Oposhark

Concepto de Administración Pública. La organización administrativa estatal central y periférica. Creación y competencias de los órganos administrativos. Tipos de entes públicos. Formas de gestión de los servicios públicos. El principio de legalidad. La autotutela de la Administración. La Administración electrónica. Normativa reguladora. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. El Gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación en la rendición de cuentas y el buen gobierno. Normativa reguladora de la protección de datos personales: principios, derechos de las personas y ejercicios de los derechos.

Practica este tema con tests de Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) — AEAT: preguntas verificadas contra la norma, con explicación y repaso de tus fallos.

Regístrate gratis

Artículo 103

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE).
  • Principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 103.1 CE).
  • Actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE).
  • Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley (art. 103.2 CE).
  • Acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según regule la ley (art. 103.3 CE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Principios de la Administración Pública (objetividad, cinco principios de actuación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y contenido de la ley del estatuto de los funcionarios, con acceso por mérito y capacidad.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Constitución Española · Art. 105

La ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Datos clave

  • ¿Qué tres límites pone el art. 105.b) al acceso a archivos y registros administrativos? → Seguridad y defensa del Estado, averiguación de los delitos e intimidad de las personas.
  • ¿Qué garantiza el art. 105.c) en el procedimiento de los actos administrativos? → La audiencia del interesado, cuando proceda.
  • Las tres letras del art. 105 son tres derechos distintos: a) audiencia normativa, b) acceso a archivos, c) audiencia procedimental.
  • Los tres límites al acceso a archivos se recuerdan como SDI: Seguridad y defensa, Delitos (averiguación), Intimidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres mandatos al legislador: audiencia ciudadana en la elaboración de disposiciones administrativas, acceso a archivos y registros con tres límites, y procedimiento de los actos con audiencia del interesado cuando proceda.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Datos clave

  • Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE).
  • Derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2 CE).
  • Excepción: los casos de fuerza mayor (art. 106.2 CE).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Control judicial de la Administración (potestad reglamentaria, legalidad y fines) y derecho de los particulares a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Datos clave

  • Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
  • Regula y garantiza el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
  • Establece las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley tiene un objeto triple: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y fijar las obligaciones de buen gobierno y las consecuencias de incumplirlas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

Datos clave

  • El título de transparencia se aplica a la Administración General del Estado, a las de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, y a las entidades de la Administración Local, entre otros sujetos.
  • También a sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 por 100, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por las Administraciones.
  • A estos efectos, son Administraciones Públicas los organismos y entidades de las letras a) a d) del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define quién está sometido a todo el Título I: Administraciones Públicas y el amplio entorno del sector público vinculado a ellas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a:

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Datos clave

  • Se les aplican las disposiciones del capítulo II del título (publicidad activa).
  • Sujetos incluidos: partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
  • Entidades privadas con ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros durante el período de un año.
  • También las que reciban al menos el 40 % de sus ingresos anuales como ayuda o subvención pública.
  • En el supuesto del 40 %, deben alcanzar como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Extiende solo las obligaciones de publicidad activa (capítulo II) a partidos, sindicatos, patronales y entidades privadas muy dependientes de subvenciones públicas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 4. Obligación de suministrar información.

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

Datos clave

  • Quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, la información necesaria a la Administración a la que estén vinculados.
  • La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos del contrato.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Impone a particulares que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas el deber de dar información a la Administración, si se les requiere, para que esta cumpla sus obligaciones del título.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización.

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.

5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Datos clave

  • Los sujetos del artículo 2.1 publican de forma periódica y actualizada la información relevante para la transparencia.
  • Límites aplicables: los del artículo 14 y, especialmente, la protección de datos del artículo 15.
  • Datos especialmente protegidos: publicidad solo previa disociación.
  • Publicación en sedes electrónicas o páginas web, de forma clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
  • Entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente sociales o culturales y presupuesto inferior a 50.000 euros: pueden usar los medios electrónicos de la Administración de la que provenga la mayor parte de sus ayudas.
  • Información comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija cómo debe publicarse la información de publicidad activa: periódica, actualizada, clara y accesible, respetando los límites de acceso y protección de datos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas.

Datos clave

  • Publicación de funciones, normativa aplicable y estructura organizativa.
  • Organigrama actualizado con responsables, perfil y trayectoria profesional.
  • Las Administraciones publican planes y programas anuales y plurianuales.
  • Evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento, con indicadores.
  • En la AGE evalúan el cumplimiento las inspecciones generales de servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad activa de quién es cada sujeto y qué planea: funciones, normativa, estructura y organigrama con responsables; y, para las Administraciones, planes y programas con objetivos, medios y plazos, evaluados y publicados periódicamente.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.

El artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula el registro de actividades de tratamiento como obligación de publicidad activa.

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.

Datos clave

  • Obligados: los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
  • Deben publicar su inventario de actividades de tratamiento.
  • La obligación se aplica en virtud del artículo 31 de esa Ley Orgánica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Publicidad activa también en protección de datos: los sujetos del artículo 77.1 de la LOPDGDD deben publicar su inventario de actividades de tratamiento, como exige el artículo 31 de esa ley orgánica.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 7. Información de relevancia jurídica.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación.

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Datos clave

  • Las Administraciones publican directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
  • También los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y de reglamentos, y las memorias de los expedientes normativos.
  • Y los documentos que deban someterse a información pública durante su tramitación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recoge qué documentos con valor normativo o interpretativo hay que publicar: instrucciones y circulares con efectos jurídicos, anteproyectos, proyectos de reglamento y sus memorias.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística (apartado 1, letras d) a i), y apartados 2 y 3).

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local.

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente.

2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.

3. Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Datos clave

  • Se publican los presupuestos y su ejecución, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización.
  • También las retribuciones anuales de los altos cargos, las resoluciones de compatibilidad de los empleados públicos y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.
  • Las Administraciones publican la relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que tengan algún derecho real.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué información económica se publica: presupuestos y su ejecución, cuentas e informes de auditoría, retribuciones de altos cargos, compatibilidades, bienes de los representantes locales y estadísticas; más reglas para los sujetos del artículo 3 y los inmuebles.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 9. Control.

1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Datos clave

  • El cumplimiento de la publicidad activa por la Administración General del Estado lo controla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  • El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa es infracción grave a efectos disciplinarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Atribuye al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el control del cumplimiento de la publicidad activa por la AGE, con capacidad de dictar resoluciones y activar el régimen disciplinario.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 10. Portal de la Transparencia.

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

2. El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.

Datos clave

  • La Administración General del Estado desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
  • El Portal incluye la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para facilitar el acceso a la información de los artículos anteriores; todas las administraciones pueden adoptar medidas complementarias y de colaboración.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 11. Principios técnicos.

El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.

c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • Principios técnicos del Portal de la Transparencia: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
  • La interoperabilidad se ajusta al Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información del Portal de la Transparencia se publica según prescripciones técnicas reglamentarias que deben respetar tres principios: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Datos clave

  • Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.
  • El derecho se ejerce en los términos del artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la Ley 19/2013.
  • En el ámbito de sus competencias se aplica también la normativa autonómica correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de acceso es de «todas las personas», sin necesidad de justificar un interés, y enlaza con el artículo 105.b) de la Constitución.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 13. Información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • Información pública: contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, en poder de los sujetos del título.
  • Han de haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Información pública es cualquier contenido o documento, en cualquier formato, que esté en poder de un sujeto obligado y que este haya elaborado o simplemente adquirido en el ejercicio de sus funciones.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Datos clave

  • El acceso puede limitarse por perjuicio, entre otros, para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.
  • También para la prevención e investigación de ilícitos, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y las funciones de vigilancia, inspección y control.
  • Y para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la confidencialidad en la toma de decisiones y el medio ambiente.
  • La aplicación de los límites será justificada y proporcionada, atendiendo a un posible interés público o privado superior.
  • Las resoluciones que apliquen límites se publican previa disociación de datos personales, una vez notificadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los doce supuestos que pueden limitar el derecho de acceso (seguridad, defensa, economía, medio ambiente...) y exige que su aplicación sea justificada y proporcionada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 15. Protección de datos personales.

El artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula cómo se ponderan los datos personales en las solicitudes de acceso a la información pública.

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Datos clave

  • Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias: acceso solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiese hecho manifiestamente públicos.
  • Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones sin amonestación pública: consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley.
  • Con carácter general se concede el acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
  • Sin datos especialmente protegidos, el acceso exige una ponderación suficientemente razonada entre el interés público y los derechos de los afectados.
  • Entre los criterios de ponderación figuran los plazos del artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y los fines históricos, científicos o estadísticos.
  • No se aplican estas reglas si el acceso se efectúa previa disociación de los datos personales.
  • El tratamiento posterior de los datos obtenidos se somete a la normativa de protección de datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se pesan los datos personales al resolver una solicitud de acceso: dos niveles de datos especialmente protegidos con requisitos distintos, acceso general a los meramente identificativos y ponderación razonada para el resto.

Esquema

Datos especialmente protegidos
Ideología, sindicato, religión, creenciasOrigen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos, infracciones
ConsentimientoExpreso y por escritoExpreso
AlternativaQue el afectado los hubiese hecho manifiestamente públicos antesAmparo en norma con rango de ley

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 16. Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

Datos clave

  • Procede cuando los límites del artículo 14 no afectan a la totalidad de la información.
  • Se concede el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite.
  • Excepción: que resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
  • Debe indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un límite del art. 14 solo afecta a parte de la información, se da acceso al resto omitiendo lo afectado, salvo que quede una información distorsionada o sin sentido.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.

Datos clave

  • La solicitud se dirige al titular del órgano o entidad que posea la información.
  • Constancia de: identidad, información solicitada, dirección de contacto y, en su caso, modalidad de acceso.
  • El solicitante no está obligado a motivar la solicitud.
  • La falta de motivación no es por sí sola causa de rechazo.
  • Puede usarse cualquier lengua cooficial del territorio de la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se presenta la solicitud de acceso: a quién se dirige, qué datos debe incluir y que no hace falta motivarla.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Datos clave

  • Las causas de inadmisión se aplican mediante resolución motivada.
  • Se inadmite la información en curso de elaboración o de publicación general y la de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes internos).
  • También la que requiera una acción previa de reelaboración.
  • Y las solicitudes dirigidas a un órgano que no tenga la información cuando se desconozca el competente, o las manifiestamente repetitivas o abusivas.
  • En el caso de órgano sin la información, la resolución debe indicar el órgano que se considera competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Enumera los casos en que una solicitud de acceso se inadmite a trámite sin entrar en el fondo, siempre mediante resolución motivada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 19. Tramitación.

1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

Datos clave

  • Información que no obra en poder del sujeto: se remite al competente, si lo conociera, y se informa al solicitante.
  • Solicitud imprecisa: plazo de diez días para concretarla, con advertencia de desistimiento.
  • Terceros afectados debidamente identificados: plazo de quince días para alegaciones.
  • En ambos casos se suspende el plazo para dictar resolución y se informa al solicitante.
  • Información elaborada en su integridad o parte principal por otro: se le remite la solicitud para que decida sobre el acceso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro reglas de tramitación: remisión si no la tiene el sujeto, 10 días para concretar una solicitud imprecisa, 15 días de alegaciones a terceros afectados, y remisión si el contenido lo generó otro.

Esquema

Los dos plazos del art. 19
Concretar solicitudAlegaciones de terceros
Plazo10 días15 días
Quién actúaEl propio solicitanteEl tercero cuyos derechos pueden verse afectados
Si no se cumpleSe le tiene por desistidoSe resuelve sin sus alegaciones
Efecto en el plazo de resoluciónSe suspendeSe suspende

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 20. Resolución.

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Datos clave

  • Plazo máximo para notificar la resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad.
  • Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.
  • Las resoluciones son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24.
  • El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo es infracción grave a efectos disciplinarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el plazo para resolver y notificar -un mes, ampliable a otro-, cuándo hay que motivar la resolución y que el silencio se entiende desestimatorio.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 21. Unidades de información.

1. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.

c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.

g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

Datos clave

  • Las Administraciones establecen sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información en su organización interna.
  • En la Administración General del Estado existen unidades especializadas que, entre otras funciones, reciben y tramitan las solicitudes y llevan su registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones organizan la gestión de solicitudes; en la AGE hay unidades especializadas con funciones tasadas, de recabar información a llevar el registro de solicitudes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Datos clave

  • El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica; si no puede darse con la notificación, se otorga en un plazo no superior a diez días.
  • Si hubo oposición de tercero, el acceso se produce cuando transcurre el plazo para el recurso contencioso-administrativo sin interponerlo o cuando se confirma el derecho.
  • El acceso es gratuito; las copias o el cambio de formato pueden generar exacciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se hace efectivo el acceso ya concedido: por vía electrónica, en un plazo máximo si no fue inmediato, y de forma gratuita salvo copias.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 23. Recursos.

1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

Datos clave

  • La reclamación del artículo siguiente es sustitutiva de los recursos administrativos.
  • Se fundamenta en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  • Contra las resoluciones de los órganos del artículo 2.1.f) solo cabe recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reclamación del art. 24 sustituye a los recursos administrativos, salvo frente a los órganos del art. 2.1.f), contra los que solo cabe recurso contencioso-administrativo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.

6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.

Datos clave

  • Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
  • Plazo de interposición: un mes.
  • Audiencia a terceros afectados cuando la denegación se basa en sus derechos o intereses.
  • Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses; silencio desestimatorio.
  • El Presidente del Consejo comunica las resoluciones al Defensor del Pueblo.
  • Las CCAA pueden atribuir la competencia a un órgano específico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia frente a las resoluciones de acceso, previa a la vía contenciosa.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 25. Ámbito de aplicación.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

Datos clave

  • El título de buen gobierno se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos cargos de la Administración General del Estado y su sector público.
  • También a los altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
  • No afecta a la condición de cargo electo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El título de buen gobierno alcanza a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos estatales, y a los altos cargos o asimilados autonómicos y locales, incluidas las Juntas de Gobierno locales, sin tocar su condición de cargo electo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 26. Principios de buen gobierno

El artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, titulado «Principios de buen gobierno», establece lo siguiente.

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.

Datos clave

  • Obligación general (apartado 1): observar la Constitución y el resto del ordenamiento y promover el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas.
  • Principios generales (apartado 2.a): transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual, diligencia, conducta digna y asunción de responsabilidad.
  • Principios de actuación (apartado 2.b): plena dedicación, reserva, denuncia de irregularidades, uso de los poderes para su fin, abstención, no aceptar regalos que superen los usos habituales, transparencia, buena gestión de los recursos públicos y no obtener ventajas personales.
  • Los obsequios de mayor relevancia institucional se incorporan al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.
  • Los principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador del título (apartado 3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Código de conducta de los altos cargos: respetar la Constitución y el ordenamiento, siete principios generales y nueve de actuación, que además sirven para interpretar y aplicar el régimen sancionador del título.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

Datos clave

  • El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones será sancionado conforme a la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado.
  • Para el resto de Administraciones se aplica su propia normativa.
  • Ámbito: las personas comprendidas en el título de buen gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este artículo no tipifica nada propio: incumplir las incompatibilidades o las declaraciones obligatorias se sanciona por la normativa de conflictos de intereses en la AGE y, en el resto, por la propia de cada Administración.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.

b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.

e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.

f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley.

g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico- financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.

l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado.

ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

Datos clave

  • Son infracciones muy graves, cuando sean culpables, las conductas de gestión económico-presupuestaria que enumera el artículo.
  • Entre ellas, la incursión en alcance, los compromisos de gastos sin crédito suficiente y la omisión de la intervención previa preceptiva.
  • También el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas del artículo 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista de infracciones muy graves en gestión económico-presupuestaria: solo cuentan si la conducta es culpable. Agrupa fallos de gasto y control, de justificación y cuentas, y de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 29. Infracciones disciplinarias

El artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, titulado «Infracciones disciplinarias», establece lo siguiente.

1. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

k) El acoso laboral.

l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

2. Son infracciones graves:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.

d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

3. Son infracciones leves:

a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2.b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

Datos clave

  • Infracciones muy graves (apartado 1): letras a) a l), entre ellas el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, la discriminación y el acoso, los acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave y el acoso laboral.
  • Reincidencia muy grave (1.l): cometer una infracción grave tras dos sanciones por infracciones graves en el año anterior no recurribles en vía administrativa.
  • Infracciones graves (apartado 2): abuso de autoridad, intervenir pese a causa de abstención, informes o acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio, falta de sigilo e incumplimiento de plazos en incompatibilidades.
  • Reincidencia grave (2.f): cometer una infracción leve tras dos sanciones por infracciones leves en el año anterior no recurribles en vía administrativa.
  • Infracciones leves (apartado 3): la incorrección con superiores, compañeros o subordinados, y el descuido o negligencia y el incumplimiento de los principios del art. 26.2.b) que no constituyan infracción más grave ni estén tipificados en otra norma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Infracciones disciplinarias de los altos cargos en tres escalones: muy graves, graves y leves. Ojo a la reincidencia, que hace subir un escalón, y a que la leve de la letra b) es residual.

Esquema

Acuerdos ilegales y reincidencia
Muy graveGrave
Acuerdos manifiestamente ilegalesQue causen perjuicio graveCon perjuicio, si no son muy graves (también informes)
ReincidenciaGrave tras dos graves sancionadas en el año anteriorLeve tras dos leves sancionadas en el año anterior

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 30. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.

2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda.

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los siguientes:

a) La naturaleza y entidad de la infracción.

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.

e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

f) La reparación de los daños o perjuicios causados. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:

a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.

b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Datos clave

  • Las infracciones leves se sancionan con amonestación.
  • Las graves, con la declaración del incumplimiento y su publicación en el diario oficial y la no percepción de la indemnización por cese.
  • Por infracción muy grave, destitución e imposibilidad de ser nombrado alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija las sanciones según el grado de la infracción: amonestación para las leves, publicación y pérdida de indemnización para graves y muy graves, y destitución con inhabilitación para las muy graves.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos. La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El órgano competente para ordenar la incoación será:

a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.

4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:

a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.

c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Datos clave

  • El procedimiento sancionador se inicia de oficio.
  • Para miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, ordena la incoación y sanciona el Consejo de Ministros; la instrucción corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses.
  • Para altos cargos autonómicos o locales, actúan los órganos de su régimen disciplinario propio.
  • Las resoluciones son recurribles ante el orden contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Determina quién inicia, instruye y sanciona el procedimiento según el nivel del alto cargo: Gobierno/Secretarios de Estado, resto de la AGE, o autonómicos/locales.

Esquema

Quién incoa, instruye y sanciona (art. 31)
IncoaInstruyeSanciona
Miembro del Gobierno o Secretario de EstadoConsejo de MinistrosOficina de Conflictos de InteresesConsejo de Ministros
Otros altos cargos de la AGEMinistro de HaciendaOficina de Conflictos de InteresesMinistro de Hacienda
Altos cargos autonómicos o localesÓrgano de su propio régimen disciplinarioÓrgano de su propio régimen disciplinarioÓrgano propio, o Consejo de Gobierno/Pleno

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 32. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Datos clave

  • Prescripción de las infracciones: cinco años las muy graves, tres años las graves y un año las leves.
  • Prescripción de las sanciones: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las graves y un año las leves.
  • El cómputo de los plazos y las causas de interrupción se rigen por el artículo 132 de la Ley 30/1992.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los plazos de prescripción de infracciones y sanciones, iguales para ambas: cinco años para muy graves, tres para graves, uno para leves.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Datos clave

  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
  • Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
  • Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, autonomía y plena independencia.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 34. Fines.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Datos clave

  • Promover la transparencia de la actividad pública.
  • Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
  • Salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
  • Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno persigue cuatro fines: promover la transparencia, velar por las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso y garantizar la observancia del buen gobierno.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 35. Composición.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.

Datos clave

  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se compone de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y del Presidente.
  • El Presidente del Consejo lo es también de su Comisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo, que preside también la Comisión.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

a) El Presidente.

b) Un Diputado.

c) Un Senador.

d) Un representante del Tribunal de Cuentas.

e) Un representante del Defensor del Pueblo.

f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.

4. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Datos clave

  • La Comisión ejerce las competencias de la Ley y de su normativa de desarrollo.
  • Composición: Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, AEPD, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y AIReF.
  • Ser miembro no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración, salvo el Presidente.
  • Al menos una vez al año convoca a los organismos autonómicos con funciones similares.
  • Puede convocarse un representante de la Administración Local propuesto por la FEMP.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla la composición de la Comisión -Presidente más siete representantes institucionales- y aclara que ser miembro no da derecho a remuneración ni exige dedicación exclusiva.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

Datos clave

  • Mandato: cinco años, no renovable.
  • Nombramiento por Real Decreto a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Comparecencia previa ante la Comisión correspondiente del Congreso.
  • El Congreso refrenda por mayoría absoluta en el plazo de un mes natural.
  • Cese: expiración del mandato, petición propia o separación por el Gobierno.
  • Retribuciones según el Real Decreto 451/2012.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el nombramiento del Presidente -5 años no renovables, propuesto por Hacienda y refrendado por el Congreso- y sus causas de cese.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 38. Funciones.

1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.

e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones:

a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta Ley.

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento.

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Datos clave

  • El Consejo tiene encomendadas 8 funciones (letras a a h del apartado 1).
  • Informa preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la Ley o se relacionen con su objeto.
  • Elabora anualmente una memoria sobre el grado de aplicación de la Ley que se presenta ante las Cortes Generales.
  • El Presidente adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la Ley.
  • El Presidente conoce de las reclamaciones del artículo 24.
  • El Presidente insta el procedimiento sancionador del título II; el órgano competente debe motivar su decisión de no incoarlo.
  • El Presidente aprueba el anteproyecto de presupuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparte las funciones entre el Consejo/Comisión -recomendaciones, informes, memoria anual- y el Presidente, que ejerce las funciones operativas: reclamaciones, control de publicidad activa e impulso del régimen sancionador.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 39. Régimen jurídico.

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta Ley, por:

a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado.

b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.

d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, en materia de medios personales.

e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas.

2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Datos clave

  • Normas aplicables: Ley General Presupuestaria, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Patrimonio, EBEP y Ley 30/1992.
  • Elabora anualmente un anteproyecto de presupuesto.
  • El Estatuto del Consejo lo aprueba el Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
  • Los puestos se desempeñan con carácter general por funcionarios públicos.
  • Medios económicos: asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, patrimonio y rentas, y otros legalmente atribuidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Régimen jurídico del Consejo de Transparencia: cinco bloques normativos supletorios, Estatuto aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros, puestos desempeñados con carácter general por funcionarios y tres fuentes de bienes y medios económicos.

Esquema

Normas supletorias del Consejo
MateriaNorma
a)PresupuestariaLey 47/2003
b)ContratosReal Decreto Legislativo 3/2011
c)PatrimonioLey 33/2003 y, en lo no previsto, Derecho privado
d)Medios personalesLey 7/2007 y normas del personal funcionario de la AGE
e)Funciones públicasLey 30/1992 y normativa aplicable

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.

Datos clave

  • El Consejo eleva a las Cortes Generales una memoria con carácter anual.
  • La memoria versa sobre el desarrollo de sus actividades y el grado de cumplimiento de la Ley.
  • El Presidente comparece ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de la memoria.
  • El Presidente comparece además cuantas veces sea requerido para ello.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo eleva cada año a las Cortes Generales una memoria de actividades y del grado de cumplimiento de la Ley; su Presidente comparece ante la Comisión correspondiente para darla a conocer y cuantas veces sea requerido.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 9

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c). 3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • ¿Cuánto debe transcurrir desde la comunicación para que un sistema de la letra c) tenga eficacia jurídica? → Dos meses, durante los cuales el órgano estatal competente por seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional.
  • ¿En qué plazo emite su informe vinculante la Secretaría de Estado de Seguridad? → En diez días desde su solicitud.
  • ¿Dónde deben situarse los recursos técnicos de los sistemas de la letra c)? → En territorio de la Unión Europea y, si hay categorías especiales de datos del art. 9 del RGPD, en territorio español.
  • Letra a) firma, letra b) sello, letra c) el cajón de sastre con condiciones. Los certificados de a) y b) son siempre cualificados y de la Lista de confianza.
  • Dos cifras de la letra c): dos meses para que el sistema sea eficaz, diez días para el informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Geografía de los datos: UE como regla, España si son categorías especiales del art. 9 del RGPD.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración debe verificar la identidad del interesado. Electrónicamente valen tres sistemas: certificado cualificado de firma, certificado cualificado de sello y otros que la Administración admita previa comunicación, con dos meses de espera y datos alojados en la UE.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 10

Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. 1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Datos clave

  • ¿Qué debe permitir acreditar el medio de firma elegido? → La autenticidad de la voluntad y el consentimiento del firmante, y la integridad e inalterabilidad del documento.
  • ¿Cuánto ha de transcurrir desde la comunicación de un sistema de la letra c) hasta su eficacia jurídica? → Dos meses.
  • Cuando lo disponga expresamente la normativa reguladora, las Administraciones Públicas pueden admitir los sistemas de identificación como sistema de firma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Firmar sirve para acreditar voluntad e integridad. Si el interesado va por vía electrónica, la ley tasa qué sistemas valen.

Esquema

Identificar (art. 9) frente a firmar (art. 10)
Identificación (art. 9)Firma (art. 10)
Certificados cualificados de firmaSíSí
Certificados cualificados de selloSíSí
Otros sistemas con registro previoSíSí
Plazo previo a la eficacia jurídicaDos mesesDos meses

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 11

Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. 1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley. 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. c) Interponer recursos. d) Desistir de acciones. e) Renunciar a derechos.

Datos clave

  • Según el artículo 11.1 de la Ley 39/2015, ¿qué basta con carácter general para realizar una actuación prevista en el procedimiento? → La previa acreditación de la identidad por un medio admitido.
  • ¿Para cuál de estas actuaciones exige firma el artículo 11.2 de la Ley 39/2015? → Para presentar una declaración responsable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con carácter general basta acreditar la identidad. El artículo 11.2 enumera las actuaciones para las que se requiere obligatoriamente firma.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 12

Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. 1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Datos clave

  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a quién deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos? → A los interesados no obligados que lo soliciten, en los términos del artículo.
  • Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si un interesado no obligado carece de medios electrónicos, ¿cómo puede realizarse válidamente su identificación o firma? → Por un funcionario habilitado, previa identificación y consentimiento expreso del interesado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 12.2 prevé asistencia a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que la soliciten, especialmente en identificación y firma, solicitudes y copias auténticas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • Titulares: quienes, conforme al artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
  • Incluye el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento (letra d).
  • Incluye comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico y ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
  • Se entienden sin perjuicio de los derechos del artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración sin ser todavía parte de un procedimiento. No confundir con los derechos del interesado del artículo 53.

Esquema

Artículo 13 frente a artículo 53
Art. 13 · derechos de las personasArt. 53 · derechos del interesado
TitularQuien tiene capacidad de obrarQuien es interesado en un procedimiento
MomentoAntes o al margen del procedimientoDentro del procedimiento
Ejemplo típicoAcceso a información públicaConocer el estado de la tramitación

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 14

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Datos clave

  • Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sujeto está obligado a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite administrativo? → Una entidad sin personalidad jurídica.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿puede una persona física cambiar el medio por el que se comunica con la Administración? → Sí, en cualquier momento, si no está obligada al canal electrónico.
  • ¿Qué profesionales menciona expresamente el último inciso del artículo 14.2.c de la Ley 39/2015? → Los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles
  • Según el artículo 14.2.e de la Ley 39/2015, y en la forma que determine reglamentariamente cada Administración, ¿a qué trámites se limita la obligación electrónica de sus empleados? → A los realizados por su condición de empleado público.
  • Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, ¿qué situación obliga a relacionarse electrónicamente a quien actúa por otro? → Representar a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
  • Para determinados procedimientos y colectivos con acceso y disponibilidad de medios acreditados, ¿por qué vía permite el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 establecer la obligación electrónica? → Mediante una disposición de carácter reglamentario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las personas físicas eligen y pueden cambiar en todo momento si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas. Lo están, al menos, personas jurídicas, entes sin personalidad, colegiados, sus representantes y empleados públicos, y el reglamento puede ampliar.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 15

Lengua de los procedimientos. 1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. 3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Datos clave

  • ¿En qué lengua se tramita si varios interesados discrepan? → En castellano, expidiéndose en la lengua elegida los documentos o testimonios que requieran.
  • ¿Cuándo no es precisa la traducción al castellano? → Cuando el documento deba surtir efecto en otra Comunidad Autónoma donde esa misma lengua sea también cooficial.
  • Regla del empate: discrepancia entre interesados → castellano, con testimonios en la lengua de cada uno.
  • La excepción a traducir es geográfica: entre territorios que comparten la misma lengua cooficial, no hace falta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la AGE el procedimiento va en castellano, salvo que el interesado elija la lengua cooficial. Si hay discrepancia entre varios, gana el castellano.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 16

Registros. 1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. 2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. 7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. 8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Datos clave

  • ¿Qué se asienta en el Registro Electrónico General? → Todo documento presentado o recibido en cualquier órgano, organismo público o entidad vinculada; también puede anotarse la salida de documentos oficiales.
  • ¿Cómo funciona el Registro Electrónico General respecto de los registros de cada organismo? → Como un portal que facilita el acceso a ellos.
  • Palabras clave del artículo: general, interoperable, interconectado y portal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene un Registro Electrónico General que funciona como portal; los organismos pueden tener el suyo, siempre interoperable e interconectado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 17. Archivo de documentos.

