La recaudación (II). La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores. Gestión recaudatoria asociada a delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.
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Artículo 161. Recaudación en período ejecutivo.
1. El período ejecutivo se inicia:
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
2. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.
No obstante lo anterior, las solicitudes a las que se refiere el párrafo anterior así como las solicitudes de suspensión y pago en especie no impedirán el inicio del periodo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo.
La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
La declaración de concurso no suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal de acuerdo con el texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sin perjuicio de que las actuaciones del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en dicho texto refundido.
3. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a las que se refiere el apartado 1 de este artículo por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
4. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta ley y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Datos clave
- Deudas liquidadas por la Administración: el período ejecutivo se inicia el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso del artículo 62.
- Autoliquidación sin ingreso: al día siguiente de la finalización del plazo de ingreso o, si ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación.
- La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo durante su tramitación, salvo denegación previa de otra solicitud sobre la misma deuda.
- El recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impide el inicio del período ejecutivo hasta que sea firme en vía administrativa y finalice el plazo de ingreso voluntario.
- La declaración de concurso no suspende el plazo voluntario de pago de las deudas concursales.
- Iniciado el período ejecutivo, se recauda por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado.
- Se exigen intereses de demora, recargos del período ejecutivo (artículos 26 y 28) y, en su caso, costas del apremio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo ejecutivo empieza al día siguiente de vencer el plazo de ingreso; ciertas solicitudes y recursos lo retrasan y, una vez iniciado, se cobra por apremio con intereses, recargos y costas.
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Artículo 162. Facultades de la recaudación tributaria.
1. Para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que desarrollen funciones de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios, tendrán las facultades que se reconocen a la Administración tributaria en el artículo 142 de esta ley, con los requisitos allí establecidos, y podrán adoptar medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 146 de esta ley.
Todo obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración, cuando ésta así lo requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 169 de esta ley.
2. Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales que sean necesarias en el curso del procedimiento de apremio. Los obligados tributarios deberán atenderles en sus actuaciones y les prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se hubiesen dictado, se podrá acordar, previo apercibimiento, la ejecución subsidiaria de dichas resoluciones o requerimientos, mediante acuerdo del órgano competente.
Datos clave
- Los funcionarios de recaudación pueden comprobar e investigar la existencia y situación de bienes o derechos de los obligados tributarios.
- Tienen las facultades del artículo 142 y pueden adoptar medidas cautelares en los términos del artículo 146.
- El obligado debe aportar, si se le requiere, una relación de bienes y derechos suficiente para cubrir la deuda (artículo 169.2).
- Los obligados deben atender y colaborar con los funcionarios en las actuaciones materiales del apremio.
- Ante incumplimiento de resoluciones o requerimientos cabe, previo apercibimiento, la ejecución subsidiaria por acuerdo del órgano competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los funcionarios de recaudación pueden investigar el patrimonio del obligado, usar las facultades generales de comprobación y adoptar medidas cautelares, y pueden forzar el cumplimiento con ejecución subsidiaria.
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Artículo 163. Carácter del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.
2. El procedimiento administrativo de apremio no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o con las normas del artículo siguiente.
La Administración tributaria velará por el ámbito de potestades que en esta materia le atribuye la Ley de conformidad con lo previsto en la legislación de conflictos jurisdiccionales.
3. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.
Datos clave
- El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo.
- La competencia para entender del mismo y resolver sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.
- No es acumulable a los procedimientos judiciales ni a otros de ejecución.
- No se suspende por la iniciación de aquéllos, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 2/1987, de Conflictos Jurisdiccionales, o en el artículo siguiente.
- Se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites.
- Una vez iniciado, sólo se suspende en los casos y forma previstos en la normativa tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio es un procedimiento exclusivamente administrativo: no se acumula a los judiciales, se inicia de oficio y solo se suspende en los casos previstos.
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Artículo 164. Concurrencia de procedimientos.
El artículo 164 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la concurrencia de procedimientos.
1. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas:
1.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo.
2.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.
Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.
2. En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y, en su caso, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apremio y se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las condiciones para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa.
3. Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución que precisen para el ejercicio de sus funciones.
Asimismo tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, cualesquiera órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos de ejecución.
4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria.
Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo anterior se requerirá únicamente la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.
Datos clave
- Concurrencia con procedimientos singulares: el apremio es preferente si su embargo es el más antiguo.
- Concurrencia con procedimientos concursales o universales: preferente si el embargo es anterior a la declaración del concurso.
- En ambos casos se atiende a la fecha de la diligencia de embargo.
- En concurso se aplican la Ley Concursal y la Ley General Presupuestaria, sin impedir la providencia de apremio en los casos previstos.
- Derecho de abstención de la Hacienda Pública en los procesos concursales.
- Condiciones singulares de pago no más favorables que las del convenio; basta la autorización del órgano competente de la Administración tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el apremio concurre con otras ejecuciones, manda la antigüedad del embargo; en concurso rige la Ley Concursal y Hacienda puede abstenerse o pactar condiciones no más favorables que el convenio.
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Artículo 165. Suspensión del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria.
2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.
3. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.
4. Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
5. Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.
Datos clave
- El apremio se suspende en la forma prevista para recursos y reclamaciones económico-administrativas y en los demás supuestos de la normativa tributaria.
- Suspensión automática, sin garantía, si se demuestra error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda.
- También si la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o ha prescrito el derecho a exigir el pago.
- La reclamación de tercería se formula ante el órgano administrativo competente.
- Tercería de dominio: se suspende el apremio respecto de los bienes controvertidos, tras adoptar medidas de aseguramiento.
- Tercería de mejor derecho: el procedimiento prosigue hasta la realización de los bienes y el producto se consigna en depósito.
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El apremio se puede parar por recurso con garantía, pero también de oficio y sin garantía cuando hay un error claro, y se complica si un tercero reclama la propiedad de lo embargado.
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Artículo 166. Conservación de actuaciones.
1. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad.
2. La anulación de los recargos u otros componentes de la deuda tributaria distintos de la cuota o de las sanciones no afectará a la validez de las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la deuda tributaria o sanciones no anulados.
Datos clave
- La nulidad de determinadas actuaciones del apremio no afecta a las no afectadas por la causa de nulidad, que se conservan.
- La anulación de recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no afecta a la validez de las actuaciones respecto de lo no anulado.
- Se conservan las actuaciones relativas a los componentes o sanciones no anulados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se anulan actuaciones del apremio, se conservan las no afectadas por la nulidad; y anular recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no invalida lo actuado sobre lo no anulado.
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Artículo 167. Iniciación del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago.
2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.
3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.
Datos clave
- El apremio se inicia mediante providencia notificada que identifica la deuda, liquida los recargos del artículo 28 y requiere el pago.
- La providencia de apremio es título suficiente y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial.
- Motivos de oposición tasados: extinción total de la deuda o prescripción; solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión.
- También: falta de notificación de la liquidación y anulación de la liquidación.
- También: error u omisión en la providencia que impida identificar al deudor o la deuda apremiada.
- Sin pago en el plazo del artículo 62.5 se procede al embargo, advirtiéndose así en la providencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio arranca con una providencia que vale como título ejecutivo, y solo se puede oponer por unos motivos tasados y muy concretos.
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Artículo 168. Ejecución de garantías.
Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.
No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará sin efecto en la parte asegurada por los embargos.
Datos clave
- Si la deuda está garantizada, se ejecuta en primer lugar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.
- La Administración puede embargar y enajenar antes otros bienes si la garantía no es proporcionada a la deuda garantizada.
- También puede hacerlo cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes.
- En esos casos, la garantía queda sin efecto en la parte asegurada por los embargos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la deuda está garantizada, primero se ejecuta la garantía por apremio, aunque Hacienda puede embargar antes otros bienes si la garantía es desproporcionada o el obligado lo pide señalando bienes suficientes.
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Artículo 169. Práctica del embargo de bienes y derechos.
1. Con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:
a) El importe de la deuda no ingresada.
b) Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Las costas del procedimiento de apremio.
2. Si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden diferente en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado.
Si los criterios establecidos en el párrafo anterior fueran de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden:
a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.
b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
c) Sueldos, salarios y pensiones.
d) Bienes inmuebles.
e) Intereses, rentas y frutos de toda especie.
f) Establecimientos mercantiles o industriales.
g) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.
h) Bienes muebles y semovientes.
i) Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.
3. A efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado en un plazo no superior a seis meses. Los demás se entienden realizables a largo plazo.
4. Siguiendo el orden establecido según los criterios del apartado 2 de este artículo, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso, se embargarán en último lugar aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario.
A solicitud del obligado tributario se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros.
5. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación.
Datos clave
- El embargo respeta siempre el principio de proporcionalidad.
- Cubre deuda no ingresada, intereses hasta el ingreso en el Tesoro, recargos del período ejecutivo y costas del apremio.
- Criterio general: mayor facilidad de enajenación y menor onerosidad para el obligado.
- Orden subsidiario: primero dinero efectivo o en cuentas; después créditos realizables a corto plazo; sueldos, salarios y pensiones; bienes inmuebles; y así hasta los créditos realizables a largo plazo.
- Realizable a corto plazo: en un plazo no superior a seis meses.
- Se embargan en último lugar los bienes cuya traba exija entrar en el domicilio del obligado.
- A solicitud del obligado puede alterarse el orden si los bienes señalados garantizan el cobro con la misma eficacia y prontitud sin perjuicio a terceros.
- No se embargan bienes inembargables ni aquellos cuyo coste de realización pueda exceder del importe obtenible.
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Fija cuánto se puede embargar (deuda, intereses, recargos y costas) y en qué orden, siempre respetando la proporcionalidad y protegiendo lo inembargable.
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Artículo 170. Diligencia de embargo y anotación preventiva.
1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación.
Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos.
2. Si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedirá mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, solicitándose, asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el registro. El registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la expedición de esta certificación, expresando su fecha y el procedimiento al que se refiera.
En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.
La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos tributarios establece el artículo 77 de esta ley, siempre que se ejercite la tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo.
3. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Falta de notificación de la providencia de apremio.
c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación.
4. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente.
5. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa, si se aprecia que la continuidad de las personas que ejercen la dirección de la actividad pudiera perjudicar la solvencia del obligado tributario, el órgano competente, previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador o que intervenga en la gestión del negocio en la forma que reglamentariamente se establezca, fiscalizando previamente a su ejecución aquellos actos que se concreten en el acuerdo administrativo.
6. La Administración tributaria podrá acordar la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de aquella y este ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre la sociedad titular de los inmuebles en cuestión en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado a formular cuentas consolidadas. Podrá tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente en virtud del correspondiente mandamiento en que se justificará la validez de la medida cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia a la existencia de la correspondiente relación de control cuyo presupuesto de hecho se detallará en el propio mandamiento.
El recurso contra la medida de prohibición de disponer solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción.
La medida se alzará cuando por cualquier causa se extinga el embargo de las participaciones o acciones pertenecientes al obligado tributario. Asimismo, la Administración tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer cuando su mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad.
Datos clave
- Cada actuación de embargo se documenta en diligencia notificada a la persona con la que se entienda.
- La diligencia se notifica al obligado y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario, al cónyuge si los bienes son gananciales y a los condueños o cotitulares.
- Bienes inscribibles: anotación preventiva de embargo mediante mandamiento con el mismo valor que el mandamiento judicial.
- La anotación no altera la prelación del artículo 77 si se ejercita la tercería de mejor derecho; en otro caso prevalece el orden registral.
- Motivos de oposición a la diligencia: extinción o prescripción, falta de notificación de la providencia de apremio, incumplimiento de las normas del embargo y suspensión del procedimiento.
- Embargo de empresa: puede nombrarse, previa audiencia, un funcionario administrador o interventor.
- Prohibición de disponer sobre inmuebles de una sociedad controlada (artículo 42 del Código de Comercio) cuando se embarguen acciones o participaciones del obligado.
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Cada embargo se documenta en diligencia notificada a los afectados; si el bien es inscribible se anota preventivamente, y la diligencia solo se puede impugnar por cuatro motivos.
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Artículo 171. Embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito.
El artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito.
1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo.
Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169, se concretarán por el órgano competente los que hayan de quedar trabados.
2. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.
3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.
Datos clave
- Se identifica el bien conocido, pero el embargo puede extenderse sin identificación previa al resto de bienes en la entidad dentro del ámbito de la Administración ordenante.
- Si los bienes no son homogéneos o exceden del importe del artículo 169.1, el órgano competente concreta los que quedan trabados.
- Cuentas de varios titulares: solo se embarga la parte del obligado.
- Titularidad indistinta o conjunta mancomunada: el saldo se presume dividido en partes iguales, salvo prueba en contrario.
- Cuentas con abono de sueldos, salarios o pensiones: se respetan los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Se considera salario lo ingresado por ese concepto en el mes del embargo o, en su defecto, en el mes anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacienda puede embargar fondos en bancos identificando un bien y extendiéndose al resto; en cuentas compartidas solo la parte del deudor y en cuentas de nómina respetando los límites de la LEC.
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Artículo 172. Enajenación de los bienes embargados.
1. La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se fijen reglamentariamente.
El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112 de esta ley. En ese caso, contra el acuerdo de enajenación sólo serán admisibles los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo a los que se refiere el apartado 3 del artículo 170 de esta ley.
2. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles cuya adjudicación pueda interesar a la Hacienda Pública y no se hubieran adjudicado en el procedimiento de enajenación.
La adjudicación se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 75 por ciento del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación.
3. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación.
4. En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria liberará los bienes embargados si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio.
Datos clave
- Formas de enajenación: subasta, concurso o adjudicación directa.
- El acuerdo de enajenación sólo es impugnable si las diligencias de embargo se tuvieron por notificadas conforme al artículo 112.3, y únicamente por los motivos del artículo 170.3.
- Cabe adjudicar a la Hacienda Pública inmuebles o muebles de su interés no adjudicados en la enajenación.
- La adjudicación se acuerda por el importe del débito, sin rebasar en ningún caso el 75 por ciento del tipo inicial.
- No se enajena hasta que la liquidación sea firme, salvo fuerza mayor, bienes perecederos, riesgo de pérdida inminente de valor o solicitud expresa del obligado.
- Antes de la adjudicación se liberan los bienes si el obligado extingue la deuda y las costas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes embargados se venden por subasta, concurso o adjudicación directa, y la Hacienda solo puede adjudicárselos a sí misma sin superar el 75% del tipo inicial.
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Artículo 173. Terminación del procedimiento de apremio.
1. El procedimiento de apremio termina:
a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de esta ley.
b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.
2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.
Datos clave
- El apremio termina con el pago de la cantidad debida del artículo 169.1.
- Termina con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
- Termina con el acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra causa.
- Si el crédito se declaró incobrable, el apremio se reanuda, dentro del plazo de prescripción, al conocerse la solvencia de algún obligado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio acaba con el pago, con la declaración de crédito incobrable tras declarar fallidos a todos los obligados, o por cualquier otra causa de extinción de la deuda; y puede reabrirse si aparece solvencia.
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Artículo 174. Declaración de responsabilidad.
1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa.
2. La competencia para iniciar el procedimiento de declaración de responsabilidad y para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano de recaudación.
3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que también les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.
4. El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de notificación tendrá el siguiente contenido:
a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.
b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.
5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.
No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta Ley, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.
6. El plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será el establecido en el apartado 2 del artículo 62 de esta ley.
Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía de apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el artículo 28 de esta ley.
Datos clave
- La responsabilidad puede declararse en cualquier momento posterior a la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo disposición legal en contrario.
- Competencia para iniciar el procedimiento y dictar la declaración: el órgano de recaudación.
- Los responsables pueden alegar y aportar documentación antes del trámite de audiencia.
- La notificación incluye el texto íntegro del acuerdo, los medios de impugnación y el lugar, plazo y forma de pago.
- En el recurso puede impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones, sin revisar las firmes para otros obligados.
- En los supuestos del artículo 42.2 sólo se impugna el alcance global de la responsabilidad.
- Plazo de pago en período voluntario: el del artículo 62.2; si no paga, se exige en vía de apremio con el recargo del artículo 28.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad se declara tras la liquidación o autoliquidación por el órgano de recaudación; el responsable puede impugnar el presupuesto y las liquidaciones y paga en el plazo del art. 62.2.
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Artículo 175. Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.
El artículo 175 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.
1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el siguiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago original de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.
b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago original de la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable.
2. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo.
Datos clave
- Responsabilidad declarada y notificada antes del vencimiento del período voluntario original: basta requerir el pago una vez transcurrido dicho período.
- En los demás casos, transcurrido el período voluntario original, el órgano competente dicta acto de declaración de responsabilidad.
- El futuro adquirente de explotaciones o actividades puede solicitar, con conformidad del titular actual, certificación detallada de deudas, sanciones y responsabilidades.
- La Administración debe expedirla en el plazo de tres meses desde la solicitud.
- La responsabilidad del adquirente queda limitada a lo contenido en la certificación.
- Si la certificación no menciona deudas o no se facilita en plazo, el solicitante queda exento de responsabilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Exigir la responsabilidad solidaria depende de si se declaró antes o después del periodo voluntario; el adquirente de un negocio puede limitarla pidiendo certificado de deudas, que se expide en tres meses.
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Artículo 176. Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria.
Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable subsidiario.
Datos clave
- Presupuesto: la declaración de fallido del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios.
- La Administración tributaria dicta acto de declaración de responsabilidad.
- El acto se notifica al responsable subsidiario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para exigir la responsabilidad subsidiaria, primero deben declararse fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios; luego se dicta y notifica el acto de declaración de responsabilidad.
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Artículo 177. Procedimiento de recaudación frente a los sucesores.
1. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación a los sucesores, con requerimiento del pago de la deuda tributaria y costas pendientes del causante.
Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se suspenderá el procedimiento de recaudación hasta que transcurra el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la relación de las deudas tributarias pendientes del causante, con efectos meramente informativos.
Mientras la herencia se encuentre yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y derechos, a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su administración o representación.
2. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica.
Disuelta y liquidada una fundación, el procedimiento de recaudación continuará con los destinatarios de sus bienes y derechos.
La Administración tributaria podrá dirigirse contra cualquiera de los socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, o contra todos ellos simultánea o sucesivamente, para requerirles el pago de la deuda tributaria y costas pendientes.
Datos clave
- Fallecido el obligado, el procedimiento continúa con herederos y, en su caso, legatarios, con la constancia del fallecimiento y notificación con requerimiento de pago.
- Si el heredero usa el derecho a deliberar, se suspende el procedimiento durante el plazo concedido.
