El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria. La Hacienda Pública estatal. Los Presupuestos Generales del Estado. La ejecución del gasto público. El control de la gestión económico-financiera del sector público estatal.
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Artículo 1. Objeto
Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal.
Datos clave
- Objeto: régimen presupuestario y económico-financiero del sector público estatal.
- Incluye la contabilidad, la intervención y el control financiero.
- Ámbito: el sector público estatal.
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La Ley General Presupuestaria regula el régimen presupuestario, económico-financiero, contable, de intervención y control financiero del sector público estatal.
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Artículo 2. Sector público estatal
El artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, delimita qué entidades forman parte del sector público estatal.
1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:
a) La Administración General del Estado.
b) El sector público institucional estatal.
2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:
1.° Organismos autónomos.
2.° Entidades Públicas Empresariales.
3.º Agencias Estatales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.
e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas.
h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.
i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.
3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- El sector público estatal lo forman la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.
- Organismos públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
- Incluye autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones adscritos.
- Incluye fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
- Los órganos con dotación diferenciada sin personalidad jurídica forman parte del sector público estatal.
- La Ley no se aplica a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria (artículo 72 de la Constitución).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sector público estatal es la Administración General del Estado más el sector público institucional, cuya lista hay que saber; los órganos con dotación diferenciada entran y las Cortes Generales quedan fuera de la Ley.
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Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional
El artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, divide el sector público estatal en sector público administrativo, empresarial y fundacional.
A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes:
1. El sector público administrativo, integrado por:
a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior.
b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes:
1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro.
2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.
2. El sector público empresarial, integrado por:
a) Las entidades públicas empresariales.
b) Las sociedades mercantiles estatales.
c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo.
3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal.
Datos clave
- El sector público estatal se divide en administrativo, empresarial y fundacional.
- Administrativo: Administración General del Estado, organismos autónomos, autoridades administrativas independientes, universidades no transferidas y entidades de la Seguridad Social.
- Otras entidades son administrativas si no producen en régimen de mercado o no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales.
- Empresarial: entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, entre otras.
- Fundacional: las fundaciones del sector público estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reparte el sector público estatal en administrativo, empresarial y fundacional, y da dos criterios para decidir si un consorcio, fondo u otro organismo de derecho público es administrativo o empresarial.
Esquema
| Administrativo | Empresarial | Fundacional | |
|---|---|---|---|
| Integrantes fijos | AGE, organismos autónomos, autoridades independientes, universidades no transferidas, entidades de la Seguridad Social | Entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales | Fundaciones del sector público estatal |
| Consorcios, fondos y otros organismos | Si cumplen alguna de las dos características | Si no están incluidos en el administrativo | No aparecen |
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Artículo 4. Régimen jurídico aplicable
1. El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa comunitaria.
2. En particular, se someterán a su normativa específica:
a) El sistema tributario estatal.
b) Los principios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la Seguridad Social, así como el establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema.
c) El régimen jurídico general del patrimonio del sector público estatal, así como la regulación de los demanios especiales.
d) El régimen jurídico general de las relaciones financieras entre el sector público estatal y las comunidades autónomas y entidades locales.
e) El régimen jurídico general de las Haciendas locales.
f) Los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico de las ayudas o subvenciones concedidas por las entidades integrantes del sector público estatal con cargo a sus presupuestos o a fondos de la Unión Europea.
g) El régimen general de la contratación de las entidades integrantes del sector público estatal.
h) El régimen de contracción de obligaciones financieras y de realización de gastos, en aquellas materias que por su especialidad no se hallen reguladas en esta ley.
3. Tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho común.
Datos clave
- El régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en la Ley General Presupuestaria.
- Se someten a normativa específica el sistema tributario estatal y el régimen de la Seguridad Social.
- También el patrimonio del sector público estatal y los demanios especiales.
- También las Haciendas locales, las subvenciones y la contratación del sector público estatal.
- Son supletorias las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 4 señala qué materias quedan fuera de la LGP y se rigen por su normativa propia, dejando el derecho administrativo (y en su defecto el común) como supletorio.
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Artículo 5. Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública estatal
1. La Hacienda Pública estatal, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos.
2. Los derechos de la Hacienda Pública estatal se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.
Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.
Datos clave
- La Hacienda Pública estatal es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos.
- Sus derechos se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.
- Son de naturaleza pública los tributos y los demás derechos que deriven del ejercicio de potestades administrativas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 5 define la Hacienda Pública estatal como los derechos y obligaciones económicos de la AGE y sus organismos autónomos, y distingue derechos de naturaleza pública (los que derivan de potestades administrativas, como los tributos) de los de naturaleza privada.
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Artículo 6. Normas comunes a los derechos de la Hacienda Pública estatal
1. La Administración de los derechos de la Hacienda Pública estatal corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que ésta u otras leyes atribuyen a otros departamentos o entidades del sector público estatal.
2. El manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza pública podrá encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.
Datos clave
- La administración de los derechos corresponde, según su titularidad, al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos.
- El manejo o custodia de fondos o valores públicos puede encomendarse a personas o entidades privadas.
- Estas deben prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos de la Hacienda Pública estatal los administran el Ministerio de Hacienda y los organismos autónomos según su titularidad; el manejo de fondos públicos puede encomendarse a privados, que prestarán garantía.
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Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal
1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal fuera de los casos regulados por las leyes.
2. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.
Datos clave
- No pueden enajenarse, gravarse ni arrendarse los derechos económicos fuera de los casos regulados por las leyes.
- Exenciones, condonaciones, rebajas y moratorias solo en los casos y formas que determinen las leyes.
- Transacción o arbitraje: solo mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
- Se exige previa audiencia del Consejo de Estado en pleno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos de la Hacienda estatal no se enajenan, gravan, arriendan ni condonan salvo por ley; y transigir o someter a arbitraje exige real decreto en Consejo de Ministros previa audiencia del Consejo de Estado en pleno.
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Artículo 8. Ejercicio de acciones judiciales por la Hacienda Pública estatal
La Hacienda Pública estatal podrá ejercitar cualesquiera acciones judiciales que sean precisas para la mejor defensa de sus derechos.
Datos clave
- La Hacienda Pública estatal puede ejercitar cualesquiera acciones judiciales.
- Finalidad: la mejor defensa de sus derechos.
- No se limita el tipo de acción judicial que puede ejercitar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Hacienda Pública estatal puede ejercitar cualesquiera acciones judiciales precisas para defender mejor sus derechos.
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Artículo 9. Normas generales
1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se regularán por las reglas contenidas en esta sección y en las normas especiales que les son aplicables. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes.
2. Cuando los organismos autónomos concurran con la Administración General del Estado, tendrá preferencia para el cobro de los créditos esta última.
De igual preferencia gozarán los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan.
Cuando concurran créditos a favor de la Administración General del Estado con créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, se imputarán a prorrata de su respectivo importe.
Datos clave
- Los derechos de naturaleza pública se rigen por esta sección y sus normas especiales.
- La aplicación de los tributos se ajusta a la Ley General Tributaria.
- Si concurren organismos autónomos con la Administración General del Estado, esta tiene preferencia en el cobro.
- Igual preferencia tienen los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.
- Si concurren créditos del Estado y de cuotas de la Seguridad Social, se imputan a prorrata.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos públicos de la Hacienda estatal se rigen por esta sección y sus normas especiales, los tributos por la LGT; la AGE cobra antes que los organismos autónomos y comparte preferencia, a prorrata, con la Seguridad Social.
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Artículo 10. Prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal
El artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las prerrogativas correspondientes a los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal.
1. Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho de naturaleza pública por su normativa reguladora, la cobranza de tales derechos se efectuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes y gozará de las prerrogativas establecidas para los tributos en la Ley General Tributaria, y de las previstas en el Reglamento General de Recaudación.
2. Serán responsables solidarios del pago de los derechos de naturaleza pública pendientes, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria.
En este supuesto, la declaración de responsabilidad corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de créditos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria haya asumido aquella por ley o por convenio.
El régimen jurídico aplicable a esta responsabilidad será el contenido en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.
3. El carácter privilegiado de los créditos de la Hacienda Pública estatal otorga a ésta el derecho de abstención en los procesos concursales, en cuyo curso, no obstante, podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el acuerdo o convenio que pongan fin al proceso judicial. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa reguladora de los ingresos públicos.
Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá autorización del órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de créditos cuya gestión recaudatoria le corresponda, de conformidad con la ley o en virtud de convenio, con observancia, en este caso de lo convenido.
Cuando se trate de créditos correspondientes al Fondo de Garantía Salarial, la suscripción y celebración de convenios en el seno de procedimientos concursales requerirá la autorización del órgano competente, de acuerdo con la normativa reguladora del organismo autónomo.
En los restantes créditos de la Hacienda Pública estatal la competencia corresponde al Ministro de Hacienda, pudiéndose delegar en los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Reglamentariamente se establecerán los procedimientos para asegurar la adecuada coordinación en los procedimientos concursales en que concurran créditos de la Hacienda Pública estatal con créditos de la Seguridad Social y del resto de las entidades que integran el sector público Estatal, y en aquellos procedimientos concursales en los que se concurra con procedimientos judiciales o administrativos de ejecución singular correspondientes a las referidas entidades.
Datos clave
- La cobranza goza de las prerrogativas de los tributos en la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación.
- Responsables solidarios: quienes incurran en las circunstancias del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria.
- Esa responsabilidad alcanza hasta el valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
- El carácter privilegiado da derecho de abstención en los procesos concursales.
- Las condiciones singulares de pago no pueden ser más favorables que las del acuerdo o convenio concursal.
- En los restantes créditos, la competencia para los convenios es del Ministro de Hacienda, delegable en la Agencia Tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos públicos de la Hacienda estatal se cobran con las prerrogativas de los tributos; hay responsables solidarios por el artículo 42.2 de la LGT y reglas propias para actuar en los concursos.
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Artículo 11. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal
1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se adquieren y nacen de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho.
2. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas previstas en la Ley General Tributaria y las demás previstas en las leyes.
Sin perjuicio de lo establecido en esta ley y en la normativa reguladora de cada derecho, el procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se someterán a lo establecido en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
Datos clave
- Los derechos de naturaleza pública nacen y se adquieren conforme a la normativa reguladora de cada derecho.
- Se extinguen por las causas de la Ley General Tributaria y las demás previstas en las leyes.
- El procedimiento, efectos y requisitos de la extinción se rigen por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos públicos de la Hacienda estatal nacen según su normativa propia y se extinguen por las causas de la LGT y demás leyes, con procedimiento, efectos y requisitos según la LGT y el Reglamento General de Recaudación.
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Artículo 12. Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremio
1. Las providencias de apremio acreditativas del descubierto de las deudas correspondientes a los derechos de naturaleza pública, expedidas por los órganos competentes, serán título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
2. Los procedimientos administrativos de apremio podrán ser suspendidos en el caso de recursos o reclamaciones interpuestos por los interesados, en la forma y con los requisitos legal o reglamentariamente establecidos.
3. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha prescrito o ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
4. Si contra dichos procedimientos se opusieran reclamaciones en concepto de tercería o por otra acción civil por persona que ninguna responsabilidad tenga para con la Hacienda Pública estatal en virtud de obligación o gestión propia o transmitida, relativa a los créditos objeto del procedimiento, se procederá de la siguiente forma:
a) Tratándose de tercería de dominio, una vez que se hayan tomado las medidas de aseguramiento que procedan, se suspenderán dichos procedimientos sólo en la parte que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, sustanciándose este incidente en la vía administrativa como previa a la judicial.
Cuando la reclamación fuese denegada en la vía administrativa, proseguirá el procedimiento de apremio, salvo justificación documental en el plazo reglamentariamente establecido de la interposición de demanda judicial.
La Administración pública podrá acordar la suspensión del procedimiento de apremio cuando de la ejecución puedan derivarse perjuicios de imposible o difícil reparación. En ambos casos, el acuerdo de suspensión establecerá las medidas reglamentarias para el aseguramiento de los respectivos créditos.
b) Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la tercería.
Datos clave
- La providencia de apremio es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio.
- Tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.
- Suspensión inmediata sin garantía si hay error material, aritmético o de hecho, o la deuda está prescrita, ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
- Tercería de dominio: se suspende solo en la parte de los bienes controvertidos, con vía administrativa previa a la judicial.
- Tercería de mejor derecho: prosigue el procedimiento y el producto se consigna en depósito.
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El artículo 12 da a la providencia de apremio la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial, regula cuándo se suspende el procedimiento (con o sin garantía) y cómo se tramitan las tercerías de dominio y de mejor derecho.
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Artículo 13. Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal
1. Podrán aplazarse o fraccionarse, devengando el correspondiente interés de demora, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal, en virtud de una relación jurídica de derecho público, en los casos, por los medios y a través del procedimiento establecido reglamentariamente.
Dichas cantidades deberán garantizarse excepto en los casos siguientes:
a) Los de baja cuantía cuando sean inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda.
b) Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, salvo que ello produjera grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública estatal.
2. El aplazamiento y fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal por las comunidades autónomas y las corporaciones locales se regirá por su legislación específica, la cual tendrá en cuenta la necesaria reciprocidad entre administraciones.
Datos clave
- Las deudas de derecho público pueden aplazarse o fraccionarse devengando interés de demora.
- Deben garantizarse, salvo las de baja cuantía inferiores a las cifras que fije el Ministro de Hacienda.
- Tampoco si el deudor carece de bienes y la ejecución afectaría sustancialmente a la capacidad productiva y al empleo.
- Para comunidades autónomas y corporaciones locales rige su legislación específica, con reciprocidad entre administraciones.
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Las deudas de derecho público con la Hacienda estatal pueden aplazarse o fraccionarse con interés de demora y garantía, salvo baja cuantía o falta de bienes con riesgo para empleo y actividad.
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Artículo 14. Compensación de deudas
1. En los casos y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública estatal que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.
Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras de los tributos y demás recursos de derecho público.
Cuando una liquidación cuyo importe ha sido ingresado total o parcialmente sea anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir ésta en la cantidad previamente ingresada.
2. La extinción mediante compensación de las deudas que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tengan con la Administración General del Estado se regulará por su legislación específica.
3. Las deudas que los organismos autónomos, la Seguridad Social, y cualesquiera otras entidades de derecho público tengan con la Administración General del Estado, podrá realizarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.
La referida compensación no podrá afectar a las cotizaciones sociales.
Asimismo, serán compensables las deudas vencidas, líquidas y exigibles que tengan entre sí las entidades estatales de derecho público.
4. Las leyes reguladoras de los distintos ingresos de derecho público podrán prever el establecimiento de sistemas de cuenta corriente a efectos de facilitar la compensación y el pago de los créditos y débitos frente a la Hacienda Pública estatal.
5. Asimismo, la ley establecerá los supuestos en los que los créditos y débitos que diversos sujetos ostentaran frente a la Hacienda Pública estatal puedan, a solicitud de éstos, ser tratados unitariamente a efectos de su compensación.
Datos clave
- Pueden compensarse las deudas en fase de gestión recaudatoria, voluntaria o ejecutiva, con créditos reconocidos a favor del deudor.
- La compensación de deudas de comunidades autónomas y corporaciones locales se rige por su legislación específica.
- Las deudas de organismos autónomos, Seguridad Social y entidades de derecho público con el Estado son compensables si son vencidas, líquidas y exigibles.
- La compensación no puede afectar a las cotizaciones sociales.
- Las leyes pueden prever sistemas de cuenta corriente para facilitar la compensación y el pago.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas públicas con la Hacienda estatal pueden compensarse con créditos a favor del deudor; las de entes públicos con la AGE, si son vencidas, líquidas y exigibles, salvo cotizaciones sociales.
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Artículo 15. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal
1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública estatal:
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal se interrumpirá conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria y se aplicará de oficio.
3. Los derechos de la Hacienda Pública estatal declarados prescritos deberán ser dados de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.
4. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda Pública estatal se ajustará a lo prevenido en la normativa reguladora de la responsabilidad contable.
Datos clave
- Prescripción general: cuatro años, salvo lo que establezcan las leyes de cada recurso.
- Derecho a reconocer o liquidar: desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
- Derecho al cobro: desde la notificación o, si no es preceptiva, desde el vencimiento.
- La prescripción se interrumpe conforme a la Ley General Tributaria y se aplica de oficio.
- Los derechos prescritos se dan de baja en cuentas previo expediente.
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El artículo 15 fija en 4 años la prescripción del derecho de la Hacienda Pública estatal a liquidar créditos y a cobrar los ya reconocidos; se interrumpe según la Ley General Tributaria y se aplica de oficio.
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Artículo 16. Derechos económicos de baja cuantía
El Ministro de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.
Datos clave
- Competencia: el Ministro de Hacienda.
- Puede disponer la no liquidación o la anulación y baja en contabilidad.
- Afecta a deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministro de Hacienda puede no liquidar, o anular y dar de baja, las deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para cubrir el coste de cobrarlas.
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Artículo 17. Intereses de demora
1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengarán interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento. Se incluyen en este apartado las cantidades recaudadas a través de entidades colaboradoras, cuentas restringidas, oficinas liquidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda Pública estatal que no sean ingresadas por dichas entidades en el Tesoro en los plazos establecidos.
2. El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios.
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria.
Datos clave
- Las cantidades adeudadas devengan interés de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.
- Incluye lo recaudado por entidades colaboradoras no ingresado en el Tesoro en plazo.
- El interés de demora es el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para cada ejercicio.
- Se entiende sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas con la Hacienda estatal devengan interés de demora desde el día siguiente al vencimiento, al tipo del interés legal de cada año; incluye lo recaudado por entidades colaboradoras y no ingresado a tiempo.
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Artículo 18. Gestión de derechos de naturaleza pública de la Seguridad Social y de las entidades del sector público estatal no integrantes de la Hacienda Pública estatal.
1. La gestión de los demás ingresos de derecho público de las entidades del sector público estatal, no integrantes de la Hacienda Pública estatal, se someterá a lo establecido en esta sección, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la normativa reguladora de dichas entidades y en la de los correspondientes ingresos.
2. La gestión de las cuotas y de los demás ingresos de derecho público de la Seguridad Social se regulará por lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, y por las disposiciones especiales aplicables a cada uno de los ingresos, rigiendo en su defecto las normas establecidas en esta sección. Las referencias hechas en la referida sección al Ministerio de Hacienda se entenderán hechas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Datos clave
- Artículo 18 de la Ley General Presupuestaria: los demás ingresos de derecho público de las entidades del sector público estatal no integrantes de la Hacienda Pública estatal se someten a lo establecido en esa sección, sin perjuicio de las especialidades de su normativa.
- Las cuotas y demás ingresos de derecho público de la Seguridad Social se regulan por la Ley General de la Seguridad Social y las disposiciones especiales, rigiendo en su defecto esa sección.
- Las referencias al Ministerio de Hacienda se entienden hechas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ingresos de derecho público de entidades estatales ajenas a la Hacienda Pública siguen esta sección con sus especialidades; los de la Seguridad Social, su ley propia y, en defecto, esta sección.
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Artículo 19. Derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal
1. La efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.
2. Podrán aplazarse o fraccionarse las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal, en virtud de una relación jurídica de derecho privado, en los casos y con las condiciones que establezca el Ministro de Hacienda, para los correspondientes a la Administración General del Estado, y, conjuntamente, el Ministro de Hacienda y el correspondiente al Ministerio de adscripción del organismo autónomo, para los restantes.
Datos clave
- Los derechos de naturaleza privada se hacen efectivos conforme a las normas y procedimientos del derecho privado.
- Pueden aplazarse o fraccionarse en los casos y condiciones que establezca el Ministro de Hacienda para la Administración General del Estado.
- Para los organismos autónomos, conjuntamente el Ministro de Hacienda y el del Ministerio de adscripción.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos privados de la Hacienda estatal se hacen efectivos por el derecho privado; su aplazamiento o fraccionamiento lo regula el Ministro de Hacienda, o conjuntamente con el ministro de adscripción si es de un organismo autónomo.
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Artículo 20. Fuentes de las obligaciones
Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.
Datos clave
- El artículo regula las fuentes de las obligaciones de la Hacienda Pública estatal.
- Fuentes: la ley.
- Fuentes: los negocios jurídicos.
- Fuentes: los actos o hechos que, según derecho, las generen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que las generen según derecho.
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Artículo 21. Exigibilidad de las obligaciones
El artículo 21 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula la exigibilidad de las obligaciones de la Hacienda Pública estatal.
1. Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.
2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.
3. En el ámbito de la Hacienda Pública estatal, no podrá efectuarse el desembolso anticipado de las aportaciones comprometidas en virtud de convenios de colaboración y encomiendas de gestión con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en los mismos, sin perjuicio de lo que puedan establecer las disposiciones especiales con rango de Ley que puedan resultar aplicables en cada caso.
No obstante lo anterior, el acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el convenio de colaboración o encomienda de gestión, podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar la actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total a percibir. En tal caso, se deberán asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía salvo cuando el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público estatal o la normativa reguladora del gasto de que se trate establezca lo contrario.
Datos clave
- Exigibles solo si resultan de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias autorizadas.
- No se paga si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.
- Prohibido el desembolso anticipado de aportaciones de convenios y encomiendas antes de su ejecución y justificación.
- Anticipo por operaciones preparatorias: límite máximo del 10 por ciento de la cantidad total.
- El anticipo exige garantía, salvo si el acreedor es una entidad del sector público estatal o la normativa del gasto dispone otra cosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las obligaciones de la Hacienda estatal solo son exigibles por tres vías; no se paga sin contraprestación cumplida o garantizada, y en convenios y encomiendas el anticipo tiene un tope del 10 %.
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Artículo 22. Extinción de las obligaciones
1. Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. La gestión de los créditos presupuestarios en orden a extinguir las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se realizará de conformidad con lo dispuesto en el título II de esta ley y disposiciones de desarrollo.
Datos clave
- Las obligaciones se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento jurídico.
- La gestión de los créditos presupuestarios para extinguirlas se rige por el título II de la Ley.
- También por sus disposiciones de desarrollo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal se extinguen por las causas del Código Civil y del resto del ordenamiento; la gestión presupuestaria para extinguirlas sigue el título II de la ley.
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Artículo 23. Prerrogativas
1. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. El órgano administrativo encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.
Datos clave
- No cabe embargo ni mandamiento de ejecución sobre bienes afectados a un servicio público o función pública.
- Tampoco sobre bienes cuyos rendimientos estén legalmente afectados a fines diversos, ni sobre títulos de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas.
- El cumplimiento de las resoluciones judiciales corresponde al órgano administrativo competente por razón de la materia.
- Si hace falta modificación presupuestaria, debe concluirse en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 23 declara inembargables los bienes de la Hacienda Pública estatal afectados a un servicio público o a fines legalmente determinados, y da 3 meses al órgano administrativo competente para tramitar la modificación presupuestaria necesaria para cumplir una sentencia.
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Artículo 24. Intereses de demora
Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.
Datos clave
- Si la Administración no paga en los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, debe intereses.
- Se abona el interés del artículo 17.2 sobre la cantidad debida.
- Se devenga desde que el acreedor, transcurrido el plazo, reclame por escrito.
- En materia tributaria, contratación administrativa y expropiación forzosa rige su legislación específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración no paga en tres meses desde la notificación de la sentencia o del reconocimiento, debe el interés del artículo 17 apartado 2, pero solo desde que el acreedor reclame por escrito tras ese plazo.
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Artículo 25. Prescripción de las obligaciones
1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil.
3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.
Datos clave
- Prescripción general de las obligaciones: cuatro años, salvo leyes especiales.
- Reconocimiento o liquidación: desde que concluyó el servicio o prestación o pudo ejercitarse el derecho.
- Exigencia del pago de obligaciones reconocidas: desde la notificación del reconocimiento o liquidación.
- La prescripción se interrumpe conforme al Código Civil.
- Las obligaciones prescritas se dan de baja en cuentas previo expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 25 fija en 4 años la prescripción del derecho a que la Hacienda Pública estatal reconozca una obligación no solicitada y del derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas, interrumpiéndose conforme al Código Civil.
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Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria
El artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los principios y reglas de programación presupuestaria.
1. La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.
Datos clave
- Principios: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad y transparencia.
- También eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- Se rige conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Toda actuación que afecte a los gastos públicos debe valorar sus repercusiones y efectos.
- Debe supeditarse estrictamente a las disponibilidades presupuestarias y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete principios rigen la programación presupuestaria estatal, y toda actuación del sector público estatal que afecte al gasto debe valorar sus efectos y ajustarse a lo disponible.
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Artículo 27. Principios y reglas de gestión presupuestaria.
El artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone lo siguiente.
1. La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.
2. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley.
El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en aquéllos.
3. Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.
4. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.
Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente.
Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.
A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.
5. El presupuesto y sus modificaciones contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar.
Datos clave
- La gestión del sector público estatal se somete a presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en un escenario plurianual.
- Los créditos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados (especialidad cualitativa).
- El carácter limitativo y vinculante de los créditos corresponde a su nivel de especificación.
- Los recursos se destinan a satisfacer el conjunto de las obligaciones, salvo afectación por ley (no afectación).
- Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro, sin minoración salvo autorización legal expresa (presupuesto bruto).
- Importe íntegro es el resultante después de aplicar exenciones y bonificaciones procedentes.
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Reglas de gestión presupuestaria: presupuesto anual en marco plurianual, créditos solo para su finalidad, recursos para el conjunto de obligaciones salvo afectación legal y aplicación por importe íntegro, con excepciones tasadas.
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Artículo 28. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad.
El artículo 28 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone lo siguiente.
1. Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales del Estado, constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo en la que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes, que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria.
2. Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3. Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de Hacienda, que dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año y, en su caso, contendrán la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior.
4. Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos.
El escenario de ingresos tendrá en cuenta los efectos tendenciales de la economía, los coyunturales que puedan estimarse y los derivados de cambios previstos en la normativa que los regula.
El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la actividad del sector público que tengan su vencimiento en el período a considerar y los compromisos de gasto existentes en el momento de su elaboración que puedan generar obligaciones con vencimiento en el período que comprenda.
Datos clave
- Los escenarios presupuestarios plurianuales enmarcan anualmente los Presupuestos Generales del Estado.
- Determinan límites referidos a los tres ejercicios siguientes.
- Se ajustan al objetivo de estabilidad del Estado y de la Seguridad Social del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012.
- Los confecciona el Ministerio de Hacienda, que da cuenta al Consejo de Ministros antes de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos.
- Están integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los escenarios presupuestarios plurianuales enmarcan cada año los PGE, fijan límites para los tres ejercicios siguientes, se ajustan al objetivo de estabilidad y los elabora Hacienda con un escenario de ingresos y otro de gastos.
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Artículo 29. Programas plurianuales ministeriales.
1. Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, referidos a los tres ejercicios siguientes, y ajustados a sus previsiones y límites, en los que por centros gestores se establecerán los objetivos a conseguir y las acciones necesarias para alcanzarlos así como las dotaciones de los programas presupuestarios.
2. Los programas plurianuales se remitirán anualmente al Ministerio de Hacienda para la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales.
3. El programa plurianual de cada ministerio contendrá los programas de todos los centros gestores que de él dependan y se aprobará por el Ministro. El Programa plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
4. Los programas de actuación plurianual de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y demás entidades integrantes del sector público estatal sin presupuesto limitativo, establecidos en el artículo 65 de esta ley se integrarán, a efectos informativos, en los programas plurianuales de los ministerios de que dependan funcionalmente.
5. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales y de actuación plurianual se establecerá por orden del Ministro de Hacienda, en la que se determinará el plazo y la forma de remisión al Ministerio de Hacienda.
6. Los programas plurianuales establecerán su contenido referido a los extremos siguientes:
a) Los objetivos plurianuales expresados de forma objetiva, clara y mensurable a alcanzar en el período, estructurados por programas o grupos de programas presupuestarios.
b) La actividad a realizar para la consecución de los objetivos.
c) Los medios económicos, materiales y personales necesarios con especificación de los créditos que, para el logro de los objetivos anuales que dichos programas establezcan, se propone poner a disposición de los centros gestores del gasto responsables de su ejecución.
d) Las inversiones reales y financieras a realizar.
e) Los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan la medición, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.
7. Los programas plurianuales deberán tener un contenido coherente con los planes sectoriales y otros programas de actuación existentes en el ámbito de cada departamento.
Datos clave
- Artículo 29 de la Ley General Presupuestaria: los escenarios presupuestarios plurianuales se desarrollan en programas plurianuales referidos a los tres ejercicios siguientes.
- Los programas se remiten anualmente al Ministerio de Hacienda; el programa de cada ministerio contiene los de sus centros gestores y lo aprueba el Ministro; el de la Seguridad Social lo elabora el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
- El procedimiento de elaboración y la estructura se establecen por orden del Ministro de Hacienda.
- Contenido: objetivos plurianuales medibles, actividad a realizar, medios económicos, materiales y personales, inversiones reales y financieras e indicadores de ejecución (eficacia, eficiencia, economía y calidad).
- Los programas de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y demás entidades sin presupuesto limitativo (artículo 65) se integran a efectos informativos en los de los ministerios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 29 desarrolla los programas plurianuales de cada ministerio: se remiten cada año al Ministerio de Hacienda, los aprueba el Ministro correspondiente (la Seguridad Social los hace aparte el Ministerio de Trabajo), y deben fijar objetivos medibles, actividades, medios, inversiones e indicadores.
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Artículo 30. Programas plurianuales de los centros gestores.
1. Los programas plurianuales de los distintos centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada ministerio y se elaborarán por los titulares de los referidos centros y su contenido se ajustará al establecido para dicho programa plurianual en el apartado 6 del artículo 29 de esta ley.
2. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se establecerá por orden del Ministro de Hacienda.
Datos clave
- Artículo 30 de la Ley General Presupuestaria: los programas plurianuales de los centros gestores se integran en el del ministerio y los elaboran sus titulares con el contenido del artículo 29.6.
- El procedimiento de elaboración y la estructura se establecen por orden del Ministro de Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los programas plurianuales de los centros gestores se integran en el del ministerio, los elaboran sus titulares con el contenido del apartado 6 del artículo 29 y su procedimiento y estructura los fija una orden del Ministro de Hacienda.
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Artículo 31. Asignación presupuestaria y objetivos.
1. Los Presupuestos Generales del Estado se adecuarán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la consecución de los objetivos que se hayan establecido en los programas plurianuales de los distintos departamentos ministeriales, con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran.
2. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.
Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en relación con los objetivos finales en cuya consecución participan.
Datos clave
- Artículo 31 de la Ley General Presupuestaria: los Presupuestos Generales del Estado se adecuan a los escenarios presupuestarios plurianuales y atienden a los objetivos de los programas plurianuales, con sujeción a las restricciones que determine el Gobierno.
- Las asignaciones a los centros gestores toman en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.
- Los objetivos de carácter instrumental se ponen en relación con los objetivos finales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los PGE se adecuan a los escenarios plurianuales y a los objetivos de los programas ministeriales; las asignaciones a los centros gestores tienen en cuenta, entre otras cosas, cómo cumplieron sus objetivos antes.
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Artículo 32. Definición.
Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.
Datos clave
- Los Presupuestos Generales del Estado son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de derechos y obligaciones.
- Recogen los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio.
- Abarcan a cada uno de los órganos y entidades del sector público estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Definición legal de los PGE: expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar en el ejercicio por los órganos y entidades del sector público estatal.
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Artículo 33. Alcance subjetivo y contenido.
El artículo 33 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone lo siguiente.
1. Los Presupuestos Generales del Estado estarán integrados por:
a) Los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley y de las entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la presente Ley o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.
b) Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en la letra anterior.
2. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán:
a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo a) del apartado anterior.
b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior.
c) Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo b) del apartado anterior.
d) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna.
e) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
Datos clave
- Integran los presupuestos de los órganos del artículo 2.3 y de las entidades con presupuesto limitativo.
- Integran también los presupuestos estimativos de los sectores empresarial y fundacional, consorcios, universidades no transferidas y fondos sin personalidad jurídica.
- Determinan las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocerse.
- Determinan los derechos a reconocer durante el ejercicio.
- Incluyen los objetivos de los gestores de programas y la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los PGE integran presupuestos limitativos y estimativos, y determinan obligaciones máximas, derechos a reconocer, operaciones de los estimativos, objetivos de los gestores y la estimación de beneficios fiscales.
Esquema
| Letra a) (limitativos) | Letra b) (estimativos) | |
|---|---|---|
| Quiénes | Órganos del artículo 2.3 y entidades con presupuesto limitativo | Sectores empresarial y fundacional, consorcios, universidades no transferidas, fondos sin personalidad |
| Qué determinan los PGE | Obligaciones máximas y derechos a reconocer | Operaciones no financieras y financieras |
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Artículo 34. Ámbito temporal.
El artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone lo siguiente.
1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán:
a) Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven.
b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado así como las que tengan su origen en resoluciones judiciales.
3. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia.
Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio corriente obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia.
4. En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar a presupuesto y no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores, la imputación requerirá norma con rango de ley que la autorice.
5. Los créditos iniciales dotados en los Presupuestos Generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley.
Datos clave
- El ejercicio presupuestario coincide con el año natural.
- Se imputan los derechos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven.
- Se imputan las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre por gastos realizados dentro del ejercicio.
- Los atrasos del personal y las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales se aplican al presupuesto vigente al expedir las órdenes de pago.
- Otras obligaciones de ejercicios anteriores no previstas requieren norma con rango de ley que autorice su imputación.
- Los créditos iniciales para obligaciones de ejercicios anteriores solo se modifican por los artículos 55, 56 y 57.
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El ejercicio presupuestario coincide con el año natural: qué derechos y obligaciones se imputan y las excepciones para atrasos de personal, resoluciones judiciales y obligaciones de ejercicios anteriores.
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Artículo 35. Los créditos y programas presupuestarios.
1. Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en los artículos 40, 43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución.
2. Los programas presupuestarios de carácter plurianual y bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, consisten en el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos que pueden tener por finalidad:
a) la producción de bienes y servicios,
b) el cumplimiento de obligaciones específicas o
c) la realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores del gasto.
3. Las actividades propias de servicios horizontales y las instrumentales podrán configurarse como programas de apoyo para una mejor ordenación y gestión de los créditos necesarios para su realización.
4. Constituye un programa de gasto del presupuesto anual el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución.
Los mismos constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual.
La comprobación del grado de cumplimiento de un programa presupuestario se efectuará en función de los resultados cuando éstos sean mensurables e identificables. Cuando los resultados no sean mensurables la efectividad del programa se hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta.
Datos clave
- Crédito presupuestario: asignación individualizada de gasto puesta a disposición de los centros gestores.
- Su especificación se determina por la agrupación orgánica, por programas y económica (artículos 40, 43 y 44).
- Los programas presupuestarios son de carácter plurianual y bajo la responsabilidad del titular del centro gestor.
- Las actividades de servicios horizontales e instrumentales pueden configurarse como programas de apoyo.
- El programa de gasto anual es la concreción anual de los programas plurianuales.
- Si los resultados no son mensurables, la efectividad se mide mediante indicadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 35 define el crédito presupuestario como cada asignación individualizada de gasto puesta a disposición de un centro gestor, y el programa presupuestario como el conjunto de gastos orientado a unos objetivos, cuya concreción anual es el programa de gasto del presupuesto del año.
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Artículo 36. Procedimiento de elaboración.
El artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Procedimiento de elaboración» y dispone lo siguiente.
1. La fijación anual del límite de gasto no financiero que debe respetar el presupuesto del Estado se efectuará con la extensión y de la forma prevista en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden del Ministro de Hacienda y se sujetará a las normas siguientes:
Primera. Las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el Ministro de Hacienda.
Con este fin, se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición se determinará por orden del Ministro de Hacienda.
La Comisión respetará la adecuación de los criterios de establecimiento de prioridades y de elaboración de las propuestas a los límites y objetivos de política presupuestaria que los presupuestos deban cumplir.
Segunda. Los ministerios y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, remitirán al Ministerio de Hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto, ajustadas a los límites que las directrices hayan establecido.
Del mismo modo, los distintos ministerios remitirán al de Hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos y otras Entidades a ellos adscritos.
El Ministerio de Sanidad y Consumo enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio de Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales al Ministerio de Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con los anteproyectos elaborados por las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, formará el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, al que se incorporarán los anteproyectos de Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y lo remitirá al Ministerio de Hacienda.
Los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Hacienda elevarán el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno para su aprobación.
Asimismo, los ministerios remitirán las propuestas que contengan los presupuestos de operaciones corrientes y de operaciones de capital y financieras de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector público estatal que dependan funcionalmente de cada uno de ellos, acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo 29 de esta ley.
Tercera. Las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán, para cada programa, de su correspondiente memoria de objetivos anuales fijados, conforme al programa plurianual respectivo, dentro de los límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas para cada uno de los programas.
Cuarta. En el marco de este procedimiento, por orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se establecerán las especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social.
3. El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio de Hacienda, de forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación plurianual prevista en el artículo 29 y al cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el Gobierno para el ejercicio.
4. Las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se formularán y tramitarán sirviéndose de los medios informáticos que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda quien asimismo fijará los plazos para su presentación en la orden que establezca el procedimiento de elaboración del anteproyecto.
5. Corresponderá al Ministro de Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- El límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado se fija anualmente según el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El procedimiento de elaboración se establece por orden del Ministro de Hacienda.
- Las directrices para la distribución del gasto las determina el Ministro de Hacienda; para ello se constituye la Comisión de Políticas de Gasto.
- Los ministerios y órganos con dotaciones diferenciadas remiten sus propuestas al Ministerio de Hacienda ajustadas a los límites de las directrices.
- Las propuestas de gasto se acompañan, para cada programa, de una memoria de objetivos anuales.
- El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado lo elabora el Ministerio de Hacienda.
- Corresponde al Ministro de Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se elabora el proyecto de PGE: límite de gasto no financiero, orden del Ministro de Hacienda con cuatro normas, Comisión de Políticas de Gasto, propuestas de los ministerios y elevación del anteproyecto al Gobierno.
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Artículo 37. Remisión a las Cortes Generales.
El artículo 37 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Remisión a las Cortes Generales» y dispone lo siguiente.
1. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en los artículos 40 y 41 de esta ley, será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
2. Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará la siguiente documentación complementaria:
a) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales.
b) El informe de impacto de género.
c) El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.
d) El informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
e) Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto.
f) Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública, que incluirá su clasificación territorial.
g) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente.
h) Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior.
i) Los estados consolidados de los presupuestos.
j) Un informe económico y financiero, que incluirá una explicación de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes.
k) Una memoria de los beneficios fiscales.
Datos clave
- El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se remite a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
- Integra el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos.
- Se acompaña de las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales.
- Se acompaña del informe de impacto de género y del informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.
- Se acompaña del informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
- Incluye la liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente.
- Incluye las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior, los estados consolidados, un informe económico y financiero y una memoria de los beneficios fiscales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El proyecto de Ley de Presupuestos se remite a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior, con articulado, anexos y estados de ingresos y gastos, y acompañado de once documentos complementarios.
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Artículo 38. Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
El artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone lo siguiente.
1. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.
2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.
3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.
4. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acordará los criterios para instrumentar la aplicación de los apartados anteriores.
Datos clave
- Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los presupuestos iniciales del ejercicio anterior.
- La prórroga dura hasta la aprobación y publicación de los nuevos presupuestos en el «Boletín Oficial del Estado».
- No se prorrogan los créditos de programas o actuaciones que terminen en el ejercicio prorrogado ni los de obligaciones que se extingan en él.
- La estructura orgánica se adapta a la organización vigente sin alterar la cuantía total.
- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acuerda los criterios de aplicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Ley de Presupuestos no está aprobada el primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los presupuestos iniciales del anterior, con excepciones y adaptación a la organización vigente.
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Artículo 39. Estructura de los presupuestos del sector público estatal.
La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta ley, por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir.
Datos clave
- La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos la determina el Ministerio de Hacienda.
- Se tiene en cuenta la organización del sector público estatal.
- Se tiene en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos.
- Se tienen en cuenta las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministerio de Hacienda determina la estructura de los PGE y sus anexos atendiendo a la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de ingresos y gastos y las finalidades y objetivos.
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Artículo 40. Estructura de los estados de gastos de los Presupuesto Generales del Estado.
El artículo 40 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Estructura de los estados de gastos de los Presupuesto Generales del Estado» y dispone lo siguiente.
1. Los estados de gastos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.a) de esta ley se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones:
a) La clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda.
b) La clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el artículo 35 de esta ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual.
c) La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.
En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital.
El Fondo de Contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el artículo 50 de esta Ley.
En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros.
Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.
2. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto.
Datos clave
- Los estados de gastos se estructuran en tres clasificaciones: orgánica, por programas y económica.
- La clasificación orgánica agrupa los créditos por secciones y servicios.
- La clasificación económica agrupa los créditos por capítulos: operaciones corrientes, de capital, financieras y Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
- Operaciones corrientes: gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.
- Operaciones de capital: inversiones reales y transferencias de capital; operaciones financieras: activos y pasivos financieros.
- El Fondo de Contingencia atiende necesidades imprevistas en la forma del artículo 50.
- Los capítulos se desglosan en artículos, estos en conceptos y estos pueden dividirse en subconceptos.
- Además, los créditos se identifican funcionalmente según su finalidad (clasificación funcional del gasto).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los estados de gastos se ordenan con tres clasificaciones (orgánica, por programas y económica) y, además, los créditos se identifican funcionalmente según su finalidad.
Esquema
| Corrientes | Capital | Financieras | |
|---|---|---|---|
| Qué se distingue | Personal, bienes y servicios corrientes, gastos financieros, transferencias corrientes | Inversiones reales y transferencias de capital | Activos financieros y pasivos financieros |
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Artículo 41. Estructura de los estados de ingresos.
Los estados de ingresos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica:
a) La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda.
b) La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.
En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.
En los ingresos de capital se distinguirán: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
En las operaciones financieras se distinguirán: activos financieros y pasivos financieros.
Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.
Datos clave
- Los estados de ingresos siguen las clasificaciones orgánica y económica.
- La clasificación orgánica distingue los ingresos de la Administración General del Estado, de cada organismo autónomo, de la Seguridad Social y de otras entidades.
- La clasificación económica separa ingresos corrientes, de capital y operaciones financieras.
- Ingresos corrientes: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.
- Ingresos de capital: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
- Operaciones financieras: activos financieros y pasivos financieros.
- Los capítulos se desglosan en artículos y estos en conceptos, divisibles en subconceptos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 41 estructura los estados de ingresos de los PGE en solo dos clasificaciones —orgánica y económica—, sin clasificación por programas, distinguiendo en la económica ingresos corrientes, de capital y operaciones financieras.
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Artículo 42. Especialidad de los créditos.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta ley.
Datos clave
- Los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados.
- La autorización procede de la Ley de Presupuestos o de las modificaciones aprobadas conforme a la Ley 47/2003.
- Es el principio de especialidad de los créditos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los créditos solo pueden gastarse en la finalidad concreta para la que fueron aprobados en la Ley de Presupuestos o en sus modificaciones: es el principio de especialidad cualitativa.
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Artículo 43. Especificación de los presupuestos del Estado.
El artículo 43 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Especificación de los presupuestos del Estado» y dispone lo siguiente.
1. En el presupuesto del Estado los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo y las inversiones reales a nivel de capítulo.
2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:
a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.
b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.
c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta Ley.
d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender transferencias corrientes o de capital al exterior.
e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
Datos clave
- Regla general: en el presupuesto del Estado los créditos se especifican a nivel de concepto.
- Gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios: a nivel de artículo.
- Inversiones reales: a nivel de capítulo.
- Se especifican según su concreta clasificación económica los créditos de atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados.
- También los de arrendamientos de edificios y otras construcciones y los declarados ampliables conforme al artículo 54.
- También los que identifiquen perceptor o beneficiario (salvo transferencias al exterior), los que fije la Ley de Presupuestos de cada ejercicio y los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el presupuesto del Estado los créditos se especifican por regla general a nivel de concepto; personal y bienes corrientes, a nivel de artículo; inversiones reales, a capítulo; y seis tipos van a su nivel concreto.
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Artículo 44. Especificación del presupuesto de los organismos autónomos y de la Seguridad Social.
El artículo 44 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el nivel de especificación de los créditos en el presupuesto de los organismos autónomos y de la Seguridad Social.
1. En el presupuesto de los organismos autónomos, de la Seguridad Social y, en su caso, de las demás entidades del apartado 1 del artículo 3 de esta Ley, excepto las relacionadas en el artículo anterior, los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo.
2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos:
a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas.
b) Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.
c) Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta Ley.
d) Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas atender transferencias corrientes o de capital al exterior.
e) Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
f) Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
3. Los créditos del Presupuesto de la Seguridad Social se especificarán a nivel de grupo de programas, excepto los créditos para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal que se especificarán a nivel de programa.
Datos clave
- Con carácter general, los créditos se especifican a nivel de concepto.
- Gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales se especifican a nivel de capítulo.
- Se especifican según su concreta clasificación económica los créditos de atenciones protocolarias y representativas, de arrendamientos de edificios, los ampliables del artículo 54, los nominativos, los que fije la Ley de Presupuestos y los créditos extraordinarios.
- Los créditos del Presupuesto de la Seguridad Social se especifican a nivel de grupo de programas.
- La acción protectora no contributiva y universal de la Seguridad Social se especifica a nivel de programa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En organismos autónomos y Seguridad Social los créditos van a nivel de concepto, salvo personal, bienes corrientes e inversiones, que van a capítulo; la Seguridad Social se especifica además por grupo de programas.
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Artículo 45. Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal.
El artículo 45 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades del sector público estatal.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades integrantes del sector público estatal, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.
Asimismo, se autoriza al Ministro de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta, cuando pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada.
Cuando en dichas entidades existan órganos colegiados de administración, el ingreso habrá de ser previamente acordado por los mismos.
Datos clave
- El Ministro de Hacienda puede declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital cuando, por existir suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no ser necesarias.
- Puede requerir el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas disponibilidades líquidas.
- Se exceptúan las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta.
- Si existen órganos colegiados de administración, el ingreso debe ser previamente acordado por ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una entidad del sector público estatal acumula liquidez que no necesita, el Ministro de Hacienda puede declarar no disponibles sus transferencias y exigir que ingrese ese dinero en el Tesoro.
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Artículo 46. Limitación de los compromisos de gasto.
Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título VII de esta ley.
Datos clave
- Los créditos para gastos son limitativos.
- No pueden adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos.
- Son nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación.
- Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título VII de la ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los créditos son limitativos: no cabe comprometer gasto ni contraer obligaciones por encima del crédito autorizado; si se hace, el acto es nulo de pleno derecho.
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Artículo 47. Compromisos de gasto de carácter plurianual.
El artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los compromisos de gasto de carácter plurianual.
1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.
2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento.
En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.
Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.
3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley.
4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada.
5. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, de encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, la formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o en varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores.
En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo.
Datos clave
- La ejecución debe iniciarse en el propio ejercicio en que se autoricen.
- El número de ejercicios no puede ser superior a cuatro.
- Límites sobre el crédito inicial: 70 % el ejercicio inmediato siguiente, 60 % el segundo y 50 % el tercero y el cuarto.
- En los contratos de obra plurianuales (salvo abono total del precio) se retiene adicionalmente el 10 % del importe de adjudicación.
- Los límites no se aplican a la carga financiera de la Deuda ni a los arrendamientos de inmuebles.
- El Gobierno puede modificar porcentajes y anualidades, a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe de la Dirección General de Presupuestos.
- No pueden adquirirse compromisos futuros para subvenciones del artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
- La tramitación anticipada (artículo 117.2 LCSP, encargos y convenios) puede llegar a la adjudicación y formalización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Compromisos plurianuales: ejecución iniciada en el ejercicio, no más de cuatro ejercicios y topes del 70, 60 y 50 % sobre el crédito inicial, con retención del 10 % en obras y excepciones que puede acordar el Gobierno.
Esquema
| Inmediato siguiente | Segundo | Tercero y cuarto | |
|---|---|---|---|
| Límite | 70 % | 60 % | 50 % |
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Artículo 47 bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales.
El artículo 47 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula la modificación y resolución de los compromisos de gasto plurianuales.
En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de esta Ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera:
1.º) El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, tan pronto como se tenga conocimiento de ello.
2.º) Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades, ajustándolo a las nuevas circunstancias.
3.º) Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2.º) anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las compensaciones que, en su caso, procedan.
En aquellos supuestos en los que la obligación de la Hacienda Pública estuviera condicionada, en el propio negocio o acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia.
Datos clave
- Se aplica cuando la Ley de Presupuestos de un ejercicio posterior no autoriza créditos suficientes para cumplir el compromiso.
- Primero, el órgano competente comunica la circunstancia al tercero tan pronto como la conozca.
- Si lo permiten las disponibilidades, se acuerda la reprogramación con reajuste de anualidades.
- Si no es posible, se acuerda la resolución del negocio fijando las compensaciones que procedan.
- Si la obligación estaba condicionada a la existencia de crédito, antes de resolver se valoran soluciones alternativas y se notifica de forma fehaciente al tercero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué hacer si una Ley de Presupuestos posterior no da crédito suficiente para un compromiso plurianual ya formalizado: avisar al tercero, reprogramar si se puede y, si no, resolver fijando compensaciones.
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Artículo 48. Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual.
El artículo 48 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las adquisiciones, las obras con pago aplazado y otros compromisos plurianuales.
1. Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25 por ciento del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 47 de esta ley.
2. El procedimiento descrito en el artículo 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 99.2. del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Datos clave
- Puede diferirse el pago de inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros.
- El desembolso inicial a la firma de la escritura no puede ser inferior al 25 % del precio.
- El resto puede distribuirse en los cuatro ejercicios siguientes dentro de los límites del artículo 47.
- El procedimiento del artículo 47 se aplica a los contratos de obras bajo la modalidad de abono total.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La compra directa de inmuebles de más de seis millones de euros puede pagarse aplazada: al menos un 25 % al firmar y el resto en los cuatro ejercicios siguientes con los límites del artículo 47; también se aplica a obras de abono total.
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Artículo 49. Temporalidad de los créditos.
El artículo 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula la temporalidad de los créditos.
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las salvedades establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 34 de esta ley.
2. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 de esta ley.
Datos clave
- Solo pueden contraerse obligaciones por gastos que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.
- Se salvan las excepciones de los apartados 2 y 3 del artículo 34.
- Los créditos no afectados a obligaciones reconocidas el último día del ejercicio quedan anulados de pleno derecho.
- La anulación se entiende sin perjuicio de las incorporaciones del artículo 58.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con los créditos de un ejercicio solo se atienden gastos de ese ejercicio, y los créditos no afectados a obligaciones reconocidas el último día quedan anulados de pleno derecho, sin perjuicio del artículo 58.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 50. Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
El artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
1. El presupuesto del Estado, a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito, incluirá una sección bajo la rúbrica «Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria», por importe del dos por ciento del total de gastos para operaciones no financieras, excluidos los destinados a financiar a las comunidades autónomas y entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación y consignados en una sección presupuestaria independiente de dicho presupuesto.
El Fondo únicamente financiará, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito salvo que concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 59 de esta Ley:
a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 54.
b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con lo previsto en el artículo 55.
c) Las incorporaciones de crédito, conforme al artículo 58.
En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.
2. La aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral acerca de la utilización del Fondo Regulado en este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Datos clave
- Atiende necesidades inaplazables, de carácter no discrecional, sin dotación adecuada.
- Su importe es el dos por ciento del total de gastos para operaciones no financieras, excluida la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.
- Solo financia ampliaciones (artículo 54), créditos extraordinarios y suplementos (artículo 55) e incorporaciones (artículo 58), salvo el artículo 59.
- No puede financiar gastos derivados de decisiones discrecionales sin cobertura presupuestaria.
- Su aplicación la aprueba el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.
- El Gobierno remite a las Cortes Generales un informe trimestral sobre su utilización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Fondo de Contingencia es una reserva del presupuesto del Estado para necesidades inaplazables y no discrecionales sin crédito suficiente. Importa su cuantía, qué modificaciones financia y quién aprueba su uso.
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Artículo 51. Modificación de los créditos iniciales.
El artículo 51 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, enumera las modificaciones de los créditos iniciales.
La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante:
a) Transferencias.
b) Generaciones.
c) Ampliaciones.
d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
e) Incorporaciones.
Datos clave
- La cuantía y finalidad de los créditos solo puede modificarse durante el ejercicio con los límites y el procedimiento de la Ley.
- Las modificaciones posibles son cinco: transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, e incorporaciones.
- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito figuran en una misma letra d).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los créditos de gastos solo cambian de cuantía o finalidad durante el ejercicio por cinco vías tasadas, con los límites y el procedimiento de los artículos siguientes.
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Artículo 52. Transferencias de crédito.
El artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las transferencias de crédito.
1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones:
a) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.
b) No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos del programa de contratación centralizada.
c) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio.
Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social o cuando afecten a créditos de la sección 06 Deuda Pública.
d) En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social no podrán minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables.
2. Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a comunidades autónomas ; las que se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el Presupuesto del Estado u organismos autónomos; las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y las que se realicen desde el programa de imprevistos.
3. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya existentes salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público.
Datos clave
- Son traspasos de dotaciones entre créditos, incluso con creación de créditos nuevos.
- No pueden hacerse desde operaciones financieras al resto ni desde operaciones de capital a operaciones corrientes.
- No pueden hacerse entre distintas secciones presupuestarias, salvo el programa de contratación centralizada.
- No minoran créditos extraordinarios ni créditos suplementados o ampliados en el ejercicio, salvo ampliables de la Seguridad Social o la sección 06 Deuda Pública.
- Las restricciones no afectan a reorganizaciones administrativas, traspasos de competencias, convenios, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico ni al programa de imprevistos.
- No pueden crear ni aumentar subvenciones nominativas, salvo conformidad con la Ley General de Subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La transferencia traspasa dotación de un crédito a otro, incluso creando uno nuevo, pero con restricciones por tipo de operación, sección y créditos ya modificados, y con excepciones tasadas.
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Artículo 53. Generaciones de crédito.
El artículo 53 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las generaciones de crédito.
1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
2. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de:
a) Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
b) Ventas de bienes y prestación de servicios.
c) Enajenaciones de inmovilizado.
d) Reembolsos de préstamos.
e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente.
3. La generación sólo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, en el caso de los organismos autónomos y de la Seguridad Social, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo a) del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por el organismo o entidad correspondiente, o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio.
4. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio.
Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.
Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.
5. Con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior.
Datos clave
- Incrementan los créditos por ingresos no previstos o superiores a los del presupuesto inicial.
- Generan crédito: aportaciones para financiar gastos conjuntos, ventas de bienes y prestación de servicios, enajenaciones de inmovilizado, reembolsos de préstamos, ingresos afectados y reintegros de pagos indebidos del presupuesto corriente.
- Solo puede realizarse cuando se hayan efectuado los ingresos, salvo el supuesto a) en organismos autónomos y Seguridad Social.
- Los reembolsos de préstamos solo generan crédito para conceder nuevos préstamos.
- Excepcionalmente generan crédito los ingresos del último trimestre del ejercicio anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La generación aumenta un crédito porque han entrado ingresos no previstos o mayores de lo presupuestado. Hay que saber qué ingresos generan, cuándo y en qué créditos.
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Artículo 54. Créditos ampliables.
El artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los créditos ampliables.
1. Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de pensiones de Clases Pasivas del Estado y los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones.
Asimismo, tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la Deuda del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma.
2. En todo caso se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que se detallan a continuación:
a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal; protección a la familia; nacimiento y cuidado de menor y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas únicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente determinada.
b) Los destinados al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos, de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integración Social de Minusválidos, en la medida en que se hayan ampliado en el Presupuesto del Estado.
c) Los que amparan la constitución de capitales-renta para el pago de pensiones.
d) Los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social.
e) Los consignados para atender las aportaciones a realizar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes del sistema y para el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social de sus excedentes en la cuantía y forma legalmente previstas, así como por reaseguro de las mismas entidades.
f) Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social, que hayan sido previamente ingresados por los sujetos responsables.
g) Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adquisición destinadas al sistema de pensiones en la Administración de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el Anexo VIII del Reglamento 259/1968, de 29 de febrero, del Consejo.
h) Los destinados al sistema de protección por cese de actividad.
3. Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley, o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero.
La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo.
En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado.
La financiación de las ampliaciones de crédito en el Presupuesto de las Entidades de la Seguridad Social podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente o con baja en otros créditos del presupuesto. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, la ampliación de crédito podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad.
4. No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados, salvo en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y en el de la sección 06 "Deuda Pública" siempre que su aprobación no reduzca la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computada en la forma establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o cuando la minoración resulte de un traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- Son ampliables, excepcionalmente, los de pensiones de Clases Pasivas y los de obligaciones derivadas de normas con rango de ley relacionadas en el estado de gastos.
- También los destinados a obligaciones de la Deuda del Estado y de sus organismos autónomos.
- En la Seguridad Social son ampliables, entre otros, pensiones, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, ingreso mínimo vital y protección por cese de actividad.
- En el Estado, se financian con el Fondo de Contingencia o con baja en otros créditos no financieros.
- En organismos autónomos y Seguridad Social, con remanente de tesorería no aplicado, mayores ingresos o baja en otros créditos.
- No pueden ampliarse créditos previamente minorados, salvo Seguridad Social, sección 06 Deuda Pública o traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los créditos ampliables pueden crecer hasta el importe de las obligaciones que cubren. Hay que distinguir los del Estado (excepcionales) y los de la Seguridad Social, y cómo se financian.
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Artículo 55. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado.
El artículo 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado.
1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de éstos se realizará de la forma que se indica a continuación:
a) Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados.
b) Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del Presupuesto, se financiará con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
2. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se financian con Fondo de Contingencia como con baja en otros créditos.
b) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos.
c) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Presupuesto.
3. El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se financien con cargo al Fondo de Contingencia.
Datos clave
- Proceden para gastos que no pueden demorarse al ejercicio siguiente sin crédito adecuado, o con crédito insuficiente y no ampliable.
- En operaciones no financieras se financian con baja en el Fondo de Contingencia o en otros créditos no financieros.
- En operaciones financieras se financian con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
- Requieren proyecto de ley, con informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado, en los supuestos del apartado 2.
- El Consejo de Ministros los autoriza cuando se financian con cargo al Fondo de Contingencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crédito extraordinario (no hay crédito) y suplemento (es insuficiente) del Estado: para gastos que no pueden esperar al ejercicio siguiente. Clave: cómo se financian y cuándo hace falta ley o basta el Consejo de Ministros.
Esquema
| Proyecto de ley | Consejo de Ministros | |
|---|---|---|
| Ejercicios anteriores | Sin crédito anulado en el ejercicio de procedencia | Con crédito anulado y financiado con el Fondo de Contingencia |
| Ejercicio corriente | Financiado con baja en otros créditos | Financiado con el Fondo de Contingencia |
| Operaciones financieras | Siempre | No |
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Artículo 56. Reglas para los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomos.
El artículo 56 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomos.
1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de un organismo autónomo se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.
2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.
En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado.
3. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá:
a. A los Presidentes o Directores de los organismos hasta un importe del 10 % del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal o a los contemplados en el apartado 2 del artículo 44 de esta Ley, dando cuenta de los acuerdos al Ministro de que dependan y al Ministro de Hacienda.
b. Al Ministro de Hacienda cuando, superándose alguno de los anteriores límites, no se alcance el 20 % del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos ni se supere la cuantía de 1.000.000 de euros. Asimismo, le corresponderá la autorización de los que se encuentren entre los supuestos de exclusión a que se refiere el párrafo a siempre que su cuantía no supere los límites establecidos en este apartado.
c. Al Consejo de Ministros en los restantes casos.
4. Los límites establecidos en el apartado 3 anterior, a los efectos de determinar la competencia para realizar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario, computándose de forma independiente según afecte a gastos de personal o a los incluidos en el apartado 2 del artículo 44 o se trate del resto de los gastos.
No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación del Estado.
5. Cuando un crédito extraordinario deba autorizarse en un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial del organismo autónomo, la autorización le corresponderá al Presidente o Director del organismo autónomo cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, al Ministro de Economía y Hacienda si excediendo del anterior importe no supera la cuantía de 1.000.000 de euros, y al Consejo de Ministros en los restantes casos.
6. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
7. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, se remitirá un proyecto de Ley a las Cortes Generales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo anterior.
Datos clave
- Se financian solo con remanente de tesorería no aplicado o con mayores ingresos.
- Presidentes o Directores: hasta el 10 % del capítulo y sin superar 500.000 euros, excluidos gastos de personal y los del artículo 44.2.
- Ministro de Hacienda: por debajo del 20 % del capítulo y sin superar 1.000.000 de euros.
- Consejo de Ministros: en los restantes casos.
- Los límites se refieren al conjunto de modificaciones del ejercicio, sin computar las financiadas con incremento de la aportación del Estado.
- Se remite a las Cortes Generales un informe trimestral.
- Las obligaciones de ejercicios anteriores sin crédito anulado requieren proyecto de ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En organismos autónomos los créditos extraordinarios y suplementos se pagan con remanente o mayores ingresos, y quién los autoriza depende de porcentajes del capítulo y de cuantías en euros.
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Artículo 57. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Seguridad Social.
El artículo 57 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Seguridad Social.
1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de las entidades de la Seguridad Social, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.
2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto de la entidad o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, el suplemento de crédito o crédito extraordinario podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad.
La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al dos por ciento del presupuesto inicial de gastos de la respectiva Entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o al de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, cuando su importe no exceda de dicho porcentaje.
Por excepción, no será preceptivo el informe del Ministerio de Economía y Hacienda previo a la autorización de suplementos y créditos extraordinarios en los presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En estos casos, una vez autorizada la modificación presupuestaria, se dará cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda.
3. Los límites porcentuales establecidos en el apartado 2 anterior, a los efectos de determinar la competencia para acordar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario para el respectivo presupuesto, sin que sean computables en su determinación las financiadas con incremento de la aportación del Estado.
4. El Ministro de Empleo y Seguridad Social remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos al amparo de este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
5. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia que afecte al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o al del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. Este mismo procedimiento se aplicará a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social cuando se trate de créditos para atender gastos del resto de entidades de la Seguridad Social.
Datos clave
- Se financian con remanente de tesorería no aplicado o con mayores ingresos.
- El Gobierno los autoriza cuando superan el dos por ciento del presupuesto inicial de gastos de la Entidad.
- Si no exceden de ese porcentaje, los autoriza el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o el de Sanidad y Consumo para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales no necesitan el informe previo del Ministerio de Economía y Hacienda.
- Se remite a las Cortes Generales un informe trimestral.
- Las obligaciones de ejercicios anteriores sin crédito anulado requieren proyecto de ley con dictamen del Consejo de Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En las entidades de la Seguridad Social los créditos extraordinarios y suplementos se financian con remanente o mayores ingresos; los autoriza el Gobierno o el Ministro según superen o no el dos por ciento del presupuesto inicial.
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Artículo 58. Incorporaciones de crédito.
El artículo 58 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las incorporaciones de crédito.
No obstante lo dispuesto en el artículo 49, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior, en los siguientes casos:
a) Cuando así lo disponga una norma de rango legal.
b) Los procedentes de las generaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 53, en sus párrafos a) y e).
c) Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario.
d) Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante norma con rango de ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
Las incorporaciones de crédito que afecten al presupuesto del Estado se financiarán mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.
Las incorporaciones de crédito en el Presupuesto de organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo.
En el presupuesto de la Seguridad Social podrán incorporarse a los correspondientes créditos, los remanentes que resulten de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito autorizados en el último mes del ejercicio anterior.
Datos clave
- Permiten incorporar al ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior, no obstante el artículo 49.
- Proceden cuando lo disponga una norma de rango legal y para las generaciones del artículo 53.2, párrafos a) y e).
- También para retenciones de créditos extraordinarios o suplementos con pago anticipado y leyes pendientes de aprobación.
- Y para créditos extraordinarios y suplementos concedidos por ley en el último mes del ejercicio anterior.
- En el Estado se financian con baja en el Fondo de Contingencia o en otros créditos no financieros.
- En organismos autónomos y Seguridad Social, solo con remanente de tesorería no aplicado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La incorporación lleva al nuevo ejercicio remanentes de crédito del anterior, como excepción al artículo 49, solo en cuatro supuestos y con financiación distinta para el Estado y para organismos y Seguridad Social.
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Artículo 59. Exclusión de la aplicación de determinadas modificaciones al Fondo de Contingencia.
El artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, excluye determinadas modificaciones de las reglas de financiación con el Fondo de Contingencia.
A las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública, a las que afecten a los créditos destinados a financiar a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación, así como a las que no reduzcan la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computadas en la forma establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no les será de aplicación respecto de su financiación lo establecido en los artículos 50, 54 y 58 de la presente Ley, con excepción de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a que se refiere el artículo 58.c) anterior.