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Datos clave

  • Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados.
  • Los documentos electrónicos se conservan en un formato que garantice autenticidad, integridad y conservación y su consulta con independencia del tiempo transcurrido; su eliminación debe autorizarse.
  • Los soportes cuentan con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, con identificación de usuarios y control de accesos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Archivo electrónico único por Administración para los procedimientos ya terminados, con formato que garantice autenticidad, integridad y consulta futura.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 97

Título. 1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. 2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.

Datos clave

  • ¿Qué se exige antes de una actuación material de ejecución que limite derechos? → Que se haya adoptado previamente la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
  • Dos exigencias: resolución previa y notificación de esa resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ninguna actuación material de ejecución que limite derechos puede iniciarse sin la resolución previa que le sirva de fundamento, y quien ordena la ejecución debe notificar esa resolución al interesado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 98

Ejecutoriedad. 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación o autorización superior. 2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria. d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

Datos clave

  • ¿Cuáles son las cuatro excepciones a la ejecutividad inmediata? → Suspensión de la ejecución, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario y necesidad de aprobación o autorización superior.
  • ¿Cómo se abonan preferentemente las obligaciones de pago a la Hacienda pública? → Por medios electrónicos: tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación u otros autorizados.
  • Cuatro excepciones: suspensión, sanción recurrible, disposición en contra y aprobación superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos salvo en cuatro casos, y los pagos a la Hacienda pública que nazcan de una resolución se hacen preferentemente por medios electrónicos, salvo imposibilidad justificada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 99

Ejecución forzosa. Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

Datos clave

  • ¿Qué requisito previo exige la ejecución forzosa? → El apercibimiento.
  • ¿En qué casos no cabe la ejecución forzosa administrativa? → Cuando se suspenda la ejecución conforme a la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
  • Palabra clave: apercibimiento previo. Y dos límites: suspensión y reserva judicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones, por sus órganos competentes, pueden ejecutar forzosamente sus actos previo apercibimiento, salvo que la ejecución esté suspendida conforme a la Ley o que la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 100

Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. 2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Datos clave

  • ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa? → Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
  • ¿Qué criterio se sigue si caben varios medios? → Elegir el menos restrictivo de la libertad individual.
  • Orden del artículo: apremio, subsidiaria, coercitiva, compulsión. De lo patrimonial a lo personal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro medios de ejecución forzosa, siempre con proporcionalidad: apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión. Si caben varios, el menos restrictivo de la libertad; y para entrar en un domicilio, consentimiento del titular o autorización judicial.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 101

Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Datos clave

  • ¿Qué procedimiento se sigue para hacer efectiva una cantidad líquida? → El procedimiento de apremio previsto en sus normas reguladoras.
  • ¿Puede imponerse una obligación pecuniaria sin norma de rango legal? → No.
  • Dos ideas: apremio para lo líquido y reserva de ley para toda obligación de pago.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un acto obliga a pagar una cantidad líquida, se sigue el procedimiento de apremio; y nunca puede imponerse una obligación pecuniaria que no esté establecida con arreglo a una norma de rango legal.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 102

Ejecución subsidiaria. 1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Datos clave

  • ¿Cuándo procede la ejecución subsidiaria? → Cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
  • ¿Puede exigirse el importe antes de la ejecución? → Sí, liquidándolo de forma provisional, a reserva de la liquidación definitiva.
  • La clave del artículo es «no personalísimos». Y el cobro puede ser anticipado y provisional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ejecución subsidiaria: si el acto no es personalísimo y puede hacerlo otro, la Administración lo realiza, por sí o por quien determine, a costa del obligado, y puede liquidar el importe provisionalmente antes de ejecutar.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 103

Multa coercitiva. 1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Datos clave

  • ¿Es la multa coercitiva compatible con una sanción? → Sí: es independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas.
  • ¿Qué se necesita para imponerla? → Que una Ley lo autorice, en la forma y cuantía que ella determine.
  • Tres supuestos: no cabe compulsión, cabe pero no conviene, o puede encargarlo a otro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si las Leyes lo autorizan y en la forma y cuantía que fijen, la Administración puede imponer multas coercitivas reiteradas para ejecutar ciertos actos, en tres supuestos. Son independientes de las sanciones y compatibles con ellas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 104

Compulsión sobre las personas. 1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. 2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.

Datos clave

  • ¿Para qué obligaciones cabe la compulsión sobre las personas? → Para las personalísimas de no hacer o soportar, cuando la ley expresamente lo autorice.
  • ¿Qué ocurre si no se cumple una obligación personalísima de hacer? → El obligado debe resarcir los daños y perjuicios, cuya liquidación y cobro se hace en vía administrativa.
  • No hacer o soportar → compulsión. Hacer → indemnización. Es la distinción que se pregunta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La compulsión directa sobre las personas solo cabe para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar, si la ley lo autoriza expresamente y con respeto a la dignidad; si no se cumple una personalísima de hacer, se resarcen daños y perjuicios.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 105

Prohibición de acciones posesorias. No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Datos clave

  • ¿Qué requisitos deben cumplir las actuaciones administrativas para que no se admitan a trámite acciones posesorias? → Haberse realizado en materia de competencia del órgano y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
  • Dos condiciones y un efecto: competencia + procedimiento legal = ni se admite a trámite.
  • Palabra que cae: «no se admitirán a trámite», no «se desestimarán».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra las actuaciones administrativas hechas en materia de competencia del órgano y según el procedimiento legal no se admiten a trámite acciones posesorias.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 1

Objeto. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

Datos clave

  • Según el art. 1, ¿de qué Administración regula la ley 'organización y funcionamiento' con detalle? → De la Administración General del Estado (AGE) y de su sector público institucional.
  • ¿Qué dos materias fija la ley como 'principios' y no como regulación completa? → La responsabilidad de las Administraciones Públicas y la potestad sancionadora.
  • Cuatro materias, cuatro bloques: régimen jurídico (bases, todas las AAPP) + responsabilidad (principios) + sancionador (principios) + organización AGE (a fondo).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 1 fija de qué trata toda la ley: organización y funcionamiento de las Administraciones, con especial detalle en la AGE y su sector público, más los principios de responsabilidad y de la potestad sancionadora.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 2

Ámbito Subjetivo. 1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.

Datos clave

  • ¿Qué cuatro bloques integran el sector público según el art. 2.1? → La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
  • ¿Tienen las Universidades públicas la consideración de Administración Pública en el art. 2.3? → No. Están en el sector público institucional (letra c) y se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
  • ¿Cuándo quedan sujetas a esta Ley las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes? → Cuando la norma se refiera específicamente a ellas, en particular a los principios del artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.
  • El apartado 2 tiene tres letras y solo la a) asciende a Administración Pública en el apartado 3: a) de «Administración», b) y c) se quedan fuera.
  • Las Universidades públicas van al revés de lo normal: primero su normativa específica, esta Ley solo en defecto de aquella.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dibuja los círculos concéntricos del sector público: quién está dentro, qué es el sector público institucional y, sobre todo, quién merece el nombre de Administración Pública. Lo que cae es la lista y la diferencia entre los dos conceptos.

Esquema

Sector público frente a Administración Pública (art. 2)
¿Sector público?¿Administración Pública?
AGE, CCAA y Entidades LocalesSíSí
Organismos públicos y entidades de derecho público (letra a)SíSí
Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (letra b)SíNo
Universidades públicas (letra c)SíNo

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 3

Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Datos clave

  • ¿Cómo deben relacionarse las Administraciones entre sí? → Por medios electrónicos, con interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2)
  • ¿Cuántas personalidades jurídicas tiene cada Administración del art. 2? → Una sola, personalidad jurídica única (art. 3.4)
  • Relación entre Administraciones: siempre por medios electrónicos, garantizando interoperabilidad y protección de datos (art. 3.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho, y deben respetar una lista de principios de actuación. Se relacionan entre sí por medios electrónicos y cada una tiene personalidad jurídica única.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 4

Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

Datos clave

  • ¿Qué medida debe elegir la Administración cuando limita derechos o exige requisitos? → La menos restrictiva, aplicando el principio de proporcionalidad.
  • ¿Qué cuatro facultades reconoce el art. 4.2 para velar por el cumplimiento de la legislación? → Comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.
  • Cuatro verbos de control, en este orden en el texto: comprobar, verificar, investigar e inspeccionar (CVII).
  • Del apartado 1 quédate con el trío que se pregunta: proporcionalidad, medida menos restrictiva y motivación de la necesidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la Administración limita derechos o exige requisitos para una actividad, tiene que ir con la medida menos restrictiva, motivarla y evaluar después qué ha dado de sí. Y para vigilar el cumplimiento puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 5. Órganos administrativos.

Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

Datos clave

  • Son órganos administrativos las unidades con funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
  • Cada Administración Pública delimita, en su ámbito competencial, las unidades que configuran sus órganos administrativos.
  • Requisitos mínimos de creación: forma de integración y dependencia jerárquica; delimitación de funciones y competencias; dotación de créditos para su puesta en marcha y funcionamiento.
  • Prohibida la duplicación de órganos si no se suprime o restringe debidamente la competencia de los existentes.
  • Previa comprobación de que no existe otro órgano que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define qué es un órgano administrativo (unidad con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva) y exige tres requisitos para crear uno nuevo, prohibiendo duplicar funciones ya existentes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Datos clave

  • Los órganos administrativos dirigen las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
  • Se publican en el boletín oficial que corresponda cuando lo establezca una disposición específica o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos.
  • Su difusión se hará también conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados.
  • El incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La jerarquía se ejerce con instrucciones y órdenes de servicio; a veces hay que publicarlas, y si un funcionario no las cumple el acto sigue siendo válido, aunque responda disciplinariamente.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 7. Órganos consultivos.

Órganos consultivos. La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.

Datos clave

  • La Administración consultiva puede articularse mediante órganos específicos con autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración activa.
  • O a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica.
  • Esos servicios no pueden estar sujetos a dependencia jerárquica, orgánica ni funcional, ni recibir instrucciones de los órganos autores de lo consultado.
  • Para cumplir esas garantías actúan de forma colegiada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay dos formas de organizar la función consultiva: órganos propios con autonomía, o servicios jurídicos de la propia Administración activa que, para opinar con libertad, actúan blindados frente a jerarquía e instrucciones y de forma colegiada.

Esquema

Dos formas de Administración consultiva
Órganos específicosServicios de asistencia jurídica
NaturalezaÓrgano aparte de la Administración activaParte de la propia Administración activa
IndependenciaAutonomía orgánica y funcional propiaSin jerarquía ni instrucciones, actuando de forma colegiada

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 8. Competencia.

Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Datos clave

  • La competencia es irrenunciable, salvo delegación o avocación en los términos legales.
  • Delegación de competencias, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia.
  • Titularidad y ejercicio pueden desconcentrarse en órganos jerárquicamente dependientes.
  • Atribución a una Administración sin especificar órgano: instruyen y resuelven los órganos inferiores competentes por materia y territorio.
  • Si hay varios órganos inferiores competentes, corresponde al superior jerárquico común.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece que la competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tiene atribuida, salvo delegación o avocación, y fija la regla para saber qué órgano resuelve cuando una norma atribuye la competencia a una Administración sin concretar el órgano.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 9. Delegación de competencias.

Delegación de competencias. 1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. 2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) La adopción de disposiciones de carácter general. c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. 5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. 7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.

Datos clave

  • Puede delegarse el ejercicio de competencias en órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en organismos públicos o entidades vinculados o dependientes.
  • Indelegables: relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales, Presidencias de Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas autonómicas.
  • Indelegables también: disposiciones de carácter general, resolución de recursos por el órgano autor del acto recurrido y materias así determinadas por ley.
  • Delegación y revocación se publican en el BOE, boletín autonómico o provincial según la Administración del delegante.
  • Las resoluciones por delegación lo indican expresamente y se consideran dictadas por el órgano delegante.
  • No cabe delegar lo delegado salvo autorización expresa de una ley; tampoco la competencia para resolver una vez emitido el dictamen o informe preceptivo.
  • Revocable en cualquier momento por el órgano que la confirió.
  • En órganos colegiados con quórum o mayoría especial, el acuerdo de delegación debe observar ese quórum o mayoría.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el procedimiento de la delegación de competencias: quién la aprueba, qué materias nunca pueden delegarse, su publicación obligatoria, su carácter revocable y las reglas especiales para órganos colegiados.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 10. Avocación.

Avocación. 1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. 2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

Datos clave

  • Los órganos superiores pueden avocar asuntos cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos dependientes.
  • Causas: circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial.
  • En delegación en órganos no dependientes jerárquicamente, solo puede avocar el órgano delegante.
  • Acuerdo motivado, notificado a los interesados antes o simultáneamente a la resolución final.
  • Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, sin perjuicio de impugnarlo con el recurso contra la resolución del procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite a un órgano superior recuperar para sí, mediante acuerdo motivado, el conocimiento de un asunto que corresponde ordinariamente o por delegación a un órgano dependiente; el acuerdo se notifica a los interesados y no cabe recurso directo contra él.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 11. Encomiendas de gestión.

Encomiendas de gestión. 1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. 3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.

Datos clave

  • Objeto: actividades de carácter material o técnico, por razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos.
  • No puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público.
  • No supone cesión de la titularidad ni de los elementos sustantivos del ejercicio; el encomendante dicta los actos jurídicos de soporte.
  • El encomendado es encargado del tratamiento de los datos personales a los que acceda.
  • Misma Administración: según su normativa o, en su defecto, acuerdo expreso; publicación para su eficacia en el boletín correspondiente.
  • El acuerdo menciona, al menos, la actividad, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión.
  • Distintas Administraciones: convenio publicado; salvo gestión ordinaria de servicios autonómicos por Diputaciones, Cabildos o Consejos insulares (legislación de Régimen Local).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite encargar a otro órgano o entidad actividades materiales o técnicas, por eficacia o falta de medios, sin ceder la titularidad de la competencia ni la responsabilidad jurídica, y fija cómo formalizarla según sea dentro o entre distintas Administraciones.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 12. Delegación de firma.

Delegación de firma. 1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9. 2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. 3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Datos clave

  • Los titulares de órganos pueden delegar la firma de resoluciones y actos en titulares de órganos o unidades dependientes.
  • Cabe tanto en competencias propias como delegadas, dentro de los límites del artículo 9.
  • No altera la competencia del órgano delegante.
  • No requiere publicación para su validez.
  • Debe constar la circunstancia de la delegación y la autoridad de procedencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La delegación de firma es solo eso, firmar por otro: no traspasa la competencia, no hace falta publicarla, pero sí hay que decir en el acto que se firma por delegación y quién es el titular real.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 13. Suplencia.

Suplencia. 1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. 3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda. b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. 4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.

Datos clave

  • Supuestos de suplencia: vacante, ausencia o enfermedad, y abstención o recusación declaradas.
  • Sin suplente designado, ejerce la competencia quien designe el órgano inmediato superior.
  • No altera la competencia ni requiere publicación para su validez.
  • En la AGE, el suplente se designa en los reales decretos de estructura orgánica o estatutos, o por el órgano competente para el nombramiento del titular.
  • Debe constar la suplencia, el titular suplido y quien ejerce efectivamente la suplencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La suplencia cubre huecos temporales del titular (vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación); si nadie ha sido designado, decide el superior jerárquico quién suple, y tampoco hace falta publicarla.

Esquema

Suplencia vs. delegación de firma
Suplencia (art. 13)Delegación de firma (art. 12)
Qué pasa con el titularEstá ausente, vacante, enfermo o abstenido y es sustituidoSigue en su puesto, solo cede la firma
Constancia en el actoTitular suplido y quien ejerce la suplenciaCircunstancia de la delegación y autoridad de procedencia
PublicaciónNo necesariaNo necesaria

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 14. Decisiones sobre competencia.

Decisiones sobre competencia. 1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. 2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. 3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

Datos clave

  • El órgano que se estime incompetente remite directamente las actuaciones al competente y lo notifica a los interesados.
  • Los interesados pueden pedir al órgano que conoce que decline su competencia.
  • También pueden pedir al órgano que estimen competente que requiera de inhibición al que conoce.
  • Conflictos de atribuciones: solo entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.
  • Y solo respecto de asuntos cuyo procedimiento no haya finalizado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un órgano se ve incompetente, remite el expediente él mismo y avisa al interesado; el interesado también puede pedir que se decline o que se requiera de inhibición. Los conflictos de atribuciones solo caben entre órganos no jerárquicos de la misma Administración y con el procedimiento aún abierto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 15. Régimen.

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.

Datos clave

  • El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajusta a esta sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de cada Administración.
  • Los órganos con organizaciones representativas de intereses sociales o con representaciones de distintas Administraciones pueden establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
  • Estos órganos se integran en la Administración que corresponda, pero sin participar en su estructura jerárquica, salvo que lo dispongan sus normas de creación, sus funciones o su naturaleza.
  • Si dictan resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros, su acuerdo de creación y sus normas de funcionamiento se publican en el Boletín o Diario Oficial de la Administración en que se integran.
  • En los órganos del apartado 2, la publicidad la realiza la Administración a quien corresponda la Presidencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos colegiados se rigen por esta sección, aunque los mixtos (con agentes sociales o varias Administraciones) pueden tener normas propias; quedan integrados en una Administración sin entrar en su jerarquía, y si sus acuerdos afectan a terceros, hay que publicarlos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 16. Secretario.

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.

Datos clave

  • Todo órgano colegiado tiene un Secretario, que puede ser miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
  • El Secretario vela por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano.
  • Certifica las actuaciones del órgano colegiado.
  • Garantiza que se respetan los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos.
  • Si el Secretario no miembro es suplido por un miembro del órgano, este conserva todos sus derechos como tal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Secretario puede ser miembro del órgano o alguien ajeno al servicio de la Administración; vigila la legalidad, certifica y garantiza el procedimiento. Si a un Secretario no miembro lo suple un miembro, este conserva todos sus derechos como tal.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 17. Convocatorias y sesiones.

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.

Datos clave

  • Los órganos colegiados pueden constituirse, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial o a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
  • Son medios electrónicos válidos, entre otros, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias; también se consideran tales los telefónicos.
  • Quórum de constitución: Presidente y Secretario (o quienes les suplan) y la mitad, al menos, de sus miembros.
  • Sin convocatoria previa: si están reunidos el Secretario y todos los miembros y así lo deciden todos ellos.
  • El régimen propio de convocatorias puede prever una segunda convocatoria con el número de miembros necesario para constituirse.
  • Asuntos fuera del orden del día: solo si asisten todos los miembros y se declara la urgencia por el voto favorable de la mayoría.
  • Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; quienes voten en contra o se abstengan quedan exentos de responsabilidad.
  • La certificación de acuerdos la expide el Secretario a quien acredite un interés legítimo, por medios electrónicos salvo manifestación expresa en contrario del interesado no obligado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula cómo se convocan y celebran las sesiones de un órgano colegiado (presencial o a distancia), el quórum para constituirse válidamente, el orden del día y cómo se adoptan y certifican los acuerdos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 18. Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

Datos clave

  • De cada sesión levanta acta el Secretario.
  • Contenido necesario del acta: asistentes, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos adoptados.
  • Si se graba la sesión, el fichero con la certificación del Secretario de su autenticidad e integridad puede acompañar al acta, sin necesidad de recoger en ella los puntos principales de las deliberaciones.
  • El acta puede aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
  • El Secretario elabora el acta con el visto bueno del Presidente y la remite por medios electrónicos; si los miembros manifiestan su conformidad, se considera aprobada en la misma reunión.
  • Las grabaciones y documentos electrónicos se conservan garantizando su integridad, autenticidad y el acceso de los miembros del órgano.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula el acta de cada sesión de un órgano colegiado, su contenido mínimo y la posibilidad de grabarla, y explica cuándo se aprueba: en la misma reunión o en la siguiente.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán por las normas establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Corresponderá a su Presidente:

a) Ostentar la representación del órgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.

3. Los miembros del órgano colegiado deberán:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15 las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.

Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés.

4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.

Corresponde al Secretario del órgano colegiado:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje expresión y constancia.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

Datos clave

  • Se rigen por este artículo y por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • El Presidente dirime con su voto los empates, salvo en los órganos del artículo 15.2, donde será dirimente si lo establecen sus normas.
  • Sustitución del Presidente: el Vicepresidente que corresponda y, en su defecto, el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.
  • Los miembros reciben la convocatoria con el orden del día con una antelación mínima de dos días.
  • No pueden abstenerse los miembros natos que sean autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • El Secretario asiste con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría la ostenta un miembro del órgano.
  • El voto particular por escrito se formula en el plazo de dos días.
  • Las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla el régimen de los órganos colegiados de la AGE: funciones del Presidente (convocar, presidir, voto de calidad), derechos y deberes de los miembros (recibir la convocatoria con antelación, votar) y funciones del Secretario (convocar por orden del Presidente, redactar actas, certificar).

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.

2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos:

a) Sus fines u objetivos.

b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.

c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros.

d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.

e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de creación.

Datos clave

  • Son órganos colegiados los creados formalmente e integrados por tres o más personas.
  • Funciones administrativas: decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.
  • Su norma o convenio de creación debe fijar fines u objetivos, integración administrativa o dependencia jerárquica y composición.
  • También los criterios de designación del Presidente y miembros, sus funciones y, en su caso, la dotación de créditos.
  • Su régimen jurídico se ajusta al artículo 19.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un órgano colegiado son tres o más personas con funciones administrativas, integradas en la AGE o sus organismos; para constituirse, su norma de creación o convenio debe fijar cinco extremos: fines, dependencia, composición, funciones y créditos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:

a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.

b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio.

2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.

3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos.

Datos clave

  • Por su composición se clasifican en interministeriales y ministeriales.
  • Interministeriales: miembros de diferentes Ministerios.
  • Ministeriales: componentes de los órganos de un solo Ministerio.
  • Puede haber representantes de otras Administraciones si lo aceptan voluntariamente, lo establece un convenio o lo determina una norma.
  • Pueden participar organizaciones representativas de intereses sociales y miembros designados por su experiencia o conocimientos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los órganos colegiados de la AGE se clasifican en interministeriales o ministeriales según de qué Ministerios vengan sus miembros; además pueden sumar representantes de otras Administraciones y de organizaciones sociales, o expertos por su experiencia o conocimientos.

Esquema

Interministeriales vs. ministeriales
InterministerialMinisterial
Origen de los miembrosDe diferentes MinisteriosDe los órganos de un solo Ministerio

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados

1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:

a) Competencias decisorias.

b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.

c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado.

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter.

3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.

4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto.

Datos clave

  • Requieren norma específica publicada en el «Boletín Oficial del Estado» si tienen competencias decisorias, de propuesta o informe preceptivo, o de seguimiento o control.
  • Real Decreto: interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general.
  • Orden ministerial conjunta: los restantes órganos colegiados interministeriales.
  • Orden ministerial: los ministeriales.
  • Los demás son grupos o comisiones de trabajo, creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados.
  • Los acuerdos de los grupos o comisiones de trabajo no pueden tener efectos directos frente a terceros.
  • Modificación y supresión en la misma forma que la creación, salvo plazo de extinción previsto, que opera automáticamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Exige norma específica publicada en el BOE para crear órganos colegiados con competencias decisorias, de propuesta o informe preceptivo, o de seguimiento y control, y fija qué rango debe tener esa norma según el tipo de órgano.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 38

La sede electrónica. 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Datos clave

  • ¿Quién responde de la integridad, veracidad y actualización de una sede electrónica? → El titular de la sede.
  • ¿Qué debe garantizarse siempre en una sede electrónica según el art. 38.3? → La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas.
  • Los nueve principios no hay que memorizarlos en orden, pero sí saber que empiezan por transparencia y publicidad y acaban en neutralidad e interoperabilidad: en test suele preguntarse 'cuál NO está'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la 'oficina digital' oficial de una Administración. Su titular responde de que todo lo que hay dentro sea veraz, esté actualizado y se sepa quién manda ahí.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 39

Portal de internet. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué es un portal de internet según el art. 39? → El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
  • Cadena de la definición: titularidad pública → punto de acceso electrónico → información publicada → (en su caso) sede electrónica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Definición de portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad pública que da acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica. Artículo de una línea, pero de definición literal.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 40

Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. 1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos incluye siempre el certificado de un sello electrónico administrativo? → El número de identificación fiscal (NIF) y la denominación de la Administración.
  • ¿Hace falta sello para que se entienda identificada la Administración en su portal de internet? → No: basta con que la información se publique como propia en dicho portal.
  • Dato de examen: el certificado del sello lleva NIF + denominación, y solo añade la identidad del titular cuando el sello es de un órgano administrativo concreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sello electrónico identifica a la Administración como organización, no a una persona. Se basa en certificado reconocido o cualificado y su relación debe ser pública.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 41

Actuación administrativa automatizada. 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Datos clave

  • ¿Qué debe determinarse antes de implantar una actuación administrativa automatizada? → El órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • El artículo exige fijar dos órganos (pueden coincidir o no): el que diseña/audita el sistema y el que responde si alguien recurre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una actuación es 'automatizada' solo si la hace la máquina de principio a fin, sin que intervenga directamente ningún empleado público. Antes de activarla hay que fijar quién responde de ella.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 42

Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Datos clave

  • ¿Qué dos sistemas de firma prevé el art. 42 para la actuación administrativa automatizada? → El sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado y el código seguro de verificación.
  • ¿Qué debe permitir en todo caso el código seguro de verificación? → La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
  • Dos sistemas y dos palabras clave: sello → certificado reconocido o cualificado; CSV → comprobación de la integridad en la sede.
  • Quien decide los supuestos de utilización es cada Administración Pública, no una norma estatal única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la actuación administrativa automatizada solo hay dos sistemas de firma: sello electrónico y código seguro de verificación. Cada Administración decide en qué supuestos usa cada uno.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 43

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.

Datos clave

  • ¿Con qué firma electrónica se realiza, con carácter general, la actuación de un empleado público? → Con su firma electrónica personal (la del titular del órgano o empleado).
  • ¿Qué puede sustituir a la identificación completa en la firma, por razones de seguridad pública? → El número de identificación profesional del empleado público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La regla general de actuación electrónica es la firma del titular del órgano o del empleado. Por seguridad pública, esa firma puede reducirse a un simple número de identificación profesional.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 44

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Datos clave

  • ¿Cómo se fijan las condiciones del intercambio cuando participan Administraciones distintas? → Mediante convenio suscrito entre ellas.
  • ¿Qué debe comprender, como mínimo, la regulación cuando los participantes son de la misma Administración? → La relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
  • Regla rápida: ¿participan Administraciones distintas? Si sí, hace falta convenio; si es la misma Administración, lo decide ella sola.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En entornos cerrados entre Administraciones, los documentos electrónicos son válidos sin más trámite. Quién fija las condiciones depende de si es la misma Administración o varias distintas.