- Herencia yacente: se dirige contra sus bienes y derechos, entendiendo las actuaciones con quien ostente su administración o representación.
- Sociedad disuelta y liquidada: continúa con socios, partícipes o cotitulares, constatada la extinción de la personalidad jurídica.
- Fundación disuelta y liquidada: continúa con los destinatarios de sus bienes y derechos.
- La Administración puede dirigirse contra cualquiera o contra todos, simultánea o sucesivamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si el obligado fallece, el cobro sigue contra sus herederos sin más trámite que notificarles la deuda; si la sociedad se disuelve, sigue contra sus socios o los destinatarios de sus bienes.
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Artículo 69. Recaudación en periodo ejecutivo.
1. La recaudación en periodo ejecutivo se inicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario.
2. Iniciado el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, que se iniciará, a su vez, mediante la notificación de la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 70.
3. El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.
Datos clave
- El periodo ejecutivo se inicia según el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria, respecto de los importes no satisfechos en periodo voluntario.
- Iniciado el periodo ejecutivo, se recauda por el procedimiento de apremio.
- El apremio se inicia con la notificación de la providencia de apremio (artículo 70).
- Cabe pago total o parcial en periodo ejecutivo.
- Si el pago no cubre deuda, recargo y costas, el procedimiento continúa por el resto impagado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El periodo ejecutivo se inicia según el artículo 161.1 de la Ley General Tributaria por lo no pagado en voluntaria; se recauda por apremio, que empieza con la notificación de la providencia, y caben pagos parciales.
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Artículo 70. Providencia de apremio.
1. La providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago.
2. La providencia de apremio deberá contener:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
b) Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora.
d) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.
e) Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
f) Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
g) Fecha de emisión de la providencia de apremio.
3. Son órganos competentes para dictar la providencia de apremio los que establezca la norma de organización específica.
En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de deudas de otras Administraciones públicas, la providencia de apremio será dictada por el órgano competente de dichas Administraciones.
4. En el caso de deudas a favor de la Hacienda pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin perjuicio de la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por disposición legal, podrá acudirse, asimismo, a los procedimientos de compensación de oficio y deducción sobre transferencias.
Datos clave
- La providencia de apremio es el acto que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago.
- Contiene identificación del obligado, concepto, importe y periodo de la deuda, y la indicación de que no ha sido satisfecha.
- Incluye la liquidación del recargo del periodo ejecutivo y el requerimiento de pago en el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
- Advierte del embargo si no se ingresa la deuda con el recargo de apremio reducido del 10 por ciento.
- En caso de embargo se incluyen el recargo de apremio del 20 por ciento y los intereses de demora.
- La dictan los órganos que establezca la norma de organización específica; en recaudación por convenio, el órgano de la otra Administración.
- Deudas de entidades públicas con la Hacienda estatal: cabe compensación de oficio y deducción sobre transferencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La providencia de apremio ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado; debe contener siete menciones, entre ellas el recargo reducido del 10 % y la advertencia del 20 % si no paga.
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Artículo 71. Notificación de la providencia de apremio.
En la notificación de la providencia de apremio se harán constar al menos los siguientes extremos:
a) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
b) Repercusión de costas del procedimiento.
c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
d) Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.
e) Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.
Datos clave
- La notificación de la providencia de apremio debe indicar el lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
- Debe indicar la repercusión de costas del procedimiento.
- Debe indicar la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
- Debe indicar que la suspensión se producirá en los casos y condiciones de la normativa vigente.
- Debe indicar los recursos procedentes, los órganos ante los que interponerlos y el plazo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La notificación de la providencia de apremio debe indicar al menos lugar de ingreso, costas, posibilidad de aplazar, cuándo se suspende el procedimiento y recursos procedentes.
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Artículo 72. Interés de demora del periodo ejecutivo.
1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso.
Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
2. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.
3. El tipo de interés se aplicará de acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria o presupuestaria, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias respectivamente.
4. El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma:
a) Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
b) En el supuesto al que se refiere el párrafo a), el órgano de recaudación competente podrá, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada.
c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior.
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.
En los casos de los párrafos b), c) y d) no será necesaria la notificación expresa de la liquidación de los intereses de demora devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias, y la forma de cómputo del tiempo de devengo.
5. En el ámbito de competencias del Estado no se practicará liquidación por intereses de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la cifra que por orden fije el Ministro de Economía y Hacienda como mínima para cubrir el coste de su exacción y recaudación.
Datos clave
- El interés de demora se devenga desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha del ingreso.
- No se exige si, sin suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, la deuda se paga totalmente antes de que concluya el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
- La base del interés no incluye el recargo de apremio.
- Tipo aplicable: normativa tributaria (deudas y sanciones tributarias) o presupuestaria (deudas no tributarias).
- Pago tras el plazo del artículo 62.5: los intereses se liquidan posteriormente, aunque el órgano de recaudación puede exigirlos en el momento del pago.
- En ejecución de bienes o garantías y en embargo de dinero pueden liquidarse los intereses en ese momento.
- En el ámbito estatal no se liquidan intereses inferiores a la cifra mínima fijada por orden del Ministro de Economía y Hacienda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En periodo ejecutivo se devengan intereses de demora desde su inicio hasta el ingreso, sin incluir el recargo en la base; no se exigen si se paga todo dentro del plazo del artículo 62.5, y regula cómo se liquidan.
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Artículo 72 bis. Cálculo de los intereses de demora en el ámbito de la asistencia mutua.
El artículo 72 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el cálculo de los intereses de demora en el ámbito de la asistencia mutua.
Las cantidades adeudadas de titularidad de otros Estados o de otras entidades internacionales y supranacionales, cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, devengarán interés de demora de acuerdo con el artículo 26.2.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma:
a) Cuando se produzca el pago de la deuda una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
b) En el supuesto al que se refiere el párrafo a), el órgano de recaudación competente podrá, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda.
c) En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior.
d) Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.
Datos clave
- Las deudas de otros Estados o entidades internacionales y supranacionales en asistencia mutua devengan interés de demora conforme al artículo 26.2.e) de la Ley 58/2003.
- Pago tras el plazo del artículo 62.6: los intereses se liquidan posteriormente por el procedimiento general.
- El órgano de recaudación puede liquidarlos y exigirlos en el momento del pago si lo aconsejan las necesidades del servicio.
- Ejecución de bienes o garantías: se liquidan al aplicar el líquido obtenido, si es superior.
- Embargo de dinero, cuentas o créditos: pueden liquidarse y retenerse en el momento del embargo si el importe disponible es superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las deudas de otros Estados o entidades que se cobran por asistencia mutua devengan interés de demora y se liquidan después del pago, al pagar, al aplicar lo obtenido o al embargar dinero.
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Artículo 73. Suspensión del procedimiento de apremio.
El artículo 73 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la suspensión del procedimiento de apremio.
1. La suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa se tramitará y resolverá de acuerdo con las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
2. Cuando el interesado demuestre la existencia de error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que esta ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir su pago, se le notificará la suspensión de las actuaciones del procedimiento de apremio en tanto se dicte el acuerdo correspondiente.
Cuando la apreciación de las citadas circunstancias no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión, este podrá suspender las actuaciones y dará traslado al órgano competente. Este último informará al órgano de recaudación que estuviera tramitando el procedimiento de apremio sobre la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas.
La resolución que se adopte se notificará al interesado comunicándole, en su caso, la continuación del procedimiento de apremio.
3. La suspensión del procedimiento de apremio asociado al cobro de una liquidación vinculada a delito, tanto en sede del deudor principal como en sede del responsable, se tramitará y resolverá de acuerdo con el régimen regulado en los artículos 255, 256 y 258.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. La suspensión del procedimiento de recaudación seguido en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en los apartados anteriores y en el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Datos clave
- La suspensión por recurso o reclamación económico-administrativa se rige por las normas de revisión en vía administrativa.
- Se suspende si se demuestra error material, aritmético o de hecho, o que la deuda está ingresada, condonada, compensada, aplazada, suspendida o prescrita.
- Si no es competente el órgano de recaudación que recibe la solicitud, puede suspender y da traslado al competente.
- Liquidación vinculada a delito: artículos 255, 256 y 258.3 de la Ley 58/2003.
- Asistencia mutua: además, el artículo 177 terdecies de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo se suspende el apremio: por recurso (normas de revisión), por error o deuda ya extinguida, aplazada o prescrita, y con regímenes propios para liquidaciones vinculadas a delito y asistencia mutua.
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Artículo 74. Ejecución de garantías.
El artículo 74 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la ejecución de garantías.
1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá a ejecutar la garantía, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en su artículo 168, segundo párrafo; en tal caso, con anterioridad a la ejecución de la garantía se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes y derechos.
En ningún caso será de aplicación en la ejecución de garantías lo dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.
3. Si la garantía consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos del obligado al pago susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este reglamento para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar.
4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona o entidad distinta del obligado al pago, se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del depósito constituido, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se procederá al embargo de sus bienes y derechos sin más trámite en virtud de la misma providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación de aquella. Si el depositario es la propia Administración, se aplicará el depósito a cancelar dichas cantidades.
6. La ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda pública se realizará por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento de apremio.
Cuando se inicie la ejecución administrativa, el órgano de recaudación competente comunicará la orden de ejecución al Registrador de la Propiedad mediante mandamiento por duplicado para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas, con el contenido y efectos establecidos en el artículo 688 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El órgano de recaudación competente notificará el inicio del procedimiento de ejecución a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio si no ha sido requerida para el pago y a los titulares de cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que aparezcan en la certificación.
En su caso, el tipo para la subasta o concurso podrá fijarse de acuerdo con las reglas del artículo 97 y con independencia del valor en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.
7. Se podrá continuar el procedimiento de apremio cuando la garantía haya devenido manifiestamente insuficiente, jurídica o económicamente, desde la fecha de su constitución, sin necesidad de esperar a su ejecución, mediante acuerdo motivado que deberá constar en el expediente.
Datos clave
- Si la deuda garantizada no se paga en el plazo del artículo 62.5, se ejecuta la garantía.
- No se aplica el artículo 172.3 de la Ley 58/2003 en la ejecución de garantías.
- Garantía personal (aval, fianza, seguro de caución): se requiere al garante hasta el límite garantizado.
- Garantía real del obligado: enajenación por el procedimiento de bienes embargados de naturaleza igual o similar.
- Depósito en efectivo: se requiere al depositario; si es la propia Administración, se aplica el depósito.
- Hipotecas: mandamiento por duplicado al Registrador para la certificación de dominio y cargas (artículo 688 de la LEC).
- Garantía manifiestamente insuficiente: se continúa el apremio mediante acuerdo motivado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la deuda garantizada no se paga en el plazo del apremio, se ejecuta la garantía: al garante se le requiere el pago, los bienes en garantía se enajenan y el depósito se aplica.
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Artículo 75. Diligencias de embargo.
1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse realizado el ingreso requerido, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan, siempre que no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no resultará líquido suficiente para cubrir la deuda.
2. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo.
3. Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo.
Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas.
Datos clave
- Transcurrido el plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003 sin ingreso, se embargan bienes y derechos en cumplimiento de la providencia de apremio.
- Procede si no se pagó por ejecución de garantías o es previsible que esta no cubra la deuda.
- Cada actuación de embargo se documenta en diligencia de embargo.
- Las deudas de un mismo obligado pueden acumularse en una diligencia y segregarse cuando el procedimiento lo exija.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pasado el plazo del artículo 62.5 LGT sin pagar, se embargan bienes en cumplimiento de la providencia de apremio, salvo que la deuda se haya cobrado con la garantía; cada embargo consta en diligencia.
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Artículo 76. Práctica de los embargos.
1. Si los bienes embargables se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado, se ordenará, mediante personación en dichos locales, al depositario o al personal dependiente de este último la entrega de los bienes, que se detallarán en la correspondiente diligencia.
En caso de negativa a la entrega inmediata o cuando esta no sea posible, se podrá proceder al precintado o a la adopción de medidas necesarias para impedir la sustitución o levantamiento, haciéndose constar en diligencia.
Cuando sea necesario el acceso a los bienes embargados a efectos de su identificación o ejecución, podrá requerirse el auxilio de la autoridad.
Lo dispuesto en este apartado se efectuará teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 142 y 146 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la entrada en fincas y locales y las medidas de aseguramiento que es posible adoptar.
2. Cuando en la fase de traba o en la de ejecución se presuma que el resultado de la enajenación de los bienes embargados pueda ser insuficiente para cubrir la deuda, se procederá al embargo de otros bienes y derechos.
Cuando por la información sucesivamente obtenida se embarguen bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados pero no realizados, se realizarán aquellos con anterioridad.
3. Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al obligado al pago y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado al pago cuando los bienes embargados sean gananciales o se trate de la vivienda habitual, y a los condueños o cotitulares.
En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público el embargo también deberá notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación de cargas a que se refiere el artículo 74.
El embargo, en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso, se limitará a la cuota de participación del obligado al pago y se notificará a los condóminos.
4. Si una vez realizado el embargo se comprobase que concurren las circunstancias del artículo 169.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá a su levantamiento.
5. El embargo deberá ejecutarse en sus estrictos términos, sin perjuicio de que el obligado al pago pueda interponer recurso o reclamación económico-administrativa si considera que se incurre en alguna de las causas del artículo 170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
6. La inexistencia de bienes embargables conocidos por la Administración cuya ejecución permita el cobro de la deuda se hará constar en el expediente.
Datos clave
- Bienes en locales de terceros: se ordena su entrega; si hay negativa, precinto u otras medidas, haciéndolo constar en diligencia.
- Puede requerirse el auxilio de la autoridad; se tienen en cuenta los artículos 142 y 146 de la Ley 58/2003.
- Si se presume insuficiencia, se embargan otros bienes; los anteriores en el orden de embargo se realizan antes.
- Notificación al obligado, terceros poseedores o depositarios, cónyuge (gananciales o vivienda habitual) y condueños o cotitulares.
- Bienes pro indiviso: el embargo se limita a la cuota del obligado y se notifica a los condóminos.
- Se levanta si concurre el artículo 169.5; se ejecuta en sus estrictos términos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija cómo se accede a los bienes a embargar (incluso en locales de terceros), el orden de embargo cuando hay insuficiencia previsible, y a quién se notifica la diligencia.
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Artículo 77. Concurrencia de embargos.
1. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de este último es el más antiguo. A estos efectos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho.
2. Cuando sobre los bienes embargados por la Hacienda pública o sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de esta existan derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores, podrá aquella subrogarse en dichos derechos mediante el abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda pública de la enajenación de los bienes. Para ejercer esta subrogación, el órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente.
Las cantidades abonadas por ese concepto tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.
3. Cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se deberá comunicar a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. A efectos de continuar o no el procedimiento ejecutivo respecto de otros bienes del obligado al pago, se considerará realizado el embargo por el precio firme del bien expropiado. Cuando el precio no sea firme, se considerará realizado el embargo por la parte en que exista acuerdo y, de no haberlo, por el precio ofrecido por la Administración expropiante.
Datos clave
- Con procedimientos singulares, el apremio es preferente si su embargo es el más antiguo (fecha de la diligencia de embargo).
- La Hacienda puede subrogarse en derechos anteriores abonando créditos sustancialmente inferiores al producto previsible.
- La subrogación la propone el órgano de recaudación y la autoriza el órgano competente.
- Las cantidades abonadas tienen carácter de costas del procedimiento.
- Expropiación forzosa: se paralizan las actuaciones y se embargan los pagos al expropiado; precio firme, parte con acuerdo o precio ofrecido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas cuando el apremio choca con otras ejecuciones: manda el embargo más antiguo; Hacienda puede subrogarse en créditos anteriores; y la expropiación paraliza la ejecución de los bienes afectados.
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Artículo 78. Embargo de dinero en efectivo.
1. Cuando se embargue dinero en efectivo, el órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia, de la que emitirá un duplicado. Uno de los ejemplares se unirá al expediente y el otro quedará en poder del obligado al pago. El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro.
2. Si se trata de la recaudación de cajas, taquillas o similares de empresas o entidades en funcionamiento, el órgano de recaudación competente podrá acordar los pagos que deban realizarse con cargo a dicha recaudación, en la cuantía necesaria para evitar la paralización de aquellas.
Datos clave
- El embargo de dinero en efectivo se hace constar en diligencia con duplicado.
- Un ejemplar se une al expediente y otro queda en poder del obligado al pago.
- El dinero se ingresa inmediatamente en el Tesoro.
- Cajas o taquillas de empresas en funcionamiento: pueden acordarse pagos con cargo a la recaudación para evitar su paralización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El dinero en efectivo embargado se documenta en diligencia por duplicado y se ingresa de inmediato en el Tesoro; si es la caja de un negocio en marcha, pueden autorizarse pagos para que no se paralice.
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Artículo 79. Embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.
El artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.
1. Cuando la Administración conozca la existencia de, al menos, una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de embargo en la que deberá identificarse la cuenta o el depósito conocido por la Administración actuante.
El embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por la Administración, hasta alcanzar el importe de la deuda pendiente, más el recargo del periodo ejecutivo, intereses y, en su caso, las costas producidas.
2. La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo en la entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada.
3. En defecto del acuerdo a que se refiere el apartado anterior, la diligencia de embargo se presentará en la oficina donde esté abierta la cuenta y sus responsables deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente, o en otro caso, el total de los saldos existentes a nombre del obligado al pago.
Asimismo, la diligencia de embargo se podrá presentar en alguno de los siguientes lugares:
a) En la oficina designada por la entidad depositaria para relacionarse con el órgano de recaudación competente, conforme a lo previsto en el artículo 17.4, cuando la entidad haya sido autorizada a colaborar en la recaudación y el embargo afecte a cuentas o depósitos abiertos en una oficina perteneciente al ámbito territorial del órgano de recaudación competente.
b) En el domicilio fiscal o social de la entidad de crédito.
En los supuestos a los que se refieren los párrafos a) y b), cuando el embargo deba trabarse sobre fondos cuya gestión o depósito no se encuentren localizados en el lugar en que se presente la diligencia de embargo, la retención de los fondos se efectuará de manera inmediata o, si ello no fuera posible, en el plazo más breve que permitan las características de los sistemas de información interna o de contabilidad de la entidad. Dicho plazo no podrá ser superior a cinco días, tendrá carácter improrrogable y se comunicará al órgano de recaudación que haya efectuado el embargo. En todo caso, el embargo surtirá efectos legales desde el día de presentación de la diligencia de embargo a la entidad depositaria.
