Estado, o directamente por éste mismo.
Si los bienes o derechos se encontrasen adscritos a un organismo público, o afectados a un departamento ministerial, la competencia corresponderá al presidente o director de aquél o al ministro titular de éste, si bien deberá darse cuenta de las medidas adoptadas a dicha Dirección General.
2. En relación con los bienes de los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado o dependientes de ella, la competencia para adoptar dichas medidas corresponderá a sus directores o presidentes.
Datos clave
- Bienes de la Administración General del Estado: acuerda las medidas el Delegado de Economía y Hacienda del lugar donde radiquen, dando cuenta al Director General del Patrimonio del Estado, o directamente éste.
- Si los bienes están adscritos a un organismo público o afectados a un departamento ministerial, la competencia corresponde al presidente o director del organismo o al ministro, con cuenta de las medidas a la Dirección General.
- En los bienes de organismos públicos vinculados o dependientes, la competencia corresponde a sus directores o presidentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién acuerda las medidas de recuperación posesoria: en bienes de la AGE, el Delegado de Economía y Hacienda o el Director General del Patrimonio; si están adscritos o afectados, el organismo o ministro, dando cuenta a la Dirección General.
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Artículo 58. Potestad de desahucio.
El artículo 58 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, titulado «Potestad de desahucio», establece lo siguiente.
Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
Datos clave
- Las Administraciones públicas pueden recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales.
- Procede cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
- La potestad de desahucio se refiere solo a bienes demaniales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El desahucio administrativo permite recuperar bienes demaniales ocupados por terceros cuando decae o desaparece el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban esa ocupación.
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Artículo 84. Necesidad de título habilitante.
El artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.
2. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las facultades y prerrogativas previstas en el artículo 41 de esta ley.
3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley.
Datos clave
- Nadie puede ocupar bienes de dominio público ni utilizarlos más allá del derecho de uso de todos sin título otorgado por la autoridad competente.
- Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilan su cumplimiento y ejercitan las facultades y prerrogativas del artículo 41.
- Concesiones y autorizaciones: se rigen en primer término por la legislación especial y, a falta o insuficiencia de ésta, por la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ocupar el dominio público o usarlo más allá del uso de todos exige título de la autoridad competente; quien carezca de él se expone a las prerrogativas del art. 41. Concesiones y autorizaciones: primero su ley especial.
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Artículo 85. Tipos de uso de los bienes de dominio público.
El artículo 85 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados.
2. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste.
3. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados.
Datos clave
- Uso común: corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos; el uso por unos no impide el de los demás.
- Aprovechamiento especial: sin impedir el uso común, supone peligrosidad o intensidad, preferencia en casos de escasez, rentabilidad singular u otras circunstancias semejantes.
- Uso privativo: ocupación de una porción del dominio público que limita o excluye la utilización por otros interesados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres usos del dominio público: común (de todos por igual), aprovechamiento especial (sin impedir el común, pero con un exceso o menoscabo) y privativo (ocupa una porción y limita o excluye a otros).
Esquema
| Uso | Rasgo | ¿Afecta al uso común? | |
|---|---|---|---|
| Común | Común | Por igual y de forma indistinta a todos | No: el uso por unos no impide el de los demás |
| Aprovechamiento especial | Especial | Peligrosidad, intensidad, escasez, rentabilidad singular | No lo impide, pero hay exceso o menoscabo |
| Privativo | Privativo | Ocupación de una porción | Lo limita o excluye |
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Artículo 86. Títulos habilitantes.
El artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de afectación o adscripción, y en las disposiciones que sean de aplicación.
2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión.
3. El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa.
Datos clave
- El uso común se realiza libremente, sin más limitaciones que las de su naturaleza, los actos de afectación o adscripción y las disposiciones aplicables.
- Aprovechamiento especial o uso privativo con instalaciones desmontables o bienes muebles: autorización o, si excede de cuatro años, concesión.
- Uso privativo con obras o instalaciones fijas: concesión administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué título necesita cada uso: el común es libre; el especial y el privativo con instalaciones desmontables, autorización (concesión si pasa de cuatro años); el privativo con obras fijas, siempre concesión.