Datos clave
- Se excluyen las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública.
- Y las que afecten a la financiación de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Y las que no reduzcan la capacidad de financiación del Estado (artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012).
- A ellas no se aplica lo establecido en los artículos 50, 54 y 58 respecto de su financiación.
- Se exceptúan los créditos extraordinarios y suplementos del artículo 58.c).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres tipos de modificaciones quedan fuera de las reglas de financiación de los artículos 50, 54 y 58: deuda pública, financiación autonómica y local, y las que no reducen la capacidad de financiación del Estado.
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Artículo 60. Anticipos de Tesorería.
El artículo 60 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los anticipos de Tesorería.
1. Con carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, podrá conceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del uno por ciento de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los siguientes casos:
a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado.
b) Cuando se hubiera promulgado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito.
2. Si el crédito extraordinario o el suplemento de crédito a conceder en el Presupuesto del Estado se destinase a financiar necesidades planteadas en el Presupuesto de los organismos autónomos, la concesión del anticipo de Tesorería comportará la autorización para atender en el organismo el pago de las mencionadas necesidades mediante operaciones de Tesorería.
3. Si las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, dispondrá la cancelación del anticipo de Tesorería con cargo a los créditos del respectivo departamento ministerial u organismo autónomo, en su caso, cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.
Datos clave
- Los concede excepcionalmente el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, para gastos inaplazables.
- Límite máximo anual: el uno por ciento de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos.
- Proceden si ha dictaminado favorablemente el Consejo de Estado en un expediente de crédito extraordinario o suplemento.
- O si se ha promulgado una ley que exija su concesión.
- Si las Cortes no aprueban el proyecto de ley, el Gobierno cancela el anticipo con cargo a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El anticipo de Tesorería adelanta dinero para un gasto inaplazable mientras se tramita un crédito extraordinario o suplemento. Excepcional, con tope anual del uno por ciento y solo en dos supuestos.
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Artículo 61. Competencias del Gobierno.
El artículo 61 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las competencias del Gobierno en materia de modificaciones presupuestarias.
Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados:
a) Autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
b) Autorizar, respecto del presupuesto de los organismos autónomos, las modificaciones previstas en el párrafo c) del apartado 3 del artículo 56 de esta ley.
c) Autorizar, respecto del presupuesto de la Seguridad Social, las modificaciones reservadas al Gobierno en el apartado 2 del artículo 57 de esta ley.
d) Autorizar los créditos extraordinarios y suplementarios a los que se refiere el apartado 3 del artículo 55.
Datos clave
- Actúa a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados.
- Autoriza transferencias entre distintas secciones por reorganizaciones administrativas.
- Autoriza las modificaciones del artículo 56.3.c) en los organismos autónomos.
- Autoriza las modificaciones reservadas al Gobierno en el artículo 57.2 para la Seguridad Social.
- Autoriza los créditos extraordinarios y suplementarios del artículo 55.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué modificaciones presupuestarias se reservan al Gobierno: cuatro supuestos, siempre a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados.
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Artículo 62. Competencias del Ministro de Hacienda.
El artículo 62 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las competencias del Ministro de Hacienda en materia de modificaciones presupuestarias.
Corresponde al Ministro de Hacienda:
1. Autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias:
a) Las transferencias no reservadas a la competencia del Consejo de Ministros que, conforme al artículo 63, no puedan acordarse directamente por los titulares de los departamentos afectados.
b) Las generaciones previstas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 53 y las que corresponda realizar en el Presupuesto del Estado en los supuestos definidos en los párrafos b) y e) del mismo apartado, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior.
c) Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58.
d) Las ampliaciones de crédito previstas en el artículo 54.1, sin perjuicio de las competencias asignadas a los Presidentes y Directores de las Entidades de la Seguridad Social en el artículo 63.3.
e) Las previstas, respecto del presupuesto de los organismos autónomos, en el párrafo b) del apartado 3 del artículo 56.
2. Acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, en los supuestos de competencia de los titulares de los ministerios y organismos autónomos, cuando exista informe negativo de la Intervención Delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al Ministro de Hacienda.
Datos clave
- Autoriza las transferencias no reservadas al Consejo de Ministros que no puedan acordar los titulares de los departamentos.
- Autoriza las generaciones del artículo 53.2.c) y, en el Presupuesto del Estado, las de los párrafos b) y e).
- Autoriza las incorporaciones de remanentes del artículo 58.
- Autoriza las ampliaciones del artículo 54.1 y las del artículo 56.3.b) en organismos autónomos.
- Acuerda o deniega modificaciones cuando hay informe negativo de la Intervención Delegada remitido en discrepancia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministro de Hacienda autoriza las modificaciones intermedias: transferencias que no pueden acordar los ministros, ciertas generaciones, incorporaciones y ampliaciones, y resuelve las discrepancias con la Intervención.
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Artículo 63. Competencias de los ministros.
El artículo 63 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las competencias de los ministros y de los presidentes y directores de organismos en materia de modificaciones presupuestarias.
1. Los titulares de los distintos ministerios podrán autorizar, previo informe favorable de la Intervención Delegada competente en el ministerio o, en su caso, en las entidades a que se refiere el artículo 3.1 de esta ley, las siguientes modificaciones presupuestarias:
a) Transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, incluso con la creación de créditos nuevos en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios o inversiones reales, siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica y no afecten a los de personal o no incrementen los créditos que enumera el apartado 2 del articulo 43 de esta Ley.
b) Generaciones de crédito en los supuestos contemplados en los párrafos a), d) y f) del apartado 2 del artículo 53 de esta ley, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ejercerá, respecto del Presupuesto de la Seguridad Social, las competencias que el artículo 62 otorga al Ministerio de Hacienda, salvo en el caso de la ampliación de créditos a que se refiere el párrafo d) de este artículo. No obstante cuando las transferencias incrementen créditos para la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal con baja en créditos destinados a la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, se requerirá el informe favorable del Ministerio de Hacienda. En la parte relativa al presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, esta competencia será ejercida por el Ministro de Sanidad y Consumo.
Los presidentes de los órganos del Estado con secciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, tendrán las competencias establecidas en este número en relación con las modificaciones presupuestarias del presupuesto de gastos respectivo, sin perjuicio del principio de autonomía presupuestaria de las Cortes Generales. En el caso de los presidentes de los Órganos Constitucionales no será de aplicación la limitación contenida en el párrafo a) de este apartado respecto del incremento de los gastos de personal.
2. Los presidentes y directores de los organismos autónomos, y de las restantes entidades comprendidas en el artículo 3.1 de esta ley, además de las competencias que les otorga el artículo 56 ejercerán, referidas a sus respectivos presupuestos, las relativas a las generaciones contenidas en los párrafos b) y e) del apartado 2 del artículo 53, así como las establecidas en este artículo a favor de los ministros, quienes podrán avocarlas en todo o en parte. Los acuerdos de avocación serán comunicados a la Dirección General de Presupuestos.
3. Corresponderá a los presidentes y directores de las entidades de la Seguridad Social la autorización, en sus respectivos presupuestos, de las modificaciones siguientes:
a) Las generaciones de crédito a que se refiere el artículo 53, excepto en el supuesto del apartado 2.c), aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior.
b) Las ampliaciones del artículo 54.
c) Las transferencias entre un mismo programa y capítulo o programas de la misma entidad y capítulo, incluso con la creación de créditos nuevos en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios e inversiones reales, siempre que no afecten a gastos de personal, a actuaciones protocolarias y representativas o supongan una desviación en los objetivos de los programas.
No obstante, cuando las transferencias incrementen créditos para la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal con baja en créditos destinados a la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, se requerirá el informe favorable del Ministerio de Hacienda.
Estas competencias podrán ser avocadas, en todo o en parte, por el Ministro de Sanidad y Consumo respecto del presupuesto de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con respecto al presupuesto de las restantes Entidades de la Seguridad Social.
4. Una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo los acuerdos que afecten al presupuesto del Estado o de sus organismos se remitirán a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para instrumentar su ejecución.
Datos clave
- Los ministros autorizan, previo informe favorable de la Intervención Delegada, transferencias dentro de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio.
- También las generaciones de los párrafos a), d) y f) del artículo 53.2.
- En el presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, las competencias del artículo 62 sobre la Seguridad Social las ejerce el Ministro de Sanidad y Consumo.
- Los presidentes y directores de organismos autónomos ejercen las generaciones de los párrafos b) y e) del artículo 53.2; los ministros pueden avocarlas.
- Los de las entidades de la Seguridad Social autorizan generaciones (salvo 53.2.c), ampliaciones del artículo 54 y determinadas transferencias.
- Los acuerdos de avocación se comunican a la Dirección General de Presupuestos, a la que se remiten las modificaciones autorizadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los ministros, los presidentes y directores de organismos y los de entidades de la Seguridad Social autorizan las modificaciones menores de su presupuesto. Hay que saber cuáles, con qué informe y quién puede avocarlas.
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Artículo 64. Presupuesto.
El artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los presupuestos de explotación y de capital del sector público empresarial y fundacional estatal.
1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales elaborarán un presupuesto de explotación que detallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes. Asimismo, formarán un presupuesto de capital con el mismo detalle. Los presupuestos de explotación y de capital se integrarán en los Presupuestos Generales del Estado.
También elaborarán presupuestos de explotación y de capital las entidades a que se refieren los párrafos g) y h) del apartado 1 del artículo 2, integradas en el sector público empresarial. Las referencias realizadas en este capítulo a las entidades públicas empresariales se aplicarán asimismo a las entidades expresadas en este párrafo.
Los fondos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley y las fundaciones del sector público estatal elaborarán, igualmente, presupuestos de explotación y de capital.
2. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.
3. Las entidades remitirán los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.
4. Junto con los presupuestos de explotación y de capital, se remitirá por las entidades una memoria explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión de la ejecución del ejercicio corriente.
Datos clave
- Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales elaboran un presupuesto de explotación y un presupuesto de capital, que se integran en los Presupuestos Generales del Estado.
- También los elaboran las entidades de los párrafos g) y h) del artículo 2.1 integradas en el sector público empresarial, los fondos del artículo 2.2 y las fundaciones del sector público estatal.
- Están constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del ejercicio.
- Como anexo se acompaña una previsión del balance y la documentación complementaria que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.
- Los estados financieros se remiten también referidos a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.
- Se acompaña una memoria explicativa del contenido, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión del corriente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sector público empresarial y fundacional no tiene presupuesto de gastos limitativo: elabora presupuestos de explotación y de capital, que se integran en los Presupuestos Generales del Estado.
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Artículo 65. Programa de actuación plurianual.
El artículo 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el programa de actuación plurianual.
1. Las entidades que deban elaborar los presupuestos de explotación y de capital con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley formularán, asimismo, anualmente un programa de actuación plurianual, con las excepciones contempladas en el apartado 2 del artículo 66 de esta Ley.
2. El programa de actuación plurianual estará integrado por los estados financieros determinados en el artículo 64 de esta Ley y, junto con la documentación indicada en el apartado siguiente, reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.
3. Los programas de actuación plurianual se acompañarán de la información de carácter complementario siguiente:
a) Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.
b) Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.
c) Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.
d) Memoria de las principales actuaciones de la entidad.
e) Programa de inversiones.
f) Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.
g) La restante documentación que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.
Datos clave
- Lo formulan anualmente las entidades obligadas a elaborar presupuestos de explotación y de capital (artículo 64), con las excepciones del artículo 66.2.
- Está integrado por los estados financieros del artículo 64.
- Refleja los datos del ejercicio del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de los dos ejercicios inmediatamente siguientes.
- Se acompaña de hipótesis macroeconómicas, premisas de las líneas estratégicas, previsiones plurianuales de objetivos, memoria de actuaciones, programa de inversiones y plan financiero.
- El plan financiero cuantifica los recursos y las fuentes externas de financiación del período.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El programa de actuación plurianual proyecta los estados financieros de la entidad para el ejercicio del proyecto y los dos siguientes, acompañado de documentación sobre estrategia, objetivos, inversiones y financiación.
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Artículo 66. Tramitación.
El artículo 66 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula la tramitación de los presupuestos de explotación y de capital y de los programas de actuación plurianual.
1. Los presupuestos de explotación y de capital junto con los programas de actuación plurianual se remitirán telemáticamente por las entidades a través del departamento del que dependan funcionalmente, al Ministerio de Economía y Hacienda. La estructura básica, la documentación complementaria de dichos documentos y el plazo de remisión se establecerá por el Ministerio de Economía y Hacienda y se desarrollará por cada entidad con arreglo a sus necesidades.
2. No están obligados a presentar el programa de actuación plurianual aquellas sociedades mercantiles estatales que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mercantil vigente, puedan formular balance, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados, salvo que reciban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o capital u otra aportación de cualquier naturaleza. Tampoco tendrán que presentar el programa de actuación plurianual las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores y las entidades tenedoras de las acciones.
3. Las entidades públicas empresariales y otras entidades del sector público estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sometidas a la normativa mercantil en materia contable, que, ejerciendo el control sobre otras entidades sometidas a dicha normativa, formen un grupo de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, podrán presentar sus presupuestos de explotación y de capital y, en su caso, sus programas de actuación plurianual de forma consolidada con las entidades que lo integran, relacionando las entidades objeto de presentación consolidada. Esta norma no se aplicará a aquellas sociedades mercantiles estatales que, a su vez, estén participadas mayoritariamente, de forma directa o indirecta, por otra entidad que deba elaborar los presupuestos de explotación y de capital.
No están obligados a presentar el programa de actuación plurianual de forma consolidada en el caso de que alguna de las sociedades del grupo tenga la consideración de sociedad mercantil estatal, con forma de sociedad anónima, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores.
Deberán presentar, en todo caso, el presupuesto de explotación y de capital y, en su caso, el programa de actuación plurianual de forma individualizada, las entidades públicas empresariales, salvo las que sean tenedoras de acciones de sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores, así como las fundaciones del sector público estatal, y las sociedades mercantiles estatales que soliciten con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o capital u otra aportación de cualquier naturaleza.
Datos clave
- Se remiten telemáticamente, a través del departamento del que dependan funcionalmente, al Ministerio de Economía y Hacienda.
- La estructura básica, la documentación complementaria y el plazo de remisión los establece el Ministerio de Economía y Hacienda.
- No presentan programa de actuación plurianual las sociedades mercantiles estatales que puedan formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados, salvo que reciban subvenciones o aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- Tampoco lo presentan las fundaciones del sector público estatal, las sociedades anónimas estatales cotizadas en un mercado secundario oficial y las entidades tenedoras de sus acciones.
- Los grupos del artículo 42.1 del Código de Comercio pueden presentar los presupuestos y programas de forma consolidada.
- Presentan siempre de forma individualizada las entidades públicas empresariales (salvo las tenedoras de acciones de sociedades cotizadas), las fundaciones del sector público estatal y las sociedades que soliciten subvenciones o aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se envían los presupuestos de explotación y capital y los programas plurianuales, quién queda exento del programa y cuándo cabe presentarlos de forma consolidada por grupos.
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Artículo 67. Modificaciones Presupuestarias.
El artículo 67 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula las modificaciones de los presupuestos de explotación y capital del sector público empresarial y fundacional.
1. Las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales y las fundaciones del sector público estatal dirigirán su funcionamiento a la consecución de los objetivos emanados de los planteamientos reflejados en sus presupuestos de explotación y capital y en sus programas de actuación plurianual, en su caso.
2. Cuando alguna de las entidades citadas en el apartado anterior reciba con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o de capital u otra aportación de cualquier naturaleza, o bien se trate de entidades que se financien mediante ingresos de naturaleza tributaria, mediante ingresos basados en la explotación del dominio público o se trate de entidades en las que al menos el 75 % de su importe neto de cifra de negocios tenga su origen en transacciones con otras entidades del sector público estatal, las autorizaciones para la modificación de sus presupuestos de explotación y capital se ajustarán a lo siguiente:
a) Si la variación afectase a las aportaciones estatales recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, la autorización de la modificación por la autoridad que la tuviera atribuida respecto de los correspondientes créditos presupuestarios implicará la autorización simultánea de la modificación de sus presupuestos de explotación y/o capital, sin que sea necesario tramitar un expediente independiente.
La entidad deberá remitir a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria de adscripción, a efectos de registro y de control, el impacto en sus presupuestos de explotación y/o capital de la correspondiente modificación.
b) Si las variaciones afectasen al volumen de endeudamiento a corto y largo plazo, salvo que se trate de operaciones de crédito que se concierten y se cancelen en el mismo ejercicio presupuestario, de las sociedades mercantiles estatales, de las entidades del sector público empresarial y de las fundaciones del sector público estatal, será competencia, previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado en el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 177 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:
– Del Ministerio del que dependan funcionalmente cuando su importe sea superior a los 300.000 euros pero no exceda de la cuantía de 600.000 euros respecto de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital,
– De la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública cuando su importe sea superior a 600.000 euros pero no exceda de la cuantía de 12.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital,
– Del Consejo de Ministros cuando su importe exceda de la cuantía de 12.000.000 euros de las cifras aprobadas en su presupuesto de capital.
3. La evaluación de la variación del volumen de endeudamiento a corto y largo plazo respecto a lo reflejado en los presupuestos de explotación y de capital se efectuará en términos netos y con relación al fin del ejercicio, sin que con cargo al mismo se computen las variaciones de pasivo circulante derivadas de operaciones de tesorería concertadas con las entidades filiales y empresas en que se participe, directa o indirectamente, de forma mayoritaria.
Datos clave
- Las entidades dirigen su funcionamiento a la consecución de los objetivos de sus presupuestos de explotación y capital y de sus programas de actuación plurianual.
- El régimen de autorización se aplica a las que reciban aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, se financien con ingresos tributarios o de explotación del dominio público, o tengan al menos el 75 % de su cifra de negocios con el sector público estatal.
- Si la variación afecta a aportaciones estatales, la autorización de la modificación de los créditos implica la de sus presupuestos, sin expediente independiente.
- Endeudamiento de más de 300.000 euros y hasta 600.000 euros: Ministerio del que dependan funcionalmente.
- Más de 600.000 euros y hasta 12.000.000 euros: persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Más de 12.000.000 euros: Consejo de Ministros.
- La variación del endeudamiento se evalúa en términos netos y con relación al fin del ejercicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades empresariales y fundacionales deben perseguir los objetivos de sus presupuestos; si dependen de fondos públicos, sus modificaciones necesitan autorización, con umbrales de endeudamiento en euros.
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Artículo 68. Contratos-Programa con el Estado.
El artículo 68 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula los Contratos-Programa con el Estado.
1. En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán, como mínimo, las correspondientes cláusulas sobre las siguientes materias, si bien podrán excluirse alguna de éstas cuando por razón del objeto no sea necesaria su incorporación al mismo:
a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base al acuerdo.
b) Objetivos de la política de personal, rentabilidad, productividad o reestructuración técnica de la explotación económica, así como métodos indicadores de evaluación de aquéllos.
c) Aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en sus distintas modalidades a que se refiere este apartado.
d) Medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones habidas en el respectivo entorno económico.
e) Efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados.
f) Control por el Ministerio de Economía y Hacienda de la ejecución del Contrato-Programa y de los resultados derivados de su aplicación.
2. El control a que se refiere el párrafo f) del apartado 1 anterior no excluirá el que pueda corresponder a los respectivos departamentos u organismos de los que dependan las entidades que hayan suscrito el correspondiente Contrato-Programa.
3. La suscripción del Contrato-Programa a que se refieren los apartados anteriores no excluirá la elaboración del presupuesto de explotación y de capital y del programa de actuación plurianual.
Datos clave
- Pueden suscribirlos las entidades del artículo 64.1 y cualquier otra que reciba subvenciones o aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- Incluyen como mínimo cláusulas sobre hipótesis macroeconómicas y sectoriales, objetivos, aportaciones, medios de adaptación, efectos del incumplimiento y control.
- Alguna cláusula puede excluirse cuando por razón del objeto no sea necesaria.
- El control de la ejecución corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, sin excluir el de los departamentos u organismos de los que dependan las entidades.
- El Contrato-Programa no excluye la elaboración del presupuesto de explotación y de capital ni del programa de actuación plurianual.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Contratos-Programa con el Estado fijan objetivos, aportaciones y control de las entidades que reciben fondos públicos, con un contenido mínimo de cláusulas y sin sustituir a sus presupuestos.
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Artículo 69. Principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera.
El artículo 69 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece los principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera del sector público estatal.
1. Los sujetos que integran el sector público estatal adecuarán su gestión económico-financiera al cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su actividad administrativa.
2. La programación y ejecución de la actividad económico-financiera del sector público estatal tendrá como finalidad el desarrollo de objetivos y el control de la gestión de los resultados, contribuyendo a la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas de gasto establecidas por el Gobierno y en función de los recursos disponibles.
3. El Estado observará los adecuados cauces de cooperación y coordinación con otras Administraciones públicas, a fin de racionalizar el empleo de los recursos con los que se dota el sector público estatal.
4. Los titulares de los entes y órganos administrativos que componen el sector público estatal serán responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente de los recursos públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos.
Datos clave
- La gestión se adecua a la eficacia en la consecución de los objetivos y a la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- Se desarrolla en un marco de objetividad y transparencia.
- La programación y ejecución tiene como finalidad el desarrollo de objetivos y el control de la gestión de los resultados.
- El Estado observa cauces de cooperación y coordinación con otras Administraciones públicas.
- Los titulares de los entes y órganos son responsables de la consecución de los objetivos fijados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios que guían la gestión económico-financiera del sector público estatal: eficacia, eficiencia, objetividad y transparencia, orientación a resultados, cooperación y responsabilidad de los titulares.
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Artículo 70. Sistema de objetivos.
El artículo 70 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el sistema de objetivos de los programas presupuestarios.
1. Los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios establecerán, a través de la elaboración de los programas plurianuales a que se refiere el artículo 30 de esta ley, un sistema de objetivos a cumplir en su respectiva área de actuación, adecuado a la naturaleza y características de ésta.
2. Los sistemas de gestión y control de los gastos públicos deberán orientarse a asegurar la realización de los objetivos finales de los programas presupuestarios y a proporcionar información sobre su cumplimiento, las desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas.
Datos clave
- Lo establecen los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios.
- Se fija a través de los programas plurianuales del artículo 30 de la Ley.
- Debe ser adecuado a la naturaleza y características de cada área de actuación.
- Los sistemas de gestión y control se orientan a asegurar los objetivos finales e informar sobre su cumplimiento, desviaciones y causas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada centro gestor del gasto fija objetivos para su área a través de los programas plurianuales, y los sistemas de gestión y control deben vigilar que se cumplan y explicar las desviaciones.
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Artículo 71. Balance de resultados e informe de gestión.
El artículo 71 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el balance de resultados y el informe de gestión.
Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio en el programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto, que se incorporarán a la memoria de las correspondientes cuentas anuales, en los términos establecidos en el artículo 128 de esta ley.
Datos clave
- Los formulan los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los programas presupuestarios.
- Se refieren al cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio en el programa plurianual.
- Se incorporan a la memoria de las cuentas anuales, en los términos del artículo 128 de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al cerrar el ejercicio, los gestores de cada programa presupuestario rinden un balance de resultados y un informe de gestión sobre sus objetivos, que se incorporan a la memoria de las cuentas anuales.
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Artículo 72. Evaluación de políticas de gasto.
El artículo 72 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula la evaluación de las políticas de gasto.
El Ministerio de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinará la evaluación continuada de las políticas de gasto con la finalidad de asegurar que las mismas alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden.
Datos clave
- La impulsa y coordina el Ministerio de Hacienda.
- Se realiza en colaboración con los distintos centros gestores de gastos.
- Es una evaluación continuada.
- Su finalidad es asegurar que las políticas de gasto alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministerio de Hacienda impulsa y coordina, junto con los centros gestores, la evaluación continuada de las políticas de gasto para comprobar que logran sus objetivos estratégicos y su impacto socioeconómico.
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Artículo 73. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos.
El artículo 73 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Fases del procedimiento de la gestión de los gastos» y dispone lo siguiente.
1. La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación del gasto.
b) Compromiso de gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.
e) Pago material.
2. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.
3. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
4. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.
El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.
5. La persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, con el fin de garantizar el avance en la transformación digital del ciclo de ejecución y control del gasto público, determinará los documentos y requisitos que conforme a cada tipo de gastos correspondan a las diferentes fases del procedimiento de gasto descrito en los párrafos 2, 3 y 4.
6. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de esta ley, las obligaciones de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.
7. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas.
Datos clave
- Fases de la gestión del presupuesto de gastos: aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.
- La aprobación autoriza un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservando crédito, e inicia el procedimiento sin relaciones con terceros.
- El compromiso acuerda la realización de gastos aprobados por importe determinado o determinable y tiene relevancia jurídica para con terceros.
- El reconocimiento de la obligación declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o la Seguridad Social y comporta la propuesta de pago.
- Los documentos y requisitos de cada fase los determina la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la IGAE.
- Las obligaciones se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio legal.
- Cuando la naturaleza de la operación lo determine, se acumulan en un solo acto las fases precisas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El gasto público se ejecuta en cinco fases encadenadas, de la aprobación al pago material. Lo examinable es qué hace cada fase y cuál vincula ya frente a terceros.
Esquema
| Aprobación | Compromiso | |
|---|---|---|
| Importe | Cuantía cierta o aproximada | Importe determinado o determinable |
| Terceros | Sin relaciones con terceros | Relevancia jurídica para con terceros |
| Efecto | Reserva crédito e inicia el procedimiento | Vincula a la Hacienda a realizar el gasto |
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Artículo 74. Competencias en materia de gestión de gastos.
El artículo 74 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Competencias en materia de gestión de gastos» y dispone lo siguiente.
1. Corresponde a los Ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Consejo de Ministros, así como reconocer las obligaciones económicas correspondientes, e interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos.
Asimismo, corresponderá a los Ministros, fijar los límites por debajo de los cuales las citadas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento.
2. Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.
3. Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos.
4. Las facultades a que se refieren los anteriores números podrán desconcentrarse mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente.
5. Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios o contratos-programa con otras Administraciones públicas o con entidades públicas o privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de aquellos se derive sea superior a doce millones de euros.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los convenios que formalicen los compromisos financieros de créditos gestionados por las Comunidades Autónomas de conformidad con el artículo 86 de esta Ley.
Asimismo, las modificaciones de convenios o contratos-programa autorizados por el Consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo primero anterior, requerirán la autorización del mismo órgano cuando impliquen una alteración del importe global del gasto, del concreto destino del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o devolución de activos financieros.
También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el presente artículo aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios o contratos-programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios jurídicos hubieran sido suscritos.
La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que se derive del convenio o contrato-programa.
Con carácter previo a la suscripción de cualquier convenio o contrato-programa se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir, y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución por anualidades. En los supuestos en que, conforme a los párrafos anteriores, resulte preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se llevará a cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano.
Datos clave
- Los Ministros y titulares de órganos con dotaciones diferenciadas aprueban y comprometen los gastos, reconocen las obligaciones e interesan del Ordenador general de pagos del Estado los pagos.
- Los Ministros fijan los límites por debajo de los cuales esas competencias corresponden a los Secretarios de Estado y Subsecretario.
- En organismos autónomos y entidades con presupuesto limitativo compete a sus presidentes o directores, incluido el reconocimiento y el pago.
- En la Seguridad Social compete a los directores de entidades gestoras y servicios comunes, interesando los pagos del Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social.
- Estas facultades pueden desconcentrarse por real decreto acordado en Consejo de Ministros o delegarse reglamentariamente.
- Los convenios o contratos-programa con gasto superior a doce millones de euros necesitan autorización del Consejo de Ministros, que implica la aprobación del gasto.
- Antes de suscribir cualquier convenio o contrato-programa se tramita el expediente de gasto con el importe máximo y, si es plurianual, su distribución por anualidades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién aprueba, compromete, reconoce y paga en el Estado, los organismos y la Seguridad Social, y cuándo un convenio o contrato-programa necesita autorización del Consejo de Ministros.
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Artículo 75. Ordenación de pagos.
1. Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del Estado.
2. De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
3. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago si bien, por Orden del Ministro de Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras o Depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a los acreedores.
4. Los Ministros de Economía y de Trabajo y Asuntos Sociales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los procedimientos de pago a través de intermediario señalados en el apartado anterior.
Datos clave
- Las funciones de Ordenador General de pagos del Estado competen al Director General del Tesoro y Política Financiera.
- Lo ejerce bajo la superior autoridad del Ministro de Economía.
- El Ordenador general de pagos de la Seguridad Social es el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo la autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Las órdenes de pago se expiden a favor del acreedor que figura en la propuesta de pago.
- Por Orden del Ministro de Economía pueden expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras, Depositarías de fondos, entidades colaboradoras y otros agentes mediadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ordenador general de pagos del Estado es el Director General del Tesoro y Política Financiera (bajo el Ministro de Economía) y, para la Seguridad Social, el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social; las órdenes de pago van al acreedor, salvo que se autorice pagar a través de habilitaciones, cajas pagadoras o entidades colaboradoras.
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Artículo 76. Embargo de derechos de cobro.
Las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración General del Estado o frente a la Administración de la Seguridad Social y que sean pagaderos a través de la Ordenación de Pagos del Estado o a través de la Ordenación de pagos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se comunicarán necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social para su debida práctica mediante consulta al sistema de información contable y contendrán al menos la identificación del afectado con expresión del nombre o denominación social y su número de identificación fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención y la especificación del derecho de cobro afectado con expresión del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar.
Los órganos de la Administración General del Estado, distintos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a los que se comuniquen los actos referidos en el párrafo anterior que recaigan sobre derechos de cobro pagaderos por la Ordenación de Pagos del Estado únicamente deberán remitirlos a la citada Dirección General cuando los mismos reúnan los requisitos especificados en el párrafo anterior. En caso contrario, aquéllos deberán proceder a la devolución motivada de los documentos recibidos al órgano judicial o administrativo que haya dictado el acuerdo.
Datos clave
- Artículo 76 de la Ley General Presupuestaria: las providencias y diligencias de embargo y actos análogos sobre derechos de cobro frente a la AGE o la Seguridad Social, pagaderos por la Ordenación de Pagos, se comunican a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Deben contener al menos: identificación del afectado con nombre o denominación y NIF, importe del embargo, y especificación del derecho de cobro afectado (importe, órgano que propone el pago y obligación a pagar).
- Los demás órganos de la AGE solo remiten los actos a la Dirección General si reúnen esos requisitos; en caso contrario devuelven motivadamente los documentos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los embargos y actos análogos sobre lo que el Estado o la Seguridad Social deben a un particular se comunican al Tesoro o a la Tesorería General con un contenido mínimo; si falta, se devuelven.
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Artículo 77. Pagos indebidos y demás reintegros.
1. A los efectos de esta Ley se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.
2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución. El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido, dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, con arreglo al que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o el de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social.
3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II del Título I de esta Ley.
4. A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta Ley, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o, en su caso, hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin el previo requerimiento de la Administración.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos en los que proceda el reintegro de las cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por haber incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas para su entrega o por no haberse justificado correctamente su cumplimiento.
Datos clave
- Artículo 77 de la Ley General Presupuestaria: pago indebido es el realizado por error material, aritmético o de hecho a favor de quien no tiene derecho de cobro o en cuantía que excede de la reconocida.
- El perceptor queda obligado a restituir; el órgano que cometió el error dispone de inmediato, de oficio, la restitución.
- La revisión de otros reintegros se hace por los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables o por los procedimientos específicos de reintegro.
- El reintegro devenga el interés del artículo 17 desde el pago hasta la fecha del acuerdo de reintegro o de la devolución voluntaria sin previo requerimiento.
- También se aplica al reintegro de cantidades percibidas de la Hacienda Pública estatal por incumplir las condiciones o no justificar su cumplimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué es un pago indebido, quién debe devolverlo y cómo se revisan los demás reintegros; además, el reintegro devenga intereses desde el pago.
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Artículo 78. Anticipos de caja fija y fondos de maniobra.
El artículo 78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Anticipos de caja fija y fondos de maniobra» y dispone lo siguiente.
1. De acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y en su desarrollo reglamentario, los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada en ambos casos, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija, determinando los criterios generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos presupuestarios a los que serán aplicables los límites cuantitativos establecidos para cada uno de ellos, su aplicación al presupuesto y cuantas estimaciones se consideren oportunas.
Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.
