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La aplicación de los tributos: Concepto y órganos competentes. La información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. La asistencia mutua: concepto. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias.

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Artículo 83. Ámbito de la aplicación de los tributos.

1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, que se realicen en el marco de la asistencia mutua.

2. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la Administración tributaria.

3. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en este título.

4. Corresponde a cada Administración tributaria determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la aplicación de los tributos.

Datos clave

  • La aplicación de los tributos comprende la información y asistencia, la gestión, la inspección y la recaudación, así como las actuaciones de los obligados.
  • También es aplicación de los tributos lo que se realice en el marco de la asistencia mutua.
  • Las funciones de aplicación se ejercen de forma separada a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
  • Se desarrolla a través de los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en el título.
  • Cada Administración tributaria determina su estructura administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La aplicación de los tributos abarca información y asistencia, gestión, inspección y recaudación, más las actuaciones de los obligados; va separada de la resolución de reclamaciones económico-administrativas.

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Artículo 84. Competencia territorial en la aplicación de los tributos.

La competencia en el orden territorial se atribuirá al órgano que se determine por la Administración tributaria, en desarrollo de sus facultades de organización, mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente.

En defecto de disposición expresa, la competencia se atribuirá al órgano funcional inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario.

Datos clave

  • La competencia territorial se atribuye al órgano que determine la Administración tributaria en desarrollo de sus facultades de organización.
  • La disposición debe publicarse en el boletín oficial correspondiente.
  • En defecto de disposición expresa: órgano funcional inferior en cuyo ámbito territorial radique el domicilio fiscal del obligado tributario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La competencia territorial la fija la Administración tributaria mediante disposición publicada; a falta de ella, corresponde al órgano funcional inferior del domicilio fiscal del obligado.

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Artículo 85. Deber de información y asistencia a los obligados tributarios

1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.

2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:

a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.

b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.

c) Contestaciones a consultas escritas.

d) Actuaciones previas de valoración.

e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

Datos clave

  • La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
  • La enumeración de actuaciones es abierta («entre otras»).
  • Publicación de textos actualizados de las normas tributarias y de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.
  • Comunicaciones y actuaciones de información de los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.
  • Contestaciones a consultas escritas y actuaciones previas de valoración.
  • Asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe informar y asistir a los obligados sobre sus derechos y obligaciones, entre otras vías mediante publicaciones, comunicaciones, consultas escritas, valoraciones previas y ayuda con declaraciones.

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Artículo 86. Publicaciones.

1. El Ministerio de Hacienda difundirá por cualquier medio, durante el primer trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año.

2. El Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión.

3. La Administración tributaria del Estado y de las comunidades autónomas podrán convenir que las publicaciones a las que se refiere el apartado 1 se realicen en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

4. El acceso a través de internet a las publicaciones a las que se refiere el presente artículo y, en su caso, a la información prevista en el artículo 87 de esta ley será, en todo caso, gratuito.

Datos clave

  • El Ministerio de Hacienda difundirá los textos actualizados durante el primer trimestre del año.
  • Afecta a normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria con variaciones respecto del año precedente.
  • Se difunde también una relación de todas las disposiciones tributarias aprobadas en dicho año.
  • Difusión periódica de contestaciones a consultas y resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión.
  • Las publicaciones podrán realizarse en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas mediante convenio.
  • El acceso por internet a estas publicaciones será, en todo caso, gratuito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda difunde en el primer trimestre los textos tributarios modificados y la lista de disposiciones del año anterior, publica la doctrina relevante y el acceso por internet es siempre gratuito.

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Artículo 87. Comunicaciones y actuaciones de información

1. La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y podrá remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.

2. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que afecten.

3. Las actuaciones de información previstas en este artículo se podrán efectuar mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Datos clave

  • La Administración informará de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria.
  • Facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios.
  • Podrá remitir comunicaciones sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.
  • A petición de los interesados, deberá suministrar el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas.
  • Se suprime toda referencia a los datos que permitan identificar a las personas afectadas.
  • Las actuaciones de información pueden efectuarse por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración informa de sus criterios y facilita su consulta, puede enviar comunicaciones sectoriales y debe dar, a petición, el texto de consultas o resoluciones sin datos identificativos.

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Artículo 88. Consultas tributarias escritas.

1. Los obligados podrán formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.

2. Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.

La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, con el contenido que se establezca reglamentariamente.

3. Asimismo, podrán formular consultas tributarias los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas con discapacidad, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como a las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados.

4. La Administración tributaria archivará, con notificación al interesado, las consultas que no reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo y no sean subsanadas a requerimiento de la Administración.

5. La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.

6. La Administración tributaria competente deberá contestar por escrito las consultas que reúnan los requisitos establecidos en virtud del apartado 2 de este artículo en el plazo de seis meses desde su presentación. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de la consulta.

7. El procedimiento de tramitación y contestación de las consultas se desarrollará reglamentariamente.

8. La competencia, el procedimiento y los efectos de las contestaciones a las consultas relativas a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se regulará por lo dispuesto en el Código Aduanero Comunitario.

Datos clave

  • Objeto: el régimen, la clasificación o la calificación tributaria que corresponda.
  • Se formulan antes de la finalización del plazo para ejercer derechos, presentar declaraciones o autoliquidaciones o cumplir otras obligaciones.
  • Pueden consultar también colegios profesionales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y federaciones cuando afecte a la generalidad de sus miembros.
  • Se archivan, con notificación, las consultas sin requisitos no subsanadas a requerimiento.
  • Competencia: órganos con iniciativa para elaborar disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.
  • Plazo de contestación: seis meses desde su presentación.
  • La falta de contestación no implica la aceptación de los criterios expresados en la consulta.
  • Las consultas sobre normativa aduanera comunitaria se rigen por el Código Aduanero Comunitario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el derecho a preguntar por escrito a la Administración el régimen o calificación tributaria aplicable, antes de que venza el plazo para declarar o cumplir la obligación, con contestación en 6 meses cuya falta no vincula.

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Artículo 89. Efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas.

1. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.

En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiese formulado en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de consulta.

Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.

2. No tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo anterior que planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.

3. La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

4. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en la contestación.

Datos clave

  • La contestación tiene efectos vinculantes para los órganos de aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
  • Se aplican los criterios mientras no se modifique la legislación o la jurisprudencia y no se alteren las circunstancias.
  • Los criterios se aplican a cualquier obligado con identidad de hechos y circunstancias.
  • No vinculan las consultas sobre cuestiones relacionadas con un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.
  • La presentación y contestación no interrumpen los plazos para cumplir las obligaciones tributarias.
  • La contestación tiene carácter informativo y no cabe recurso contra ella, sino contra los actos posteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La contestación a una consulta escrita vincula a la Administración frente al consultante, mientras no cambien la norma o las circunstancias, y también se aplica a cualquier otro obligado con hechos idénticos, aunque nunca se puede recurrir directamente.

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Artículo 90. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles.

1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y en relación con los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

2. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria.

Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario.

3. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comunicada. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la solicitud del interesado.

Datos clave

  • Cada Administración informa, a solicitud del interesado, del valor a efectos fiscales de inmuebles que vayan a adquirirse o transmitirse.
  • La información tiene efectos vinculantes durante tres meses desde la notificación.
  • Requisitos: solicitud previa al fin del plazo de autoliquidación o declaración y datos verdaderos y suficientes.
  • No impide la posterior comprobación administrativa de los hechos y circunstancias manifestados.
  • No cabe recurso contra la información comunicada, sino contra los actos posteriores.
  • La falta de contestación no implica la aceptación del valor incluido en la solicitud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite pedir a la Administración, antes de comprar o vender un inmueble, el valor fiscal que le atribuye; esa información vincula durante tres meses si se solicitó a tiempo y con datos veraces, sin perjuicio de que luego se compruebe.

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Artículo 91. Acuerdos previos de valoración.

1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o los reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito, antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. A dicha solicitud se acompañará la propuesta de valoración formulada por el obligado tributario.

3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el obligado tributario.

4. El acuerdo de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de la valoración, del supuesto de hecho al que se refiere, del impuesto al que se aplica y de su carácter vinculante, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. La falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.

5. En tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron la valoración, la Administración tributaria que hubiera dictado el acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo. Dicho acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años excepto que la normativa que lo establezca prevea otro distinto.

6. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto. Podrán hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo.

Datos clave

  • Determinación previa y vinculante de la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos.
  • Solo cuando las leyes o reglamentos propios de cada tributo lo prevean.
  • Solicitud por escrito antes de la realización del hecho imponible, acompañada de propuesta de valoración.
  • La falta de contestación en plazo implica la aceptación de los valores propuestos.
  • Plazo máximo de vigencia: tres años, salvo que la normativa prevea otro distinto.
  • No cabe recurso contra el acuerdo, sino contra los actos posteriores que apliquen sus valoraciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite pedir a la Administración, cuando la ley del tributo lo prevea, que fije con carácter previo y vinculante la valoración fiscal de rentas, bienes o gastos, con una vigencia máxima de tres años y aceptación tácita si no se contesta a tiempo.

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Artículo 96. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas.

1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan.

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

3. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia. Además, cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse.

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta en la forma que se determine reglamentariamente.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.

Datos clave

  • La Administración tributaria promoverá técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con las limitaciones de la Constitución y las leyes.
  • Los ciudadanos podrán relacionarse por estos medios cuando sea compatible con los medios técnicos de la Administración.
  • Actuación automatizada: se identifican los órganos de programación y supervisión y los competentes para resolver recursos.
  • Los programas y aplicaciones deben ser previamente aprobados por la Administración tributaria.
  • Los documentos electrónicos tienen la misma validez y eficacia que los originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.

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La Administración tributaria debe impulsar el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, que tienen la misma validez que los documentos en papel si se garantiza su autenticidad e integridad.

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Artículo 97. Regulación de las actuaciones y procedimientos tributarios.

Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:

a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.

Datos clave

  • En primer lugar rigen las normas especiales del título y su normativa reglamentaria de desarrollo.
  • También las normas procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y su desarrollo reglamentario.
  • Supletoriamente se aplican las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos de aplicación de los tributos se rigen primero por las normas tributarias especiales y su desarrollo, y solo supletoriamente por las normas generales del procedimiento administrativo.

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Artículo 98. Iniciación de los procedimientos tributarios.

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

2. Los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán incluir, en todo caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.

3. La Administración tributaria podrá aprobar modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios los modelos mencionados en las condiciones que señale la normativa tributaria.

4. En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

Datos clave

  • Inicio de oficio o a instancia del obligado tributario.
  • Medios de inicio a instancia: autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro previsto en la normativa tributaria.
  • Los documentos de iniciación deben incluir nombre y apellidos o razón social y NIF del obligado y, en su caso, de su representante.
  • Modelos y sistemas normalizados para los casos de tramitación masiva.
  • El Ministro de Hacienda puede determinar cuándo es obligatoria la presentación por medios telemáticos en el ámbito estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos tributarios se inician de oficio o a instancia; los escritos de inicio deben identificar al obligado y su representante, y Hacienda puede aprobar modelos y exigir presentación telemática.

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Artículo 99. Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios.

1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.

2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.

3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.

4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.

5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.

6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.

7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.

Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.

Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias.

Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.

8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.

9. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.

Datos clave

  • Se pueden rehusar documentos no exigibles o ya presentados que estén en poder de la Administración actuante.
  • Derecho a certificación de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones presentadas.
  • Copias del expediente a costa del obligado, en el trámite de audiencia o, en su defecto, en el de alegaciones.
  • Para la prueba no es necesaria la apertura de un período específico.
  • Documentación: comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos; las diligencias son documentos públicos y no pueden contener propuestas de liquidación.
  • Se puede prescindir de la audiencia con actas con acuerdo o si hay alegaciones posteriores a la propuesta.
  • El trámite de alegaciones dura entre 10 y 15 días.
  • Videoconferencia: cuando lo determine la Administración y con conformidad del obligado.

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Reglas comunes de desarrollo de los procedimientos tributarios: qué documentos puedes negarte a aportar, copias y certificados, cómo se documentan las actuaciones, audiencia y alegaciones de 10 a 15 días y videoconferencia.

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Artículo 100. Terminación de los procedimientos tributarios.

1. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.

2. Tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma automatizada por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.

Datos clave

  • Formas de terminación: resolución, desistimiento y renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud.
  • También la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas y la caducidad.
  • También el cumplimiento de la obligación objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario.
  • La contestación automatizada tiene la consideración de resolución cuando esté prevista esa forma de terminación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los procedimientos tributarios terminan por resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad sobrevenida, caducidad, cumplimiento de lo requerido u otra causa prevista; la contestación automatizada puede valer como resolución.

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Artículo 101. Las liquidaciones tributarias: concepto y clases.

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.

La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

2. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

3. Tendrán la consideración de definitivas:

a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

4. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección en los siguientes supuestos:

a) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas, que hubieran sido regularizadas mediante liquidación provisional o mediante liquidación definitiva que no fuera firme, o cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

b) Cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria. Se entenderá que concurre esta circunstancia cuando el acuerdo al que se refiere el artículo 155 de esta ley no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, cuando la conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de regularización, cuando se realice una comprobación de valor y no sea el objeto único de la regularización y en el resto de supuestos que estén previstos reglamentariamente.

c) En todo caso tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 250.2 de esta Ley.

Datos clave

  • La liquidación es el acto resolutorio que determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad a devolver o a compensar.
  • La Administración no está obligada a ajustarse a los datos consignados por los obligados.
  • Las liquidaciones son provisionales o definitivas.
  • Definitivas: las del procedimiento inspector tras comprobar e investigar la totalidad de los elementos, y las demás a las que la normativa otorgue tal carácter.
  • En los demás casos son provisionales.
  • En inspección cabe liquidación provisional en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 4.
  • Siempre son provisionales las dictadas al amparo del artículo 250.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La liquidación es el acto que cuantifica la deuda o lo que se devuelve o compensa; puede ser provisional o definitiva, y solo es definitiva la inspección completa o la que la norma califique así.

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Artículo 102. Notificación de las liquidaciones tributarias.

1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.

2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

f) Su carácter de provisional o definitiva.

3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.

4. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.

Datos clave

  • Las liquidaciones se notifican conforme a la sección 3.ª del capítulo II del título III de la ley.
  • Contenido: identificación del obligado, elementos determinantes de la cuantía y motivación cuando no se ajusten a los datos del obligado.
  • Contenido: medios de impugnación, órgano y plazo; lugar, plazo y forma de pago; carácter provisional o definitivo.
  • En tributos de cobro periódico por recibo, tras notificar el alta, las sucesivas liquidaciones pueden notificarse colectivamente mediante edictos.
  • El aumento de base imponible se notifica con expresión concreta de hechos, salvo revalorizaciones generales autorizadas por las leyes.
  • Reglamentariamente pueden fijarse supuestos sin notificación expresa, con advertencia por escrito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las liquidaciones se notifican con seis menciones obligatorias; en tributos periódicos por recibo cabe la notificación colectiva por edictos tras la del alta, y el aumento de base debe motivarse.

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Artículo 103. Obligación de resolver.

1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.

2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a contestar a su petición.

3. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Datos clave

  • Obligación de resolver expresamente todas las cuestiones y de notificar la resolución expresa.
  • Sin obligación de resolver: derechos que sólo deban ser objeto de comunicación, caducidad, pérdida sobrevenida del objeto, renuncia o desistimiento.
  • Si el interesado solicita expresamente que se declaren esas circunstancias, la Administración queda obligada a contestar.
  • Deben motivarse los actos de liquidación, de comprobación de valor, los que impongan una obligación y los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión.
  • La motivación es con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria debe resolver y notificar expresamente, salvo en ciertos casos (comunicación, caducidad, pérdida de objeto, renuncia, desistimiento), y motivar sucintamente determinados actos.

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Artículo 104. Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa.

1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo se contará:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro.

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución.

En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada.

Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente, las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Tributaria, y los períodos de suspensión del plazo que se produzcan conforme a lo previsto en esta Ley no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda.

En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.