Esquema

Quién fija las condiciones del intercambio
Misma AdministraciónAdministraciones distintas
Cómo se regulaLo determina esa AdministraciónMediante convenio entre ellas
Contenido mínimoEmisores/receptores autorizados y naturaleza de los datosLo pactado en el convenio

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 45

Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. 2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

Datos clave

  • ¿Qué puede superponer una Administración a un documento firmado con un sistema no basado en certificado reconocido o cualificado, al remitirlo a otros organismos? → Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
  • Asocia 'firma no reconocida + se manda fuera' con la solución 'sello reconocido o cualificado superpuesto': es el puente de interoperabilidad del artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la firma de un documento no usa certificado reconocido o cualificado, la Administración puede 'blindarla' superponiendo un sello electrónico para que otros organismos la verifiquen sin problema.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46

Archivo electrónico de documentos. 1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. 2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

Datos clave

  • ¿Qué esquema regula las medidas de seguridad del archivo electrónico de documentos? → El Esquema Nacional de Seguridad.
  • ¿Cuál es la única excepción a almacenar los documentos por medios electrónicos? → Que no sea posible hacerlo.
  • 'Esquema Nacional de Seguridad' es la etiqueta que conecta este artículo con las preguntas de seguridad: apréndetela como palabra clave del art. 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo se archiva en electrónico salvo que sea imposible, y con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad que aseguren que el documento se pueda leer y verificar durante años.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 46 bis

Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos. Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Datos clave

  • ¿En qué territorio deben ubicarse los sistemas que tratan censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud? → Dentro del territorio de la Unión Europea.
  • ¿Cuáles son las dos excepciones para transferir estos datos a un tercer país? → Que exista decisión de adecuación de la Comisión Europea, o que lo exija una obligación internacional asumida por España.
  • Cuatro bloques de datos a memorizar juntos: censo electoral, padrones/registros de población, datos fiscales y datos de salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Censo electoral, padrones, datos fiscales y de salud son 'datos de Estado': sus sistemas deben estar en la UE y solo pueden salir a terceros países en dos casos tasados.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.

1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.

Asimismo, garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de las personas titulares de los órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 bis y 84 bis.

2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Datos clave

  • La AGE actúa y se organiza según los principios del artículo 3 y los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.
  • Garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos y del personal de alta dirección del sector público institucional estatal (artículos 55 bis y 84 bis).
  • Las competencias de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios no atribuidas por Ley a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • El apartado 1 fue modificado por el art. 8.1 de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración General del Estado se organiza con los principios del artículo 3 más descentralización y desconcentración, garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres y deja las competencias organizativas sin dueño al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado.

1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.

2. La Administración General del Estado comprende:

a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.

b) La Organización Territorial.

c) La Administración General del Estado en el exterior.

3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:

a) Órganos superiores:

1.º Los Ministros.

2.º Los Secretarios de Estado.

b) Órganos directivos:

1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.

2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

3.º Los Subdirectores generales.

4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.

6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos.

9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:

a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada.

b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.

Datos clave

  • Principios: división funcional en Departamentos ministeriales y gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
  • La AGE comprende la Organización Central, la Organización Territorial y la AGE en el exterior.
  • Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado.
  • Órganos directivos: Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales.
  • Delegados del Gobierno en las CCAA: rango de Subsecretario; Subdelegados del Gobierno en las provincias: nivel de Subdirector general.
  • En el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.
  • Son altos cargos los órganos superiores y directivos, excepto los Subdirectores generales y asimilados (Ley 3/2015).
  • Los órganos superiores establecen los planes de actuación; los directivos los desarrollan y ejecutan.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE se divide en organización central, territorial y exterior; los órganos superiores son Ministros y Secretarios de Estado, y los directivos van desde Subsecretario hasta Subdirector general.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 55 bis. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado.

Las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.

Datos clave

  • Se aplica a las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la AGE.
  • Principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres.
  • Las personas de cada sexo no superarán el sesenta por ciento ni serán menos del cuarenta por ciento.
  • El cómputo se hace en el ámbito de cada departamento ministerial.
  • Artículo añadido por el art. 8.2 de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Secretarías de Estado y los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombran con representación equilibrada: cada sexo entre el cuarenta y el sesenta por ciento, medido en cada departamento ministerial.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 56. Elementos organizativos básicos.

1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.

3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano.

Datos clave

  • Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas.
  • Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común.
  • Las unidades administrativas complejas agrupan dos o más unidades menores.
  • Los jefes de unidad responden del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de sus tareas.
  • Se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos: agrupan puestos o dotaciones con jefatura común, pueden ser complejas, su jefe responde del funcionamiento y se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 57. Los Ministerios.

1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Datos clave

  • La AGE se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios.
  • Cada Ministerio comprende uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.
  • Con carácter excepcional pueden adscribirse directamente al Ministro órganos u Organismos públicos no integrados en la estructura general del Ministerio.
  • El número, la denominación y el ámbito de competencia de los Ministerios y las Secretarías de Estado se fijan por Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE se organiza en Presidencia del Gobierno y Ministerios por sectores homogéneos; caben órganos u organismos adscritos directamente al Ministro de forma excepcional, y el Real Decreto del Presidente fija número y competencias.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 58. Organización interna de los Ministerios.

1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.

2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título.

3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas.

4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.

Datos clave

  • En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad administrativa.
  • Todo Ministerio cuenta, en todo caso, con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para los servicios comunes.
  • Las Direcciones Generales gestionan una o varias áreas funcionalmente homogéneas.
  • Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales.
  • Pueden adscribirse Subdirecciones Generales directamente a órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Organización interna de los Ministerios: Secretarías de Estado y Secretarías Generales posibles, Subsecretaría y Secretaría General Técnica obligatorias, y Direcciones Generales organizadas en Subdirecciones Generales.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.

1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Datos clave

  • Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos similares: Real Decreto del Consejo de Ministros.
  • Ese Real Decreto se dicta a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Órganos de nivel inferior a Subdirección General: orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Unidades que no son órganos: se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se crean, modifican y suprimen órganos y unidades: hasta Subdirección General, Real Decreto del Consejo de Ministros; por debajo, orden ministerial con autorización de Hacienda; y unidades que no son órganos, mediante RPT.

Esquema

Instrumento según el nivel
InstrumentoPapel de Hacienda
Subdirección General y superioresReal Decreto del Consejo de MinistrosPropuesta (iniciativa del Ministro interesado)
Inferior a Subdirección GeneralOrden del Ministro respectivoAutorización previa
Unidades que no son órganosRelaciones de puestos de trabajoEl texto no la menciona

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.

1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.

2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general.

Datos clave

  • Los Ministros son los jefes superiores del Departamento.
  • Los Ministros son superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.
  • Orden jerárquico de los órganos directivos: Subsecretario, Director general y Subdirector general.
  • Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario.
  • Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Ministros son jefes superiores directos de Secretarios de Estado y Subsecretarios; los órganos directivos se ordenan entre sí: Subsecretario, Director general, Subdirector general.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 61. Los Ministros.

Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.

c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.

e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.

g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro.

h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.

i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.

j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.

k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.

l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste.

m) Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento.

n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.

ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.

o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras.

p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.

q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.

r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.

s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

Datos clave

  • Los Ministros, como titulares del departamento, dirigen los sectores de actividad administrativa de su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente.
  • Ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
  • Fijan los objetivos del Ministerio, aprueban sus planes de actuación y asignan los recursos dentro de las dotaciones presupuestarias.
  • Nombran y separan a los titulares de los órganos directivos cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo.
  • Revisan de oficio los actos administrativos, resuelven conflictos de atribuciones y resuelven recursos y declaran la lesividad cuando les corresponda.
  • Fijan los límites por debajo de los cuales las competencias de gasto y de concesión de subvenciones corresponden a los Secretarios de Estado y al Subsecretario.
  • Imponen la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Ministros dirigen los sectores de actividad de su Ministerio y asumen la responsabilidad de esa dirección. El artículo enumera sus funciones: reglamentos, objetivos, presupuesto, nombramientos, recursos, contratos, subvenciones y sanciones, entre otras.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 62. Los Secretarios de Estado.

1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.

Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.

2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde:

a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.

b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.

e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.

g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva.

h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.

i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.

j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

Datos clave

  • Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
  • Por delegación expresa del Ministro pueden ostentar su representación en materias propias, incluidas las de proyección internacional.
  • Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales dependientes y responden ante el Ministro.
  • Nombran y separan a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
  • Resuelven los recursos contra resoluciones de órganos directivos directamente dependientes cuyos actos no agoten la vía administrativa.
  • Conceden subvenciones y administran créditos dentro de los límites o cuantías fijados por el Ministro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Secretario de Estado responde ante el Ministro de un sector de actividad, dirigiendo las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia, con funciones como nombrar Subdirectores generales o resolver ciertos recursos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 63. Los Subsecretarios.

1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:

a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.

c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.

e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.

f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.

En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.

i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.

k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.

l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.

m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.

o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.

p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.

q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.

2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno.

3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes.
  • Desempeñan la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
  • Dirigen, impulsan y supervisan la Secretaría General Técnica y los demás órganos directivos directamente dependientes.
  • Nombran y cesan a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual.
  • Convocan y resuelven pruebas selectivas de personal funcionario y laboral y concursos de personal funcionario.
  • Ejercen la potestad disciplinaria por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.
  • Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
  • Se nombran entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 del Estado, CCAA o Entidades locales, o entre quienes perdieron tal condición por jubilación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Subsecretario es el gestor interno del Ministerio: lo representa ordinariamente, dirige los servicios comunes, es jefe superior del personal y lo nombra el Consejo de Ministros entre funcionarios del Subgrupo A1.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 64. Los Secretarios generales.

1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.

2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2.b), así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.

3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • Las normas de estructura del Ministerio que prevean un Secretario general deben determinar sus competencias sobre un sector de actividad administrativa.
  • Ejercen las competencias de dirección sobre los órganos dependientes del artículo 62.2.b) y las que les asigne el Real Decreto de estructura.
  • Tienen categoría de Subsecretario.
  • Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.
  • Se nombran entre personas con cualificación y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada (no se exige ser funcionario).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Secretarios generales: competencias sobre un sector fijadas en la norma de estructura, categoría de Subsecretario, nombramiento por Real Decreto del Consejo de Ministros y perfil de gestión pública o privada con idoneidad de la Ley 3/2015.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos.

1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente.

3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • Dependen inmediatamente del Subsecretario.
  • Tienen, en todo caso, las competencias de producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
  • Tienen a todos los efectos la categoría de Director General.
  • Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
  • Se nombran entre funcionarios de carrera del Estado, CCAA o Entidades locales del Subgrupo A1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Secretarios generales técnicos: dependen del Subsecretario, tienen siempre producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones, categoría de Director General y se nombran entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 66. Los Directores generales.

1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde:

a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas.

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o entre personas que hubieran perdido tal condición como consecuencia de su jubilación, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • Son titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio.
  • Proponen los proyectos de su Dirección general, dirigen su ejecución y controlan su cumplimiento.
  • Ejercen las competencias atribuidas a la Dirección general y las desconcentradas o delegadas.
  • Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
  • Regla general: funcionarios de carrera del Subgrupo A1 del Estado, CCAA o Entidades locales, o quienes perdieron tal condición por jubilación.
  • Excepción: el Real Decreto de estructura puede permitir un titular no funcionario, motivándolo mediante memoria razonada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Directores generales gestionan áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio; los nombra el Consejo de Ministros y, como regla, deben ser funcionarios A1, aunque el Real Decreto de estructura puede exceptuarlo con memoria razonada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 67. Los Subdirectores generales.

1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.

2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Datos clave

  • Son responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades asignados.
  • Se encargan de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.
  • Son nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  • Los nombra y cesa el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.
  • Se nombran entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones cuando lo prevean las normas, del Subgrupo A1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Subdirectores generales ejecutan los proyectos asignados y llevan la gestión ordinaria de su Subdirección, bajo supervisión del Director general. Los nombra y cesa el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario, entre funcionarios del Subgrupo A1.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.

1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.

2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.

3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:

a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.

b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.

Datos clave

  • Los servicios comunes asisten a los órganos superiores y directivos del Ministerio y velan por la eficiente utilización de sus medios y recursos.
  • Les corresponde el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa de funciones como planificación, programación y presupuestación, organización y recursos humanos, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.
  • Funcionan según las disposiciones y directrices de los Ministerios competentes sobre dichas funciones comunes en la AGE.
  • La gestión compartida de servicios comunes se prevé mediante Real Decreto.
  • Formas de gestión compartida: coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (u organismo autónomo dependiente) o por la Subsecretaría de cada Ministerio (u organismo autónomo dependiente).
  • El Real Decreto concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal afectado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Servicios comunes de los Ministerios: asisten a los demás órganos, abarcan una larga lista de funciones, siguen las directrices de los Ministerios competentes y pueden gestionarse de forma compartida por Real Decreto en dos modalidades.

Esquema

Gestión compartida de servicios comunes
Modalidad a)Modalidad b)
CoordinaMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas o su organismo autónomoSubsecretaría de cada Ministerio o su organismo autónomo
Presta servicios aOtros MinisteriosTodo el Ministerio

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno

1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas.

2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.

3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.

Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.

Datos clave

  • Existe una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma.
  • Sede: localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra distinta y sin perjuicio del Estatuto de Autonomía.
  • Adscripción orgánica: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • En cada provincia de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existe un Subdelegado del Gobierno, bajo la inmediata dependencia del Delegado.
  • En las Comunidades Autónomas uniprovinciales pueden crearse Subdelegaciones por Real Decreto (población, volumen de gestión o singularidades geográficas, sociales o económicas).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, con sede en la capital autonómica salvo acuerdo distinto, adscrita al Ministerio de Hacienda; en cada provincia de CCAA pluriprovincial existe un Subdelegado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado.

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Datos clave

  • Las islas con Director Insular se determinan reglamentariamente.
  • Nombramiento por el Delegado del Gobierno, por libre designación.
  • Entre funcionarios de carrera del Estado, CCAA o Entidades Locales del Subgrupo A1.
  • Dependen del Delegado del Gobierno o del Subdelegado en la provincia, cuando exista.
  • Ejercen las competencias de los Subdelegados del Gobierno en su ámbito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Directores Insulares de la AGE: islas fijadas por reglamento, nombramiento por el Delegado del Gobierno por libre designación entre funcionarios A1, dependencia del Delegado o del Subdelegado y competencias de Subdelegado en su isla.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 71. Los servicios territoriales.

1. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.

2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.

3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.

4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia.

Datos clave

  • Servicios territoriales integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
  • No integrados: organización por Real Decreto a propuesta conjunta si hay unidades de nivel de Subdirección General.
  • Por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.
  • Los no integrados dependen del órgano central competente del sector.
  • Los integrados dependen del Delegado o Subdelegado a través de la Secretaría General.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios territoriales de la AGE en cada Comunidad Autónoma son integrados (dependen del Delegado del Gobierno) o no integrados (dependen del órgano central sectorial). La organización de los no integrados se fija por Real Decreto u Orden conjunta.

Esquema

Servicios territoriales de la AGE
IntegradosNo integrados
Dependen deDelegado o Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría GeneralÓrgano central competente sobre su sector de actividad
CriteriosInstrucciones técnicas y criterios operativos del Ministerio competenteObjetivos concretos fijados y controlados por el órgano central

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.

2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.

3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General.

Datos clave

  • Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado a través de sus Presidentes.
  • Dirigen y supervisan la Administración General del Estado en el territorio y la coordinan con la autonómica y la local.
  • Órganos directivos con rango de Subsecretario.
  • Dependencia orgánica del Presidente del Gobierno y funcional del Ministerio competente por razón de la materia.
  • Nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno; requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015.
  • Suplencia: Subdelegado que el Delegado designe y, en su defecto, el de la provincia sede; en uniprovinciales sin Subdelegado, el Secretario General.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Delegado del Gobierno representa al Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma y dirige allí la AGE. Tiene rango de Subsecretario, depende orgánicamente del Presidente del Gobierno y lo nombra el Consejo de Ministros por Real Decreto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este Capítulo, las siguientes competencias:

a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos:

1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios.

2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.

3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.

b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:

1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma.

2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano.

3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial.

4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.

c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas:

1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.

2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.

3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.

d) Control de legalidad:

1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia.

Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por razón de la materia.

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho Departamento.

2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.

3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

e) Políticas públicas:

1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.

2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.

4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

Datos clave

  • Los Delegados nombran a los Subdelegados del Gobierno y, en su caso, a los Directores Insulares.
  • Informan con carácter preceptivo las propuestas de nombramiento de titulares de órganos territoriales de la AGE y Organismos públicos estatales.
  • Elevan al Gobierno, con carácter anual, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales.
  • Resuelven los recursos contra actos de los órganos de la Delegación, previo informe del Ministerio competente por razón de la materia.
  • Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial las tramita y resuelve el Ministerio competente por razón de la materia.
  • Suspensión de actos impugnados conforme al artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
  • Ejercen la potestad sancionadora y expropiatoria.
  • Ostentan la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Delegado del Gobierno concentra cinco bloques de competencias en su Comunidad Autónoma: dirigir la AGE periférica, informar al Gobierno y al ciudadano, coordinarse con otras Administraciones, controlar la legalidad y proponer políticas públicas, además de potestad sancionadora, expropiatoria y jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Datos clave

  • Existe un Subdelegado del Gobierno en cada provincia, bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.
  • Nivel de Subdirector General.
  • Nombrado por el Delegado del Gobierno por libre designación.
  • Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales del Subgrupo A1.
  • En uniprovinciales sin Subdelegado, el Delegado asume sus competencias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En cada provincia hay un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, dependiente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, que lo nombra por libre designación entre funcionarios del Subgrupo A1.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde:

1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.

2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.

b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.

d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.

e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.

f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.

Datos clave

  • Funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales.
  • Informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.
  • Dirigen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
  • Dirigen y coordinan la protección civil en el ámbito de la provincia.
  • Dirigen los servicios integrados e impulsan, supervisan e inspeccionan los servicios no integrados.
  • Ejercen la potestad sancionadora.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Subdelegado del Gobierno coordina con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, garantiza la seguridad ciudadana dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, y dirige la protección civil.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.

2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad.

Datos clave

  • Estructura fijada por Real Decreto del Consejo de Ministros.
  • Propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Cuentan en todo caso con una Secretaría General, órgano de gestión de los servicios comunes.
  • Integración o desintegración de servicios: Real Decreto, a propuesta también del Ministerio del área.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La estructura de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fija por Real Decreto del Consejo de Ministros, siempre con una Secretaría General para los servicios comunes; integrar o desintegrar servicios exige también Real Decreto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.

Datos clave

  • La asistencia jurídica de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno corresponde a la Abogacía del Estado.
  • La intervención y el control económico financiero corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Ambas funciones se ejercen de acuerdo con su normativa específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, la asistencia jurídica la presta la Abogacía del Estado y la intervención y control económico financiero, la Intervención General de la Administración del Estado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado

1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.

3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento.

Datos clave

  • La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado.
  • Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Coordina la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.
  • Sus atribuciones, composición y funcionamiento se regulan mediante Real Decreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito a Hacienda y Administraciones Públicas que coordina la periferia con los Ministerios; su régimen se fija por Real Decreto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno

1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características:

a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta.

b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno.

c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:

1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.

2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales.

3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos.

4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.

2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior.

3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado primero, referidas al ámbito provincial.

Datos clave

  • Comunidades Autónomas pluriprovinciales: Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno.
  • La preside el Delegado del Gobierno y la integran los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
  • Asisten los titulares de órganos y servicios territoriales, integrados o no, que el Delegado considere oportuno.
  • Comunidades Autónomas uniprovinciales: Comisión de asistencia al Delegado, integrada por el Secretario General y los titulares de servicios que considere oportuno.
  • En cada Subdelegación: Comisión de asistencia al Subdelegado, presidida por él e integrada por el Secretario General y los titulares que considere oportuno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Delegados y Subdelegados del Gobierno cuentan con comisiones de asistencia: territorial en las Comunidades pluriprovinciales, de asistencia en las uniprovinciales y en cada Subdelegación, todas con las mismas funciones.

Esquema

Comisiones de asistencia
PluriprovincialUniprovincialSubdelegación
NombreComisión territorial de asistencia al DelegadoComisión de asistencia al DelegadoComisión de asistencia al Subdelegado
PresideDelegado del GobiernoDelegado del GobiernoSubdelegado del Gobierno
IntegranSubdelegados de las provinciasSecretario General y titulares que considere oportunoSecretario General y titulares que considere oportuno

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado

El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

Datos clave

  • El Servicio Exterior del Estado se rige por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
  • También por su normativa de desarrollo.
  • La Ley 40/2015 se aplica con carácter supletorio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Servicio Exterior del Estado se rige por la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior y su normativa de desarrollo; esta Ley solo se aplica de forma supletoria.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 81. Principios generales de actuación

El artículo 81 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fija los principios generales de actuación del sector público institucional.

1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.

Datos clave

  • Principios: legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y transparencia en su gestión.
  • En materia de personal, incluido el laboral, se sujetan a las limitaciones de la normativa presupuestaria y de las previsiones anuales de los presupuestos generales.
  • Todas las Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes.
  • La supervisión comprueba la subsistencia de los motivos de su creación y su sostenibilidad financiera.
  • Debe incluir propuestas expresas de mantenimiento, transformación o extinción.
  • Los entes autonómicos y locales se rigen por las disposiciones básicas de la ley (en particular, Capítulos I y VI y artículos 129 y 134) y por la normativa de la Administración de adscripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo el sector público institucional se somete a legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia; cada Administración supervisa de forma continua a sus entes y propone mantenerlos, transformarlos o extinguirlos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

El artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

1. Naturaleza y dependencia. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta redacción del apartado 1 procede de la disposición final 15.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con efectos desde el 9 de marzo de 2018.

2. Contenido mínimo. El Inventario contendrá, al menos, información actualizada sobre los siguientes aspectos de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional:

  • naturaleza jurídica;
  • finalidad;
  • fuentes de financiación;
  • estructura de dominio, en su caso;
  • la condición de medio propio;
  • regímenes de contabilidad, presupuestario y de control;
  • la clasificación en términos de contabilidad nacional.

3. Actos inscribibles. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Datos clave

  • Es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional.
  • Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Recoge, al menos, naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y clasificación en contabilidad nacional.
  • Se inscriben, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
  • La redacción vigente del apartado 1 tiene efectos desde el 9 de marzo de 2018 (disposición final 15.1 de la Ley 9/2017).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo de todas las entidades del sector público institucional, gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa que determina tal circunstancia.

2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las siguientes reglas:

a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuación.

b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.

c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Datos clave

  • Notifica el titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la Administración correspondiente.
  • Plazo de notificación de los actos de creación, transformación, fusión o extinción: treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible.
  • La norma o acto de creación se notifica electrónicamente en 30 días hábiles desde su entrada en vigor, con copia o enlace al Boletín Oficial, Estatutos o plan de actuación.
  • La inscripción se practica dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
  • Para el NIF definitivo y la letra identificativa, la Administración Tributaria exige la certificación de la inscripción en el Inventario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se inscriben en el Inventario los actos de las entidades del sector público institucional: notificación en treinta días hábiles a través de la intervención general, inscripción en quince días hábiles y certificado necesario para el NIF definitivo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal

El artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la composición y clasificación del sector público institucional estatal.

1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:

1. Organismos autónomos.

2. Entidades públicas empresariales.

3. Agencias estatales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios.

e) Las fundaciones del sector público.

f) Los fondos sin personalidad jurídica.

g) Las universidades públicas no transferidas.

2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.

3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sea de aplicación y por lo dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica.

Datos clave

  • El sector público institucional estatal comprende siete tipos de entidades (letras a a g).
  • Organismos públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales.
  • También: autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
  • Prohibido crear o controlar, directa o indirectamente, cualquier otro tipo de entidad distinta de las enumeradas.
  • Excepciones: organismos internacionales o supranacionales, organismos de normalización y acreditación nacionales y sociedades de la Ley 27/1984, de 26 de julio.
  • Universidades públicas no transferidas: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y supletoriamente esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de entidades del sector público institucional estatal: organismos públicos, autoridades independientes, sociedades, consorcios, fundaciones, fondos y universidades no transferidas. Fuera de ella no se puede crear ni controlar ninguna.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 84 bis. Presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal.

El artículo 84 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal.

1. Ámbito personal. El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres será de aplicación a:

  • las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables;
  • las personas con contratos de alta dirección en las citadas entidades.

Se aplica de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada entidad.

2. Órganos colegiados. El principio de representación equilibrada se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades.

Datos clave

  • Ámbito: entidades del sector público institucional estatal.
  • Afecta a presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados que sean máximos responsables, y a contratos de alta dirección.
  • Cada sexo no puede superar el sesenta por ciento ni ser menos del cuarenta por ciento en cada entidad.
  • El principio se garantiza también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La horquilla del cuarenta al sesenta por ciento por sexo se aplica también a los máximos responsables y al personal de alta dirección de cada entidad del sector público institucional estatal, y a sus órganos colegiados de gobierno.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua.

1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.

Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente.

2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.

3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular verificará, al menos, lo siguiente:

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.

b) Su sostenibilidad financiera.

c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.

Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente.

4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en consideración:

a) La información económico financiera disponible.

b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa.

c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales.

Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad.

Datos clave

  • Control de eficacia (apartado 2): lo ejerce el Departamento al que estén adscritas las entidades, a través de las inspecciones de servicios; evalúa el cumplimiento de objetivos y la adecuada utilización de los recursos según el plan de actuación.
  • Supervisión continua (apartado 3): la ejerce el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, desde la creación hasta la extinción de la entidad.
  • La supervisión continua verifica, al menos: la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación, la sostenibilidad financiera y la concurrencia de la causa de disolución por incumplimiento de fines.
  • Plan de actuación: se aprueba en el momento de la creación, sus líneas estratégicas se revisan cada tres años y se completa con planes anuales.
  • El resultado se plasma en un informe sujeto a procedimiento contradictorio, que puede contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue el control de eficacia, ejercido por el departamento de adscripción sobre el cumplimiento de objetivos y el uso de recursos, de la supervisión continua, ejercida por la IGAE desde la creación hasta la extinción para vigilar la subsistencia, sostenibilidad y posible disolución de la entidad.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 86. Medio propio y servicio técnico

El artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la figura del medio propio y servicio técnico dentro del sector público institucional.

1. Remisión a la legislación de contratos. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. Requisitos para tener la consideración de medio propio. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.

Se exige, por tanto, un requisito común (medios suficientes e idóneos en el sector de actividad de su objeto social) y, alternativamente, una de las dos circunstancias anteriores (eficiencia o seguridad pública/urgencia).

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.

En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».

3. Creación de un nuevo medio propio. En el supuesto de creación de un nuevo medio propio y servicio técnico deberá acompañarse la propuesta de declaración de una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y que, en este supuesto de nueva creación, deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado.

Datos clave

  • Pueden ser medios propios las entidades del sector público institucional que cumplan las condiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
  • Requisito común: disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad de su objeto social.
  • Además, alguna de estas circunstancias: a) opción más eficiente que la contratación pública, sostenible y eficaz con criterios de rentabilidad económica; b) necesidad por razones de seguridad pública o de urgencia.
  • La comprobación de estos requisitos forma parte del control de eficacia de los medios propios.
  • Su denominación debe incluir necesariamente «Medio Propio» o la abreviatura «M.P.».
  • La creación de un nuevo medio propio exige memoria justificativa informada por la Intervención General de la Administración del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una entidad del sector público institucional es medio propio si tiene medios suficientes e idóneos y, además, es más eficiente que contratar o hace falta por seguridad pública o urgencia. Lleva «M.P.» en su nombre.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal.

1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencias estatales, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas.

2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones.

La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por ley.

4. Cuando un organismo autónomo, entidad pública empresarial o Agencias Estatales se transforme en una entidad pública empresarial, Agencias Estatales, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el Real Decreto o la Ley mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir acompañado de la siguiente documentación:

a) Una memoria que incluya:

1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurídica originaria.

2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente.

3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación.

b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.

5. La aprobación del Real Decreto de transformación conllevará:

a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica.

b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá, por sí misma, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en la entidad transformada.

La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de “a extinguir”, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren.

De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.

Datos clave

  • Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal puede transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de ellas.
  • La transformación conserva la personalidad jurídica, se hace por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal de derechos y obligaciones.
  • Se lleva a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificar la Ley de creación; la transformación en agencias estatales debe efectuarse por ley.
  • Documentación: memoria (justificación, análisis de eficiencia y situación del personal) e informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • La adaptación del personal no atribuye por sí misma la condición de funcionario público al personal laboral, y no puede derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, sociedades mercantiles estatales y fundaciones pueden transformarse unos en otros por Real Decreto, sin perder su personalidad jurídica; a agencia estatal, solo por ley.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 88. Definición y actividades propias.

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

Datos clave

  • Los organismos públicos son entidades dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado, directamente o a través de otro organismo público.
  • Se crean para realizar actividades administrativas de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas y la supervisión o regulación de sectores económicos.
  • Sus características deben justificar su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Definición de organismo público estatal: dependiente o vinculado a la AGE, directamente o a través de otro organismo, creado para ciertas actividades y cuyas características justifiquen descentralización funcional o independencia.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades.