2. El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previo informe de la Intervención General de la Seguridad Social, establecerá las normas que regulan los pagos satisfechos mediante fondos de maniobra en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
3. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
Se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para que la cuantía global de los anticipos de caja fija pueda exceder del siete por ciento previsto en este artículo, hasta un máximo del 14 por ciento del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El porcentaje indicado en el párrafo primero de este apartado podrá incrementarse hasta un máximo del 10 por ciento de los créditos del artículo 23, "indemnizaciones por razón del servicio", del programa 222A, "Seguridad ciudadana", del Ministerio del Interior, y aplicable únicamente a la gestión del indicado artículo.
4. Igualmente, la cuantía global de los fondos de maniobra asignados a todos los centros de gestión pertenecientes a una misma entidad de la Seguridad Social no podrá exceder del tres por ciento de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
Porcentaje que podrá ser elevado hasta un siete por ciento por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
5. Las unidades administrativas responsables de estos fondos, que formarán parte del Tesoro Público o del patrimonio de la Seguridad Social, según corresponda, justificarán su aplicación y situación conforme se establezca reglamentariamente.
Datos clave
- Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente a pagadurías, cajas y habilitaciones.
- Sirven para gastos periódicos o repetitivos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios.
- Sus normas las establecen los ministros y presidentes o directores de organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada.
- Límite general: el siete por ciento del total de créditos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios.
- La Agencia Española de Cooperación Internacional puede llegar hasta el 14 por ciento.
- Para el artículo 23 del programa 222A «Seguridad ciudadana» del Ministerio del Interior, hasta el 10 por ciento.
- Los fondos de maniobra de una entidad de la Seguridad Social no pueden exceder del tres por ciento, elevable hasta el siete por ciento por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los anticipos de caja fija son fondos permanentes para pagar al momento gastos corrientes repetitivos; tienen un tope del siete por ciento del capítulo, con excepciones, y la Seguridad Social usa fondos de maniobra.
Esquema
| Anticipos de caja fija | Fondos de maniobra | |
|---|---|---|
| Ámbito | Ministerios y organismos autónomos | Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social |
| Quién dicta las normas | Ministros y presidentes o directores, previo informe de la Intervención Delegada | Director General de la Tesorería General, previo informe de la Intervención General de la Seguridad Social |
| Tope | Siete por ciento (14 en la Agencia de Cooperación; 10 en Interior) | Tres por ciento, elevable al siete |
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Artículo 79. Pagos a justificar.
El artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Pagos a justificar» y dispone lo siguiente.
1. Cuando, excepcionalmente, no pueda aportarse la documentación justificativa de las obligaciones en el momento previsto en el apartado 4 del artículo 73, podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de a justificar.
Asimismo, podrá procederse a la expedición de libramientos a justificar cuando los servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.
2. El mismo carácter tendrán las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos a realizar en localidad donde no exista dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o servicio común de que se trate. En estos casos, la expedición de pagos a justificar será autorizada por los ministros, presidentes o directores de los organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que designarán el órgano competente para gestionar dichos pagos. La citada designación implicará la atribución de competencias para la realización de los gastos y pagos que de ellos se deriven y la formación, rendición y justificación de las correspondientes cuentas.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con cargo a todos los libramientos a justificar, exclusivamente se podrán imputar las obligaciones derivadas de las actuaciones realizadas y exigibles en el ejercicio presupuestario al que corresponde el libramiento aprobado. No obstante el Consejo de Ministros podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese considerado relevante para el interés general.
A estos efectos, será obligatorio que en todas las propuestas de pago a justificar, cualquiera que sea su finalidad, se incluya un calendario de las actuaciones que se pretenda financiar con el correspondiente libramiento.
Si del calendario se derivara la existencia de gastos plurianuales se tramitará un expediente de gastos que desglose las anualidades correspondientes al ejercicio corriente y a ejercicios posteriores.
En todo caso, la cantidad no invertida de los libramientos en el ejercicio en que se aprobaran los mismos, será justificada mediante carta de pago demostrativa de su reintegro al tesoro público por el cajero pagador correspondiente.
4. Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses. El Ministro, o en quien éste delegue, y, en su caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán, excepcionalmente, ampliar estos plazos a seis y doce meses respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito y con informe de sus respectivas Intervenciones.
5. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta.
6. En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente.
Datos clave
- Se libran fondos a justificar cuando, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación justificativa en el momento previsto en el artículo 73.4.
- También para servicios y prestaciones en el extranjero y para gastos en localidades sin dependencia del ministerio u organismo.
- Toda propuesta de pago a justificar debe incluir un calendario de las actuaciones que se pretende financiar.
- La cantidad no invertida en el ejercicio se justifica con carta de pago de su reintegro al tesoro público.
- Plazo de rendición de la cuenta: tres meses; seis meses para pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero.
- Excepcionalmente, los plazos pueden ampliarse a seis y doce meses respectivamente.
- La aprobación o reparo de la cuenta se realiza en los dos meses siguientes a la aportación de los documentos justificativos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los pagos a justificar entregan fondos antes de tener los justificantes, solo en supuestos tasados; el perceptor rinde cuenta en plazos fijos y lo no invertido se reintegra.
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Artículo 80. Gestión de Presupuestos de ingresos.
1. La gestión del Presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:
a) Reconocimiento del derecho.
b) Extinción del derecho.
2. Reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley, la extinción del derecho podrá producirse por su cobro en metálico, así como en especie, o por compensación, en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.
Datos clave
- La gestión del presupuesto de ingresos tiene dos fases, sucesivas o simultáneas: reconocimiento del derecho y extinción del derecho.
- El reconocimiento del derecho declara y liquida un crédito a favor de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- La extinción puede producirse por cobro en metálico, en especie o por compensación.
- Las extinciones por otras causas se contabilizan de forma diferenciada.
- Se distingue entre anulación de la liquidación y extinciones en recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El presupuesto de ingresos se gestiona en dos fases, reconocimiento y extinción del derecho; la extinción es por cobro en metálico o especie, o compensación, y las demás causas se contabilizan aparte.
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Artículo 81. Devoluciones de ingresos.
El artículo 81 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Devoluciones de ingresos», establece lo siguiente.
En la gestión de devoluciones de ingresos se distinguirá el reconocimiento del derecho a la devolución, cuyo origen será la realización de un ingreso indebido u otra causa legalmente establecida, y el pago de la devolución.
Sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria, en las devoluciones de ingresos indebidos derivadas de la revisión administrativa o judicial del acto del que dimane la obligación de ingreso, el derecho a la devolución integrará, además del importe ingresado, el resultante de aplicar sobre éste el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos vigente en cada período desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido en el Tesoro Público hasta la fecha en que se proponga el pago de la devolución.
Datos clave
- En la gestión de devoluciones de ingresos se distingue el reconocimiento del derecho a la devolución, cuyo origen es un ingreso indebido u otra causa legal, y el pago de la devolución.
- En las devoluciones de ingresos indebidos derivadas de la revisión administrativa o judicial del acto, el derecho integra, además del importe ingresado, el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos vigente en cada período.
- El interés se calcula desde la fecha del ingreso indebido en el Tesoro Público hasta la fecha en que se proponga el pago de la devolución, sin perjuicio de las especialidades tributarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En las devoluciones de ingresos se separa reconocer el derecho y pagar la devolución; si deriva de una revisión del acto, se devuelve lo ingresado más el interés legal del dinero.
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Artículo 82. Operaciones de tesorería con la Unión Europea.
El artículo 82 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Operaciones de tesorería con la Unión Europea», establece lo siguiente.
1. Se autoriza al Ministro de Economía a llevar a cabo las operaciones de tesorería que exijan las relaciones financieras con la Unión Europea.
En el marco anterior, quedan incluidas, en todo caso:
a) Las compras de productos, así como las subvenciones y otras intervenciones de mercado y las operaciones relativas a los programas de desarrollo rural financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Los anticipos de tesorería a favor o por cuenta de la Unión Europea se cancelarán con los reintegros realizados por la misma.
b) Los fondos procedentes del Fondo Social Europeo destinados a cofinanciar proyectos del Instituto Nacional de Empleo. Dichos fondos se aplicarán al Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Empleo y cancelarán, mediante las oportunas operaciones de tesorería, los anticipos efectuados a favor del Instituto Nacional de Empleo para cubrir desfases de tesorería.
c) La puesta a disposición de los entes distintos del Estado de los fondos procedentes de la Unión Europea con destino a los mismos.
Tal puesta a disposición se efectuará a medida que se vayan recibiendo los mencionados fondos.
2. De las operaciones de tesorería efectuadas en virtud de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del apartado anterior se remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
3. En caso de que, excepcionalmente de acuerdo con la normativa en vigor, se produzcan anticipos de fondos como consecuencia de la intermediación del Banco de España en los pagos o por la especial tramitación de las relaciones financieras con la Unión Europea, estos anticipos deberán quedar cancelados antes de finalizar el ejercicio económico en que se hayan producido.
No obstante, los anticipos para ejecución de acciones y programas financiados o cofinanciados por fondos europeos que estuvieran pendientes de cancelar al finalizar el ejercicio, podrán cancelarse en el ejercicio siguiente.
Datos clave
- Se autoriza al Ministro de Economía a llevar a cabo las operaciones de tesorería que exijan las relaciones financieras con la Unión Europea, incluidas las relativas a FEAGA y FEADER, los fondos del Fondo Social Europeo destinados a cofinanciar proyectos del Instituto Nacional de Empleo y la puesta a disposición de entes distintos del Estado de los fondos de la Unión Europea a medida que se reciban.
- Los anticipos de tesorería a favor o por cuenta de la Unión Europea se cancelan con los reintegros realizados por ella.
- De las operaciones de los párrafos a) y b) se remite a las Cortes Generales un informe trimestral a través de su Oficina Presupuestaria.
- Los anticipos por intermediación del Banco de España o especial tramitación de las relaciones con la Unión Europea deben cancelarse antes de finalizar el ejercicio en que se produzcan.
- Los anticipos para acciones financiadas o cofinanciadas con fondos europeos pendientes al finalizar el ejercicio pueden cancelarse en el ejercicio siguiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministro de Economía queda autorizado para las operaciones de tesorería con la Unión Europea: fondos agrícolas, Fondo Social Europeo y fondos para otros entes. Los anticipos se cancelan dentro del ejercicio, con una salvedad.
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Artículo 83. Actuaciones cofinanciadas.
El artículo 83 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Actuaciones cofinanciadas», establece lo siguiente.
En el caso de acciones cofínanciadas entre el Presupuesto General de las Comunidades Europeas y el del Estado, el presupuesto de gastos de éste necesariamente ha de recoger, junto con la financiación a cargo del Estado, el importe de la cofínanciación procedente de la Unión Europea. La financiación con cargo al Estado se librará junto con los anticipos de tesorería recogidos en el artículo 82, exceptuando las actuaciones cofinanciadas con FEDER, Fondo de Cohesión y Fondo Social Europeo.
Datos clave
- En las acciones cofinanciadas entre el Presupuesto General de las Comunidades Europeas y el del Estado, el presupuesto de gastos del Estado debe recoger, junto con la financiación a cargo del Estado, el importe de la cofinanciación procedente de la Unión Europea.
- La financiación con cargo al Estado se libra junto con los anticipos de tesorería del artículo 82.
- Se exceptúan las actuaciones cofinanciadas con FEDER, Fondo de Cohesión y Fondo Social Europeo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una acción se cofinancia entre el presupuesto europeo y el del Estado, el presupuesto estatal recoge las dos partes; la parte estatal se libra con los anticipos de tesorería, salvo FEDER, Cohesión y Fondo Social Europeo.
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Artículo 84. Reintegro de ayudas y responsabilidad financiera derivados de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea.
El artículo 84 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Reintegro de ayudas y responsabilidad financiera derivados de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea», establece lo siguiente.
El reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera derivados de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea se someterá a lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa comunitaria.
En el ámbito de la Política Agraria Común y en el caso de que la Comunidad Europea no asuma un importe que previamente ha sido anticipado por las diferentes Administraciones públicas, el importe no reembolsado por la Comunidad afectará a las diferentes Administraciones públicas en relación con sus respectivas actuaciones.
Datos clave
- El reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera derivados de la gestión de fondos de la Unión Europea se someten a la Ley General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.
- En el ámbito de la Política Agraria Común, si la Comunidad Europea no asume un importe previamente anticipado por las Administraciones públicas, el importe no reembolsado afecta a las diferentes Administraciones en relación con sus respectivas actuaciones.
- El precepto remite a la Ley General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera por fondos europeos se rigen por la Ley General de Subvenciones y la normativa comunitaria; en la PAC, lo que Europa no reembolse lo soporta cada Administración según su actuación.
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Artículo 85. Principios generales de las relaciones financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
El artículo 85 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Principios generales de las relaciones financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas», establece lo siguiente.
Las relaciones financieras que se derivan de la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas se someterán a los principios generales de legalidad, dotación presupuestaria y concesión de anticipos de tesorería:
1. En aplicación del principio de legalidad, las reglas que rigen el cálculo y gestión financiera de los medios económicos que son transferidos desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas por aplicación del sistema de financiación vigente en cada momento estarán recogidas en norma con rango de ley.
2. El principio de dotación presupuestaria implica que los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio contendrán los créditos necesarios para atender a las transferencias de medios económicos que deban realizarse a las comunidades autónomas por aplicación del sistema de financiación vigente en cada momento.
A estos efectos, los créditos para hacer efectivas las liquidaciones definitivas de ejercicios anteriores tendrán el carácter de ampliables.
3. En virtud del principio de concesión de anticipos de tesorería, las comunidades autónomas podrán disponer de anticipos a cuenta de los recursos que se les deban transferir por aplicación del sistema de financiación vigente en cada momento, en los términos establecidos en norma con rango de ley. Estos anticipos habrán de ser reembolsados en el ejercicio, salvo en los casos y con las condiciones que se prevean en una norma con rango de ley.
Datos clave
- Las relaciones financieras del sistema de financiación de las comunidades autónomas se someten a los principios de legalidad, dotación presupuestaria y concesión de anticipos de tesorería.
- Legalidad: las reglas de cálculo y gestión financiera de los medios económicos transferidos a las comunidades autónomas estarán recogidas en norma con rango de ley.
- Dotación presupuestaria: los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio contienen los créditos necesarios para las transferencias; los créditos para liquidaciones definitivas de ejercicios anteriores son ampliables.
- Anticipos de tesorería: las comunidades autónomas pueden disponer de anticipos a cuenta de los recursos que se les deban transferir, en los términos de una norma con rango de ley.
- Esos anticipos deben reembolsarse en el ejercicio, salvo en los casos y condiciones previstos en norma con rango de ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres principios rigen el dinero que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por su sistema de financiación: legalidad, dotación presupuestaria y concesión de anticipos de tesorería.
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Artículo 86. Créditos gestionados por las comunidades autónomas.
El artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Créditos gestionados por las comunidades autónomas», establece lo siguiente.
1. Los créditos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado destinados a la financiación de sectores, servicios, actividades o materias respecto de los cuales las Comunidades Autónomas tengan asumidas competencias de ejecución y no hayan sido objeto de transferencia directa en virtud de dicha Ley, habrán de distribuirse territorialmente a favor de tales Comunidades Autónomas, mediante normas o convenios de colaboración que incorporarán criterios objetivos de distribución y, en su caso, fijarán las condiciones de gestión de los fondos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
En ningún caso serán objeto de distribución territorial los créditos que deban gestionarse por un órgano de la Administración General del Estado u organismo de ella dependiente para asegurar la plena efectividad de los mismos dentro de la ordenación básica del sector, garantizar idénticas posibilidades de obtención o disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional o evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector.
2. En la ejecución de los créditos que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las comunidades autónomas, para su gestión y administración, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
Primera. La gestión y administración se efectuará conforme a la normativa estatal que regule cada tipo de gasto y, en su caso, por las comunidades autónomas en la medida en que sean competentes para ello.
Segunda. a) Los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.
Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.
En relación al importe previsto en el párrafo anterior, deberá atenderse a la cuantía total de la propuesta de distribución que se someta a la Conferencia Sectorial en cada momento, sin que proceda a efectos del cálculo del límite cuantitativo de los 12 millones de euros acumular la cuantía derivada de la distribución inicial y las cuantías adicionales que, en su caso, se hayan efectuado o se propongan para esos mismos créditos en el mismo ejercicio presupuestario.
La aprobación del gasto deberá realizarse por el órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial.
b) En los casos en que conforme a lo dispuesto en el punto a) anterior el Consejo de Ministros haya autorizado la propuesta de distribución de los créditos, cualquier propuesta de distribución de una cuantía adicional que afecte a dichos créditos, requerirá la autorización del Consejo de Ministros, con independencia del importe de la cuantía adicional objeto de distribución.
Tercera. La propuesta de distribución del crédito que se someta a la Conferencia Sectorial habrá de supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo que con carácter previo a la autorización del Consejo de Ministros, en su caso, y a la aprobación por el órgano competente del gasto total máximo que podrá ser objeto de distribución, se recabarán los informes que de acuerdo con la normativa resulten preceptivos. Por parte de la Administración General del Estado, se podrán establecer en los casos en que ello resulte justificado, reservas generales de créditos no distribuidos en el origen con el fin de cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto.
Cuarta. Acordada la distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial, corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado u organismos de ella dependientes la suscripción o aprobación de los instrumentos jurídicos, convenios o resoluciones, a través de los cuales se formalicen los compromisos financieros.
Quinta. Los créditos que corresponda gestionar a cada Comunidad Autónoma se le librarán y harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, sin que deba producirse más excepción a esta regla que la del pago correspondiente al primer trimestre, que sólo podrán hacerse efectivos una vez se haya aprobado definitivamente la distribución territorial de los créditos y se hayan suscrito o formalizado los correspondientes compromisos financieros, convenios o resoluciones, en los términos previstos en las reglas anteriores.
Cuando los créditos a distribuir tengan por finalidad prestaciones de carácter personal o social se librarán a las comunidades autónomas por doceavas partes, al comienzo del mes.
Los pagos correspondientes a la financiación del Programa Operativo de Pesca para las Regiones de objetivo número 1, en régimen transitorio y del Documento Único de Programación (DOCUP) para las Regiones de Fuera de objetivo número 1 podrán librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en la Conferencia Sectorial los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante, así como el refrendo mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
Los pagos correspondientes a la financiación de actuaciones de agricultura, de desarrollo rural y de medio ambiente cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y las actuaciones en el sector pesquero de los Programas de Pesca cofinanciados por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), podrán librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en las correspondientes Conferencias Sectoriales los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante, así como el refrendo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
Sexta. Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las Comunidades Autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma.
Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
Séptima. Finalizado el ejercicio económico, y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, las Comunidades Autónomas remitirán al departamento ministerial correspondiente un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de fondos. La información será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.
Octava. Las Comunidades Autónomas que gestionen los créditos a que se refiere el presente artículo, deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales.
3. En el caso de actuaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que cuenten con una programación aprobada por la Unión Europea y cuya ejecución sea competencia de las Comunidades Autónomas, los créditos que figuren en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como aportación de fondos de la Administración General del Estado (AGE) se librarán con la periodicidad con la que se remitan los importes financiados con los anticipos de tesorería a que se refiere el artículo 82.1.a).
Datos clave
- Los créditos de la Ley de Presupuestos destinados a sectores, servicios, actividades o materias en que las Comunidades Autónomas tengan competencias de ejecución y no hayan sido objeto de transferencia directa se distribuyen territorialmente mediante normas o convenios de colaboración con criterios objetivos de distribución.
- No son objeto de distribución territorial los créditos que deban gestionarse por un órgano de la Administración General del Estado para asegurar su plena efectividad en la ordenación básica del sector, garantizar idénticas posibilidades en todo el territorio o evitar sobrepasar la cuantía global.
- La Conferencia Sectorial fija al comienzo del ejercicio los criterios objetivos de distribución; si el importe total supera los 12 millones de euros, se recaba con carácter previo la autorización del Consejo de Ministros, que no conlleva la aprobación del gasto.
- Los créditos se libran a las comunidades autónomas por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre; las prestaciones de carácter personal o social se libran por doceavas partes, al comienzo del mes.
- Los remanentes de fondos no comprometidos mantienen su destino específico y se descuentan en el siguiente ejercicio; si el gasto se suprime, se destinan a obligaciones pendientes y el sobrante no comprometido se reintegra al Estado.
- Las comunidades autónomas remiten, no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, un estado de ejecución al departamento ministerial correspondiente, y deben controlar adecuadamente los fondos recibidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los créditos estatales en materias donde las comunidades autónomas ejecutan se reparten territorialmente en Conferencia Sectorial con criterios objetivos, se libran por plazos y se controla su destino.
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Artículo 87. Participación en tributos del Estado.
El artículo 87 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Participación en tributos del Estado», establece lo siguiente.
1. Los créditos para hacer efectivas las liquidaciones definitivas de la participación de las corporaciones locales en tributos del Estado, tendrán la consideración de ampliables hasta el importe de las obligaciones que hayan de reconocerse en aplicación de la ley.
2. La participación de las entidades locales en los tributos del Estado de cada ejercicio económico, se hará efectiva durante el mismo, mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se practique en el siguiente. La cuantía y periodicidad de dichas entregas se fijarán, para cada ejercicio, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Datos clave
- Los créditos para hacer efectivas las liquidaciones definitivas de la participación de las corporaciones locales en tributos del Estado tienen la consideración de ampliables hasta el importe de las obligaciones que hayan de reconocerse en aplicación de la ley.
- La participación de las entidades locales en los tributos del Estado de cada ejercicio se hace efectiva durante el mismo mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se practique en el siguiente.
- La cuantía y periodicidad de las entregas a cuenta se fijan, para cada ejercicio, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La participación de las entidades locales en los tributos del Estado se cobra durante el año mediante entregas a cuenta y se ajusta con la liquidación definitiva del año siguiente.
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Artículo 88. Liquidaciones definitivas.
El artículo 88 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Liquidaciones definitivas», establece lo siguiente.
1. Los saldos acreedores a favor de las entidades locales que resulten de las liquidaciones definitivas de su participación en los tributos del Estado se harán efectivos en su totalidad una vez practicadas las mismas.
2. Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente.
3. Los citados saldos deudores se reintegrarán en un período máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación.
Datos clave
- Los saldos acreedores a favor de las entidades locales que resulten de las liquidaciones definitivas se hacen efectivos en su totalidad una vez practicadas.
- Los saldos deudores por excesos en las entregas a cuenta se reintegran mediante su compensación con cargo a las entregas a cuenta subsiguientes.
- Los saldos deudores se reintegran en un período máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, ajustando frecuencia y cuantía si se excede ese plazo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras la liquidación definitiva, si la entidad local sale acreedora cobra todo de una vez; si sale deudora por haber recibido de más, lo devuelve compensando entregas futuras en un máximo de tres años.
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Artículo 89. Compensación de beneficios fiscales.
El artículo 89 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Compensación de beneficios fiscales», establece lo siguiente.
1. Cuando por aplicación del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, proceda compensar beneficios fiscales en tributos locales reconocidos en una ley del Estado, se habilitarán los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, que tendrán la consideración de ampliables hasta el importe de las obligaciones a reconocer.
2. En cualquier caso, la compensación habrá de ser objeto de solicitud por las entidades afectadas, conforme al procedimiento que, en cada caso, se determine por el Ministerio de Hacienda, en el que deberá quedar explícitamente justificado el reconocimiento a favor de los contribuyentes del beneficio fiscal concedido.
Datos clave
- Cuando proceda compensar beneficios fiscales en tributos locales reconocidos en una ley del Estado (artículo 9 de la Ley 39/1988), se habilitan los créditos en los Presupuestos Generales del Estado, con la consideración de ampliables hasta el importe de las obligaciones a reconocer.
- La compensación debe ser objeto de solicitud por las entidades afectadas, conforme al procedimiento que determine el Ministerio de Hacienda.
- En el procedimiento debe quedar explícitamente justificado el reconocimiento a favor de los contribuyentes del beneficio fiscal concedido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando una ley del Estado concede beneficios fiscales en tributos locales y procede compensarlos, el Estado habilita créditos ampliables, pero la entidad local debe solicitarlo y justificarlo.
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Artículo 90. Tesoro Público.
El artículo 90 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Tesoro Público», establece lo siguiente.
Constituyen el Tesoro Público todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público administrativo estatal, con exclusión de los sujetos contemplados en el artículo 2.2. b), d), g) y h) y 2.3, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
Datos clave
- Constituyen el Tesoro Público todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público administrativo estatal.
- Quedan excluidos los sujetos contemplados en el artículo 2.2 b), d), g) y h) y 2.3.
- Integra el Tesoro Público tanto lo derivado de operaciones presupuestarias como de operaciones no presupuestarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tesoro Público son todos los recursos financieros del sector público administrativo estatal, presupuestarios o no, con algunas entidades excluidas.
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Artículo 91. Funciones del Tesoro Público.
El artículo 91 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Funciones del Tesoro Público», establece lo siguiente.
Son funciones encomendadas al Tesoro Público:
a) Pagar las obligaciones del Estado y recaudar sus derechos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
b) Servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.
b bis) Gestionar los recursos financieros que integran el Tesoro Público mediante la concertación de las operaciones financieras activas o pasivas necesarias para asegurar la eficiencia de dichos recursos.
c) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones del Estado.
d) Contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero nacional.
e) Emitir, contraer y gestionar la deuda del Estado y ejecutar las operaciones financieras relativas a la misma.
f) Responder de los avales contraídos por el Estado según las disposiciones de esta ley.
g) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.
Datos clave
- Pagar las obligaciones del Estado y recaudar sus derechos; servir el principio de unidad de caja centralizando todos los fondos y valores de operaciones presupuestarias y no presupuestarias.
- Gestionar los recursos financieros del Tesoro Público mediante las operaciones financieras activas o pasivas necesarias para asegurar su eficiencia (letra b bis).
- Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones del Estado.
- Contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero nacional.
- Emitir, contraer y gestionar la deuda del Estado y ejecutar sus operaciones financieras; responder de los avales contraídos por el Estado; realizar las demás funciones relacionadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funciones del Tesoro Público: pagar y cobrar, unidad de caja, gestionar los recursos, distribuir liquidez, apoyar el sistema financiero, gestionar la deuda y responder de los avales del Estado.
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Artículo 92. Deuda del Estado.
El artículo 92 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Deuda del Estado», establece lo siguiente.
Constituye la Deuda del Estado el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la posición deudora de un tercero o, en general, mediante cualquier otra operación financiera del Estado, con destino a financiar los gastos del Estado o a constituir posiciones activas de tesorería.
Datos clave
- Constituye la Deuda del Estado el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la posición deudora de un tercero o cualquier otra operación financiera del Estado.
- Su destino es financiar los gastos del Estado o constituir posiciones activas de tesorería.
- El concepto abarca tanto emisiones públicas como operaciones de crédito y otras operaciones financieras.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Deuda del Estado es todo el capital que el Estado toma prestado, por la vía que sea, para financiar sus gastos o para constituir posiciones activas de tesorería.
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Artículo 93. Información a las Cortes Generales sobre las operaciones financieras del Tesoro Público.
El artículo 93 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Información a las Cortes Generales sobre las operaciones financieras del Tesoro Público», establece lo siguiente.
1. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas al amparo de lo dispuesto en este título. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
2. El Ministro de Economía y Competitividad aprobará, para su remisión al Gobierno y a las Cortes, a través de su Oficina Presupuestaria, una Memoria anual en la que se expondrá la política de endeudamiento del Tesoro Público en el año precedente. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Dicha Memoria reflejará el saldo vivo de la Deuda del Estado al término del ejercicio precedente, así como el correspondiente a los organismos autónomos. A tales efectos, cada organismo autónomo remitirá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera los datos, información y documentación necesaria para elaborar la citada Memoria.
Datos clave
- El Gobierno comunica trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas al amparo de este título.
- El Ministro de Economía y Competitividad aprueba una Memoria anual sobre la política de endeudamiento del Tesoro Público en el año precedente, para su remisión al Gobierno y a las Cortes.
- La Memoria refleja el saldo vivo de la Deuda del Estado al término del ejercicio precedente y el de los organismos autónomos, que remiten los datos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes reciben información de la deuda por dos vías: un saldo trimestral del Gobierno y una Memoria anual del Ministro sobre la política de endeudamiento del año anterior.
Esquema
| Comunicación trimestral | Memoria anual | |
|---|---|---|
| Quién | El Gobierno | El Ministro de Economía y Competitividad la aprueba |
| Contenido | Saldo detallado de las operaciones financieras concertadas | Política de endeudamiento del año precedente y saldo vivo de la Deuda |
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Artículo 94. Habilitación legal para la creación de Deuda.
El artículo 94 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Habilitación legal para la creación de Deuda», establece lo siguiente.
1. La creación de Deuda del Estado habrá de ser autorizada por ley. A tal efecto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el límite de la variación del saldo vivo de Deuda del Estado de cada ejercicio presupuestario, al que se ajustarán las operaciones financieras que impliquen creación de Deuda. Este límite se entenderá neto de las variaciones de las posiciones activas de tesorería mantenidas por el Estado en el Banco de España o en otras entidades financieras.
El límite señalado en el párrafo anterior se entenderá automáticamente modificado como consecuencia del aumento o disminución bien de los pagos que, al amparo de previsiones legales, deban atenderse, o bien de los ingresos efectivamente recaudados respecto de los previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. En desarrollo de la autorización legal de creación de Deuda para un año, el Ministro de Economía podrá disponer la creación de Deuda del Estado durante el mes de enero del año siguiente por un importe que no incremente la misma en más del 15 por ciento de aquella autorización. Dicho incremento se computará a efectos del cumplimiento del límite de creación de Deuda que legalmente se autorice para el conjunto del segundo de los años citados.
Datos clave
- La creación de Deuda del Estado debe ser autorizada por ley; la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece el límite de la variación del saldo vivo de Deuda de cada ejercicio, neto de las variaciones de posiciones activas de tesorería.
- El límite se entiende automáticamente modificado por el aumento o disminución de los pagos que deban atenderse al amparo de previsiones legales o de los ingresos efectivamente recaudados respecto de los previstos.
- En desarrollo de la autorización de un año, el Ministro de Economía puede disponer la creación de Deuda durante el mes de enero del año siguiente por un importe que no incremente la autorización en más del 15 por ciento.
- Ese incremento se computa a efectos del límite de creación de Deuda del segundo año.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo una ley puede autorizar la creación de Deuda: la Ley de Presupuestos fija el límite de variación del saldo vivo, que se ajusta automáticamente, y en enero puede emitirse a cuenta del año siguiente.
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Artículo 95. Cobertura presupuestaria de los gastos derivados de la Deuda.
El artículo 95 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Cobertura presupuestaria de los gastos derivados de la Deuda», establece lo siguiente.
En la sección de Deuda del Estado se habilitarán los créditos para hacer frente a los reembolsos contractuales o anticipados y a los gastos financieros derivados de la Deuda del Estado, incluidos en particular los de colocación, negociación, administración y gestión de la misma.
Competerá al Ministro de Economía la aprobación de las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias dentro de dicha sección, incluso la de aquellas modificaciones que impliquen la creación de créditos nuevos.
Datos clave
- En la sección de Deuda del Estado se habilitan los créditos para los reembolsos contractuales o anticipados y los gastos financieros de la Deuda, incluidos los de colocación, negociación, administración y gestión.
- Compete al Ministro de Economía aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias dentro de dicha sección.
- Puede aprobar incluso las modificaciones que impliquen la creación de créditos nuevos.
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Los reembolsos y gastos financieros de la Deuda se presupuestan en la sección de Deuda del Estado, y el Ministro de Economía modifica esa sección, incluso creando créditos nuevos.
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Artículo 96. Aplicación íntegra de los ingresos y gastos provenientes de la Deuda y excepciones.
El artículo 96 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Aplicación íntegra de los ingresos y gastos provenientes de la Deuda y excepciones», establece lo siguiente.
El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos conexos de las operaciones de Deuda del Estado se aplicarán por su importe íntegro al Presupuesto del Estado, con excepción de:
a) El producto y la amortización por el importe que se obtuvo de las emisiones de Letras del Tesoro, de las emisiones continuas en el exterior de papel comercial y notas a medio plazo, de las disposiciones a corto plazo de líneas de crédito y de cualesquiera otros instrumentos de financiación a plazo inferior a un año, que, transitoriamente y a lo largo del ejercicio, tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose únicamente al Presupuesto de la Administración General del Estado, el importe de la variación neta de dichas operaciones durante el ejercicio.
b) En las operaciones de permuta financiera, los intercambios inicial y final de principales, así como los intercambios de intereses y demás gastos e ingresos financieros, tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias, imputándose únicamente al Presupuesto de la Administración General del Estado los respectivos importes netos producidos por estas operaciones durante el ejercicio.