5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.

Datos clave

  • Plazo máximo de resolución: el de la normativa del procedimiento, sin exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o normativa comunitaria; si no se fija, seis meses.
  • Cómputo: de oficio, desde la notificación del acuerdo de inicio; a instancia, desde la entrada en el registro del órgano competente.
  • El procedimiento de apremio queda excluido y puede extenderse hasta la prescripción del derecho de cobro.
  • Basta un intento de notificación con el texto íntegro de la resolución; en notificación electrónica, la puesta a disposición.
  • A instancia de parte, sin regulación expresa: silencio estimatorio, salvo derecho de petición (art. 29 CE) e impugnación de actos y disposiciones (desestimatorio).
  • Paralización imputable al obligado: advertencia de caducidad transcurridos tres meses.
  • De oficio, sin regulación expresa: desestimación si podían derivarse efectos favorables; caducidad si eran desfavorables o de gravamen.
  • La caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero las actuaciones caducadas no la interrumpen y conservan validez probatoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Plazo máximo de resolución de seis meses salvo ley o norma europea, cómo se cuenta, qué basta para notificar a tiempo y qué pasa si no se resuelve: silencio o caducidad según el procedimiento.

Esquema

Falta de resolución sin regulación expresa
ProcedimientoEfecto
A instancia de parte (regla)Solicitud del interesadoSilencio estimatorio
Derecho de petición e impugnaciónA instancia de parteSilencio desestimatorio
De oficio con efectos favorablesReconocimiento de derechosDesestimación por silencio
De oficio desfavorable o de gravamenEfectos de gravamenCaducidad

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Artículo 105. Carga de la prueba.

1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

Datos clave

  • Quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo.
  • Se aplica en los procedimientos de aplicación de los tributos.
  • Los obligados tributarios cumplen su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien hace valer un derecho debe probar sus hechos constitutivos, pero el obligado cumple designando concretamente las pruebas que ya tiene la Administración.

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Artículo 106. Normas sobre medios y valoración de la prueba.

1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.

2. Las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en el marco de la asistencia mutua podrán incorporarse, con el valor probatorio que proceda conforme al apartado anterior, al procedimiento que corresponda.

3. La ley propia de cada tributo podrá exigir requisitos formales de deducibilidad para determinadas operaciones que tengan relevancia para la cuantificación de la obligación tributaria.

4. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.

Datos clave

  • Se aplican las normas sobre medios y valoración de prueba del Código Civil y de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.
  • Las pruebas de otros Estados o entidades internacionales en el marco de la asistencia mutua pueden incorporarse al procedimiento.
  • La ley de cada tributo puede exigir requisitos formales de deducibilidad.
  • Gastos y deducciones de operaciones empresariales o profesionales: se justifican de forma prioritaria mediante factura.
  • La factura no es un medio de prueba privilegiado: si la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, el obligado debe probar la realidad de las operaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prueba tributaria se rige por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil; los gastos empresariales se justifican prioritariamente con factura, pero la factura no es prueba privilegiada.

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Artículo 107. Valor probatorio de las diligencias.

1. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

2. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.

Datos clave

  • Las diligencias tienen naturaleza de documentos públicos.
  • Hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
  • Los hechos aceptados por el obligado tributario y sus manifestaciones se presumen ciertos.
  • Solo pueden rectificarse mediante prueba de que se incurrió en error de hecho.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las diligencias son documentos públicos que hacen prueba salvo prueba en contrario; los hechos aceptados y las manifestaciones del obligado se presumen ciertos y solo los rectifica probando error de hecho.

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Artículo 108. Presunciones en materia tributaria.

El artículo 108 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula las presunciones en materia tributaria.

1. Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.

2. Para que las presunciones no establecidas por las normas sean admisibles como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

3. La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.

4. Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario.

Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas.

5. En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, se podrá realizar una distribución lineal de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidación correspondientes cuando la Administración Tributaria no pueda, en base a la información obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidación concreto conforme a la normativa reguladora del tributo, y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique que procede un reparto temporal diferente.

Datos clave

  • Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo que una norma con rango de ley lo prohíba.
  • Presunciones no establecidas por normas: enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
  • Se puede considerar titular a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario.
  • Los datos de las autoliquidaciones y declaraciones se presumen ciertos para el obligado y solo se rectifican mediante prueba en contrario.
  • Datos de terceros (artículos 93 y 94): se presumen ciertos, pero deben contrastarse si el obligado alega su inexactitud o falsedad.
  • Periodos de liquidación inferiores al año: cabe la distribución lineal de la cuota anual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las presunciones legales admiten prueba en contrario salvo que una ley lo prohíba; se presume titular a quien figura en un registro y ciertos los datos que tú mismo declaras.

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Artículo 109. Notificaciones en materia tributaria.

El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.

Datos clave

  • El régimen de notificaciones tributarias es el previsto en las normas administrativas generales.
  • Se aplican las especialidades establecidas en la sección de notificaciones de la Ley General Tributaria.
  • Las normas administrativas generales actúan como régimen común y las reglas de la sección como especialidades tributarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones tributarias siguen el régimen administrativo general con las especialidades previstas en su sección específica.

Artículo 110. Lugar de práctica de las notificaciones.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Datos clave

  • A solicitud del interesado: en el lugar señalado por el obligado o su representante.
  • En su defecto, en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
  • De oficio: en el domicilio fiscal del obligado o su representante, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica.
  • De oficio cabe también cualquier otro lugar adecuado a tal fin.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A instancia del interesado, se notifica en el lugar que señale o, si no, en el domicilio fiscal; de oficio, en el domicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad u otro adecuado.

Esquema

Lugar de notificación
A solicitud del interesadoDe oficio
LugarEl señalado por el obligado o representante; en su defecto, el domicilio fiscalDomicilio fiscal, centro de trabajo, lugar de la actividad o cualquier otro adecuado

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Artículo 111. Personas legitimadas para recibir las notificaciones.

1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.

2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

Datos clave

  • Si el obligado o su representante no están presentes, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el lugar o domicilio y haga constar su identidad.
  • También pueden recibirla los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios.
  • Rige cuando se notifica en el lugar señalado o en el domicilio fiscal del obligado o de su representante.
  • El rechazo de la notificación por el interesado o su representante implica que se tenga por efectuada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Determina quién puede hacerse cargo de una notificación cuando el interesado no está presente, y qué efecto tiene rechazarla.

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Artículo 112. Notificación por comparecencia.

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la notificación por comparecencia.

1. Supuesto y forma de citación

Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el «Boletín Oficial del Estado».

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. Si el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. Contenido de la publicación y plazo de comparecencia

En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

3. Efectos sobre las actuaciones posteriores

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.

Datos clave

  • Procede cuando la notificación no es posible por causas no imputables a la Administración, tras al menos dos intentos en el domicilio fiscal o designado.
  • Basta un solo intento si el destinatario consta como desconocido.
  • Citación mediante anuncio publicado una sola vez para cada interesado en el «Boletín Oficial del Estado».
  • El BOE publica estos anuncios los lunes, miércoles y viernes de cada semana.
  • Plazo de comparecencia: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio.
  • Sin comparecencia, la notificación se entiende producida el día siguiente al vencimiento del plazo.
  • Las liquidaciones y los acuerdos de enajenación de bienes embargados deben notificarse siempre conforme a esta Sección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si no se puede notificar en el domicilio tras dos intentos (o uno si es desconocido), se cita por anuncio en el BOE y el interesado tiene 15 días naturales para comparecer.

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Artículo 177 bis. Actuaciones de asistencia mutua.

1. La Administración tributaria podrá requerir y prestará asistencia mutua tendente al intercambio de información, a la recaudación de créditos o a otros fines previstos en la normativa reguladora de dicha asistencia.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 83.1, segundo párrafo, de esta Ley, se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades y actuaciones a las que se refiere ese apartado realizadas en el ámbito de la normativa sobre asistencia mutua.

3. A las actuaciones que la Administración tributaria realice como consecuencia de solicitudes de asistencia recibidas les será de aplicación lo establecido en los capítulos anteriores de este título, con las especialidades contenidas en este capítulo.

4. La asistencia que la Administración tributaria preste a otros Estados o a entidades internacionales o supranacionales en virtud de la normativa sobre asistencia mutua estará sometida a las limitaciones establecidas en esta última.

Datos clave

  • Artículo 177 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria: actuaciones de asistencia mutua.
  • La Administración tributaria puede requerir y prestará asistencia mutua para el intercambio de información, la recaudación de créditos u otros fines previstos en la normativa reguladora.
  • Conforme al artículo 83.1, segundo párrafo, se considera aplicación de los tributos el ejercicio de esas actuaciones en el ámbito de la asistencia mutua.
  • A las actuaciones por solicitudes de asistencia recibidas se aplican los capítulos anteriores del título con las especialidades de este capítulo.
  • La asistencia a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales está sometida a las limitaciones de la normativa de asistencia mutua.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda presta y pide asistencia mutua para intercambiar información, recaudar créditos u otros fines; es aplicación de los tributos y se somete a los límites de su propia normativa.

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Artículo 177 quáter. Presencia de funcionarios y controles simultáneos.

El artículo 177 quáter de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula la presencia de funcionarios en las actuaciones de asistencia mutua y los controles simultáneos.

1. Presencia de funcionarios extranjeros en España. En el desarrollo de las actuaciones de asistencia mutua a otros Estados, podrán estar presentes, o participar por medios de comunicación electrónicos, funcionarios designados por el Estado requirente previa autorización de la autoridad competente española o previo acuerdo entre los Estados. La actuación de funcionarios de otros Estados en España se realizará de conformidad con la normativa española, sin perjuicio de la normativa de asistencia mutua que resulte de aplicación.

2. Presencia de funcionarios españoles en otros Estados. Los funcionarios designados por la autoridad competente española podrán estar presentes en otros Estados o participar a través de medios de comunicación electrónicos en el marco de peticiones de asistencia efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pudiendo actuar en los términos establecidos en la normativa sobre asistencia mutua.

3. Controles simultáneos. Son controles simultáneos las actuaciones realizadas de acuerdo con otro u otros Estados con el objeto de intercambiar la información obtenida en relación con personas o entidades que sean de interés común o complementario para los Estados intervinientes. La Administración tributaria podrá participar, junto con las autoridades competentes de otros Estados, en controles simultáneos, en los términos establecidos en la normativa sobre asistencia mutua. Dicha participación podrá incluir la participación por medios de comunicación electrónicos de los funcionarios a que se refiere el apartado anterior. A los intercambios de la información obtenida en dichos controles les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 ter de la ley.

Datos clave

  • Los funcionarios designados por el Estado requirente pueden estar presentes, o participar por medios electrónicos, previa autorización de la autoridad competente española o previo acuerdo entre los Estados.
  • La actuación de funcionarios de otros Estados en España se realiza conforme a la normativa española.
  • Los funcionarios designados por la autoridad competente española pueden estar presentes en otros Estados en peticiones de asistencia efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Son controles simultáneos las actuaciones realizadas de acuerdo con otro u otros Estados para intercambiar información sobre personas o entidades de interés común o complementario.
  • Los intercambios de información obtenida en controles simultáneos se rigen por el artículo 177 ter.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En asistencia mutua, funcionarios extranjeros pueden actuar en España con autorización o acuerdo, los españoles pueden ir fuera y Hacienda puede hacer controles simultáneos con otros Estados.

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Artículo 177 ter. Intercambio de información.

El artículo 177 ter de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula el intercambio de información con otros Estados y entidades internacionales o supranacionales. Se añadió con efectos desde el 1 de enero de 2012 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

1. Información facilitada por la Administración tributaria. La Administración tributaria podrá facilitar a otros Estados o a entidades internacionales o supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de tributos de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales, en los términos y con los límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o entidad receptora pueda utilizarla para otros fines cuando así se establezca en dicha normativa.

Para proporcionar la información, la Administración tributaria realizará las actuaciones que se precisen para obtenerla, incluso cuando la información solicitada no sea precisa para la determinación de sus tributos internos. A tal efecto, podrá utilizar cualquiera de los mecanismos de obtención de información regulados en la ley.

La Administración tributaria podrá oponerse o deberá autorizar expresamente, en los términos de la normativa sobre asistencia mutua, que la información facilitada sea transmitida a un tercer Estado o entidad internacional o supranacional.

2. Información recibida de otros Estados. La información suministrada a la Administración tributaria por otros Estados o por entidades internacionales o supranacionales en virtud de normas sobre asistencia mutua tendrá carácter reservado en los términos señalados en el artículo 95.1 de la ley, salvo que la normativa sobre asistencia establezca otra cosa.

No obstante, la cesión a terceros establecida en los distintos párrafos del artículo 95.1 será posible solo si la normativa del Estado o entidad que ha facilitado la información permite su utilización para fines similares, salvo que la normativa sobre asistencia establezca otra cosa. El procedimiento de cesión de esta información a terceros se desarrollará reglamentariamente. La información podrá ser remitida a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales si así lo permite la normativa sobre asistencia mutua, y en las condiciones establecidas en la misma.

Datos clave

  • La Administración tributaria puede facilitar datos a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales cuando la cesión tenga por objeto la aplicación de tributos de su titularidad.
  • Se obtiene la información incluso cuando no sea precisa para la determinación de los tributos internos, con cualquiera de los mecanismos regulados en la ley.
  • La Administración puede oponerse, o debe autorizar expresamente, que la información se transmita a un tercer Estado o entidad.
  • La información recibida de otros Estados tiene carácter reservado en los términos del artículo 95.1.
  • La cesión a terceros de la información recibida solo es posible si la normativa del Estado que la facilitó permite su utilización para fines similares.
  • El procedimiento de cesión a terceros se desarrollará reglamentariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede ceder datos a otros Estados para aplicar sus tributos, aunque no le sirvan a ella; la información recibida es reservada y solo se cede a terceros si el Estado de origen lo permite para fines similares.

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Artículo 18. Obligación de disponer de un número de identificación fiscal y forma de acreditación.

1. Las personas físicas y jurídicas, así como los obligados tributarios a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tendrán un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.

2. El número de identificación fiscal podrá acreditarse por su titular mediante la exhibición del documento expedido para su constancia por la Administración tributaria, del documento nacional de identidad o del documento oficial en que se asigne el número personal de identificación de extranjero.

3. El cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores no exime de la obligación de disponer de otros códigos o claves de identificación adicionales según lo que establezca la normativa propia de cada tributo.

Datos clave

  • Artículo 18 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria: las personas físicas y jurídicas y los obligados del artículo 35.4 de la Ley 58/2003 tendrán un número de identificación fiscal (NIF).
  • El NIF se acredita con el documento expedido por la Administración tributaria, el DNI o el documento oficial con el número personal de identificación de extranjero.
  • Disponer de NIF no exime de otros códigos o claves de identificación adicionales que establezca la normativa de cada tributo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Personas físicas, jurídicas y entes del artículo 35.4 de la LGT deben tener NIF para sus relaciones tributarias; se acredita con el documento de Hacienda, el DNI o el documento del NIE, sin eximir de otros códigos.

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Artículo 19. El número de identificación fiscal de las personas físicas de nacionalidad española.

1. Para las personas físicas de nacionalidad española, el número de identificación fiscal será el número de su documento nacional de identidad seguido del correspondiente código o carácter de verificación, constituido por una letra mayúscula que habrá de constar en el propio documento nacional de identidad, de acuerdo con sus disposiciones reguladoras.

2. Los españoles que realicen o participen en operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria y no estén obligados a obtener el documento nacional de identidad por residir en el extranjero o por ser menores de 14 años, deberán obtener un número de identificación fiscal propio. Para ello, podrán solicitar el documento nacional de identidad con carácter voluntario o solicitar de la Administración tributaria la asignación de un número de identificación fiscal. Este último estará integrado por nueve caracteres con la siguiente composición: una letra inicial destinada a indicar la naturaleza de este número, que será la L para los españoles residentes en el extranjero y la K para los españoles que, residiendo en España, sean menores de 14 años; siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta en el Censo de Obligados Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.