1. Los organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.

Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión.
  • Les corresponden las potestades administrativas precisas para cumplir sus fines, en los términos de sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
  • Los estatutos pueden atribuirles la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento.
  • Sus actos y resoluciones en ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión; ejercen las potestades administrativas precisas salvo la expropiatoria, y sus actos admiten los recursos administrativos de la LPAC.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal.

1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto.

Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas.

La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.

2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:

a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno.

b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable.

Datos clave

  • Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que determine su Estatuto.
  • Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector, sin perjuicio de otros órganos de gobierno que prevea el estatuto.
  • La dirección debe establecer un modelo de control orientado a una seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos.
  • Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas clasificar las entidades en tres grupos, lo que determina el número máximo de miembros de los órganos de gobierno y la estructura organizativa y retributiva de directivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos públicos se estructuran en órganos de gobierno y ejecutivos según su Estatuto, con Presidente y Consejo Rector como máximos órganos de gobierno; el Ministro de Hacienda los clasifica en tres grupos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales.

1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.

2. La Ley de creación establecerá:

a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación.

b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.

3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.

Datos clave

  • La creación de los organismos públicos se efectúa por Ley.
  • La Ley de creación establece el tipo de organismo, sus fines generales y el Departamento de dependencia o vinculación, y, en su caso, recursos económicos y peculiaridades de régimen que exijan rango de Ley.
  • El anteproyecto de ley que se eleve al Consejo de Ministros debe ir acompañado de propuesta de estatutos, plan inicial de actuación e informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos públicos estatales se crean por Ley, que fija su tipo, fines y Departamento y, en su caso, recursos y peculiaridades de régimen; el anteproyecto va con estatutos, plan inicial e informe favorable de Hacienda.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación.

1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos:

a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente.

b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.

c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado.

e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales.

2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo.

La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión.

3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en la página web del organismo público al que corresponda.

Datos clave

  • El plan inicial de actuación incluye, al menos: razones de la creación sin duplicidades, forma jurídica más eficiente, estructura organizativa, anteproyecto de presupuesto del primer ejercicio con estudio económico-financiero y objetivos con indicadores y programación plurianual.
  • Los organismos públicos deben acomodar su actuación al plan inicial, que se actualiza anualmente con el plan anual de actuación.
  • El plan anual se aprueba en el último trimestre del año natural por el departamento de adscripción y el plan de actuación incorpora cada tres años una revisión de la programación estratégica.
  • La falta de aprobación del plan anual en plazo, por causa imputable al organismo, paraliza las transferencias a su favor con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo decisión distinta del Consejo de Ministros.
  • El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hacen públicos en la página web del organismo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla el contenido mínimo del plan inicial de actuación (justificación de la creación, forma jurídica, estructura, presupuesto y objetivos) y su seguimiento anual, con la consecuencia de que la falta de aprobación del plan anual paraliza las transferencias del Estado al organismo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 93. Contenido de los estatutos.

1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:

a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar.

b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.

c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos.

d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.

e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.

2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público.

Datos clave

  • Los estatutos regulan, al menos: funciones y competencias, estructura organizativa, patrimonio y recursos económicos, régimen de recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación, y la facultad de participar en sociedades mercantiles cuando sea imprescindible.
  • Deben especificar los actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
  • Se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.
  • Deben aprobarse y publicarse antes de la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo de los estatutos de los organismos públicos, aprobación por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta de Hacienda y del Ministerio de adscripción, y publicación previa a su funcionamiento.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales.

1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente.

2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos públicos.

3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión.

Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda.

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.

El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión.

4. La aprobación de la norma de fusión conllevará:

a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los términos previstos en el plan de redimensionamiento.

b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.

La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades del organismos donde se integren.

Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados.

De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados.

c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.

La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 97.

La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Datos clave

  • Pueden fusionarse los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica, por extinción e integración en un nuevo organismo o por absorción por otro ya existente.
  • La fusión se lleva a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificar la Ley de creación.
  • Se acompaña de un plan de redimensionamiento que debe acreditar el ahorro generado, con informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Los bienes liquidables de un organismo en desequilibrio financiero pueden integrarse en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, cuya liquidación se efectúa durante los dos años siguientes a la aprobación de la norma de fusión, salvo prórroga del Consejo de Ministros.
  • La fusión conlleva la cesión e integración global de activo y pasivo, con sucesión universal, y no atribuye la condición de funcionario público al personal laboral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite fusionar organismos públicos de la misma naturaleza, por extinción e integración en uno nuevo o por absorción, mediante norma reglamentaria acompañada de un plan de redimensionamiento que acredite el ahorro, con sucesión universal de derechos y obligaciones y sin incremento de la masa salarial.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes.

1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.

La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.

2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos, los siguientes:

a) Gestión de bienes inmuebles.

b) Sistemas de información y comunicación.

c) Asistencia jurídica.

d) Contabilidad y gestión financiera.

e) Publicaciones.

f) Contratación pública.

Datos clave

  • La norma de creación de los organismos públicos incluye la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que se justifique en la memoria no compartirlos.
  • La gestión de los servicios comunes se coordina por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo.
  • Servicios comunes, al menos: gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, publicaciones y contratación pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La norma de creación de un organismo público estatal incluirá la gestión compartida de servicios comunes, salvo que la memoria justifique no hacerlo por eficiencia, seguridad nacional o independencia; seis servicios comunes mínimos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales.

1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:

a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.

b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado.

c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.

d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua.

e) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

f) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.

2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras a), b), c), d) o e) del apartado anterior, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.

En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de disolución, en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador, y se comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.

Datos clave

  • Causas de disolución: transcurso del tiempo señalado en la ley de creación, asunción de la totalidad de fines por la Administración General del Estado, fines totalmente cumplidos, incumplimiento de fines según el control de eficacia o supervisión continua, otra causa de los estatutos o acuerdo del Consejo de Ministros.
  • El titular del máximo órgano de dirección lo comunica al titular del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolución.
  • Si no se comunica en ese plazo, el organismo queda automáticamente disuelto y no puede realizar actos jurídicos, salvo los necesarios para su liquidación y extinción.
  • El Consejo de Ministros adopta el acuerdo de disolución en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación y designa al liquidador.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis causas por las que un organismo público estatal debe disolverse y un doble plazo de dos meses: para comunicarlo al departamento y para que el Consejo de Ministros acuerde la disolución. Si alguno se agota, queda disuelto automáticamente.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales.

1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación.

2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática.

Datos clave

  • Publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos sin publicarse, se entiende automáticamente iniciada la liquidación.
  • La liquidación se realiza por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo en la Administración General del Estado, que sucede universalmente en derechos y obligaciones.
  • La Administración General del Estado queda subrogada automáticamente en las relaciones jurídicas con los acreedores sin alterar las condiciones financieras de las obligaciones.
  • Formalizada la liquidación, se produce la extinción automática del organismo público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Liquidación y extinción de organismos públicos estatales: inicio automático, cesión global del activo y pasivo a la AGE, que sucede universalmente y se subroga sin alterar condiciones financieras, y extinción automática al formalizarse.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 98. Definición.

1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.

2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

Datos clave

  • Los organismos autónomos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión.
  • Dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia.
  • En su denominación debe figurar la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Definición de organismo autónomo: entidad de derecho público con personalidad, tesorería y patrimonio propios, instrumental y dependiente de la AGE, que debe llevar «organismo autónomo» u «O.A.» en su denominación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 99. Régimen jurídico.

Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

Datos clave

  • Los organismos autónomos se rigen por la Ley 40/2015, su ley de creación y sus estatutos.
  • También se rigen por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo general y especial aplicables.
  • En defecto de norma administrativa, se aplica el derecho común.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Normas que rigen a los organismos autónomos: esta Ley, su ley de creación, estatutos, LPAC, contratos, patrimonio y demás derecho administrativo; en defecto de norma administrativa, derecho común.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación.

1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.

El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado.

El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica.

El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus estatutos.

2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.

Datos clave

  • El personal de los organismos autónomos es funcionario o laboral.
  • El nombramiento de los titulares de los órganos se rige por las normas aplicables a la Administración General del Estado.
  • El organismo autónomo debe aplicar las instrucciones sobre recursos humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y comunicarle los acuerdos adoptados en aplicación de su régimen específico de personal.
  • La contratación se ajusta a la legislación sobre contratación del sector público y el titular del máximo órgano de dirección es el órgano de contratación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los organismos autónomos el personal es funcionario o laboral y la contratación sigue la legislación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección es el órgano de contratación y aplica las instrucciones de personal de Hacienda.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial.

1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.

c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado.

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas.

e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.

Datos clave

  • Los organismos autónomos tienen un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares.
  • Su gestión se rige por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
  • Recursos económicos: bienes y valores del patrimonio, sus productos y rentas, consignaciones en los presupuestos generales del Estado, transferencias corrientes o de capital, donaciones, legados y patrocinios, y cualquier otro recurso autorizado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos autónomos tienen patrimonio propio distinto del de la Administración, gestionado conforme a la Ley 33/2003, y seis fuentes posibles de recursos económicos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.

Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Datos clave

  • Los organismos autónomos aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
  • Es el artículo 102 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, dentro de la regulación de los organismos autónomos.
  • La misma remisión a la Ley 47/2003 se aplica a las entidades públicas empresariales (artículo 108).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos autónomos aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de la Ley 47/2003.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 103. Definición

El artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las entidades públicas empresariales del sector público institucional estatal.

1. Concepto. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

2. Dependencia. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Denominación. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».

Datos clave

  • Son entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión.
  • Se financian con ingresos de mercado, salvo las que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
  • Junto con potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
  • Dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta.
  • Al ente de adscripción le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados y el control de eficacia.
  • Su denominación debe incluir «entidad pública empresarial» o la abreviatura «E.P.E».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades públicas empresariales son entes de Derecho público que se financian con ingresos de mercado y, junto con potestades administrativas, prestan servicios o producen bienes de interés público con contraprestación. Llevan «E.P.E» en su nombre.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 104. Régimen jurídico

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

Datos clave

  • Regla general: las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado.
  • Excepción: formación de la voluntad de sus órganos.
  • Excepción: ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas.
  • Excepción: aspectos regulados específicamente en la Ley 40/2015, su Ley de creación, sus estatutos y la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
  • También en lo regulado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial aplicables.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, salvo en la formación de voluntad de sus órganos, el ejercicio de potestades administrativas y lo regulado específicamente por las normas administrativas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas.

1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

Datos clave

  • Las potestades administrativas de las entidades públicas empresariales solo pueden ejercerlas los órganos a los que los estatutos asignen expresamente esa facultad.
  • Los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en rango administrativo a los de la Administración General del Estado, salvo las excepciones fijadas en sus estatutos.
  • La norma que fija ese régimen es el artículo 105 de la Ley 40/2015.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo los órganos de la EPE a los que sus estatutos asignen expresamente esa facultad pueden ejercer potestades administrativas; sus órganos no se asimilan en rango a los de la AGE, salvo excepción estatutaria.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación.

1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.

2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas:

a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.

5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.

6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.

Datos clave

  • El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con excepciones para los funcionarios de la Administración General del Estado.
  • El personal directivo se determina en los estatutos y el resto del personal se selecciona mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  • El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectúa controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y la gestión de recursos humanos.
  • La Ley de creación determina las condiciones en que los funcionarios de la Administración General del Estado pueden cubrir destinos en la entidad.
  • La contratación se rige por la legislación de contratos del sector público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El personal de las entidades públicas empresariales es laboral, salvo los funcionarios de la Administración General del Estado; los directivos se nombran por experiencia y el resto entra por convocatoria pública con igualdad, mérito y capacidad.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial.

1. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.

c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local.

Datos clave

  • Las entidades públicas empresariales tienen patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, con gestión conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
  • Se financian con ingresos de sus operaciones comerciales y con bienes y valores del patrimonio y sus productos y rentas.
  • Excepcionalmente, si lo prevé la Ley de creación, pueden financiarse con consignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, transferencias corrientes o de capital y donaciones, legados y patrocinios.
  • Se financian mayoritariamente con ingresos de mercado (productor de mercado según el Sistema Europeo de Cuentas), salvo las que sean o reúnan los requisitos para ser medio propio personificado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades públicas empresariales tienen patrimonio propio y viven sobre todo de lo que ingresan por sus operaciones; solo si lo prevé su Ley de creación pueden recibir dinero de los Presupuestos, transferencias o donaciones.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.

Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Datos clave

  • Las entidades públicas empresariales aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
  • Es el artículo 108 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • La misma remisión a la Ley 47/2003 rige para los organismos autónomos (artículo 102).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades públicas empresariales aplican el régimen presupuestario, contable y de control de la Ley 47/2003.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 108 bis. Definición.

1. Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias.

Las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley.

2. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza de Agencia Estatales deberá figurar en su denominación la indicación de “Agencia Estatal”.

Datos clave

  • Las Agencias Estatales son entidades de derecho público con personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas.
  • Las crea el Gobierno para cumplir los programas de las políticas públicas de la Administración General del Estado.
  • Están dotadas de mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados.
  • En su denominación debe figurar la indicación «Agencia Estatal».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Agencias Estatales son entes de derecho público creados por el Gobierno para ejecutar programas de políticas públicas de la Administración General del Estado, con autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 108 quater. Régimen jurídico de personal.

1. El personal al servicio de las Agencias Estatales está constituido por:

a) El personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la Agencia Estatal en el momento de su constitución.

b) El personal que se incorpore a la Agencia Estatal desde cualquier administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta ley.

c) El personal seleccionado por la Agencia Estatal, mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta Ley.

d) El personal directivo.

2. El personal a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior mantiene la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable.

3. El personal funcionario y estatutario se rige por la normativa reguladora de la función pública correspondiente, con las especialidades previstas en esta Ley y las que, conforme a ella, se establezcan en el estatuto de cada agencia estatal.

El personal laboral se rige por el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el resto de la normativa laboral.

4. La selección del personal al que se refiere la letra c) se realiza mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. A tal efecto, y en el período previsto en el contrato de gestión, las agencias estatales determinan sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas. La determinación de las necesidades de personal a cubrir se realizará con sujeción a la tasa de reposición que, en su caso, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente. La previsión de necesidades de personal se incorpora a la oferta anual de empleo de la correspondiente agencia estatal, que se integra en la oferta de empleo público estatal, de conformidad con lo que establezca la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado.

Las agencias estatales seleccionan a través de sus propios órganos de selección, a su personal laboral de acuerdo con los requisitos y principios establecidos en el párrafo anterior.

Las convocatorias de selección de personal funcionario se efectuarán por el Ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o escalas correspondientes, y, excepcionalmente por la propia agencia estatal mediante convenio suscrito al efecto.

Los órganos de representación del personal de la agencia estatal serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a cabo.

5. Las agencias estatales elaboran, convocan y, a propuesta de órganos especializados en selección de personal, resuelven las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario, de conformidad con los principios generales y procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública.

6. La movilidad de los funcionarios destinados en las agencias estatales podrá estar sometida a la condición de autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en sus estatutos y de acuerdo con la normativa de función pública.

7. Las agencias estatales disponen de su relación de puestos de trabajo, elaborada y aprobada por la propia agencia estatal dentro del marco de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión.

8. El personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto del Empleado Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de agencias estatales del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.

9. Los conceptos retributivos del personal funcionario y estatutario de las agencias estatales, son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se determinarán de conformidad con lo establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 anterior.

La masa salarial de las agencias estatales se autorizará en las condiciones que establezca la normativa aplicable. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o concepto equivalente del personal laboral, está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión.

10. El personal directivo de las agencias estatales es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas.

El personal directivo de las agencias estatales es nombrado y cesado por su Consejo Rector a propuesta de sus órganos ejecutivos, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados superiores preferentemente funcionarios, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad.

El proceso de provisión podrá ser realizado por los órganos de selección especializados a los que se refiere el apartado 5 de este artículo, que formularán propuesta motivada al director de la agencia estatal, incluyendo tres candidatos para cada puesto a cubrir.

Cuando el personal directivo de las agencias estatales tenga la condición de funcionario permanecerá en la situación de servicio activo en su respectivo cuerpo o escala o en la que corresponda con arreglo a la legislación laboral si se trata de personal de este carácter.

El estatuto de las agencias estatales puede prever puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir, en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección.

Al personal directivo de las agencias estatales, en todo caso, le será de aplicación el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El personal directivo está sujeto, en el desarrollo de sus cometidos, a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados.

El personal directivo percibe una parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante el complemento correspondiente que valore la productividad, de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por el Consejo Rector, a propuesta de los órganos directivos de la Agencia Estatal.

11. El órgano ejecutivo de la agencia estatal es el director. Es nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el Estatuto.

Datos clave

  • Personal de las agencias: el que ocupa puestos en servicios integrados en el momento de su constitución, el incorporado desde cualquier Administración, el seleccionado mediante pruebas selectivas y el personal directivo.
  • El personal funcionario y estatutario se rige por la normativa de función pública y el laboral por el Estatuto de los Trabajadores y la normativa laboral.
  • La selección se hace mediante convocatoria pública conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con sujeción a la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • El personal directivo es nombrado y cesado por el Consejo Rector a propuesta de sus órganos ejecutivos; el estatuto puede prever puestos de máxima responsabilidad en régimen laboral mediante contratos de alta dirección.
  • El órgano ejecutivo es el director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién trabaja en una agencia estatal y cómo entra: personal integrado, incorporado por provisión, seleccionado por pruebas y directivo. El Consejo Rector nombra a los directivos y al director, órgano ejecutivo de la agencia.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 108 quinquies. Régimen económico financiero y contratación.

1. Las Agencias Estatales se financian con los siguientes recursos:

a) Las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para otras entidades públicas, privadas o personas físicas.

c) La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio.

d) El rendimiento procedente de sus bienes y valores.

e) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares.

f) Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones.

g) Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir.

h) Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.

2. En aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos, y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las Agencias Estatales podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá los límites de esta financiación.

3. Los recursos que se deriven de los apartados b), e), f) y g) del número 1 anterior, y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las Agencias Estatales se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su Director.

4. El recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales, salvo que por Ley se disponga lo contrario. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto.

5. La contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público. Las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales, deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia.

Datos clave

  • Recursos de las Agencias Estatales: transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, ingresos propios, enajenación de bienes y valores, rendimiento de bienes y valores, aportaciones voluntarias, patrocinio y demás ingresos autorizados.
  • Los recursos de las letras b), e), f) y g) del apartado 1 no previstos inicialmente pueden destinarse a financiar mayores gastos por acuerdo de su Director.
  • El endeudamiento está prohibido salvo que por Ley se disponga lo contrario; para desfases de tesorería pueden recurrir a pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto.
  • La contratación se rige por la normativa aplicable al sector público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

De qué se financian las agencias estatales, cuándo pueden usar los recursos imprevistos y el tope de endeudamiento: prohibido salvo ley, con pólizas de tesorería mientras el saldo vivo no supere el 5 % del presupuesto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 108 sexies. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero.

1. El Consejo Rector elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal, conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión. El anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal será remitido al Ministerio de adscripción para su examen, que dará posterior traslado del mismo al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal.

2. La persona titular del Ministerio de Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo.

El presupuesto de gastos de las agencias estatales, tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan.

3. La autorización de las variaciones presupuestarias corresponde:

a) A la persona titular del Ministerio de Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente.

Así mismo, corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales, cuando exista informe negativo de la Intervención Delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al Ministro Hacienda.

b) A la persona titular de la Dirección de la propia agencia estatal, todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados b), e), f), y g) del artículo 108 quinquies por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la Comisión de Control.

4. Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente, podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona titular de la Dirección, dando cuenta a la Comisión de Control. Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión.

5. Las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno de los siguientes límites:

a) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro.

b) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes: El 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por ciento en el segundo ejercicio y el 50 por ciento en los ejercicios tercero y cuarto.

En el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación inicial.

El Gobierno podrá acordar la modificación de los límites anteriores en los casos especialmente justificados. A estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos.

6. La ejecución del presupuesto de las agencias estatales corresponde a sus órganos ejecutivos, que elaboran y remiten a la Comisión de Control, mensualmente, un estado de ejecución presupuestaria.

7. Las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica.

Corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales, en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal.

8. Las agencias estatales dispondrán de:

a) Un sistema de información económica que:

i) Muestre, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

ii) Proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.

b) Un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión.

La Intervención General de la Administración del Estado establece los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos, que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria.

9. Las cuentas anuales de las agencias estatales se formulan por la persona titular de la Dirección en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado son sometidas al Consejo Rector, para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran.

Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

10. El control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica.

El control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, y se realizará bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará por las Intervenciones Delegadas en las Agencias Estatales, bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.

Sin perjuicio del control establecido en el párrafo anterior, las agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua que será ejercido, a través del seguimiento del contrato de gestión y hasta su aprobación a través del plan de actuación en los términos establecidos en el artículo 85.

Datos clave

  • El Consejo Rector elabora y aprueba el anteproyecto de presupuesto, que se remite al Ministerio de adscripción y luego al Ministerio de Hacienda para su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado.
  • El presupuesto de gastos tiene carácter limitativo por su importe global y estimativo para la distribución por categorías económicas, salvo gastos de personal, subvenciones nominativas y atenciones protocolarias, que son limitativos y vinculantes.
  • Compromisos de gasto plurianuales: no más de cuatro ejercicios, con límites del 70 por 100 en el ejercicio inmediato siguiente, 60 por ciento en el segundo y 50 por ciento en el tercero y cuarto.
  • Las cuentas anuales se formulan en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio y el Consejo Rector las aprueba antes del 30 de junio del año siguiente.
  • Control: externo por el Tribunal de Cuentas e interno por la Intervención General de la Administración del Estado (control financiero permanente y auditoría pública).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ciclo presupuestario y de cuentas de las agencias estatales: el Consejo Rector aprueba el anteproyecto, los gastos plurianuales tienen topes del 70, 60 y 50, las cuentas se formulan en tres meses y se aprueban antes del 30 de junio.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 4

Artículo 108 ter. Régimen jurídico.

1. Las agencias estatales se rigen por esta ley y, en su marco, por el estatuto propio de cada una de ellas; y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.

2. La actuación de las agencias estatales se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión que ha de establecer, como mínimo y para el periodo de su vigencia, los siguientes extremos:

a) Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar.

b) Los planes necesarios para alcanzar los objetivos, con especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos.

c) Las previsiones máximas de plantilla de personal y el marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos.

d) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos, si bien serán automáticamente revisados de conformidad con el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.

e) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral.

f) El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales que, en su caso, se pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión que, en su caso, deban seguirse de tales déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse, en todo caso, a lo que establezca el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.

g) El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan.

3. En el contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades a que se refiere la letra e) del apartado anterior por incumplimiento de objetivos.

4. El Consejo Rector de cada agencia estatal aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión, en el plazo de tres meses desde su constitución.

Los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del anterior.

La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por Orden conjunta de los Ministerios de adscripción, de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda, en un plazo máximo de tres meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior.

5. En el seno del Consejo Rector se constituirá una Comisión de Control, con la composición que se determine en los estatutos.

Corresponde a la Comisión de Control informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deba conocer el propio Consejo y que se determinen en los Estatutos.

Datos clave

  • Las agencias estatales se rigen por la ley y por su estatuto, con actuación conforme al plan de acción anual y a un contrato plurianual de gestión.
  • El contrato de gestión establece objetivos, planes, previsiones de plantilla, recursos, efectos del grado de cumplimiento de objetivos, procedimiento de cobertura de déficits y de modificaciones anuales.
  • El Consejo Rector aprueba la propuesta de contrato inicial en el plazo de tres meses desde la constitución; los posteriores se presentan en el último trimestre de la vigencia del anterior.
  • El contrato se aprueba por Orden conjunta en el plazo máximo de tres meses desde su presentación; si no se aprueba en ese plazo, mantiene su vigencia el anterior.
  • En el seno del Consejo Rector se constituye una Comisión de Control con la composición que determinen los estatutos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las agencias estatales actúan con un plan de acción anual y un contrato plurianual de gestión que fija objetivos, plantilla, recursos y responsabilidades; el Consejo Rector propone el inicial en tres meses y una Orden conjunta lo aprueba.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 109. Definición.

1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.

2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».

Datos clave

  • Son autoridades administrativas independientes las entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia, con funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas.
  • Su independencia funcional o especial autonomía debe determinarse en una norma con rango de Ley.
  • Actúan con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
  • En su denominación debe figurar la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define la AAI: entidad de derecho público vinculada a la AGE, con personalidad jurídica propia, que regula o supervisa un sector con independencia funcional fijada por ley.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 110. Régimen jurídico.

1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Datos clave

  • Se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión.
  • Supletoriamente, y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por la Ley 40/2015, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, y por el resto de normas de derecho administrativo.
  • En defecto de norma administrativa se aplica el derecho común.
  • Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el orden de fuentes de una AAI: su ley de creación y estatutos, legislación sectorial y, solo supletoriamente, esta Ley y el resto del derecho administrativo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 111. Definición.

1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:

a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.

b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».

Datos clave

  • Es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal.
  • Hay control estatal cuando la participación directa en el capital social de la Administración General del Estado o de las entidades del sector público institucional estatal es superior al 50 por 100 (se suman las participaciones), o en el supuesto del artículo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores.
  • En su denominación debe figurar la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define la sociedad mercantil estatal por el control público de su capital: participación superior al 50% (sumando todo el sector público estatal) o el supuesto del art. 4 de la Ley del Mercado de Valores.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 112. Principios rectores.

La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • La Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional, como titulares del capital social, persiguen la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de las sociedades mercantiles estatales.
  • Para ello promueven buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad.
  • Todo ello sin perjuicio de la supervisión general del accionista conforme a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Como accionistas de las sociedades mercantiles estatales, la AGE y el sector público institucional persiguen eficiencia, transparencia y buen gobierno, promoviendo buenas prácticas y códigos de conducta.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 113. Régimen jurídico

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Fuentes: la Ley 40/2015, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el ordenamiento jurídico privado.
  • Salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación.
  • En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
  • Excepcionalmente, la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sociedades mercantiles estatales se rigen por el Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación; no ejercen autoridad pública.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 114. Creación y extinción.

1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá, al menos:

a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes.

b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado.

c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.

Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.

El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.

2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Datos clave

  • La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición sobrevenida de ese carácter se autoriza mediante acuerdo del Consejo de Ministros, con propuesta de estatutos y plan de actuación.
  • El plan de actuación contiene, al menos: razones de la creación sin duplicidades, análisis de que la forma jurídica es la más eficiente y objetivos anuales con indicadores.
  • Se acompaña de informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • La falta de aprobación del plan de actuación en plazo, por causa imputable a la sociedad, paraliza las aportaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado.
  • La liquidación recae en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad del sector público institucional estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula la creación de la sociedad mercantil estatal por acuerdo del Consejo de Ministros, con plan de actuación e informe preceptivo de Hacienda, y su liquidación a cargo de un órgano o entidad pública.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado.

1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó.

2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Datos clave

  • La responsabilidad del empleado público como miembro del consejo de administración es asumida directamente por la Administración General del Estado que lo designó.
  • La Administración General del Estado puede exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que hubiera incurrido cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
  • Se aplica a los miembros de los consejos de administración de sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE asume directamente la responsabilidad del empleado público que designó consejero y puede exigirle de oficio la suya si hubo dolo, o culpa o negligencia graves.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 116. Tutela.

1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.

2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad.

3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular de su capital.

4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución.

5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente.

6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.

Datos clave

  • El Consejo de Ministros puede atribuir a un Ministerio la tutela funcional de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima; en su ausencia, corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • El Ministerio de tutela ejerce el control de eficacia e instruye a la sociedad sobre las líneas de actuación estratégica.
  • En casos excepcionales y justificados, el titular del departamento de tutela puede dar instrucciones a las sociedades cuando resulte de interés público.
  • Si las instrucciones implican variación de los Presupuestos de Explotación y Capital, el órgano de administración no puede iniciar su cumplimiento sin autorización del órgano competente.
  • Los administradores que ejecuten diligentemente las instrucciones quedan exonerados de la responsabilidad del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece la tutela funcional de la sociedad mercantil estatal: la ejerce el Ministerio que designe el Consejo de Ministros o, en su defecto, Hacienda, que controla la eficacia y puede dar instrucciones.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal.

1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85.

2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.

3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado.