No obstante, cuando alguna de las dos partes de la permuta financiera, deudora o acreedora, tenga un período de liquidación fraccionario distinto de la otra, las diferencias se imputarán al Presupuesto, de ingresos o de gastos, según corresponda, en el momento de la liquidación de la del período más largo, manteniéndose entre tanto el producto de las liquidaciones fraccionarias en una cuenta de operaciones no presupuestarias.
Datos clave
- El producto, la amortización y los gastos por intereses y conceptos conexos de las operaciones de Deuda se aplican por su importe íntegro al Presupuesto del Estado, con dos excepciones.
- Primera excepción: Letras del Tesoro, papel comercial y notas a medio plazo en el exterior, disposiciones a corto plazo de líneas de crédito y otros instrumentos de plazo inferior a un año; son operaciones no presupuestarias y solo se imputa la variación neta del ejercicio.
- Segunda excepción: en las permutas financieras, los intercambios inicial y final de principales y los de intereses y demás gastos e ingresos financieros son no presupuestarios; solo se imputan los importes netos.
- Si las dos partes de la permuta tienen período de liquidación fraccionario distinto, las diferencias se imputan al Presupuesto al liquidarse el período más largo.
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Las operaciones de deuda se aplican al presupuesto por su importe íntegro, salvo dos: la financiación a menos de un año y las permutas financieras, que van como no presupuestarias y solo imputan saldos netos.
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Artículo 97. Operaciones relativas a la Deuda.
El artículo 97 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Operaciones relativas a la Deuda», establece lo siguiente.
1. La creación de Deuda del Estado mediante emisiones de valores u operaciones de crédito, en moneda nacional o en divisas, se realizará en los términos señalados en los artículos siguientes.
2. Las operaciones basadas en instrumentos financieros tendrán como finalidad tanto limitar el riesgo cambiario como limitar, diversificar o modificar el riesgo o el coste de la Deuda del Estado debido a la evolución de los tipos de interés, y a facilitar su colocación, negociación, administración y gestión. Estas operaciones se realizarán conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Datos clave
- La creación de Deuda del Estado mediante emisiones de valores u operaciones de crédito, en moneda nacional o en divisas, se realiza en los términos de los artículos siguientes.
- Las operaciones basadas en instrumentos financieros limitan el riesgo cambiario y limitan, diversifican o modifican el riesgo o el coste de la Deuda por la evolución de los tipos de interés.
- También tienen como finalidad facilitar la colocación, negociación, administración y gestión de la Deuda.
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La Deuda se crea mediante emisiones de valores u operaciones de crédito, en euros o en divisas, y se gestiona con instrumentos financieros que limitan riesgos y facilitan su colocación.
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Artículo 98. Competencia para la formalización de las operaciones relativas a la Deuda.
El artículo 98 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Competencia para la formalización de las operaciones relativas a la Deuda», establece lo siguiente.
1. Corresponde al Ministro de Economía autorizar las operaciones señaladas en el artículo precedente, así como establecer los procedimientos a seguir para la contratación y formalización de tales operaciones y para el ejercicio de las competencias que figuran en los artículos siguientes. El Ministro podrá delegar tales facultades, de forma ordinaria, en el Director General del Tesoro y Política Financiera. Cuando la formalización de la operación haya de tener lugar en el extranjero, el Ministro, o por Delegación suya el Director General del Tesoro y Política Financiera podrán delegar en el representante diplomático correspondiente o en un funcionario del departamento ministerial designado al efecto aunque sea de categoría inferior a director general.
2. El Ministro de Economía podrá igualmente autorizar la negociación provisional por el Director General del Tesoro y Política Financiera de las operaciones señaladas en el artículo anterior, cuya efectiva realización quedará sujeta a la posterior autorización definitiva por el Ministro, cuando éste no haya delegado sus competencias en el citado Director General. En el correspondiente expediente quedará adecuada constancia de las cláusulas y condiciones mencionadas en el apartado precedente así como del procedimiento y circunstancias de la adjudicación de la operación.
3. Las operaciones relativas a la Deuda del Estado se realizarán en los mercados financieros conforme a las normas, reglas, técnicas, condiciones y cláusulas usuales en tales mercados, pudiendo acordar el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.
En todo caso, la Orden en la que se disponga la creación de Deuda del Estado incluirá las cláusulas de acción colectiva adoptadas en virtud de lo previsto en el artículo 12.3 del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, reconociéndose la legitimación, en juicio y fuera de él, a quienes fueren designados, por los procedimientos en ellas establecidos, representantes de los tenedores de los títulos emitidos.
Datos clave
- Corresponde al Ministro de Economía autorizar las operaciones de Deuda y establecer los procedimientos de contratación y formalización; puede delegar de forma ordinaria en el Director General del Tesoro y Política Financiera.
- Si la formalización ha de tener lugar en el extranjero, puede delegarse en el representante diplomático o en un funcionario del departamento designado al efecto.
- El Ministro puede autorizar la negociación provisional por el Director General, sujeta a autorización definitiva si no delegó sus competencias.
- Las operaciones se realizan en los mercados financieros con las normas y cláusulas usuales; puede acordarse arbitraje o legislación o tribunales extranjeros, con observancia del artículo 23.
- La Orden de creación de Deuda incluye las cláusulas de acción colectiva del artículo 12.3 del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
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El Ministro de Economía autoriza las operaciones de Deuda y puede delegar en el Director General del Tesoro; las operaciones siguen las prácticas del mercado e incluyen cláusulas de acción colectiva.
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Artículo 99. Emisiones de valores.
El artículo 99 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Emisiones de valores», establece lo siguiente.
1. En los términos que disponga la delegación o autorización, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá proceder a la emisión de valores denominados en moneda nacional o en divisas, en el interior o en el exterior, estableciendo su forma de representación, naturaleza y nombre, plazo, tipo de interés y las demás características de ésta.
En todo caso, la colocación de una emisión de valores podrá fragmentarse en el tiempo, así como en su cuantía, pudiendo colocarse los distintos tramos conforme a técnicas de emisión diferentes y a precios distintos. De igual forma, podrá autorizarse la agrupación en emisiones homogéneas de valores semejantes emitidos en distinta fecha.
Podrá autorizarse, en una o más emisiones o categorías de valores, la separación de cupones y principal a efectos de su negociación, así como la reconstitución de valores a partir de aquellos.
2. Los valores podrán emitirse mediante subasta, que se desarrollará conforme a las reglas hechas públicas con anterioridad a su celebración, o mediante cualquier otra técnica que se considere adecuada en función del tipo de operación de que se trate, de acuerdo con las funciones atribuidas al Tesoro Público en el artículo 91.
En particular, podrán:
a) Subastarse las emisiones al público, en general, entre colocadores autorizados o entre un grupo restringido de éstos que adquieran compromisos especiales respecto a la colocación de la Deuda o al funcionamiento de sus mercados.
b) Cederse parte o la totalidad de una emisión a un precio convenido a una o varias entidades financieras que aseguren su colocación.
c) Realizarse operaciones de venta simple o con pacto de recompra de valores de nuevas emisiones, ampliaciones de emisiones existentes o de valores que el Tesoro Público tenga en su cuenta de valores.
Datos clave
- La Dirección General del Tesoro y Política Financiera puede emitir valores en moneda nacional o divisas, en el interior o exterior, en los términos de la delegación o autorización, fijando forma de representación, naturaleza, plazo, tipo de interés y demás características.
- La colocación puede fragmentarse en el tiempo y en la cuantía, con técnicas y precios distintos por tramos; puede autorizarse la agrupación en emisiones homogéneas.
- Puede autorizarse la separación de cupones y principal a efectos de negociación y la reconstitución de valores.
- Los valores pueden emitirse mediante subasta, con reglas públicas previas, o mediante cualquier otra técnica adecuada.
- En particular, pueden subastarse entre el público, colocadores autorizados o un grupo restringido; cederse a entidades que aseguren su colocación; o realizarse operaciones de venta simple o con pacto de recompra.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Dirección General del Tesoro emite valores de Deuda con amplia libertad de diseño y colocación: subasta con reglas previas u otras técnicas como el aseguramiento o la venta con pacto de recompra.
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Artículo 100
El artículo 100 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece lo siguiente.
1. La concertación de líneas de crédito u operaciones de préstamos en moneda nacional o en divisas se realizará de conformidad con los procedimientos que reglamentariamente se establezcan, en los que se garantizarán los principios de objetividad, transparencia y publicidad adecuados al tipo de operación que se trate.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la concertación de aquellas operaciones que se documenten mediante contratos o instrumentos normalizados habituales en los mercados financieros se hará conforme a las reglas, técnicas, condiciones y cláusulas que sean usuales en los mismos.
Datos clave
- La concertación de líneas de crédito u operaciones de préstamo en moneda nacional o divisas se realiza según los procedimientos reglamentarios, garantizando objetividad, transparencia y publicidad adecuados al tipo de operación.
- Las operaciones documentadas con contratos o instrumentos normalizados habituales en los mercados financieros se hacen conforme a las reglas, técnicas, condiciones y cláusulas usuales en ellos.
- La norma distingue dos vías: procedimientos reglamentarios y reglas usuales de mercado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las líneas de crédito y los préstamos del Estado se conciertan por procedimientos reglamentarios con objetividad, transparencia y publicidad, salvo los contratos normalizados, que siguen las reglas del mercado.
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Artículo 101. Instrumentos financieros vinculados a la Deuda.
El artículo 101 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Instrumentos financieros vinculados a la Deuda», establece lo siguiente.
En las operaciones basadas en instrumentos financieros, sean de permuta financiera o de otra naturaleza, se deberán identificar con precisión los riesgos de tipo de cambio que se pretende limitar, el riesgo o el coste de la Deuda del Estado debido a la evolución de los tipos de interés que se pretende limitar, diversificar o modificar y, en su caso, las operaciones concretas de endeudamiento a las que estén asociadas.
Datos clave
- En las operaciones basadas en instrumentos financieros, sean de permuta financiera o de otra naturaleza, deben identificarse con precisión los riesgos de tipo de cambio que se pretende limitar.
- Deben identificarse también el riesgo o coste de la Deuda por la evolución de los tipos de interés que se pretende limitar, diversificar o modificar.
- En su caso, deben identificarse las operaciones concretas de endeudamiento a las que estén asociadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando el Tesoro usa instrumentos financieros como las permutas, debe precisar qué riesgo quiere cubrir y, en su caso, a qué operación de endeudamiento se asocian.
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Artículo 102. Otras operaciones relativas a la Deuda.
El artículo 102 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Otras operaciones relativas a la Deuda», establece lo siguiente.
Se faculta al Ministro de Economía a:
1. Con el objeto de lograr una adecuada gestión de la Deuda del Estado, adquirir valores negociables de Deuda en el mercado secundario con destino bien a su amortización o bien a su mantenimiento en una cuenta de valores abierta al efecto por el Tesoro Público.
2. Efectuar operaciones de canje, conversión, amortización anticipada, incluso parcial, o de modificación de cualesquiera condiciones de las operaciones que integran la Deuda del Estado, al amparo de lo dispuesto en las respectivas normas de emisión o contracción, o por mutuo acuerdo con los acreedores.
3. Regular el régimen de uno o más tipos de entidades que colaboren con el Tesoro Público tanto en la difusión de la Deuda del Estado como en la provisión de liquidez a su mercado.
4. Concertar convenios de colaboración con entidades financieras y, especialmente, con instituciones de inversión colectiva u otros inversores institucionales, con el fin de promover tanto la mejor colocación de la Deuda del Estado como la liquidez de su mercado, determinando, en su caso, la contraprestación a efectuar por los mismos.
5. Acordar cambios en las condiciones de la Deuda del Estado que obedezcan a su mejor administración o a su representación en anotaciones en cuenta, sin que se perjudiquen los derechos económicos del tenedor.
Datos clave
- Se faculta al Ministro de Economía para adquirir valores negociables de Deuda en el mercado secundario, con destino a su amortización o a su mantenimiento en una cuenta de valores del Tesoro Público.
- También para efectuar operaciones de canje, conversión, amortización anticipada, incluso parcial, o modificación de condiciones de las operaciones que integran la Deuda.
- Puede regular el régimen de entidades que colaboren con el Tesoro Público en la difusión de la Deuda y la provisión de liquidez a su mercado.
- Puede concertar convenios de colaboración con entidades financieras, especialmente instituciones de inversión colectiva u otros inversores institucionales.
- Puede acordar cambios en las condiciones de la Deuda por su mejor administración o su representación en anotaciones en cuenta, sin perjudicar los derechos económicos del tenedor.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Facultades del Ministro de Economía para gestionar la Deuda ya emitida: recomprarla, canjearla o modificarla, organizar a sus colaboradores, firmar convenios y ajustar condiciones sin perjudicar al tenedor.
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Artículo 103. Régimen de los valores representativos de la Deuda del Estado.
El artículo 103 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Régimen de los valores representativos de la Deuda del Estado», establece lo siguiente.
1. La Deuda Pública podrá estar representada en anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente la reconozca.
2. A los valores representativos de la Deuda del Estado les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico general según la modalidad y las características de la misma.
3. A los títulos al portador de la Deuda del Estado que hayan sido robados, hurtados o sufrido extravío o destrucción les será aplicable el procedimiento establecido administrativamente o, en su defecto, el establecido por la legislación mercantil.
4. El Ministerio de Economía determinará el procedimiento a seguir cuando se trate de títulos nominativos o al portador extraviados después de su presentación en las respectivas oficinas públicas, o que hayan sido objeto de destrucción parcial que no impida su identificación.
5. El titular de valores representativos de la Deuda del Estado tendrá la consideración de acreedor del Estado aun cuando hubiera pactado con el vendedor, incluso simultáneamente a la compra de los valores, su futura venta.
Datos clave
- La Deuda Pública puede estar representada en anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente la reconozca.
- A los valores representativos de la Deuda se aplica el régimen del ordenamiento jurídico general según su modalidad y características.
- Los títulos al portador robados, hurtados, extraviados o destruidos siguen el procedimiento establecido administrativamente o, en su defecto, el de la legislación mercantil; el Ministerio de Economía determina el procedimiento para títulos extraviados tras su presentación en oficinas públicas o parcialmente destruidos.
- El titular de valores de Deuda tiene la consideración de acreedor del Estado aunque hubiera pactado con el vendedor su futura venta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo puede representarse la Deuda Pública, qué régimen se aplica a sus valores, qué pasa con los títulos robados o perdidos y quién es acreedor del Estado.
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Artículo 104. Régimen de transmisión de la Deuda.
El artículo 104 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Régimen de transmisión de la Deuda», establece lo siguiente.
1. La transmisión de la Deuda no estará sujeta a más limitaciones que las derivadas de las propias normas de creación, de las reguladoras de los mercados en que se negocie o, en su caso, de las normas aplicables en materia de control de cambios.
2. En la suscripción y transmisión de la Deuda Pública negociable solo será preceptiva la intervención de fedatario público cuando aquella esté representada por títulos-valores y así lo disponga la legislación aplicable a los mismos. No será preceptiva, en todo caso, para las operaciones con pagarés del Tesoro y aquellas otras en las que los títulos-valores se extingan por su transformación en anotaciones en cuenta.
Datos clave
- La transmisión de la Deuda no está sujeta a más limitaciones que las de sus normas de creación, las de los mercados en que se negocie o las de control de cambios.
- En la suscripción y transmisión de Deuda Pública negociable solo es preceptiva la intervención de fedatario público cuando esté representada por títulos-valores y así lo disponga la legislación aplicable.
- No es preceptiva en ningún caso para operaciones con pagarés del Tesoro ni aquellas en que los títulos-valores se extingan por su transformación en anotaciones en cuenta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Deuda se transmite libremente salvo las limitaciones de sus normas de creación, de los mercados o del control de cambios, y el fedatario público solo interviene en casos muy concretos.
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Artículo 105. Prescripción.
El artículo 105 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Prescripción», establece lo siguiente.
1. Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la Deuda del Estado y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados respectivamente a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso. En los supuestos de llamada a conversión o canje obligatorio, prescribirá la obligación de reembolso de capitales a los 10 años contados desde el último día del plazo establecido para la operación.
Cuando los capitales llamados a reembolso, se hallasen afectos a fianzas constituidas ante la Administración, el plazo de prescripción de la obligación de reembolso empezará a contar desde la fecha en que, conocidamente por el interesado, deje de ser necesaria la fianza o se acuerde su levantamiento.
2. Cuando las obligaciones de pago derivadas de la Deuda del Estado se realizasen a través de un tercero y transcurridos seis meses éste no pudiere transferir los fondos al tenedor o titular, se procederá a depositar su importe, a disposición de quien acredite su derecho, en la cuenta que a tales efectos se designe en el Banco de España, observándose, en todo caso, lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
3. La interrupción de la prescripción se verificará conforme a las disposiciones del Código Civil.
4. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del régimen de prescripción que resulte aplicable a las operaciones de Deuda del Estado en que se haga uso de las facultades establecidas en el apartado 3 del artículo 98 de esta ley.
5. Los capitales de la Deuda del Estado prescribirán a los 20 años sin percibir sus intereses, ni realizar su titular acto alguno ante la Administración de la Hacienda Pública Estatal que suponga o implique el ejercicio de su derecho.
Datos clave
- Prescribe a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la Deuda y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados desde el vencimiento de los intereses y del día del llamamiento.
- En la llamada a conversión o canje obligatorio, prescribe la obligación de reembolso de capitales a los 10 años desde el último día del plazo de la operación.
- Los capitales de la Deuda del Estado prescriben a los 20 años sin percibir sus intereses ni realizar su titular acto alguno ante la Hacienda Pública Estatal que implique el ejercicio de su derecho.
- Si los pagos se hacen a través de un tercero y transcurridos seis meses éste no puede transferir los fondos, se deposita su importe en la cuenta designada en el Banco de España.
- La interrupción de la prescripción se verifica conforme al Código Civil.
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Plazos de prescripción de la Deuda del Estado: cinco años para intereses y capitales llamados a reembolso, 10 en conversión o canje obligatorio y 20 para los capitales sin actividad del titular.
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Artículo 106. Obligaciones de información y retención de propuestas de pago.
El artículo 106 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Obligaciones de información y retención de propuestas de pago», establece lo siguiente.
1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, podrá recabar de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público conforme a lo establecido en el artículo 90, cuantos datos, previsiones y documentación estime oportuna sobre los pagos e ingresos que puedan tener incidencia en la gestión de la tesorería del Estado.
2. A los efectos de asegurar la gestión eficiente de la tesorería del Estado, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá retener las propuestas de pago a favor de las entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, en función de los pagos que estas entidades tengan previstos y de su tesorería disponible, sin interferir en las competencias que tienen atribuidas.
Datos clave
- La Dirección General del Tesoro y Política Financiera puede recabar de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público los datos, previsiones y documentación sobre pagos e ingresos con incidencia en la gestión de tesorería.
- Para asegurar la gestión eficiente de la tesorería del Estado, puede retener las propuestas de pago a favor de esas entidades en función de los pagos previstos y de su tesorería disponible.
- La retención se hace sin interferir en las competencias que tienen atribuidas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para gestionar bien la tesorería del Estado, la Dirección General del Tesoro puede pedir información sobre pagos e ingresos y retener propuestas de pago a las entidades cuyos fondos integran el Tesoro.
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Artículo 107. Criterios de ordenación de pagos.
El artículo 107 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Criterios de ordenación de pagos», establece lo siguiente.
El Ordenador de Pagos aplicará criterios objetivos en la expedición de las órdenes de pago, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, la aplicación presupuestaria y la forma de pago, entre otros.
Datos clave
- El Ordenador de Pagos aplica criterios objetivos en la expedición de las órdenes de pago.
- Ejemplos de criterios: la fecha de recepción, el importe de la operación, la aplicación presupuestaria y la forma de pago, entre otros.
- La enumeración legal de criterios es ejemplificativa («entre otros»).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ordenador de Pagos expide las órdenes de pago con criterios objetivos; el texto da cuatro ejemplos y deja la lista abierta.
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Artículo 108. Cuentas del Tesoro Público y operaciones de gestión tesorera.
El artículo 108 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Cuentas del Tesoro Público y operaciones de gestión tesorera», establece lo siguiente.
1. Con carácter general, los ingresos y pagos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantengan en el Banco de España, en los términos que se convenga con éste, conforme al artículo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. La apertura de estas cuentas requerirá de autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, excepto aquellas autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del sistema tributario estatal y aduanero.
Las cuentas de las entidades cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público conformarán la posición global del Tesoro Público en el Banco de España, en los términos que se convenga con éste, conforme al artículo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Sobre dicho parámetro girará la gestión de la tesorería del Estado y, en particular, las necesidades de financiación y endeudamiento, todo ello sin perjuicio de la autonomía con que cuenten estas entidades para la gestión de sus fondos.
Podrán abrirse cuentas en el Instituto de Crédito Oficial cuando éste actúe como agente financiero de las entidades mencionadas en el párrafo anterior. La apertura de estas cuentas requerirá de autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Los convenios reguladores de las condiciones de utilización de dichas cuentas deberán ser informados favorablemente por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con carácter previo a su suscripción.
La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer supuestos excepcionales en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas en otras entidades de crédito, en los términos establecidos en el artículo siguiente.
2. Con objeto de facilitar la gestión de tesorería, la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá autorizar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar operaciones a corto plazo de adquisición temporal de activos, préstamo, depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas tesoreras. Con la misma finalidad, la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá autorizar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar operaciones pasivas de tesorería a un plazo no superior a tres meses. Dichas operaciones podrán ser de crédito, préstamo, depósito, de anticipo de ingresos o revestir alguna de las modalidades contempladas en la letra c) del artículo 99.2. En la autorización de las operaciones se concretarán las condiciones en que podrán efectuarse las mismas, que respetarán los principios de solvencia, publicidad, concurrencia y transparencia, adecuados a la operación de que se trate en cada caso. Las operaciones a que se refieren los párrafos anteriores tendrán carácter no presupuestario, salvo los rendimientos o gastos que deriven de las mismas que se aplicarán al presupuesto del Estado. Las operaciones de adquisición temporal de activos podrán tener por objeto los mismos valores que el Banco de España admita en sus operaciones de política monetaria. Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a tramitar la adhesión a mercados regulados u otros centros de negociación, siempre que ello resulte necesario a los efectos de poder utilizar valores negociados en los mismos en las operaciones de adquisición temporal de activos. Asimismo, se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a adherirse a sistemas de liquidación tales como TARGET2-Banco de España siempre y cuando sea necesario para la ejecución de las operaciones descritas en el segundo párrafo del apartado 2.
3. Los activos a que se refiere el apartado anterior, que hubieran sido objeto de garantía a favor del Banco de España, según lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, podrán ser aplicados temporalmente por sus titulares en cobertura de las operaciones de gestión tesorera de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, instrumentadas a través del Banco de España, en los términos que la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establezca y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que el titular de los activos otorgue su consentimiento, el cual podrá prestarse en el contrato o documento de garantía celebrado con el Banco de España. b) Que existan activos de garantía disponibles, una vez garantizadas adecuadamente las obligaciones frente al Banco de España y a satisfacción de éste. Los activos citados quedarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones frente al Tesoro Público, teniendo esta garantía plenos efectos frente a terceros, sin más formalidad que la de que el Banco de España verifique que existen activos de garantía disponibles para el cumplimiento de cada una de dichas obligaciones. Una vez satisfechas tales obligaciones, los activos quedarán de nuevo afectos en garantía frente al Banco de España. En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas frente al Tesoro Público, la ejecución de las garantías aplicadas temporalmente se realizará por el Banco de España actuando por cuenta del primero, a través de los procedimientos previstos en la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. A estos efectos, la certificación prevista en la misma deberá ser expedida por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, debiendo acompañarse igualmente una certificación del Banco de España acreditativa de la afección temporal de los activos de garantía que sean objeto de ejecución.
Datos clave
- Los ingresos y pagos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público se canalizan a través de las cuentas en el Banco de España; la apertura exige autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, salvo las autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Las cuentas de esas entidades conforman la posición global del Tesoro Público en el Banco de España, sobre la que gira la gestión de la tesorería del Estado.
- Pueden abrirse cuentas en el Instituto de Crédito Oficial cuando actúe como agente financiero, con autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
- Para facilitar la gestión de tesorería, puede autorizarse a la Dirección General a realizar operaciones a corto plazo de adquisición temporal de activos, préstamo, depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas tesoreras, y operaciones pasivas de tesorería a un plazo no superior a tres meses.
- Estas operaciones tienen carácter no presupuestario, salvo los rendimientos o gastos que se aplican al presupuesto del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los fondos del Tesoro se canalizan por cuentas en el Banco de España y forman su posición global; el Tesoro puede abrir cuentas en el ICO y hacer operaciones de gestión tesorera a corto plazo no presupuestarias.
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Artículo 109. Relación con entidades de crédito.
El artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Relación con entidades de crédito», establece lo siguiente.
1. La apertura de cuentas de situación de fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público fuera del Banco de España requerirá previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de las condiciones de utilización, excepto aquellas autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el marco del sistema tributario estatal y aduanero.
Tras la autorización quedará expedita la vía para el inicio del correspondiente expediente de contratación, que se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre contratos del Sector Público.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para desarrollar normativamente las condiciones adicionales sobre el régimen de autorización, apertura y utilización de cuentas bancarias por parte de los entes sujetos a autorización.
Transcurridos tres meses desde la solicitud y sin que se notifique la citada autorización, ésta se entenderá no concedida.
Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos establecido en el artículo 23 de esta Ley. Podrá pactarse que los gastos de administración de la cuenta se reduzcan con cargo a los intereses devengados por la misma.
Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán estos extremos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con expresión de la fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo. En el caso de cancelación anticipada de la cuenta, deberá comunicarse este extremo a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá ordenar la cancelación o paralización de las cuentas a que se refiere el apartado anterior cuando se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su autorización o que no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.
3. No obstante lo señalado en los apartados precedentes, podrá declararse la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito con la finalidad de concentrar y optimizar la gestión de los fondos a que se refiere este artículo. Corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento y determinar las condiciones en las que deberá desarrollarse la tramitación del oportuno acuerdo marco.
La apertura de cuentas por los órganos y organismos mencionados en el apartado 1 de este artículo se realizará mediante los contratos derivados del acuerdo marco, requiriéndose autorización previa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en la que se determinará, en su caso, la entidad en que, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco, deberán abrirse las cuentas según las estipulaciones pactadas.
Excepcionalmente, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas al margen del citado contrato aplicándose en ese caso el procedimiento descrito en el apartado 1.
4. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, en relación con las cuentas abiertas en entidades de crédito a las que se refiere este artículo, podrá recabar, del órgano administrativo gestor o de la correspondiente entidad de crédito, cualesquiera datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó la apertura de la cuenta.
Datos clave
- La apertura de cuentas fuera del Banco de España requiere previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad y condiciones de utilización, salvo las autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Transcurridos tres meses desde la solicitud sin que se notifique la autorización, ésta se entiende no concedida.
- Los contratos contienen necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos del artículo 23.
- La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera puede ordenar la cancelación o paralización de las cuentas si no subsisten las razones de su autorización o no se cumplen las condiciones.
- Puede declararse la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito mediante acuerdo marco; la apertura de cuentas se hace mediante contratos derivados del acuerdo marco, con autorización previa de la Secretaría General.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Abrir cuentas del Tesoro en bancos distintos del Banco de España exige autorización previa, con silencio negativo a los tres meses, cláusulas obligatorias en el contrato y posible contratación centralizada.
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Artículo 110. Medios de pago.
El artículo 110 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Medios de pago», establece lo siguiente.
En las condiciones que establezcan los Ministros de Economía y de Hacienda, en sus respectivos ámbitos, los ingresos y los pagos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualesquiera otros medios de pago, sean o no bancarios. En las mencionadas condiciones podrá establecerse que, en la realización de determinados ingresos o pagos de la Administración General del Estado, sólo puedan utilizarse ciertos medios de pago especificando en cada caso las particulares condiciones de utilización.
Datos clave
- Los ingresos y pagos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos pueden realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualesquiera otros medios de pago, bancarios o no.
- Las condiciones las establecen los Ministros de Economía y de Hacienda, en sus respectivos ámbitos.
- Puede establecerse que en determinados ingresos o pagos solo puedan utilizarse ciertos medios de pago, especificando sus condiciones de utilización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración General del Estado y sus organismos autónomos pueden cobrar y pagar por cualquier medio, bancario o no, en las condiciones que fijen los Ministros de Economía y de Hacienda, que pueden restringirlos.
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Artículo 111. Emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal.
El artículo 111 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal», establece lo siguiente.
1. Los organismos autónomos no podrán concertar operaciones de endeudamiento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ante la especial naturaleza de las condiciones y actividad a realizar por el organismo autorice la suscripción de dichas operaciones, que se efectuarán en los términos y con el límite que en dicha Ley se establezcan.
A efectos del cumplimiento de dicho límite, no se deducirán las posiciones activas de tesorería constituidas por el organismo.
Las operaciones de endeudamiento concertadas por organismos autónomos se regularán por lo dispuesto en el Capítulo II de este Título en lo que les resulte de aplicación, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado que autorice las operaciones establezca expresamente otra cosa.
2. Del mismo modo, los demás organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal, salvo las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado, cuyo endeudamiento estará autorizado en sus presupuestos de explotación y capital correspondientes, sólo podrán concertar operaciones de endeudamiento si así lo autoriza de forma expresa la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y dentro de los límites que dicha Ley establezca, salvo que se trate de operaciones de crédito que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario.
3. Los organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal, con excepción del Instituto de Crédito Oficial, se someterán a los principios de prudencia financiera que se fijen por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Los principios que se fijen para las entidades y organismos distintos de las sociedades cotizadas mercantiles estatales cuyas acciones estén sometidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores se referirán, al menos, a los límites máximos del coste financiero al que podrán suscribirse las citadas operaciones de crédito, así como a las limitaciones al uso de derivados financieros.
4. Las competencias señaladas en el artículo 98 de esta Ley se entenderán referidas, en su caso, al presidente o director del organismo o entidad integrante del sector público institucional estatal correspondiente.
En el caso de operaciones a realizar por fundaciones, dichas competencias se entenderán referidas al patronato de la correspondiente fundación.
En el caso de sociedades mercantiles, las competencias serán ejercidas por la Junta General de Accionistas.
Datos clave
- Los organismos autónomos no pueden concertar operaciones de endeudamiento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo autorice, en los términos y con el límite que en ella se establezcan; no se deducen las posiciones activas de tesorería del organismo.
- Los demás organismos y entidades del sector público institucional estatal solo pueden concertar endeudamiento si lo autoriza expresamente la Ley de Presupuestos, salvo operaciones de crédito que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio; las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado se autorizan en sus presupuestos de explotación y capital.
- Con excepción del Instituto de Crédito Oficial, se someten a los principios de prudencia financiera fijados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
- Las competencias del artículo 98 se entienden referidas al presidente o director del organismo o entidad; en fundaciones, al patronato; en sociedades mercantiles, a la Junta General de Accionistas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los organismos y entidades del sector público institucional estatal solo se endeudan si lo autoriza la Ley de Presupuestos, salvo excepciones, y se someten a principios de prudencia financiera.
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Artículo 112. Gestión de la tesorería de los organismos autónomos.
El artículo 112 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Gestión de la tesorería de los organismos autónomos», establece lo siguiente.
1. Corresponde al presidente o director del organismo autónomo ordenar los pagos en ejecución del Presupuesto de Gastos del organismo, con sujeción a los criterios de ordenación establecidos en el artículo 107 de esta ley.
2. Los organismos autónomos canalizarán sus ingresos y pagos en los términos establecidos en los artículos 108, 109 y 110 de esta ley.
Datos clave
- Corresponde al presidente o director del organismo autónomo ordenar los pagos en ejecución del Presupuesto de Gastos del organismo.
- La ordenación de pagos se sujeta a los criterios del artículo 107.
- Los organismos autónomos canalizan sus ingresos y pagos en los términos de los artículos 108, 109 y 110.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los organismos autónomos ordena los pagos su presidente o director, con los criterios del artículo 107, y sus ingresos y pagos se canalizan como dicen los artículos 108, 109 y 110.
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Artículo 113. Objeto de los avales.
El artículo 113 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Objeto de los avales», establece lo siguiente.
1. La Administración General del Estado podrá, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, afianzar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas en el interior o en el exterior por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, mediante el otorgamiento del correspondiente aval.
2. En todo caso, los avales que se otorguen habrán de ser compatibles con el mercado común, en los términos establecidos por los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Datos clave
- La Administración General del Estado puede afianzar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas en el interior o en el exterior por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, mediante el otorgamiento del correspondiente aval.