Esquema
| Uso | Título | |
|---|---|---|
| Común | Uso de todos | Libre |
| Especial o privativo desmontable | Instalaciones desmontables o bienes muebles | Autorización; concesión si excede de cuatro años |
| Privativo fijo | Obras o instalaciones fijas | Concesión administrativa |
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Artículo 87. Bienes destinados a la prestación de servicios públicos reglados.
El artículo 87 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
La utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del mismo y, subsidiariamente, se regirá por esta ley.
Datos clave
- Bienes destinados a un servicio público: se supeditan a las normas reguladoras del servicio y, subsidiariamente, a la Ley 33/2003.
- Es el régimen aplicable a los bienes destinados a la prestación de servicios públicos reglados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes destinados a un servicio público se usan según las normas que regulan ese servicio; la Ley de Patrimonio solo se aplica de forma subsidiaria.
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Artículo 88. Bienes destinados a otros servicios públicos.
El artículo 88 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
Los bienes destinados a otros servicios públicos se utilizarán de conformidad con lo previsto en el acto de afectación o adscripción y, en su defecto, por lo establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
Datos clave
- Bienes destinados a otros servicios públicos: se utilizan conforme al acto de afectación o adscripción.
- En su defecto, rige la Ley 33/2003 y sus disposiciones de desarrollo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes destinados a otros servicios públicos se usan según su acto de afectación o adscripción y, si este no dice nada, según la Ley de Patrimonio y su desarrollo.
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Artículo 89. Ocupación de espacios en edificios administrativos.
El artículo 89 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
La ocupación por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado podrá admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos.
Esta ocupación no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por los órganos o unidades alojados en él, y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización, si se efectúa con bienes muebles o instalaciones desmontables, o concesión, si se produce por medio de instalaciones fijas, o por un contrato que permita la ocupación formalizado de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Datos clave
- La ocupación por terceros de espacios en edificios administrativos solo se admite con carácter excepcional.
- Supuestos: soporte a servicios para el personal o el público visitante (cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos) o explotación marginal de espacios no necesarios.
- No puede entorpecer ni menoscabar el uso del inmueble por los órganos alojados en él.
- Título: autorización (bienes muebles o instalaciones desmontables), concesión (instalaciones fijas) o contrato que permita la ocupación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Excepcionalmente, terceros pueden ocupar espacios de edificios administrativos para servicios al personal o al público (cafetería, banco, cajero, correos) o por explotación marginal, sin entorpecer el uso administrativo.
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Artículo 90. Autorizaciones especiales de uso sobre bienes afectados o adscritos.
El artículo 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El ministro titular del departamento o el presidente o director del organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado, podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por cuatro años, prorrogables por igual plazo.
2. Dichas autorizaciones se otorgarán por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, cuando se trate de fundaciones estatales y organismos internacionales, sin sujeción a las limitaciones de plazo y destino expresados en el apartado anterior.
3. Igualmente, no se sujetarán a los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo, las autorizaciones de uso por plazo inferior a 30 días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. El órgano competente deberá fijar en el acto de autorización, tanto las condiciones de utilización del inmueble, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran afectado o adscrito, como la contraprestación a satisfacer por el solicitante, de acuerdo con lo señalado en el apartado 5 del artículo 92 de esta ley.
Datos clave
- Competencia: el ministro del departamento o el presidente o director del organismo, previo informe favorable de la DGPE.
- Plazo: cuatro años, prorrogables por igual plazo, para el cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas.
- Fundaciones estatales y organismos internacionales: las otorga el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, sin limitación de plazo y destino del apartado 1.
- Exentas de los requisitos del apartado 1: autorizaciones por plazo inferior a 30 días o para conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos.
- El acto fija las condiciones de utilización y la contraprestación, conforme al apartado 5 del artículo 92.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El ministro o el presidente o director del organismo puede autorizar el uso de bienes afectados o adscritos para fines públicos esporádicos o temporales: cuatro años prorrogables, con informe favorable de la DGPE.
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Artículo 91. Condiciones de las autorizaciones y concesiones.
El artículo 91 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, podrá aprobar condiciones generales para el otorgamiento de categorías determinadas de concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado, que deberán ser publicadas en el "Boletín Oficial del Estado".