4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Datos clave

  • Las sociedades mercantiles estatales elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación integrado en el Programa Plurianual.
  • Formulan y rinden cuentas conforme al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad.
  • Su gestión económico financiera está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas.
  • El personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas aplicables según su adscripción al sector público estatal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las sociedades mercantiles estatales hacen presupuesto anual de explotación y capital, llevan la contabilidad mercantil, las controla la IGAE y su personal, incluso directivo, es laboral.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 118. Definición y actividades propias

1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.

3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.

4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

Datos clave

  • Consorcios: entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada (art. 118 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).
  • Creados por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas.
  • Finalidad: actividades de interés común dentro del ámbito de sus competencias.
  • Actividades: fomento, prestacionales, gestión común de servicios públicos y otras previstas en las leyes.
  • Pueden gestionar servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza.
  • La denominación debe incluir «consorcio» o la abreviatura «C».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consorcios son entes de Derecho público con personalidad propia, creados por varias Administraciones o entidades públicas, con o sin privados, para actividades de interés común; denominación «C».

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 119. Régimen jurídico

1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos.

2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

Datos clave

  • Régimen: Ley 40/2015, normativa autonómica de desarrollo y estatutos del consorcio.
  • Separación, disolución, liquidación y extinción no previstas: Código Civil sobre la sociedad civil.
  • Excepción: la liquidación se somete al artículo 97 y, en su defecto, al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
  • Carácter supletorio de las normas sobre consorcios locales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y la Ley 27/2013, de 21 de diciembre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos; en lo no previsto, por el Código Civil de la sociedad civil, salvo la liquidación, que sigue el art. 97.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 120. Régimen de adscripción

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.

f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción.

Datos clave

  • Los estatutos determinan la Administración Pública de adscripción.
  • Ocho criterios ordenados por prioridad, referidos al primer día del ejercicio presupuestario; la adscripción rige por todo el ejercicio.
  • Primer criterio: mayoría de votos en los órganos de gobierno.
  • Criterio financiero: financiar más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida la actividad del consorcio.
  • Último criterio: mayor número de habitantes o extensión territorial según los fines.
  • Con participación de entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro.
  • Cambio de adscripción: modificación de estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los ocho criterios en cascada (mayoría de votos, capacidad de nombrar órganos, financiación, participación patrimonial, población…) para adscribir el consorcio a una única Administración cada ejercicio.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 121. Régimen de personal.

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones participantes, en cuyo caso su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar o cuando, tras un anuncio público de convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo restringida a las administraciones consorciadas, no fuera posible cubrir dicho puesto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones, en los términos previstos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Datos clave

  • El personal de los consorcios puede ser funcionario o laboral y debe proceder de las Administraciones participantes.
  • Su régimen jurídico es el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones no pueden superar las de puestos equivalentes en aquella.
  • Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, u órgano competente de la Administración de adscripción, puede autorizar la contratación de personal por el consorcio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El personal de los consorcios procede de las Administraciones participantes, con el régimen y el techo retributivo de la Administración de adscripción; solo por excepción se autoriza al consorcio a contratar personal propio.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial.

1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

3. El órgano de control interno de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio, deberá realizar la auditoría de cuentas anuales de aquellos consorcios en los que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran, al menos, dos de las tres circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo supere 2.400.000 euros.

b) Que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los consorcios del sector público administrativo, o la suma del importe de la cifra de negocios más otros ingresos de gestión, en el caso de los pertenecientes al sector público empresarial, sea superior a 2.400.000 euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.

Mediante Ley, podrán modificarse los límites anteriores cuando la estructura y composición de los consorcios adscritos a una administración así lo requiera.

Las circunstancias señaladas anteriormente se aplicarán teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Cuando un consorcio, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.

b) En el primer ejercicio económico desde su constitución o su adscripción al sector público correspondiente, los consorcios cumplirán lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias que se señalan.

c) Aun cuando, según las circunstancias señaladas, no exista obligación de someter las cuentas anuales de un consorcio a auditoría de cuentas, los órganos de control interno podrán, en todo caso, incluir su realización en sus planes anuales de control y auditoría.

4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.

5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos.

Datos clave

  • Los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos.
  • Auditoría de cuentas anuales: obligatoria cuando concurran al menos dos de tres circunstancias: activo superior a 2.400.000 euros, ingresos superiores a 2.400.000 euros y número medio de trabajadores superior a 50.
  • Un cambio en el cumplimiento de las circunstancias solo produce efectos si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
  • Los consorcios deben formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración de adscripción, y se rigen por sus normas patrimoniales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consorcios siguen el régimen presupuestario, contable, de control y patrimonial de su Administración de adscripción, y su auditoría de cuentas es obligatoria si cumplen dos de tres umbrales: activo, ingresos y plantilla.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 123. Creación.

1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.

2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:

a) Que su creación se autorice por ley.

b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.

c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Datos clave

  • Los consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.
  • Si participa la Administración General del Estado o sus organismos o entidades, la creación debe autorizarse por ley y el convenio requiere autorización previa del Consejo de Ministros.
  • La competencia para suscribir el convenio no es delegable.
  • Forman parte del convenio los estatutos, un plan de actuación y una proyección presupuestaria trienal, con informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consorcios se crean por convenio; si participa la AGE hace falta ley, autorización previa del Consejo de Ministros, firma indelegable y estatutos, plan y proyección presupuestaria trienal, con publicación en el BOE.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 124. Contenido de los estatutos.

Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:

a) Sede, objeto, fines y funciones.

b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.

c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.

d) Causas de disolución.

Datos clave

  • Los estatutos de cada consorcio determinan la Administración Pública a la que estará adscrito y su régimen orgánico, funcional y financiero.
  • Contenido mínimo: sede, objeto, fines y funciones; participantes y aportaciones; órganos de gobierno y administración con el régimen de adopción de acuerdos; y causas de disolución.
  • Pueden incluirse cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplen sus compromisos de financiación y cláusulas de suspensión temporal del derecho de voto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los estatutos del consorcio fijan su adscripción, su régimen y al menos sede y fines, participantes y aportaciones, órganos y acuerdos, y causas de disolución, con cláusulas frente a incumplimientos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio.

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.

Datos clave

  • Los miembros pueden separarse en cualquier momento si no se ha señalado término para la duración del consorcio.
  • Si tiene duración determinada, pueden separarse antes de su finalización si algún miembro ha incumplido obligaciones estatutarias.
  • Un municipio puede separarse cuando deje de prestar un servicio de los prestados por el consorcio, conforme a la Ley 7/1985.
  • El derecho de separación se ejerce mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Separación del consorcio: libre si no tiene término; si tiene duración, solo por incumplimiento de otro miembro; y el municipio que deja de prestar el servicio. Se ejerce por escrito al máximo órgano.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.

1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

Datos clave

  • El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto de miembros acuerden su continuidad y permanezcan al menos dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
  • Si no hay disolución, se calcula la cuota de separación según la participación en el saldo del patrimonio neto si se hubiera liquidado, conforme a los estatutos.
  • La efectiva separación se produce una vez determinada la cuota si es positiva, o una vez pagada la deuda si es negativa.
  • Si el consorcio estaba adscrito a la Administración que se separa, el consorcio acuerda a quién se adscribe.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La separación disuelve el consorcio salvo que queden al menos dos Administraciones o entidades de más de una Administración; si no se disuelve, se calcula una cuota de separación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 127. Disolución del consorcio.

1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

Datos clave

  • La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción; es causa de disolución haber cumplido los fines para los que fue creado.
  • El máximo órgano de gobierno, al acordar la disolución, nombra un liquidador, que será un órgano o entidad vinculada o dependiente de la Administración de adscripción.
  • El liquidador calcula la cuota de liquidación de cada miembro según los estatutos; a falta de previsión se atiende a las aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año.
  • Las entidades consorciadas pueden acordar la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público, lo que implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La disolución lleva a liquidación y extinción; el liquidador lo designa el máximo órgano entre entes de la Administración de adscripción y calcula cuotas según estatutos o aportaciones; cabe cesión global sin liquidación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 128. Definición y actividades propias

El artículo 128 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las fundaciones del sector público estatal y delimita sus actividades propias.

1. Concepto. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes:

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente.

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal.

2. Actividades propias. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación.

Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades públicas.

En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura «F.S.P.».

3. Financiación. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación, debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Datos clave

  • Basta con reunir alguno de los tres requisitos: aportación mayoritaria (inicial o posterior), patrimonio público permanente o mayoría de votos en el patronato.
  • Patrimonio integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por el sector público estatal.
  • Actividades sin ánimo de lucro para fines de interés general, gratuitas o mediante contraprestación.
  • Solo actividades del ámbito competencial de las entidades fundadoras, sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa.
  • No pueden ejercer potestades públicas.
  • Denominación obligatoria: «fundación del sector público» o «F.S.P.».
  • Cabe aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una fundación es del sector público estatal si cumple cualquiera de tres requisitos: aportación mayoritaria estatal, patrimonio público en más del 50 por ciento o mayoría de votos en el patronato. No ejerce potestades públicas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.

1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:

a) Disponga de mayoría de patronos.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.

d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato.

e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

g) Si la aplicación de los anteriores no resultara determinante, se adscribirá a la Administración General del Estado, y, en el caso de que ésta no participe, se adscribirá a la administración que decida su patronato.

3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción.

5. Las fundaciones estarán sujetas al régimen presupuestario, económico financiero y de control de la Administración Pública a la que estén adscritas.

Datos clave

  • Los estatutos de cada fundación determinan la Administración Pública a la que está adscrita.
  • Criterios de adscripción por orden de prioridad, según la situación el primer día del ejercicio presupuestario: mayoría de patronos, facultad de nombrar o destituir a la mayoría de órganos ejecutivos, del personal directivo o del patronato, financiación de más del cincuenta por ciento y mayor porcentaje del fondo patrimonial.
  • Si ninguno es determinante, se adscribe a la Administración General del Estado y, si no participa, a la que decida su patronato.
  • El cambio de adscripción conlleva modificar los estatutos en un plazo no superior a tres meses desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente.
  • Las fundaciones están sujetas al régimen presupuestario, económico financiero y de control de la Administración de adscripción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A qué Administración se adscribe una fundación del sector público: lo dicen sus estatutos aplicando, por orden de prioridad y con la foto del primer día del ejercicio, una lista de criterios que acaba en la Administración General del Estado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 130. Régimen jurídico.

Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.

Datos clave

  • Las fundaciones del sector público estatal se rigen por la Ley 40/2015, la Ley 50/2002, de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable y el ordenamiento jurídico privado.
  • Se exceptúan las materias en que se aplica la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.
  • Es el artículo 130 de la Ley 40/2015.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las fundaciones del sector público estatal se rigen por esta Ley, la Ley 50/2002 de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable y el Derecho privado, salvo en lo presupuestario, contable, de control y de contratación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 131. Régimen de contratación.

La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

Datos clave

  • La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajusta a la legislación sobre contratación del sector público.
  • Es el artículo 131 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • La norma de referencia es la legislación de contratos del sector público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las fundaciones del sector público estatal contratan conforme a la legislación de contratación del sector público.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal.

1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones.

2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.

3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Datos clave

  • Las fundaciones del sector público estatal elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital, integrado con el Presupuesto General del Estado.
  • Formulan y presentan sus cuentas según la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
  • Aplican el régimen de la Ley 47/2003 y están sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio del Tribunal de Cuentas.
  • Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por la normativa presupuestaria aplicable.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fundaciones del sector público estatal: presupuesto anual de explotación y capital, contabilidad de entidades sin fines lucrativos, régimen de la Ley 47/2003 con control de la IGAE y personal sujeto al Derecho laboral.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal.

1. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.

2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente.

3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que estará determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación.

Datos clave

  • La creación de fundaciones del sector público estatal, o la adquisición sobrevenida de ese carácter, se realiza por ley que establece los fines y, en su caso, los recursos económicos.
  • El anteproyecto de ley va acompañado de propuesta de estatutos, plan de actuación conforme al artículo 92 e informe preceptivo favorable.
  • Los estatutos se aprueban por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una fundación del sector público estatal solo se crea (o adquiere ese carácter) por ley. El anteproyecto va con estatutos, plan de actuación e informe favorable de Hacienda o de la IGAE; los estatutos se aprueban por Real Decreto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 134. Protectorado.

El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Datos clave

  • El Protectorado de las fundaciones del sector público lo ejerce el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida esa competencia.
  • Vela por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones.
  • Es sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua a que están sometidas conforme a la Ley 40/2015.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Protectorado de las fundaciones del sector público lo ejerce el órgano competente de la Administración de adscripción, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 135. Estructura organizativa.

En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Datos clave

  • En las fundaciones del sector público estatal, la mayoría de miembros del patronato son designados por los sujetos del sector público estatal.
  • La responsabilidad del empleado público como miembro del patronato la asume directamente la entidad o la Administración General del Estado que lo designó.
  • La Administración General del Estado puede exigir de oficio la responsabilidad en caso de dolo, o culpa o negligencia graves.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En las fundaciones del sector público estatal la mayoría del patronato la designa el sector público estatal; la AGE asume la responsabilidad del empleado patrono y puede repetir por dolo o culpa grave.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción.

A las fundaciones del sector público estatal le resultará de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97.

Datos clave

  • A las fundaciones del sector público estatal se les aplica el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97.
  • Son los mismos preceptos que regulan la fusión, la disolución y la liquidación de los organismos públicos estatales.
  • Es el artículo 136 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las fundaciones del sector público estatal se fusionan, disuelven, liquidan y extinguen según los artículos 94, 96 y 97.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 137. Creación y extinción.

1. La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado.

2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de rango reglamentario.

3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».

Datos clave

  • La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectúa por Ley, que determina expresamente su adscripción a la Administración General del Estado.
  • Con independencia de su creación por Ley, se extinguen por norma de rango reglamentario.
  • En su denominación debe figurar «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El fondo carente de personalidad jurídica se crea por ley (que fija su adscripción a la AGE) y se extingue por norma reglamentaria; debe llevar «F.C.P.J.» en su denominación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 138. Régimen jurídico.

Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.

Datos clave

  • Los fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por la Ley 40/2015 y por su norma de creación.
  • Se rigen además por el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación.
  • Es el artículo 138 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por la propia Ley de Régimen Jurídico, por su norma de creación y por las demás normas de derecho administrativo general y especial aplicables.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero.

Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Datos clave

  • Los fondos carentes de personalidad jurídica están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
  • Es el artículo 139 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • La norma de referencia en materia presupuestaria y de control es la Ley 47/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los fondos sin personalidad jurídica siguen el régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Ley 47/2003.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 1

Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Datos clave

  • ¿Qué dos objetos tiene la LOPDGDD según su art. 1? → Adaptar el ordenamiento al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
  • ¿En qué artículo constitucional se amparan ambos objetos? → En el art. 18.4 de la Constitución.
  • Un solo artículo constitucional (18.4 CE) sostiene los dos objetivos: protección de datos y derechos digitales.
  • Letra a) = RGPD; letra b) = derechos digitales. No los mezcles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley persigue dos objetivos: adaptar España al RGPD y garantizar los derechos digitales. Ambos se apoyan en el mismo artículo de la Constitución.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 2

Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación: a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 5. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines dentro de la gestión de la Oficina Fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables.

Datos clave

  • ¿A qué tratamientos no automatizados se aplican los Títulos I a IX? → A los de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
  • Cita los tres supuestos en que la LO 3/2018 no es de aplicación. → Los excluidos del RGPD por su art. 2.2; los de datos de personas fallecidas; y los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.
  • ¿Qué tres ámbitos pone el art. 2.3 como ejemplo de actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión? → Los tratamientos al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los de instituciones penitenciarias y los derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y los Mercantiles.
  • Las tres exclusiones del apartado 2 van en este orden: a) lo que el RGPD ya excluye, b) fallecidos, c) materias clasificadas. Europa, muertos y secretos.
  • Los tres ejemplos del apartado 3 también son tres: electoral, penitenciario y registral (Civil, Propiedad y Mercantiles).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Marca hasta dónde llega la ley: Títulos I a IX y artículos 89 a 94 se aplican a todo tratamiento automatizado y al no automatizado que esté en un fichero. Deja fuera tres bloques y remite a legislación específica en materia electoral, penitenciaria y registral. Juzgados y Fiscalía sí quedan dentro, con las salvedades de sus leyes propias.

Los tratamientos de los órganos judiciales en los procesos de su competencia y los de la Oficina Judicial (ap. 4), y los del Ministerio Fiscal y la Oficina Fiscal (ap. 5), se rigen por el RGPD y esta ley orgánica, sin perjuicio de la LO 6/1985 del Poder Judicial y, en la Fiscalía, de la Ley 50/1981 y de las normas procesales aplicables.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 3

Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Datos clave

  • En caso de fallecimiento de un menor, esas facultades también pueden ejercerlas sus representantes legales o el Ministerio Fiscal (art. 3.3).
  • ¿Qué datos del fallecido pueden pedir siempre los herederos, aunque él lo prohibiera? → Los datos de carácter patrimonial (art. 3.1).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 3 dice quién puede pedir el acceso, la rectificación o la supresión de los datos de una persona fallecida: sus allegados y herederos, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo impida una ley.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 4

Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Datos clave

  • ¿Quién asume la responsabilidad si un intermediario transmite datos incorrectos al responsable? → El propio mediador o intermediario.
  • ¿Qué requisito debe cumplir siempre el responsable para no responder de la inexactitud? → Haber adoptado todas las medidas razonables para suprimir o rectificar los datos sin dilación.
  • Cuatro fuentes exculpatorias: afectado, intermediario, portabilidad, registro público — mnemotecnia 'AIPR'.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los datos deben ser exactos y actualizados, pero el responsable queda exento si el error viene de una de cuatro fuentes tasadas y él actuó con diligencia.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 5

Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Datos clave

  • ¿Hasta cuándo dura el deber de confidencialidad del art. 5? → Se mantiene aunque haya finalizado la relación con el responsable o encargado del tratamiento.
  • ¿A quién obliga el deber de confidencialidad? → A responsables, encargados y a toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento.
  • La confidencialidad no caduca con el contrato: sigue después de dejar el puesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo el que interviene en un tratamiento debe guardar confidencialidad, además del secreto profesional que ya tuviera, y esa obligación no termina al acabar la relación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 6

Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Datos clave

  • ¿Cómo define el art. 6.1 el consentimiento del afectado? → Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta, mediante declaración o clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
  • ¿A qué no puede supeditarse la ejecución del contrato? → A que el afectado consienta el tratamiento de datos para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
  • Cuatro adjetivos y van en bloque: libre, específica, informada e inequívoca. Si falla uno, no hay consentimiento.
  • Tres palabras en el apartado 3 marcan el límite: mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el consentimiento con los cuatro adjetivos del RGPD y le añade dos reglas prácticas: si hay varias finalidades, debe constar de forma específica e inequívoca que se otorga para todas; y no se puede condicionar la ejecución del contrato a consentir tratamientos ajenos a esa relación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 7

Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

Datos clave

  • Según el artículo 7.2 de la LO 3/2018, ¿quién debe consentir para basar en consentimiento el tratamiento de datos de una persona de trece años? → El titular de la patria potestad o tutela.
  • ¿Qué excepción establece el artículo 7.1 al consentimiento del menor mayor de catorce años? → Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para menores de catorce años, el tratamiento fundado en consentimiento requiere el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determine.

Mapa mental

Ley Orgánica 3/2018, art. 7
  • El titular de la patria potestad o tutela.
  • Que la ley exija asistencia para el acto en cuyo contexto se recaba.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 8

Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Datos clave

  • ¿Qué exige el art. 8.2 para fundar un tratamiento en interés público o poderes públicos? → Que derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.
  • ¿Qué puede imponer la norma que ampara un tratamiento por obligación legal? → Condiciones generales del tratamiento, tipos de datos, cesiones y medidas adicionales de seguridad del capítulo IV RGPD.
  • El apartado 1 del art. 8 admite una norma de Derecho de la Unión Europea o con rango de ley; el apartado 2 exige siempre una norma con rango de ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tanto tratar por obligación legal como por interés público exigen una norma con rango de ley, pero solo la primera puede fijar condiciones y medidas de seguridad especiales.

Esquema

Dos bases del art. 8: obligación legal vs. interés público
Obligación legal (6.1.c)Interés público / poderes públicos (6.1.e)
Norma exigidaDerecho UE o rango de leyNorma con rango de ley
Qué debe hacer la normaPuede fijar condiciones, tipos de datos y cesionesDebe atribuir la competencia al responsable
Medidas adicionales de seguridadSí, puede imponerlas (cap. IV RGPD)No se menciona expresamente

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 9

Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.

Datos clave

  • ¿Basta el consentimiento para tratar datos con la finalidad principal de identificar la ideología del afectado? → No; se necesita apoyarse en otro de los supuestos del art. 9.2 RGPD.
  • ¿Qué necesitan los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD? → Estar amparados en una norma con rango de ley.
  • Consentimiento + finalidad de identificar ideología/sindicato/religión/orientación sexual/creencias/etnia = NO es suficiente por sí solo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El consentimiento solo no basta para tratar datos que identifiquen ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen étnico; los de salud y similares necesitan norma con rango de ley.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 10

Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Datos clave

  • ¿Quiénes pueden tratar datos penales sin necesitar una norma que lo ampare expresamente? → Abogados y procuradores, con los datos que les facilitan sus clientes para ejercer sus funciones.
  • ¿Dónde se regula el registro completo de datos de condenas e infracciones penales? → En la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
  • La única excepción sin norma expresa: abogados y procuradores, y solo con los datos de sus clientes para su función.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tratar datos penales fuera de fines de persecución del delito exige norma con rango legal; la única excepción sin ella son abogados y procuradores, con los datos de sus propios clientes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 11

Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. b) La finalidad del tratamiento. c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

Datos clave

  • ¿Qué dos datos se añaden a la información básica cuando los datos no proceden del afectado? → Las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieron.
  • ¿Qué debe saber el afectado si sus datos se usan para elaborar perfiles? → Esa circunstancia y su derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas del art. 22 RGPD.
  • Misma información básica en los dos casos; cuando el dato no viene del afectado se suman categorías + fuente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La información básica al afectado es la misma se obtengan o no los datos de él; cuando no vienen de él se añaden categorías de datos y su fuente.

Esquema

Información según el origen de los datos
Datos obtenidos del afectado (art. 13 RGPD)Datos NO obtenidos del afectado (art. 14 RGPD)
Información básicaIdentidad del responsable, finalidad, derechos (arts. 15-22 RGPD)Misma información básica
Se añade además-Categorías de datos y fuente de procedencia

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 12

Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • ¿Sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de derechos? → Sobre el responsable del tratamiento (art. 12.4).
  • ¿Hasta qué edad ejercen los titulares de la patria potestad los derechos en nombre del menor? → Hasta los catorce años: en nombre de los menores de catorce años.
  • ¿Puede el encargado tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos? → Sí, por cuenta del responsable, si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
  • La edad que se pregunta aquí es catorce, no dieciocho: menores de catorce años actúan por medio de quien tenga la patria potestad.
  • Gratuidad con excepciones tasadas: arts. 12.5 y 15.3 del RGPD y apartados 3 y 4 del art. 13 de esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reglas comunes para ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del RGPD: quién los ejerce, qué tiene que poner el responsable, quién prueba que contestó y la gratuidad. Incluye el dato estrella: los titulares de la patria potestad actúan por los menores de catorce años.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 13

Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

Datos clave

  • ¿En qué plazo se puede calificar de repetitivo el ejercicio del derecho de acceso? → Si se ejerce más de una vez en 6 meses, salvo causa legítima.
  • ¿Quién asume el exceso de coste si el afectado elige un medio distinto y desproporcionado? → El propio afectado.
  • El plazo clave es 6 meses: repetir el acceso antes, sin causa legítima, permite calificarlo de repetitivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho de acceso se satisface también con un sistema de acceso remoto permanente, y se puede calificar de repetitivo o excesivo en ciertos casos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 14

Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Datos clave

  • ¿Qué dos cosas debe indicar el afectado al pedir la rectificación? → A qué datos se refiere y la corrección que debe realizarse.
  • Dos requisitos de la solicitud: qué dato + qué corrección; si hace falta, prueba documental.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pedir la rectificación exige decir exactamente qué dato corregir y cuál es la corrección, aportando prueba documental si hace falta.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 15

Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Datos clave

  • ¿Qué puede conservar el responsable tras una supresión por oposición a la mercadotecnia directa? → Los datos identificativos necesarios para impedir tratamientos futuros con esa finalidad.
  • Paradoja útil: para no volver a contactarte, el responsable puede seguir guardando tus datos identificativos, solo para bloquearte.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La supresión se rige por el art. 17 RGPD; si viene de oponerse a la mercadotecnia directa, el responsable puede guardar los datos identificativos solo para no volver a contactar.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 16

Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Datos clave

  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 16 LOPDGDD para regular el derecho a la limitación del tratamiento? → Al artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • Según el art. 16.2 LOPDGDD, ¿dónde debe constar que un tratamiento está limitado? → Claramente en los sistemas de información del responsable del tratamiento.
  • Solo tiene 2 apartados: (1) remisión al art. 18 RGPD y (2) obligación de que conste en los sistemas del responsable.
  • Como pista de examen: si preguntan por el contenido del derecho de limitación, la respuesta está en el RGPD; si preguntan por la obligación de constancia, está en este artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este artículo no regula cómo se limita el tratamiento: eso está en el RGPD. Solo remite a él y añade una obligación interna: que la limitación quede anotada en los sistemas del responsable.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 17. Derecho a la portabilidad.

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018 regula el derecho a la portabilidad.
  • La Ley Orgánica no desarrolla un régimen propio: se remite al Reglamento europeo.
  • El derecho a la portabilidad se ejerce de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La portabilidad de los datos se ejerce conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679; la ley orgánica solo remite.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

LO 3/2018 Protección de Datos · Art. 18

Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Datos clave

  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para el derecho de oposición? → Al artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • ¿A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD para las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles? → Al artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
  • El artículo respeta el orden: primero cita el derecho de oposición junto al art. 21, luego las decisiones automatizadas junto al art. 22 (van correlativos: 21 y 22).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo reenvía en bloque al RGPD dos derechos distintos: la oposición va al artículo 21 y las decisiones automatizadas, incluidos los perfiles, al artículo 22.

Esquema

A qué artículo del RGPD remite el art. 18 LOPDGDD
Derecho de oposiciónDecisiones automatizadas y perfiles
Artículo del RGPD2122

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 92. Protección de datos de los menores en Internet.

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.

Datos clave

  • Obligados: centros educativos y personas físicas o jurídicas con actividades en las que participen menores.
  • Deben garantizar el interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente la protección de datos.
  • En redes sociales o servicios equivalentes se requiere el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
  • El consentimiento se ajusta a lo prescrito en el artículo 7 de la ley orgánica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Centros educativos y quienes desarrollen actividades con menores deben proteger su interés superior al difundir sus datos en servicios de la sociedad de la información; en redes sociales, con consentimiento del menor o sus representantes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 93. Derecho al olvido en búsquedas de Internet.

1. Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.

Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo.

2. El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Datos clave

  • Afecta a los resultados de búsquedas efectuadas a partir del nombre de la persona.
  • Enlaces inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos, o devenidos tales por el transcurso del tiempo.
  • Se ponderan los fines, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.
  • Subsiste aunque sea lícita la conservación de la información en el sitio web de origen.
  • No impide el acceso a la información mediante otros criterios de búsqueda distintos del nombre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda persona puede pedir a los buscadores que eliminen de los resultados por su nombre los enlaces con información inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva, aunque la web original la mantenga lícitamente.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 94. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

1. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes.

2. Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

3. En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el apartado 2.

Datos clave

  • Datos facilitados por el propio interesado: supresión a su simple solicitud.
  • Datos facilitados por terceros: supresión si son inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos.
  • Excepción: datos facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
  • Datos facilitados durante la minoría de edad: supresión sin dilación a simple solicitud.
  • En ese caso no es necesario que concurran las circunstancias del apartado 2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Derecho al olvido en redes sociales con tres supuestos: datos que facilitaste tú (basta pedirlo), datos que facilitaron terceros (solo si son inadecuados, inexactos, etc.) y datos de cuando eras menor (supresión sin dilación).

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 95. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes.

Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.

Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.