3. Para la identificación de los menores de 14 años en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria habrán de figurar tanto los datos de la persona menor de 14 años, incluido su número de identificación fiscal, como los de su representante legal.

Datos clave

  • Artículo 19 del Reglamento General de gestión e inspección: el NIF de los españoles es el número del DNI seguido de un carácter de verificación (letra mayúscula).
  • Españoles no obligados a tener DNI (residentes en el extranjero o menores de 14 años) deben obtener un NIF propio: DNI voluntario o NIF asignado por la Administración tributaria.
  • Ese NIF tiene nueve caracteres: letra inicial (L para españoles residentes en el extranjero; K para residentes en España menores de 14 años), siete alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
  • Si no lo solicitan, la Administración puede darles de alta de oficio en el Censo de Obligados Tributarios.
  • En la identificación de menores de 14 años deben figurar los datos del menor, con su NIF, y los de su representante legal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el NIF de los españoles: el número del DNI más su letra, salvo para quienes no están obligados a tener DNI (menores de 14 años o residentes en el extranjero), que reciben un NIF propio de 9 caracteres.

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Artículo 20. El número de identificación fiscal de las personas físicas de nacionalidad extranjera.

1. Para las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española, el número de identificación fiscal será el número de identidad de extranjero que se les asigne o se les facilite de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su normativa de desarrollo.

2. Las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española y no dispongan del número de identidad de extranjero, bien de forma transitoria por estar obligados a tenerlo o bien de forma definitiva al no estar obligados a ello, deberán solicitar a la Administración tributaria la asignación de un número de identificación fiscal cuando vayan a realizar operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Dicho número estará integrado por nueve caracteres con la siguiente composición: una letra inicial, que será la M, destinada a indicar la naturaleza de este número, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta en el Censo de Obligados Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.

Datos clave

  • Artículo 20 del Reglamento General de gestión e inspección: el NIF de los extranjeros es el número de identidad de extranjero (Ley Orgánica 4/2000).
  • Si carecen de él deben solicitar a la Administración tributaria un NIF antes de operaciones con trascendencia tributaria.
  • Ese NIF tiene nueve caracteres: letra inicial M, siete alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
  • Si no lo solicitan, la Administración puede darles de alta de oficio en el Censo de Obligados Tributarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para extranjeros, el NIF es su NIE; si no lo tienen, deben pedir a Hacienda un NIF de nueve caracteres que empieza por M, y si no lo piden, Hacienda puede asignarlo de oficio.

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Artículo 21. Normas sobre la asignación del número de identificación fiscal a personas físicas nacionales y extranjeras por la Administración tributaria.

1. El número de identificación fiscal asignado directamente por la Administración tributaria de acuerdo con los artículos 19 y 20 tendrá validez en tanto su titular no obtenga el documento nacional de identidad o su número de identidad de extranjero.

Quienes disponiendo de número de identificación fiscal obtengan posteriormente el documento nacional de identidad o un número de identidad de extranjero deberán comunicar en un plazo de dos meses esta circunstancia a la Administración tributaria y a las demás personas o entidades ante las que deba constar su nuevo número de identificación fiscal. El anterior número de identificación fiscal surtirá efectos hasta la fecha de comunicación del nuevo.

2. Cuando se trate de personas físicas que no tengan nacionalidad española, el órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se determine en sus normas de organización específica, podrá recibir y trasladar directamente al Ministerio del Interior la solicitud de asignación de un número de identidad de extranjero.

3. Cuando se detecte que una persona física dispone simultáneamente de un número de identificación fiscal asignado por la Administración tributaria y de un documento nacional de identidad o un número de identidad de extranjero, prevalecerá este último. La Administración tributaria deberá notificar al interesado la pérdida de validez del número de identificación fiscal previamente asignado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, y pondrá en su conocimiento la obligación de comunicar su número válido a todas las personas o entidades a las que deba constar dicho número por razón de sus operaciones.

Datos clave

  • Artículo 21 del Reglamento General de gestión e inspección: el NIF asignado por la Administración vale mientras su titular no obtenga el DNI o el número de identidad de extranjero.
  • Quien obtenga después DNI o número de identidad de extranjero debe comunicarlo en un plazo de dos meses; el anterior NIF surte efectos hasta la fecha de comunicación del nuevo.
  • La AEAT puede recibir y trasladar directamente al Ministerio del Interior la solicitud de número de identidad de extranjero.
  • Si una persona tiene a la vez NIF asignado y DNI o número de identidad de extranjero, prevalece este último y la Administración notifica la pérdida de validez del NIF previo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El NIF que asigna Hacienda a una persona física vale hasta que obtenga DNI o NIE; entonces debe comunicarlo en dos meses y, si coinciden ambos, prevalece el DNI o NIE.

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Artículo 22. El número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

1. La Administración Tributaria asignará a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica un número de identificación fiscal que las identifique, y que será invariable cualesquiera que sean las modificaciones que experimenten aquellas, salvo que cambie su forma jurídica o nacionalidad.

En los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica incluirá:

a) Información sobre la forma jurídica, si se trata de una entidad española, o, en su caso, el carácter de entidad extranjera o de establecimiento permanente de una entidad no residente en España.

b) Un número aleatorio.

c) Un carácter de control.

2. Cuando una persona jurídica o entidad no residente opere en territorio español mediante establecimientos permanentes que realicen actividades claramente diferenciadas y cuya gestión se lleve de modo separado, cada establecimiento permanente deberá solicitar un número de identificación fiscal distinto del asignado, en su caso, a la persona o entidad no residente.

3. Las distintas Administraciones públicas y los organismos o entidades con personalidad jurídica propia dependientes de cualquiera de aquellas, podrán disponer de un número de identificación fiscal para cada uno de los sectores de su actividad empresarial o profesional, así como para cada uno de sus departamentos, consejerías, dependencias u órganos superiores, con capacidad gestora propia.

4. Asimismo, podrán disponer de número de identificación fiscal cuando así lo soliciten:

a) Los centros docentes de titularidad pública.

b) Los centros sanitarios o asistenciales de titularidad pública.

c) Los órganos de gobierno y los centros sanitarios o asistenciales de la Cruz Roja Española.

d) Los registros públicos.

e) Los juzgados, tribunales y salas de los tribunales de justicia.

f) Los boletines oficiales cuando no tenga personalidad jurídica propia.

5. Las entidades eclesiásticas que tengan personalidad jurídica propia tendrán un número de identificación fiscal aunque estén integradas, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en un sujeto pasivo cuyo ámbito sea una diócesis o una provincia religiosa.

Datos clave

  • Artículo 22 del Reglamento General de gestión e inspección: la Administración asigna a personas jurídicas y entidades sin personalidad un NIF invariable, salvo cambio de forma jurídica o nacionalidad.
  • Su composición incluye información sobre la forma jurídica (o carácter de entidad extranjera o establecimiento permanente), un número aleatorio y un carácter de control.
  • Los establecimientos permanentes con actividades claramente diferenciadas y gestión separada deben solicitar un NIF distinto.
  • Las Administraciones públicas pueden tener un NIF por sector de actividad empresarial o profesional y por departamento con capacidad gestora propia.
  • Pueden tenerlo si lo solicitan: centros docentes y sanitarios o asistenciales públicos, órganos de gobierno y centros de la Cruz Roja Española, registros públicos, juzgados y tribunales, y boletines oficiales sin personalidad propia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El NIF de personas jurídicas y entidades sin personalidad lo asigna la Administración tributaria, es invariable salvo cambio de forma jurídica o nacionalidad, y se compone de un dato sobre la forma jurídica, un número aleatorio y un carácter de control.

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Artículo 23. Solicitud del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

1. Las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que vayan a ser titulares de relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria deberán solicitar la asignación de un número de identificación fiscal.

En el caso de que no lo soliciten, la Administración tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta en el Censo de Obligados Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda.

2. Cuando se trate de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que vayan a realizar actividades empresariales o profesionales, deberán solicitar su número de identificación fiscal antes de la realización de cualquier entrega, prestación o adquisición de bienes o servicios, de la percepción de cobros o del abono de pagos, o de la contratación de personal laboral, efectuados para el desarrollo de su actividad. En todo caso, la solicitud se formulará dentro del mes siguiente a la fecha de su constitución o de su establecimiento en territorio español.

3. La solicitud se efectuará mediante la presentación de la oportuna declaración censal de alta regulada en el artículo 9, en la que se harán constar las circunstancias previstas en sus apartados 2 y 3 en la medida en que se produzcan o sean conocidas en el momento de la presentación de la declaración.

4. La solicitud de asignación del número de identificación fiscal en los supuestos recogidos en el artículo 22.3 y 4 deberá dirigirse al órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se determine en sus normas de organización específica, por la entidad con personalidad jurídica propia interesada o por un departamento ministerial o consejería de una comunidad autónoma. En el escrito de solicitud se indicarán los sectores, órganos o centros para los que se solicita un número de identificación fiscal propio y las razones que motivan la petición.

Estimada la petición, el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria procederá a asignar el número de identificación fiscal.

Datos clave

  • Artículo 23 del Reglamento General de gestión e inspección: las personas jurídicas y entidades sin personalidad titulares de relaciones con trascendencia tributaria deben solicitar el NIF; si no lo hacen, puede darles de alta de oficio la Administración.
  • Si van a realizar actividades empresariales o profesionales, deben solicitarlo antes de cualquier entrega, prestación, adquisición, cobro, pago o contratación de personal laboral; en todo caso, dentro del mes siguiente a su constitución o establecimiento en España.
  • La solicitud se hace con la declaración censal de alta del artículo 9.
  • Para los supuestos del artículo 22.3 y 4, se dirige al órgano de la AEAT que se determine, indicando sectores, órganos o centros y razones de la petición.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Personas jurídicas y entes sin personalidad deben pedir NIF; si son empresas o profesionales, antes de operar y, en todo caso, dentro del mes siguiente a su constitución o establecimiento; se pide con la declaración censal de alta.

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Artículo 24. Asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria asignará el número de identificación fiscal en el plazo de 10 días.

La Administración tributaria podrá comprobar la veracidad de los datos comunicados por los interesados en sus solicitudes de número de identificación fiscal provisional o definitivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 144.1 y 2. Cuando de la comprobación resultara que los datos no son veraces, la Administración tributaria, previa audiencia a los interesados por un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, podrá denegar la asignación de dicho número.

2. El número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad tendrá carácter provisional mientras la entidad interesada no haya aportado copia de la escritura pública o documento fehaciente de su constitución y de los estatutos sociales o documento equivalente, así como certificación de su inscripción, cuando proceda, en un registro público.

El número de identificación fiscal, provisional o definitivo, no se asignará a las personas jurídicas o entidades que no aporten, al menos, un documento debidamente firmado en el que los otorgantes manifiesten su acuerdo de voluntades para la constitución de la persona jurídica o entidad u otro documento que acredite situaciones de cotitularidad.

El firmante de la declaración censal de solicitud deberá acreditar que actúa en representación de la persona jurídica, entidad sin personalidad o colectivo que se compromete a su creación.

3. Cuando se asigna un número de identificación fiscal provisional, la entidad quedará obligada a la aportación de la documentación pendiente necesaria para la asignación del número de identificación fiscal definitivo en el plazo de un mes desde la inscripción en el registro público correspondiente o desde el otorgamiento de las escrituras públicas o documentos fehacientes de su constitución y de los estatutos sociales o documentos equivalentes de su constitución, cuando no fuera necesaria la inscripción de los mismos en el registro correspondiente.

Trascurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, o vencido el plazo de seis meses desde la asignación de un número de identificación fiscal provisional, sin que se haya aportado la documentación pendiente, la Administración tributaria podrá requerir su aportación otorgando un plazo máximo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para su presentación o para que se justifiquen los motivos que la imposibiliten, con indicación del plazo necesario para su aportación definitiva.

La falta de atención en tiempo y forma del requerimiento para la aportación de la documentación pendiente podrá determinar, previa audiencia al interesado, la revocación del número de identificación asignado, en los términos a que se refiere el artículo 147.

4. Para solicitar el número de identificación fiscal definitivo se deberá presentar la declaración censal de modificación, en la que se harán constar, en su caso, todas las modificaciones que se hayan producido respecto de los datos consignados en la declaración presentada para solicitar el número de identificación fiscal provisional que todavía no hayan sido comunicados a la Administración en anteriores declaraciones censales de modificación, y a la que se acompañará la documentación pendiente.

Cumplida esta obligación, se asignará el número de identificación fiscal definitivo.

5. La Administración tributaria podrá exigir una traducción al castellano o a otra lengua oficial en España de la documentación aportada para la asignación del número de identificación fiscal cuando aquella esté redactada en lengua no oficial.

6. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá suscribir convenios con los organismos, instituciones o personas que intervienen en el proceso de creación de entidades para facilitar la comunicación del número de identificación fiscal, provisional o definitivo, asignado. Cuando en virtud de lo dispuesto en un convenio, la Agencia Estatal de Administración Tributaria tenga conocimiento por medio de organismos, instituciones o personas de la información necesaria para asignar a una entidad el número de identificación fiscal, podrá exonerar a la entidad de presentar una declaración censal para solicitar la asignación de dicho número, sin perjuicio de la obligación que incumbe a la entidad de comunicar las modificaciones que se hayan producido respecto de la información que haya hecho constar en las declaraciones censales que haya presentado con anterioridad.

Datos clave

  • Artículo 24 del Reglamento General de gestión e inspección: la AEAT asigna el NIF en el plazo de 10 días.
  • Si los datos no son veraces, tras audiencia de 10 días, puede denegar la asignación.
  • El NIF es provisional hasta que se aporte copia de la escritura o documento fehaciente de constitución, estatutos y, en su caso, certificación de inscripción registral.
  • Con NIF provisional, la documentación pendiente debe aportarse en el plazo de un mes desde la inscripción o el otorgamiento de las escrituras; pasado ese plazo, o a los seis meses de la asignación, la Administración puede requerirla con un plazo máximo de 10 días.
  • La falta de atención al requerimiento puede determinar, previa audiencia, la revocación del NIF (artículo 147).
  • El NIF definitivo se solicita con la declaración censal de modificación, acompañada de la documentación pendiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AEAT asigna el NIF a personas jurídicas y entidades en 10 días; es provisional hasta aportar escritura, estatutos e inscripción, y si no se aporta puede acabar revocado.

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Artículo 25. Especialidades del número de identificación fiscal de los empresarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

1. A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las personas o entidades que realicen operaciones intracomunitarias a las que se refiere el apartado 2, el número de identificación será el definido de acuerdo con lo establecido en este reglamento, al que se antepondrá el prefijo ES, conforme al estándar internacional código ISO-3166 alfa 2.

Dicho número se asignará cuando se solicite por el interesado la inclusión en el Registro de operadores intracomunitarios, en la forma prevista para la declaración de alta o modificación de datos censales. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá denegar la asignación de este número en los supuestos comprendidos en los artículo 24.1 y 146.1.b) de este reglamento. Si la Agencia Estatal de Administración Tributaria no hubiera resuelto en un plazo de tres meses, podrá considerarse denegada la asignación del número solicitado.

2. El número de identificación fiscal definido en el apartado anterior se asignará a las siguientes personas o entidades:

a) Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al citado impuesto, incluso si los bienes objeto de dichas adquisiciones intracomunitarias se utilizan en la realización de actividades empresariales o profesionales en el extranjero.

b) Los empresarios o profesionales que sean destinatarios de servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto de los cuales sean sujetos pasivos.

c) Los empresarios o profesionales que presten servicios que, conforme a las reglas de localización, se entiendan realizados en el territorio de otro Estado miembro cuando el sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos

d) Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando las adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.1.º y 14 de la Ley reguladora del mismo.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 anterior, no se asignará el número de identificación específico a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las siguientes personas o entidades:

a) Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no atribuyan el derecho a la deducción total o parcial del impuesto o que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas por dichas personas no estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de dicho impuesto.

b) Las indicadas en la letra anterior y las que no actúen como empresarios o profesionales, cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos.

c) Las comprendidas en el artículo 5.uno.e) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, que realicen en dicho territorio exclusivamente operaciones por las cuales no sean sujetos pasivos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.uno, números 2.º, 3.º y 4.º de la ley reguladora de dicho impuesto.

e) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen en el mismo exclusivamente las adquisiciones intracomunitarias de bienes y entregas subsiguientes a las que se refiere el artículo 26.tres de la ley de dicho impuesto.