4. Si el depósito está constituido en cuentas a plazo, el embargo se efectuará igualmente de forma inmediata, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 6.
5. A los efectos previstos en este artículo la entidad depositaria deberá ejecutar el embargo en sus estrictos términos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76.5.
6. El importe de las cantidades retenidas será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 20 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del órgano de recaudación.
Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá realizarse en la fecha indicada en el párrafo anterior o al día siguiente del fin del plazo, según qué fecha sea posterior. No obstante, si el depositante tiene la facultad de disponer anticipadamente del dinero depositado, al notificar la diligencia de embargo se advertirá al obligado al pago la posibilidad que tiene de hacer uso de tal facultad frente a la entidad depositaria, según las condiciones que se hubieran establecido; en este caso, el ingreso en el Tesoro se producirá al día siguiente de la cancelación.
Datos clave
- Basta conocer al menos una cuenta o depósito; el embargo puede extenderse sin identificación previa a otros bienes del obligado en la entidad.
- Límite: deuda pendiente más recargo del periodo ejecutivo, intereses y costas.
- Presentación en la oficina de la cuenta, en la oficina designada (artículo 17.4) o en el domicilio fiscal o social de la entidad.
- Retención inmediata o en plazo no superior a 5 días, improrrogable; efectos desde la presentación de la diligencia.
- Ingreso en el Tesoro tras 20 días naturales desde el día siguiente a la traba sin comunicación en contrario.
- Cuentas a plazo: ingreso en esa fecha o al día siguiente del fin del plazo, la posterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Basta conocer una cuenta para embargar en esa entidad todo lo del deudor hasta cubrir la deuda; retención inmediata o en cinco días como máximo, e ingreso en el Tesoro tras 20 días naturales.
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Artículo 80. Embargo de valores.
El artículo 80 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de valores.
1. Cuando la Administración conozca la existencia de valores de titularidad del obligado al pago, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que identificará los valores conocidos por la Administración actuante y comprenderá un número de valores que, a juicio del órgano de recaudación, cubra el importe total a que se refiere el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si el embargo se refiere a valores representados mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta que se hallen depositados, entregados o confiados a una oficina de una entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, o cualesquiera otras entidades depositarias, el embargo se llevará a cabo mediante la presentación de la diligencia de embargo a la entidad y podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, a los demás bienes y derechos del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por la Administración.
En el acto de presentación, la receptora de la diligencia deberá confirmar al órgano de recaudación competente la concordancia o no de los valores conocidos por la Administración con los realmente depositados o anotados.
En caso de discordancia o de insuficiencia de los valores conocidos por la Administración e identificados en la diligencia para cubrir el importe total adeudado, la entidad entregará en el acto, o de no ser posible, en el plazo máximo e improrrogable de cinco días, relación de los valores con los datos que permitan su valoración. El órgano de recaudación competente indicará a la entidad los valores que deben quedar definitivamente embargados y aquellos que deben quedar liberados, pudiendo convenirse a estos efectos y con carácter previo la forma de actuación de la entidad. En todo caso, los valores embargados se considerarán trabados el día de la presentación de la diligencia de embargo a la entidad.
No obstante, la forma, medio y lugar de presentación de la diligencia podrán ser convenidos, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito, sociedad o agencia de valores o cualquier otra depositaria.
3. Si el embargo se refiere a valores representados mediante títulos que no estén depositados en las entidades citadas en el apartado 2, la diligencia de embargo se notificará al titular, debiendo este comunicar cualquier circunstancia relativa a los títulos que pudieran afectar al embargo. El órgano de recaudación actuante se hará cargo de los títulos junto con la póliza de compra o título de adquisición, si lo hubiese recibido.
4. El órgano de recaudación competente ordenará la enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que se realizará en las mejores condiciones posibles según las prácticas usuales de buena gestión. Si los valores están admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, la venta se llevará a cabo a través de este. En otro caso, se acordará su venta mediante subasta, salvo que proceda la adjudicación directa.
Si la orden de venta es tramitada por la entidad de crédito o sociedad o agencia de valores, esta podrá deducir del importe obtenido los gastos y comisiones que procedan.
El importe obtenido deberá ingresarse en el Tesoro hasta el límite de lo debido. El sobrante, si existe, deberá ponerse a disposición de su propietario. El órgano de recaudación competente notificará a la entidad la orden de levantamiento del embargo sobre el resto de los valores trabados cuya enajenación no hubiera resultado necesaria.
5. Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación competente podrá acordar, en lugar de la enajenación de los valores, el embargo de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de aquellos.
6. Tratándose de participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada, la diligencia de embargo se notificará al órgano de administración de la sociedad para su inscripción en el libro registro de socios.
El procedimiento de adjudicación de las participaciones se llevará a cabo de acuerdo con su normativa específica.
Datos clave
- La diligencia identifica los valores conocidos y comprende los que cubran el importe del artículo 169.1 de la Ley 58/2003.
- Valores depositados: el embargo puede extenderse sin identificación previa a otros bienes del obligado en la entidad.
- Discordancia o insuficiencia: relación de valores en el acto o en plazo máximo e improrrogable de 5 días.
- Los valores se consideran trabados el día de presentación de la diligencia.
- Valores cotizados: venta en mercado secundario oficial; en otro caso, subasta salvo adjudicación directa.
- Puede acordarse el embargo de rendimientos en lugar de la enajenación.
- Participaciones de SRL: notificación al órgano de administración para inscripción en el libro registro de socios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Embargo de valores: diligencia que identifica los conocidos y se extiende a otros en la entidad, relación en cinco días si no cuadran, venta en mercado oficial o subasta, y reglas para participaciones de SRL.
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Artículo 81. Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
El artículo 81 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
Cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo no regulados en el artículo anterior, se procederá como sigue:
a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora del obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que reciba notificación en contrario por parte del órgano de recaudación.
b) Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía, que se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 74.
La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo podrán ser convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los destinatarios de dichas diligencias. En todo caso, las diligencias de embargo se notificarán conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Datos clave
- Créditos sin garantía: diligencia al deudor del obligado; desde entonces el pago al obligado no es liberatorio.
- Crédito vencido: el deudor ingresa en el Tesoro hasta cubrir la deuda; no vencido: queda afectado hasta su vencimiento.
- Pagos sucesivos: el pagador ingresa los importes hasta el límite adeudado.
- Créditos garantizados: se notifica también al garante o poseedor; vencido e impagado, se ejecuta la garantía según el artículo 74.
- Las diligencias se notifican conforme a los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Embargo de créditos realizables a corto plazo: desde la diligencia, pagar al obligado ya no libera al deudor; si el crédito está garantizado, se notifica también al garante.
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Artículo 82. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
El artículo 82 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula el embargo de sueldos, salarios y pensiones.
1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.
La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo podrán ser convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los pagadores destinatarios de dichas diligencias. En todo caso, las diligencias de embargo se notificarán conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Si el obligado al pago es beneficiario de más de una de dichas percepciones, se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. La cantidad embargada podrá detraerse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación competente. Si el obligado al pago propone expresamente otra, le será aceptada, si ello no supone obstáculo para el cobro.
3. Cuando el embargo comprenda percepciones futuras, aún no devengadas, y existan otros bienes embargables, una vez cobradas las vencidas podrán embargarse dichos bienes, sin esperar a los posibles devengos o vencimientos sucesivos.
Una vez cubierto el débito, el órgano de recaudación competente notificará al pagador la finalización de las retenciones.
Datos clave
- Se aplica lo establecido en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
- La diligencia se presenta al pagador, que retiene e ingresa en el Tesoro hasta el límite de lo adeudado.
- Varias percepciones: se acumulan para deducir la parte inembargable sobre la suma de todas.
- El obligado puede proponer la percepción de la que detraer, si no obstaculiza el cobro.
- Percepciones futuras: cobradas las vencidas pueden embargarse otros bienes sin esperar.
- Cubierto el débito, se notifica al pagador el fin de las retenciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sueldos, salarios y pensiones se embargan con los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil: retiene el pagador, se acumulan varias percepciones y se avisa del fin de las retenciones.
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Artículo 83. Embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos.
1. El embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos se efectuará mediante diligencia, que especificará las circunstancias siguientes:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa del titular y, en su caso, del poseedor de la finca embargada, número de identificación fiscal de ambos y cuantos datos puedan contribuir a su identificación.
b) Si se trata de fincas rústicas: naturaleza y nombre de dicha finca, término municipal donde radique y situación según se nombre en la localidad, linderos, superficie y cabida, e identificación registral y catastral, si constan.
c) Si se trata de fincas urbanas: localidad, calle y número, locales y pisos de que se componen, superficie, e identificación registral y catastral, si constan.
d) Derechos del obligado al pago sobre los inmuebles embargados.
e) Importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas, con la advertencia de que podrá extenderse a los intereses que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de esta.
f) Advertencia de que se tomará anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad a favor del Estado o, en su caso, de la entidad u organismo titular del crédito que motiva la ejecución.
g) De constar fehacientemente, estado civil y régimen económico del matrimonio.
2. En el momento de notificarse la diligencia de embargo según lo dispuesto en el artículo 76 se requerirán los títulos de propiedad a los titulares de los bienes o derechos.
3. Si debiera practicarse deslinde, el órgano de recaudación competente podrá optar por el nombramiento de un funcionario técnico adscrito a dicho órgano o por la contratación de los servicios de empresas especializadas. En ambos casos, el deslinde se realizará en el plazo de 15 días.
Datos clave
- El embargo de inmuebles y derechos sobre estos se efectúa mediante diligencia.
- Contenido: titular y poseedor con NIF, datos de la finca rústica o urbana, derechos del obligado e importe de la responsabilidad.
- Advertencia de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor del Estado o del titular del crédito.
- Estado civil y régimen económico del matrimonio, si constan fehacientemente.
- Al notificar la diligencia se requieren los títulos de propiedad.
- Deslinde por funcionario técnico o empresa especializada en el plazo de 15 días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La diligencia de embargo de inmuebles debe recoger siete menciones (titular, finca rústica o urbana, derechos, importe, anotación, estado civil); se piden los títulos y el deslinde se hace en 15 días.
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Artículo 84. Anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de los embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos.
1. La Administración solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda.
2. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al registrador con sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos siguientes, en el que se solicitará, además, que se libre certificación de las cargas que figuren en el registro sobre cada finca, con expresión detallada de aquellas y de sus titulares, con inclusión en la certificación del propietario de la finca en ese momento y de su domicilio.
A la vista de tal certificación, se comprobará que se han efectuado todas las notificaciones exigidas por la normativa. En su defecto, se procederá a practicarlas.
3. Si la liquidación apremiada se refiere a tributos sin cuyo previo pago no pudiese inscribirse en el registro el acto o negocio jurídico que la originó, al llegar el procedimiento a la fase de embargo se procederá de la forma siguiente:
a) El órgano de recaudación que tramite el expediente propondrá el aplazamiento del pago de dicha liquidación al órgano competente para resolverlo a los solos efectos de la inscripción de los bienes y de la anotación preventiva de su embargo a favor de la Hacienda pública. El acuerdo de aplazamiento se hará constar en los documentos que hubiesen determinado la liquidación del tributo y por virtud de los cuales deba practicarse la inscripción en el registro.
b) Dichos documentos y el mandamiento de anotación preventiva de embargo serán presentados al registrador de la propiedad, el cual, una vez practicada la inscripción del derecho del obligado al pago con la mención de que el pago de la liquidación queda aplazado, procederá de forma inmediata a anotar el embargo.
c) Si la liquidación del tributo se practicó sobre documentos que no pudieran ser objeto de inscripción por ser copias no auténticas de los originales o matrices, se solicitará de los notarios o funcionarios que hubieran autorizado aquellos documentos la expedición de copia auténtica en la cual se consignará el acuerdo de aplazamiento.
d) Cuando se produzca la enajenación de los bienes embargados, el precio obtenido se aplicará a pagar la liquidación y demás responsabilidades que procedan, incluidos los intereses de demora que puedan devengarse hasta que concluya la ejecución y a las costas de esta. El documento acreditativo de dicha aplicación será presentado en el registro y producirá la cancelación del embargo y de las notas de aplazamiento. En el documento público de venta se harán constar tales extremos.
Si se acuerda la adjudicación de bienes a la Hacienda pública o al ente público acreedor, el documento acreditativo de la adjudicación producirá los mismos efectos que los indicados en el apartado anterior.
Datos clave
- Se solicita anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad que corresponda.
- Mandamiento al registrador que pide además certificación de cargas, titulares, propietario actual y su domicilio.
- Con la certificación se comprueba que se han hecho todas las notificaciones; si no, se practican.
- Tributos sin cuyo pago no cabe inscribir: se propone aplazamiento a los solos efectos de inscripción y anotación.
- El registrador inscribe con mención del aplazamiento y anota el embargo de forma inmediata.
- Tras la enajenación o adjudicación, el documento acreditativo cancela el embargo y las notas de aplazamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El embargo de inmuebles se anota preventivamente en el Registro mediante mandamiento que pide certificación de cargas; si el tributo apremiado impide inscribir, se aplaza su pago solo para poder inscribir y anotar.
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Artículo 85. Requisitos de los mandamientos para la anotación preventiva de los embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos.
Los mandamientos para la anotación preventiva de embargo contendrán:
a) Certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo del inmueble o inmuebles de que se trate, con indicación de las personas o entidades a las que se ha notificado el embargo y el concepto en el que se les ha practicado dicha notificación.
b) Descripción del derecho que tenga el obligado al pago sobre los bienes embargados.
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, en su caso, del poseedor de las fincas a las que se refiera la notificación.
d) El importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda, e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas.
e) Que la anotación deberá hacerse a favor del acreedor.
f) Expresión de que la Administración no puede facilitar, en el momento de la expedición del mandamiento, más datos respecto de los bienes embargados que los contenidos en este.
Datos clave
- Certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo del inmueble o inmuebles de que se trate, con indicación de las personas o entidades a las que se ha notificado el embargo y el concepto en el que se les ha practicado dicha notificación.
- Descripción del derecho que tenga el obligado al pago sobre los bienes embargados.
- Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, en su caso, del poseedor de las fincas a las que se refiera la notificación.
- El importe total del débito, concepto o conceptos a que corresponda, e importe de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas.
- Que la anotación deberá hacerse a favor del acreedor.
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Lista de seis contenidos obligatorios del mandamiento de anotación preventiva del embargo de inmuebles: certificaciones, derecho embargado, poseedor, importes, acreedor y límite de datos.
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Artículo 86. Presentación de los mandamientos en el Registro de la Propiedad.
1. Los mandamientos se presentarán por triplicado en los Registros de la Propiedad. Los registradores devolverán en el acto uno de los ejemplares con nota de referencia al asiento de presentación del mandamiento y otro, en su día, con la nota acreditativa de haber quedado extendida la anotación oportuna o de no haber podido practicarse, expresando detalladamente, en este caso, no sólo los defectos advertidos, sino también la forma y medio de subsanarlos. El tercer ejemplar del mandamiento quedará archivado en el registro.
2. Si la finca o fincas no constasen inscritas o no fuese posible extender la anotación por defecto subsanable, se tomará razón del embargo y se hará constar así en la contestación al mandamiento.
3. La presentación de los mandamientos al registro podrá efectuarse por fax o por medios telemáticos en la forma determinada por la normativa aplicable.
4. Cuando lo exijan las actuaciones del procedimiento de apremio, se presentará mandamiento en el que se solicite la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
Datos clave
- Los mandamientos se presentan por triplicado en los Registros de la Propiedad.
- Un ejemplar se devuelve en el acto, otro con la nota de anotación o de defectos y el tercero queda archivado.
- Finca no inscrita o defecto subsanable: se toma razón del embargo.
- Presentación posible por fax o medios telemáticos.
- Puede solicitarse la prórroga de las anotaciones preventivas conforme a la legislación hipotecaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Explica cómo se presentan los mandamientos de embargo en el Registro de la Propiedad y qué hace el registrador con cada ejemplar.
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Artículo 87. Incidencias en las anotaciones preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad.
1. En el caso de que los registradores de la propiedad devuelvan el mandamiento en el que manifiesten haber suspendido la anotación por defecto subsanable, se procederá a subsanarlo en el acto, si es posible, o en un momento posterior, dentro del plazo establecido en la legislación registral.
2. Con el fin de evitar la caducidad de la anotación efectuada por defectos subsanables establecida en la legislación hipotecaria, el órgano de recaudación competente solicitará, si es necesario, la prórroga que en aquella se autoriza.
3. En caso de disconformidad con la decisión del registrador, se trasladarán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico a efectos de la interposición, si procede, de recurso contra la calificación registral.
Datos clave
- En el caso de que los registradores de la propiedad devuelvan el mandamiento en el que manifiesten haber suspendido la anotación por defecto subsanable, se procederá a subsanarlo en el acto, si es posible, o en un momento posterior, dentro del plazo establecido en la legislación registral.
- Con el fin de evitar la caducidad de la anotación efectuada por defectos subsanables establecida en la legislación hipotecaria, el órgano de recaudación competente solicitará, si es necesario, la prórroga que en aquella se autoriza.
- En caso de disconformidad con la decisión del registrador, se trasladarán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico a efectos de la interposición, si procede, de recurso contra la calificación registral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula qué hacer si el registrador suspende la anotación por un defecto subsanable y cómo actuar si hay disconformidad con su calificación.
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Artículo 88. Contestaciones de los registradores.
1. Los registradores de la propiedad practicarán los asientos que procedan y expedirán las certificaciones que interesen al procedimiento ejecutivo dentro de los plazos establecidos en la legislación hipotecaria.
Al expediente de apremio quedarán unidas la contestación del registrador de la propiedad al mandamiento de anotación preventiva de embargo y la certificación relativa a las cargas y gravámenes que afecten a los inmuebles.
2. La Hacienda pública podrá ejercitar las acciones civiles que la ley autoriza para obtener la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar la dilación injustificada de los registradores en la práctica de los servicios que les encomienda este reglamento.
3. Las dilaciones reiteradas que entorpezcan el procedimiento de recaudación serán comunicadas al Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su traslado a la Dirección General de los Registros y del Notariado a los efectos que procedan.
Datos clave
- Los registradores de la propiedad practicarán los asientos que procedan y expedirán las certificaciones que interesen al procedimiento ejecutivo dentro de los plazos establecidos en la legislación hipotecaria.
- Al expediente de apremio quedarán unidas la contestación del registrador de la propiedad al mandamiento de anotación preventiva de embargo y la certificación relativa a las cargas y gravámenes que afecten a los inmuebles.