2. En defecto de condiciones generales, las concesiones y autorizaciones se ajustarán a las que se establezcan por el Ministro titular del departamento al que se encuentren afectados los bienes o del que dependan los organismos públicos que sean sus titulares o que los tengan adscritos. Estas condiciones podrán tener un alcance general, para categorías determinadas de autorizaciones y concesiones de competencia del departamento, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso, informe previo favorable del Ministro de Hacienda, que será igualmente preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer excepciones a las condiciones aprobadas con carácter general por éste.
3. Las condiciones para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones podrán contemplar la imposición al titular de obligaciones accesorias, tales como la adquisición de valores, la adopción y mantenimiento de determinados requisitos societarios, u otras de análoga naturaleza, cuando así se considere necesario por razones de interés público.
4. Las autorizaciones y concesiones que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público que sea necesaria para la ejecución de un contrato administrativo deberán ser otorgadas por la Administración que sea su titular, y se considerarán accesorias de aquél. Estas autorizaciones y concesiones estarán vinculadas a dicho contrato a efectos de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad, sin perjuicio de la aprobación e informes a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.
No será necesario obtener estas autorizaciones o concesiones cuando el contrato administrativo habilite para la ocupación de los bienes de dominio público.
Datos clave
- Condiciones generales: las aprueba el Ministro de Hacienda a propuesta de la DGPE y se publican en el «Boletín Oficial del Estado».
- En su defecto, las fija el Ministro titular del departamento, con informe previo favorable del Ministro de Hacienda.
- Pueden imponerse obligaciones accesorias, como la adquisición de valores o el mantenimiento de requisitos societarios, por razones de interés público.
- Si la ocupación es necesaria para ejecutar un contrato administrativo, la autorización o concesión es accesoria de éste y se otorga por la Administración titular.
- No son necesarias cuando el contrato administrativo habilite para la ocupación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las condiciones de concesiones y autorizaciones las fija con carácter general el Ministro de Hacienda; si no, el ministro del departamento con su informe favorable. Las ligadas a un contrato administrativo son accesorias de él.
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Artículo 92. Autorizaciones.
El artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.
2. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.
3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años.
4. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
5. Las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento suponga condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la autorización.
6. Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediese de la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.
7. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos demaniales incluirá, al menos:
a) El régimen de uso del bien o derecho.
b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización.
c) La garantía a prestar, en su caso.
d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.
e) El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.
f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario, u otra garantía suficiente.
g) La aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones de interés público en los supuestos previstos en el apartado 4 de este artículo.
h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización.
i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa autorización.
j) Las causas de extinción.
8. Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a las autorizaciones especiales de uso previstas en el artículo 90 de esta ley, en lo que no sea incompatible con su objeto y finalidad.
Datos clave
- Otorgamiento: directo a los peticionarios que reúnan las condiciones; si el número está limitado, en régimen de concurrencia o, si no procede valorar condiciones especiales, por sorteo.
- Duración: tiempo determinado, con plazo máximo, incluidas las prórrogas, de cuatro años.
- No son transmisibles las de otorgamiento con circunstancias personales o número limitado, salvo que las condiciones admitan su transmisión.
- Revocación unilateral por razones de interés público, sin derecho a indemnización, en los cuatro supuestos del apartado 4.
- Pueden ser gratuitas, con contraprestación o condiciones, o sujetas a la tasa de la Ley 25/1998 (capítulo VIII del título I).
- Puede exigirse garantía; el cobro que exceda de la garantía puede hacerse por vía de apremio.
- El acuerdo incluirá al menos diez menciones (letras a a j), entre ellas régimen de uso, régimen económico, garantía, revocación unilateral, inspección, prórroga y subrogación (con previa autorización) y causas de extinción.
- Se aplica a las autorizaciones especiales del artículo 90 en lo que no sea incompatible.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Régimen de las autorizaciones demaniales: otorgamiento directo salvo número limitado (concurrencia o sorteo), cuatro años como máximo con prórrogas, revocables sin indemnización y con un contenido mínimo de diez menciones.
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Artículo 93. Concesiones demaniales.
El artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.
2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.
5. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión, incluirá al menos las menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 7 del artículo 92 de esta ley, salvo la relativa a la revocación unilateral sin derecho a indemnización.
Datos clave
- Otorgamiento en régimen de concurrencia; directo en los supuestos del artículo 137.4, circunstancias excepcionales justificadas u otros previstos en leyes.