4. Las personas o entidades que entreguen bienes o efectúen prestaciones de servicios que se localicen en otros Estados miembros podrán solicitar a la Administración tributaria la confirmación del número de identificación fiscal atribuido por cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea a los destinatarios de dichas operaciones.

5. Los empresarios o profesionales que realicen entregas de bienes con destino a otros Estados miembros o que efectúen prestaciones de servicios que se localicen en otros Estados miembros, podrán solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la confirmación del número de identificación fiscal atribuido por cualquiera de dichos Estados a los destinatarios de las citadas operaciones.

Datos clave

  • Artículo 25 del Reglamento General de gestión e inspección: a efectos del IVA, para operaciones intracomunitarias el NIF lleva el prefijo ES (ISO-3166 alfa 2).
  • Se asigna al solicitar la inclusión en el Registro de operadores intracomunitarios; si la AEAT no resuelve en tres meses puede considerarse denegada.
  • Se asigna a empresarios o profesionales con entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes, destinatarios de servicios de no establecidos de los que sean sujetos pasivos, prestadores de servicios localizados en otro Estado miembro cuando el destinatario sea sujeto pasivo, y personas jurídicas no empresarias con adquisiciones intracomunitarias sujetas al IVA.
  • No se asigna, entre otros, a sujetos pasivos con operaciones que no atribuyan derecho a deducción o con régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, ni a quienes realicen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos en esos casos.
  • Se puede solicitar a la Administración la confirmación del NIF atribuido por cualquier Estado miembro a los destinatarios de las operaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para operaciones intracomunitarias el NIF lleva delante el prefijo ES; se asigna al pedir la inclusión en el Registro de operadores intracomunitarios y no se da a quien no tiene derecho a deducir o no está sujeto.

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Artículo 26. Utilización del número de identificación fiscal ante la Administración tributaria.

1. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios deberán incluir su número de identificación fiscal en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presenten ante la Administración tributaria. En caso de no disponer de dicho número deberán solicitar su asignación de acuerdo con lo previsto en los artículos 19, 20 y 23 de este reglamento.

La Administración tributaria podrá admitir la presentación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que no conste el número de identificación fiscal.

Cuando el obligado tributario carezca de número de identificación fiscal, la tramitación quedará condicionada a la aportación del correspondiente número. Transcurridos 10 días desde la presentación sin que se haya acreditado la solicitud del número de identificación fiscal se podrá tener por no presentada la autoliquidación, declaración, comunicación o escrito, previa resolución administrativa que así lo declare.

2. Los obligados tributarios deberán incluir el número de identificación fiscal de las personas o entidades con las que realicen operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presenten ante la Administración tributaria de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento o en otras disposiciones.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, los obligados tributarios podrán exigir de las personas o entidades con las que realicen operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria que les comuniquen su número de identificación fiscal. Dichas personas o entidades deberán facilitarlo y, en su caso, acreditarlo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de este reglamento.

Datos clave

  • Artículo 26 del Reglamento General de gestión e inspección: los obligados deben incluir su NIF en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos ante la Administración tributaria (disposición adicional sexta de la Ley 58/2003).
  • Si carecen de NIF deben solicitarlo conforme a los artículos 19, 20 y 23.
  • Transcurridos 10 días desde la presentación sin acreditar la solicitud del NIF, se puede tener por no presentado el documento, previa resolución administrativa.
  • También deben incluir el NIF de las personas o entidades con las que realicen operaciones con trascendencia tributaria, y pueden exigir que se lo comuniquen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los obligados deben poner su NIF y el de quienes operan con ellos en sus escritos a Hacienda; sin NIF, la tramitación se condiciona y, tras 10 días sin acreditar la solicitud, puede tenerse por no presentado.

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Artículo 27. Utilización del número de identificación fiscal en operaciones con trascendencia tributaria.

1. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados tributarios deberán incluir su número de identificación fiscal en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expidan como consecuencia del desarrollo de su actividad, y deberán comunicarlo a otros obligados de acuerdo con lo previsto en este reglamento o en otras disposiciones. En caso de no disponer de dicho número deberán solicitar su asignación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 23 de este reglamento.

Asimismo, los obligados tributarios deberán incluir en dichos documentos el número de identificación fiscal de las personas o entidades con las que realicen operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento o en otras disposiciones.

2. En particular, deberá incluirse o comunicarse el número de identificación fiscal en las siguientes operaciones con trascendencia tributaria:

a) Cuando se perciban o paguen rendimientos del trabajo, satisfechos desde establecimientos radicados en España, o del capital mobiliario, abonados en territorio español o procedentes de bienes o valores situados o anotados en dicho territorio. En estos casos, se deberá comunicar el número de identificación fiscal al pagador o perceptor de los referidos rendimientos.

Se entenderán, en particular, situados o anotados en territorio español aquellos valores o activos financieros cuyo depósito, gestión, administración o registro contable se hallen encomendados a una persona o entidad o a un establecimiento de la misma radicados en España.

b) Cuando se pretenda adquirir o transmitir valores representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta y situados en España. En estos casos, las personas o entidades que pretendan la adquisición o transmisión deberán comunicar, al tiempo de dar la orden correspondiente, su número de identificación fiscal a la entidad emisora o intermediarios financieros respectivos, que no atenderán aquella hasta el cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Así mismo, el número de identificación fiscal del adquirente deberá figurar en las certificaciones acreditativas de la adquisición de activos financieros con rendimiento implícito.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las adquisiciones o transmisiones de valores que se realicen a través de las cuentas a las que se refiere el artículo 28.7 de este Reglamento.

c) Cuando se formalicen actos o contratos ante notario que tengan por objeto la declaración, constitución, adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles o cualquier otro acto o contrato con trascendencia tributaria. En estos casos, se deberá incluir en las escrituras o documentos el número de identificación fiscal de las personas o entidades que comparezcan y los de las personas en cuya representación actúen.

Cuando se incumpla esta obligación los notarios deberán presentar a la Administración tributaria la declaración informativa regulada en el artículo 51.

d) Cuando se contrate cualquier operación de seguro o financiera con entidades aseguradoras españolas o que operen en España en régimen de derecho de establecimiento o mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios. En estos casos, las personas o entidades que figuren como asegurados o perciban las correspondientes indemnizaciones o prestaciones deberán comunicar su número de identificación fiscal a la entidad aseguradora con quien operen. Dicho número deberá figurar en la póliza o documento que sirva para recoger estas operaciones.

Se exceptúan los contratos de seguro en el ramo de accidentes con una duración temporal no superior a tres meses.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá exceptuar otras operaciones con entidades aseguradoras de este deber de identificación, cuando constituyan contratos de seguro ajenos al ramo de vida y con duración temporal.

e) Cuando se realicen contribuciones o aportaciones a planes de pensiones o se perciban las correspondientes prestaciones. En estos casos, se deberá comunicar el número de identificación fiscal a las entidades gestoras de los fondos de pensiones a los que dichos planes se hallen adscritos o a los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en España planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española o, en su caso, a sus entidades gestoras, y deberá figurar aquel en los documentos en los que se formalicen las obligaciones de contribuir y el reconocimiento de prestaciones.

f) Cuando se realicen operaciones de suscripción, adquisición, reembolso o transmisión de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas o que se comercialicen en España conforme a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. En estos casos, las personas o entidades que realicen estas operaciones deberán comunicar su número de identificación fiscal a las entidades gestoras españolas o que operen en España mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, o en su defecto, a las sociedades de inversión o entidades comercializadores. El número de identificación fiscal deberá figurar en los documentos relativos a dichas operaciones.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las operaciones que se realicen a través de las cuentas a las que se refiere el artículo 28.7 de este Reglamento.

3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, los obligados tributarios podrán exigir de las personas o entidades con las que realicen operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria que les comuniquen su número de identificación fiscal. Dichas personas o entidades deberán facilitarlo y, en su caso, acreditarlo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.

Datos clave

  • Artículo 27 del Reglamento General de gestión e inspección: el NIF debe incluirse en los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que se expidan y comunicarse a otros obligados (disposición adicional sexta de la Ley 58/2003).
  • Operaciones en que debe incluirse o comunicarse: rendimientos del trabajo y del capital mobiliario; adquisición o transmisión de valores representados por títulos o anotaciones en cuenta; actos ante notario; operaciones de seguro o financieras con aseguradoras; planes de pensiones; instituciones de inversión colectiva.
  • En seguros se exceptúan los contratos del ramo de accidentes con duración temporal no superior a tres meses.
  • Si en las escrituras no figura el NIF, los notarios presentan la declaración informativa del artículo 51.
  • No se aplica a valores y operaciones realizadas a través de las cuentas del artículo 28.7.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El NIF propio y el de la otra parte deben figurar en todo documento con trascendencia tributaria; el artículo detalla seis operaciones donde es obligatorio comunicarlo, con algunas excepciones.

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Artículo 28. Utilización del número de identificación fiscal en las operaciones con entidades de crédito.

1. Las personas o entidades que realicen operaciones con entidades de crédito españolas o que operen en España mediante sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, deberán comunicarles su número de identificación fiscal de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este artículo.

2. No será necesario comunicar el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en las operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros, por quien acredite su condición de no residente en el momento de la realización de la operación.

3. Podrá constituirse un depósito o abrirse una cuenta en una entidad de crédito sin acreditar el número de identificación fiscal en el momento de la constitución. La comunicación del número de identificación fiscal deberá efectuarse en el plazo de 15 días, sin que pueda realizarse ningún movimiento hasta que se aporte.

La entidad de crédito podrá iniciar los cargos o abonos en las cuentas o depósitos afectados o cancelarlos desde el momento en que todos los titulares de aquellos faciliten su número de identificación fiscal.

En los supuestos previstos en el artículo 40 de este reglamento, las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración tributaria la información a que se refiere dicho artículo.

4. A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las entidades de crédito deberán dejar constancia de los datos a que se refiere dicho apartado en las matrices o duplicados de los cheques librados y en el reverso de los cheques abonados. En su defecto, deberán dejar constancia en los registros auxiliares, contables o de cualquier otro tipo, utilizados para controlar estas operaciones de forma que se permita su posterior comprobación.

Asimismo, las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración tributaria la información a que se refiere el artículo 41 de este reglamento.

5. En las cuentas o depósitos a nombre de menores de edad o incapacitados, así como en los cheques en los que los tomadores o tenedores sean menores de edad o incapacitados, se consignará su número de identificación fiscal, así como el de las personas que tengan su representación legal.

6. En las cuentas o depósitos a nombre de varios titulares, autorizados o beneficiarios deberá constar el número de identificación fiscal de todos ellos.

7. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas en euros y en divisas, sean cuentas de activo, de pasivo o de valores, a nombre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España. Esta excepción no se aplicará a las cuentas cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de su titular situado en España.

8. Cuando los tomadores o tenedores de los cheques, en los supuestos previstos en el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sean personas físicas o entidades que declaren ser no residentes en España, el número de identificación fiscal podrá sustituirse por el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen.

9. La condición de no residente, a los exclusivos efectos previstos en los supuestos a que se refieren los apartados 2, 7 y 8 anteriores, podrá acreditarse ante la entidad que corresponda a través de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales del país de residencia o bien mediante una declaración de residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda.

Datos clave

  • Artículo 28 del Reglamento General de gestión e inspección: en operaciones con entidades de crédito debe comunicarse el NIF (disposición adicional sexta de la Ley 58/2003).
  • No es necesario en operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros por quien acredite ser no residente.
  • Puede abrirse una cuenta o depósito sin acreditar el NIF, pero debe comunicarse en 15 días y no puede haber movimientos hasta que se aporte.
  • En cuentas de menores o incapacitados se consigna su NIF y el de sus representantes legales; en cuentas con varios titulares, autorizados o beneficiarios, el NIF de todos.
  • Quedan exceptuadas las cuentas de no residentes, salvo las cuyos rendimientos se paguen a un establecimiento situado en España.
  • La condición de no residente se acredita con certificado de residencia fiscal o declaración de residencia fiscal ajustada al modelo que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien opera con entidades de crédito les comunica su NIF; se puede abrir cuenta sin él pero hay 15 días para aportarlo y, mientras, no hay movimientos. Los no residentes tienen excepciones.

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Artículo 29. Obligación de llevar y conservar los libros registro de carácter fiscal.

1. Cuando la normativa tributaria lo prevea, los obligados tributarios deberán llevar y conservar de forma correcta los libros registro que se establezcan. Igualmente, dicha normativa determinará los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos.

Los libros registro deberán conservarse en el domicilio fiscal del obligado tributario, salvo lo dispuesto en la normativa tributaria.

2. Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán asentarse en los correspondientes registros en el plazo de tres meses a partir del momento de realización de la operación o de la recepción del documento justificativo o, en todo caso, antes de que finalice el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración, autoliquidación o comunicación, salvo lo dispuesto en la normativa propia de cada tributo.

3. Los libros o registros contables, incluidos los de carácter informático o electrónico que, en cumplimiento de sus obligaciones contables, deban llevar los obligados tributarios, podrán ser utilizados como libros registro de carácter fiscal, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este reglamento y en la normativa específica de los distintos tributos.

A estos efectos, el libro diario simplificado que lleven los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del régimen simplificado de contabilidad, se considerará como libro registro de carácter fiscal de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de la contabilidad, en aquellos casos en que sustituya a los libros registros exigidos por la normativa tributaria.

4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá disponer adaptaciones o modificaciones de las obligaciones registrales de determinados sectores empresariales o profesionales.

Datos clave

  • Artículo 29 del Reglamento General de gestión e inspección: los obligados deben llevar y conservar correctamente los libros registro previstos en la normativa tributaria, que se conservan en el domicilio fiscal salvo disposición en contra.
  • Las operaciones deben asentarse en el plazo de tres meses desde su realización o recepción del documento justificativo o, en todo caso, antes de que acabe el plazo para presentar la declaración, autoliquidación o comunicación.
  • Los libros o registros contables, incluidos los informáticos, pueden usarse como libros registro de carácter fiscal si cumplen los requisitos.
  • El libro diario simplificado se considera libro registro de carácter fiscal cuando sustituya a los exigidos por la normativa tributaria.
  • El Ministro de Economía y Hacienda puede adaptar las obligaciones registrales de determinados sectores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los libros registro fiscales se llevan y conservan en el domicilio fiscal; las operaciones se anotan en tres meses y, en todo caso, antes de que acabe el plazo de declarar. La contabilidad puede servir como libro fiscal.

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Artículo 62. La información y asistencia tributaria.

La Administración tributaria promoverá y facilitará a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, poniendo a su disposición servicios de información y asistencia tributaria.

Datos clave

  • La Administración tributaria promoverá y facilitará el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos.
  • Lo hace poniendo a disposición de los obligados servicios de información y asistencia tributaria.
  • Los destinatarios son los obligados tributarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria debe promover y facilitar el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos, ofreciendo servicios de información y asistencia tributaria.

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Artículo 63. Actuaciones de información.

1. Las actuaciones de información se realizarán de oficio mediante la publicación de los textos actualizados de las normas tributarias y la doctrina administrativa de mayor trascendencia o mediante el envío de comunicaciones, entre otros medios.

La elaboración de las disposiciones interpretativas o aclaratorias corresponderá a los órganos a los que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se publicarán en el boletín oficial que corresponda, pudiendo ser sometidas a información pública, cuando la naturaleza de las mismas lo aconseje, en la forma establecida en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2. Las actuaciones a las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, también deberán llevarse a cabo, a iniciativa del obligado tributario, mediante la contestación a solicitudes de información tributaria, cualquiera que sea el medio por el que se formulen.

Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general podrá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento.