Datos clave

  • Los usuarios pueden recibir y transmitir los contenidos facilitados a los prestadores.
  • Pueden pedir la transmisión directa a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.
  • Los prestadores pueden conservar copia, sin difundirla en Internet, si es necesario para cumplir una obligación legal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los usuarios de redes sociales pueden recibir y transmitir sus contenidos y pedir que se pasen a otro prestador si es técnicamente posible; el prestador solo puede conservar copia, sin difundirla, por obligación legal.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. 2. El ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Datos clave

  • Objeto: desarrollar la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.
  • Ámbito subjetivo: el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 y en el artículo 2 de la Ley 40/2015.
  • Norma: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este reglamento desarrolla las leyes 39/2015 y 40/2015 en lo relativo a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. No crea un ámbito propio: usa el que ya fijan esas dos leyes.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 2. Principios generales

Principios generales. El sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas: a) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general. b) El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.

d) El principio de interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos. e) El principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos. f) El principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos.

Datos clave

  • El sector público respeta seis grupos de principios en sus actuaciones y relaciones electrónicas.
  • Neutralidad tecnológica y adaptabilidad: estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado.
  • Accesibilidad: igualdad y no discriminación en el acceso, en particular de personas con discapacidad y personas mayores.
  • Facilidad de uso: diseño centrado en las personas usuarias para minimizar el conocimiento necesario.
  • Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de compartir datos e intercambiar información.
  • Proporcionalidad: solo se exigen las garantías y medidas de seguridad adecuadas a cada trámite.
  • Personalización y proactividad: servicios precumplimentados y anticipación a las necesidades del usuario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Rigen neutralidad tecnológica y adaptabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad, proporcionalidad y personalización y proactividad. Se emplean estándares abiertos y herramientas no discriminatorias, disponibles y compatibles.

Esquema

Principios
PrincipioFinalidad
AccesibilidadIgualdadEspecial atención a discapacidad y mayores
InteroperabilidadCompartir datosIntercambiar información
ProporcionalidadSeguridad adecuadaSegún trámite y circunstancias

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 3. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 1. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 2. Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. 3. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente podrá establecerse reglamentariamente por las Administraciones Públicas para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. A tal efecto, en el ámbito estatal la mencionada obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con sus órganos, organismos y entidades de derecho público podrá ser establecida por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la persona titular del Departamento competente respecto de los procedimientos de que se trate que afecten al ámbito competencial de uno o varios Ministerios cuya regulación no requiera de norma con rango de real decreto. Asimismo, se publicará en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y en la sede electrónica o sede asociada que corresponda.

Datos clave

  • Están obligados, al menos, los sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015.
  • Las personas físicas no obligadas pueden optar al inicio del procedimiento o en una fase posterior, comunicándolo al órgano competente.
  • Los efectos de la comunicación se producen a partir del quinto día hábil siguiente a su constancia.
  • La obligatoriedad puede extenderse reglamentariamente a colectivos con acceso a medios electrónicos (artículo 14.3 de la Ley 39/2015).
  • En el ámbito estatal se establece por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden ministerial.
  • Se publica en el Punto de Acceso General electrónico (PAGe) y en la sede electrónica correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Unos sujetos están obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 LPAC); las personas físicas pueden elegir, pero su decisión tarda 5 días hábiles en surtir efecto desde que la Administración se entera.

Esquema

Relacionarse electrónicamente: obligados vs. voluntario
Sujetos del art. 14.2 LPACPersonas físicas no obligadas
RégimenObligatorio para cualquier trámiteVoluntario: pueden elegir
Cuándo se decideDesde el inicio, por leyAl inicio o en fase posterior
Efecto de la comunicaciónNo aplica, ya están obligadosDesde el 5.º día hábil tras la constancia

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 4. Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos

Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos. Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales: a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. b) Portales de internet y sedes electrónicas. c) Redes sociales. d) Telefónico. e) Correo electrónico. f) Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas prestan asistencia para facilitar el acceso a los servicios electrónicos de su ámbito competencial.
  • Canal presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
  • Portales de internet y sedes electrónicas.
  • Redes sociales, canal telefónico y correo electrónico.
  • Cualquier otro canal que pueda establecerse conforme al artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones deben ofrecer asistencia a través de seis canales para que los ciudadanos accedan a los servicios electrónicos, y la lista queda abierta a cualquier otro que se sume.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 5. Portales de internet de las Administraciones Públicas.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.

2. Cada Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de atención a las personas interesadas y de difusión y prestación de servicios que deban tener sus portales, así como criterios obligatorios de imagen institucional. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta los contenidos, formatos y funcionalidades que en la normativa de reutilización, accesibilidad y transparencia se establezcan como obligatorios para los sitios web.

3. Los portales de internet dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Datos clave

  • Portal de internet: punto de acceso electrónico de titularidad de una Administración que permite acceder por internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica.
  • Cada Administración puede fijar contenidos y canales mínimos e imagen institucional; los portales aplican medidas de seguridad del ENS.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué es un portal de internet público, quién fija sus contenidos mínimos e imagen institucional y qué normativa de seguridad deben cumplir sus sistemas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 6. Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal.

1. En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales se llevará a cabo por orden de la persona titular del ministerio correspondiente o por resolución de la persona titular del órgano superior, en el caso de la Administración General del Estado, y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección en el caso de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

La creación requerirá informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital respectiva y posterior comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para obtener dicho informe favorable, la propuesta de creación del nuevo portal se deberá justificar en términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional y a tal efecto el órgano promotor de la creación del nuevo portal remitirá una memoria justificativa y económica.

La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

2. El acto o resolución de creación de un nuevo portal previsto en el apartado anterior contendrá, al menos, la identificación de su dirección electrónica, que deberá incluir el nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es», su ámbito funcional y, en su caso, orgánico y la finalidad para la que se crea. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado.

3. En el ámbito estatal los portales de internet a los que se refiere este artículo deberán estar referenciados en el PAGe de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • En el ámbito estatal, los portales se crean o suprimen por orden ministerial o resolución, con informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital.
  • La dirección electrónica incluye el dominio de segundo nivel «.gob.es» y deben estar referenciados en el PAGe de la AGE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se crean y suprimen portales estatales: por orden o resolución, con informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital, dominio «.gob.es» y referencia en el PAGe.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 7. Punto de Acceso General electrónico.

1. Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe).

2. El PAGe de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

3. El PAGe dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente.

Además, esta sede podrá incluir un área personalizada a través de la cual cada interesado, mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos personales, podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente.

4. El PAGe de la Administración General del Estado y su sede electrónica serán gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En dicha sede electrónica está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única a la que se refiere el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El PAGe de la Administración General del Estado, a través de su sede, permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector público estatal a través del Código Seguro de Verificación o de cualquier otro sistema de firma o sello basado en certificado electrónico cualificado que se haya utilizado en su generación. También permitirá, en su caso, su recuperación.

5. El PAGe de la Administración General del Estado podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.

Datos clave

  • Cada Administración cuenta con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que facilita el acceso a sus servicios, trámites e información.
  • El PAGe dispone de una sede electrónica desde la que se accede a todas las sedes y sedes asociadas, y puede incluir un área personalizada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda Administración tiene un Punto de Acceso General electrónico con sede propia y posible área personalizada; el de la AGE aloja la DEHú, verifica documentos y puede interoperar con portales de la UE.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 8. Carpeta Ciudadana del sector público estatal.

1. La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas a que se refiere el artículo 7.3 en su relación con el sector público estatal. Además del interesado podrán acceder a la Carpeta Ciudadana:

a) Sus representantes legales.

b) Quien ostente un poder general previsto en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, otorgado por el interesado e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

2. La Carpeta Ciudadana será accesible a través de la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras, las funcionalidades siguientes para el interesado o sus representantes:

a) Permitir el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos en que sea interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre.

b) Permitir el acceso a sus comunicaciones y notificaciones.

c) Conocer qué datos suyos obran en poder del sector público estatal, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la normativa vigente.

d) Facilitar la obtención de certificaciones administrativas exigidas por la normativa correspondiente.

3. El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. El interesado deberá asegurar el buen uso de los sistemas de identificación y velar por que el acceso a su carpeta Ciudadana solo se haga por sí mismo o por tercero autorizado.

Datos clave

  • La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de los interesados en su relación con el sector público estatal, accesible desde la sede del PAGe de la AGE.
  • Permite seguir la tramitación, acceder a comunicaciones y notificaciones, conocer los datos que obran en el sector público y obtener certificaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Carpeta Ciudadana es el área personalizada del interesado ante el sector público estatal: quién accede, qué funcionalidades puede ofrecer y cómo se identifica el usuario.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 9. Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

2. La titularidad de la sede electrónica corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias.

Datos clave

  • Sede electrónica: dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones (art. 9.1, en relación con el art. 38 de la Ley 40/2015).
  • En ella se realizan las actuaciones y trámites que requieran la identificación de la Administración y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas (art. 9.1).
  • Titularidad: una Administración Pública, o uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de sus competencias (art. 9.2).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La sede electrónica es la dirección electrónica donde se hacen los trámites que exigen identificar a la Administración y, en su caso, identificar o firmar al interesado; su titular es una Administración u organismo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 10. Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.

1. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede electrónica atendiendo a razones técnicas y organizativas. La sede electrónica asociada tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.

2. El acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica o sede electrónica asociada será publicado en el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede o sede asociada y también en el directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. En el caso de las entidades locales, el boletín oficial será el de la provincia al que pertenezca la entidad.

El acto o resolución de creación determinará, al menos:

a) El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

b) La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de aquella. Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.

c) La identificación de su titular.

d) La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.

3. En el ámbito estatal, tanto la creación o supresión de una sede electrónica asociada a la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado como la creación o supresión de sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se hará mediante orden de la persona titular del Departamento competente o por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo o entidad de derecho público competente, con el informe previo favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

4. Para obtener los informes previos favorables a que se refiere el apartado anterior, la propuesta de creación de la nueva sede electrónica o, en su caso, sede electrónica asociada se tendrá que justificar, en términos de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. A tal efecto, el órgano promotor de la creación de la sede electrónica remitirá una memoria justificativa y económica en que se explicite el volumen de trámites que está previsto gestionar a través de la misma, los efectos presupuestarios y económicos de su establecimiento, su incidencia en la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos y de cargas administrativas para las personas interesadas y cualquier otra razón de interés general que justifique su creación.

Datos clave

  • Pueden crearse sedes electrónicas asociadas por razones técnicas y organizativas, con consideración de sede a todos los efectos.
  • La creación o supresión se publica en el boletín oficial correspondiente y en el directorio del PAGe, y determina ámbito, dirección electrónica, titular y órganos gestores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sedes asociadas por razones técnicas y organizativas, publicación de su creación o supresión, contenido mínimo del acto y, en el Estado, orden o resolución con informes favorables y memoria.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas.

1. Toda sede electrónica o sede electrónica asociada dispondrá del siguiente contenido mínimo a disposición de las personas interesadas:

a) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.

b) La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.

d) La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la misma.

e) La normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede electrónica.

f) La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos aplicable a la Administración en que se integre el órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente que sea titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

g) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.

h) Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles

i) Relación actualizada de las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas a los servicios, procedimientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada una se acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.

2. Las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, de los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas:

a) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente.

b) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.

c) Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

d) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.

e) Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público que abarque la sede electrónica o sede electrónica asociada.

f) Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y para los cuales se haya generado un código seguro de verificación.

g) Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

h) El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que establezca, en su caso, cada Administración u organismo público o entidad de derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.

i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, centros o unidades administrativas.

Datos clave

  • Contenido mínimo: identificación de la sede y su titular, acto de creación, sistemas de identificación y firma admitidos, normativa del registro, fecha y hora oficial y calendario de días inhábiles, entre otros.
  • Servicios mínimos: acceso a servicios y trámites con sus plazos máximos, enlace para sugerencias y quejas, verificación de certificados y sellos, comprobación de documentos con código seguro de verificación y directorio de oficinas de registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo y servicios mínimos que toda sede electrónica o sede asociada pone a disposición de los interesados, más el listado de códigos de identificación de órganos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 12. Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada.

1. El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada, será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma.

2. En caso de que la sede electrónica o sede electrónica asociada contenga un enlace o vínculo a otra sede o sede asociada, será el titular de esta última el responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información o procedimientos que figuren en la misma, sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la primera respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.

3. En caso de que una sede electrónica o sede electrónica asociada contenga procedimientos, servicios o ambos, cuya competencia corresponda a otro órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, sea de la misma o de diferente Administración, el titular de la competencia será responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dichos procedimientos, servicios o ambos sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.

Datos clave

  • El titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios de su competencia.
  • Si la sede enlaza a otra, responde el titular de esta última; si contiene procedimientos de otro órgano, responde el titular de la competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de lo suyo; si enlaza a otra sede o aloja procedimientos ajenos, responde el titular de esa sede o de la competencia.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 13. Actuación administrativa automatizada

El artículo 13 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la actuación administrativa automatizada. 1. La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 2. En el ámbito estatal la determinación de una actuación administrativa como automatizada se autorizará por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad de derecho público, según corresponda, y se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada. La resolución expresará los recursos que procedan contra la actuación, el órgano administrativo o judicial, en su caso, ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno y establecerá medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de las personas interesadas. 3. En el ámbito de las Entidades Locales, en caso de actuación administrativa automatizada se estará a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Datos clave

  • Base legal: artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
  • En el ámbito estatal, la actuación automatizada se autoriza por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad de derecho público.
  • La resolución se publica en la sede electrónica o sede electrónica asociada.
  • La resolución expresa los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos, y establece medidas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de los interesados.
  • En las Entidades Locales se estará a la disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La actuación administrativa automatizada en el Estado se autoriza por resolución publicada en la sede, que indica recursos y garantías; las entidades locales siguen su propia norma.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 14. Régimen de subsanación.

Régimen de subsanación. 1. Si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en el ámbito de actuación requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo al interesado, o en su caso su representante, que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Este régimen de subsanación será asimismo aplicable a las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2, hayan ejercitado su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate. Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 68.4 de dicha ley. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de este Reglamento, en el caso de que las Administraciones Públicas hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por el interesado, si este incumple dicho requisito se le requerirá para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en los artículos 68.1, cuando se trate de una solicitud de iniciación, y 73.2, cuando se trate de otro acto, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, respectivamente.

3. En el caso de que el escrito o solicitud presentada adolezca de cualquier otro defecto subsanable, por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 66, 67 y 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o por la falta de otros requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá su subsanación en el plazo de diez días, en los términos de los artículos 68.1 y 73.1 de la citada ley. Este plazo podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos, en su caso, presente dificultades especiales, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

Datos clave

  • Si el obligado no usa medios electrónicos se le requiere subsanación en el plazo de diez días.
  • Si no atiende el requerimiento se le tiene por desistido o decaído en su derecho al trámite, previa resolución del artículo 21 de la Ley 39/2015.
  • En solicitudes de iniciación, la fecha de subsanación se considera fecha de presentación (artículo 68.4).
  • El incumplimiento de formatos y estándares también se subsana en diez días.
  • Para otros defectos, el plazo de diez días puede ampliarse hasta cinco días, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si quien debe usar medios electrónicos no lo hace, o incumple formatos fijados, se le requiere por diez días; puede resultar desistimiento de la solicitud o decaimiento del trámite, previa resolución. La regla también alcanza a la persona no obligada que eligió el canal electrónico. Otros defectos subsanables tienen diez días, ampliables hasta cinco por especial dificultad, salvo selección o concurrencia.

Esquema

Subsanación
NoDetectar defectoRequerir diez días¿Se subsana?Resolución si incumple

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 15. Sistemas de identificación, firma y verificación.

Sistemas de identificación, firma y verificación. 1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la normativa vigente sobre firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de las personas interesadas y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 2. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para garantizar el origen e integridad de los documentos electrónicos: a) Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas. b) Sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. c) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. d) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. e) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes. 3. Las personas interesadas podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación y firma en sus relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas: a) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas descritos en las letras a), b) y c) de dicho artículo. En este último supuesto los sistemas deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. b) Asimismo, se considerarán válidos a efectos de firma electrónica ante las Administraciones Públicas los sistemas previstos en las letras a), b) y c) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. c) De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 4. La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que concurran los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la exigencia de responsabilidad patrimonial.

Datos clave

  • Las Administraciones admiten sistemas de firma electrónica conformes a la normativa sobre firma electrónica.
  • Sistemas de la Administración: identificación de sedes, sello electrónico cualificado, actuación automatizada, firma del personal e intercambio en entornos cerrados.
  • Los interesados se identifican con los sistemas del artículo 9.2 de la Ley 39/2015 y firman con los del artículo 10.2.
  • Los sistemas de la letra c) requieren autorización de la Secretaría General de Administración Digital, denegable solo por seguridad pública.
  • La Administración no responde del uso por terceros de los medios del interesado, salvo los requisitos del artículo 32 de la Ley 40/2015.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones admiten firmas conformes con la normativa y adecuadas para identificar y proteger autenticidad e integridad. Pueden usar sede, sello cualificado, firma automatizada, firma del personal e intercambio en entorno cerrado; las personas interesadas usan los sistemas de las Leyes 39/2015.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 16. Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación.

Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas de identificación. 1. La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público. El sistema deberá permitir que tal verificación se pueda llevar a cabo de forma libre y gratuita, para el sector público. La Secretaría General de Administración Digital será el órgano responsable de esta plataforma, que estará disponible para todo el sector público previa formalización del correspondiente instrumento de adhesión. 2. Esta plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir tanto la plataforma como las personas usuarias de la misma en relación con los servicios de verificación. Esta declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito. 3. Los prestadores cualificados de servicios de confianza deberán facilitar a esta plataforma el acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados electrónicos emitidos por aquellos en virtud de su cualificación de acuerdo con la legislación aplicable en materia de servicios electrónicos de confianza.

Datos clave

  • La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para verificar la vigencia y el contenido de los certificados cualificados admitidos en el sector público.
  • La verificación se podrá llevar a cabo de forma libre y gratuita para el sector público.
  • Órgano responsable de la plataforma: la Secretaría General de Administración Digital.
  • La plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación, disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito.
  • Los prestadores cualificados de servicios de confianza deben facilitar acceso electrónico y gratuito para verificar la vigencia de los certificados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE tiene una plataforma para verificar certificados electrónicos, gratuita para el sector público, y son los propios prestadores cualificados quienes deben darle acceso electrónico y gratuito para comprobar sus certificados.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 17. Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.

Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal. 1. La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal, está constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica. 2. Sin perjuicio de las obligaciones de los prestadores de servicios de confianza previstas en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y resto de normativa vigente, la política de firma electrónica y certificados deberá contener en todo caso: a) La definición de su ámbito de aplicación. b) Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. c) Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios de confianza asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes recogidas en este Reglamento. 3. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito estatal será aprobada por Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. Sección 2.ª Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia

Datos clave

  • La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal está constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica.
  • Contenido mínimo: ámbito de aplicación, requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante la Administración General del Estado y especificaciones técnicas y operativas de los servicios de confianza.
  • Se aprueba por Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
  • Se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La política de firma electrónica y certificados del ámbito estatal fija las reglas técnicas de las firmas presentadas ante la AGE, y se aprueba y publica de forma reglada, sin sustituir a la Ley 6/2020.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 18. Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas.

Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas asociadas. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. Dichos certificados electrónicos se ajustarán a lo señalado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la normativa vigente en materia de identidad y firma electrónica. 2. En el ámbito estatal las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas se identificarán mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web. Con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos y ciudadanas dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Las direcciones electrónicas que tengan la condición de sede electrónica o sede electrónica asociada deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se

establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado y su dirección electrónica incluirá el nombre de dominio «.gob.es».

Datos clave

  • Las sedes electrónicas y sedes asociadas se identifican con certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
  • Los certificados se ajustarán al Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • En el ámbito estatal se identifican mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.
  • La dirección electrónica incluirá el nombre de dominio «.gob.es».
  • La dirección que tenga condición de sede o sede asociada deberá hacerlo constar de forma visible e inequívoca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda sede electrónica necesita un certificado cualificado de autenticación de sitio web (o medio equivalente); en el ámbito estatal, además, es obligatorio el dominio «.gob.es».

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 19. Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. 2. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, publicándose en la sede electrónica o sede asociada o en el portal de internet correspondiente. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. 3. En el ámbito estatal, la creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, que se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. En dicha resolución deberá constar: a) El órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente titular del sello, que será el responsable de su utilización, con indicación de su Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia. b) Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable. c) Servicio de validación para la verificación del certificado. d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado. 4. Los certificados de sello electrónico en el ámbito estatal tendrán, al menos, los siguientes contenidos: a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello electrónico». b) Nombre del suscriptor. c) Número de identificación fiscal del suscriptor.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado.
  • Los certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente.
  • La relación de sellos electrónicos de cada Administración debe ser pública y accesible por medios electrónicos.
  • En el ámbito estatal, el sello se crea mediante resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la Presidencia o Dirección del organismo, publicada en la sede electrónica.
  • La resolución debe indicar el titular del sello, las características técnicas, el servicio de validación y las actuaciones en que podrá ser utilizado.
  • El certificado de sello estatal contendrá al menos la denominación «sello electrónico», el nombre del suscriptor y su número de identificación fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones pueden identificarse con un sello electrónico basado en certificado cualificado; en el ámbito estatal se crea por resolución con un contenido tasado, y solo el sello de órgano incluye la identidad de su titular.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 20. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la tramitación administrativa automatizada de los procedimientos, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, a que se refiere el artículo 19 de este Reglamento, basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. 2. Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando estas tramiten procedimientos de forma automatizada en el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada: sello electrónico y código seguro de verificación.
  • El sello electrónico se basa en certificado electrónico cualificado (artículo 19).
  • El código seguro de verificación permite en todo caso comprobar la integridad del documento mediante acceso a la sede electrónica.
  • Cada Administración determina los medios de firma admitidos en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes que tramiten procedimientos automatizados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la tramitación automatizada, la Administración firma con sello electrónico o con un código seguro de verificación (CSV): en este último caso, la integridad del documento se comprueba accediendo a la sede.

Esquema

Sistemas de firma en la tramitación automatizada
Sello electrónicoCódigo seguro de verificación (CSV)
BaseCertificado cualificado (art. 19)Código vinculado a la Administración u órgano
Cómo se compruebaValidando el certificadoAccediendo a la sede electrónica

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 21. Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada.

Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará al órgano, organismo público o entidad de derecho público y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente mediante un procedimiento de verificación directo y gratuito para las personas interesadas. 2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso: a) El origen e integridad de los documentos mediante el acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente. b) El carácter único del código generado para cada documento. c) Su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante. El código seguro de verificación y la dirección electrónica de acceso a la sede electrónica o sede electrónica asociada deberán integrarse preferentemente en todas las páginas del documento firmado con dicho código. Cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente. d) La posibilidad de verificar el documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada, como mínimo, por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la utilización de este procedimiento. Una vez que el documento deje de estar disponible en la sede electrónica o sede electrónica asociada, su disponibilidad por otros cauces se regirá por lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada por cada Administración Pública a través de su política de gestión documental. e) Un acceso restringido al documento a quien disponga del código seguro de verificación, sin perjuicio de las garantías adicionales que se puedan establecer. 3. En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se garantizará mediante la superposición al código seguro de verificación de un sello electrónico de los previstos en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como mecanismo de verificación automática del origen e integridad de los documentos electrónicos en los términos que establezca la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. 4. En el ámbito estatal, la utilización de este sistema requerirá resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital. La orden o resolución de creación deberá incluir: a) Actuaciones a las que es de aplicación el sistema. b) Órganos responsables de la aplicación del sistema. c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. d) Sede electrónica o sede electrónica asociada a la que pueden acceder las personas interesadas para la verificación del contenido de la actuación o documento. e) Plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento. Este plazo será al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior. Transcurrido este tiempo, será necesario solicitarlo al órgano de la Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que emitió el documento. En este caso, cuando utilice medios electrónicos, la certificación de la verificación se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público que tenga atribuida la actuación por aquel órgano.

Datos clave

  • El código seguro de verificación vincula al órgano, organismo o entidad y, en su caso, a la persona firmante, con verificación directa y gratuita en la sede electrónica.
  • Garantías: origen e integridad, carácter único del código, vinculación con el documento, posibilidad de verificación en sede y acceso restringido a quien disponga del código.
  • Cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente.
  • En el ámbito estatal exige resolución de la Subsecretaría o de la Presidencia o Dirección del organismo, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de Administración Digital.
  • El plazo de disponibilidad para la verificación en sede será al menos de cinco años, salvo que la normativa especial prevea un plazo superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El CSV vincula órgano y, en su caso, firmante, es único por documento y permite verificación directa y gratuita en sede. Toda modificación genera nuevo documento y código. En el Estado requiere resolución e informes previos; la disponibilidad en sede será al menos de cinco años.

Esquema

Verificación por CSV
Generar código únicoVincularlo aldocumentoVerificar gratis ensede

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 22. Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 18, 19 y 20 de este Reglamento, la actuación de una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado o empleada público a través del que se ejerza la competencia. 2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. Estos sistemas podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. 3. Los certificados electrónicos de empleado público serán cualificados y se ajustarán a lo señalado en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica. 4. Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de esta cuando tramiten procedimientos en el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • La actuación por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano competente o del empleado público a través del que se ejerza la competencia.
  • Cada Administración Pública determina los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal.
  • Los certificados electrónicos de empleado público serán cualificados.
  • Cada Administración determina los medios de firma admitidos en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fuera de la actuación automatizada, quien firma electrónicamente es una persona: el titular del órgano o el empleado que ejerce la competencia, con un certificado cualificado conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 23. Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional.

Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional. 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.3 de este Reglamento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los prestadores cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación profesional en el certificado electrónico de empleado público, a petición de la Administración en la que presta servicios el empleado o empleada de que se trate, si dicho certificado se va a utilizar en actuaciones que afecten a información clasificada, a la seguridad pública, a la defensa nacional o a otras actuaciones para cuya realización esté legalmente justificado el anonimato. Estos certificados se denominarán «certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional». 2. En el ámbito estatal corresponderá solicitar la consignación de un número de identificación profesional del empleado o empleada público a la persona titular de la Subsecretaría del ministerio o a la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público en el que preste servicios el empleado o empleada público. 3. La Administración solicitante del certificado conservará la documentación acreditativa de la identidad del titular. 4. Los certificados electrónicos de empleado público con número de identificación profesional serán cualificados y se ajustarán a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica y tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público, aunque limitados a las actuaciones que justificaron su emisión. 5. Las autoridades públicas competentes y los órganos judiciales, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la normativa vigente, podrán solicitar la revelación de la identidad del titular de un certificado de empleado público con número de identificación profesional mediante petición oficial dirigida a la Administración responsable de su custodia.

Datos clave

  • Los prestadores cualificados pueden consignar un número de identificación profesional en el certificado de empleado público, a petición de la Administración.
  • Usos: información clasificada, seguridad pública, defensa nacional u otras actuaciones con anonimato legalmente justificado.
  • En el ámbito estatal lo solicita la Subsecretaría del ministerio o la Presidencia o Dirección del organismo.
  • La Administración solicitante conservará la documentación acreditativa de la identidad del titular.
  • Son certificados cualificados con idéntico uso, capacidad y funcionalidad, limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.
  • Las autoridades públicas competentes y los órganos judiciales podrán solicitar la revelación de la identidad del titular mediante petición oficial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado de empleado público puede llevar un número de identificación profesional en vez del nombre, para actuaciones sensibles, pero la Administración guarda su identidad y un juez puede pedir que se revele.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 24. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 1. El personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrá identificarse con aquellos sistemas que, entre los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se establezcan en función del nivel de seguridad que corresponda al trámite de que se trate de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad. 2. Dicho personal podrá firmar mediante sistemas de firma electrónica basados en certificados electrónicos cualificados facilitados específicamente a sus empleados y empleadas. Estos sistemas podrán ser utilizados por estos en el desempeño efectivo de su

puesto de trabajo, para los trámites y actuaciones que realicen por razón del mismo, o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan. 3. Se podrá disponer de sistemas de identificación de personal basados en repositorios de empleados públicos que permitan la relación de los empleados y empleadas públicos con servicios y aplicaciones necesarios para el ejercicio de sus funciones que en todo caso garanticen lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. 4. Los registros de personal de la Administración General del Estado podrán recoger los datos para la identificación electrónica de los empleados y empleadas públicos, así como su cesión a sistemas de identificación de personal basados en repositorios de identidades de empleados públicos.