- La Hacienda pública podrá ejercitar las acciones civiles que la ley autoriza para obtener la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera dar lugar la dilación injustificada de los registradores en la práctica de los servicios que les encomienda este reglamento.
- Las dilaciones reiteradas que entorpezcan el procedimiento de recaudación serán comunicadas al Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su traslado a la Dirección General de los Registros y del Notariado a los efectos que procedan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija las consecuencias de las dilaciones de los registradores en la práctica de asientos y certificaciones del procedimiento ejecutivo.
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Artículo 88 bis. Prohibición de disposición de bienes inmuebles por embargo de acciones y participaciones.
El artículo 88 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula la prohibición de disposición de bienes inmuebles por embargo de acciones y participaciones.
1. A los efectos de la aplicación de las prohibiciones de disposición a que se refiere el artículo 170.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración solicitará que se practique anotación preventiva de la prohibición de disposición sobre los bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda, sobre la base de un título cuya vigencia vendrá determinada por la del propio embargo del que trae causa.
2. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al registrador con sujeción a lo dispuesto en el citado artículo 170.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos 84 y siguientes de este reglamento en lo que resulten de aplicación.
Datos clave
- Aplica las prohibiciones de disposición del artículo 170.6 de la Ley 58/2003.
- Se solicita anotación preventiva de la prohibición sobre inmuebles en el Registro de la Propiedad.
- La vigencia del título depende de la del embargo del que trae causa.
- Mandamiento al registrador conforme al artículo 170.6, la legislación hipotecaria y los artículos 84 y siguientes del reglamento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Al embargar acciones o participaciones, la prohibición de disponer de los inmuebles de la sociedad se lleva al Registro de la Propiedad por anotación preventiva, que dura lo que dure el embargo.
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Artículo 89. Embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie.
1. Cuando se embarguen intereses, rentas y frutos del obligado al pago que se materialicen en pagos en dinero, la diligencia de embargo se notificará a la persona o entidad pagadora, que deberá retenerlos e ingresarlos en el Tesoro hasta cubrir la cantidad adeudada.
2. Cuando los frutos o rentas a embargar sean los correspondientes a los derechos de explotación de una obra protegida por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, aquellos se considerarán salarios según lo que establece dicha ley y el embargo se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de este reglamento.
3. Si lo embargado fuesen frutos o rentas obtenidos por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se podrá nombrar un administrador o interventor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. Si los frutos están asegurados, se notificará a la entidad aseguradora el embargo de las indemnizaciones o prestaciones que correspondan en caso de siniestro, las cuales deberán ingresarse en el Tesoro una vez ocurrido este.
Datos clave
- Cuando se embarguen intereses, rentas y frutos del obligado al pago que se materialicen en pagos en dinero, la diligencia de embargo se notificará a la persona o entidad pagadora, que deberá retenerlos e ingresarlos en el Tesoro hasta cubrir la cantidad adeudada.
- Si lo embargado fuesen frutos o rentas obtenidos por empresas o actividades comerciales, industriales y agrícolas, se podrá nombrar un administrador o interventor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Si los frutos están asegurados, se notificará a la entidad aseguradora el embargo de las indemnizaciones o prestaciones que correspondan en caso de siniestro, las cuales deberán ingresarse en el Tesoro una vez ocurrido este.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Intereses, rentas y frutos se embargan notificando al pagador; los derechos de explotación de obras protegidas se tratan como salarios; en empresas cabe administrador o interventor.
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Artículo 90. Embargo de establecimientos mercantiles e industriales.
1. El embargo de establecimientos mercantiles e industriales se iniciará mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la persona o entidad a que pertenezcan.
2. Del resultado de la actuación de embargo, sea positivo o negativo, se extenderá la correspondiente diligencia en la que se harán constar inventariados todos los bienes y derechos existentes en cada establecimiento embargado, así como los que se embargan.
3. El embargo comprenderá, si los hubiera, los siguientes bienes y derechos:
a) Derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local del negocio, si este fuese arrendado, y las instalaciones.
b) Derechos de propiedad intelectual e industrial.
c) Utillaje, máquinas, mobiliario, utensilios y demás instrumentos de producción y trabajo.
d) Mercaderías y materias primas.
e) Posibles indemnizaciones.
4. Si el inmueble estuviese arrendado, se notificará la diligencia de embargo al arrendador.
5. Se efectuará anotación preventiva del embargo en el Registro de Bienes Muebles, para lo que el órgano de recaudación competente expedirá el correspondiente mandamiento.
6. Según las circunstancias del caso, podrá acordarse la adopción de alguna de las medidas siguientes:
a) El precinto del local hasta la enajenación de lo embargado.
b) Cuando se aprecie que la continuidad de las personas que ejercen la dirección de la actividad pudiera perjudicar la solvencia del obligado al pago, el órgano de recaudación competente, previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador o que intervenga en la gestión del negocio, que fiscalizará previamente a su ejecución los actos que se concreten en el acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
7. La enajenación de los establecimientos mercantiles e industriales se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la subsección 5.ª de esta sección.
Datos clave
- El embargo de establecimientos mercantiles e industriales se iniciará mediante personación en los establecimientos o en el domicilio de la persona o entidad a que pertenezcan.
- Del resultado de la actuación de embargo, sea positivo o negativo, se extenderá la correspondiente diligencia en la que se harán constar inventariados todos los bienes y derechos existentes en cada establecimiento embargado, así como los que se embargan.
- Derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local del negocio, si este fuese arrendado, y las instalaciones.
- Derechos de propiedad intelectual e industrial.
- La enajenación de los establecimientos mercantiles e industriales se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la subsección 5.ª de esta sección.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el embargo de establecimientos mercantiles e industriales: cómo se inicia, qué bienes comprende y qué medidas caben.
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Artículo 91. Embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico.
1. El embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico, se realizará por el órgano de recaudación competente, mediante su detalle en diligencia y con la adopción de las precauciones necesarias para impedir su sustitución o levantamiento por medio de precintos o en la forma más conveniente.
Se procederá a su depósito de acuerdo con lo establecido en los artículos 94 a 96.
2. Cuando dichos bienes se encuentren en locales de personas o entidades distintas del obligado al pago, se estará a lo dispuesto en el artículo 76.1.
Datos clave
- El embargo de estos bienes se realiza por el órgano de recaudación competente, mediante su detalle en diligencia.
- Se adoptan las precauciones necesarias para impedir su sustitución o levantamiento, por medio de precintos o en la forma más conveniente.
- Se procederá a su depósito de acuerdo con los artículos 94 a 96.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Joyas, metales preciosos, antigüedades y objetos de valor histórico o artístico se embargan detallándolos en diligencia y asegurándolos (precintos) frente a sustituciones; luego se depositan.
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Artículo 92. Embargo de los restantes bienes muebles y semovientes.
1. El embargo de los restantes bienes muebles y semovientes se llevará a efecto mediante personación en el domicilio del obligado al pago o, en su caso, en el lugar donde se encuentren los bienes.
2. Del resultado de la actuación se extenderá la correspondiente diligencia en la que se habrán de identificar los bienes embargados. Si no se depositan los bienes de forma inmediata, se procederá al precintado u otras medidas de aseguramiento que procedan.
3. Siempre que el embargo afecte a bienes inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento de anotación preventiva de embargo. Estos mandamientos se tramitarán de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora.
4. Cuando se trate de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves. Si no lo efectúa ni se localiza el bien, se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bienes citados, y se continuarán en este caso las actuaciones de embargo en relación con otros bienes o derechos del obligado.
5. Cuando se trate del embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo, se tendrán en cuenta las disposiciones de su normativa reguladora.
Datos clave
- El embargo de los restantes bienes muebles y semovientes se llevará a efecto mediante personación en el domicilio del obligado al pago o, en su caso, en el lugar donde se encuentren los bienes.
- Del resultado de la actuación se extenderá la correspondiente diligencia en la que se habrán de identificar los bienes embargados.
- Si no se depositan los bienes de forma inmediata, se procederá al precintado u otras medidas de aseguramiento que procedan.
- Cuando se trate de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que en un plazo de cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves.
- Cuando se trate del embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo, se tendrán en cuenta las disposiciones de su normativa reguladora.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Muebles y semovientes se embargan acudiendo al domicilio o al lugar de los bienes; los vehículos deben entregarse en cinco días con documentación y llaves, o se ordena su captura.
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Artículo 93. Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.
1. Para el embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 80 y 81.
2. En los términos del artículo 8.8 y 10 del texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, será embargable el derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones, pero el embargo no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o se haga efectivo el derecho por concurrir los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración previstos en dicha norma.
Las entidades gestoras y depositarias correspondientes tomarán nota del embargo, de lo que darán traslado al órgano de recaudación actuante en el plazo de 10 días. En caso de que existiera una traba previa, lo pondrán en conocimiento del órgano de recaudación en dicha comunicación en la que especificarán los extremos de dicha traba.
En caso de que se produzca la movilización de los derechos consolidados a otro plan, la entidad gestora deberá comunicarlo a la Administración tributaria, ante la que deberá acreditar, a los efectos previstos en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la comunicación del embargo a las entidades gestora y depositaria del plan de destino.
Datos clave
- Para el embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 80 y 81.
- Las entidades gestoras y depositarias correspondientes tomarán nota del embargo, de lo que darán traslado al órgano de recaudación actuante en el plazo de 10 días.
- En caso de que existiera una traba previa, lo pondrán en conocimiento del órgano de recaudación en dicha comunicación en la que especificarán los extremos de dicha traba.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Créditos y derechos a largo plazo se embargan como los de los artículos 80 y 81; los planes de pensiones son embargables, pero el embargo no se ejecuta hasta que nace la prestación o hay enfermedad grave o paro de larga duración.
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Artículo 94. Depósito de bienes embargados.
1. Los órganos de recaudación competentes designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados hasta su realización, según los criterios que se fijan en este artículo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92.4.
2. Los bienes que al ser embargados se encuentren en entidades de crédito u otras que, a juicio de los órganos de recaudación competentes, ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en aquellas a disposición de dichos órganos.
3. Los demás bienes se depositarán, según proceda, a juicio del órgano de recaudación competente:
a) En recintos o locales de la propia Administración cuando existan y reúnan condiciones adecuadas para el depósito de dichos bienes.
b) En recintos o locales de otros entes públicos dedicados al depósito o que reúnan condiciones para ello, incluidos museos, bibliotecas, depósitos de vehículos o similares.
c) En recintos o locales de empresas dedicadas habitualmente al depósito.
d) En defecto de los anteriores, en recintos o locales de personas o entidades, distintas del obligado al pago, que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia.
e) En recintos o locales del obligado al pago cuando así se considere oportuno o cuando se trate de bienes de difícil transporte o movilidad; en este caso, se procederá a su precinto o a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integridad, quedando el obligado al pago sujeto a los deberes y responsabilidades del depositario citados en el artículo 96. En este caso, el depósito se considerará necesario sin que pueda oponerse el obligado al pago.
4. En los casos del apartado 3.c) y d), las relaciones entre la Administración y el depositario se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas en los aspectos no previstos en esta subsección.
Datos clave
- Los órganos de recaudación competentes designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados hasta su realización, según los criterios que se fijan en este artículo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 92.4.
- Los bienes que al ser embargados se encuentren en entidades de crédito u otras que, a juicio de los órganos de recaudación competentes, ofrezcan garantías de seguridad y solvencia, seguirán depositados en aquellas a disposición de dichos órganos.
- En recintos o locales de la propia Administración cuando existan y reúnan condiciones adecuadas para el depósito de dichos bienes.
- En recintos o locales de otros entes públicos dedicados al depósito o que reúnan condiciones para ello, incluidos museos, bibliotecas, depósitos de vehículos o similares.
- En los casos del apartado 3.c) y d), las relaciones entre la Administración y el depositario se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas en los aspectos no previstos en esta subsección.
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El órgano de recaudación decide dónde se depositan los bienes embargados: si ya están en entidades solventes, siguen allí; si no, cinco opciones ordenadas, la última en casa del propio obligado.
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Artículo 95. Funciones del depositario.
1. El depositario está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello. En el desempeño de tal cometido deberá actuar con la diligencia debida.
Cuando las funciones del depositario impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución de los bienes embargados, tales actuaciones precisarán autorización del órgano de recaudación competente.
2. Cuando en los supuestos de embargo de establecimientos mercantiles e industriales y de intereses, frutos y rentas de toda especie se hubiera nombrado un depositario o administrador, sus funciones, además de las señaladas en el apartado 1, comprenderán las habituales de gestión de bienes y negocios, y deberá ingresar en el Tesoro las cantidades resultantes.
El nombramiento como depositario fijará la clase y la cuantía de las operaciones que requerirán autorización del órgano de recaudación.
Datos clave
- El depositario está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados y a devolverlos cuando sea requerido para ello.
- En el desempeño de tal cometido deberá actuar con la diligencia debida.
- Cuando las funciones del depositario impliquen actos que excedan de la mera custodia, conservación y devolución de los bienes embargados, tales actuaciones precisarán autorización del órgano de recaudación competente.
- El nombramiento como depositario fijará la clase y la cuantía de las operaciones que requerirán autorización del órgano de recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El depositario custodia, conserva y devuelve los bienes con la diligencia debida; lo que exceda de eso necesita autorización, y si administra un negocio gestiona e ingresa en el Tesoro.
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Artículo 96. Derechos, deberes y responsabilidad del depositario de bienes embargados.
1. El depositario, salvo en los casos en que lo sea el propio obligado al pago, tiene derecho a la retribución convenida por la prestación de sus servicios y al reembolso de los gastos que haya soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha retribución.
2. Además de los deberes inherentes a sus funciones como depositario y, en su caso, como administrador, tiene el deber de rendir las cuentas que le sean ordenadas por los órganos de recaudación competentes y cumplir las medidas que sean acordadas por estos para la mejor administración y conservación de los bienes.
3. El depositario que incumpla las obligaciones que le incumben como tal podrá ser declarado responsable solidario de la deuda en los términos establecidos en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponda.
Datos clave
- El depositario, salvo que lo sea el propio obligado al pago, tiene derecho a la retribución convenida y al reembolso de los gastos soportados por razón del depósito.
- Tiene el deber de rendir las cuentas que le sean ordenadas por los órganos de recaudación competentes y cumplir las medidas acordadas por estos.
- El depositario que incumpla sus obligaciones podrá ser declarado responsable solidario de la deuda conforme al artículo 42.2 de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El depositario cobra la retribución convenida y los gastos (salvo si es el propio obligado), rinde cuentas y, si incumple, puede ser declarado responsable solidario de la deuda.
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Artículo 97. Valoración y fijación del tipo.
1. Los órganos de recaudación competentes procederán a valorar los bienes embargados a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración.
2. Cuando, a juicio de dichos órganos, se requieran especiales conocimientos, la valoración podrá efectuarse por otros servicios técnicos de la Administración o por servicios externos especializados.
Los órganos de recaudación competentes podrán mantener un fichero actualizado de expertos en valoración de los diferentes tipos de bienes susceptibles de embargo.
3. La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada por perito adecuado en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación.
Si la diferencia entre ambas, considerando la suma de los valores asignados por cada una a la totalidad de los bienes, no excede del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de los valores asignados a los bienes por ambas partes excede del 20 por ciento, se convocará al obligado al pago para dirimir las diferencias de valoración y, si se logra acuerdo, se dejará constancia por escrito del valor acordado, que será el aplicable.
4. Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación competente solicitará nueva valoración por perito adecuado en plazo no superior a 15 días. A efectos de su designación, se estará a lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Dicha valoración habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente y será la definitivamente aplicable.
5. En virtud de la información contenida en la documentación emitida por el registrador como consecuencia de la anotación preventiva de embargo practicada, se investigará si las cargas anteriores inscritas subsisten o han sido modificadas por pagos posteriores a su inscripción u otras causas. Para ello, el órgano de recaudación podrá dirigirse a los titulares de los créditos inscritos con anterioridad, para que informen sobre la subsistencia del crédito y su actual cuantía.
Los acreedores a los que se reclame la información anterior deberán indicar con la mayor precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por cualquier causa, y en caso de subsistir, la cantidad que queda pendiente de pago, la fecha de vencimiento y los plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse. Si el crédito estuviera vencido y no pagado, se informará también de los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que asciendan por cada día de retraso y la previsión para costas.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo, el tipo para la subasta será el siguiente:
a) Si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración.
b) Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores:
1.º Si las cargas o gravámenes no exceden de la valoración del bien, la diferencia entre dicha valoración y el valor actual de las cargas o gravámenes anteriores al derecho anotado.
2.º Si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, el tipo será el importe de los débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la valoración del bien si lo supera.
Las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del remate.
7. Cuando se trate de bienes o lotes que, habiendo sido objeto de un procedimiento de enajenación, hayan quedado sin adjudicar, el tipo para la subasta será el siguiente:
a) Si no existen cargas o gravámenes, el importe de la valoración multiplicado por un coeficiente corrector del valor.
b) Si sobre los bienes embargados existen cargas o gravámenes de carácter real anteriores:
1.º Si las cargas o gravámenes no exceden de la valoración del bien, la diferencia entre el importe de dicha valoración multiplicado por un coeficiente corrector del valor y el valor actual de las cargas o gravámenes anteriores al derecho anotado. Si el resultado fuera un importe negativo, el tipo será el establecido en el párrafo siguiente.
2.º Si las cargas o gravámenes exceden de la valoración del bien, el tipo será el importe de los débitos y costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la valoración del bien multiplicado por un coeficiente corrector del valor si lo supera.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, el coeficiente corrector de valor será del 0,8 cuando el bien o lote vaya a ser objeto de la segunda subasta, y del 0,6 para terceras y posteriores convocatorias.
Las cargas y gravámenes anteriores quedarán subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del remate.
8. Si apareciesen indicios de que todas o algunas de las cargas son simuladas y su importe pudiera impedir o dificultar la efectividad del débito, se remitirán las actuaciones al órgano con funciones de asesoramiento jurídico para que informe sobre las medidas que procedan, incluida la exigencia de responsabilidad civil o penal.
En tanto se resuelve, continuará el procedimiento sobre dichos bienes o sobre los demás que puedan ser embargados.
Datos clave
- La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada por perito adecuado en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación.
- Si la diferencia entre ambas, considerando la suma de los valores asignados por cada una a la totalidad de los bienes, no excede del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
- Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación competente solicitará nueva valoración por perito adecuado en plazo no superior a 15 días.