En los supuestos en los que las solicitudes de información se formulen por escrito, se deberá incluir el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal del obligado tributario, así como el derecho u obligación tributaria que le afecta respecto del que se solicita la información.

3. En la contestación a las solicitudes de información tributaria, incluidas aquellas relativas a retenciones, ingresos a cuenta o repercusiones, la Administración comunicará los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, sin que dicha contestación pueda ser objeto de recurso.

Las actuaciones de información y las contestaciones a las solicitudes de información tendrán los efectos previstos en el artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La falta de contestación de las solicitudes de información en los plazos establecidos en el artículo 64 de este reglamento no implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de solicitud.

4. En el ámbito de competencias del Estado, las actuaciones de información tributaria corresponderán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se refieran a cuestiones de su competencia, excepto cuando se refiera a cuestiones relativas a la aplicación de los tributos desarrolladas por otro órgano o entidad.

Datos clave

  • Actuaciones de oficio: publicación de normas actualizadas y doctrina de mayor trascendencia o envío de comunicaciones.
  • También a iniciativa del obligado, mediante contestación a solicitudes de información por cualquier medio.
  • Las solicitudes escritas deben incluir identificación, NIF y el derecho u obligación afectado.
  • La contestación comunica los criterios administrativos existentes y no puede ser objeto de recurso.
  • Efectos: los previstos en el artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003.
  • La falta de contestación en los plazos del artículo 64 no implica aceptación de los criterios de la solicitud.
  • En el ámbito estatal, la información corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuestiones de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración informa de oficio (publicando normas y doctrina o con comunicaciones) y a petición del obligado; sus contestaciones transmiten criterios, no son recurribles y su silencio no acepta lo pedido.

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Artículo 64. Tramitación de las solicitudes de información.

1. Las solicitudes de información tributaria formuladas por escrito que puedan ser objeto de contestación a partir de la documentación o de los antecedentes existentes en el órgano competente se contestarán en el plazo máximo de tres meses y en la contestación se hará referencia, en todo caso, a la normativa aplicable al objeto de la solicitud.

2. Cuando las solicitudes de información tributaria escritas sean recibidas por una Administración tributaria que no sea competente por razón de la materia, será remitida a la Administración competente y se comunicará esta circunstancia al interesado.

Datos clave

  • Las solicitudes escritas de información tributaria contestables con la documentación o antecedentes existentes se contestan en el plazo máximo de tres meses.
  • La contestación hará referencia, en todo caso, a la normativa aplicable al objeto de la solicitud.
  • Si la recibe una Administración tributaria no competente por razón de la materia, se remite a la competente y se comunica al interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las solicitudes escritas de información tributaria que puedan contestarse con lo que ya obra en el órgano se responden en tres meses, citando siempre la normativa aplicable; si llegan a una Administración incompetente, se remiten.

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Artículo 65. Órgano competente para la contestación de las consultas tributarias escritas.

En el ámbito de competencias del Estado, la competencia para contestar las consultas a las que se refiere esta subsección corresponderá a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • En el ámbito de competencias del Estado, contesta las consultas tributarias escritas la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.
  • Se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88.8 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el ámbito estatal, las consultas tributarias escritas las contesta la Dirección General de Tributos, sin perjuicio del artículo 88.8 de la Ley General Tributaria.

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Artículo 66. Iniciación del procedimiento para la contestación de las consultas tributarias escritas.

1. Las consultas se formularán por el obligado tributario mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, que deberá contener como mínimo:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

b) Manifestación expresa de si en el momento de presentar el escrito se está tramitando o no un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa relacionado con el régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda planteado en la consulta, salvo que esta sea formulada por las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

c) Objeto de la consulta.

d) En relación con la cuestión planteada en la consulta, se expresarán con claridad y con la extensión necesaria los antecedentes y circunstancias del caso.

e) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

2. En el caso de que la consulta verse sobre la existencia de un establecimiento permanente o sobre una transacción transfronteriza, el consultante deberá declarar dicha circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la apreciación de oficio por parte de la Administración tributaria competente para la contestación de la consulta.

Asimismo, el escrito de consulta deberá contener, además de los datos incluidos en el apartado 1 de este precepto, los siguientes datos:

a) Identificación del grupo mercantil o fiscal al que pertenece, en su caso, el consultante.

b) Descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar. En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o profesional y al interés público.

c) Estados que pudieran verse afectados por la transacción u operación objeto de consulta.

d) Personas residentes en otros Estados que pudieran verse afectadas por la contestación a la consulta.

e) Otros datos que fueran exigibles por la normativa de asistencia mutua aplicable.

3. En la solicitud se podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones y aquella se podrá acompañar de los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración tributaria.

4. A los efectos de este artículo, serán válidos los documentos normalizados que apruebe la Administración tributaria.

5. Las consultas podrán presentarse utilizando medios electrónicos. No obstante lo anterior, la presentación deberá efectuarse por dichos medios en el caso de los obligados tributarios que estuvieran obligados a relacionarse con la Administración por los citados medios.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se requerirá al obligado tributario o a las entidades a que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsanen el defecto con indicación de que de no atender el requerimiento en el plazo señalado se le tendrá por desistido de la consulta y se archivará sin más trámite.

7. Si la consulta se formulase después de la finalización de los plazos establecidos para el ejercicio del derecho, para la presentación de la declaración o autoliquidación o para el cumplimiento de la obligación tributaria, se procederá a su inadmisión y se comunicará esta circunstancia al obligado tributario.

Datos clave

  • La consulta se formula por escrito dirigido al órgano competente para su contestación.
  • Contenido mínimo: identificación y NIF, manifestación sobre procedimientos en curso, objeto, antecedentes y circunstancias, lugar, fecha y firma.
  • Las consultas sobre establecimiento permanente o transacción transfronteriza exigen datos adicionales.
  • Pueden presentarse por medios electrónicos, obligatorios para quienes deban relacionarse por esos medios.
  • Plazo de subsanación: 10 días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento.
  • Si no se subsana, se tiene por desistido y se archiva sin más trámite.
  • La consulta presentada fuera de plazo se inadmite y se comunica al obligado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La consulta tributaria escrita se dirige al órgano competente con un contenido mínimo; si falta algo, hay 10 días para subsanar o se tiene por desistida, y si llega fuera de plazo se inadmite.

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Artículo 67. Tramitación del procedimiento para la contestación de las consultas tributarias escritas.

1. Durante la tramitación del procedimiento se podrá requerir al obligado tributario la documentación o información que se estime necesaria para efectuar la contestación.

2. Asimismo, se podrá solicitar de otros centros directivos y organismos los informes que se estimen pertinentes para la formación del criterio aplicable al caso planteado.

Datos clave

  • Durante la tramitación se puede requerir al obligado tributario la documentación o información necesaria para efectuar la contestación.
  • Se pueden solicitar de otros centros directivos y organismos los informes pertinentes para formar el criterio aplicable al caso planteado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Durante la tramitación de una consulta escrita puede pedirse al obligado la documentación necesaria y a otros centros directivos y organismos los informes pertinentes.

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Artículo 68. Contestación de consultas tributarias escritas.

1. Cuando la contestación a la consulta incorpore un cambio de criterio administrativo, la Administración deberá motivar dicho cambio.

2. Cuando la consulta haya sido formulada por alguna de las entidades a las que se refiere el artículo 88.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, su contestación no tendrá efectos vinculantes para aquellos miembros o asociados que en el momento de formular la consulta estuviesen siendo objeto de un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa iniciado con anterioridad y relacionado con las cuestiones planteadas en la consulta conforme a lo dispuesto en su artículo 89.2.

Datos clave

  • El cambio de criterio administrativo en la contestación debe motivarse.
  • Consultas de entidades del artículo 88.3 de la Ley 58/2003: no vinculan a miembros con procedimiento, recurso o reclamación previo relacionado.
  • Remisión al artículo 89.2 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la contestación cambia el criterio administrativo, hay que motivarlo; y la consulta de entidades del artículo 88.3 no vincula para miembros con procedimientos ya iniciados sobre esas cuestiones.

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Artículo 69. Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles.

1. En los tributos que graven la adquisición o transmisión de bienes inmuebles y cuya base imponible se determine por el valor real de dichos bienes, los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria información sobre el valor de los que estén situados en el territorio de su competencia.

Esta información tendrá efectos vinculantes en los términos previstos en el artículo 90.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando haya sido suministrada por la Administración tributaria gestora del tributo que grave la adquisición o la transmisión y en relación con los bienes inmuebles situados en el territorio de su competencia.

2. Las solicitudes se formularán mediante escrito, en el que se expresarán con claridad y con la extensión necesaria:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del solicitante y, en su caso, del representante. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

b) Naturaleza del bien, ubicación y características técnicas y físicas que puedan contribuir a su correcta valoración a efectos fiscales por parte de la Administración tributaria.

c) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

3. El solicitante podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones, así como la estimación de la valoración del bien al que se refiere la solicitud.

4. El órgano competente podrá requerir al interesado la documentación que estime necesaria para la valoración del bien inmueble. Asimismo, podrá solicitar los informes de otros centros directivos y organismos que estime pertinentes.

5. Las solicitudes podrán presentarse utilizando medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que la identificación de las personas o entidades a que se refiere el apartado 2.a) quede garantizada.

6. El plazo para contestar estas solicitudes de información será de tres meses.

Datos clave

  • Aplica a tributos que gravan la adquisición o transmisión de inmuebles con base imponible determinada por el valor real: los obligados pueden solicitar información sobre el valor de los inmuebles situados en el territorio de competencia de la Administración.
  • Efectos vinculantes en los términos del artículo 90.2 de la Ley 58/2003, si la suministra la Administración gestora del tributo.
  • La solicitud se formula por escrito con nombre o razón social, NIF, naturaleza, ubicación y características del bien, y lugar, fecha y firma.
  • El solicitante puede incluir un domicilio a efectos de notificaciones y la estimación de la valoración del bien.
  • Se puede presentar por medios electrónicos, informáticos o telemáticos si la identificación queda garantizada.
  • El plazo para contestar es de tres meses.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En tributos sobre adquisición o transmisión de inmuebles por su valor real, se puede pedir a Hacienda el valor del bien; vincula si la da la Administración gestora, y se contesta en tres meses.

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Artículo 70. Los certificados tributarios.

1. Se entenderá por certificado tributario el documento expedido por la Administración tributaria que acredite hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario.

2. Los certificados podrán acreditar, entre otras circunstancias, la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos o extremos concretos contenidos en ellas, la situación censal, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la existencia o inexistencia de deudas o sanciones pendientes de pago que consten en las bases de datos de la Administración tributaria.

3. Los hechos o datos que se certifiquen se referirán exclusivamente al obligado tributario al que se refiere el certificado, sin que puedan incluir ni referirse a datos relativos a terceros salvo que la finalidad del certificado exija dicha inclusión.

4. No podrán certificarse datos referidos a obligaciones tributarias respecto de las cuales haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

5. En tanto no haya vencido el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias no podrá expedirse certificado sobre el cumplimiento de estas.

Datos clave

  • Certificado tributario: documento expedido por la Administración que acredita hechos relativos a la situación tributaria de un obligado.
  • Puede acreditar presentación de declaraciones, situación censal, cumplimiento de obligaciones y existencia o inexistencia de deudas o sanciones.
  • Se refiere exclusivamente al obligado, sin datos de terceros salvo que la finalidad lo exija.
  • No pueden certificarse datos de obligaciones cuyo derecho a liquidar haya prescrito.
  • No cabe certificar el cumplimiento mientras no haya vencido el plazo de la obligación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado tributario acredita hechos de la situación tributaria de un obligado; no puede referirse a terceros salvo necesidad, ni a obligaciones prescritas, ni al cumplimiento antes de vencer el plazo.

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Artículo 71. Solicitud de los certificados tributarios.

1. Los certificados tributarios se expedirán:

a) A instancia del obligado tributario al que el certificado se refiera.

b) A petición de un órgano administrativo o de cualquier otra persona o entidad interesada que requiera el certificado, siempre que dicha petición esté prevista en una ley o cuente con el previo consentimiento del obligado tributario.

2. Cuando el certificado se solicite mediante representante se deberá acreditar dicha representación.

3. Cuando para la tramitación de un procedimiento o actuación administrativa sea necesario la obtención de un certificado tributario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración pública que lo requiera deberá solicitarlo directamente y hará constar la ley que habilita a efectuar dicha solicitud o que cuenta con el previo consentimiento del obligado tributario. En estos casos, la Administración pública solicitante no podrá exigir la aportación del certificado al obligado tributario. La Agencia Estatal de Administración Tributaria no expedirá el certificado a solicitud del obligado cuando tenga constancia de que ha sido remitido a la Administración pública correspondiente.

Datos clave

  • Los certificados tributarios se expiden a instancia del obligado tributario al que se refieren o a petición de un órgano administrativo u otra persona o entidad, si lo prevé una ley o consta el previo consentimiento del obligado.
  • Si se solicita mediante representante, debe acreditarse la representación.
  • Si otra Administración pública necesita un certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, debe solicitarlo directamente y no puede exigir su aportación al obligado tributario.
  • La Agencia Estatal de Administración Tributaria no expide el certificado a solicitud del obligado cuando conste que se ha remitido a la Administración correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los certificados se expiden a instancia del obligado o a petición de terceros si una ley lo prevé o hay consentimiento; la Administración que lo necesite debe pedirlo directamente a la AEAT y no exigirlo al ciudadano.

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Artículo 72. Contenido de los certificados tributarios.

1. Los certificados tributarios contendrán, al menos, los siguientes datos y circunstancias:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado tributario.

b) Las circunstancias, obligaciones o requisitos que deban ser certificados. Cuando mediante un certificado deba acreditarse el cumplimiento de determinadas circunstancias de carácter tributario exigidas por la norma reguladora del certificado, se harán constar expresamente dichas circunstancias.

Las certificaciones serán positivas cuando consten cumplidas la totalidad de las circunstancias, obligaciones o requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora del certificado. A estos efectos, bastará una mención genérica de los mismos.

Cuando las certificaciones sean negativas deberán indicarse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no consten cumplidos.

Cuando los datos declarados o comunicados por el obligado tributario no coincidan con los comprobados por la Administración, se certificarán estos últimos.

c) La inexistencia de la información que se solicita en las bases de datos de la Administración tributaria o la improcedencia de suministrar dicha información, cuando no se pueda certificar la información contenida en el párrafo b).

d) Lugar, fecha y firma del órgano competente para su expedición y el código seguro de verificación.

Datos clave

  • Contenido mínimo: nombre o razón social, NIF y domicilio fiscal; circunstancias, obligaciones o requisitos certificados; y lugar, fecha, firma del órgano competente y código seguro de verificación.
  • Certificación positiva: constan cumplidos todos los requisitos exigidos; basta una mención genérica.
  • Certificación negativa: deben indicarse las circunstancias, obligaciones o requisitos que no consten cumplidos.
  • Si los datos declarados no coinciden con los comprobados por la Administración, se certifican estos últimos.
  • Se hará constar la inexistencia de la información solicitada en las bases de datos o la improcedencia de suministrarla.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado contiene, al menos, identidad, NIF y domicilio fiscal, lo que se certifica (positivo o negativo), la inexistencia o improcedencia de datos y lugar, fecha, firma y código seguro de verificación.

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Artículo 73. Expedición de los certificados tributarios.

1. El órgano competente de la Administración tributaria deberá expedir el certificado en el plazo de 20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto. El certificado se enviará al lugar señalado a tal efecto en la solicitud o, en su defecto, al domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante.

Salvo que se establezca lo contrario, la falta de emisión de un certificado en plazo no determinará que se entienda emitido con carácter positivo.

2. El certificado tributario podrá expedirse en papel o bien mediante la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

En el ámbito de competencias del Estado, cuando el certificado sea solicitado a petición de un órgano administrativo, se expedirá por vía telemática y, en caso de que se expida de forma automatizada, se aplicará lo previsto en los artículos 82 al 86, ambos inclusive. A estos efectos, las transmisiones de datos sustituirán a los certificados tributarios y será de aplicación lo previsto en el artículo 58.