- Una vez otorgada se formaliza en documento administrativo, título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad.
- Plazo máximo, incluidas las prórrogas: 75 años, salvo que las normas especiales establezcan otro menor.
- Pueden ser gratuitas, con contraprestación o condición, o sujetas a la tasa de la Ley 25/1998 o a las de sus normas especiales.
- El acuerdo incluye las menciones del apartado 7 del artículo 92, salvo la revocación unilateral sin derecho a indemnización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las concesiones demaniales se otorgan en concurrencia (directas solo en casos tasados), se formalizan en documento administrativo inscribible y duran como máximo 75 años, prórrogas incluidas.
Esquema
| Autorización | Concesión | |
|---|---|---|
| Otorgamiento | Directo; concurrencia o sorteo si su número está limitado | Concurrencia; directo en casos tasados |
| Plazo máximo | El del artículo 92, incluidas las prórrogas | 75 años, incluidas las prórrogas, salvo otro menor |
| Revocación | Unilateral sin indemnización (mención del artículo 92) | El acuerdo no incluye esa mención |
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Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales.
El artículo 94 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión.
Datos clave
- No pueden ser titulares de concesiones demaniales quienes incurran en alguna prohibición de contratar.
- Si el titular incurre en la prohibición con posterioridad al otorgamiento, se produce la extinción de la concesión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien esté incurso en una prohibición de contratar no puede ser concesionario del dominio público; si incurre en ella después del otorgamiento, la concesión se extingue.
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Artículo 95. Competencia para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
El artículo 95 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
Las concesiones y autorizaciones sobre los bienes y derechos demaniales del Patrimonio del Estado se otorgarán por los ministros titulares de los departamentos a que se encuentren afectados, o corresponda su gestión o administración, o por los presidentes o directores de los organismos públicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio pertenezcan.
Datos clave
- Concesiones y autorizaciones demaniales del Patrimonio del Estado: las otorgan los ministros titulares de los departamentos a que estén afectados los bienes o corresponda su gestión.
- También las otorgan los presidentes o directores de los organismos públicos que tengan adscritos los bienes o a cuyo patrimonio pertenezcan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Otorgan las concesiones y autorizaciones demaniales del Estado los ministros de los departamentos con los bienes afectados o en gestión, o los presidentes o directores de los organismos que los tengan adscritos o sean sus titulares.
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Artículo 96. Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia.
El artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
2. Para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento de otorgamiento de una autorización o concesión, el órgano competente deberá justificar la necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le competen, que el bien ha de continuar siendo de dominio público, y la procedencia de la adjudicación directa, en su caso.
3. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", o en el de la comunidad autónoma, o provincia, según cual sea la Administración actuante, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adicionales de difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días para presentar las correspondientes peticiones.
4. En los procedimientos iniciados de oficio a petición de particulares, la Administración podrá, por medio de anuncio público, invitar a otros posibles interesados a presentar solicitudes. Si no media este acto de invitación, se dará publicidad a las solicitudes que se presenten, a través de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", de la comunidad autónoma o de la provincia, dependiendo del ámbito competencial de la Administración actuante, y sin perjuicio de la posible utilización de otros medios adicionales de difusión, y se abrirá un plazo de 30 días durante el cual podrán presentarse solicitudes alternativas por otros interesados.
5. Para decidir sobre el otorgamiento de la concesión o autorización, se atenderá al mayor interés y utilidad pública de la utilización o aprovechamiento solicitado, que se valorarán en función de los criterios especificados en los pliegos de condiciones.
6. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses. Podrá considerarse desestimada la solicitud en caso de no notificarse resolución dentro de ese plazo.
Datos clave
- El procedimiento en concurrencia puede iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
- Inicio de oficio: convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado», o en el de la comunidad autónoma o provincia; plazo de treinta días para presentar peticiones.
- Si se inicia a petición de particulares sin anuncio de invitación, se publican las solicitudes y se abre un plazo de 30 días para solicitudes alternativas.
- Criterio de decisión: mayor interés y utilidad pública, según los criterios de los pliegos de condiciones.
- Plazo máximo para resolver: seis meses; la solicitud puede considerarse desestimada si no se notifica resolución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Procedimiento en concurrencia: inicio de oficio o a solicitud, convocatoria publicada con treinta días para pedir, decisión por mayor interés y utilidad pública y seis meses para resolver, con silencio desestimatorio.