- A efectos de su designación, se estará a lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- A efectos de lo dispuesto en este apartado, el coeficiente corrector de valor será del 0,8 cuando el bien o lote vaya a ser objeto de la segunda subasta, y del 0,6 para terceras y posteriores convocatorias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Valoración de lo embargado a precio de mercado, contravaloración en 15 días con la regla del 20 %, tercera tasación si no hay acuerdo y cálculo del tipo de subasta con coeficientes 0,8 y 0,6.
Esquema
| Hasta el 20 % de la menor | Más del 20 % | |
|---|---|---|
| Consecuencia | Vale la tasación más alta | Se convoca al obligado para dirimir diferencias |
| Si no hay acuerdo | — | Nueva valoración por perito entre los límites de las anteriores |
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Artículo 98. Títulos de propiedad.
1. Si al ser notificado el embargo los obligados al pago no hubiesen facilitado los títulos de propiedad de los bienes inmuebles, créditos hipotecarios, derechos reales embargados o cualquier otro tipo de bien o derecho embargado, en el caso de que éstos no constasen inscritos en el Registro de la Propiedad, el órgano de recaudación competente, al tiempo de fijar el tipo para la subasta, les requerirá para que los aporten en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento si residen en la propia localidad, y en el de 15 días si residen fuera.
2. Cuando no existan títulos de dominio inscritos ni los obligados al pago los presentasen, los rematantes de los bienes deberán, si les interesa, sustituirlos por los medios establecidos en el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que el Estado contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.
Datos clave
- Si al notificar el embargo no se han facilitado los títulos de propiedad de bienes no inscritos, el órgano de recaudación los requerirá al fijar el tipo para la subasta.
- El plazo para aportarlos es de tres días contados desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento si residen en la localidad, y de 15 días si residen fuera.
- Si no existen títulos inscritos ni se presentan, los rematantes deberán, si les interesa, sustituirlos por los medios del título VI de la Ley Hipotecaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si faltan los títulos de propiedad de bienes no inscritos, se requieren al fijar el tipo de subasta: tres días si el obligado reside en la localidad y 15 si reside fuera.
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Artículo 99. Formación de lotes y orden para su enajenación.
1. Los bienes trabados podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de estos los que sean de análoga naturaleza, según sus características y el aprovechamiento o servicio de que sean susceptibles.
2. Igualmente podrán formarse lotes, aunque no se trate de bienes de naturaleza análoga, cuando se estime conveniente a fin de obtener mayores facilidades para la concurrencia de licitadores.
3. Podrá formarse un solo lote con aquellos bienes embargados que estén gravados con una misma hipoteca u otra carga o gravamen de naturaleza real o cuando se trate de enajenar derechos sobre un mismo bien cuya titularidad corresponda a varios deudores.
4. Una vez efectuada la valoración y la formación de lotes, se procederá a la enajenación observándose el orden establecido para el embargo en el artículo 169.2, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La aparición posterior de otros bienes no afectará a la validez de las enajenaciones ya realizadas, aunque se trate de bienes anteriores en el orden de embargo.
Datos clave
- Los bienes trabados podrán ser distribuidos en lotes, integrando en cada uno de estos los que sean de análoga naturaleza, según sus características y el aprovechamiento o servicio de que sean susceptibles.
- Igualmente podrán formarse lotes, aunque no se trate de bienes de naturaleza análoga, cuando se estime conveniente a fin de obtener mayores facilidades para la concurrencia de licitadores.
- Podrá formarse un solo lote con aquellos bienes embargados que estén gravados con una misma hipoteca u otra carga o gravamen de naturaleza real o cuando se trate de enajenar derechos sobre un mismo bien cuya titularidad corresponda a varios deudores.
- Una vez efectuada la valoración y la formación de lotes, se procederá a la enajenación observándose el orden establecido para el embargo en el artículo 169.2, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- La aparición posterior de otros bienes no afectará a la validez de las enajenaciones ya realizadas, aunque se trate de bienes anteriores en el orden de embargo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes embargados pueden agruparse en lotes (por naturaleza análoga, para atraer licitadores o por compartir carga) y se venden en el orden de embargo del artículo 169.2 LGT.
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Artículo 100. Formas de enajenación.
1. Las formas de enajenación de los bienes o derechos embargados serán la subasta pública, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan en este reglamento.
2. El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública que procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación.
La subasta de los bienes será única y se realizará por medios electrónicos en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado con la única excepción de aquellos supuestos en los cuales la ejecución material se encargue por el órgano de recaudación a empresas o profesionales especializados, en los términos previstos en este reglamento.
3. Cuando se trate de géneros, artículos o mercancías intervenidos por el Estado, estancados o sujetos a algún tipo de cautelas en su transmisión, el órgano de recaudación procederá según lo que establezcan las disposiciones aplicables a la materia.
4. Los interesados podrán participar en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados a través de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se aprueben por el órgano competente.
5. La Administración tributaria, en el marco de la colaboración social en la aplicación de los tributos, podrá instrumentar acuerdos con instituciones u organizaciones representativas de entidades del sector de la mediación en el mercado inmobiliario o con las propias entidades, que tengan por objeto su participación en los procedimientos de enajenación de bienes que se realicen en el procedimiento de apremio.
Datos clave
- Las formas de enajenación de los bienes o derechos embargados serán la subasta pública, concurso o adjudicación directa, salvo los procedimientos específicos de realización de determinados bienes o derechos que se regulan en este reglamento.
- El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será la subasta pública que procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra forma de enajenación.
- Cuando se trate de géneros, artículos o mercancías intervenidos por el Estado, estancados o sujetos a algún tipo de cautelas en su transmisión, el órgano de recaudación procederá según lo que establezcan las disposiciones aplicables a la materia.
- Los interesados podrán participar en los procedimientos de enajenación de los bienes embargados a través de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que se aprueben por el órgano competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo embargado se enajena por subasta pública, concurso o adjudicación directa; la subasta es la regla, única y electrónica en el Portal de Subastas del BOE.
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Artículo 101. Acuerdo de enajenación y anuncio de la subasta.
1. El órgano de recaudación competente acordará la enajenación mediante subasta de los bienes embargados que estime bastantes para cubrir suficientemente el débito perseguido y las costas del procedimiento y se evitará, en lo posible, la venta de los de valor notoriamente superior al de los débitos, sin perjuicio de que posteriormente autorice la enajenación de los que sean precisos.
El acuerdo de enajenación deberá contener los datos identificativos del deudor y de los bienes a subastar, así como el tipo para la subasta de los mismos. En el acuerdo deberá constar la duración del plazo para la presentación de ofertas en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 104 de este reglamento. Asimismo se indicará que la presentación de ofertas se realizará de forma electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
2. El acuerdo de enajenación será notificado al obligado al pago, a su cónyuge si se trata de bienes gananciales o si se trata de la vivienda habitual, a los acreedores hipotecarios, pignoraticios y en general a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro público con posterioridad al derecho de la Hacienda pública que figuren en la certificación de cargas emitida al efecto, al depositario, si es ajeno a la Administración y, en caso de existir, a los copropietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar.
En caso de subastas de derechos de cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio se notificará también al arrendador o administrador de la finca, con los efectos y requisitos establecidos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
En la notificación se hará constar que, en cualquier momento anterior al de emisión de la certificación del acta de adjudicación de los bienes, o, en su caso, al de otorgamiento de la escritura pública de venta podrán liberarse los bienes embargados mediante el pago de las cantidades establecidas en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Practicadas las notificaciones a las que se refiere este apartado, para la celebración de la subasta electrónica transcurrirán 15 días como mínimo.
3. La subasta se anunciará mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del anuncio. El anuncio contendrá la fecha de la subasta, el órgano de recaudación ante el que se sigue el procedimiento y la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de Subastas.
4. En el Portal de Subastas se recogerán los datos esenciales de la subasta y de los bienes a subastar, indicando:
a) Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta para cada uno y tramos para la licitación, locales o recintos donde están depositados los bienes y los títulos disponibles y días y horas en que podrán ser examinados.
Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, se indicará que los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria, y que, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.
b) Indicación expresa de que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
c) Obligación de constituir un depósito del 5 o 10 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea pujar conforme a lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento.
Asimismo, se advertirá que, si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.
d) Advertencia de que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior al de emisión de la certificación del acta de adjudicación de los bienes, o, en su caso, al de otorgamiento de la escritura pública de venta si se efectúa el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
e) Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones jurídicas de los bienes y de sus titulares que, en su caso, hayan de quedar subsistentes y afecten a los bienes.
f) Obligación del adjudicatario, en los 15 días siguientes a que le sea notificada la adjudicación del bien o lote, de ingresar la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. En su caso, se advertirá de la posibilidad de que el pago de la cantidad señalada podrá efectuarse el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública de venta en los términos previstos en el artículo 111.1 de este reglamento.
g) Cualquier otra circunstancia, cláusula o condición que deba aplicarse en la subasta.
Los datos esenciales a los que hace referencia este apartado 4 podrán ser publicitados en la sede electrónica del organismo correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La celebración de la subasta también podrá anunciarse en medios de comunicación de gran difusión, en publicaciones especializadas y en cualquier otro medio adecuado al efecto cuando el órgano de recaudación competente así lo acuerde.
Datos clave
- En el acuerdo deberá constar la duración del plazo para la presentación de ofertas en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 104 de este reglamento.
- Practicadas las notificaciones a las que se refiere este apartado, para la celebración de la subasta electrónica transcurrirán 15 días como mínimo.
- Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta para cada uno y tramos para la licitación, locales o recintos donde están depositados los bienes y los títulos disponibles y días y horas en que podrán ser examinados.
- Obligación de constituir un depósito del 5 o 10 por ciento del tipo de subasta del bien o lote por el que se desea pujar conforme a lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento.
- Obligación del adjudicatario, en los 15 días siguientes a que le sea notificada la adjudicación del bien o lote, de ingresar la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La subasta arranca con un acuerdo de enajenación que se notifica a los interesados; tras las notificaciones pasan al menos 15 días, se anuncia en el BOE y se abre en el Portal de Subastas a las 24 horas como mínimo.
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Artículo 102. Subastas de bienes agrupados y simultáneas.
1. Los órganos de recaudación competentes podrán acordar la celebración de subastas en las que se agrupen bienes correspondientes a acuerdos de enajenación adoptados por distintos órganos de su ámbito territorial.
2. Cuando las circunstancias lo aconsejen y ello sea posible, el órgano de recaudación competente podrá autorizar, asimismo, la acumulación de enajenaciones de bienes que deba llevar a cabo con otras Administraciones Públicas.
Datos clave
- Los órganos de recaudación podrán acordar subastas que agrupen bienes de acuerdos de enajenación adoptados por distintos órganos de su ámbito territorial.
- Podrá autorizarse la acumulación de enajenaciones de bienes con otras Administraciones Públicas cuando las circunstancias lo aconsejen y sea posible.
- La decisión corresponde al órgano de recaudación competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite reunir en una sola subasta bienes de acuerdos de distintos órganos del mismo ámbito territorial y acumular enajenaciones con otras Administraciones Públicas.
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Artículo 103. Licitadores.
1. Con excepción del personal adscrito al órgano de recaudación competente, de los tasadores, de los depositarios de los bienes y de los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio, podrá tomar parte en la subasta o concurso o adjudicación directa, por si o por medio de representante, cualquier persona que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se identifique adecuadamente.
2. Una vez abierta la subasta en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado solamente se podrán realizar pujas electrónicas.
Los interesados que quieran participar en la subasta deberán estar dados de alta como usuarios del sistema y accederán al mismo por alguno de los medios electrónicos de acreditación de la identidad admitidos por el Boletín Oficial del Estado, de manera que se garantice una plena identificación de los licitadores. El alta podrá realizarse en el Portal de Subastas utilizando un medio electrónico de identificación admitido por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado o bien mediante la comparecencia personal del interesado ante un funcionario público de cualquiera de las Administraciones públicas y órganos que celebren subastas a través del Portal de Subastas, que facilitará este trámite en los términos que se establezcan en su respectiva normativa.
En todo caso se advertirá a quien pretenda darse de alta como usuario, de las condiciones en las que se desarrollarán los procedimientos de enajenación a través del Portal de Subastas.
3. Cuando la participación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la colaboración social a la que se refiere el artículo 100.5, el licitador, en el momento de su acreditación, podrá manifestar que en el caso de resultar adjudicatario se reserva el derecho a ceder dicho remate a un tercero para que el documento público de venta pueda otorgarse directamente a favor del cesionario.
Datos clave
- Puede tomar parte en la subasta cualquier persona con capacidad de obrar, sin impedimento legal y que se identifique adecuadamente, salvo el personal del órgano de recaudación, los tasadores, los depositarios y los funcionarios implicados en el apremio.
- Una vez abierta la subasta en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado solamente se podrán realizar pujas electrónicas.
- Los interesados deben estar dados de alta como usuarios del sistema del Portal de Subastas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Puede pujar cualquier persona con capacidad de obrar que se identifique, salvo quienes intervienen en el procedimiento; abierta la subasta solo caben pujas electrónicas y hay que estar dado de alta en el Portal.
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Artículo 103 bis. El Depósito obligatorio.
1. Todo licitador, para ser admitido como tal, deberá constituir el siguiente depósito:
a) Un depósito del 10 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean exclusivamente bienes muebles.
b) Un depósito del 5 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles o contengan al menos un bien inmueble.
2. Al realizar la puja, el licitador deberá declarar si desea que su depósito quede reservado para el caso de que el mejor postor de la subasta no cumpliera la obligación de ingresar el resto del precio de adjudicación en el plazo concedido a estos efectos. En ese caso el bien podrá adjudicarse en favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en que hubieran sido realizadas.
3. En todo caso cuando el licitador realice una puja inferior o igual a la que fuera la mayor oferta existente hasta ese momento, el depósito quedará reservado en los términos previstos en el apartado anterior.
4. Finalizado el período de presentación de ofertas quedarán disponibles para los licitadores, cuyos depósitos no hubieran quedado reservados conforme a los apartados anteriores, las cantidades depositadas excepto la que corresponda al mejor postor, la cual quedará reservada como garantía del cumplimiento de la obligación de satisfacer el resto del precio de adjudicación y, en su caso, como parte del precio de venta.
Las cantidades depositadas que hubieran sido reservadas quedarán disponibles una vez cumplida la obligación por el rematante o adjudicatario de satisfacer el resto del precio de adjudicación.
Datos clave
- Un depósito del 10 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean exclusivamente bienes muebles.
- Un depósito del 5 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles o contengan al menos un bien inmueble.
- Al realizar la puja, el licitador deberá declarar si desea que su depósito quede reservado para el caso de que el mejor postor de la subasta no cumpliera la obligación de ingresar el resto del precio de adjudicación en el plazo concedido a estos efectos.
- En ese caso el bien podrá adjudicarse en favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en que hubieran sido realizadas.
- En todo caso cuando el licitador realice una puja inferior o igual a la que fuera la mayor oferta existente hasta ese momento, el depósito quedará reservado en los términos previstos en el apartado anterior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para pujar hay que depositar un 10 % del tipo si el lote es solo de muebles y un 5 % si incluye algún inmueble; el depósito puede quedar reservado por si el mejor postor no paga.
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Artículo 103 ter. La Mesa de subasta.
1. La Mesa estará compuesta por el presidente, el secretario y uno o más vocales, designados entre funcionarios en la forma que se establezca en la norma de organización específica.
2. Tratándose de subastas a las que se refiere el artículo 102.1 de este reglamento, se formará una única Mesa cuya composición será acorde con lo señalado anteriormente y que designará entre sus vocales representantes de los distintos órganos afectados.
3. En caso de subastas realizadas conforme al artículo 102.2 de este reglamento, entre los miembros de la Mesa habrá al menos un representante de cada órgano u órganos de recaudación competentes.
Datos clave
- La Mesa estará compuesta por el presidente, el secretario y uno o más vocales, designados entre funcionarios en la forma que se establezca en la norma de organización específica.
- Tratándose de subastas a las que se refiere el artículo 102.1 de este reglamento, se formará una única Mesa cuya composición será acorde con lo señalado anteriormente y que designará entre sus vocales representantes de los distintos órganos afectados.
- En caso de subastas realizadas conforme al artículo 102.2 de este reglamento, entre los miembros de la Mesa habrá al menos un representante de cada órgano u órganos de recaudación competentes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Mesa de subasta la forman funcionarios: presidente, secretario y uno o más vocales; en subastas agrupadas o acumuladas debe incluir representantes de los órganos implicados.
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Artículo 104. Desarrollo de la subasta.
1. La subasta comenzará en la fecha señalada en el anuncio de la subasta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.3 de este reglamento.
La presentación de ofertas se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
2. Una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura. Las pujas se enviarán electrónicamente a través de sistemas seguros de comunicaciones al Portal, que devolverá un acuse técnico garantizado con sello electrónico del momento exacto de recepción de la puja y de su cuantía. En ese instante se publicará electrónicamente la puja y el postor que viera superada su puja será advertido de esta circunstancia por el sistema.
3. El importe de salida o puja mínima del bien o lote subastado será el 10 por ciento del tipo de subasta, salvo que estos bienes o lotes tengan una carga superior o igual al 25 por ciento del importe de valoración.
Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, que podrán ser, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis de este reglamento, reservadas para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el precio de remate. En el caso de que existan pujas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo.
La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.
4. En cualquier momento anterior a la emisión de la certificación del acta de adjudicación de bienes, o en su caso, al otorgamiento de la escritura pública de venta, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Datos clave
- La subasta comenzará en la fecha señalada en el anuncio de la subasta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.3 de este reglamento.
- Una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura.
- En ese instante se publicará electrónicamente la puja y el postor que viera superada su puja será advertido de esta circunstancia por el sistema.
- El importe de salida o puja mínima del bien o lote subastado será el 10 por ciento del tipo de subasta, salvo que estos bienes o lotes tengan una carga superior o igual al 25 por ciento del importe de valoración.
- La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La subasta electrónica admite pujas durante veinte días naturales; la puja mínima es el 10 % del tipo y no se cierra hasta una hora después de la última puja, con un máximo de 24 horas de ampliación.
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Artículo 104 bis. Finalización, adjudicación y pago.
1. Finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de 15 días naturales y procederá a adjudicar los bienes o lotes subastados o declarar desierta la subasta conforme a las siguientes reglas:
a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura.