3. El contenido, autenticidad y validez del certificado se podrá comprobar mediante conexión con la página web de la Administración tributaria, utilizando para ello el código seguro de verificación que figure en el certificado. Cuando el destinatario del certificado sea una Administración pública, dicha comprobación será obligatoria.

4. Una vez emitido el certificado, el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad con cualquiera de los datos que formen parte de su contenido en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, mediante un escrito en el que solicite la modificación del certificado dirigido al órgano que lo haya expedido, al que se adjuntarán los elementos de prueba que estime convenientes para acreditar su solicitud.

Si el órgano que emitió el certificado estimara incorrecto el certificado expedido, procederá a la emisión de uno nuevo en el plazo de 10 días. Si no considerase procedente expedir un nuevo certificado lo comunicará al obligado tributario con expresión de los motivos en que se fundamenta.

Datos clave

  • Plazo de expedición del certificado: 20 días, salvo que su normativa reguladora fije otro distinto.
  • La falta de emisión en plazo no determina que se entienda emitido con carácter positivo, salvo que se establezca lo contrario.
  • Puede expedirse en papel o por técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas; si lo solicita un órgano administrativo, se expide por vía telemática en el ámbito estatal.
  • Su contenido, autenticidad y validez se comprueban con el código seguro de verificación; es obligatorio cuando el destinatario es una Administración pública.
  • Disconformidad del obligado: 10 días desde el día siguiente a la recepción; si procede, nuevo certificado en 10 días.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el plazo y la forma de expedir un certificado tributario, aclara que el silencio no es positivo, y regula el trámite de disconformidad del obligado con el contenido del certificado ya emitido.

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Artículo 74. Requisitos de la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.

1. Para la emisión del certificado regulado en este artículo, se entenderá que el obligado tributario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, cuando se trate de personas o entidades obligados a estar en dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no exentos dicho impuesto.

b) Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

c) Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta.

d) Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los tributos locales.

f) Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

g) No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.

h) No tener pendientes de ingreso multas ni responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme.

i) Haber presentado las autoliquidaciones que, en su caso, correspondan por los impuestos especiales, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, el Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados, el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

2. Cuando se expida la certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, se deberá indicar el carácter positivo o negativo de la certificación.

3. Las circunstancias indicadas en las letras b), c), d), e) y i) del apartado 1 se referirán a autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los 12 meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de la certificación.

4. Las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se certificarán por cada Administración tributaria respecto de las obligaciones para cuya exigencia sea competente.

Datos clave

  • Requiere alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y en el IAE, cuando proceda.
  • Haber presentado autoliquidaciones de IRPF, Impuesto sobre Sociedades o IRNR, pagos a cuenta e IVA.
  • Haber presentado declaraciones de tributos locales y de suministro de información de los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003.
  • No tener deudas o sanciones en período ejecutivo, salvo aplazadas, fraccionadas o suspendidas.
  • No tener pendientes multas ni responsabilidades civiles por delito contra la Hacienda pública con sentencia firme.
  • La certificación indicará su carácter positivo o negativo.
  • Las letras b), c), d), e) e i) se refieren a plazos vencidos en los 12 meses precedentes a los dos meses anteriores a la certificación.
  • Cada Administración certifica respecto de las obligaciones de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se está al corriente de las obligaciones tributarias cuando se está de alta en censo e IAE, se han presentado las declaraciones exigibles y no hay deudas en ejecutiva ni multas por delito fiscal pendientes.

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Artículo 75. Efectos de los certificados tributarios.

1. Los certificados tributarios tendrán carácter informativo y no se podrá interponer recurso alguno contra ellos, sin perjuicio de poder manifestar su disconformidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.4, y de los recursos que puedan interponerse contra los actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información.

Los certificados tributarios producirán los efectos que en ellos se hagan constar y los que se establezcan en la normativa que regule su exigencia.

2. Salvo que la normativa específica del certificado establezca otra cosa, los certificados tributarios tendrán validez durante 12 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante tres meses, cuando se refiera a obligaciones no periódicas.

3. Los certificados expedidos por medios telemáticos producirán idénticos efectos a los expedidos en papel. La firma manuscrita será sustituida por un código de verificación generado electrónicamente que permita contrastar su contenido, autenticidad y validez mediante el acceso por medios telemáticos a los archivos del órgano u organismo expedidor. Los mismos efectos surtirán las copias de los certificados cuando las comprobaciones anteriores puedan efectuarse mediante el código de verificación.

Datos clave

  • Los certificados tienen carácter informativo y no cabe recurso contra ellos.
  • Puede manifestarse disconformidad conforme al artículo 73.4.
  • Validez de 12 meses desde su expedición cuando se refieran a obligaciones periódicas.
  • Validez de tres meses cuando se refieran a obligaciones no periódicas.
  • Los certificados telemáticos producen idénticos efectos que los expedidos en papel.
  • La firma manuscrita se sustituye por un código de verificación generado electrónicamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los efectos de los certificados tributarios: carácter informativo sin recurso posible, plazo de validez según la obligación certificada, y equivalencia de los certificados telemáticos con los expedidos en papel.

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Artículo 77. Actuaciones de asistencia tributaria.

1. La asistencia tributaria consistirá en el conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras actuaciones, la asistencia tributaria podrá consistir en la confección de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como en la confección de un borrador de declaración.

2. Cuando la asistencia se materialice en la confección de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos a solicitud del obligado tributario, la actuación de la Administración tributaria consistirá en la trascripción de los datos aportados por el solicitante y en la realización de los cálculos correspondientes. Ultimado el modelo se entregará para su revisión y para la verificación de la correcta trascripción de los datos y su firma por el obligado, si este lo estima oportuno.

3. En los casos y en los términos que establezca la normativa de cada tributo, la asistencia también podrá prestarse mediante la confección por la Administración tributaria de un borrador de declaración a solicitud del obligado tributario.

A estos efectos, la Administración tributaria incorporará en el borrador los datos obrantes en su poder que sean necesarios para la declaración, con el importe y la calificación suministrada por el propio obligado o por un tercero que deba suministrar información con trascendencia tributaria.

4. Los datos, importes o calificaciones contenidos en las declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones de datos confeccionados por la Administración o en los borradores que hayan sido comunicados al obligado tributario no vincularán a la Administración en el ejercicio de las actuaciones de comprobación o investigación que puedan desarrollarse con posterioridad.

Datos clave

  • La asistencia es el conjunto de actuaciones para facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones.
  • Puede consistir en la confección de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y borradores de declaración.
  • En la confección a solicitud, la Administración transcribe los datos aportados y realiza los cálculos.
  • El modelo se entrega para revisión, verificación y firma por el obligado, si lo estima oportuno.
  • El borrador se confecciona a solicitud del obligado en los casos que establezca la normativa de cada tributo.
  • Los datos de declaraciones confeccionadas o borradores no vinculan a la Administración en comprobaciones posteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La asistencia tributaria incluye confeccionar declaraciones y borradores a solicitud del obligado; Hacienda transcribe y calcula, el obligado revisa y firma, y nada de ello vincula una comprobación posterior.

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Artículo 78. Programas informáticos y uso de medios telemáticos en la asistencia a los obligados tributarios.

1. La Administración tributaria podrá facilitar a los obligados tributarios programas informáticos de asistencia para la confección y presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. En el ámbito de competencias del Estado dichos programas se ajustarán a lo establecido en la Orden del Ministro de Economía y Hacienda por la que se apruebe el correspondiente modelo.

Asimismo, podrá facilitar otros programas de ayuda y asistencia, en el marco del deber y asistencia a los obligados tributarios, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2. La asistencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias se podrá ofrecer también por vía telemática. La Administración tributaria determinará para cada caso, en función de los medios disponibles y del estado de la tecnología aplicable, el alcance de esa asistencia y la forma y requisitos para su prestación, así como los supuestos en que dicha asistencia por vía telemática se preste de forma automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.

3. El uso de estos medios deberá procurar alcanzar al mayor número de obligados tributarios. Para ello, los programas de ayuda y los servicios ofrecidos por vía telemática, en su caso, se ofrecerán también por otros medios a quienes no tuvieran acceso a los previstos en este artículo siempre que sea posible de acuerdo con los medios técnicos disponibles.

Datos clave

  • La Administración podrá facilitar programas informáticos de asistencia para confeccionar y presentar declaraciones.
  • En el ámbito estatal, se ajustan a la Orden del Ministro de Economía y Hacienda que apruebe el modelo.
  • La asistencia puede ofrecerse por vía telemática, incluso de forma automatizada conforme al artículo 84.
  • Debe procurarse alcanzar al mayor número de obligados tributarios.
  • Se ofrecerán otros medios a quienes no tengan acceso, siempre que sea posible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede ofrecer programas de ayuda para confeccionar y presentar declaraciones y asistencia telemática, que debe llegar al mayor número posible de obligados, con otros medios para quien no tenga acceso.

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Artículo 87. Iniciación de oficio.

1. La iniciación de oficio de las actuaciones y procedimientos requerirá acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.

2. La iniciación del procedimiento se realizará mediante comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario o mediante personación.

Cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.

3. La comunicación de inicio contendrá, cuando proceda, además de lo previsto en el artículo 97.1 de este reglamento, lo siguiente:

a) Procedimiento que se inicia.

b) Objeto del procedimiento con indicación expresa de las obligaciones tributarias o elementos de las mismas y, en su caso, períodos impositivos o de liquidación o ámbito temporal.

c) Requerimiento que, en su caso, se formula al obligado tributario y plazo que se concede para su contestación o cumplimiento.

d) Efecto interruptivo del plazo legal de prescripción.

e) En su caso, la propuesta de resolución o de liquidación cuando la Administración cuente con la información necesaria para ello.

f) En su caso, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica.

4. Salvo en los supuestos de iniciación mediante personación, se concederá al obligado tributario un plazo no inferior a 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para que comparezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente, o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas.

5. Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.

Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tributarias que puedan corresponder. En este caso, no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso.

Datos clave

  • La iniciación de oficio requiere acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.
  • El procedimiento se inicia mediante comunicación notificada al obligado tributario o mediante personación.
  • Cuando así estuviese previsto, puede iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación.
  • Salvo iniciación mediante personación, se concede un plazo no inferior a 10 días, desde el día siguiente al de la notificación de la comunicación de inicio, para comparecer, aportar documentación o alegar.
  • Las declaraciones o autoliquidaciones presentadas una vez iniciado el procedimiento no inician un procedimiento de devolución ni producen los efectos de los artículos 27 y 179.3 de la Ley 58/2003.
  • Los ingresos posteriores al inicio tienen carácter de ingresos a cuenta y no devengan intereses de demora desde el día siguiente al del ingreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente y se notifica al obligado mediante comunicación (o personación); si paga o declara tras el inicio, eso no abre un procedimiento de devolución sino que cuenta como ingreso a cuenta.

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Artículo 88. Iniciación a instancia del obligado tributario.

1. La iniciación de un procedimiento a instancia del obligado tributario podrá realizarse mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa aplicable, que podrán ser presentados en papel o por medios electrónicos, informáticos y telemáticos cuando las disponibilidades técnicas de la Administración lo permitan.

2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud.

c) Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho.

d) Órgano al que se dirige.

3. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación.

4. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta podrá incluir un domicilio a efectos de notificaciones.

5. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios, cuando hayan sido previamente aprobados, los modelos normalizados de autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria, preferentemente por medios telemáticos, así como en las oficinas correspondientes para facilitar a los obligados la aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento.

6. Cuando los documentos a que se refiere el apartado 1 se presenten en papel, el obligado tributario podrá obtener copia sellada siempre que la aporte junto a los originales. En dicha copia se hará constar el lugar, fecha y hora de presentación.

7. Cuando el interesado efectúe la presentación de los documentos a que se refieren los apartados anteriores mediante soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, se deberán consignar aquellos datos exigidos por la Administración tributaria para la iniciación del procedimiento.

En estos casos, el recibí se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación utilizados.

Cuando se aporte documentación anexa a la presentada por medios informáticos, electrónicos o telemáticos y el sistema no permita la aportación directa, el obligado deberá presentarla en cualquiera de los registros administrativos previstos en la normativa aplicable en el plazo de 10 días, contados desde el de la presentación, sin necesidad de previo requerimiento administrativo al efecto, salvo que la normativa específica establezca un lugar o plazo distinto. En dicha documentación se identificará debidamente la solicitud o comunicación presentada por medios o técnicas electrónicos, informáticos o telemáticos.

Datos clave

  • La iniciación a instancia del obligado puede hacerse mediante autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa.
  • La solicitud contiene al menos: identificación y NIF del obligado y, en su caso, del representante; hechos, razones y petición; lugar, fecha y firma; y órgano al que se dirige.
  • Si se actúa por medio de representante, debe aportarse la documentación acreditativa de la representación.
  • La solicitud puede incluir un domicilio a efectos de notificaciones.
  • En papel puede obtenerse copia sellada aportándola junto a los originales, con constancia del lugar, fecha y hora de presentación.
  • La documentación anexa que el sistema telemático no admita se presenta en un registro administrativo en el plazo de 10 días desde la presentación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El procedimiento a instancia del obligado se inicia por autoliquidación, declaración, comunicación o solicitud; la solicitud tiene un contenido mínimo y la documentación anexa no admitida telemáticamente se presenta en 10 días.

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Artículo 89. Subsanación.

1. Si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.

2. Todas las recepciones por medios y técnicas electrónicos, informáticos y telemáticos serán provisionales a resultas de su procesamiento. Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas por la normativa aplicable, se requerirá al declarante para que en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane los defectos de que adolezca. Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el requerimiento, de persistir anomalías que impidan a la Administración tributaria el conocimiento de los datos, se le tendrá, en su caso, por desistido de su petición o por no cumplida la obligación correspondiente y se procederá al archivo sin más trámite.

3. Cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hayan sido atendidos en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo.

Datos clave

  • Si el documento de iniciación no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que subsane en 10 días, contados desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento.
  • Si no subsana, se le tiene por desistido y se procede al archivo sin más trámite.
  • Todas las recepciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos son provisionales a resultas de su procesamiento.
  • Los defectos de diseño o especificaciones de las recepciones electrónicas también se subsanan en el plazo de 10 días.
  • Si el requerimiento se atiende en plazo pero no se entienden subsanados los defectos, debe notificarse el archivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la solicitud tiene defectos, se requiere subsanar en 10 días bajo apercibimiento de desistimiento y archivo; las recepciones telemáticas son provisionales y si se atiende en plazo sin subsanar, se notifica el archivo.

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Artículo 90. Lugar y horario de las actuaciones de aplicación de los tributos.

1. Las actuaciones que se desarrollen en las oficinas públicas se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.

2. Si las actuaciones se desarrollan en los locales del obligado tributario, se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en ellos. Cuando medie el consentimiento del obligado tributario, las actuaciones podrán realizarse fuera de la jornada laboral de oficina o de la actividad.

3. Cuando se disponga de autorización judicial para la entrada en el domicilio del obligado tributario constitucionalmente protegido, las actuaciones se ajustarán a lo que disponga la autorización en relación con la jornada y el horario para realizarlas.

4. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con movilidad reducida, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se desarrollarán en el lugar que resulte más apropiado de entre los previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Datos clave

  • En las oficinas públicas, las actuaciones se realizan dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo.
  • En los locales del obligado tributario se respeta la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en ellos.
  • Con el consentimiento del obligado, las actuaciones pueden realizarse fuera de la jornada laboral.
  • Con autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido, se está a la jornada y horario que disponga la autorización.
  • Si el obligado es persona con discapacidad o con movilidad reducida, se actúa en el lugar más apropiado entre las oficinas públicas y sus locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En oficinas, actuaciones en horario de apertura y dentro de la jornada; en locales del obligado, en su jornada salvo consentimiento; con autorización judicial, según ésta; y para personas con discapacidad, en el lugar más apropiado.

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Artículo 91. Ampliación y aplazamiento de los plazos de tramitación.

1. El órgano a quien corresponda la tramitación del procedimiento podrá conceder, a petición de los obligados tributarios, una ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos.