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Artículo 97. Derechos reales sobre obras en dominio público.
El artículo 97 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. El titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión.
2. Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los límites establecidos en la presente sección de esta ley, los derechos y obligaciones del propietario.
Datos clave
- El titular de la concesión tiene un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido.
- Durante el plazo de validez de la concesión tiene los derechos y obligaciones del propietario, dentro de los límites de la sección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El concesionario tiene un derecho real sobre las obras e instalaciones fijas que construya y, mientras dure la concesión, los derechos y obligaciones del propietario.
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Artículo 98. Transmisión de derechos reales.
El artículo 98 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario a que se refiere el artículo precedente sólo pueden ser cedidos o transmitidos mediante negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades, por el plazo de duración de la concesión, a personas que cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la concesión.
2. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones sólo podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada.
En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de constitución de la hipoteca no constase esta autorización, el registrador de la propiedad denegará la inscripción.
Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinción del plazo de la concesión.
Datos clave
- Los derechos solo se transmiten por el plazo de duración de la concesión y a personas con la previa conformidad de la autoridad competente.
- Solo pueden hipotecarse como garantía de préstamos para financiar obras, construcciones o instalaciones fijas sobre la dependencia ocupada.
- Para constituir la hipoteca es necesaria la previa autorización de la autoridad otorgante; sin ella, el registrador de la propiedad denegará la inscripción.
- Las hipotecas se extinguen con la extinción del plazo de la concesión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos reales del concesionario solo se transmiten por el plazo de la concesión y con conformidad previa de la autoridad; solo se hipotecan para financiar las obras fijas y con autorización previa.
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Artículo 99. Titulización de derechos de cobro.
El artículo 99 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Los derechos de cobro de los créditos con garantía hipotecaria a que se refiere el segundo apartado del artículo precedente podrán ser cedidos total o parcialmente mediante la emisión de participaciones hipotecarias a fondos de titulización hipotecaria, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 19/1992, de 7 de julio, de Instituciones de Inversión colectiva y las disposiciones que la desarrollen.
2. Podrán incorporarse a fondos de titulización de activos, previa autorización del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del de Economía y del competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, valores que representen participaciones en derechos de cobro del concesionario derivados de la explotación económica de la concesión de acuerdo con las condiciones establecidas en el título concesional y conforme a lo previsto en la legislación aplicable a dichos fondos de titulización de activos.
Datos clave
- Los créditos con garantía hipotecaria pueden cederse mediante participaciones hipotecarias a fondos de titulización hipotecaria (Ley 19/1992).
- Titulización de activos: valores que representen derechos de cobro del concesionario, previa autorización del Consejo de Ministros.
- La autorización se otorga a propuesta conjunta del Ministro de Economía y del competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los créditos hipotecarios del concesionario pueden cederse a fondos de titulización hipotecaria, y sus derechos de cobro por la explotación pueden ir a fondos de titulización de activos con autorización del Consejo de Ministros.
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Artículo 100. Extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales.
El artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas:
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica.
b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario.
c) Caducidad por vencimiento del plazo.
d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.
e) Mutuo acuerdo.
f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización.
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el artículo 102 de esta ley.
i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan.
Datos clave
- Causas de extinción: nueve, letras a a i.
- Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual, o extinción de la personalidad jurídica.
- Caducidad por vencimiento del plazo; rescate de la concesión previa indemnización o revocación unilateral de la autorización; mutuo acuerdo.
- Falta de pago del canon o incumplimiento grave de las obligaciones, declarados por el órgano que otorgó el título.
- Desafectación del bien: se liquida conforme al artículo 102.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve causas extinguen las concesiones y autorizaciones demaniales: muerte o extinción de la persona jurídica, transmisión sin autorización, vencimiento, rescate o revocación, mutuo acuerdo, impago o incumplimiento grave, desaparición, desafectación y las del título.
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Artículo 101. Destino de las obras a la extinción del título.
El artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial deberán ser demolidas por el titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el título concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesión así lo decida.
2. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas gratuitamente y libres de cargas y gravámenes por la Administración General del Estado o el organismo público que hubiera otorgado la concesión.