Si transcurrido el plazo regulado en la letra b) del apartado 3 de este artículo el licitador que haya realizado la puja más alta no ingresara finalmente el precio de remate, la Mesa, atendiendo al interés público, podrá adjudicar el bien o lote a la mejor oferta con reserva de depósito o declarar desierta la subasta, aunque dicha oferta sea superior al 50 por ciento del tipo de subasta.
b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta.
c) Si para un mismo deudor se hubiera acordado la subasta de varios bienes simultáneamente y, finalizado el plazo de realización de pujas electrónicas, en virtud de las cuantías ofrecidas no fuera necesaria la adjudicación de todos los bienes para cubrir la deuda reclamada en su totalidad, el orden de adjudicación a seguir por la Mesa se determinará de conformidad con las reglas contenidas en el artículo 99 de este reglamento.
2. Adoptado el acuerdo correspondiente, se entenderá finalizada la subasta y se procederá a levantar acta por el Secretario de la Mesa.
3. Cuando la Mesa haya decidido la adjudicación de los bienes o lotes subastados el procedimiento será el siguiente:
a) Designado adjudicatario conforme a los apartados anteriores y cuando, según la legislación aplicable, existan interesados que sean titulares de un derecho de tanteo u otro de adquisición preferente que obligue a poner en conocimiento previo las condiciones de la adjudicación, se comunicará ésta a dichos interesados. La adjudicación acordada por la Mesa quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho de adquisición.
b) La adjudicación será notificada al adjudicatario, instándole para que efectúe el pago de la diferencia entre el precio total de adjudicación y el importe del depósito en los 15 días siguientes a la fecha de la notificación, con la advertencia de que si no lo completa en dicho plazo perderá el importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas objeto del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario por los perjuicios que origine a la Administración la falta de pago del precio de remate y a cuyo resarcimiento quedará obligado en todo caso.
c) Asimismo, y de existir otras posturas con reserva de depósito, la Mesa podrá acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la oferta más elevada de aquellos cuyo depósito hubiera sido reservado, de acuerdo con las reglas de adjudicación anteriores.
d) Los adjudicatarios que hubiesen ejercitado la opción prevista en el apartado 3 del artículo 103 de este reglamento, deberán, en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a que les sea notificada la adjudicación, comunicar la identidad del cesionario a cuyo nombre se otorgará el documento público de venta, con la advertencia de que dicha comunicación no altera el plazo de pago previsto anteriormente.
e) Ingresado el remate se entregará a los adjudicatarios, salvo en los supuestos en que hayan optado por el otorgamiento de escritura pública de venta previsto en el artículo 111.1 de este reglamento, certificación del acta de adjudicación de los bienes, en la que habrá de constar, además de la transcripción de la propia acta en lo que se refiere al bien adjudicado y al adjudicatario, la acreditación de haberse efectuado el pago del remate y de haberse emitido en conformidad informe por parte del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la observancia de las formalidades legales en el procedimiento de apremio, cuando haya sido solicitado por el órgano de recaudación y, en todo caso, cuando la adjudicación recaiga sobre bienes o derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad.
La citada certificación constituye un documento público de venta a todos los efectos y en ella se hará constar que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el registro público correspondiente a nombre de la Hacienda Pública. Asimismo, tal y como se establece en el artículo 111.3 de este reglamento, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores.
f) La Administración practicará la correspondiente liquidación, entregando el sobrante, si hubiera, al obligado al pago. Si éste no lo recibe, quedará a su disposición en la Caja General de Depósitos en el plazo de 10 días desde el pago del precio de remate.
Igualmente se depositará el sobrante cuando existan titulares de derechos posteriores a los de la Hacienda pública.
4. Si finalizados los procedimientos de enajenación, y en su caso, adjudicación a la Hacienda Pública, quedaran bienes o derechos sin adjudicar, los mismos podrán ser objeto de nuevos procedimientos de enajenación siempre que no se haya producido la prescripción de la acción de cobro de las deudas respecto a las cuales se desarrollan dichos procedimientos.
Datos clave
- En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera presentado dicha postura.
- Adoptado el acuerdo correspondiente, se entenderá finalizada la subasta y se procederá a levantar acta por el Secretario de la Mesa.
- La adjudicación acordada por la Mesa quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho de adquisición.
- Asimismo, y de existir otras posturas con reserva de depósito, la Mesa podrá acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la oferta más elevada de aquellos cuyo depósito hubiera sido reservado, de acuerdo con las reglas de adjudicación anteriores.
- Si éste no lo recibe, quedará a su disposición en la Caja General de Depósitos en el plazo de 10 días desde el pago del precio de remate.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Terminadas las ofertas, la Mesa se reúne en 15 días naturales como máximo y adjudica o declara desierta según la mejor oferta llegue o no al 50 % del tipo; el adjudicatario paga el resto en 15 días o pierde el depósito.
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Artículo 105. Subastas a través de empresas o profesionales especializados.
1. El órgano de recaudación competente podrá encargar la ejecución material de las subastas a empresas o profesionales especializados.
2. Será aplicable en tales casos lo dispuesto para las subastas en esta subsección, con las particularidades siguientes:
a) El anuncio de la subasta contendrá los datos esenciales de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 101.4 de este reglamento. El anuncio será publicitado en la sede electrónica del organismo correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La celebración de la subasta también podrá anunciarse en medios de comunicación de gran difusión, en publicaciones especializadas y en cualquier otro medio adecuado al efecto cuando el órgano de recaudación competente así lo acuerde.
b) No será necesaria la constitución de depósito previo para concurrir a la licitación.
c) El desarrollo de la licitación se realizará conforme a las prácticas habituales de este tipo de actos.
d) La Mesa, compuesta según establece el artículo 103 ter de este reglamento, estará representada en el acto de licitación por uno de sus componentes, que decidirá sobre las incidencias que pudieran surgir en su desarrollo.
e) Cuando se paguen las cantidades establecidas en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el acto de la subasta, el representante de la Mesa suspenderá la licitación de los bienes correspondientes.
3. El representante de la Mesa extenderá diligencia en que se hagan constar los elementos esenciales de la subasta. A partir de ese momento, la Mesa de subasta actuará conforme al artículo 104.
Datos clave
- El órgano de recaudación competente podrá encargar la ejecución material de las subastas a empresas o profesionales especializados.
- El anuncio será publicitado en la sede electrónica del organismo correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La Mesa, compuesta según establece el artículo 103 ter de este reglamento, estará representada en el acto de licitación por uno de sus componentes, que decidirá sobre las incidencias que pudieran surgir en su desarrollo.
- Cuando se paguen las cantidades establecidas en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el acto de la subasta, el representante de la Mesa suspenderá la licitación de los bienes correspondientes.
- A partir de ese momento, la Mesa de subasta actuará conforme al artículo 104.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ejecución material de la subasta puede encargarse a empresas o profesionales especializados, con particularidades: anuncio en sede electrónica, sin depósito previo y la Mesa representada por uno de sus miembros.
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Artículo 106. Enajenación por concurso.
1. La enajenación de bienes embargados sólo podrá celebrarse por concurso:
a) Cuando la realización de lo embargado por medio de subasta, por sus cualidades o magnitud, pudiera producir perturbaciones nocivas en el mercado.
b) Cuando existan otras razones de interés público debidamente justificadas.
2. El concurso deberá ser autorizado por el órgano competente y su convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el boletín oficial correspondiente a la demarcación territorial del órgano de recaudación al que este adscrito el obligado al pago. En dicha convocatoria se señalarán los bienes objeto de enajenación, el plazo y las condiciones para concurrir, la forma de pago y el depósito a realizar. Asimismo, se señalarán, si las hubiese, las condiciones especiales del concurso, referidas tanto a los requisitos de los concursantes como a la retirada y utilización de los bienes enajenados.
En lo no previsto expresamente se estará a lo establecido para la enajenación por subasta en lo que resulte aplicable.
3. Terminado el plazo de admisión de ofertas, el órgano competente decidirá adjudicar el concurso o declararlo desierto en un plazo de cinco días.
La adjudicación se hará a la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta no sólo el aspecto económico, sino también el cumplimiento de todas las condiciones incluidas en la convocatoria.
En caso de que el concurso se declare desierto podrá procederse posteriormente a la adjudicación directa.
Datos clave
- Cuando la realización de lo embargado por medio de subasta, por sus cualidades o magnitud, pudiera producir perturbaciones nocivas en el mercado.
- El concurso deberá ser autorizado por el órgano competente y su convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el boletín oficial correspondiente a la demarcación territorial del órgano de recaudación al que este adscrito el obligado al pago.
- En dicha convocatoria se señalarán los bienes objeto de enajenación, el plazo y las condiciones para concurrir, la forma de pago y el depósito a realizar.
- Terminado el plazo de admisión de ofertas, el órgano competente decidirá adjudicar el concurso o declararlo desierto en un plazo de cinco días.
- En caso de que el concurso se declare desierto podrá procederse posteriormente a la adjudicación directa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El concurso es excepcional: solo cabe si la subasta pudiera perturbar el mercado o por otras razones de interés público justificadas; se adjudica a la oferta más ventajosa o se declara desierto en cinco días.
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Artículo 107. Enajenación mediante adjudicación directa.
1. Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados:
a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar.
b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, justificadas en el expediente.
c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente.
2. Si se trata de bienes perecederos, en el acuerdo de enajenación el órgano competente podrá establecer los límites y condiciones de la adjudicación directa y se podrá, en este caso, prescindir de la propuesta de adjudicación a que se refiere el apartado 6.
3. El órgano de recaudación competente procederá en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo de enajenación por adjudicación directa a realizar las gestiones conducentes a dicha adjudicación directa de los bienes en las mejores condiciones económicas, para lo que utilizará los medios que considere más ágiles y efectivos.
4. La adjudicación directa se desarrollará conforme a los siguientes criterios:
a) La convocatoria se anunciará en la sede electrónica de la Administración Pública que corresponda.
b) En la convocatoria se establecerá la fecha límite para la admisión de ofertas. La presentación de ofertas se hará por vía telemática.
5. El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso, el tipo del concurso.
b) En los demás supuestos, los bienes se valorarán con referencia a precios de mercado.
Si las ofertas no alcanzan los valores señalados, los bienes podrán adjudicarse sin precio mínimo.
6. En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación competente en favor de la mejor oferta económica. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se dará por concluido dicho trámite.
7. La adjudicación se formalizará mediante acta en el caso del apartado 1.a) y por resolución del órgano de recaudación competente en los demás casos.
8. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe procedente.
9. En lo no previsto expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta en lo que resulte aplicable. En particular, se advertirá al adjudicatario que si no satisface el precio de remate en el plazo establecido al efecto, puede incurrir en responsabilidad por los perjuicios que ocasione la falta de pago.
10. Transcurrido el trámite de adjudicación directa, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo del concurso realizado antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda pública.
Datos clave
- Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin adjudicar.
- Si se trata de bienes perecederos, en el acuerdo de enajenación el órgano competente podrá establecer los límites y condiciones de la adjudicación directa y se podrá, en este caso, prescindir de la propuesta de adjudicación a que se refiere el apartado 6.
- Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 3 sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se dará por concluido dicho trámite.
- La adjudicación se formalizará mediante acta en el caso del apartado 1.a) y por resolución del órgano de recaudación competente en los demás casos.
- En particular, se advertirá al adjudicatario que si no satisface el precio de remate en el plazo establecido al efecto, puede incurrir en responsabilidad por los perjuicios que ocasione la falta de pago.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La adjudicación directa cabe tras un concurso con bienes sobrantes, para perecederos o urgencias y cuando no convenga la concurrencia; se gestiona en un mes y con precio mínimo, que puede eliminarse si no se alcanza.
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Artículo 108. Competencia.
Serán competentes para adjudicar bienes o derechos a la Hacienda pública en pago de deudas no cubiertas en el curso del procedimiento de apremio los órganos que establezca la norma de organización específica.
Datos clave
- Adjudica bienes o derechos a la Hacienda pública en pago de deudas no cubiertas en el procedimiento de apremio el órgano que establezca la norma de organización específica.
- Se trata de deudas no cubiertas en el curso del procedimiento de apremio.
- La competencia no la fija el reglamento, sino la norma de organización específica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién adjudica bienes a la Hacienda pública cuando el apremio no cubre la deuda no lo dice el reglamento: lo fija la norma de organización específica.
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Artículo 109. Adjudicación de bienes y derechos.
1. Cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas.
Cuando los bienes embargados o sobre los que se hubiese constituido garantía fuesen integrantes del patrimonio histórico español, podrá prescindirse de los procedimientos de enajenación previstos en la subsección 5.ª anterior y se actuará conforme a lo dispuesto en este artículo.
2. Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aun teniéndolos, el importe de dichas cargas sea inferior al valor en que deban ser adjudicados según el artículo 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano competente acordará la adjudicación. No obstante, podrá no acordarla cuando existan circunstancias que permitan prever que dichos bienes no tendrán utilidad para la Hacienda pública; a tales efectos, se solicitará informe previo al Delegado de Economía y Hacienda para la valoración de dichas circunstancias.
Previamente al acuerdo de adjudicación, podrá solicitarse informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico cuando la complejidad jurídica del expediente lo requiera.
Si las cargas o gravámenes son superiores, el órgano competente consultará a la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre la conveniencia de dicha adjudicación. En la consulta se hará constar toda la información que permita tomar una decisión razonada al respecto.
El citado centro directivo contestará a la consulta en el plazo de tres meses. Si no contesta en dicho plazo o la contestación es denegatoria, no se acordará la adjudicación.
En caso de contestación afirmativa, el órgano competente acordará la adjudicación.
En las resoluciones en que se acuerde la adjudicación a la Hacienda pública se hará constar, además, que los titulares de cargas reales verán disminuido el importe de sus créditos con los débitos, si para la efectividad de estos el Estado tiene derecho de hipoteca legal tácita.
La disminución comenzará por el último que figure en la certificación del Registro de la Propiedad, respetando las preferencias legalmente establecidas, y se inscribirá en este, en virtud de la resolución a que se refiere este apartado.
La adjudicación a la Hacienda pública con disminución de los créditos citados será notificada a los interesados.
3. Si se trata de bienes muebles cuya adjudicación se presuma que puede interesar a la Hacienda pública, el órgano competente podrá acordar dicha adjudicación, una vez tenida en cuenta la previsible utilidad que pudiera reportar a aquella y consultado, en su caso, el órgano o entidad de derecho público que pudiera utilizar dichos bienes.
Datos clave
- Cuando los bienes embargados o sobre los que se hubiese constituido garantía fuesen integrantes del patrimonio histórico español, podrá prescindirse de los procedimientos de enajenación previstos en la subsección 5.ª anterior y se actuará conforme a lo dispuesto en este artículo.
- Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aun teniéndolos, el importe de dichas cargas sea inferior al valor en que deban ser adjudicados según el artículo 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano competente acordará la adjudicación.
- No obstante, podrá no acordarla cuando existan circunstancias que permitan prever que dichos bienes no tendrán utilidad para la Hacienda pública; a tales efectos, se solicitará informe previo al Delegado de Economía y Hacienda para la valoración de dichas circunstancias.
- El citado centro directivo contestará a la consulta en el plazo de tres meses.
- Si no contesta en dicho plazo o la contestación es denegatoria, no se acordará la adjudicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Permite adjudicar a la Hacienda pública los bienes embargados que quedaron sin vender, con reglas distintas para inmuebles, patrimonio histórico y muebles.
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Artículo 110. Inscripción y cancelación de cargas.
1. Los bienes inmuebles adjudicados a la Hacienda pública serán inscritos en el Registro de la Propiedad en virtud de certificación expedida por el órgano de recaudación competente, en la que se harán constar las actuaciones del expediente y los datos necesarios para dicha inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 26 Reglamento Hipotecario, aprobado por el Decreto de 14 de febrero de 1947.
2. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª, del reglamento citado.
Datos clave
- Los bienes inmuebles adjudicados a la Hacienda pública se inscriben en el Registro de la Propiedad en virtud de certificación expedida por el órgano de recaudación competente.
- Se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados.
- La cancelación se hace de acuerdo con el artículo 175, regla 2.ª, del Reglamento Hipotecario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los inmuebles adjudicados a Hacienda se inscriben con certificación del órgano de recaudación (art. 26 del Reglamento Hipotecario) y se cancelan las cargas posteriores por mandamiento.
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Artículo 111. Escritura pública de venta y cancelación de cargas.
1. Una vez notificada la adjudicación, el adjudicatario podrá solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble.
El adjudicatario deberá comunicar de forma expresa esta opción en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la adjudicación.
En este caso, el adjudicatario, en el referido plazo de cinco días, deberá efectuar un ingreso adicional del 5 por ciento del precio de remate del bien.
Con carácter previo a dicho otorgamiento, se remitirá el expediente al órgano con funciones de asesoramiento jurídico para que emita el preceptivo informe en el plazo de cinco días desde la fecha de recepción del expediente de referencia. El órgano de recaudación competente dispondrá lo necesario para que se subsanen los defectos que se observen.
2. Una vez devuelto el expediente por el órgano con funciones de asesoramiento jurídico, con informe de haberse observado las formalidades legales en el procedimiento de apremio, deberán ser otorgadas las escrituras de venta de los inmuebles que hubieran sido enajenados dentro de los 30 días siguientes, previa citación debidamente notificada a los obligados al pago o a sus representantes si los tuviesen.
Si no comparecieran a la citación, se otorgarán de oficio tales escrituras a favor de los adjudicatarios por el órgano competente, que actuará en sustitución del obligado al pago, haciéndose constar en ellas que queda extinguida la anotación preventiva hecha en el Registro de la Propiedad a nombre de la Hacienda pública.
3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª, del Reglamento Hipotecario.
Datos clave
- Una vez notificada la adjudicación, el adjudicatario podrá solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble.
- El adjudicatario deberá comunicar de forma expresa esta opción en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la adjudicación.
- En este caso, el adjudicatario, en el referido plazo de cinco días, deberá efectuar un ingreso adicional del 5 por ciento del precio de remate del bien.
- Con carácter previo a dicho otorgamiento, se remitirá el expediente al órgano con funciones de asesoramiento jurídico para que emita el preceptivo informe en el plazo de cinco días desde la fecha de recepción del expediente de referencia.
- Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, regla 2.ª, del Reglamento Hipotecario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras la adjudicación de un inmueble, el adjudicatario puede pedir escritura pública de venta: lo comunica en 5 días e ingresa un 5 % adicional; con informe jurídico favorable, la escritura se otorga en 30 días, de oficio si el deudor no comparece.
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Artículo 112. Levantamiento de embargo.
El artículo 112 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) regula el levantamiento de embargo.
Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de recaudación levantará el embargo sobre los bienes no enajenados y acordará su entrega al obligado al pago.
Datos clave
- Una vez cubiertos el débito, intereses y costas del procedimiento, el órgano de recaudación levantará el embargo sobre los bienes no enajenados.