2. No se concederá más de una ampliación del plazo respectivo.

3. Para que la ampliación pueda otorgarse serán necesarios los siguientes requisitos:

a) Que se solicite con anterioridad a los tres días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar.

b) Que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.

c) Que no se perjudiquen derechos de terceros.

4. La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presentación en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de la finalización del plazo que se pretenda ampliar.

La notificación expresa de la concesión de la ampliación antes de la finalización del plazo inicialmente fijado podrá establecer un plazo de ampliación distinto e inferior al previsto en el párrafo anterior.

5. Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.

En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.

6. El acuerdo de concesión o la denegación de la ampliación o del aplazamiento no serán susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa.

Datos clave

  • El órgano de tramitación puede conceder, a petición del obligado, una ampliación que no exceda de la mitad de los plazos.
  • No se concede más de una ampliación del plazo respectivo.
  • Requisitos: solicitud antes de los tres días previos al fin del plazo, justificación de las circunstancias y que no se perjudiquen derechos de terceros.
  • La ampliación se entiende automáticamente concedida por la mitad del plazo con la presentación en plazo de la solicitud, salvo denegación expresa notificada antes de que finalice.
  • El aplazamiento de la comparecencia se solicita dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento.
  • La concesión o denegación de la ampliación o del aplazamiento no es susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ampliación de plazos de trámites hasta la mitad, una sola vez, pedida antes de los tres días previos al vencimiento; se entiende concedida al presentarla; aplazamiento de comparecencias; sin recurso.

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Artículo 92. Aportación de documentación y ratificación de datos de terceros.

El artículo 92 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Aportación de documentación y ratificación de datos de terceros», dispone lo siguiente.

1. Cuando se realicen requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado tributario que esté siendo objeto del procedimiento de aplicación de los tributos, de acuerdo con las facultades establecidas en la normativa reguladora del procedimiento, dichos requerimientos no podrán ser impugnados mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente, sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acto administrativo dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento.

2. Cuando en un procedimiento de aplicación de los tributos el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos efectuados en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá efectuar dicha alegación en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que dichos datos le sean puestos de manifiesto por la Administración tributaria mediante comunicación o diligencia.

Datos clave

  • Los requerimientos de datos, informes, antecedentes y justificantes al obligado no pueden impugnarse mediante recurso o reclamación económico-administrativa independiente.
  • Sí pueden recurrirse los actos dictados como consecuencia del procedimiento.
  • La inexactitud o falsedad de datos suministrados por terceros conforme a los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003 se alega en el plazo de 15 días.
  • Los 15 días se cuentan desde el día siguiente a aquel en que los datos se ponen de manifiesto mediante comunicación o diligencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los requerimientos al obligado dentro de su propio procedimiento no se recurren por separado; y si discute los datos que de él dieron terceros, tiene 15 días desde que se los muestran.

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Artículo 93. Conocimiento por los obligados tributarios del estado de tramitación de los procedimientos.

1. Los obligados tributarios que estén siendo objeto de un procedimiento podrán solicitar en cualquier momento información del estado en que se encuentra la tramitación de dicho procedimiento.

2. La información deberá solicitarse de forma que quede constancia del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad que la solicita, así como la firma del obligado tributario o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier otro medio.

La información se facilitará preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado e indicará la fase en que se encuentra el procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.

Datos clave

  • Los obligados que estén siendo objeto de un procedimiento pueden solicitar en cualquier momento información sobre el estado de su tramitación.
  • La solicitud deja constancia de nombre y apellidos o razón social, NIF y firma o acreditación de la voluntad del obligado.
  • La información se facilita preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado.
  • Indica la fase del procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien está en un procedimiento puede pedir en cualquier momento su estado, identificándose y firmando; se le informa, preferentemente por el mismo medio, de la fase, el último trámite y su fecha.

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Artículo 94. Acceso a archivos y registros administrativos.

1. Los obligados tributarios que hayan sido parte en el procedimiento podrán acceder a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido en los términos y con las condiciones establecidos en el artículo 99.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. El órgano que tramitó el expediente resolverá sobre la petición de acceso en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, esta podrá entenderse desestimada.

Si la resolución fuera estimatoria se dejará constancia en el expediente de dicho acceso.

3. El derecho de acceso llevará consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen sea autorizado en los términos previstos en el artículo siguiente.

4. Cuando los documentos que formen el expediente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, se facilitará el acceso al interesado por dichos medios siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan, de acuerdo con las especificaciones y garantías que se determinen y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Datos clave

  • Pueden acceder quienes hayan sido parte en el procedimiento, respecto de expedientes concluidos, en los términos del artículo 99.5 de la Ley 58/2003.
  • El órgano que tramitó el expediente resuelve la petición de acceso en el plazo máximo de un mes.
  • Sin respuesta expresa en ese plazo, la petición puede entenderse desestimada.
  • El derecho de acceso lleva consigo el de obtener copia de los documentos cuyo examen se autorice.
  • Si los documentos están almacenados por medios electrónicos, el acceso se facilita por esos medios cuando las disponibilidades técnicas lo permitan.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien fue parte en un procedimiento ya concluido puede acceder a sus registros y documentos; la Administración debe resolver en un mes y, si no contesta, se entiende denegado.

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Artículo 95. Obtención de copias.

1. El obligado tributario podrá obtener a su costa, previa solicitud, copia de los documentos que figuren en el expediente, en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, durante la puesta de manifiesto del expediente, cuando se realice el acceso a archivos y registros administrativos de expedientes concluidos o en cualquier momento en el procedimiento de apremio. Se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al obligado tributario.

2. El órgano competente entregará las copias en sus oficinas y recogerá en diligencia la relación de los documentos cuya copia se entrega, el número de folios y la recepción por el obligado tributario.

3. Cuando conste la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 99.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se denegará la obtención de copias mediante resolución motivada.

4. En aquellos casos en los que los documentos que consten en el archivo o expediente correspondiente estén almacenados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, las copias se facilitarán preferentemente por dichos medios o en los soportes adecuados a tales medios, siempre que las disponibilidades técnicas lo permitan.

Datos clave

  • El obligado obtiene copias a su costa, previa solicitud, en los términos del artículo 99 de la Ley 58/2003.
  • Pueden pedirse durante la puesta de manifiesto del expediente, en el acceso a expedientes concluidos o en cualquier momento del procedimiento de apremio.
  • Las copias se entregan en las oficinas y la diligencia recoge la relación de documentos, el número de folios y la recepción.
  • Si concurren las circunstancias del artículo 99.4 de la Ley 58/2003, se deniegan mediante resolución motivada.
  • Si los documentos están en soporte electrónico, las copias se facilitan preferentemente por esos medios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El obligado puede obtener a su costa copia de los documentos del expediente en la puesta de manifiesto, en expedientes concluidos o en cualquier momento del apremio; se entregan en oficina con diligencia y pueden denegarse motivadamente.

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Artículo 96. Trámites de audiencia y de alegaciones.

1. Durante el trámite de audiencia se pondrá de manifiesto al obligado tributario el expediente, que incluirá las actuaciones realizadas, todos los elementos de prueba que obren en poder de la Administración y los informes emitidos por otros órganos. Asimismo, se incorporarán las alegaciones y los documentos que los obligados tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución o de liquidación.

En dicho trámite, el obligado tributario podrá obtener copia de los documentos del expediente, aportar nuevos documentos y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime oportunas.

En los procedimientos en los que se prescinda del trámite de audiencia por estar previsto un trámite de alegaciones posterior a la propuesta de resolución o de liquidación, la Administración tributaria notificará al obligado dicha propuesta para que efectúe las alegaciones que considere oportunas y en dicho trámite será de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores.

2. Si antes del vencimiento del plazo de audiencia o, en su caso, de alegaciones, el obligado tributario manifestase su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se dejará constancia en el expediente de dicha circunstancia.

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia o, en su caso, del plazo para formular alegaciones, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las presentadas por el interesado.

Cuando de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior se prescinda del plazo para formular alegaciones, se prescindirá, asimismo, de la notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación.

4. Una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones no se podrá incorporar al expediente más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se demuestre la imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización de dicho trámite, siempre que se aporten antes de dictar la resolución.

5. Concluido el trámite de audiencia o, en su caso, el de alegaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano competente para resolver, previa valoración de las alegaciones que, en su caso, se hayan efectuado, la propuesta de resolución o de liquidación.

Datos clave

  • En la audiencia se pone de manifiesto el expediente: actuaciones realizadas, elementos de prueba e informes de otros órganos.
  • El obligado puede obtener copia de los documentos, aportar nuevos documentos y justificantes y formular alegaciones.
  • Si antes del vencimiento manifiesta que no alegará, se tiene por realizado el trámite y se deja constancia en el expediente.
  • Puede prescindirse de la audiencia o de las alegaciones si solo constan los hechos, alegaciones y pruebas presentados por el interesado.
  • Tras el trámite no se incorpora más documentación, salvo imposibilidad demostrada de aportarla antes y siempre antes de dictar resolución.
  • Concluido el trámite, el órgano de tramitación eleva la propuesta al órgano competente para resolver.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la audiencia o alegaciones el obligado ve el expediente completo, obtiene copias, aporta documentos y alega; puede renunciar; se omite si solo hay hechos suyos; después no cabe más documentación salvo imposibilidad.

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Artículo 97. Comunicaciones.

1. Las comunicaciones a las que se refiere en el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contendrán mención expresa, al menos, de los siguientes datos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de la persona o entidad a la que se dirige.

c) Lugar al que se dirige.

d) Hechos o circunstancias que se comunican o contenido del requerimiento que se realiza mediante la comunicación.

e) Órgano que la expide y nombre y apellidos y firma de la persona que la emite.

2. Cuando la comunicación sirva para notificar al obligado tributario el inicio de una actuación o procedimiento, el contenido incluirá además el previsto en el artículo 87.3 de este reglamento.

3. Las comunicaciones se notificarán al obligado y se incorporarán al expediente.

Datos clave

  • Las comunicaciones del artículo 99.7 de la Ley 58/2003 mencionan el lugar y la fecha de su expedición.
  • Identifican, con su NIF, a la persona o entidad a la que se dirigen y el lugar al que se dirigen.
  • Recogen los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento.
  • Constan el órgano que la expide y el nombre, apellidos y firma de la persona que la emite.
  • Si notifican el inicio de una actuación o procedimiento, incluyen además el contenido del artículo 87.3 del reglamento.
  • Se notifican al obligado y se incorporan al expediente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo de las comunicaciones del art. 99.7 LGT: cinco datos obligatorios, más el contenido del art. 87.3 si inician un procedimiento; se notifican y se incorporan al expediente.

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Artículo 98. Diligencias.

El artículo 98 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Diligencias», dispone lo siguiente.

1. En las diligencias a las que se refiere en el 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se harán constar necesariamente los siguientes extremos:

a) Lugar y fecha de su expedición.

b) Nombre y apellidos y firma de la persona al servicio de la Administración tributaria interviniente.

c) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y firma de la persona con la que, en su caso, se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con el que interviene.

d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario al que se refieren las actuaciones.

e) Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.

f) Hechos y circunstancias que se hagan constar.

g) Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y circunstancias que se hacen constar.

2. En las diligencias podrán hacerse constar, entre otros, los siguientes contenidos:

a) La iniciación de la actuación o procedimiento y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios.

b) Los resultados de las actuaciones de obtención de información.

c) La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento y la descripción de estas.

d) Los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones.

e) La representación otorgada mediante declaración en comparencia personal del obligado tributario ante el órgano administrativo competente.

3. En las diligencias podrán hacerse constar los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro procedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado y, entre otros:

a) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias.

b) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.

c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quienes puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de la deuda y de la sanción tributaria, así como las circunstancias y antecedentes que pudieran ser determinantes de la responsabilidad.

d) Los hechos determinantes de la iniciación de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

e) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.

f) Los hechos que pudieran ser trascendentes para otros órganos de la misma o de otra Administración.

g) El resultado de las actuaciones de comprobación realizadas con entidades dependientes integradas en un grupo que tributen en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Datos clave

  • Las diligencias del artículo 99.7 de la Ley 58/2003 hacen constar el lugar y la fecha de expedición y el nombre, apellidos y firma del personal interviniente.
  • Constan identificación, NIF y firma de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene.
  • Recogen el procedimiento, los hechos y las alegaciones del obligado, incluida su conformidad o no con los hechos.
  • Pueden reflejar el inicio de actuaciones, los resultados de la obtención de información, las medidas cautelares y los hechos resultantes de la comprobación.
  • Pueden recoger acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias o de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.
  • También posibles responsables solidarios o subsidiarios y hechos determinantes de la comprobación del domicilio fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las diligencias recogen siempre siete extremos obligatorios y pueden dejar constancia de actuaciones, resultados y hechos que justifiquen otro procedimiento, como infracciones, delitos o responsables.

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Artículo 99. Tramitación de las diligencias.

El artículo 99 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Tramitación de las diligencias», dispone lo siguiente.

1. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuera posible, se extenderán en el modelo establecido por la correspondiente Administración tributaria. Las diligencias podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.

2. Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio de la Administración tributaria que practique las actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan estas, a las que se les entregará un ejemplar. En el caso de diligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.

Cuando la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar la diligencia o no pudiese hacerlo, se hará constar así en ella, sin perjuicio de la entrega del ejemplar correspondiente. Si se negase a recibir la diligencia o los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados, se hará constar así en ella, y, en su caso, se considerará un rechazo a efectos de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No obstante, cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones.

3. Las diligencias se incorporarán al respectivo expediente.

4. Cuando las diligencias recojan hechos o circunstancias que puedan tener incidencia en otro procedimiento de aplicación de los tributos o sancionador iniciados o que se puedan iniciar se remitirá copia al órgano competente que en cada caso corresponda.

Datos clave

  • Las diligencias pueden extenderse sin modelo preestablecido, aunque se usa el de la Administración cuando fuera posible.
  • Pueden suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica.
  • Las firman el personal actuante y la persona con quien se entiendan las actuaciones, que recibe un ejemplar.
  • La negativa a firmar se hace constar; la negativa a recibir puede considerarse rechazo a efectos del artículo 111 de la Ley 58/2003.
  • Se incorporan al expediente y, si afectan a otro procedimiento, se remite copia al órgano competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las diligencias no necesitan modelo fijo, se firman a mano o electrónicamente por el actuante y por quien atiende la actuación, que recibe un ejemplar; se incorporan al expediente y se copian a otros órganos si interesan.

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Artículo 100. Informes.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los órganos de la Administración tributaria emitirán los informes que sean preceptivos, los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos y los que les sean solicitados, siempre que en este último caso se fundamente la conveniencia de solicitarlos.

2. En particular, los órganos de aplicación de los tributos deberán emitir informe en los siguientes supuestos:

a) Cuando se complementen las diligencias que recojan hechos o conductas que pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias y no corresponda al mismo órgano la tramitación del procedimiento sancionador.

b) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda pública y se remita el expediente al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal.

Datos clave

  • Los órganos emiten los informes preceptivos, los necesarios para aplicar los tributos y los solicitados de forma fundamentada.
  • Es obligatorio el informe que complementa diligencias sobre posibles infracciones cuando otro órgano tramita el procedimiento sancionador.
  • Es obligatorio el informe cuando hay indicios de delito contra la Hacienda pública y se remite el expediente al órgano judicial o al Ministerio Fiscal.
  • La base legal es el artículo 99.7 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos tributarios emiten los informes preceptivos, los necesarios y los solicitados si se fundamenta su conveniencia; y deben informar al pasar infracciones a otro órgano o al remitir indicios de delito.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 101. Resolución.

1. Una vez concluida la tramitación del procedimiento, el órgano competente dictará resolución, que será motivada en los supuestos que disponga la normativa aplicable, y decidirá todas las cuestiones planteadas propias de cada procedimiento y aquellas otras que se deriven de él.