3. En caso de rescate anticipado de la concesión conforme a lo previsto en el párrafo d) del artículo anterior, el titular será indemnizado del perjuicio material surgido de la extinción anticipada. Los derechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate serán tenidos en cuenta para determinar la cuantía y receptores de la indemnización.
4. Los acreedores hipotecarios serán notificados de la apertura de los expedientes que se sigan para extinguir la concesión por incumplimiento de sus cláusulas y condiciones conforme a lo previsto en el párrafo f) del artículo anterior, para que puedan comparecer en defensa de sus derechos y, en su caso, propongan un tercero que pueda sustituir al concesionario que viniere incumpliendo las cláusulas de la concesión.
Datos clave
- A la extinción, las obras e instalaciones fijas deben demolerse por el titular o, por ejecución subsidiaria, por la Administración a costa del concesionario, salvo previsión expresa de mantenimiento o decisión de la autoridad otorgante.
- Si se mantienen, las adquiere gratuitamente y libres de cargas la AGE o el organismo público que otorgó la concesión.
- Rescate anticipado: el titular es indemnizado del perjuicio material y se tienen en cuenta los derechos de los acreedores hipotecarios inscritos.
- Los acreedores hipotecarios son notificados de los expedientes de extinción por incumplimiento para comparecer y proponer un tercero que sustituya al concesionario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al extinguirse la concesión, las obras fijas se demuelen a costa del concesionario salvo que se decida mantenerlas, y entonces pasan gratis y libres de cargas a la Administración. En el rescate se indemniza.
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Artículo 102. Liquidación de concesiones y autorizaciones sobre bienes desafectados.
El artículo 102 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente.
1. La propuesta de desafectación de bienes y derechos del patrimonio de la Administración General del Estado sobre los que existan autorizaciones o concesiones, deberá acompañarse de la oportuna memoria justificativa de la conveniencia o necesidad de la supresión del carácter de dominio público del bien y de los términos, condiciones y consecuencias de dicha pérdida sobre la concesión.
2. Si se desafectasen los bienes objeto de concesiones o autorizaciones, se procederá a la extinción de éstas conforme a las siguientes reglas:
a) Se declarará la caducidad de aquéllas en que se haya cumplido el plazo para su disfrute o respecto de las cuales la Administración se hubiere reservado la facultad de libre rescate sin señalamiento de plazo.
b) Respecto de las restantes, se irá dictando su caducidad a medida que venzan los plazos establecidos en los correspondientes acuerdos.
3. En tanto no se proceda a su extinción, se mantendrán con idéntico contenido las relaciones jurídicas derivadas de dichas autorizaciones y concesiones. No obstante, dichas relaciones jurídicas pasarán a regirse por el Derecho privado, y corresponderá al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas.
4. Cuando los bienes desafectados pertenezcan al patrimonio de la Administración General del Estado, el órgano competente para declarar la caducidad de las relaciones jurídicas derivadas de las concesiones y autorizaciones otorgadas cuando los bienes eran de dominio público será el Ministro de Hacienda. En este mismo caso, corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado exigir los derechos y cumplir los deberes que se deriven de dichas relaciones jurídicas, mientras mantengan su vigencia.
5. El Ministerio de Hacienda podrá acordar la expropiación de los derechos si estimare que su mantenimiento durante el término de su vigencia legal perjudica el ulterior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a efectos de su enajenación.
Datos clave
- La propuesta de desafectación debe acompañarse de una memoria justificativa de la conveniencia o necesidad y de sus consecuencias sobre la concesión.
- Se declara la caducidad de las que hayan cumplido el plazo o con libre rescate sin plazo; las restantes, a medida que venzan sus plazos.
- Hasta su extinción se mantienen con idéntico contenido, pero pasan a regirse por el Derecho privado y conoce el orden jurisdiccional civil.
- Órgano competente para declarar la caducidad (bienes de la AGE): el Ministro de Hacienda; la DGPE exige los derechos y cumple los deberes mientras estén vigentes.
- El Ministerio de Hacienda podrá acordar la expropiación de los derechos si su mantenimiento perjudica el ulterior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a efectos de su enajenación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué pasa con las concesiones y autorizaciones cuando el bien deja de ser dominio público: memoria previa, caducidad por plazos, paso al Derecho privado y papel del Ministro y del Ministerio de Hacienda.