- Los avales otorgados deben ser compatibles con el mercado común, en los términos de los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
- El aval es el instrumento para afianzar operaciones de crédito de terceros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El aval es la vía por la que la Administración General del Estado puede afianzar operaciones de crédito ajenas, dentro o fuera de España, siempre compatible con el mercado común.
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Artículo 114. Competencias en el otorgamiento de avales.
El artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Competencias en el otorgamiento de avales», establece lo siguiente.
1. El otorgamiento de avales por la Administración General del Estado deberá ser autorizado por medio de la correspondiente ley que deberá contener, al menos, las determinaciones contempladas en el apartado 2 del artículo siguiente. En lo no regulado expresamente por la ley que los autorice, será aplicable a los citados avales lo dispuesto en este capítulo y sus normas de desarrollo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo de Ministros, previa declaración del interés público que lo motiva, podrá autorizar avales en garantía de operaciones concertadas por:
a) Entidades públicas de carácter territorial o institucional, sociedades mercantiles estatales y organismos internacionales de los que España sea miembro.
b) Personas naturales o jurídicas para financiar bienes e inversiones en general que deban revertir a la Administración General del Estado y hayan de quedar afectos a concesión administrativa, o deban adquirirse o realizarse en el marco de un contrato de concesión de obra pública o de colaboración entre el sector público y el sector privado, o por una sociedad de economía mixta creada para ejecutar uno de estos contratos.
Datos clave
- El otorgamiento de avales por la Administración General del Estado debe ser autorizado por ley, que contenga al menos las determinaciones del apartado 2 del artículo siguiente.
- No obstante, el Consejo de Ministros, previa declaración del interés público que lo motiva, puede autorizar avales en garantía de operaciones concertadas por entidades públicas de carácter territorial o institucional, sociedades mercantiles estatales y organismos internacionales de los que España sea miembro.
- También puede autorizar avales a personas naturales o jurídicas para financiar bienes e inversiones que deban revertir a la Administración General del Estado y queden afectos a concesión administrativa, o se adquieran en el marco de un contrato de concesión de obra pública o de colaboración público-privada, o a una sociedad de economía mixta creada para ejecutar uno de estos contratos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regla general: los avales del Estado se autorizan por ley. Excepción: el Consejo de Ministros, previa declaración de interés público, puede autorizarlos para dos grupos de operaciones tasados.
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Artículo 115. Avales otorgados por el Consejo de Ministros.
El artículo 115 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Avales otorgados por el Consejo de Ministros», establece lo siguiente.
1. El importe total de los avales contemplados en el apartado 2 del artículo precedente de esta Ley no podrá exceder del límite que en cada ejercicio señale la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dentro de este límite se especificará el importe que, como máximo, podrá destinarse a avalar las operaciones concertadas por las sociedades de economía mixta y por los adjudicatarios de contratos de concesión de obra pública o de colaboración entre el sector público y el sector privado a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo anterior.
El límite anual de avales se entenderá referido al principal de las operaciones avaladas. El aval concedido no podrá garantizar más que el pago del principal y de los intereses, salvo que la Ley de Presupuestos o de concesión dispongan expresamente otra cosa.
2. La autorización del Consejo de Ministros citada en el apartado 1 anterior podrá referirse específicamente a cada operación o comprender varias de ellas, con determinación, en todo caso, de la identidad de los avalados, del plazo dentro del cual deberán ser otorgados los avales, y de su importe máximo individual o global.
Datos clave
- El importe total de los avales del artículo 114.2 no puede exceder del límite que cada ejercicio señale la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que especifica el máximo destinable a sociedades de economía mixta y adjudicatarios de concesión de obra pública o colaboración público-privada.
- El límite anual se refiere al principal de las operaciones avaladas; el aval solo garantiza el pago del principal y de los intereses, salvo disposición expresa de la Ley de Presupuestos o de concesión.
- La autorización del Consejo de Ministros puede referirse a cada operación o comprender varias, determinando la identidad de los avalados, el plazo dentro del cual deben otorgarse los avales y su importe máximo individual o global.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los avales que autoriza el Consejo de Ministros tienen un techo anual fijado en la Ley de Presupuestos, referido al principal, y solo cubren principal e intereses salvo disposición expresa.
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Artículo 116. Formalización de los avales.
El artículo 116 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Formalización de los avales», establece lo siguiente.
El otorgamiento de avales de la Administración General del Estado deberá ser acordada, en su caso, por el Ministro de Economía quien, sin perjuicio de los límites que puedan haberse establecido en la preceptiva autorización del Consejo de Ministros o de la correspondiente ley, podrá convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros.
En particular, podrá acordar:
a) La renuncia al beneficio de excusión que establece el artículo 1830 del Código Civil.
b) Excepcionalmente, en los avales que garanticen operaciones de crédito exterior, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.
Los avales se presumirán otorgados con carácter subsidiario, salvo que al concederse se hubiera dispuesto expresamente otra cosa.
Datos clave
- El otorgamiento de avales debe acordarlo, en su caso, el Ministro de Economía, que puede convenir las cláusulas usuales en los mercados financieros sin perjuicio de los límites de la autorización del Consejo de Ministros o de la ley.
- En particular, puede acordar la renuncia al beneficio de excusión del artículo 1830 del Código Civil.
- Excepcionalmente, en avales que garanticen operaciones de crédito exterior, puede acordar el arbitraje o la remisión a legislación o tribunales extranjeros, observando el artículo 23.
- Los avales se presumen otorgados con carácter subsidiario, salvo disposición expresa en contrario al concederse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Formaliza el aval el Ministro de Economía, que puede pactar cláusulas usuales de los mercados financieros; el aval se presume subsidiario salvo que se diga otra cosa al concederlo.
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Artículo 116 bis. Cobranza de cantidades.
El artículo 116 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Cobranza de cantidades», establece lo siguiente.
La cobranza de las cantidades a que la Administración General del Estado tenga derecho como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval como de su ejecución, se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de esta Ley.
Datos clave
- La cobranza de las cantidades a que la Administración General del Estado tenga derecho por el otorgamiento de un aval o por su ejecución se efectúa conforme al artículo 10.1 de la Ley.
- La regla cubre tanto el otorgamiento del aval como su ejecución.
- La remisión es al artículo 10.1 de la propia Ley General Presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo que la Administración General del Estado tenga derecho a cobrar por un aval, tanto por otorgarlo como por ejecutarlo, se cobra conforme al artículo 10.1 de la misma ley.
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Artículo 117. Devengo de comisión.
El artículo 117 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Devengo de comisión», establece lo siguiente.
Los avales otorgados por la Administración General del Estado devengarán a favor de la misma la comisión que, en su caso, se hubiera determinado.
Datos clave
- Los avales otorgados por la Administración General del Estado devengan a favor de la misma la comisión que, en su caso, se hubiera determinado.
- La comisión solo se devenga si se ha determinado («en su caso»).
- El beneficiario de la comisión es la Administración General del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los avales de la Administración General del Estado devengan a su favor una comisión, pero solo la que en su caso se haya determinado.
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Artículo 118. Limitación de riesgos.
El artículo 118 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Limitación de riesgos», establece lo siguiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el título habilitante para su otorgamiento, el Ministro de Economía podrá establecer mecanismos para limitar el riesgo de ejecución de los avales otorgados por la Administración General del Estado.
Datos clave
- El Ministro de Economía puede establecer mecanismos para limitar el riesgo de ejecución de los avales otorgados por la Administración General del Estado.
- Lo hace sin perjuicio de lo dispuesto en el título habilitante para su otorgamiento.
- El órgano competente para establecer estos mecanismos es el Ministro de Economía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministro de Economía puede poner mecanismos para limitar el riesgo de que se ejecuten los avales del Estado, sin perjuicio de lo que diga el título que los habilitó.
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Artículo 119. Principios generales.
1. Las entidades integrantes del sector público estatal deberán aplicar los principios contables que correspondan según lo establecido en este capítulo, tanto para reflejar toda clase de operaciones, costes y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información con trascendencia económica.
2. La contabilidad del sector público estatal se configura como un sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo.
3. Las entidades integrantes del sector público estatal quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con los criterios recogidos en el capítulo IV de este título.
Datos clave
- Las entidades del sector público estatal aplican los principios contables que correspondan.
- La contabilidad del sector público estatal es un sistema de información económico-financiera y presupuestaria.
- Su objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.
- Las entidades deben rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas.
- La rendición se hace por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sector público estatal aplica sus principios contables; su contabilidad es un sistema de información que muestra la imagen fiel, y todas sus entidades rinden cuentas al Tribunal de Cuentas a través de la IGAE.
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Artículo 120. Fines de la contabilidad del sector público estatal.
La contabilidad del sector público estatal debe permitir el cumplimiento de los siguientes fines de gestión, de control y de análisis e información:
1. Mostrar la ejecución de los presupuestos, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios, y proporcionar información para el seguimiento de los objetivos previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
2. Poner de manifiesto la composición y situación del patrimonio así como sus variaciones, y determinar los resultados desde el punto de vista económico patrimonial.
3. Suministrar información para la determinación de los costes de los servicios públicos.
4. Proporcionar información para la elaboración de todo tipo de cuentas, estados y documentos que hayan de rendirse o remitirse al Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
5. Suministrar información para la elaboración de las cuentas económicas de las Administraciones públicas, sociedades no financieras públicas e instituciones financieras públicas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
6. Proporcionar información para el ejercicio de los controles de legalidad, financiero, de economía, eficiencia y eficacia.
7. Suministrar información para posibilitar el análisis de los efectos económicos y financieros de la actividad de los entes públicos.
8. Suministrar información económica y financiera útil para la toma de decisiones.
9. Suministrar información útil para otros destinatarios.
Datos clave
- La contabilidad pública estatal persigue fines de gestión, de control y de análisis e información.
- Mostrar la ejecución de los presupuestos y los resultados presupuestarios.
- Poner de manifiesto la composición y situación del patrimonio y determinar los resultados económico patrimoniales.
- Suministrar información para determinar los costes de los servicios públicos.
- Proporcionar información para las cuentas que se rinden al Tribunal de Cuentas y demás órganos de control.
- Elaborar las cuentas económicas públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
- Proporcionar información para los controles de legalidad, financiero, de economía, eficiencia y eficacia, y para la toma de decisiones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Nueve fines de la contabilidad pública estatal: ejecución presupuestaria, patrimonio, costes, cuentas para el Tribunal de Cuentas, contabilidad nacional, controles, análisis económico, decisiones y otros destinatarios.
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Artículo 121. Aplicación de los principios contables.
1. La contabilidad de las entidades integrantes del sector público estatal se desarrollará aplicando los principios contables que correspondan conforme a los criterios indicados en los siguientes apartados.
2. Deberán aplicar los principios contables públicos previstos en el artículo siguiente, así como el desarrollo de los principios y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo las entidades que integran el sector público administrativo.
3. Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, las entidades que integran el sector público empresarial.
4. Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, las fundaciones del sector público estatal que integran el sector público fundacional.
Datos clave
- Sector público administrativo: principios contables públicos y Plan General de Contabilidad Pública.
- Sector público empresarial: Código de Comercio y Plan General de Contabilidad de la empresa española.
- Sector público fundacional: adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
- Cada entidad aplica los principios contables que correspondan según los criterios del artículo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada parte del sector público estatal aplica sus principios contables: el administrativo, los públicos y el PGCP; el empresarial, Código de Comercio y PGC de la empresa; el fundacional, la adaptación a entidades sin fines lucrativos.
Esquema
| Sector | Normas contables | |
|---|---|---|
| Administrativo | Sector público administrativo | Principios contables públicos y Plan General de Contabilidad Pública |
| Empresarial | Sector público empresarial | Código de Comercio y PGC de la empresa española |
| Fundacional | Fundaciones del sector público estatal | Adaptación del PGC a entidades sin fines lucrativos |
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Artículo 122. Principios contables públicos.
El artículo 122 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Principios contables públicos» y dispone lo siguiente.
1. Las entidades previstas en el apartado 2 del artículo anterior deberán aplicar los siguientes principios contables de carácter económico-patrimonial.
a) Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
b) El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos debe realizarse, desde el punto de vista económico- patrimonial, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.
c) No se variarán los criterios contables de un ejercicio a otro.
d) Se deberá de mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren.
e) No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo, ni las de gastos e ingresos que integran las cuentas anuales y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.
f) La aplicación de estos principios deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar, siempre que no se vulnere una norma de obligado cumplimiento.
2. Los elementos de las cuentas anuales figurarán de acuerdo con los criterios y normas de valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública.
3. La imputación de las transacciones o hechos contables debe efectuarse, desde el punto de vista económico-patrimonial, a activos, pasivos, gastos o ingresos de acuerdo con las reglas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública. Además aquellas operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos, se registrarán, desde el punto de vista presupuestario, de acuerdo con las reglas previstas en el título II de esta Ley.
4. En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la entidad.
5. Cuando la aplicación de estos principios contables no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, deberá suministrarse en la memoria de las cuentas anuales la información complementaria precisa para alcanzar dicho objetivo.
6. En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un principio contable sea incompatible con la imagen fiel que deben mostrar las cuentas anuales, se considerará improcedente dicha aplicación, lo cual se mencionará en la memoria de las cuentas anuales, explicando su motivación e indicando su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados económico-patrimoniales de la entidad.
Datos clave
- Se presume, salvo prueba en contrario, que la actividad de la entidad continúa por tiempo indefinido.
- El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos se hace en función de la corriente real de bienes y servicios.
- No se varían los criterios contables de un ejercicio a otro.
- Se mantiene cierto grado de precaución para que activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren.
- No pueden compensarse partidas del activo y del pasivo ni de gastos e ingresos.
- La aplicación de los principios se rige por la importancia en términos relativos.
- En caso de conflicto prevalece el principio que mejor conduzca a la imagen fiel.
- Si un principio es incompatible con la imagen fiel, su aplicación es improcedente y se explica en la memoria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis principios contables económico-patrimoniales para el sector público estatal, con la imagen fiel como criterio que prevalece en los conflictos y que puede llevar a no aplicar un principio.
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Artículo 123. Destinatarios de la información contable.
El artículo 123 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Destinatarios de la información contable», establece lo siguiente.
La información que suministre la contabilidad de las entidades del sector público estatal estará dirigida a sus órganos de dirección y gestión, a los de representación política y a los de control externo e interno, a los organismos internacionales, en los términos y con los límites previstos reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136.
Datos clave
- La información de la contabilidad de las entidades del sector público estatal se dirige a sus órganos de dirección y gestión, a los de representación política y a los de control externo e interno.
- También se dirige a los organismos internacionales, en los términos y con los límites previstos reglamentariamente.
- Todo ello es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La información contable del sector público estatal se dirige a gestores, a los órganos de representación política, a los de control externo e interno y a organismos internacionales.
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Artículo 124. Competencias del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El artículo 124 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Competencias del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas», establece lo siguiente.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado:
a) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública y las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público en los que se recogerán y desarrollarán los principios contables públicos.
b) Determinar los criterios generales de registro de datos, presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse al Tribunal de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas regulando, a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
c) Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la Cuenta General del Estado.
d) Establecer la rendición de cuentas anuales consolidadas, respecto de las entidades del sector público estatal.
e) Determinar el contenido del informe previsto en el apartado 3 del artículo 129 de esta Ley.
Datos clave
- Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, aprobar el Plan General de Contabilidad Pública y las normas para formular cuentas anuales consolidadas.
- Determina los criterios generales de registro de datos, presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse al Tribunal de Cuentas y los procedimientos de remisión, regulando el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
- Determina el contenido, estructura, normas de elaboración y criterios de consolidación de la Cuenta General del Estado.
- Establece la rendición de cuentas anuales consolidadas de las entidades del sector público estatal.
- Determina el contenido del informe previsto en el apartado 3 del artículo 129.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre a propuesta de la IGAE, aprueba el Plan General de Contabilidad Pública y fija las reglas de las cuentas y de la Cuenta General del Estado.
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Artículo 125. Competencias de la Intervención General de la Administración del Estado.
1. La Intervención General de la Administración del Estado es el centro directivo de la contabilidad pública, al que compete:
a) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable atribuida al Ministro de Hacienda por esta ley y proponer a éste la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública.
b) Aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española.
c) Determinar las cuentas anuales y demás documentación que las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social deben rendir al Tribunal de Cuentas.
d) Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas.
e) Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público estatal que deban aplicar los principios contables públicos.
f) Establecer los principios y criterios generales a los que debe responder el seguimiento de objetivos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado en las entidades del sector público estatal.
g) Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos.
h) Establecer los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos, relativos al sistema de información contable, que deberán aplicar las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos.
i) Determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado, por las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos.
j) Establecer los criterios, procedimientos y excepciones para la centralización en la Intervención General de la Administración del Estado de las bases de datos de su sistema de información contable de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos.
k) Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley.
2. La Intervención General de la Administración del Estado es el centro gestor de la contabilidad pública, al que compete:
a) Gestionar la contabilidad de la Administración General del Estado.
b) Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público estatal.
c) Recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas.
d) Formar la Cuenta General del Estado.
e) Vigilar e impulsar la organización de las oficinas de contabilidad existentes en todos los departamentos ministeriales y organismos públicos en que el servicio así lo aconseje, y que estarán a cargo de los funcionarios que legalmente tienen atribuido este cometido.
f) Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen por las entidades que por su conducto deban rendir cuentas al Tribunal de Cuentas.
Asimismo, se podrá tener acceso directo a las bases de los sistemas de información contable de dichas entidades.
g) Elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las Administraciones públicas, de acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
h) Elaborar el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
i) Elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el subsector de las sociedades públicas no financieras y de las instituciones financieras públicas y de acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
j) Diseñar los mecanismos y realizar las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confidencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable.
3. Las funciones directivas y gestoras de la contabilidad pública en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social serán ejercidas por la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social, a la que corresponderá:
a) Dirigir la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y gestionar la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
b) Elaborar la adaptación del Plan General de la Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social y someterlo para su aprobación a la Intervención General de la Administración del Estado.
c) Aprobar la normativa de desarrollo de dicha adaptación al Plan Contable y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española, cuando las mismas tengan la consideración de Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
d) Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que deban aplicar los principios contables públicos, criterios de funcionamiento de sus oficinas contables, modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas.
e) Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
f) Actuar como central contable del Sistema de la Seguridad Social, centralizando la información contable de las distintas entidades integrantes de dicho Sistema, a cuyos efectos le corresponde determinar la información que las entidades habrán de remitir a la misma, así como su periodicidad y procedimientos de comunicación.
g) Recabar la presentación de las cuentas y demás documentos que hayan de rendir las entidades integrantes del sistema de Seguridad Social al Tribunal de Cuentas.
h) Examinar las cuentas que hayan de rendirse para fiscalización por el Tribunal de Cuentas, formulando, en su caso, las observaciones que considere oportunas.
i) Formar la Cuenta General de la Seguridad Social, para su remisión al Tribunal de Cuentas en igual plazo que el establecido para la Cuenta General del Estado, a cuyos efectos podrá recabar de las entidades la información que considere necesaria para efectuar el proceso de agregación o consolidación contable. La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Seguridad Social pueda formar la Cuenta del Sistema de la Seguridad Social con las cuentas recibidas.
j) Elaborar la documentación estadístico-contable de carácter oficial del Sistema de la Seguridad Social.
k) La administración del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, determinando los criterios por los que el mismo ha de regirse.
l) Establecer los requerimientos funcionales y los procedimientos informáticos relativos al sistema de información contable que deberán aplicar las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social distintas de las entidades gestoras y servicios comunes de la misma, que permita la integración de sus bases de datos contables en el sistema de información contable de la Seguridad Social.
m) Cualesquiera otras funciones relativas a la dirección de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social y a la gestión de la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las que específicamente pueda asignarle la Intervención General de la Administración del Estado.
Datos clave
- La Intervención General de la Administración del Estado es el centro directivo y el centro gestor de la contabilidad pública.
- Como centro directivo propone al Ministro de Hacienda la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública y aprueba su normativa de desarrollo.
- Aprueba las instrucciones de contabilidad y establece los principios básicos de la contabilidad analítica.
- Como centro gestor gestiona la contabilidad de la Administración General del Estado y centraliza la información contable del sector público estatal.
- Forma la Cuenta General del Estado y recaba las cuentas que deban rendirse al Tribunal de Cuentas.
- Elabora el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
- En la Seguridad Social actúa a través de la Intervención General de la Seguridad Social, que forma la Cuenta General de la Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE es el centro directivo y gestor de la contabilidad pública: propone y desarrolla el Plan General de Contabilidad Pública, gestiona la contabilidad de la AGE, centraliza la información contable del sector público estatal y forma la Cuenta General del Estado; en la Seguridad Social ejerce estas funciones a través de la Intervención General de la Seguridad Social.
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Artículo 126. Sistemas adicionales de control de objetivos.
El artículo 126 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Sistemas adicionales de control de objetivos», establece lo siguiente.
1. El sistema de información contable de las entidades del sector público estatal que deban aplicar los principios contables públicos comprenderá el seguimiento de los objetivos propuestos por los centros gestores, aprobados en los Presupuestos Generales del Estado.
2. Los centros gestores podrán diseñar e implantar sistemas adicionales de seguimiento de los objetivos indicados en el apartado anterior.
Datos clave
- El sistema de información contable de las entidades que deban aplicar los principios contables públicos comprende el seguimiento de los objetivos propuestos por los centros gestores y aprobados en los Presupuestos Generales del Estado.
- Los centros gestores pueden diseñar e implantar sistemas adicionales de seguimiento de esos objetivos.
- El seguimiento de objetivos es parte del sistema de información contable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La contabilidad pública no solo registra cifras: también sigue los objetivos de los centros gestores aprobados en los Presupuestos, y estos pueden montar sus propios sistemas adicionales.
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Artículo 127. Formulación de las cuentas anuales.
El artículo 127 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Formulación de las cuentas anuales», establece lo siguiente.
Todas las entidades del sector público estatal deberán formular sus cuentas anuales, de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación, en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico, poniéndolas a disposición de los auditores que corresponda según lo previsto en los artículos 163 y 168 de esta ley.
Datos clave
- Todas las entidades del sector público estatal deben formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación.
- El plazo máximo de formulación es de tres meses desde el cierre del ejercicio económico.
- Las cuentas se ponen a disposición de los auditores que corresponda según los artículos 163 y 168.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todas las entidades del sector público estatal formulan sus cuentas anuales en un máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio y las ponen a disposición de sus auditores.
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Artículo 128. Contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos.
El artículo 128 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos», establece lo siguiente.
1. Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos comprenderán: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Estos documentos forman una unidad.
2. El balance comprenderá, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad.
3. La cuenta del resultado económico-patrimonial recogerá el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo.
4. El estado de cambios en el patrimonio neto informará de todas las variaciones habidas en el patrimonio neto, de los ingresos y gastos totales reconocidos y de las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias.
5. El estado de flujos de efectivo informará sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes e indicará la variación neta de las mismas en el ejercicio.
6. El estado de liquidación del presupuesto comprenderá, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario.
7. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.
En particular, la memoria informará del remanente de tesorería de la entidad obtenido a partir de las obligaciones reconocidas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos existentes a 31 de diciembre, debiendo tener en cuenta en su cálculo los posibles recursos afectados a la financiación de gastos concretos y los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
Asimismo, en la memoria se incluirá el balance de resultados y el informe de gestión a los que se refiere el artículo 71 de esta ley, en los que se informará del grado de realización de los objetivos, los costes en los que se ha incurrido y las desviaciones físicas y financieras que, en su caso, se hubieran producido.
8. El Ministro de Economía y Hacienda determinará el contenido y estructura de los documentos anteriores.
Datos clave
- Las cuentas anuales de las entidades que aplican los principios contables públicos comprenden el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria; estos documentos forman una unidad.
- El balance comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto.
- La cuenta del resultado económico-patrimonial recoge el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando ingresos y gastos imputables.
- El estado de liquidación del presupuesto comprende la liquidación del Presupuesto de gastos y de ingresos y el resultado presupuestario.
- La memoria completa, amplía y comenta los demás documentos; informa del remanente de tesorería e incluye el balance de resultados y el informe de gestión del artículo 71.
- El Ministro de Economía y Hacienda determina el contenido y estructura de los documentos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Seis documentos forman una unidad en las cuentas de las entidades con contabilidad pública: balance, resultado económico-patrimonial, cambios en el patrimonio neto, flujos de efectivo, liquidación del presupuesto y memoria.
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Artículo 129. Contenido de las cuentas anuales del resto de entidades del sector público estatal.
El artículo 129 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Contenido de las cuentas anuales del resto de entidades del sector público estatal», establece lo siguiente.
1. Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, serán las previstas en dicho plan.
Estas entidades deberán incluir en sus cuentas anuales la propuesta de distribución del resultado del ejercicio, cuya aprobación se efectuará posteriormente por el órgano competente.
2. Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación al Plan General de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos serán las previstas en dicha norma.
3. Las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, el resto de entes del sector público estatal sometidos a los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la empresa española y las fundaciones del sector público estatal presentarán, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público.
Datos clave
- Las entidades que aplican el Plan General de Contabilidad de la empresa española presentan las cuentas previstas en dicho plan e incluyen la propuesta de distribución del resultado del ejercicio, cuya aprobación se efectúa posteriormente por el órgano competente.
- Las entidades que aplican la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos presentan las cuentas previstas en dicha norma.
- Sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales, el resto de entes sometidos al Plan General de Contabilidad de la empresa española y fundaciones del sector público estatal presentan, junto con las cuentas anuales, un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones económico-financieras derivadas de su pertenencia al sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades estatales que no llevan contabilidad pública presentan las cuentas de su plan (empresa española o entidades sin fines lucrativos), y las empresariales y fundaciones añaden un informe económico-financiero.
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Artículo 130. Contenido de la Cuenta General del Estado.
El artículo 130 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Contenido de la Cuenta General del Estado» y dispone lo siguiente.
1. La Cuenta General del Estado se formará mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal y comprenderá el balance consolidado, la cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de liquidación del presupuesto consolidado y la memoria consolidada.
La Cuenta General del Estado deberá suministrar información sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal.
A la Cuenta General del Estado se acompañarán las cuentas de gestión de tributos cedidos a las comunidades autónomas conforme a lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
2. A los efectos de obtener las cuentas consolidadas, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá determinar la integración de las cuentas anuales de las entidades controladas, directa o indirectamente, por la Administración General del Estado que no forman parte del sector público estatal, las de las entidades multigrupo y las de las entidades asociadas.
En este caso, dichas entidades deberán remitir a la Intervención General de la Administración del Estado sus cuentas anuales aprobadas acompañadas, en su caso, del informe de auditoría dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior se entiende por control el poder de dirigir las políticas financieras y la actividad de otra entidad con la finalidad de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio.
Las entidades multigrupo son entidades no controladas por la Administración General del Estado, gestionadas por dicha Administración General u otra entidad controlada por ella, que participan en su capital social o patrimonio, conjuntamente con otra u otras entidades.
Las entidades asociadas son entidades no controladas por la Administración General del Estado, en las que dicha Administración General u otra entidad controlada por ella ejercen una influencia significativa por tener una participación en su capital social o patrimonio que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.
Datos clave
- La Cuenta General del Estado se forma consolidando las cuentas anuales de las entidades del sector público estatal.
- Comprende el balance consolidado, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, todos consolidados.
- Informa sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto.
- Se acompañan las cuentas de gestión de tributos cedidos a las comunidades autónomas.
- Las entidades controladas, multigrupo y asociadas integradas remiten sus cuentas a la IGAE dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio.
- Control es el poder de dirigir las políticas financieras y la actividad de otra entidad para obtener rendimientos económicos o potencial de servicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Cuenta General del Estado consolida las cuentas del sector público estatal en seis estados y puede integrar entidades controladas, multigrupo y asociadas, que remiten sus cuentas a la IGAE en siete meses.
Esquema
| Multigrupo | Asociada | |
|---|---|---|
| ¿Controlada por la AGE? | No | No |
| Rasgo | Gestionada conjuntamente con otra u otras entidades | Influencia significativa por una participación con vinculación duradera |
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Artículo 131. Formación y remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas.
El artículo 131 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lleva por rúbrica «Formación y remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas» y dispone lo siguiente.
1. La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
2. La Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar de las distintas entidades la información que considere necesaria para efectuar los procesos de consolidación contable.
3. La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Administración del Estado pueda formar la Cuenta General del Estado con las cuentas recibidas.
4. Se podrán consolidar las cuentas de una entidad aunque en el preceptivo informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión, emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se harán constar en la memoria explicativa de dicha Cuenta General.
Datos clave
- La Cuenta General del Estado la forma la Intervención General de la Administración del Estado.
- Se eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
- La IGAE puede recabar de las entidades la información necesaria para la consolidación contable.
- La falta de remisión de cuentas no impide formar la Cuenta General con las cuentas recibidas.
- Pueden consolidarse cuentas con informe de auditoría denegado, desfavorable o con salvedades, haciéndolo constar en la memoria explicativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE forma la Cuenta General del Estado y el Gobierno la remite al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente; ni la falta de cuentas ni una auditoría negativa lo impiden.
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Artículo 132. Examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
El artículo 132 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Examen y comprobación de la Cuenta General del Estado», establece lo siguiente.
El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que las haya recibido. El Pleno, oído el Fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.
Datos clave
- El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, examina y comprueba la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses desde la fecha en que la haya recibido.
- El Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las Cámaras con la oportuna propuesta.
- Se da traslado al Gobierno de la declaración definitiva.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Cuentas, por delegación de las Cortes Generales, examina la Cuenta General en seis meses; su Pleno, oído el Fiscal, dicta la declaración definitiva para las Cámaras.
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Artículo 133. Las cuentas económicas del sector público.
El artículo 133 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Las cuentas económicas del sector público», establece lo siguiente.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos g), h) e i) del apartado 2 del artículo 125, las unidades públicas estarán obligadas a proporcionar la colaboración e información necesaria para la elaboración de las cuentas Económicas del sector público y cuanta información, en el ámbito de la contabilidad nacional de las unidades públicas, sea fijada por la normativa interna y comunitaria.
Las comunidades autónomas suministrarán la información necesaria para la medición del grado de realización del objetivo de estabilidad presupuestaria con arreglo al procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Las corporaciones locales suministrarán la información necesaria para la medición del grado de realización del objetivo de estabilidad presupuestaria con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Datos clave
- Las unidades públicas están obligadas a proporcionar la colaboración e información necesaria para elaborar las cuentas económicas del sector público y la información de contabilidad nacional fijada por la normativa interna y comunitaria.
- Las comunidades autónomas suministran la información para medir el grado de realización del objetivo de estabilidad presupuestaria conforme a la Ley Orgánica 5/2001.
- Las corporaciones locales suministran la información para esa medición con arreglo al procedimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las unidades públicas deben colaborar con la información para las cuentas económicas del sector público, y comunidades autónomas y corporaciones locales informan sobre el objetivo de estabilidad.
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Artículo 134. Seguimiento de la situación de desequilibrio financiero.
El artículo 134 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Seguimiento de la situación de desequilibrio financiero», establece lo siguiente.
La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de las competencias de centralización de la información contable previstas en esta ley, realizará el seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero de las entidades integrantes del sector público estatal a las que resulte de aplicación, así como de los planes de saneamiento derivados de su incumplimiento.
Datos clave
- La Intervención General de la Administración del Estado realiza el seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero de las entidades integrantes del sector público estatal a las que resulte de aplicación.
- Realiza también el seguimiento de los planes de saneamiento derivados de su incumplimiento.
- Lo hace en ejercicio de sus competencias de centralización de la información contable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE, como centralizadora de la información contable, sigue el cumplimiento del equilibrio financiero de las entidades del sector público estatal y sus planes de saneamiento.
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Artículo 135. Información a remitir a las Cortes Generales.
El artículo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Información a remitir a las Cortes Generales», establece lo siguiente.
Sin perjuicio de la facultad de las Cortes Generales de solicitar del Gobierno la información que estimen oportuna, la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad mensual, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina presupuestaria, información sobre la ejecución de los presupuestos. Con la misma periodicidad, procedimiento y destinatario, la Intervención General de la Seguridad Social remitirá información sobre la ejecución de los presupuestos de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Asimismo, la Intervención General de la Administración del Estado, con periodicidad semestral, pondrá a disposición de las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal.
Datos clave
- La Intervención General de la Administración del Estado pone a disposición de las Cortes Generales, con periodicidad mensual y a través de su Oficina presupuestaria, información sobre la ejecución de los presupuestos.