2. La resolución deberá contener mención expresa del nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario, de la fecha, de la identificación del órgano que dicta la resolución, del derecho u obligación tributaria objeto del procedimiento y, en su caso, de los hechos y fundamentos de derecho que la motivan.

3. Cuando la resolución contenga una liquidación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e incluirá, cuando proceda, los intereses de demora correspondientes.

4. El incumplimiento de los plazos máximos de terminación de los procedimientos producirá los efectos previstos en su normativa específica o, en su defecto, los previstos en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa cuando proceda.

En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo podrá ser confirmatoria del mismo.

En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

5. Los efectos del silencio administrativo se entenderán sin perjuicio de la facultad de la Administración de proceder a la comprobación o investigación de la situación tributaria de los obligados tributarios, con relación a la concurrencia de las condiciones y requisitos de beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Cuando un procedimiento de aplicación de los tributos finalice como consecuencia del inicio de otro procedimiento, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de su plazo máximo de duración la terminación del primer procedimiento, será suficiente haber realizado un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento.

Si se hubiese iniciado un procedimiento sancionador como consecuencia de un procedimiento de aplicación de los tributos y este último finalizase como consecuencia del inicio de otro procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento sancionador terminará mediante resolución expresa en la que se declarará dicha circunstancia, sin perjuicio de que posteriormente se pueda iniciar un nuevo procedimiento sancionador derivado del procedimiento de aplicación de los tributos iniciado con posterioridad.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o de un procedimiento sancionador que hubiesen terminado de la forma prevista en este apartado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dichos procedimientos conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en los procedimientos de aplicación de los tributos o sancionadores que puedan iniciarse con posterioridad, siempre que su examen pueda realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento.

Datos clave

  • Concluida la tramitación, el órgano competente dicta resolución, motivada en los supuestos que disponga la normativa.
  • Contiene identificación y NIF del obligado, fecha, órgano que resuelve, derecho u obligación objeto y, en su caso, hechos y fundamentos de derecho.
  • Si contiene una liquidación se aplica el artículo 102 de la Ley 58/2003 e incluye los intereses de demora que procedan.
  • En la estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria.
  • En la desestimación por silencio, la resolución expresa posterior no se vincula al sentido del silencio.
  • Si un procedimiento termina por el inicio de otro, basta un intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La resolución cierra el procedimiento, se motiva cuando la norma lo exija y contiene los datos del obligado, la fecha, el órgano y el objeto; si se incumple el plazo máximo, se aplican los efectos del silencio.

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Artículo 102. Cómputo de los plazos máximos de resolución.

El artículo 102 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Cómputo de los plazos máximos de resolución», dispone lo siguiente.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá por registro del órgano competente para la tramitación del procedimiento, el registro del órgano que resulte competente para iniciar la tramitación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento o en la normativa específica del procedimiento.

2. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución del procedimiento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y períodos objeto del procedimiento.

3. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones no imputables a la Administración tributaria acreditados durante el procedimiento de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones seguidos frente al deudor principal se considerarán, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, períodos de interrupción justificada y dilaciones no imputables a la Administración tributaria a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.

Los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento de inspección, cuando concurran en el tiempo con el procedimiento de declaración de responsabilidad, se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento de declaración de responsabilidad.

4. Los períodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no imputable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento inspector deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.

5. A efectos del cómputo del plazo de duración del procedimiento, los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración se contarán por días naturales, y respecto del procedimiento inspector se estará a lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 184 de este reglamento.

6. El obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de este Reglamento, a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de este Reglamento y en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación de las fechas de inicio y fin de cada periodo, siempre que lo solicite expresamente

7. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración no impedirán la práctica de las actuaciones que durante dicha situación pudieran desarrollarse.

Datos clave

  • El registro del órgano competente es el del órgano que resulte competente para iniciar según el artículo 59 del reglamento o la normativa específica.
  • Las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración no se incluyen en el cómputo del plazo de resolución.
  • Esos períodos se cuentan por días naturales.
  • Deben documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.
  • El obligado puede conocer, si lo solicita expresamente, el estado del cómputo con las fechas de inicio y fin de cada periodo.
  • No impiden la práctica de las actuaciones que puedan desarrollarse durante esa situación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las interrupciones justificadas y las dilaciones no imputables a la Administración no cuentan en el plazo máximo de resolución; se computan por días naturales, se documentan y no paralizan las actuaciones.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 103. Períodos de interrupción justificada.

El artículo 103 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Períodos de interrupción justificada», dispone lo siguiente.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán períodos de interrupción justificada los originados en los siguientes supuestos:

a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos o unidades administrativas de la misma o de otras Administraciones, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 12 meses.

b) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes o valoraciones a otro Estado o entidad internacional o supranacional como consecuencia de la información previamente recibida de los mismos en el marco de la asistencia mutua, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición a la autoridad competente del otro Estado o entidad hasta la recepción de aquellos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones, de 12 meses. Este plazo de interrupción es independiente del regulado en el párrafo a) anterior.

c) Cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente para continuar el procedimiento.

d) Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano competente para continuar el procedimiento. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales previstas en los artículos 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por el tiempo que transcurra desde el planteamiento del conflicto hasta la resolución dictada por la respectiva Junta Arbitral.

Datos clave

  • Peticiones de datos o informes a otros órganos o Administraciones: la interrupción no puede exceder de seis meses.
  • Si las solicitudes se formulan a otros Estados, el límite es de 12 meses.
  • Peticiones a otro Estado o entidad internacional derivadas de información recibida en asistencia mutua: máximo 12 meses, independiente del anterior.
  • Remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente por indicios de delito contra la Hacienda Pública.
  • Dependencia de actuaciones judiciales penales y fuerza mayor, con posibles liquidaciones provisionales del artículo 101.4 de la Ley 58/2003.
  • Conflicto de competencias ante las Juntas Arbitrales, hasta su resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis causas interrumpen justificadamente el plazo: pedir informes a otros órganos (hasta seis meses, o 12 si es a otro Estado), peticiones por asistencia mutua (12 meses), delito fiscal, proceso penal, fuerza mayor y Juntas Arbitrales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 104. Dilaciones por causa no imputable a la Administración.

El artículo 104 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Dilaciones por causa no imputable a la Administración», dispone lo siguiente.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria, entre otras, las siguientes:

a) Los retrasos por parte del obligado tributario al que se refiera el procedimiento en el cumplimiento de comparecencias o requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria formulados por la Administración tributaria. La dilación se computará desde el día siguiente al de la fecha fijada para la comparecencia o desde el día siguiente al del fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado. Los requerimientos de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria que no figuren íntegramente cumplimentados no se tendrán por atendidos a efectos de este cómputo hasta que se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al obligado tributario, salvo que la normativa específica establezca otra cosa.

b) La aportación por el obligado tributario de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o, en su caso, de alegaciones. La dilación se computará desde el día siguiente al de finalización del plazo de dicho trámite hasta la fecha en que se aporten. Cuando los documentos hubiesen sido requeridos durante la tramitación del procedimiento se aplicará lo dispuesto en el párrafo a) anterior.

c) La concesión por la Administración de la ampliación de cualquier plazo, así como la concesión del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado, por el tiempo que medie desde el día siguiente al de la finalización del plazo previsto o la fecha inicialmente fijada hasta la fecha fijada en segundo lugar.

d) La paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado tributario por la falta de cumplimentación de algún trámite indispensable para dictar resolución, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se considere incumplido el trámite hasta su cumplimentación por el obligado tributario, sin perjuicio de la posibilidad de que pueda declararse la caducidad, previa advertencia al interesado.

e) El retraso en la notificación de las propuestas de resolución o de liquidación, por el tiempo que transcurra desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado un intento de notificación hasta que dicha notificación se haya producido

f) La presentación por el obligado tributario de declaraciones reguladas en el artículo 128 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de comunicaciones de datos o de solicitudes de devolución complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad. La dilación se computará desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución o desde el día siguiente al de la presentación en los supuestos de presentación fuera de plazo hasta la presentación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución, complementaria o sustitutiva.

g) La falta de presentación en plazo de la declaración informativa con el contenido de los libros registro regulada en el artículo 36 de este Reglamento. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación.

h) El retraso en la notificación derivado de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en supuestos en que los actos a notificar se refieran a procedimientos de aplicación de los tributos ya iniciados. A tal efecto, deberá quedar acreditado que la notificación pudo ponerse a disposición del obligado tributario en la fecha por él seleccionada conforme a lo dispuesto en la citada disposición adicional tercera.

i) El incumplimiento de la obligación de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación o registro.

Datos clave

  • Retrasos del obligado en comparecencias o requerimientos: desde el día siguiente a la fecha fijada o al fin del plazo hasta el íntegro cumplimiento.
  • Aportación de nuevos documentos y pruebas una vez realizado el trámite de audiencia o de alegaciones.
  • Concesión de la ampliación de cualquier plazo o del aplazamiento de las actuaciones solicitado por el obligado.
  • Paralización del procedimiento iniciado a instancia del obligado por falta de un trámite indispensable.
  • Retraso en la notificación de las propuestas desde el día siguiente al intento de notificación.
  • Declaraciones complementarias o sustitutivas, falta de la declaración informativa de libros registro del artículo 36 e incumplimiento de la llevanza de libros del IVA en la Sede electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son dilaciones no imputables a la Administración, entre otras, los retrasos del obligado al atender requerimientos, aportar pruebas tarde, las prórrogas concedidas, la paralización por su culpa y los retrasos en notificar.

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Artículo 114. Notificación.

El artículo 114 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Notificación», dispone lo siguiente.

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de notificación.

Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el destinatario está ausente o de que consta como desconocido en su domicilio fiscal o en el lugar designado al efecto para realizar la notificación.

Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole en la diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la dependencia al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de llegada se dejará a efectos exclusivamente informativos.

2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, el envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La notificación se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío en la oficina.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente en el correspondiente procedimiento.

3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del obligado tributario que consten con tal condición en el expediente.

4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre asistencia mutua, podrá solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones de cualquier acto dictado por dicha Administración tributaria.

Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo anterior deberán acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad competente española de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las notificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este apartado se tendrán por válidamente efectuadas.

Datos clave

  • Si no es posible notificar por causas no imputables a la Administración, se hacen constar en el expediente las circunstancias del intento.
  • Tras dos intentos sin éxito se deja aviso de llegada en el casillero domiciliario, a efectos exclusivamente informativos.
  • En apartados postales, la notificación se entiende practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío.
  • En procedimientos a instancia, el apartado postal exige que el interesado lo haya señalado como preferente.
  • El fallecimiento o extinción conocidos al notificar la resolución final cuentan como intento válido a efectos del plazo máximo.
  • Por asistencia mutua puede pedirse a la autoridad de otro Estado la práctica de notificaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué hacer cuando la notificación falla: dejar constancia del intento, aviso de llegada tras dos intentos, reglas para apartados postales, fallecimiento del destinatario y notificaciones en otro Estado.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 115. Notificación por comparecencia.

1. En el supuesto previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma del compareciente.

2. En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan pero rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se documentará esta circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.

Datos clave

  • La comparecencia debe producirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio.
  • Se practica la notificación y se deja constancia en diligencia con la firma del compareciente.
  • Si comparece y rehúsa recibir la documentación, se documenta el rechazo y se entiende practicada según el artículo 111.2 de la Ley 58/2003.
  • Se incorpora al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué pasa cuando el obligado acude a recoger una notificación tras el anuncio de comparecencia: si viene en 15 días naturales se le notifica con diligencia; si rehúsa, se entiende practicada.

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Artículo 115 bis. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

El artículo 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos», dispone lo siguiente.

1. El régimen para la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.

2. En el ámbito de competencias del Estado, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se podrán regular las especialidades en la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

Datos clave

  • Las notificaciones electrónicas siguen las normas administrativas generales.
  • Se aplican las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente.
  • En el ámbito estatal, las especialidades pueden regularse por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las notificaciones electrónicas tributarias siguen las normas administrativas generales con las especialidades legales y reglamentarias; en el Estado, una orden ministerial puede regularlas.

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Artículo 116. Atribución de funciones de gestión tributaria a los órganos administrativos.

A efectos de lo dispuesto en este reglamento, se entiende por órganos de gestión tributaria los de carácter administrativo que ejerzan las funciones previstas en el artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como aquellos otros que tengan atribuidas competencias en materia de gestión tributaria en las normas de organización específica.

Datos clave

  • Órganos de gestión tributaria: los de carácter administrativo que ejerzan las funciones del artículo 117 de la Ley 58/2003.
  • También lo son los que tengan atribuidas competencias de gestión tributaria en las normas de organización específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quiénes son órganos de gestión tributaria: los administrativos que ejercen las funciones del art. 117 LGT y los que tengan competencias de gestión en su normativa de organización.

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Artículo 147. Revocación del número de identificación fiscal.

El artículo 147 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula la revocación del número de identificación fiscal (NIF).

Causas. La Administración puede revocar el NIF asignado cuando, en actuaciones de comprobación del artículo 144.1 y 2 o en otros procedimientos de aplicación de los tributos, se acredite:

a) Alguna de las circunstancias del artículo 146.1 b), c) o d).

b) Que mediante las declaraciones de los artículos 9 y 10 se hubiera comunicado el desarrollo de actividades económicas inexistentes.

c) Que la sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad económica ni los actos preparatorios, salvo imposibilidad suficientemente acreditada. En el supuesto del artículo 4.2.l) el plazo cuenta desde la presentación de la declaración censal de modificación del artículo 12.2, tercer párrafo.

d) Que un mismo capital haya servido para constituir una pluralidad de sociedades sin que se haya producido el desembolso mínimo exigido.

e) Que se comunique el desarrollo de actividades, la gestión administrativa o la dirección de los negocios en un domicilio aparente o falso, sin justificar su realización en otro domicilio.

f) El incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

g) Que concurra la baja cautelar del apartado 6 de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 58/2003.

Procedimiento y efectos. El acuerdo de revocación requiere audiencia previa de 10 días, contados desde el día siguiente a la notificación de la apertura del plazo, salvo que se incluya en la propuesta de resolución del artículo 145.3. La revocación se publica en el Boletín Oficial del Estado y se notifica al obligado; la publicación se hace en las mismas fechas que las del artículo 112.1 de la Ley 58/2003 para las notificaciones por comparecencia, y produce los efectos del apartado 4 de la disposición adicional sexta de esa Ley. La revocación impide emitir el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias del artículo 74 y determina la baja en los Registros de operadores intracomunitarios, en los registros territoriales de los Impuestos Especiales, en el registro territorial del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, de extractores de depósitos fiscales y de devolución mensual. Procede la denegación del NIF cuando antes de su asignación concurra alguna causa de revocación.

Rehabilitación. La Administración puede rehabilitar el NIF mediante acuerdo sujeto a la misma publicidad. Solo se tramitan las solicitudes cuando se acredite que han desaparecido las causas y, en sociedades, se comunique quiénes ostentan la titularidad del capital, con identificación de sus representantes legales y de los titulares reales (artículo 4.2 de la Ley 10/2010), el domicilio fiscal y la actividad económica que se va a desarrollar. Si la causa es la letra f), solo es posible si se subsana el incumplimiento del depósito de cuentas. Sin estos requisitos, las solicitudes se archivan sin más trámite. La falta de resolución expresa en tres meses determina que se entienda denegada.

Datos clave

  • Causas de revocación del NIF: letras a) a g), entre ellas actividades inexistentes, domicilio aparente o falso e incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos del depósito de cuentas anuales.
  • Sociedad sin inicio de actividad ni actos preparatorios en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF.
  • Audiencia previa de 10 días; publicación de la revocación en el BOE y notificación al obligado.
  • Efectos: no se emite el certificado del artículo 74 y se produce la baja en los registros indicados.
  • Rehabilitación: exige acreditar que han desaparecido las causas; sin resolución expresa en tres meses se entiende denegada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda puede revocar el NIF por siete causas, con audiencia de 10 días y publicación en el BOE; la revocación bloquea el certificado de estar al corriente y da de baja en registros, y la rehabilitación exige que desaparezcan las causas.

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