Datos clave

  • El personal de la Administración General del Estado podrá identificarse con los sistemas de la Ley 39/2015 según el nivel de seguridad del trámite conforme al Esquema Nacional de Seguridad.
  • Podrá firmar mediante certificados electrónicos cualificados facilitados específicamente a sus empleados.
  • Se podrán usar sistemas de identificación basados en repositorios de empleados públicos, que garanticen lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Los registros de personal podrán recoger los datos para la identificación electrónica de los empleados públicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se identifica y firma el personal de la Administración, no el ciudadano: certificados propios según el nivel de seguridad que exija el trámite.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 25. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo. 2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, esta establecerá las condiciones y garantías por las que se regirá, que comprenderán, al menos, la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. 3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. 4. En el ámbito estatal, las condiciones y garantías a que se refiere el apartado 2 serán establecidas por la Secretaría General de Administración Digital. 5. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan conforme a los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad Sección 3.ª Identificación y firma de las personas interesadas

Datos clave

  • Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones se consideran válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores.
  • Misma Administración: establece las condiciones y garantías, con al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos.
  • Distintas Administraciones: las condiciones se establecen mediante convenio suscrito entre ellas.
  • En el ámbito estatal las condiciones las establece la Secretaría General de Administración Digital.
  • Debe garantizarse la seguridad del entorno y la protección de los datos conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entre Administraciones que se comunican en un canal cerrado, el documento vale como identificado sin más trámite: solo cambia quién fija las condiciones según si son la misma Administración o distintas.

Esquema

Quién fija las condiciones del entorno cerrado
Misma AdministraciónDistintas Administraciones
Quién fija las condicionesLa propia AdministraciónMediante convenio entre ellas

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 26. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento.

Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento. 1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. 2. En particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).

Datos clave

  • Los interesados pueden identificarse con cualquier sistema con registro previo como usuario que garantice su identidad.
  • Se admiten certificados cualificados de firma electrónica de prestadores de la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
  • Se admiten certificados cualificados de sello electrónico de la misma lista.
  • Se admiten sistemas de clave concertada previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital.
  • Debe garantizarse siempre el uso de los sistemas de las letras a) y b) en todo procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tres sistemas admitidos para que un ciudadano se identifique ante la Administración, y la garantía de que siempre podrá usar certificado aunque también se admita la clave concertada.

Esquema

Certificado (a/b) frente a clave concertada (c)
Certificado cualificado (a y b)Clave concertada u otro (c)
Necesita autorización previa de la SGADNoSí
Debe estar siempre disponibleSí, siempreNo sustituye a a) ni b)

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 27. Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas.

Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas. 1. Los sistemas basados en certificados cualificados de firma electrónica admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona física a que se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener como atributos, al menos, su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca. La comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes del certificado se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre. 2. Los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica deberán contener, como mínimo, la denominación y el Número de Identificación Fiscal de la persona jurídica y el nombre y apellidos y número de Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona que actúa como representante. 3. Los sistemas basados en certificados cualificados de sello electrónico admitidos por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona jurídica a que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener, como mínimo, su denominación y su Número de Identificación Fiscal.

Datos clave

  • Los certificados cualificados de persona física deben contener al menos nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF.
  • Los certificados cualificados de representante de persona jurídica deben contener denominación y NIF de la persona jurídica y nombre, apellidos y documento identificativo del representante.
  • Los certificados cualificados de sello electrónico de persona jurídica deben contener como mínimo su denominación y su Número de Identificación Fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué datos mínimos tiene que llevar cada tipo de certificado electrónico según quién se identifica con él: persona física, representante de persona jurídica o sello de persona jurídica.

Esquema

Atributos mínimos por tipo de certificado
Persona físicaRepresentante pers. jurídicaSello pers. jurídica
Datos de la persona jurídica—Denominación + NIFDenominación + NIF
Datos de persona físicaNombre, apellidos y DNI/NIE/NIFNombre, apellidos y DNI/NIE/NIF del representante—

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 28. Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas.

Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas. 1. Los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válidos, admitidos para la identificación electrónica de persona física de conformidad con el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, el nombre y apellidos y el número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal y, para los casos en que así se establezca en la definición del sistema, el número de pasaporte. 2. Los sistemas de identificación a que se refiere el apartado anterior deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 3. En el ámbito estatal, la creación de los nuevos sistemas de identificación será aprobada por orden de la persona titular del Ministerio o, en su caso, resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente por razón del ámbito material en que se vaya a utilizar, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital a que se refiere el apartado anterior. Cuando el nuevo sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado se requerirá Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este caso, este sistema deberá estar accesible a través de la Plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

Datos clave

  • Deben ajustarse al Esquema Nacional de Seguridad.
  • Contenido mínimo: nombre y apellidos y número de DNI, NIE, Número de Identificación Consular Central o NIF.
  • Requieren autorización previa de la Secretaría General de Administración Digital, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • En el ámbito estatal se aprueban por orden ministerial o resolución del organismo.
  • Si afectan a toda la Administración General del Estado se requiere Acuerdo del Consejo de Ministros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La clave concertada debe llevar los mismos datos identificativos que un certificado, necesita autorización previa, y crear un sistema nuevo para toda la AGE exige Consejo de Ministros.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 29. Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso.

Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza». c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 2. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable. 3. Los sistemas de firma electrónica que usen las personas interesadas permitirán que las Administraciones Públicas puedan verificar los datos consignados de la firma, de manera que se pueda vincular su identidad con el acto de firma. 4. Los sistemas de firma electrónica previstos en la letra c) del apartado 1 deberán contar con la previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Asimismo, deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de las personas interesadas.

Datos clave

  • Son válidos los sistemas de firma reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados cualificados.
  • También los de sello electrónico cualificado y avanzado, y cualquier otro con registro previo como usuario.
  • La firma no excluye la obligación de incluir los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante.
  • Los sistemas de la letra c) requieren autorización de la Secretaría General de Administración Digital y cumplir el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
  • Pueden admitirse sistemas de identificación como firma cuando lo disponga la normativa (artículo 10.4 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son firmas válidas la firma cualificada o avanzada basada en certificado cualificado, el sello cualificado o avanzado basado en certificado cualificado y otros sistemas con registro previo. La firma debe poder vincular identidad y acto y no elimina los datos identificativos del documento.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 30. Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado.

Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado. 1. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, si algún interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la ley no dispusiera de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo, estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el funcionario o funcionaria y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia por escrito para los casos de discrepancia o litigio. El funcionario habilitado entregará al interesado toda la documentación acreditativa del trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado, cuyo formulario estará disponible en el Punto de Acceso General Electrónico de la respectiva Administración 2. En el ámbito estatal la identificación y firma electrónica del interesado conforme al procedimiento descrito en el apartado anterior se realizará necesariamente por un funcionario público inscrito a tal efecto en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. La identificación o firma electrónica en el procedimiento por personal funcionario público habilitado sólo será válida para los trámites y actuaciones que haya determinado con carácter previo cada ministerio, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente y en los términos que se especifiquen mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el PAGe de la Administración

General del Estado y en las sedes electrónicas asociadas de cada ministerio o en la sede electrónica o sede asociada del organismo público o entidad de derecho público en su ámbito de competencia, se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.

Datos clave

  • Si el interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 carece de medios electrónicos, su identificación o firma puede hacerla personal funcionario público habilitado.
  • Es necesario que el interesado se identifique y preste su consentimiento expreso, con constancia por escrito.
  • En el ámbito estatal debe ser un funcionario inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.
  • Solo es válida para los trámites y actuaciones que haya determinado previamente cada ministerio, organismo o entidad.
  • Se mantendrá una relación pública, permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si un interesado no tiene medios electrónicos, un funcionario habilitado puede identificarlo o firmar por él con su propio certificado, pero solo con su consentimiento expreso por escrito y para trámites ya autorizados.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 31. Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado. 1. Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el que constarán inscritos: a) El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen por el ministerio, organismo o entidad competente para su tramitación. b) El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas. Esta habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de competencia así se haya previsto. c) El personal funcionario habilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración General del Estado, que estará habilitados para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen y para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento que estas presenten para que se remita desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo. 2. El Registro de Funcionarios Habilitados será gestionado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Registro será interoperable con los sistemas equivalentes que ya existan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 3. Este Registro deberá ser plenamente interoperable con los registros u otros sistemas equivalentes que se creen por las comunidades autónomas y las entidades locales a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. 4. Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regulará el funcionamiento del Registro de Funcionarios Habilitados Sección 4.ª Acreditación de la representación de las personas interesadas

Datos clave

  • Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
  • Se inscribe el personal habilitado para identificación y firma electrónica de interesados, para expedir copias auténticas y el que presta servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Lo gestiona la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital.
  • Debe ser interoperable con los registros de comunidades autónomas y entidades locales.
  • Su funcionamiento se regula mediante orden conjunta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE agrupa tres perfiles distintos de habilitación: identificar y firmar por el interesado, expedir copias auténticas, o ambas cosas en las oficinas de registro.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 32. Acreditación en la actuación por medio de representante.

Acreditación en la actuación por medio de representante. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas con capacidad de obrar podrán actuar ante las Administraciones Públicas por medio de representante, bien sea una persona física con capacidad de obrar bien sea una persona jurídica cuando así esté previsto en sus Estatutos. 2. Los representantes de las personas interesadas obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas están obligados a relacionarse electrónicamente en el ejercicio de dicha representación, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 3. La representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros: a) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. b) Mediante acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. c) Mediante un certificado electrónico cualificado de representante.

d) Mediante documento público cuya matriz conste en un archivo notarial o de una inscripción practicada en un registro mercantil. 4. En el caso de actuaciones en nombre de persona jurídica, la capacidad de representación podrá acreditarse también mediante certificado electrónico cualificado de representante, entendiéndose en tal caso que el poder de representación abarca cualquier actuación ante cualquier Administración Pública. 5. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones por medios electrónicos en representación de las personas interesadas. En la sede electrónica o sede electrónica asociada de cada una de las Administraciones Públicas se publicarán los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación.

Datos clave

  • Las personas con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, persona física o jurídica (si lo prevén sus Estatutos).
  • Los representantes de interesados obligados a relacionarse electrónicamente deben hacerlo electrónicamente.
  • Medios de acreditación: apoderamiento apud acta, inscripción en el registro electrónico de apoderamientos, certificado electrónico cualificado de representante y documento público notarial o inscripción en registro mercantil.
  • El certificado cualificado de representante de persona jurídica abarca cualquier actuación ante cualquier Administración Pública.
  • Las Administraciones pueden habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se acredita que alguien actúa como representante ante la Administración: cuatro medios distintos, y la obligación del representante de relacionarse electrónicamente si su representado está obligado a ello.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 33. Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. 1. A los efectos previstos en el artículo anterior y de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado se inscribirán los apoderamientos de carácter general previstos en el artículo 6.4.a) de dicha ley otorgados «apud acta» a favor de representante, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Asimismo, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.b) de la ley para actuar ante la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de Derecho Público vinculado o dependiente de la misma que no cuente con un registro electrónico de apoderamientos particular. Por último, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.c) de la ley otorgados para realizar determinados trámites y actuaciones especificados en el poder ante los órganos de la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de dicha Administración que no cuente con el citado registro particular. Constará en el Registro el bastanteo del poder realizado por los servicios jurídicos correspondientes, sin perjuicio de la apreciación concreta de su suficiencia en la actuación, trámite o procedimiento en que se emplee. 2. El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y será accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado así como desde las sedes y sedes electrónicas asociadas de la Administración General del Estado y de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes. 3. Sin perjuicio de este registro general de apoderamientos, cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado podrá disponer de un registro particular de apoderamientos en el que se inscriban los poderes otorgados por quien ostente la condición de interesado para realizar los trámites específicos de su competencia y cuya gestión corresponderá al propio organismo o entidad. En estos registros particulares no podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 4. El Registro Electrónico de Apoderamientos y los registros particulares deberán ser interoperables y no tienen carácter público, por lo que el interesado sólo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado. 5. Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se regularán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Datos clave

  • En el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado se inscriben los apoderamientos del artículo 6.4 de la Ley 39/2015.
  • Constará en el Registro el bastanteo del poder realizado por los servicios jurídicos.
  • Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • Cada organismo puede tener un registro particular, donde no pueden inscribirse los poderes del artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015.
  • Los registros deben ser interoperables y no tienen carácter público: el interesado solo accede a los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El registro estatal inscribe poderes apud acta generales y, cuando no haya registro particular, poderes para la AGE o para trámites concretos. Consta el bastanteo, sin impedir valorar suficiencia en cada actuación. El registro y los particulares son interoperables y no públicos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 34. Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante.

Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado de representante. 1. La representación podrá acreditarse ante la Administración con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica que sea acorde a lo previsto en

el artículo 28 y el Anexo I del al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento eIDAS) y a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados a que hace referencia el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, además, haya sido expedido a quien tenga un poder general para llevar a cabo cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. 2. La aceptación de certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica de alcance no general estará sujeta al Reglamento eIDAS, a la Política Marco de Firma Electrónica y de Certificados a que hace referencia el Esquema Nacional de Interoperabilidad y además, a los requisitos que disponga cada Administración.

Datos clave

  • La representación puede acreditarse con certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica acorde al artículo 28 y Anexo I del Reglamento eIDAS.
  • Debe haberse expedido a quien tenga un poder general para llevar a cabo cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
  • La aceptación de certificados de representante de alcance no general estará sujeta al Reglamento eIDAS, a la Política Marco de Firma Electrónica y a los requisitos que disponga cada Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El certificado de representante de persona jurídica solo da poder general si cumple los requisitos del Reglamento eIDAS; si es de alcance limitado, cada Administración puede exigir requisitos adicionales.

Esquema

Alcance del certificado de representante
Alcance generalAlcance no general
Poder que otorgaCualquier actuación ante cualquier AdministraciónActuación limitada
RequisitoseIDAS + Política Marco (ENI)eIDAS + Política Marco + requisitos de cada Administración

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 35. Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil.

Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil. 1. Cuando la representación alegada resulte de un documento público notarial, o de una certificación expedida por un registro mercantil, el interesado deberá aportar la certificación registral electrónica correspondiente o al menos expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico. 2. Las Administraciones Públicas efectuarán la verificación de la autenticidad e integridad del traslado a papel y el acceso a los metadatos necesarios para la tramitación automatizada de la certificación registral electrónica, mediante el acceso electrónico y gratuito a la dirección electrónica que el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores, respectivamente, habrán de tener habilitada a tales efectos. 3. Asimismo, las Administraciones Públicas, cuando necesiten comprobar la vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas en el Registro Mercantil, consultarán electrónicamente y de modo gratuito el Registro Mercantil.

Datos clave

  • Si la representación resulta de documento público notarial o de certificación de registro mercantil, el interesado debe aportar la certificación registral electrónica o al menos expresar el código seguro u otro sistema de acceso y verificación.
  • La verificación se hace mediante acceso electrónico y gratuito a la dirección habilitada por el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores.
  • Para comprobar la vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas, las Administraciones consultarán electrónicamente y de modo gratuito el Registro Mercantil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando la representación viene de una escritura notarial o del Registro Mercantil, basta aportar la certificación electrónica o su código de verificación: la Administración comprueba el resto por su cuenta y gratis.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 36. Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

Autorización de representantes de terceros por la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. 1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas. 2. La habilitación requerirá la firma previa de un convenio entre el Ministerio, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente competente y la organización o corporación de que se trate, de acuerdo de lo previsto en el capítulo VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El convenio deberá especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la entidad firmante del convenio, como a las personas físicas o jurídicas habilitadas y determinará la presunción de validez de la representación. A estos efectos, podrá acordarse un modelo normalizado de convenio que permita dar soporte a esta habilitación en los términos y condiciones que las partes acuerden, conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y que incluya como anexo el modelo individualizado de adhesión al convenio que, previendo expresamente la aceptación de su contenido íntegro, deben suscribir las personas físicas o jurídicas miembros de las organizaciones o corporaciones firmantes que se adhieran al mismo. 3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.5, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación se publicarán en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y en las respectivas sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas.

Datos clave

  • La Administración General del Estado puede habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados (artículo 5.7 de la Ley 39/2015).
  • La habilitación requiere la firma previa de un convenio con la organización o corporación de que se trate.
  • El convenio debe especificar al menos los procedimientos y trámites objeto de la habilitación y las condiciones y obligaciones aplicables, y determinará la presunción de validez de la representación.
  • Los trámites electrónicos con esta representación se publicarán en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y en las respectivas sedes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AGE puede autorizar a personas físicas o jurídicas para hacer trámites electrónicos en nombre de terceros, pero solo mediante convenio previo con su organización o corporación, no de forma individual.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 37. Registro electrónico.

Registro electrónico. 1. Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 60 de este Reglamento. 2. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. 3. Los registros electrónicos admitirán: a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el párrafo anterior dirigido a cualquier Administración Pública. 4. De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. En estos supuestos, el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al interesado e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable

Datos clave

  • Los registros electrónicos deben ser plenamente interoperables (artículo 16 de la Ley 39/2015 y artículo 60 del Reglamento).
  • Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General para el asiento de todo documento presentado o recibido.
  • Los organismos públicos y entidades vinculados pueden tener registro propio interoperable e interconectado con el General.
  • Se admiten documentos electrónicos normalizados y cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración.
  • No se tienen por presentados los documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación (artículo 16.8 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tiene su Registro Electrónico General, interoperable con los registros propios de sus organismos; solo quedan fuera los documentos cuyo régimen especial exija otra forma de presentación.

Los registros admiten dos tipos de entrada: a) documentos normalizados propios de un procedimiento concreto, cumplimentados según formatos preestablecidos; b) cualquier otra solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier Administración.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 38. Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.

Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. 1. El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se configura como el conjunto agregado de: a) Los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro. b) Las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos. c) Las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las que vayan dirigidos. Dicho servicio electrónico será accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. 2. Las anotaciones en el Registro General de la Administración General del Estado tendrán plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.

Datos clave

  • Lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • Es el conjunto agregado de asientos de las unidades de registro, anotaciones de aplicaciones de procedimientos específicos y anotaciones del servicio electrónico general.
  • El servicio para escritos sin modelo normalizado es accesible desde la sede electrónica del PAGe.
  • Sus anotaciones tienen plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Registro Electrónico General de la AGE lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y agrupa tres tipos de anotaciones distintas, con validez para todas las Administraciones.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 39. Presentación y tratamiento de documentos en registro.

Presentación y tratamiento de documentos en registro. 1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro siempre que cumplan con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.

2. En el caso de que se detecte código malicioso susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su subsanación al interesado que los haya aportado de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de este Reglamento. 3. Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas de asistencia en materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte papel, conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 4. Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), su remisión a la Administración y órgano al que van dirigidos podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. En ámbito de la Administración General del Estado dicho repositorio de intercambio de ficheros será de titularidad pública y tanto los documentos depositados como los datos que estos contengan no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la normativa que regule el procedimiento para el que han sido objeto de registro. 5. Los documentos presentados en las oficinas de asistencia en materia de registro serán devueltos a las personas interesadas inmediatamente tras su digitalización o, en caso contrario, se les aplicará lo previsto en el artículo 53 de este Reglamento. 6. El archivo de los documentos intercambiados por registro corresponderá al órgano competente para la tramitación del procedimiento, de acuerdo al plazo que determine su normativa.

Datos clave

  • Las Administraciones pueden fijar formatos y estándares conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • Si se detecta código malicioso se requiere la subsanación según el artículo 14.3 del Reglamento.
  • Los documentos en papel se presentan en las oficinas de asistencia en materia de registros y, digitalizados, son copia electrónica auténtica.
  • Si se excede la capacidad del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), los documentos se ponen a disposición en un repositorio de intercambio de ficheros.
  • Los documentos se devuelven inmediatamente tras su digitalización o se aplica el artículo 53.
  • El archivo de los documentos intercambiados corresponde al órgano competente para tramitar el procedimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración fija los formatos de los documentos electrónicos según el Esquema Nacional de Interoperabilidad; el papel digitalizado pasa a valer como copia auténtica, y hay una vía alternativa para archivos demasiado grandes.

Los documentos presentados en las oficinas de asistencia se devuelven al interesado justo tras digitalizarlos; el archivo posterior corresponde al órgano competente para tramitar el procedimiento.

Esquema

Documento en papel vs. documento electrónico en el registro
Documento en papelDocumento electrónico
Dónde se presentaOficinas de asistencia en materia de registrosDirectamente por vía electrónica
Qué se le exigeSe digitaliza conforme a las normas técnicas de interoperabilidadSe ajusta a los formatos y estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad
Validez resultanteCopia electrónica auténtica con la misma validez que el papel originalValidez directa conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.

Artículo 40. Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la Administración General del Estado.

1. Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .

La creación de nuevas Oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .

2. La Administración General del Estado contará con un directorio geográfico de las Oficinas de asistencia en materia de registros que será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. A tal efecto, el órgano del que dependa la correspondiente Oficina de asistencia deberá comunicar de forma inmediata al citado Ministerio la aprobación de la norma por la que se cree, modifique o suprima dicha oficina, de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, garantizando su actualización permanente.

3. Las Oficinas de asistencia en materia de registros desarrollarán las siguientes funciones:

a) La digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública, así como su anotación en el Registro Electrónico General o Registro electrónico de cada organismo o entidad según corresponda.

b) La anotación, en su caso, de los asientos de salida que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

c) La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas.

d) La expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier documento original o copia auténtica que presenten las personas interesadas y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo a través de dicha oficina en el registro electrónico correspondiente.

e) La información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos en los trámites y procedimientos para los que se haya conferido habilitación.

f) La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona no obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos administrativos para los que se haya previsto habilitación.

g) La práctica de notificaciones, en el ámbito de actuación de esa Oficina, cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la Oficina y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

h) La comunicación a las personas interesadas del código de identificación del órgano, organismo público o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.

i) La iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

j) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente.

Datos clave

  • Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano administrativo (artículo 5 de la Ley 40/2015).
  • Su creación, modificación o supresión se rige por el artículo 59.2 de la Ley 40/2015.
  • El directorio geográfico de oficinas lo gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
  • Funciones: digitalización y anotación de escritos en papel, asientos de salida y emisión de recibo con fecha y hora.
  • También expiden copias electrónicas auténticas y practican notificaciones por comparecencia espontánea.
  • Inician la tramitación del apoderamiento presencial apud acta (artículo 6 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Oficinas de asistencia en materia de registros son órganos administrativos que digitalizan documentos, dan fe de su presentación y también pueden identificar o firmar por el interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 41. Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos.

Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios electrónicos. Cuando de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la relación de las personas interesadas con las Administraciones Públicas deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos: a) La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b) La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. c) La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la Administración instructora de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. d) La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. e) La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. f) La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando este sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. g) La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Datos clave

  • Cuando la relación deba ser electrónica según el artículo 14 de la Ley 39/2015, se comunicarán por medios electrónicos al menos los hitos enumerados en las letras a) a g).
  • Fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos tras la presentación en el registro electrónico.
  • Fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente, plazo máximo para resolver y notificar y efectos del silencio administrativo.
  • Solicitud y recepción de pronunciamientos o informes preceptivos de un órgano de la Unión Europea, de otra Administración o de un órgano jurisdiccional.
  • Requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones y su cumplimiento o la resolución del recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando el interesado se relaciona electrónicamente, la Administración debe avisarle por medios electrónicos de varios hitos concretos del procedimiento: desde el inicio del cómputo de plazos hasta los pronunciamientos externos que lo condicionan.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 42. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente actuante, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración,

organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del rechazo de la notificación. En caso de que la Administración, organismo o entidad actuante lleve a cabo la puesta a disposición de las notificaciones por ambos sistemas, para el cómputo de plazos y el resto de efectos jurídicos se tomará la fecha y hora de acceso al contenido o el rechazo de la notificación por el interesado o su representante en el sistema en el que haya ocurrido en primer lugar. A tal efecto se habrá de disponer de los medios electrónicos necesarios para sincronizar de forma automatizada en uno y otro sistema la información sobre el estado de la notificación con objeto de garantizar la eficacia y seguridad jurídica en la tramitación del procedimiento. 2. Con independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria o la de su representante en la sede electrónica o sede asociada de una Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente o a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos. 3. La notificación por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada y a través de la Dirección Electrónica Habilitada única conlleva la puesta a disposición del interesado de un acuse de recibo que permita justificar bien el acceso al contenido de la notificación, bien el rechazo del interesado a recibirla. El acuse contendrá, como mínimo, la identificación del acto notificado y la persona destinataria, la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo. 4. En los supuestos de sucesión de personas físicas o jurídicas, inter vivos o mortis causa, la persona o entidad que sucede al interesado comunicará la sucesión al órgano competente de la tramitación del procedimiento de cuya existencia tenga conocimiento. Dicha comunicación deberá efectuarse tras la efectividad de la sucesión o desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil, en el caso de fallecimiento de persona física. El órgano responsable de la tramitación procederá, en su caso, en procedimientos no finalizados, a autorizar a la persona o entidad sucesora el acceso a las notificaciones electrónicas ya practicadas desde la fecha del hecho causante de la sucesión y a practicar a dicha persona o entidad sucesora las notificaciones electrónicas que se produzcan en lo sucesivo. En el caso en el que la persona física sucesora no estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración y no opte por este cauce de relación, las notificaciones que se produzcan en lo sucesivo deberán practicarse en papel, sin perjuicio de la garantía de acceso al expediente completo. La persona o entidad que suceda al interesado en un procedimiento del que conozca su existencia debe comunicar, conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, la sucesión a la Administración Pública a la que corresponda la tramitación de aquel, en el plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente al de la efectividad de la sucesión o desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil, en el caso de fallecimiento de persona física. Si la persona o entidad sucesora efectúa la comunicación después de dicho plazo, los defectos en la práctica de notificaciones que se deriven de este incumplimiento, que hubieran acaecido con anterioridad a dicha comunicación, le serán imputables al interesado; dándose por cumplida por la Administración, a todos los efectos, la obligación de puesta a disposición de la notificación electrónica en la sede electrónica o sede electrónica asociada, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o ambas, según proceda, a la persona jurídica o persona física cuya sucesión el interesado no ha hecho valer. 5. Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.

Datos clave

  • Se practican por comparecencia en sede electrónica, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o por ambos sistemas (artículo 43.1 de la Ley 39/2015).
  • Si se usan ambos, cuenta la fecha y hora del primer acceso o rechazo.
  • La comparecencia voluntaria y el acceso o rechazo tienen plenos efectos jurídicos aunque el interesado no esté obligado.
  • El acuse de recibo identifica el acto, el destinatario, la puesta a disposición y el acceso o rechazo.
  • El sucesor comunica la sucesión en el plazo de 15 días hábiles.
  • Los emisores estatales notifican siempre a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La notificación electrónica se practica por comparecencia en la sede electrónica, por la Dirección Electrónica Habilitada única o por ambas; si se usan las dos, cuenta la primera en producirse. La comparecencia voluntaria del no obligado también tiene efectos plenos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 43. Aviso de puesta a disposición de la notificación.

Aviso de puesta a disposición de la notificación. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas, organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes enviarán al interesado o, en su caso, a su representante, aviso informándole de la puesta a disposición de la notificación bien en la Dirección Electrónica Habilitada única, bien en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, u Organismo o Entidad o, en su caso, en ambas. La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. El aviso se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado voluntariamente al efecto, o a ambos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El interesado se hace responsable, por la comunicación a la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, de que dispone de acceso al dispositivo o dirección de correo electrónico designados. En caso de que dejen de estar operativos o pierda la posibilidad de acceso, el interesado está obligado a comunicar a la Administración que no se realice el aviso en tales medios. El incumplimiento de esta obligación por parte del interesado no conllevará responsabilidad alguna para la Administración por los avisos efectuados a dichos medios no operativos. El aviso regulado en este apartado sólo se practicará en caso de que el interesado o su representante hayan comunicado a la Administración un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico al efecto. 2. Cuando el interesado sea un sujeto obligado a relacionarse por medios electrónicos y la Administración emisora de la notificación no disponga de datos de contacto electrónicos para practicar el aviso de su puesta a disposición, en los procedimientos iniciados de oficio la primera notificación que efectúe la Administración, organismo o entidad se realizará en papel en la forma determinada por el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, advirtiendo al interesado en esa primera notificación que las sucesivas se practicarán en forma electrónica por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda o, en su caso, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única según haya dispuesto para sus notificaciones la Administración, organismo o entidad respectivo, y dándole a conocer que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede identificar un dispositivo electrónico, una dirección de correo electrónico o ambos para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas posteriores. 3. Las Administraciones podrán crear bases de datos de contacto electrónico para la práctica de los avisos de puesta a disposición de notificaciones en su respectivo ámbito.