- Con la misma periodicidad, la Intervención General de la Seguridad Social remite información sobre la ejecución de los presupuestos de las entidades del sistema de la Seguridad Social.
- Con periodicidad semestral, la Intervención General de la Administración del Estado pone a disposición información regionalizada sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Cortes Generales reciben cada mes, por su Oficina presupuestaria, la ejecución de los presupuestos (IGAE y, para la Seguridad Social, su Intervención General) y cada semestre la inversión real regionalizada.
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Artículo 136. Información a publicar por las entidades del sector público estatal.
El artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Información a publicar por las entidades del sector público estatal», establece lo siguiente.
1. La Intervención General de la Administración del Estado publicará, con periodicidad mensual, en el Boletín Oficial del Estado información relativa a las operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificaciones, y operaciones de tesorería, y de las demás que se consideren de interés general.
2. La Intervención General de la Administración del Estado publicará anualmente en el portal de la Administración presupuestaria, dentro del canal "Registro de cuentas anuales del sector público", la siguiente información contable:
a) La Cuenta General del Estado.
b) La Cuenta de la Administración General del Estado.
c) Las cuentas anuales de las restantes entidades del sector público estatal y el informe de auditoría de cuentas emitido en cumplimiento de las normas que resulten de aplicación o en ejecución del plan anual de auditorías regulado en el artículo 165 de esta Ley.
Cuando las entidades anteriores formulen cuentas anuales consolidadas, se publicarán también las cuentas anuales consolidadas y el informe de auditoría de cuentas emitido de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior.
3. Adicionalmente, la Intervención General de la Administración del Estado publicará el día 31 de julio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ la referencia al “Registro de cuentas anuales del sector público” donde se publicarán la Cuenta General del Estado, la Cuenta de la Administración General del Estado y las cuentas anuales de las restantes entidades del sector público estatal y su correspondiente informe de auditoría de cuentas.
4. La Intervención General de la Administración del Estado elaborará, antes del envío de la Cuenta de la Administración General del Estado al Tribunal de Cuentas, un informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria resultado, fundamentalmente, de las actuaciones de control reguladas en el párrafo g) del apartado 1 del artículo 159 de esta Ley. La Intervención General de la Administración del Estado publicará anualmente dicho informe en el portal de la Administración presupuestaria dentro del canal “Registro de cuentas anuales del sector público.
Datos clave
- La Intervención General de la Administración del Estado publica mensualmente en el «Boletín Oficial del Estado» información sobre la ejecución del presupuesto del Estado y sus modificaciones y operaciones de tesorería.
- Publica anualmente en el portal de la Administración presupuestaria, canal «Registro de cuentas anuales del sector público», la Cuenta General del Estado, la Cuenta de la Administración General del Estado y las cuentas anuales de las restantes entidades con su informe de auditoría.
- El día 31 de julio publica en el «Boletín Oficial del Estado» la referencia al «Registro de cuentas anuales del sector público».
- Antes del envío de la Cuenta de la Administración General del Estado al Tribunal de Cuentas, elabora un informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria, que publica anualmente en el portal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE publica cada mes en el BOE la ejecución presupuestaria y cada año, en el canal «Registro de cuentas anuales del sector público», las cuentas y auditorías del sector público estatal.
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Artículo 137. Obligación de rendir cuentas.
El artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Obligación de rendir cuentas», establece lo siguiente.
Las entidades integrantes del sector público estatal rendirán al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, la información contable regulada en la sección 1.ª del capítulo III de este título.
Datos clave
- Las entidades integrantes del sector público estatal rinden al Tribunal de Cuentas la información contable regulada en la sección 1.ª del capítulo III de este título.
- La rendición se hace por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado.
- El destinatario de la rendición es el Tribunal de Cuentas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las entidades del sector público estatal rinden su información contable al Tribunal de Cuentas, pero no directamente: lo hacen por conducto de la IGAE.
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Artículo 138. Cuentadantes.
El artículo 138 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Cuentadantes», establece lo siguiente.
1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y, en todo caso:
a) Las autoridades y los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de gastos, así como las demás operaciones de la Administración General del Estado.
b) Los titulares de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como los Presidentes de las Juntas Directivas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y de los órganos equivalentes de sus Entidades y Centros Mancomunados.
c) Los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales y demás entidades del sector público estatal.
d) Los presidentes del consejo de administración de las sociedades mercantiles estatales.
e) Los liquidadores de las sociedades mercantiles estatales en proceso de liquidación o los órganos equivalentes que tengan atribuidas las funciones de liquidación en el caso de otras entidades.
f) Los presidentes del patronato, o quienes tengan atribuidas funciones ejecutivas en las fundaciones del sector público estatal.
2. Los cuentadantes mencionados en el apartado anterior son responsables de la información contable y les corresponde rendir, en los plazos fijados al efecto y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al Tribunal de Cuentas.
La responsabilidad de suministrar información veraz en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad contable regulada en el título VII de esta Ley, en la que incurren quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.
3. También deberán rendir cuentas, en la forma que reglamentariamente se establezca, los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores del Estado, sin perjuicio de que sean intervenidas las respectivas operaciones.
4. Si una entidad deja de formar parte del sector público estatal, tendrá obligación de rendir cuentas por el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio hasta dicho momento. A tal efecto, deberá elaborar unos estados financieros específicos correspondientes al citado periodo, aplicando los mismos criterios contables que los que debe seguir para la elaboración de sus cuentas anuales y con el mismo contenido que estas.
La obligación de rendición de dichos estados financieros específicos corresponderá al que ostente el cargo de presidente del consejo de administración de la sociedad mercantil ,presidente del patronato de la fundación o presidente o director del consorcio o entidad, a la fecha en la que se produzca la citada rendición.
En cuanto al procedimiento a seguir para la formulación y rendición de dichos estados financieros específicos, será aplicable lo establecido en los artículos 127 y 139 de esta ley.
De la obligación anterior quedarán exceptuadas las sociedades mercantiles y los consorcios que, una vez que dejan de formar parte del sector público estatal, pasan a ser sociedades mercantiles o consorcios de los previstos en el último párrafo de la disposición adicional novena de esta ley.
5. Si una entidad del sector público estatal se disuelve iniciándose un proceso de liquidación, la entidad tendrá la obligación de rendir las correspondientes cuentas anuales hasta el final del año natural en el que se ha producido su disolución o hasta que finalice el proceso de liquidación, si este momento fuese anterior. Posteriormente, durante el proceso de liquidación la entidad deberá rendir las correspondientes cuentas anuales.
Cuando la normativa reguladora de estas entidades establezca la obligación de elaborar estados financieros específicos, se efectuará la rendición de dichos estados.
6. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, regulará el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación, teniendo en cuenta si dichas modificaciones estructurales afectan a entidades dentro del mismo sector público administrativo, empresarial o fundacional o no, así como la normativa aplicable a cada sector.
Con carácter general, la obligación de rendición de las cuentas anuales de la entidad extinguida corresponderá al presidente o director de la entidad absorbente en la fecha de la citada rendición.
Si la entidad absorbente fuera la Administración General del Estado, el cuentadante será el titular del órgano que asuma la gestión de la mayor parte de bienes, derechos y obligaciones de la entidad extinguida en la fecha de la citada rendición.
Si los bienes, derechos y obligaciones de la entidad extinguida se integran en varias entidades, el cuentadante será el de la entidad absorbente que reciba la mayor parte de los bienes, derechos y obligaciones de la entidad extinguida, en la fecha de la citada rendición. Si dicha entidad absorbente fuera la Administración General del Estado, el cuentadante será el titular del órgano que asuma la gestión de la mayor parte de los bienes, derechos y obligaciones de la entidad extinguida en la fecha de la citada rendición.
7. En cuanto al procedimiento a seguir para la formulación y rendición de cuentas en los casos establecidos en los apartados 4, 5 y 6 anteriores, será aplicable lo establecido en los artículos 127 y 139 de esta ley.
Datos clave
- Son cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, entre ellos autoridades y funcionarios que gestionen ingresos y gastos de la Administración General del Estado, titulares de Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, presidentes o directores de organismos autónomos y entidades públicas empresariales, presidentes del consejo de administración de sociedades mercantiles estatales, liquidadores y presidentes del patronato de fundaciones del sector público estatal.
- Los cuentadantes son responsables de la información contable y rinden, en plazo y debidamente autorizadas, las cuentas que han de enviarse al Tribunal de Cuentas.
- La responsabilidad de suministrar información veraz es independiente de la responsabilidad contable del título VII.
- También rinden cuentas los particulares que excepcionalmente administren, recauden o custodien fondos o valores del Estado.
- Si una entidad deja de formar parte del sector público estatal debe rendir cuentas por el periodo desde el inicio del ejercicio hasta ese momento; si se disuelve e inicia liquidación, rinde cuentas anuales hasta el final del año natural de la disolución o hasta que finalice la liquidación, si es anterior.
- En la extinción sin liquidación, la rendición corresponde con carácter general al presidente o director de la entidad absorbente; si es la Administración General del Estado, al titular del órgano que asuma la gestión de la mayor parte de bienes, derechos y obligaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los cuentadantes son los titulares de las entidades obligadas a rendir y responden de la información contable; el artículo fija quién rinde cuando la entidad sale del sector público, se liquida o se extingue.
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Artículo 139. Procedimiento de rendición de cuentas.
El artículo 139 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Procedimiento de rendición de cuentas», establece lo siguiente.
1. En cumplimiento de su obligación de rendir cuentas, los cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales aprobadas a la Intervención General de la Administración del Estado, acompañadas del informe de auditoría que corresponda, en aplicación de los artículos 163 y 168 de esta ley o del, en su caso, impuesto por la normativa mercantil, en el caso de sociedades mercantiles estatales, dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tratándose de dichas sociedades deberá acompañarse, además, el informe de gestión y el informe previsto en el artículo 129 de esta ley. En el caso de fundaciones del sector público estatal deberá acompañarse este último informe.
2. La Intervención General de la Administración del Estado remitirá al Tribunal de Cuentas la documentación indicada en el apartado anterior en el plazo de un mes desde que la hubiera recibido.
Datos clave
- Los cuentadantes remiten sus cuentas anuales aprobadas a la Intervención General de la Administración del Estado, con el informe de auditoría que corresponda, dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
- Las sociedades mercantiles estatales acompañan además el informe de gestión y el informe del artículo 129; las fundaciones del sector público estatal, este último informe.
- La Intervención General remite al Tribunal de Cuentas la documentación en el plazo de un mes desde que la hubiera recibido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los cuentadantes envían sus cuentas aprobadas y su auditoría a la IGAE en siete meses desde el fin del ejercicio, y la IGAE las pasa al Tribunal de Cuentas en un mes.
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Artículo 139 bis. Rendición de cuentas por los fondos carentes de personalidad jurídica.
El artículo 139 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, titulado «Rendición de cuentas por los fondos carentes de personalidad jurídica», establece lo siguiente.
A los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la esta ley les serán de aplicación las normas contenidas en este Capítulo IV, teniendo la condición de cuentadantes los titulares de los órganos de decisión en relación con su administración o gestión.
El encargado de formular y aprobar las cuentas anuales de dichos fondos será el cuentadante, salvo que en su normativa reguladora se establezca otro criterio.
Datos clave
- A los fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2 se aplican las normas del Capítulo IV.
- Tienen la condición de cuentadantes los titulares de los órganos de decisión en relación con su administración o gestión.
- El encargado de formular y aprobar las cuentas anuales de esos fondos es el cuentadante, salvo que su normativa reguladora establezca otro criterio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 rinden cuentas como el resto; son cuentadantes los titulares de sus órganos de decisión, que además formulan y aprueban las cuentas.
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Artículo 140. Del control de la gestión económico-financiera del sector público estatal.
1. En su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector público estatal, en los términos establecidos en la Constitución, en su ley orgánica y en las demás leyes que regulen su competencia.
2. La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en los términos previstos en esta ley el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle.
Datos clave
- Artículo 140 de la Ley General Presupuestaria: el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo del sector público estatal, como supremo órgano fiscalizador.
- La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ejerce el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades cuya gestión controle.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo del sector público estatal como supremo órgano fiscalizador; la IGAE ejerce el control interno con plena autonomía respecto de los controlados.
Esquema
| Control externo | Control interno | |
|---|---|---|
| Órgano | Tribunal de Cuentas | Intervención General de la Administración del Estado |
| Marco | Constitución, su ley orgánica y demás leyes | Términos previstos en esta ley |
| Nota | Supremo órgano fiscalizador | Plena autonomía respecto de los controlados |
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Artículo 141. Control de subvenciones y ayudas.
La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones y en la normativa comunitaria.
Datos clave
- Artículo 141 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE controla a entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por el sector público estatal y las financiadas con fondos comunitarios.
- Se rige por la Ley General de Subvenciones y la normativa comunitaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE controla a entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones del sector público estatal y de las financiadas con fondos comunitarios, según la Ley General de Subvenciones y la normativa comunitaria.
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Artículo 142. Objetivos del control.
1. El control regulado en este título tiene como objetivos:
a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del control.
b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad.
c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado.
2. El control se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública, a que se refieren los capítulos II, III y IV de este título.
No obstante, cuando de acuerdo con la normativa aplicable, los procedimientos objeto de control se instrumenten y formalicen en resoluciones o actos a través de actuaciones administrativas automatizadas, definidas en el Anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la Intervención General de la Administración del Estado podrá aprobar las normas necesarias para adaptar los distintos controles previstos en este título a las especialidades derivadas de este tipo de actuaciones, mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
En todo caso, con carácter previo a la aprobación de las normas reguladoras de los citados procedimientos de gestión, se requerirá la realización de una auditoría previa de la Intervención General de la Administración del Estado, en los términos y forma que determine dicho centro directivo, para verificar que el nuevo procedimiento de gestión incorpora los controles automatizados de gestión necesarios a la naturaleza del mismo, satisface, a efectos de la función interventora, los requerimientos de seguridad que correspondan a la categoría del respectivo sistema de información, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad vigente en cada momento, y se ajusta a los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Cuando del informe de auditoría se derive el incumplimiento de las especificaciones del sistema de información o la detección de deficiencias graves, estos incumplimientos o deficiencias deberán ser solventados por el órgano u órganos competentes antes de la aprobación de la norma por la que se establezca la actuación automatizada.
Se efectuarán revisiones de la auditoría inicial, de acuerdo con lo que se prevea al respecto en los planes anuales de auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado. Cuando del resultado de la auditoría se deduzca el incumplimiento de las especificaciones aprobadas o la detección de deficiencias graves, el Interventor General concederá un plazo para su adaptación que, en el caso de no ser atendido, suspenderá la utilización de la aplicación. No obstante, el Interventor General, a la vista de la naturaleza del defecto y de las circunstancias concurrentes, podrá acordar la suspensión inmediata de la utilización de la aplicación a los efectos señalados. Todo ello, sin perjuicio de las actuaciones de revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-financiera a desarrollar en el ámbito del control financiero permanente y la auditoría pública.
Datos clave
- Artículo 142 de la Ley General Presupuestaria: objetivos del control: verificar el cumplimiento de la normativa, el adecuado registro y contabilización de las operaciones, evaluar la buena gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto.
- El control se realiza mediante la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública (capítulos II, III y IV).
- Para actuaciones administrativas automatizadas, la IGAE puede aprobar normas de adaptación mediante Resolución publicada en el BOE.
- Antes de aprobar las normas reguladoras de esos procedimientos se requiere una auditoría previa de la IGAE; las deficiencias graves deben solventarse antes de la aprobación.
- Si no se atiende el plazo de adaptación concedido por el Interventor General, se suspende la utilización de la aplicación; puede acordar la suspensión inmediata.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control interno persigue cuatro objetivos y se ejerce por tres vías: función interventora, control financiero permanente y auditoría pública; las actuaciones automatizadas exigen auditoría previa de la IGAE.
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Artículo 143. Ámbito y ejercicio de control.
El control a que se refiere este título será ejercido sobre la totalidad de los órganos o entidades del sector público estatal por la Intervención General de la Administración del Estado, a través de sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas.
En todo caso el Interventor General asegurará el ejercicio de esta función de acuerdo con el alcance que corresponda en los respectivos Organismos Públicos a cuyo efecto y en el caso de ausencia de puesto de trabajo específico efectuará las designaciones funcionales que sean precisas.
En el ámbito del Ministerio de Defensa y de la Seguridad Social, el control se ejercerá, respectivamente a través de la Intervención General de la Defensa, y de la Intervención General de la Seguridad Social, dependientes funcionalmente, a estos efectos, de la Intervención General de la Administración del Estado.
Datos clave
- Artículo 143 de la Ley General Presupuestaria: el control se ejerce sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal por la IGAE, a través de sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas.
- En el ámbito del Ministerio de Defensa y de la Seguridad Social, a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social, dependientes funcionalmente de la IGAE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE controla todo el sector público estatal por sus servicios centrales o Intervenciones Delegadas; en Defensa y Seguridad Social, por sus Intervenciones Generales, que dependen funcionalmente de ella.
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Artículo 144. Principios de actuación y prerrogativas.
1. La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna a través de los órganos de control a que se refiere el artículo anterior.
2. El control a que se refiere este título se ejercerá con plena autonomía respecto al órgano o entidad cuya gestión sea objeto de control. A tales efectos, los funcionarios que lo realicen gozarán de independencia funcional respecto de los titulares de los órganos cuya gestión controlen y ajustarán su actuación a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Intervención General de la Administración del Estado.
3. El procedimiento contradictorio rige la solución de las diferencias que puedan presentarse en el ejercicio de control de la función interventora. Dicho principio se materializará en el procedimiento de resolución de discrepancias regulado en el artículo 155 de esta ley.
En el ámbito del control financiero permanente y la auditoría pública, el alcance del procedimiento contradictorio será el establecido en la normativa reguladora de los correspondientes informes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 161 y en el apartado 3 del artículo 166 de esta ley.
4. El Interventor General de la Administración del Estado y sus Interventores Delegados podrán recabar directamente de quien corresponda los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extiende a la totalidad de la Administración General e Institucional, se solicitarán, en todo caso, por la Intervención General de la Administración del Estado.
5. El Interventor General de la Administración del Estado y sus interventores delegados podrán interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes.
6. La Intervención General de la Administración del Estado podrá asumir, mediante la formalización del oportuno Convenio y en todo caso valorando la disponibilidad de medios para el ejercicio adecuado de las funciones que se le atribuyen en la presente Ley, la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de los procesos de gestión económico-financieros y contabilización o al establecimiento de medidas que refuercen su supervisión, en el ámbito de los organismos, sociedades y demás entidades integradas en el Sector Público Estatal, cuando dichos cometidos no deriven directamente del ejercicio de las funciones de control reguladas en este Título. En dicho Convenio deberá preverse la contraprestación económica que habrá de satisfacer el ente público al Estado, que se ingresará en el Tesoro Público y podrá generar crédito en los servicios correspondientes de la Intervención General de la Administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria. A tal efecto, y una vez acreditado el ingreso en el Tesoro Público del importe de la referida compensación económica, el Ministerio de Hacienda tramitará el oportuno expediente de modificación presupuestaria por tal concepto.
Datos clave
- Artículo 144 de la Ley General Presupuestaria: principios de actuación de la IGAE: autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.
- Los funcionarios controladores tienen independencia funcional respecto de los titulares de los órganos controlados.
- El procedimiento contradictorio rige la solución de diferencias en la función interventora, mediante el procedimiento de discrepancias del artículo 155.
- El Interventor General y los Interventores Delegados pueden recabar asesoramientos jurídicos e informes técnicos y antecedentes, e interponer los recursos y reclamaciones autorizados.
- La IGAE puede asumir mediante convenio actuaciones de mejora de procesos de gestión y contabilización; el convenio prevé la contraprestación económica, que se ingresa en el Tesoro Público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE controla con autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna; sus funcionarios son funcionalmente independientes y las discrepancias se resuelven por procedimiento contradictorio.
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Artículo 145. Deberes y facultades del personal controlador, deber de colaboración y asistencia jurídica.
1. Los funcionarios que desempeñan las funciones de control deberán guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones solo podrán utilizarse para los fines del control y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o de delito.
Cuando el Tribunal de Cuentas o algún órgano u organismo estatal precisara de acceso a informes de control financiero permanente o auditoría pública para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados, solicitará dicho acceso a la Intervención General de la Administración del Estado a efectos de su valoración y, en su caso, remisión de los informes solicitados. La Intervención General de la Administración del Estado informará de las remisiones realizadas al titular del departamento ministerial, en función de la adscripción, vinculación o dependencia del órgano, organismo o entidad al que se refiere el informe.
En los demás casos en que proceda legalmente el acceso a los informes de control, la solicitud de los mismos se dirigirá directamente a sus destinatarios.
2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los jefes o directores de oficinas públicas, los de las entidades integrantes del sector público estatal y quienes en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar a los funcionarios encargados del control el apoyo, concurso, auxilio y colaboración que les sean precisos, facilitando la documentación e información necesaria para dicho control.
3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano de control de la Intervención General de la Administración del Estado actuante, toda clase de datos, informes o antecedentes, deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.
4. Los servicios jurídicos del Estado prestarán la asistencia que, en su caso, corresponda a los funcionarios que, como consecuencia de su participación en actuaciones de control, sean objeto de citaciones por órganos jurisdiccionales.
5. La Intervención General de la Administración del Estado conservará y custodiará durante el plazo de cinco años la documentación integrante de las auditorías públicas o de los controles financieros permanentes, incluidos los papeles de trabajo que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en los informes indicados y demás documentación, información, archivos y registros. El citado plazo comenzará a contar desde la fecha de emisión del informe de auditoría pública y del informe global a que se refieren los artículos 166.1 y 159. 2 de esta Ley, respectivamente.
En caso de existir reclamación, juicio o litigio en relación con el informe de auditoría pública o de control financiero permanente o en el que la documentación correspondiente a que se refiere este apartado pudiera constituir elemento de prueba, siempre que la Intervención General de la Administración del Estado tenga conocimiento de tal circunstancia, el plazo se extenderá hasta la resolución o sentencia firme, o finalización del procedimiento, o hasta que hayan transcurrido cinco años desde la última comunicación en relación con el conflicto en cuestión.
Datos clave
- Artículo 145 de la Ley General Presupuestaria: los funcionarios de control deben guardar confidencialidad y secreto; los datos solo se usan para los fines del control y para denunciar hechos constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o delito.
- Autoridades, jefes de oficinas públicas y quienes ejerzan funciones públicas deben prestar apoyo y facilitar documentación e información.
- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe proporcionar datos, informes o antecedentes previo requerimiento del órgano de control.
- Los servicios jurídicos del Estado prestan asistencia a los funcionarios citados por órganos jurisdiccionales.
- La IGAE conserva la documentación de las auditorías y controles durante cinco años desde la emisión del informe; si hay reclamación o litigio, hasta la resolución o sentencia firme o cinco años desde la última comunicación.
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El personal controlador guarda secreto y solo usa los datos para el control o denunciar; todos deben colaborar con él, y la IGAE conserva la documentación de auditorías y controles cinco años.
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Artículo 146. Informes generales de control.
1. La Intervención General de la Administración del Estado presentará anualmente al Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías de cada ejercicio.
El informe general incluirá información sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y auditoría pública, a través de la elaboración de los planes de acción a que hacen referencia los artículos 161 y 166 de esta Ley.
El contenido del informe podrá incorporar también información sobre los principales resultados obtenidos en otras actuaciones de control, distintas del control financiero permanente y la auditoría pública, llevadas a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado.
2. Los informes generales de control, una vez presentados al Consejo de Ministros, serán objeto de publicación en la página web de la Intervención General de la Administración del Estado.
3. La Intervención General de la Administración del Estado podrá elevar a la consideración del Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas los informes de control financiero permanente y de auditoría que, por razón de sus resultados, estime conveniente anticipar su conocimiento.
Datos clave
- Artículo 146 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE presenta anualmente al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, un informe general con los resultados del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan anual de Auditorías.
- El informe incluye la situación de corrección de debilidades mediante los planes de acción (artículos 161 y 166).
- Los informes generales, una vez presentados, se publican en la página web de la IGAE.
- La IGAE puede elevar al Consejo de Ministros informes cuyo conocimiento estime conveniente anticipar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada año la IGAE presenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, un informe general con los resultados del control financiero permanente y de auditoría, que luego publica en su web.
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Artículo 147. Control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
1. El Gobierno a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, y a iniciativa de la
Intervención General de la Seguridad Social, aprobará las normas para el ejercicio por esta última del control en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
2. Las normas que regulen el control en las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social se basarán en lo dispuesto en este título, que será de aplicación en lo no previsto por dichas normas, sin perjuicio de la aplicación directa en los casos en que proceda. A tal efecto, las referencias hechas en este título a los distintos órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se entenderán hechas a los correspondientes órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
Datos clave
- Artículo 147 de la Ley General Presupuestaria: el Gobierno, a propuesta de la IGAE y a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprueba las normas para el control en las entidades del sistema de la Seguridad Social.
- Esas normas se basan en este título, que se aplica en lo no previsto por ellas.
- Las referencias a órganos de la AGE se entienden hechas a los órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno aprueba las normas de control de la Seguridad Social a propuesta de la IGAE e iniciativa de la IGSS; se basan en este título, que es supletorio, con referencias adaptadas a los órganos de Trabajo y de la Seguridad Social.
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Artículo 148. Definición.
La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.
Datos clave
- Artículo 148 de la Ley General Presupuestaria: la función interventora controla, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la inversión o aplicación de fondos públicos.
- La fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público puede sustituirse reglamentariamente por el control financiero permanente y la auditoría pública.
- Excepción: los actos de ordenación del pago y pago material de devoluciones de ingresos indebidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La función interventora es el control previo: revisa los actos que reconocen derechos o generan gastos, sus ingresos y pagos, antes de que se aprueben, para asegurar que se ajustan a la norma.
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Artículo 149. Ámbito de aplicación.
1. La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Administración del Estado y sus interventores delegados respecto de los actos realizados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
2. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora:
a) En aquellos tipos de expedientes de gasto y, en su caso, en aquellos órganos y organismos que se determinen.
b) Respecto de toda la actividad del organismo o de algunas áreas de gestión, en aquellos organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique.
3. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a los referidos actos, documentos y expedientes participen diversas Administraciones públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de las Administraciones referidas en el apartado 1.
Datos clave
- Artículo 149 de la Ley General Presupuestaria: la función interventora se ejerce por la IGAE y sus interventores delegados respecto de los actos de la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- El Consejo de Ministros, a propuesta de la IGAE, puede acordar motivadamente aplicar el control financiero permanente en sustitución de la función interventora, en determinados tipos de expedientes u órganos, o en organismos autónomos cuando la naturaleza de sus actividades lo justifique.
- Si participan varias Administraciones, la función interventora se limita a las actuaciones del ámbito de las Administraciones del apartado 1.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La función interventora alcanza a la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social; el Consejo de Ministros puede sustituirla por control financiero permanente.
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Artículo 150. Modalidades de ejercicio.
1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
2. El ejercicio de la función interventora comprenderá:
a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores.
b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.
c) La intervención formal de la ordenación del pago.
d) La intervención material del pago.
3. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado, al acto de comprobación de la inversión de que se trate.
La responsabilidad del representante de la Intervención General y, en su caso, asesor designados se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectos o faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en el momento de efectuar la comprobación material de la inversión.
En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedará limitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia media exigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica en un sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo.
Datos clave
- Artículo 150 de la Ley General Presupuestaria: modalidades de la función interventora: intervención formal (verificación de requisitos legales mediante el examen de los documentos del expediente) y material (comprobación de la real y efectiva aplicación de los fondos públicos).
- Comprende: fiscalización previa de actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos y valores; intervención del reconocimiento de obligaciones y comprobación de la inversión; intervención formal de la ordenación del pago; e intervención material del pago.
- La comprobación material de la inversión se realiza con el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado.
- La responsabilidad del representante y asesor se valora proporcionalmente a los medios disponibles y no alcanza a defectos sin resultado tangible o vicios ocultos imposibles de detectar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La función interventora tiene una modalidad formal (examen de documentos del expediente) y otra material (aplicación real de los fondos) y abarca cuatro fases, de la fiscalización previa al pago.
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Artículo 150 bis. Competencias.
La distribución de competencias entre el Interventor General de la Administración del Estado y los interventores delegados se determinará por vía reglamentaria.
En todo caso, las competencias del Interventor General en materia de función interventora podrán ser delegadas en favor de los interventores delegados. Asimismo, el Interventor General podrá avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno.
Datos clave
- Artículo 150 bis de la Ley General Presupuestaria: la distribución de competencias entre el Interventor General y los interventores delegados se determina por vía reglamentaria.
- Las competencias del Interventor General en materia de función interventora pueden delegarse en los interventores delegados.
- El Interventor General puede avocar para sí cualquier acto o expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El reparto de competencias entre el Interventor General y los delegados lo fija el reglamento; el Interventor General puede delegar en ellos y avocar cualquier acto o expediente.
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Artículo 151. No sujeción a fiscalización previa.
No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el apartado 2.a) del artículo anterior:
a) los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual;
b) los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones;
c) los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley;
d) los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional novena de esta Ley;
e) las subvenciones con asignación nominativa;
f) los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.
g) los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del régimen excepcional de emergencia regulado en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia.
Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.
Datos clave
- Artículo 151 de la Ley General Presupuestaria: no se someten a fiscalización previa los contratos menores y asimilados.
- Tampoco los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el período inicial.
- Tampoco los gastos menores de 5.000 euros pagados mediante anticipo de caja fija (artículo 78), los gastos de procesos electorales, las subvenciones con asignación nominativa y los contratos de acceso a bases de datos y suscripción a publicaciones no sujetos a regulación armonizada.
- Tampoco los gastos del régimen excepcional de emergencia (artículo 120.1 de la Ley 9/2017); la no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar.
- Tampoco los gastos menores de 5.000 euros con cargo a fondos a justificar cuando los servicios o prestaciones tengan lugar en territorio extranjero.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Supuestos exentos de fiscalización previa: contratos menores, gastos periódicos ya fiscalizados, gastos menores de 5.000 euros por caja fija, electorales, nominativas, bases de datos y emergencia.
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Artículo 152. Fiscalización e intervención previa de requisitos básicos.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado podrá acordar, que la fiscalización e intervención previas a que se refiere el artículo 150, se limiten a comprobar los extremos siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 de esta ley.
b) Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente.
c) La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que celebra el convenio o del que resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
d) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los supuestos que, conforme a su normativa específica, lo exijan.
f) La existencia de autorización de la persona titular del departamento ministerial o de la Secretaría de Estado correspondiente en los supuestos que, conforme a la normativa lo requieran.
g) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, e iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado.
En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad y transparencia en las actuaciones públicas.
2. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización previa respecto de gastos que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros y el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos otros en los que el Consejo de Ministros no haya hecho uso de la facultad atribuida en el apartado 1 de este artículo.
3. En los términos que se determinen por resolución de la persona titular de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá acordarse que la comprobación de los extremos objeto de verificación, tanto en régimen general como en régimen de requisitos básicos, se realice mediante validaciones efectuadas de modo automático, a través de las aplicaciones informáticas que dan soporte a los sistemas de control.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 147.2 de esta ley, y por lo que respecta al control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, la resolución a que hace referencia el párrafo anterior será de aplicación en lo no previsto en las normas específicas que regulen el control en dichas entidades y con las adaptaciones necesarias a las condiciones y particularidades del sistema de Seguridad Social que se establezcan por resolución de la persona titular de la Intervención General de la Administración del Estado a propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social.
Datos clave
- Artículo 152 de la Ley General Presupuestaria: el Consejo de Ministros, a propuesta de la IGAE, puede acordar que la fiscalización e intervención previas se limiten a comprobar requisitos básicos.
- Extremos a comprobar: existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente (y, en gastos plurianuales o de tramitación anticipada, el artículo 47); que se proponen a órgano competente; competencia del órgano de contratación, concedente de la subvención, convenio o responsabilidad patrimonial; que el reconocimiento de obligaciones corresponde a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente; autorizaciones del Consejo de Ministros o del titular del departamento o Secretaría de Estado cuando se exijan; y otros extremos que determine el Consejo de Ministros.
- Se aplica el régimen general a los gastos que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros y a aquellos en que no se haya hecho uso de la facultad.
- Por resolución del titular de la IGAE puede acordarse que la comprobación se realice mediante validaciones automáticas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Consejo de Ministros puede reducir la fiscalización previa a unos requisitos básicos tasados (crédito, órgano competente, autorizaciones…), salvo en los gastos que aprueba él mismo.