- Acordará su entrega al obligado al pago.
- El levantamiento corresponde al órgano de recaudación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cubiertos el débito, los intereses y las costas, el órgano de recaudación levanta el embargo sobre los bienes que no se han vendido y acuerda devolverlos al obligado al pago.
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Artículo 113. Costas del procedimiento de apremio.
1. Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos que se originen durante su desarrollo. Estas costas serán exigidas al obligado al pago.
2. Están comprendidos en el concepto de costas del procedimiento los siguientes gastos:
a) Los honorarios de empresas o profesionales ajenos a la Administración que intervengan en valoraciones, deslindes y enajenación de los bienes embargados.
b) Los honorarios de los registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los registros públicos.
c) Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.
d) Los pagos realizados a acreedores, según se dispone en el artículo 77.2.
e) Los importes que el órgano de recaudación competente haya satisfecho como alquiler de negocio, en aquellos casos en que el derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio haya sido embargado.
f) Los demás gastos que exija y requiera la propia ejecución.
3. No podrán incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.
Datos clave
- Son costas los gastos que se originen durante el desarrollo del procedimiento de apremio, exigidas al obligado al pago.
- Comprenden honorarios de profesionales ajenos en valoraciones, deslindes y enajenación, honorarios de registradores, depósito y administración de bienes y pagos a acreedores del artículo 77.2.
- Incluyen los importes satisfechos como alquiler de negocio cuando se haya embargado el derecho de cesión del contrato de arrendamiento y los demás gastos que exija la ejecución.
- No pueden incluirse como costas los gastos ordinarios de los órganos de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define las costas del procedimiento de apremio (gastos de su desarrollo, a cargo del obligado al pago) y enumera qué conceptos entran y cuáles quedan fuera.
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Artículo 114. Honorarios y gastos de depósito y administración.
1. Las empresas o profesionales devengarán sus honorarios con arreglo a la tarifa que oficialmente tengan establecida o de acuerdo con la cuantía que se haya estipulado en el contrato celebrado con la Administración.
El pago de estos servicios se realizará una vez que hayan sido prestados y previa la conformidad del órgano de recaudación competente, de acuerdo con las normas sobre procedimiento de gastos y pagos públicos.
2. Los gastos que se ocasionen por actuaciones de los registros públicos serán los establecidos en la normativa vigente. Las actuaciones que consistan en facilitar información a los órganos de recaudación tendrán carácter gratuito.
Los registradores o encargados de los registros expedirán factura de los gastos que procedan y los consignarán en los mandamientos o demás documentos que les sean presentados o que expidan relacionados con los bienes embargables.
El pago de dichos honorarios se efectuará una vez realizada la enajenación de los bienes o cobrado el débito perseguido. Si el crédito resultara incobrable, el pago se efectuará una vez practicada la liquidación de costas con cargo a los fondos habilitados para este fin.
3. Tendrán la consideración de gastos originados por los depósitos de bienes embargados los siguientes:
a) La retribución a los depositarios, si la hubiera.
b) Los de transporte, embalaje o acondicionamiento, almacenaje, mantenimiento, conservación, custodia y exhibición cuando no estén incluidos en la retribución citada en el párrafo a).
c) Los originados por el desempeño de funciones de administración necesarios para la gestión de los bienes en los casos previstos en el artículo 95.
El pago de los servicios a que se refiere este apartado se realizará una vez prestados, de acuerdo con las normas sobre procedimiento de gastos y pagos públicos.
Datos clave
- Los honorarios de empresas o profesionales se devengan según tarifa oficial o la cuantía pactada en el contrato; se pagan una vez prestados los servicios y con la conformidad del órgano de recaudación.
- Las actuaciones de registros públicos tienen los gastos de la normativa vigente; facilitar información a los órganos de recaudación es gratuito.
- Los honorarios de los registros se pagan tras la enajenación o el cobro del débito; si el crédito es incobrable, tras la liquidación de costas.
- Gastos de depósito: retribución del depositario, transporte, embalaje, almacenaje, mantenimiento, custodia y exhibición, y administración del artículo 95.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se calculan y pagan los honorarios de profesionales, los gastos de registro y los gastos de depósito y administración de los bienes embargados.
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Artículo 115. Liquidación de las costas.
1. En la liquidación definitiva de cada expediente de apremio se incluirán las costas correspondientes.
2. Las costas que afecten a varios obligados al pago y no puedan imputarse a cada uno individualmente se distribuirán entre ellos proporcionalmente a sus respectivas deudas.
3. Ninguna partida de costas podrá ser exigida al obligado al pago si el expediente no incluye los recibos, facturas o minutas de honorarios que la acrediten.
4. Al entregar al obligado al pago el correspondiente justificante de pago, se hará constar en este, o por separado, según proceda, el importe de las costas a su cargo, detallando los conceptos a que correspondan.
5. Procederá la devolución de las costas satisfechas en los casos de anulación de la liquidación o del procedimiento de apremio en que se hayan causado.
6. Cuando, ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, la parte restante será a cargo de la Administración.
Datos clave
- Las costas se incluyen en la liquidación definitiva de cada expediente de apremio.
- Las que afecten a varios obligados sin poder imputarse individualmente se distribuyen proporcionalmente a sus deudas.
- Ninguna partida es exigible si el expediente no incluye los recibos, facturas o minutas que la acrediten.
- Procede la devolución de las costas satisfechas si se anula la liquidación o el procedimiento de apremio.
- Si lo obtenido no cubre las costas devengadas, la parte restante es a cargo de la Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija cómo se liquidan las costas del expediente de apremio: inclusión en la liquidación definitiva, reparto entre obligados, justificación documental y devolución.
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Artículo 116. Terminación del procedimiento de apremio.
El artículo 116 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) regula la terminación del procedimiento de apremio.
1. Cuando se solventen los débitos perseguidos y las costas, se declara en el expediente de apremio, que queda ultimado.
2. Si lo obtenido es insuficiente, se aplica en primer lugar a las costas y después a las deudas según las reglas de imputación del artículo 63 de la Ley 58/2003, sin perjuicio de las letras a) y b) del apartado siguiente. Por la parte no solventada se actúa conforme a los créditos incobrables de los artículos 61 a 63 del reglamento.
3. Si el expediente incluye varios débitos, una vez aplicado el importe a las costas, con el resto se siguen estas normas:
a) Primero, las cantidades afectadas singularmente al pago de deudas determinadas, por garantía, derecho real u otras de igual significación.
b) Después, las preferencias genéricas a favor de determinadas clases de créditos en la Ley 58/2003, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y en otras leyes aplicables.
c) Si existe sobrante, se aplica por orden de antigüedad de los créditos, determinado por la fecha en que la deuda fue exigible.
4. Si el procedimiento se desarrolla en el marco de la asistencia mutua, puede terminar además por la modificación o retirada de la solicitud de dicha asistencia.
Datos clave
- Pago de débitos y costas: se declara en el expediente, que queda ultimado.
- Si lo obtenido es insuficiente, se aplica primero a las costas y después a las deudas según el artículo 63 de la Ley 58/2003.
- Orden con varios débitos: afectación singular (garantía o derecho real), preferencias genéricas de las Leyes 58/2003 y 47/2003 y, por último, antigüedad por fecha de exigibilidad.
- Lo no solventado se trata como crédito incobrable (artículos 61 a 63 del reglamento).
- En asistencia mutua, el procedimiento puede terminar por modificación o retirada de la solicitud de asistencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El apremio termina cuando se cobran débitos y costas; si lo obtenido no llega, se paga primero las costas y luego las deudas, y con varios débitos rige un orden: afectación singular, preferencias legales y antigüedad.
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Artículo 117. Carácter de la tercería.
1. La reclamación en vía administrativa será requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería ante los juzgados y tribunales civiles. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en esta sección.
2. La tercería sólo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados al obligado al pago o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al que es objeto del expediente de apremio
3. No podrá ser calificada como reclamación de tercería la formulada por el obligado al pago.
Datos clave
- La reclamación en vía administrativa es requisito previo para ejercer la acción de tercería ante los juzgados y tribunales civiles.
- La tercería solo puede fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho a ser reintegrado de un crédito con preferencia al del expediente de apremio.
- No es tercería la reclamación formulada por el obligado al pago.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para ir a los tribunales civiles en tercería hay que reclamar antes en vía administrativa; la tercería solo se funda en el dominio o en un crédito preferente, y no puede plantearla el propio obligado.
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Artículo 118. Competencias en materia de tercerías.
La competencia para la tramitación de la tercería, así como la competencia para su resolución, corresponderá a los órganos que se determinen en la norma de organización específica.
Datos clave
- La competencia para tramitar y para resolver la tercería corresponde a los órganos que determine la norma de organización específica.
- Tramitación y resolución pueden corresponder a órganos distintos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La tramitación y resolución de las tercerías corresponden a los órganos que determine la norma de organización específica.
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Artículo 119. Forma, plazos y efectos de la interposición de la tercería.
El artículo 119 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) regula la forma, los plazos y los efectos de la interposición de la tercería.
1. Forma y admisión. La reclamación se formula por escrito, con un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión, quedando a disposición de los órganos de recaudación los documentos originales. Se dirige al órgano que tramita el apremio, que lo remite al órgano competente para su tramitación. Si faltan requisitos o documentos, se requiere la subsanación en 10 días contados desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, con la advertencia de archivo de la reclamación. Subsanados los defectos, se dicta, si procede, acuerdo de admisión a trámite, notificado al tercerista y al obligado al pago, en el plazo de 15 días desde que se reciba la reclamación o se entiendan subsanados los defectos.
2. Inadmisión. No se admite segunda o ulterior tercería fundada en títulos o derechos que el tercerista poseyera al formular la primera. La tercería de dominio no se admite después de la transmisión de los bienes a un tercero adquirente por los procedimientos de enajenación del reglamento, o a la Hacienda pública por adjudicación en pago. La de mejor derecho no se admite tras percibirse el precio de la venta o, en caso de adjudicación al ejecutante, tras adquirir este la titularidad. El acuerdo de inadmisión se notifica al tercerista y al obligado, y contra él no procede recurso o reclamación en vía administrativa.
3. Calificación. Recibido el escrito, se une al expediente de apremio, se califica la tercería como de dominio o de mejor derecho y, si se presentó en tiempo y forma, se suspende o prosigue el procedimiento sobre los bienes controvertidos según el artículo 165.4 y 5 de la Ley 58/2003.
4. Tercería de dominio admitida:
a) Se adoptan medidas de aseguramiento según la naturaleza de los bienes, como anotación de embargo o depósito, y se suspende el apremio respecto de los bienes objeto de la tercería.
b) Si son dinero, efectivo o cuentas, se consigna su importe en la Caja General de Depósitos o se ordena su retención en cuentas.
c) Si no pueden conservarse sin deterioro o quebranto sustancial, el órgano de recaudación puede acordar su enajenación y se consigna el importe a resultas de la tercería.
d) El procedimiento sigue con los demás bienes del obligado hasta quedar satisfecha la deuda; en ese caso se deja sin efecto el embargo sobre los bienes controvertidos, sin reconocer la titularidad del reclamante, y se archiva la reclamación.
5. Tercería de mejor derecho admitida: se prosigue el apremio hasta la realización de los bienes y se consigna el importe a resultas de la tercería. Puede suspenderse la ejecución si el tercerista consigna la cantidad del artículo 169.1 de la Ley 58/2003 o el valor del bien, si fuese inferior; la valoración se hace conforme al artículo 97 del reglamento. Si son dinero, efectivo o cuentas, puede acordarse su consignación en la Caja General de Depósitos o su retención en cuentas.
Datos clave
- Reclamación por escrito con principio de prueba; subsanación en 10 días con advertencia de archivo.
- Acuerdo de admisión a trámite en 15 días desde la recepción de la reclamación o la subsanación.
- No se admite segunda tercería con títulos que se poseían al formular la primera; el acuerdo de inadmisión no tiene recurso en vía administrativa.
- Tercería de dominio: no se admite tras la transmisión a un adquirente o la adjudicación a la Hacienda pública; admitida, se suspende el apremio sobre esos bienes.
- Tercería de mejor derecho: no se admite tras percibirse el precio de la venta; admitida, el apremio continúa y se consigna el importe.
- Dinero, efectivo o cuentas: consignación en la Caja General de Depósitos o retención en cuentas.
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La tercería se presenta por escrito con principio de prueba; se subsana en 10 días y se admite en 15. Hay límites temporales de admisión, y su efecto depende del tipo: la de dominio suspende el apremio sobre esos bienes; la de mejor derecho no.
Esquema
| Dominio | Mejor derecho | |
|---|---|---|
| Apremio sobre los bienes | Se suspende | Prosigue hasta su realización |
| Límite de admisión | Transmisión a tercero o adjudicación a la Hacienda | Percepción del precio o titularidad del ejecutante |
| Dinero o cuentas | Consignación en la Caja General de Depósitos o retención | Puede acordarse consignación o retención |
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Artículo 120. Tramitación y resolución de la tercería.
El artículo 120 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) regula la tramitación y resolución de la tercería.
1. En el plazo de 15 días desde la admisión a trámite, el órgano competente para la tramitación remite la reclamación, la documentación aportada y el expediente de apremio al órgano competente para resolver, junto con una propuesta de resolución debidamente motivada. El órgano competente para resolver puede ordenar que se complete el expediente con los antecedentes, informes, documentos y datos necesarios, y debe solicitar informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico, que lo emite en 15 días. La solicitud va acompañada de todos los documentos del expediente de apremio con trascendencia para la resolución.
2. La resolución debe notificarse en el plazo de seis meses. Transcurrido ese plazo sin notificación, se puede entender desestimada la reclamación a efectos de formular la demanda judicial.
3. Si transcurridos 10 días desde el día siguiente a la notificación de la resolución no se justifica documentalmente la interposición de la demanda judicial, continúan los trámites del procedimiento de apremio que quedaron en suspenso.
4. El órgano con funciones de asesoramiento jurídico que intervenga en los procesos de tercería ante los juzgados o tribunales civiles comunica a los órganos que tramitan los apremios las resoluciones judiciales firmes que recaigan.
Datos clave
- Remisión de la reclamación, la documentación y el expediente de apremio al órgano resolutor en 15 días desde la admisión, con propuesta motivada.
- Informe del órgano de asesoramiento jurídico: plazo de 15 días.
- Plazo de resolución: seis meses; transcurrido, se puede entender desestimada a efectos de demanda judicial.
- Si en 10 días desde la notificación no se justifica la demanda judicial, continúa el procedimiento de apremio suspendido.
- El órgano de asesoramiento jurídico comunica a los órganos de apremio las resoluciones judiciales firmes de los procesos de tercería.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Admitida la tercería, se remite en 15 días al órgano que resuelve con propuesta motivada; el informe jurídico se emite en 15 días y la resolución se notifica en seis meses, o se puede entender desestimada para ir a juicio.
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Artículo 121. Efectos de la estimación de la reclamación de tercería.
1. Si la tercería fuera de dominio, la estimación de la reclamación determinará el levantamiento del embargo acordado sobre los bienes o derechos objeto de la reclamación, salvo en el supuesto de que se hubiera acordado previamente su enajenación por no haber podido conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sustancial en su valor en caso de demora; en este caso, le será entregado al reclamante el producto obtenido en aquella con la oportuna liquidación del interés legal a su favor sobre la cantidad percibida calculado desde la fecha de consignación del depósito y hasta la ordenación del pago.
2. Si la tercería fuera de mejor derecho, la estimación de la reclamación determinará la entrega al reclamante del producto obtenido en la ejecución, una vez deducidos los costes necesarios para su realización en el procedimiento administrativo de apremio.
Datos clave
- Tercería de dominio estimada: levantamiento del embargo sobre los bienes o derechos reclamados.
- Excepción: si se acordó previamente su enajenación por no poder conservarse sin deterioro, se entrega al reclamante el producto con liquidación del interés legal desde la consignación del depósito hasta la ordenación del pago.
- Tercería de mejor derecho estimada: entrega al reclamante del producto de la ejecución, una vez deducidos los costes necesarios para su realización.
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Explica qué pasa si se estima la tercería: en la de dominio se levanta el embargo (o se entrega el importe obtenido con el interés legal si el bien ya se vendió); en la de mejor derecho se entrega el producto de la ejecución, descontados los costes.
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Artículo 122. Tercerías a favor de la Hacienda pública.
Cuando al efectuarse el embargo de bienes se compruebe que estos ya han sido embargados en el seno de otro procedimiento ejecutivo, judicial o administrativo, se informará al órgano competente con el detalle necesario para que este lo comunique al órgano con funciones de asesoramiento jurídico, a fin de que, si se estima procedente, se ejerciten las acciones pertinentes en defensa del mejor derecho de la Hacienda pública.
Datos clave
- Si al embargar se comprueba que los bienes ya están embargados en otro procedimiento ejecutivo, judicial o administrativo, se informa al órgano competente.
- Este lo comunica al órgano con funciones de asesoramiento jurídico para ejercer, si procede, acciones en defensa del mejor derecho de la Hacienda pública.
- Es la llamada tercería a favor de la Hacienda pública.
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Si al embargar se descubre que el bien ya está embargado en otro procedimiento, se informa para que el asesoramiento jurídico valore ejercer acciones por el mejor derecho de Hacienda.
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Artículo 123. Actuaciones de la Hacienda pública en procedimientos concursales y en otros procedimientos de ejecución.
1. Cuando los derechos de la Hacienda pública hayan de ejercerse ante los órganos judiciales, esta iniciará el proceso correspondiente o se personará en el proceso ya iniciado conforme a la normativa legal que resulte de aplicación
2. Los órganos de recaudación competentes podrán solicitar de los órganos judiciales la información sobre los procedimientos que puedan afectar a los derechos de la Hacienda pública cuando dicha información no este disponible a través de la representación procesal. Asimismo, podrán solicitar información a tal efecto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y demás órganos de recaudación sobre créditos pendientes de cobro.
3. Los órganos de recaudación remitirán al órgano con funciones de asesoramiento jurídico los documentos necesarios para la defensa de los derechos de la Hacienda pública. Los créditos de la Hacienda pública quedarán justificados mediante certificación expedida por el órgano competente.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, con las especialidades adecuadas a cada caso, a cualquier procedimiento no judicial de ejecución de bienes en que resulten afectados los derechos de la Hacienda pública.
5. Cuando se vaya a solicitar la declaración de concurso o se haya declarado un concurso que afecte a créditos que no sean de titularidad de la Hacienda pública estatal y cuya gestión recaudatoria se esté realizando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en virtud de convenio, se observará lo establecido en el convenio.
En defecto de convenio, la Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará los créditos que hayan sido o deban ser certificados en el proceso al titular de los créditos a fin de que pueda asumir directamente la representación y defensa de aquellos. Del mismo modo, previamente a la suscripción o adhesión a un convenio o acuerdo que pueda afectar a tales créditos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dará traslado de su contenido al titular de aquellos, entendiéndose que presta su conformidad si en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento no manifestara lo contrario.
6. Cuando la Administración tributaria sea nombrada administrador concursal, corresponderá al órgano que se determine en la norma de organización específica aceptar el nombramiento o rechazarlo en virtud de justa causa.
Datos clave
- Los derechos de la Hacienda pública ante órganos judiciales se ejercen iniciando el proceso o personándose en el ya iniciado.
- Los créditos de la Hacienda pública se justifican mediante certificación expedida por el órgano competente.
- En concursos que afecten a créditos de otros titulares gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria por convenio, se observa el convenio; en su defecto, se comunican los créditos a su titular.
- El titular entiende prestada su conformidad a un convenio o acuerdo si no manifiesta lo contrario en 10 días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento.
- Si la Administración tributaria es nombrada administrador concursal, el órgano de la norma de organización específica acepta o rechaza el nombramiento por justa causa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo actúa la Hacienda pública cuando debe defender sus derechos en un proceso judicial o concursal: se persona conforme a la normativa aplicable, pide información y documentación, acredita sus créditos por certificación, y fija reglas cuando gestiona por convenio créditos ajenos a la Hacienda pública estatal, incluida su posible designación como administrador concursal.
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Artículo 124. Declaración de responsabilidad.
1. El procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano de recaudación competente que deberá ser notificado al interesado.
El trámite de audiencia será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.
En dicho trámite, en su caso, se deberá dar la conformidad expresa a la que se refiere el artículo 41.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses.
2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación efectuadas por un responsable no afectarán al procedimiento de recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran dichas solicitudes.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la resolución de un recurso o reclamación interpuesto contra un acuerdo de declaración de responsabilidad, en lo que dicha resolución se refiera a las liquidaciones a las que alcance el presupuesto de hecho, no afectará a aquellos obligados tributarios para los que las liquidaciones hubieran adquirido firmeza.
4. En aquellos casos en los que como consecuencia del desarrollo del procedimiento recaudatorio seguido frente al deudor principal o, en su caso, frente al responsable solidario, se haya determinado su insolvencia parcial en los términos del artículo 76.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá proceder a la declaración de fallido de aquellos, a los efectos previstos en su artículo 41.
5. Si el deudor principal o los responsables solidarios fueran declarados insolventes por la parte no derivada a los responsables subsidiarios, podrá procederse, en su caso y tras la correspondiente declaración de fallido por insolvencia total, a la derivación a dichos responsables subsidiarios del resto de deuda pendiente de cobro.
Datos clave
- El procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano de recaudación competente que deberá ser notificado al interesado.
- El trámite de audiencia será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.
- En dicho trámite, en su caso, se deberá dar la conformidad expresa a la que se refiere el artículo 41.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses.
- Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación efectuadas por un responsable no afectarán al procedimiento de recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran dichas solicitudes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La declaración de responsabilidad se inicia por acuerdo notificado, con audiencia de 15 días y resolución en seis meses; lo que haga un responsable no frena a los demás, y la insolvencia del principal abre la vía a los subsidiarios.
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Artículo 124 bis. Especialidades en materia de declaración de responsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito.
El artículo 124 bis del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005) recoge las especialidades de la declaración de responsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito.
1. Si en un procedimiento de inspección en el que proceda dictar una liquidación vinculada a delito el órgano actuante conoce hechos que pudieran determinar algún tipo de responsabilidad tributaria, traslada su conocimiento al órgano de recaudación para iniciar el procedimiento de declaración de responsabilidad.
2. El trámite de audiencia al responsable se realiza, en todo caso, con posterioridad a la formalización de la propuesta de liquidación vinculada a delito del deudor principal. El responsable dispone de 15 días, contados desde el día siguiente a la notificación de la apertura del plazo, para formular alegaciones y aportar documentación, solo respecto de las cuestiones que determinen la responsabilidad y su alcance y sean susceptibles de recurso en vía administrativa. El responsable no es interesado en el procedimiento de inspección en que proceda la liquidación vinculada a delito y se tienen por no presentadas las alegaciones que formule en él.
3. El acuerdo de declaración de responsabilidad se dicta con posterioridad al momento en que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública. En los supuestos del artículo 258.1 de la Ley 58/2003 debe constar igualmente la condición formal de investigado del responsable en el proceso penal. La notificación del acuerdo incluye el requerimiento de ingreso de la deuda liquidada en los plazos del artículo 62.2 de la Ley 58/2003.
Datos clave
- La inspección traslada los hechos al órgano de recaudación para iniciar la declaración de responsabilidad.
- Audiencia al responsable después de la propuesta de liquidación vinculada a delito del deudor principal: plazo de 15 días.
- El responsable no es interesado en el procedimiento de inspección y se tienen por no presentadas sus alegaciones en él.
- El acuerdo de declaración de responsabilidad se dicta tras constar admitida la denuncia o querella.
- En los supuestos del artículo 258.1 de la Ley 58/2003 debe constar la condición de investigado del responsable.
- La notificación incluye el requerimiento de ingreso en los plazos del artículo 62.2 de la Ley 58/2003.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando hay liquidación vinculada a delito, la inspección avisa a recaudación; la audiencia del responsable va después de la propuesta del deudor principal y el acuerdo, después de admitirse la denuncia o querella.
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Artículo 125. Certificación por adquisición de explotaciones o actividades económicas.
1. Las certificaciones a las que se refiere el artículo 175.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán contener el nombre y apellidos o razón social o denominación completa del obligado tributario titular de la explotación o actividad económica y una relación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio, con indicación de la cuantía de cada una de ellas. En esta certificación no podrán incluirse referencias a obligaciones tributarias o sanciones que no estén liquidadas en el momento de la expedición de la certificación.
2. No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud para su expedición resultase posterior a la de adquisición de la explotación o actividad económica de que se trate.
3. La exención o limitación de la responsabilidad derivada de estas certificaciones surtirá efectos únicamente respecto de las deudas para cuya liquidación sea competente la Administración de la que se solicita la certificación.
4. Cuando no se haya solicitado la certificación, la responsabilidad alcanzará a las deudas y responsabilidades liquidadas o pendientes de liquidación y a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
Datos clave
- En esta certificación no podrán incluirse referencias a obligaciones tributarias o sanciones que no estén liquidadas en el momento de la expedición de la certificación.
- No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud para su expedición resultase posterior a la de adquisición de la explotación o actividad económica de que se trate.
- La exención o limitación de la responsabilidad derivada de estas certificaciones surtirá efectos únicamente respecto de las deudas para cuya liquidación sea competente la Administración de la que se solicita la certificación.
- Cuando no se haya solicitado la certificación, la responsabilidad alcanzará a las deudas y responsabilidades liquidadas o pendientes de liquidación y a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el contenido y los efectos del certificado que puede pedir quien va a adquirir una explotación o actividad económica para acotar su responsabilidad por las deudas del titular anterior.
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Artículo 126. Certificado expedido a instancia de los contratistas o subcontratistas de obras y servicios.
1. A los efectos de lo previsto en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán incluidas en la actividad económica principal de las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios todas las obras o servicios que, por su naturaleza, de no haber sido contratadas o subcontratadas, deberían haber sido realizadas por la propia persona o entidad que contrata o subcontrata por resultar indispensables para su finalidad productiva.
2. Para la emisión del certificado regulado en este artículo se entenderá que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las circunstancias que, a tales efectos, se prevén en el artículo 74.1 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
3. En la solicitud del certificado específico deberá hacerse constar la identificación completa del pagador para el que deba surtir efectos. En caso de que sean varios los pagadores, se harán constar los datos identificativos de todos ellos, sin perjuicio de que se emita un certificado individual por cada uno.
La Administración tributaria establecerá mecanismos mediante los cuales se posibilite el acceso, con las debidas garantías de confidencialidad y seguridad, por parte del solicitante y del pagador a la información sobre el estado de tramitación de la solicitud, a los efectos previstos en el apartado siguiente.
4. El certificado o su denegación deberá quedar a disposición del interesado en el plazo de tres días. Dicho plazo será de un mes cuando se solicite con ocasión de la presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. Cuando dichas declaraciones se presenten por otros medios, el plazo será de seis meses.
Dichos plazos se contarán desde la fecha de recepción de la solicitud por parte del órgano competente para su emisión, que será el que se determine en la norma de organización específica.
El solicitante podrá entender emitido el certificado a partir del día siguiente al de finalización del plazo para que dicha emisión se produzca, pudiendo obtener de la Administración tributaria comunicación acreditativa de tal circunstancia, que habrá de emitirse de forma inmediata.
La falta de emisión del certificado acreditada por dicho documento tendrá eficacia frente al pagador y determinará la exoneración de responsabilidad para el que, con tal condición, figure en la solicitud de certificado presentada por el contratista o subcontratista.
Dicha exoneración de responsabilidad se extenderá a los pagos que se realicen durante el periodo de 12 meses contado desde la fecha en que el certificado se entienda emitido.
Tendrá la consideración de pago la aceptación de efectos cambiarios durante el periodo a que hace referencia el párrafo anterior, aun cuando el vencimiento de aquellos se produzca con posterioridad a la finalización de dicho plazo.
Datos clave
- El certificado o su denegación deberá quedar a disposición del interesado en el plazo de tres días.
- Dicho plazo será de un mes cuando se solicite con ocasión de la presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades.
- Cuando dichas declaraciones se presenten por otros medios, el plazo será de seis meses.
- Dichos plazos se contarán desde la fecha de recepción de la solicitud por parte del órgano competente para su emisión, que será el que se determine en la norma de organización específica.
- Dicha exoneración de responsabilidad se extenderá a los pagos que se realicen durante el periodo de 12 meses contado desde la fecha en que el certificado se entienda emitido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concreta qué es actividad principal a efectos de la responsabilidad de contratistas y regula el certificado de estar al corriente: plazo de tres días, un mes o seis meses, y si no se emite a tiempo exonera al pagador durante 12 meses.
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Artículo 127. Procedimiento de recaudación frente a los sucesores.
1. Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, el procedimiento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquel y la notificación al sucesor del requerimiento para el pago de la deuda y costas pendientes del causante, con subrogación a estos efectos en la misma posición en que se encontraba el causante en el momento del fallecimiento y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182.3, primer párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En la notificación al sucesor se le requerirá el pago de la deuda en los siguientes plazos:
a) Si el fallecimiento del obligado al pago se produce dentro del periodo voluntario, se requerirá al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si el fallecimiento del obligado al pago se produce antes de la notificación de la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si realiza el pago antes de la notificación de la providencia de apremio, se le exigirá el recargo ejecutivo.
c) Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio al obligado al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 10 por ciento en el plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.
d) Si el fallecimiento se produce después de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario en los plazos establecidos en dicho artículo.
Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se esperará a que transcurra el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar de la Administración una certificación de las deudas del causante con efectos meramente informativos.
La Administración, una vez acreditada de forma fehaciente la condición de heredero del solicitante, expedirá un certificado que deberá contener el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, último domicilio del causante y del heredero y detalle de las deudas y demás responsabilidades del causante pendientes a la fecha de expedición del certificado.
2. Mientras se halle la herencia yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas pendientes podrá dirigirse o continuar contra los bienes y derechos de la herencia. Las actuaciones se entenderán con quien ostente la administración o representación de esta, en los términos señalados en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La suspensión del procedimiento de recaudación, en los términos señalados en el artículo 177.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar con arreglo a la legislación civil, no afectará a las posibles actuaciones recaudatorias que se lleven a cabo frente a la herencia yacente.
3. Desde que conste que no existen herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado expresa o tácitamente, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano competente, el cual dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento jurídico a efectos de que se solicite la declaración de heredero que proceda, sin perjuicio de la continuación del procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la herencia.
4. Disuelta una sociedad, entidad o fundación, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes, cotitulares o destinatarios, que se subrogarán a estos efectos en la misma posición en que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica. En la notificación al sucesor se le requerirá el pago de la deuda en los siguientes plazos:
a) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce dentro del periodo voluntario, se notificará al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce antes de la notificación de la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si realiza el pago antes de la notificación de la providencia de apremio, se le exigirá el recargo ejecutivo.
c) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce una vez notificada la providencia de apremio al obligado al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 10 por ciento en el plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.
d) Si la extinción de la personalidad jurídica se produce después de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario en los plazos establecidos en dicho artículo.
5. En los supuestos de entidades sin personalidad jurídica se estará al momento de disolución para la aplicación de las reglas anteriores.
6. No se aplicará el límite contenido en el artículo 40.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los supuestos de disolución sin liquidación.
Datos clave
- Si el fallecimiento del obligado al pago se produce dentro del periodo voluntario, se requerirá al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Si el fallecimiento se produce después de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario en los plazos establecidos en dicho artículo.
- Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar, se esperará a que transcurra el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar de la Administración una certificación de las deudas del causante con efectos meramente informativos.
- Las actuaciones se entenderán con quien ostente la administración o representación de esta, en los términos señalados en el artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Si la extinción de la personalidad jurídica se produce dentro del periodo voluntario, se notificará al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula quién continúa el procedimiento de recaudación cuando el obligado fallece (herederos, legatarios, herencia yacente) o cuando se disuelve una sociedad, entidad o fundación (socios, partícipes, cotitulares), y qué recargo se exige al sucesor según el momento del fallecimiento o la disolución.
Esquema
| Requerimiento al sucesor | Recargo | |
|---|---|---|
| Dentro del periodo voluntario | Pago en el plazo del art. 62.2 de la Ley 58/2003 | — |
| Antes de notificarse la providencia de apremio | Se notifica la providencia de apremio | Recargo ejecutivo si paga antes de notificarse |
| Notificada la providencia, dentro del plazo del art. 62.5 | Pago en el plazo del art. 62.5 de la Ley 58/2003 | Recargo de apremio reducido del 10 por ciento |
| Tras finalizar el plazo del art. 62.5 | Pago en los plazos del art. 62.5 de la Ley 58/2003 | Recargo de apremio ordinario |
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Artículo 128. Exacción de la responsabilidad civil y multa por delito contra la Hacienda Pública.
1. En los procedimientos por delito contra la hacienda Pública, la deuda derivada de la responsabilidad civil y de la pena de multa se acumulará al procedimiento administrativo de apremio que, en su caso, se siga contra el deudor, a los efectos de la práctica de diligencias de embargo, trabas y enajenación de bienes. El importe derivado de tales deudas no podrá incrementarse en los recargos del periodo ejecutivo.
La Hacienda pública exigirá, junto con la multa y la responsabilidad civil a la que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los intereses que se devenguen sobre el importe de dicha responsabilidad desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial hasta la fecha de ingreso en el Tesoro y las costas del procedimiento de apremio, salvo que el juez o tribunal hubiese acordado otra cosa.
2. Contra los actos del procedimiento administrativo de apremio dictados por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la exacción de la responsabilidad civil y de la multa por delito contra la Hacienda pública podrá interponerse recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, salvo que los motivos de impugnación aducidos se refieran a la adecuación o conformidad de los actos de ejecución impugnados con la sentencia que hubiese fijado las deudas objeto de exacción por el procedimiento de apremio; en este caso, la cuestión deberá plantearse ante el juez o tribunal competente para la ejecución.
3. En caso de incumplimiento del fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil o de la multa que haya acordado el juez o tribunal conforme al artículo 125 del Código Penal, se exigirá la totalidad del importe pendiente por el procedimiento de apremio. En este caso, no procederá aplicar recargos del periodo ejecutivo pero se exigirán los intereses que correspondan.
4. Los órganos competentes para la exacción de la responsabilidad civil y de la multa por delito contra la Hacienda pública informarán al juez o tribunal de cualquier incidente que se pueda producir en la ejecución encomendada, y en todo caso, de las siguientes actuaciones y acuerdos:
a) Los ingresos que se efectúen en el procedimiento de apremio.
b) Que se ha producido el ingreso íntegro de las deudas objeto de la encomienda legal de cobro.
c) La declaración administrativa de fallido de los responsables civiles y la declaración administrativa de incobrable de los créditos afectados.
Datos clave
- Artículo 128 del Reglamento General de Recaudación: en los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad civil y la multa se acumulan al procedimiento administrativo de apremio.
- Esas deudas no podrán incrementarse en los recargos del periodo ejecutivo.
- Se exigen intereses desde la firmeza de la resolución judicial hasta la fecha de ingreso en el Tesoro y las costas del procedimiento de apremio, salvo que el juez o tribunal acordase otra cosa.
- Contra los actos de apremio cabe recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, salvo que los motivos se refieran a la adecuación con la sentencia: entonces se plantea ante el juez o tribunal competente para la ejecución.
- Si se incumple el fraccionamiento acordado por el juez o tribunal conforme al artículo 125 del Código Penal, se exige la totalidad pendiente por apremio, sin recargos del periodo ejecutivo pero con intereses.
- Los órganos competentes informan al juez o tribunal de los ingresos, del ingreso íntegro de las deudas y de la declaración de fallido de los responsables civiles y de incobrable de los créditos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La responsabilidad civil y la multa por delito contra la Hacienda se cobran acumuladas al apremio administrativo, sin recargos del periodo ejecutivo pero con intereses y costas; lo que afecte a la sentencia se plantea al juez.
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Artículo 129. Impugnación de los actos asociados a un proceso penal en curso.
Contra los actos dictados por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el ejercicio de las competencias otorgadas por la disposición adicional decimonovena de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá interponerse recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, salvo que los motivos de impugnación aducidos se refieran a la adecuación de los actos impugnados con el objeto del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, en cuyo caso la cuestión deberá plantearse ante el órgano judicial penal competente.
Datos clave
- Artículo 129 del Reglamento General de Recaudación: los actos dictados por los órganos de recaudación de la AEAT en ejercicio de la disposición adicional decimonovena de la Ley 58/2003 son recurribles en reposición o reclamación económico-administrativa.
- Excepción: si los motivos se refieren a la adecuación de los actos con el objeto del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública, la cuestión se plantea ante el órgano judicial penal competente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los actos de recaudación de la AEAT ligados a un proceso penal por delito fiscal se recurren en reposición o vía económico-administrativa, salvo que se discuta su adecuación al objeto del proceso penal, que va al juez penal.