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Artículo 153. Fiscalización previa e Intervención de pagos a justificar y anticipos de caja fija.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y de sus reposiciones de fondos, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas.
Datos clave
- Artículo 153 de la Ley General Presupuestaria: los requisitos de la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y de la constitución o modificación de los anticipos de caja fija y sus reposiciones de fondos se determinan reglamentariamente.
- También el procedimiento de intervención de sus cuentas justificativas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Remisión al reglamento: los requisitos de la fiscalización previa de pagos a justificar y anticipos de caja fija, y el procedimiento para intervenir sus cuentas justificativas, se fijan reglamentariamente.
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Artículo 154. Reparos.
1. Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el artículo siguiente.
2. Cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa, procederá la formulación del reparo en los casos siguientes:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
e) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero.
En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.
3. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen especial de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos, sólo procederá la formulación de reparo cuando no se cumpla alguno de los extremos de necesaria comprobación establecidos en el apartado 1 del artículo 152.
Los interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
En este régimen especial no resultará de aplicación la posibilidad contenida en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.
Datos clave
- Artículo 154 de la Ley General Presupuestaria: si la Intervención está en desacuerdo con el contenido o el procedimiento, formula reparos por escrito con cita de los preceptos legales.
- El reparo suspende la tramitación del expediente hasta que se solvente por subsanación o, si no se acepta, por el procedimiento de discrepancias del artículo 155.
- En el régimen general procede reparo si: insuficiencia o inadecuación de crédito; órgano incompetente; graves irregularidades en la documentación o falta de acreditación del derecho del perceptor; comprobaciones materiales; omisión de requisitos que pudieran dar lugar a nulidad o quebrantos económicos.
- Si los defectos son de requisitos no esenciales, la Intervención puede emitir informe favorable condicionado a su subsanación antes de la aprobación.
- En el régimen de requisitos básicos solo procede reparo si no se cumple alguno de los extremos del artículo 152.1; las observaciones complementarias no tienen efectos suspensivos.
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Regula el reparo: cuando el interventor discrepa de un acto, lo formula por escrito citando la norma, y esa formulación suspende el expediente hasta que se subsane o se resuelva la discrepancia.
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Artículo 155. Discrepancias.
Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención General de la Administración del Estado por conducto de la Subsecretaría del departamento, en caso de ministerios y a través de los presidentes o directores de los organismos o entidades en los demás casos, discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
Planteada la discrepancia se procederá de la siguiente forma:
a) En los casos en que haya sido formulado el reparo por una intervención delegada corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado conocer la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.
No obstante lo anterior, cuando el reparo haya sido formulado por una intervención Delegada en centros, dependencias y organismos del Ministerio de Defensa, o en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, corresponderá conocer de la discrepancia a la Intervención General de la Defensa y a la Intervención General de la Seguridad Social, respectivamente, haciendo constar su criterio que será vinculante para aquélla.
Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Defensa o por la Intervención General de la Seguridad Social o éstas hayan confirmado el de una intervención delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado resolver la misma, siendo su resolución obligatoria para aquéllas.
b) Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Administración del Estado o este centro directivo haya confirmado el de otra Intervención General o delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Ministros adoptar resolución definitiva.
Datos clave
- Artículo 155 de la Ley General Presupuestaria: si el órgano gestor no acepta el reparo, plantea discrepancia motivada por escrito ante la IGAE, por conducto de la Subsecretaría en los ministerios o de los presidentes o directores en los demás casos.
- Reparo de una intervención delegada: lo resuelve la IGAE, con resolución obligatoria; si lo formula una delegada en Defensa o Seguridad Social, conocen la Intervención General de la Defensa o de la Seguridad Social, con criterio vinculante.
- Si subsiste la discrepancia tras reparo de la Intervención General de la Defensa o de la Seguridad Social, resuelve la IGAE.
- Si el reparo lo formula la IGAE o confirma el de otra, y subsiste la discrepancia, el Consejo de Ministros adopta la resolución definitiva.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el gestor no acepta el reparo plantea discrepancia motivada por escrito; resuelve la IGAE, Defensa o Seguridad Social según quién reparó, y el Consejo de Ministros si el reparo es de la IGAE.
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Artículo 156. Omisión de fiscalización.
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se subsane dicha omisión en los términos previstos en este artículo.
2. En dichos supuestos, será preceptiva la emisión de un informe por parte del órgano de la Intervención General de la Administración del Estado que tenga conocimiento de dicha omisión que se remitirá a la autoridad que hubiera iniciado las actuaciones.
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo los siguientes extremos:
a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto de manifiesto de haber sometido el expediente a fiscalización o intervención previa en el momento oportuno.
b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
c) La procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento.
d) La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes.
Los interventores delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General de la Administración del Estado en el momento de su emisión.
3. Corresponderá al titular del departamento al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, acordar, en su caso, el sometimiento del asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución procedente.
4. El acuerdo favorable del Consejo de Ministros no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
Datos clave
- Artículo 156 de la Ley General Presupuestaria: si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente hasta subsanar la omisión.
- Es preceptivo un informe del órgano de la IGAE que tenga conocimiento, remitido a la autoridad que inició las actuaciones; no tiene naturaleza de fiscalización.
- Contenido mínimo: infracciones que se habrían puesto de manifiesto, prestaciones realizadas, procedencia de la revisión de los actos y existencia de crédito adecuado y suficiente.
- Corresponde al titular del departamento, sin delegación, acordar someter el asunto al Consejo de Ministros.
- El acuerdo favorable del Consejo de Ministros no exime de las responsabilidades que procedan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula qué pasa si se omite una fiscalización obligatoria: no se puede reconocer la obligación ni pagar hasta que se subsane, y el asunto puede llegar al Consejo de Ministros sin que ello exima de responsabilidades.
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Artículo 157. Definición.
El control financiero permanente se ejercerá en los órganos y entidades establecidos en el artículo siguiente y tendrá por objeto la verificación de una forma continua realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.
Datos clave
- Artículo 157 de la Ley General Presupuestaria: el control financiero permanente verifica de forma continua, a través de la intervención delegada, la situación y el funcionamiento económico-financiero de las entidades del sector público estatal.
- Comprueba el cumplimiento de la normativa y directrices y que la gestión se ajusta a la buena gestión financiera, en particular al objetivo de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero.
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El control financiero permanente es una verificación continua, por la intervención delegada, de la situación y funcionamiento económico-financiero del sector público estatal.
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Artículo 158. Ámbito de aplicación.
1. El control financiero permanente se ejercerá sobre:
a) La Administración General del Estado.
b) Los organismos autónomos.
c) Las entidades públicas empresariales.
d) Las autoridades administrativas independientes, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.
e) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, cuando se hallen inmersas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 100 de la Ley General de la Seguridad Social.
g) Los organismos y entidades estatales de derecho público contemplados en el artículo 2.2.i) de esta Ley, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.
2. El Consejo de Ministros podrá acordar, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, que en determinadas entidades públicas empresariales y organismos y entidades del párrafo i) del apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, el control financiero permanente se sustituya por las actuaciones de auditoría pública que se establezcan en el Plan Anual de Auditorías.
Datos clave
- Artículo 158 de la Ley General Presupuestaria: el control financiero permanente se ejerce sobre la AGE, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes (salvo disposición específica), las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados (en los supuestos del artículo 100 de la Ley General de la Seguridad Social) y los organismos del artículo 2.2.i).
- El Consejo de Ministros puede acordar, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a iniciativa de la IGAE, sustituir en determinadas entidades el control financiero permanente por auditoría pública del Plan Anual de Auditorías.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero permanente se aplica a siete tipos de entes estatales, de la AGE a las mutuas en ciertos supuestos, y el Consejo de Ministros puede sustituirlo por auditoría pública en algunos.
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Artículo 159. Contenido del control financiero permanente.
1. El control financiero permanente incluirá las siguientes actuaciones:
a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación del balance de resultados e informe de gestión.
c) Informe sobre la propuesta de distribución de resultados a que se refiere el artículo 129 de esta ley.
d) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
e) Las actuaciones previstas en los restantes títulos de esta ley y en las demás normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público estatal, atribuidas a las intervenciones delegadas.
f) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
g) En los departamentos ministeriales y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad. La Intervención General de la Administración del Estado establecerá el procedimiento, alcance y periodicidad de las actuaciones a desarrollar.
2. Las actuaciones antes referidas se documentarán en informes.
Anualmente se elaborará un informe comprensivo de los resultados de las actuaciones de control financiero permanente realizadas durante el ejercicio.
3. Las actuaciones de control financiero permanente a efectuar en cada ejercicio y el alcance específico fijado para las mismas se determinará en el plan anual de control financiero permanente elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que lo justifiquen.
Datos clave
- Artículo 159 de la Ley General Presupuestaria: contenido del control financiero permanente: verificación de normativa y procedimientos en aspectos no sujetos a función interventora; seguimiento de la ejecución presupuestaria y de objetivos de los programas; informe sobre la propuesta de distribución de resultados (artículo 129); comprobación de la tesorería; actuaciones de los demás títulos; análisis de operaciones y procedimientos; y verificación mediante técnicas de auditoría de la información con trascendencia económica en ministerios y Seguridad Social.
- Las actuaciones se documentan en informes; anualmente se elabora un informe con los resultados del ejercicio.
- Las actuaciones de cada ejercicio y su alcance se determinan en el plan anual de control financiero permanente elaborado por la IGAE, modificable por circunstancias que lo justifiquen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El control financiero permanente cubre lo que no alcanza la función interventora: normativa, objetivos, tesorería, buena gestión y fiabilidad de la información; se planifica cada año y se documenta en informes.
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Artículo 160. Informes de control financiero permanente.
1. Los informes referidos en el párrafo e) del apartado 1 del artículo anterior se ajustarán en su procedimiento de elaboración, contenido y destinatarios a lo establecido en sus normas reguladoras.
2. Los restantes informes establecidos en el artículo anterior se desarrollarán de acuerdo con las normas que la Intervención General de la Administración del Estado apruebe, las cuales establecerán su periodicidad, contenido, destinatarios y el procedimiento para su elaboración.
Datos clave
- Artículo 160 de la Ley General Presupuestaria: los informes del artículo 159.1.e) se ajustan a lo establecido en sus normas reguladoras.
- Los demás informes se desarrollan conforme a las normas de la IGAE, que establecen periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los informes de la letra e) siguen sus propias normas reguladoras; los demás informes de control financiero permanente se rigen por las normas que apruebe la IGAE.
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Artículo 161. Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras.
1. Cada departamento ministerial elaborará un Plan de Acción que determine las medidas concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control financiero permanente elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado, relativos tanto a la gestión del propio departamento como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
2. El Plan de Acción se elaborará y se remitirá a la Intervención General de la Administración del Estado en el plazo de 3 meses desde que el titular del departamento ministerial reciba la remisión de los informes de control financiero permanente y contendrá las medidas adoptadas por el departamento, en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes remitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y, en su caso, el calendario de actuaciones pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas. El departamento deberá realizar el seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones pendientes e informar a la Intervención General de la Administración del Estado de su efectiva implantación.
3. La Intervención General de la Administración del Estado valorará la adecuación del Plan de Acción para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos.
Si la Intervención General de la Administración del Estado no considerase adecuadas y suficientes las medidas propuestas en el Plan de Acción lo comunicará motivadamente al titular del correspondiente departamento ministerial, el cual dispondrá de un plazo de un mes para modificar el Plan en el sentido manifestado. En caso contrario, y si la Intervención General de la Administración del Estado considerase graves las debilidades, deficiencias, errores o incumplimientos cuyas medidas correctoras no son adecuadas, lo elevará al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda y Función Pública, para su toma de razón. Igualmente, la Intervención General de la Administración del Estado, a través del Ministro de Hacienda y Función Pública, pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros para su toma de razón la falta de remisión del correspondiente Plan de Acción dentro del plazo previsto en el apartado anterior.
Adicionalmente, esta información se incorporará al informe general que se emita en ejecución de lo señalado en el artículo 146.1 de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 161 de la Ley General Presupuestaria: cada departamento ministerial elabora un Plan de Acción con las medidas para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos de los informes de control financiero permanente, incluidos los de sus organismos adscritos.
- Plazo: 3 meses desde que el titular del departamento reciba los informes; se remite a la IGAE, que valora su adecuación.
- Si la IGAE no considera adecuadas las medidas, lo comunica motivadamente y el titular dispone de un plazo de un mes para modificar el Plan.
- Si persisten medidas inadecuadas ante debilidades graves, o falta el Plan en plazo, la IGAE lo eleva al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda y Función Pública, para su toma de razón.
- La información se incorpora al informe general del artículo 146.1.
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Cada ministerio elabora un Plan de Acción para corregir lo que detectan los informes de control financiero permanente y lo envía a la IGAE en 3 meses; si no es adecuado, tiene un mes para cambiarlo.
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Artículo 162. Definición.
La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público estatal, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
Datos clave
- Artículo 162 de la Ley General Presupuestaria: la auditoría pública es la verificación posterior y sistemática de la actividad económico-financiera del sector público estatal.
- Se realiza mediante procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones de la IGAE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La auditoría pública es una verificación posterior y sistemática de la actividad económico-financiera del sector público estatal, con procedimientos de revisión selectivos.
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Artículo 163. Ámbito.
La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones sometidas al ejercicio de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, impuestas a las sociedades mercantiles estatales por la legislación mercantil.
Datos clave
- Artículo 163 de la Ley General Presupuestaria: la auditoría pública se ejerce según el plan anual de auditorías (artículo 165) sobre todos los órganos y entidades del sector público estatal.
- Es sin perjuicio de la función interventora, del control financiero permanente y de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, impuesta a las sociedades mercantiles estatales.
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La auditoría pública alcanza a todo el sector público estatal según el plan anual de auditorías, sin desplazar la función interventora, el control financiero permanente ni la auditoría privada mercantil.
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Artículo 164. Formas de ejercicio.
1. La auditoría pública adoptará las siguientes modalidades:
a) La auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y en su caso presupuestaria que le sea de aplicación.
b) La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.
c) La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
2. La Intervención General podrá determinar la realización de auditorías en las que se combinen objetivos de auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa.
Datos clave
- Artículo 164 de la Ley General Presupuestaria: modalidades de auditoría pública: auditoría de regularidad contable, auditoría de cumplimiento y auditoría operativa.
- Regularidad contable: revisión de la información y documentación contable para comprobar su adecuación a la normativa contable y presupuestaria.
- Cumplimiento: verificar que los actos, operaciones y procedimientos se han desarrollado conforme a las normas aplicables.
- Operativa: examen sistemático y objetivo de operaciones y procedimientos para valorar su racionalidad económico-financiera y adecuación a la buena gestión.
- La IGAE puede determinar auditorías que combinen los tres objetivos.
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Tres modalidades de auditoría pública: de regularidad contable, de cumplimiento y operativa, que la Intervención General puede combinar en una misma auditoría.
Esquema
| Modalidad | Objeto | |
|---|---|---|
| a) | Regularidad contable | Adecuación de la información contable a la normativa contable y presupuestaria |
| b) | Cumplimiento | Gestión económico-financiera conforme a sus normas |
| c) | Operativa | Racionalidad económico-financiera, buena gestión y recomendaciones |
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Artículo 165. Plan anual de auditorías.
La Intervención General de la Administración del Estado elaborará anualmente un plan de auditorías en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, tanto las que corresponda desarrollar directamente a dicho centro, como aquellas cuya ejecución deba llevarse a cabo a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, el Plan anual de auditorías incluirá las actuaciones correspondientes a ayudas y subvenciones públicas.
La Intervención General de la Administración del Estado, podrá modificar las auditorías previstas inicialmente en el plan anual cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
Datos clave
- Artículo 165 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE elabora anualmente un plan de auditorías con las actuaciones del ejercicio, incluidas las que ejecuten la Intervención General de la Defensa y la de la Seguridad Social.
- El Plan incluye las actuaciones correspondientes a ayudas y subvenciones públicas.
- La IGAE puede modificar las auditorías previstas cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE elabora cada año el plan de auditorías, con las actuaciones propias y las ejecutadas por las Intervenciones Generales de Defensa y Seguridad Social, más ayudas y subvenciones; puede modificarlo.
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Artículo 166. Informes de auditoría.
1. Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán en informes escritos y se desarrollarán de acuerdo con las normas que la Intervención General de la Administración del Estado apruebe, las cuales establecerán el contenido, destinatarios, y el procedimiento para la elaboración de dichos informes.
2. En todo caso, los informes se remitirán al titular del organismo o entidad controlada, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al del departamento del que dependa o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada. Los presidentes de los organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y resto de entes públicos estatales, que cuenten con Consejo de Administración u otro órgano de dirección colegiado similar o con comité de auditoría, deberán remitir a los mismos los informes de auditoría relativos a la entidad.
No obstante, cuando los informes se refieran a las Mutuas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, los informes se remitirán al titular de la misma y al órgano de dirección y tutela.
3. Lo establecido en el artículo 161 sobre la elaboración de planes de acción derivados de las actuaciones de control financiero permanente, será asimismo aplicable a los informes de auditoría pública.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior respecto a la determinación de los destinatarios de los informes, los de auditoría de cuentas anuales se rendirán en todo caso al Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de esta ley.
5. Anualmente la Intervención General de la Administración del Estado remitirá al Consejo de Ministros, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, un informe resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas, en los que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes, y se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos gestores para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores.
Datos clave
- Artículo 166 de la Ley General Presupuestaria: los resultados de cada auditoría pública se reflejan en informes escritos conforme a las normas de la IGAE.
- Se remiten al titular del organismo o entidad controlada, al Ministro de Hacienda y al del departamento del que dependa; los presidentes de organismos con Consejo de Administración u órgano colegiado o comité de auditoría deben remitirles los informes.
- Los informes sobre Mutuas se remiten al titular de la misma y al órgano de dirección y tutela.
- Los planes de acción del artículo 161 se aplican también a los informes de auditoría pública.
- Los informes de auditoría de cuentas anuales se rinden al Tribunal de Cuentas con las cuentas anuales (artículo 139).
- Anualmente la IGAE remite al Consejo de Ministros un informe resumen de las auditorías de cuentas anuales con las salvedades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los informes de auditoría pública se hacen por escrito según normas de la IGAE, se remiten al controlado y a los ministros, generan planes de acción y, los de cuentas anuales, van al Tribunal de Cuentas.
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Artículo 167. Definición.
1. La auditoría de las cuentas anuales es la modalidad de la auditoría de regularidad contable que tiene por finalidad la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
2. Las auditorías realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, de las cuentas anuales de las entidades del sector público estatal sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española y sus adaptaciones, comprenderán, además de la finalidad prevista en el apartado 1, la revisión de que la información contable incluida en el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público, prevista en el apartado 3 del artículo 129 de esta Ley, concuerda con la contenida en las cuentas anuales.
3. La auditoría de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público estatal, además de la finalidad prevista en los apartados 1 y 2, verificará cuando así se determine en el plan anual de auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta ley el cumplimiento de los fines fundacionales y de los principios a los que deberá ajustar su actividad en materia de selección de personal, contratación y disposición dineraria de fondos a favor de los beneficiarios cuando estos recursos provengan del sector público estatal. Asimismo, se extenderá a la verificación de la ejecución de los presupuestos de explotación y capital.
4. La Intervención General de la Administración del Estado podrá extender el objeto de la auditoría de cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos en especial cuando no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente.
Datos clave
- Artículo 167 de la Ley General Presupuestaria: la auditoría de las cuentas anuales es la modalidad de regularidad contable que verifica si las cuentas representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y, en su caso, de la ejecución del presupuesto.
- En entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española, comprende también la revisión de la información contable del informe del artículo 129.3.
- En fundaciones del sector público estatal, según el plan anual, verifica el cumplimiento de fines fundacionales y principios en selección de personal, contratación y disposición de fondos, y la ejecución de presupuestos de explotación y capital.
- La IGAE puede extender el objeto a otros aspectos de la gestión de los entes públicos, en especial si no están sometidos a función interventora o control financiero permanente.
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La auditoría de cuentas anuales comprueba si reflejan la imagen fiel; en entidades con plan de empresa y en fundaciones se amplía, y la IGAE puede extenderla a otros aspectos de la gestión.
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Artículo 168. Ámbito de la auditoría de cuentas anuales.
La Intervención General de la Administración del Estado realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:
a) Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, los organismos y entidades estatales de derecho público a que se refiere el artículo 2.2.i) de la esta ley, las universidades públicas no transferidas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.
b) Las fundaciones del sector público estatal en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes:
1. Que el total de las partidas del activo supere 11.400.000 euros.
2. Que el importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra de negocios de su actividad mercantil sea superior a 22.800.000 euros.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:
– Cuando una fundación, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
– En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las fundaciones cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos, dos de las tres circunstancias que se señalan.
El resto de fundaciones del sector público estatal serán sometidas a auditorías de cuentas anuales si son incluidas en el plan anual de auditorías.
c) Las sociedades mercantiles estatales no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
d) Los consorcios adscritos al sector público estatal obligados a auditarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e) Los fondos sin personalidad jurídica, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.
Datos clave
- Artículo 168 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE audita anualmente las cuentas anuales de organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, organismos del artículo 2.2.i), universidades públicas no transferidas y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.
- Fundaciones del sector público estatal: las que a fecha de cierre cumplan al menos dos de tres circunstancias: activo superior a 11.400.000 euros; volumen anual de ingresos superior a 22.800.000 euros; número medio de trabajadores superior a 250.
- Cambios de situación solo producen efectos si se repiten durante dos ejercicios consecutivos; en el primer ejercicio desde la constitución o fusión se cumple si se reúnen al cierre al menos dos de las tres.
- También las sociedades mercantiles estatales no obligadas a auditarse incluidas en el plan, los consorcios adscritos obligados a auditarse (Ley 40/2015) y los fondos sin personalidad jurídica, salvo disposición específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE audita cada año las cuentas de organismos autónomos, agencias, empresariales y otros entes, y de las fundaciones que superen dos de tres umbrales de activo, ingresos o plantilla.
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Artículo 169. Auditoría de cumplimiento.
La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de cumplimiento de aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se incluyan en el Plan anual de Auditorías, y comprenderá la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico financiero de las entidades auditadas.
Datos clave
- Artículo 169 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE realiza la auditoría de cumplimiento de los órganos y entidades incluidos en el Plan anual de Auditorías.
- Comprende la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, y de cualquier otro aspecto de la actividad económico-financiera.
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La IGAE hace la auditoría de cumplimiento de los entes incluidos en el plan anual: verificación selectiva de la legalidad de presupuesto, contratación, personal, ingresos y subvenciones.
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Artículo 170. Auditoría operativa.
La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría operativa de aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se incluyan en el Plan Anual de Auditorías y con el alcance que se establezca en dicho plan, a través de las siguientes modalidades:
1. Auditoría de programas presupuestarios, consistente en el análisis de la adecuación de los objetivos y de los sistemas de seguimiento y autoevaluación desarrollados por los órganos gestores, la verificación de la fiabilidad de los balances de resultados e informes de gestión, así como la evaluación del resultado obtenido, las alternativas consideradas y los efectos producidos con relación a los recursos empleados en la gestión de los programas y planes de actuación presupuestarios.
2. Auditoría de sistemas y procedimientos, consistente en el estudio exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión financiera con la finalidad de detectar sus posibles deficiencias o, en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas correctoras pertinentes o la sustitución del procedimiento de acuerdo con los principios generales de buena gestión.
3. Auditoría de economía, eficacia y eficiencia, consistente en la valoración independiente y objetiva del nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos públicos.
Datos clave
- Artículo 170 de la Ley General Presupuestaria: la auditoría operativa se realiza sobre los órganos incluidos en el Plan Anual de Auditorías, con el alcance que este establezca.
- Modalidades: auditoría de programas presupuestarios, auditoría de sistemas y procedimientos, y auditoría de economía, eficacia y eficiencia.
- Programas presupuestarios: análisis de la adecuación de objetivos y sistemas de seguimiento, fiabilidad de balances de resultados e informes de gestión, y evaluación del resultado.
- Sistemas y procedimientos: estudio exhaustivo de un procedimiento de gestión financiera para detectar deficiencias u obsolescencia.
- Economía, eficacia y eficiencia: valoración independiente y objetiva del nivel alcanzado en el uso de recursos públicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La auditoría operativa tiene tres modalidades: de programas presupuestarios, de sistemas y procedimientos y de economía, eficacia y eficiencia, con el alcance que fije el plan anual.
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Artículo 171. Auditoría de contratos-programas y de seguimiento de planes de equilibrio financiero.
1. En los supuestos en que, en virtud de contratos-programa u otros convenios entre el Estado y las entidades a los que se refiere el artículo 68 de esta ley, las aportaciones a realizar por el Estado se encuentren condicionadas en su importe al cumplimiento de determinados objetivos, al importe o evolución de determinadas magnitudes financieras, o al cumplimiento de determinadas hipótesis macroeconómicas, la Intervención General de la Administración del Estado efectuará una auditoría cuya finalidad será verificar la adecuación de la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio al cumplimiento de las referidas condiciones.
2. El Plan anual de Auditorías contemplará especialmente el control financiero de las entidades del sector público estatal previstas en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria sometidas al Plan de Saneamiento previsto en el artículo 18 de la referida ley.
Datos clave
- Artículo 171 de la Ley General Presupuestaria: cuando las aportaciones del Estado en contratos-programa o convenios con las entidades del artículo 68 estén condicionadas a objetivos, magnitudes financieras o hipótesis macroeconómicas, la IGAE realiza una auditoría para verificar la adecuación de la propuesta de liquidación.
- El Plan anual de Auditorías contempla especialmente el control financiero de las entidades del sector público estatal sometidas al Plan de Saneamiento (artículo 18 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria).
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Auditoría de contratos-programa con aportaciones estatales condicionadas y control especial de entes sometidos a planes de saneamiento en el plan anual.
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Artículo 172. Auditoría de los Planes iniciales de actuación.
La Intervención General de la Administración del Estado efectuará la revisión del cumplimiento de las previsiones contenidas en los planes iniciales de actuación, regulados en los artículos 61 y 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con el objetivo de informar sobre la adecuación a la realidad de sus objetivos y sobre la continuidad de las circunstancias que dieron origen a la creación del organismo público.
Asimismo, revisará con el referido objetivo, las memorias establecidas para las fundaciones del sector público estatal a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la prevista para las sociedades mercantiles estatales en la disposición adicional decimosegunda de esta ley.
Datos clave
- Artículo 172 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE revisa el cumplimiento de los planes iniciales de actuación (artículos 61 y 62 de la Ley 6/1997) para informar sobre la adecuación de sus objetivos y la continuidad de las circunstancias que originaron el organismo público.
- Revisa también las memorias de las fundaciones del sector público estatal (artículo 45.2 y 3 de la Ley 50/2002, de Fundaciones) y la prevista para las sociedades mercantiles estatales en la disposición adicional decimosegunda.
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La IGAE revisa el cumplimiento de los planes iniciales de actuación de los organismos públicos y las memorias de fundaciones y sociedades mercantiles estatales.
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Artículo 173. Auditoría de la cuenta de los tributos estatales.
La auditoría de la cuenta de los tributos estatales y recursos de otras administraciones y entes públicos gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realizará anualmente, de acuerdo con el procedimiento que por la Intervención General de la Administración del Estado se establezca al efecto.
Datos clave
- Artículo 173 de la Ley General Presupuestaria: la auditoría de la cuenta de los tributos estatales y recursos de otras administraciones y entes públicos gestionados por la AEAT se realiza anualmente.
- Se efectúa conforme al procedimiento que establezca la IGAE.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cuenta de los tributos estatales y de recursos de otros entes gestionados por la AEAT se audita cada año con el procedimiento que fije la IGAE.
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Artículo 174. Auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social.
La auditoría pública de las empresas colaboradoras se ejercerá a través de la Intervención General de la Seguridad Social respecto a la gestión de la acción protectora a la que se refiere el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social.
Datos clave
- Artículo 174 de la Ley General Presupuestaria: la auditoría pública de las empresas colaboradoras se ejerce a través de la Intervención General de la Seguridad Social.
- Se refiere a la gestión de la acción protectora del artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La auditoría pública de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social la ejerce la Intervención General de la Seguridad Social sobre la acción protectora del artículo 77 LGSS.
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Artículo 175. Auditoría de privatizaciones.
La Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de las operaciones de transmisión de la propiedad de sociedades mercantiles estatales, participaciones, acciones o unidades o ramas de negocio, cuando las mismas representen una participación significativa en el patrimonio de la sociedad, y en todo caso, cuando comporten la pérdida del control político de aquéllas. Dicha auditoría se efectuará sobre la cuenta del resultado económico y contable, así como la memoria explicativa de los aspectos de la operación, que deberán emitirse en cada operación de enajenación antes referida.
Datos clave
- Artículo 175 de la Ley General Presupuestaria: la IGAE audita las operaciones de transmisión de la propiedad de sociedades mercantiles estatales, participaciones, acciones o unidades o ramas de negocio.
- Se audita cuando representen una participación significativa en el patrimonio de la sociedad y, en todo caso, cuando comporten la pérdida del control político.
- La auditoría se efectúa sobre la cuenta del resultado económico y contable y la memoria explicativa que deben emitirse en cada operación de enajenación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La IGAE audita las privatizaciones significativas de sociedades mercantiles estatales y, en todo caso, las que hacen perder el control político, sobre su cuenta de resultado y memoria explicativa.
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Los documentos contables de la ejecución del gasto: RC, A, D, OK y mixtos
Según la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE núm. 34, de 8 de febrero de 1996), vigente con su última actualización publicada el 17 de septiembre de 2024, y la Orden de la misma fecha por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado (BOE núm. 35, de 9 de febrero de 1996), toda operación de gestión de gastos del Estado se incorpora al sistema de información contable mediante uno o más documentos contables electrónicos, firmados electrónicamente y remitidos por los servicios gestores a la oficina de contabilidad.
La regla 20 de la Instrucción establece que la ejecución de los gastos presupuestarios se realiza en tres fases: autorización del gasto, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación. La ordenación y el pago se rigen por la Orden que regula los procedimientos para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. A cada operación le corresponde un documento:
- RC, de retención de créditos para gastar: al iniciar un expediente de gasto, el servicio gestor solicita con él que se certifique la existencia de crédito disponible; registrado el RC, el crédito queda retenido y el sistema emite el certificado de existencia de crédito (regla 14). También se usa RC para la no disponibilidad acordada por el Gobierno (regla 16; documento específico RC-102).
- A, de autorización del gasto: acto por el que la autoridad competente aprueba la realización de un gasto, determinando su cuantía de forma cierta o aproximada y reservando el crédito (regla 21).
- D, de compromiso de gastos o disposición: acto por el que se acuerda o concierta con un tercero la realización de obras, servicios, transferencias o subvenciones previamente autorizados (regla 22).
- OK, de reconocimiento de la obligación: acto por el que se acepta formalmente una deuda a favor de un tercero, según el principio del «servicio hecho» o por nacimiento del derecho en obligaciones no recíprocas; lleva implícita la propuesta de pago (regla 23).
- O, de reconocimiento de la obligación sin propuesta de pago: se utiliza exclusivamente en la gestión de la Deuda del Estado; en ese supuesto el pago se propone después con un documento K, de propuesta de pago.
Fases mixtas (regla 24). La acumulación de varias fases en un único acto produce los mismos efectos que si se acordaran por separado. Si la autorización y el compromiso se acuerdan en un acto único se expide un documento AD; si se acumulan autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, un documento ADOK. Existen además documentos A, D y AD de ejercicios posteriores y de tramitación anticipada.
Enlace y anulaciones. Las operaciones de inicio son RC, A, AD y ADOK; las de continuación deben referenciar el número de registro contable de la operación a la que suceden (regla 27). Las anulaciones se soportan en documentos análogos de signo negativo (reglas 18 y 26).
Datos clave
- Fases de ejecución del gasto (regla 20): autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación.
- RC: retención de crédito y certificado de existencia de crédito al inicio del expediente.
- A: autorización; D: compromiso o disposición con un tercero.
- OK: reconocimiento de la obligación con propuesta de pago implícita, según el principio del «servicio hecho».
- Documentos mixtos: AD (autorización y compromiso) y ADOK (autorización, compromiso y reconocimiento).
- El documento O (obligación sin propuesta de pago) es exclusivo de la Deuda del Estado y se completa con un documento K de propuesta de pago.
- Las anulaciones se hacen con documentos de signo negativo referenciados a la operación anulada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ejecución del gasto del Estado pasa por tres fases (autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación) y cada operación entra en contabilidad con su documento: RC, A, D, OK y los mixtos AD y ADOK.