Datos clave

  • Se envía aviso de puesta a disposición con independencia de que la notificación sea en papel o electrónica (artículo 41.6 de la Ley 39/2015).
  • La falta de aviso, meramente informativo, no impide la validez de la notificación.
  • El aviso se remite al dispositivo electrónico o correo comunicado voluntariamente por el interesado.
  • Sin datos de contacto de un obligado, la primera notificación de oficio se practica en papel advirtiendo de que las sucesivas serán electrónicas.
  • Las Administraciones pueden crear bases de datos de contacto electrónico para los avisos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El aviso de puesta a disposición es solo informativo: si no llega o falla, la notificación sigue siendo válida. Solo se practica si el interesado ha dado un dispositivo o correo, y su mal funcionamiento no genera responsabilidad para la Administración.

Esquema

Aviso de puesta a disposición vs. notificación
AvisoNotificación
NaturalezaMeramente informativoActo con efectos jurídicos propios
Si falla o no se practicaNo afecta a la validez de la notificaciónDetermina el cómputo de plazos y su eficacia
Cuándo se practicaSolo si el interesado dio dispositivo o correoSe practica en todo caso, según el sistema que corresponda

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 44. Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.

Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única. 1. La Dirección Electrónica Habilitada única es el sistema de información para la notificación electrónica cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.4, la Dirección Electrónica Habilitada única se aloja en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. 3. La adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única se realizará en los términos previstos en el artículo 65. Todas las Administraciones Públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes colaborarán para establecer sistemas interoperables que permitan que las personas físicas y jurídicas puedan acceder a todas sus notificaciones a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, tal como establece el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta previsión será aplicable con independencia de cuál sea la Administración que practica la notificación y si las notificaciones se han practicado en papel o por medios electrónicos.

4. Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario de la Dirección Electrónica Habilitada única, una vez comunicada dicha incidencia a los órganos, organismos o entidades emisores que la utilicen como medio de notificación, estos podrán determinar una ampliación del plazo no vencido para comparecer y acceder a las notificaciones emitidas. En caso de que también pongan a disposición las notificaciones en su sede electrónica o sede electrónica asociada, deberán publicar también en esta tanto la incidencia técnica acontecida en la Dirección Electrónica Habilitada única como la ampliación concreta, en su caso, del plazo no vencido. 5. Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación puesta a disposición del interesado en la Dirección Electrónica Habilitada única, este será informado de que de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dicho acceso al contenido, el rechazo expreso de la notificación o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de la misma, dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento. 6. Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, en la Dirección Electrónica Habilitada única deberá quedar constancia, con indicación de fecha y hora, del momento del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El estado del trámite de notificación en la Dirección Electrónica Habilitada única se sincronizará automáticamente con la sede electrónica o sede electrónica asociada en la que, en su caso, la notificación también se hubiera puesto a disposición del interesado.

Datos clave

  • Es el sistema de notificación electrónica gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el de Política Territorial y Función Pública.
  • Se aloja en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado.
  • La adhesión se realiza conforme al artículo 65.
  • Ante una incidencia técnica puede ampliarse el plazo no vencido para comparecer.
  • Se presume el rechazo a los diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder.
  • Debe quedar constancia con fecha y hora del acceso, del rechazo o del vencimiento del plazo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Dirección Electrónica Habilitada única centraliza las notificaciones electrónicas de todas las Administraciones; el acceso, el rechazo expreso o el simple transcurso de diez días naturales sin abrir la notificación la dan por practicada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 45. Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada.

Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada. 1. Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación puesta a disposición del interesado en la sede electrónica o sede electrónica asociada del emisor de la misma, este será informado de que de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la comparecencia y acceso al contenido, el rechazo expreso de la notificación o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de la misma dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento. 2. Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, en la sede electrónica o sede electrónica asociada deberá quedar constancia, con indicación de fecha y hora, del momento del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El estado del trámite de notificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada se sincronizará automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única si la notificación también se hubiera puesto a disposición del interesado en aquella. 3. De conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entenderá cumplida la obligación de notificar en plazo por parte de la Administración, a que se refiere el artículo 40.4 de dicha ley, con la puesta a disposición de la notificación en la sede o en la dirección electrónica habilitada única.

Datos clave

  • Antes del acceso se informa al interesado de los efectos según los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015.
  • Se presume el rechazo a los diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder.
  • Debe quedar constancia con fecha y hora del acceso, del rechazo expreso o del vencimiento del plazo del artículo 43.2.
  • El estado se sincroniza automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única.
  • La obligación de notificar en plazo se cumple con la puesta a disposición (artículo 43.3 de la Ley 39/2015).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la sede electrónica propia rige la misma regla de los diez días naturales que en la Dirección Electrónica Habilitada única, y ambos sistemas se sincronizan; con la sola puesta a disposición ya se entiende cumplida la obligación de notificar en plazo.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 46. Documento administrativo electrónico.

Documento administrativo electrónico. 1. Se entiende por documento administrativo electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido

generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho administrativo. 2. Cuando en el marco de un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos el órgano actuante esté obligado a facilitar al interesado un ejemplar de un documento administrativo electrónico, dicho documento se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.

Datos clave

  • Es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en soporte electrónico y con formato determinado.
  • Debe ser susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • Ha de ser generada, recibida o incorporada por las Administraciones en funciones sujetas a Derecho administrativo.
  • La entrega de un ejemplar puede sustituirse por los datos necesarios para su acceso electrónico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un documento administrativo electrónico es cualquier información en formato electrónico que la Administración genera, recibe o incorpora en sus funciones. Si te deben dar un ejemplar, puede bastar con darte el acceso electrónico.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 47. Requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos

El artículo 47 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula los requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrá la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado original o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. 2. Las copias auténticas se expedirán siempre a partir de un original o de otra copia auténtica y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Datos clave

  • Es copia auténtica la realizada, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas.
  • Debe quedar garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
  • La copia auténtica puede serlo de un documento público administrativo o privado original o de otra copia auténtica.
  • Se expiden siempre a partir de un original o de otra copia auténtica.
  • Tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Copia auténtica es la hecha por órgano competente, en cualquier soporte, garantizando identidad del órgano y contenido; siempre parte de un original u otra copia auténtica y vale como el original.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 48. Órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos en el ámbito estatal

El artículo 48 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, determina los órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos en el ámbito estatal. 1. En el ámbito estatal, serán competentes para la expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos o documentos privados, que sean documentos originales o copias auténticas de documento original los siguientes órganos: a) Los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales. b) Los órganos a los que corresponda la custodia y archivo de documentos. c) Los órganos que hayan previsto sus normas de competencia. d) Las oficinas de asistencia en materia de registros, respecto de los documentos originales o copias auténticas presentados por las personas interesadas para que se remitan desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo. 2. La expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos o documentos privados, que sean documentos originales o copias auténticas de documento original, podrá llevarse a cabo mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado al que se refiere el artículo 31 de este Reglamento. 3. Los titulares de los órganos que se relacionan en los párrafos a), b) c) y d) del apartado 1 de este artículo designarán a los funcionarios y funcionarias habilitados para la emisión de las copias electrónicas auténticas, que se llevará a cabo mediante el correspondiente proceso de digitalización.

Datos clave

  • Son competentes cuatro tipos de órganos: los de emisión del original, los de custodia y archivo, los que prevean sus normas de competencia y las oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Las oficinas de asistencia en materia de registros actúan respecto de documentos presentados por las personas interesadas para remitirlos a la unidad competente.
  • La expedición puede hacerse mediante actuación administrativa automatizada o por personal funcionario habilitado.
  • El personal funcionario habilitado debe estar inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado (artículo 31 del Reglamento).
  • Los titulares de los órganos de los párrafos a), b), c) y d) designan a los funcionarios habilitados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el Estado expiden copias auténticas cuatro tipos de órganos; pueden hacerlo de forma automatizada o por funcionarios habilitados inscritos en su registro, designados por los titulares de esos órganos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 49. Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado

El artículo 49 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado. Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, el proceso de digitalización por la Administración Pública generará una copia electrónica que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel.

Datos clave

  • Supuesto: el interesado presenta en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente.
  • La Administración Pública genera una copia electrónica mediante el proceso de digitalización.
  • La copia electrónica tiene el mismo valor que la copia presentada en papel.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el interesado aporta en papel una copia de un documento, la Administración la digitaliza y la copia electrónica resultante vale lo mismo que la copia en papel presentada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 50. Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos

El artículo 50 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos. 1. Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociadas una de las siguientes modalidades de referencia temporal, de acuerdo con lo que determinen las normas reguladoras de los respectivos procedimientos: a) Marca de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico. b) Sello electrónico cualificado de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento. Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados serán asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.

2. La marca de tiempo será utilizada en todos aquellos casos en los que las normas reguladoras no establezcan la utilización de un sello electrónico cualificado de tiempo La información relativa a las marcas y sellos electrónicos cualificados de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente. 3. La relación de prestadores cualificados de servicios de confianza que prestan servicios de sellado de tiempo en el sector público deberá estar incluida en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».

Datos clave

  • Todo documento administrativo electrónico lleva asociada una de dos modalidades de referencia temporal: marca de tiempo o sello electrónico cualificado de tiempo.
  • La marca de tiempo asigna por medios electrónicos la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico.
  • El sello electrónico cualificado de tiempo exige la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza.
  • Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados son asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.
  • La marca de tiempo se usa cuando las normas reguladoras no establezcan el sello electrónico cualificado de tiempo.
  • Los prestadores de sellado de tiempo del sector público deben estar en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo documento administrativo electrónico lleva una referencia temporal: marca de tiempo, por defecto, o sello electrónico cualificado de tiempo cuando la norma del procedimiento lo exija.

Esquema

Referencia temporal
Marca de tiempoSello cualificado de tiempo
Qué asignaFecha y, en su caso, horaFecha y hora
IntervieneSolo medios electrónicosPrestador cualificado de servicios de confianza
CuándoSi la norma no exige sello cualificadoCuando la norma del procedimiento lo establezca

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 51. Configuración del expediente administrativo electrónico.

Configuración del expediente administrativo electrónico. 1. El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico autenticado que garantizará la integridad del expediente y permitirá su recuperación siempre que sea preciso. 2. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes administrativos. 3. El índice electrónico autenticado será firmado por el titular del órgano que conforme el expediente para su tramitación o bien podrá ser sellado electrónicamente en el caso de expedientes electrónicos que se formen de manera automática, a través de un sistema que garantice su integridad.

Datos clave

  • El foliado se realiza mediante un índice electrónico autenticado.
  • El índice garantiza la integridad del expediente y permite su recuperación.
  • Un mismo documento electrónico puede formar parte de distintos expedientes.
  • El índice lo firma el titular del órgano que conforma el expediente o se sella electrónicamente en expedientes automáticos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El expediente electrónico se folia con un índice electrónico autenticado que garantiza su integridad; lo firma el titular del órgano o se sella automáticamente si el expediente se genera así.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 52. Ejercicio del derecho de acceso al expediente electrónico y obtención de copias de los documentos electrónicos.

Ejercicio del derecho de acceso al expediente electrónico y obtención de copias de los documentos electrónicos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el derecho de acceso de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas al expediente electrónico y, en su caso, a la obtención de copia total o parcial del mismo, se entenderá satisfecho mediante la puesta a disposición de dicho expediente en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda. A tal efecto, la Administración destinataria de la solicitud remitirá al interesado o, en su caso a su representante, la dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente electrónico puesto a disposición, garantizando aquella el acceso durante el tiempo que determine la correspondiente política de gestión de documentos electrónicos siempre de acuerdo con el dictamen de valoración emitido por la autoridad calificadora correspondiente, y el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal y de transparencia y acceso a la información pública y de patrimonio documental, histórico y cultural.

Datos clave

  • Se basa en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015.
  • El derecho de acceso y de copia se satisface poniendo el expediente a disposición en el PAGe o en la sede electrónica.
  • Se remite al interesado la dirección electrónica o localizador de acceso.
  • El acceso se garantiza durante el tiempo que fije la política de gestión de documentos electrónicos, conforme al dictamen de la autoridad calificadora.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho a acceder al expediente electrónico y sacar copia se cumple poniéndolo a disposición en el Punto de Acceso General o la sede electrónica, avisando al interesado de la dirección o localizador de acceso.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 53. Tiempo de conservación y destrucción de documentos.

Tiempo de conservación y destrucción de documentos. 1. Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 2. Los documentos presentados por el interesado en formato electrónico dentro de un dispositivo, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez incorporados al expediente serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 3. Transcurrido el plazo previsto en los apartados anteriores, la destrucción de los documentos se realizará de acuerdo con las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano competente de la comunidad autónoma, y siempre que no se trate de documentos con valor histórico, artístico u otro relevante o de documentos en los que la firma u otras expresiones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor especial.

4. Cuando la generación de copias electrónicas auténticas se realice a partir de documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico que se conserven formando parte de sus correspondientes expedientes y series documentales en cualesquiera de las oficinas, archivos o dependencias de cualquier organismo de las Administraciones públicas, dichos documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico se restituirán a sus oficinas, archivos o dependencias de origen, donde les será de aplicación la normativa específica en materia de archivos y conservación del patrimonio documental en su respectivo ámbito y siguiendo lo establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 5. En el ámbito estatal, se estará a lo preceptuado en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.

Datos clave

  • Los documentos en papel no devueltos se conservan a disposición del interesado durante seis meses tras su digitalización.
  • El mismo plazo de seis meses rige para documentos electrónicos aportados en un dispositivo.
  • La Administración puede establecer reglamentariamente un plazo mayor.
  • La destrucción se ajusta a las competencias del Ministerio de Cultura y Deporte o del órgano autonómico competente.
  • No se destruyen documentos con valor histórico, artístico u otro relevante, ni aquellos cuya firma u otras expresiones manuscritas les den valor especial.
  • En el ámbito estatal se aplica el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los documentos en papel o en dispositivo electrónico que el interesado no pueda recoger en el momento se guardan seis meses a su disposición; pasado ese plazo se destruyen, salvo valor histórico o firma con valor especial.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 54. Conservación de documentos electrónicos.

Conservación de documentos electrónicos. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo. La copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la consideración de patrimonio documental a efectos de aplicación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o la normativa autonómica correspondiente, siendo el periodo de conservación de los documentos el establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. 2. Cada Administración Pública, regulará los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido, conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Cuando se tenga conocimiento por la Administración Pública, organismo o entidad de la existencia de procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a documentos electrónicos, estos deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales, hasta tanto exista constancia de la terminación del procedimiento judicial correspondiente en las sucesivas instancias, por haber recaído resolución no susceptible de recurso o procedimiento alguno ante órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales. 3. La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato. También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos. Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los mismos plazos establecidos para los correspondientes documentos electrónicos. 4. Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural. Asimismo, se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la conservación a largo plazo de los documentos digitales y permitan de esta forma dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior

5. En todo caso, bajo la supervisión de los responsables de la seguridad y de los responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las unidades productoras de la documentación se establecerán los planes y se habilitarán los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.

Datos clave

  • Se conservan en soporte electrónico todos los documentos del expediente y los de valor probatorio (artículo 46 de la Ley 40/2015).
  • La copia electrónica auténtica es patrimonio documental a efectos de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
  • Cada Administración regula los períodos mínimos de conservación.
  • Ante procedimientos judiciales, los documentos se conservan a disposición de los órganos jurisdiccionales hasta su terminación.
  • La conservación comprende, como mínimo, identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.
  • Se planifica la migración de datos cuando el formato deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones deben conservar en soporte electrónico todo el expediente y los documentos con valor probatorio, respetando plazos y garantizando el acceso aunque cambien los formatos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 55. Archivo electrónico único.

Archivo electrónico único. 1. El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 2. En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

Datos clave

  • El archivo electrónico único es el conjunto de sistemas y servicios para la gestión, custodia y recuperación de documentos y expedientes una vez finalizados los procedimientos.
  • En la Administración General del Estado serán accesibles en él todos los documentos y expedientes del sector público estatal.
  • Los plazos los determina la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
  • Garantiza autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia.
  • Se rige por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El archivo electrónico único es el conjunto de sistemas que gestiona, custodia y recupera expedientes ya terminados; el de la AGE da acceso a todos los del sector público estatal finalizados, con plenas garantías de seguridad.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 56. Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos

El artículo 56 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula las relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes.
  • Base legal: artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
  • La obligación alcanza a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones están obligadas a relacionarse electrónicamente entre sí y con sus entes vinculados o dependientes; también las entidades privadas vinculadas cuando ejercen potestades administrativas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 57. Comunicaciones en la Administración General del Estado

El artículo 57 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula las comunicaciones en la Administración General del Estado. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de esta deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse entre sí. Las comunicaciones se efectuarán a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o registro del organismo público o entidad de derecho público de que se trate, o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia de su recepción. Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Datos clave

  • Los órganos de la AGE y sus organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes deben utilizar medios electrónicos para comunicarse entre sí.
  • Cauce: el Registro Electrónico General de la AGE, el registro del organismo o entidad, o cualquier otro medio electrónico que deje constancia de su recepción.
  • La obligación se aplica también a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Órganos y entes de la AGE se comunican entre sí por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico General, del registro del organismo o de otro medio que deje constancia de la recepción.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 58. Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas

El artículo 58 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas. Las Administraciones Públicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes podrán adherirse voluntariamente, mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión, a las sedes electrónicas o sedes asociadas disponibles de titularidad de la misma Administración u otra Administración Pública, sin que se constituya como sede electrónica asociada.

Datos clave

  • La adhesión es voluntaria.
  • Se formaliza mediante el correspondiente instrumento de adhesión.
  • Pueden adherirse las Administraciones Públicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
  • Se adhieren a sedes electrónicas o sedes asociadas de titularidad de la misma Administración u otra Administración Pública, sin que se constituya como sede electrónica asociada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Administraciones y entes vinculados pueden adherirse voluntariamente, mediante instrumento de adhesión, a sedes de su propia u otra Administración sin convertirse en sede asociada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 59. Adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal

El artículo 59 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, regula la adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal. Las Administraciones Públicas podrán integrar sus respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7.3 de este Reglamento, si las hubiere, o determinadas funcionalidades de las mismas, con la Carpeta Ciudadana prevista en el artículo 8 de este Reglamento, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido su punto de acceso.

Datos clave

  • Las Administraciones Públicas pueden integrar sus áreas personalizadas o carpetas ciudadanas (artículo 7.3, párrafo segundo) con la Carpeta Ciudadana del artículo 8 del Reglamento.
  • Puede integrarse la carpeta entera o solo determinadas funcionalidades.
  • El acceso se hace mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal.
  • El interesado accede independientemente de cuál haya sido su punto de acceso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Administraciones pueden integrar sus áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, o parte de sus funciones, con la Carpeta Ciudadana estatal para que el interesado acceda desde cualquier punto.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 1

Artículo 60. Sistema de interconexión de Registros.

1. Las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del Registro Electrónico General de cada Administración, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán ser interoperables.

2. Las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán realizarse a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR) gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en la correspondiente Norma Técnica.

3. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán permitir la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades de tramitación correspondientes.

Datos clave

  • Los sistemas del Registro Electrónico General y de los registros de los organismos deben ser interoperables.
  • Las interconexiones entre registros de las Administraciones se hacen a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), conforme al ENI y su Norma Técnica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los registros electrónicos deben ser interoperables y conectarse a través del SIR; en la AGE, además, interoperar con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades tramitadoras.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 61. Transmisiones de datos.

1. Las transmisiones de datos a las que se refiere el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, realizadas a través de redes corporativas de las Administraciones Públicas para el envío de documentos elaborados por cualquier Administración, mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, tienen la consideración de certificados administrativos necesarios para el procedimiento o actuación administrativa.

2. Cuando las personas interesadas no aporten datos y/o documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se seguirán las siguientes reglas:

a) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, puede acceder electrónicamente a los datos, documentos o certificados necesarios mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente. Quedará constancia en los ficheros del órgano, organismo público o entidad de derecho público cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo cesionario.

b) Excepcionalmente, en caso de que no se pueda realizar el acceso electrónico a los datos mediante la consulta a que se refiere la letra anterior, se podrá solicitar por otros medios habilitados al efecto y se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico, incorporándola al expediente.

3. Toda transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano o entidad tramitadora en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, así como la finalidad para la que se requieren. Además, si en la petición de datos interviene un empleado o empleada público se incluirá la identificación de este en la petición.

4. El órgano, organismo público o entidad de derecho público cesionario será responsable del correcto acceso electrónico a los datos cuya titularidad corresponda a otro órgano, organismo público o entidad de derecho público, así como de su utilización, en particular, cuando los datos a los que se accede tengan un régimen de especial protección. Asimismo, cuando para dicho acceso se requiera el consentimiento del interesado, el cesionario será responsable del requerimiento de dicho consentimiento.

5. La cesión de datos dentro de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada, entendiéndose por tal la consulta realizada íntegramente a través de medios telemáticos en la que no haya intervenido de forma directa un empleado o empleada público.

6. Las transmisiones de datos que se realicen en virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 no requerirán previsualización de los datos por parte del usuario o usuaria solicitante para proceder a su uso por parte del órgano o entidad tramitadora.

Datos clave

  • Las transmisiones de datos por redes corporativas o plataformas de intermediación tienen la consideración de certificados administrativos necesarios para el procedimiento.
  • Si el interesado no aporta datos que ya obran en la Administración, el órgano los consulta electrónicamente y los incorpora; solo excepcionalmente por otros medios.
  • El cesionario responde del correcto acceso y uso de los datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las transmisiones de datos entre Administraciones valen como certificados; si el interesado no aporta lo que ya obra en la Administración, el órgano lo consulta electrónicamente, con garantías y responsabilidad del cesionario.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 5

Artículo 5. Principios relativos al tratamiento

1.

Los datos personales serán:

a)

tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

b)

recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c)

adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d)

exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e)

mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f)

tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2.

El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Datos clave

  • ¿Qué significa el principio de minimización de datos del RGPD? → Que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario.
  • ¿Qué añade la responsabilidad proactiva del artículo 5.2 al cumplimiento de los principios? → La capacidad del responsable para demostrar su cumplimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 5.1.c limita los datos a lo necesario en relación con los fines para los que se tratan.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 5
  • Que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario.
  • La capacidad del responsable para demostrar su cumplimiento.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 6. Licitud del tratamiento.

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX.

3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:

a) el Derecho de la Unión, o

b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.

4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas:

a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto;

b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento;

c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 10;

d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto;

e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización.

Datos clave

  • El tratamiento solo es lícito con al menos una base: consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público o poderes públicos, o interés legítimo.
  • El interés legítimo no se aplica al tratamiento de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
  • La base de las letras c) y e) la establece el Derecho de la Unión o el de los Estados miembros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Un tratamiento solo es lícito si se apoya en al menos una de las bases tasadas. El interés legítimo no sirve a las autoridades públicas, y la obligación legal y la misión pública necesitan una norma que las respalde.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 4

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 7

Artículo 7. Condiciones para el consentimiento

1.

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.

2.

Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.

3.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

4.

Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.

Datos clave

  • Si el tratamiento se basa en consentimiento, ¿quién debe demostrar que se prestó? → El responsable del tratamiento.
  • ¿Qué efecto tiene retirar el consentimiento sobre el tratamiento anterior basado en él? → No afecta a la licitud del tratamiento previo a la retirada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 7.1 exige que el responsable pueda demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 7
  • El responsable del tratamiento.
  • No afecta a la licitud del tratamiento previo a la retirada.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 8

Artículo 8. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información

1.

Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó.

Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años.

2.

El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

3.

El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño.

Datos clave

  • En servicios de la sociedad de la información ofrecidos directamente a niños, ¿qué edad establece como regla el artículo 8.1 para consentir? → Dieciséis años, con posible reducción legal nacional.
  • ¿Por debajo de qué edad impide el artículo 8.1 que un Estado miembro reduzca el umbral para ese consentimiento? → Por debajo de trece años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El RGPD fija dieciséis años y permite a los Estados miembros reducir la edad por ley, nunca por debajo de trece. La regulación española debe estudiarse junto al artículo 7 de la LO 3/2018.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 8
  • Dieciséis años, con posible reducción legal nacional.
  • Por debajo de trece años.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales.

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado;

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado;

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados;

e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos;

f) el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial;

g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;

h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3;

i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional,

j) el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.

4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud.

Datos clave

  • Se prohíbe tratar datos de origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos, biométricos, de salud, y de vida u orientación sexual.
  • La prohibición se levanta, entre otros supuestos, con consentimiento explícito, por obligaciones laborales y de protección social, por intereses vitales o si el interesado hizo los datos manifiestamente públicos.
  • Los Estados miembros pueden añadir condiciones para datos genéticos, biométricos o de salud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las categorías especiales de datos (ideología, salud, genética, biometría, vida sexual…) están prohibidas por regla general y solo se tratan en los supuestos tasados del apartado 2.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 10

Artículo 10. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas.

Datos clave

  • ¿Bajo qué condición puede llevarse un registro completo de condenas penales según el artículo 10? → Bajo el control de las autoridades públicas.
  • Además del tratamiento bajo supervisión pública, ¿qué alternativa admite el artículo 10 para datos sobre condenas e infracciones? → Autorización del Derecho de la Unión o nacional con garantías apropiadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 10 exige que todo registro completo de condenas penales se lleve bajo control de las autoridades públicas.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 10
  • La autoridad pública bajo cuyo control se mantenga.
  • Autorización del Derecho de la Unión o nacional con garantías apropiadas.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 11

Artículo 11. Tratamiento que no requiere identificación

1.

Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente Reglamento.

2.

Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se aplicarán los artículos 15 a 20, excepto cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud de dichos artículos, facilite información adicional que permita su identificación.

Datos clave

  • Si los fines no requieren identificar al interesado, ¿debe el responsable obtener datos adicionales solo para cumplir el RGPD? → No está obligado a obtenerlos solo con ese propósito.
  • Si el responsable demuestra que no puede identificar al interesado, ¿qué puede aportar este para ejercer los derechos de los artículos 15-20? → Información adicional que permita su identificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 11.1 no obliga a mantener, obtener o tratar información adicional para identificar con el único propósito de cumplir el Reglamento.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 11
  • No está obligado a obtenerlos solo con ese propósito.
  • Información adicional que permita su identificación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 12. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado.

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.

3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o

b) negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.

7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente.

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.

Datos clave

  • El responsable facilita la información y las comunicaciones de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.
  • Responde a las solicitudes sin dilación indebida y, a más tardar, en un mes, prorrogable otros dos meses si es necesario.
  • La información y las actuaciones son gratuitas; ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas puede cobrar un canon razonable o negarse a actuar.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo y en qué plazo responde el responsable a quien ejerce sus derechos: lenguaje claro, gratis por regla general y respuesta en un mes, prorrogable dos más.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 4

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 13

Artículo 13. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado

1.

Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

a)

la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

b)

los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c)

los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;

d)

cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;

e)

los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f)

en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.

2.

Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a)

el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b)

la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c)

cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d)

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e)

si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;

f)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.

4.

Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.

Datos clave

  • Si los datos se obtienen del interesado, ¿cuándo debe facilitarse la información del artículo 13? → En el momento en que se obtienen los datos.
  • ¿Qué excepción contempla el artículo 13.4 respecto de la información al interesado? → Que ya disponga de ella, en la medida en que la conozca.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 13.1 exige informar en el momento de la obtención directa de los datos; incluye identidad del responsable, fines, base jurídica y demás extremos previstos.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 13
  • En el momento en que se obtienen los datos.
  • Que ya disponga de ella, en la medida en que la conozca.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 14

Artículo 14. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado

1.

Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información:

a)

la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

b)

los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c)

los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento;

d)

las categorías de datos personales de que se trate;

e)

los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f)

en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición.

2.

Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado:

a)

el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

b)

cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero;

c)

la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

d)

cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada;

e)

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

f)

la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público;

g)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3.

El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2:

a)

dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos;

b)

si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o

c)

si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

4.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2.

5.

Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que:

a)

el interesado ya disponga de la información;

b)

la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89, apartado 1, o en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información;

c)

la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o

d)

cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza legal.

Datos clave

  • Cuando los datos no se obtienen del interesado, ¿qué exige informar el artículo 14.2.f? → La fuente de los datos y si proceden de fuentes de acceso público.
  • Sin primera comunicación ni revelación anterior, ¿qué plazo máximo fija el artículo 14.3.a para informar? → Un mes desde la obtención de los datos personales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 14 añade información sobre el origen de los datos y, en su caso, su procedencia de fuentes de acceso público.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 14
  • La fuente de los datos y si proceden de fuentes de acceso público.
  • Un mes desde la obtención de los datos personales.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 15

Artículo 15. Derecho de acceso del interesado

1.

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

a)

los fines del tratamiento;

b)

las categorías de datos personales de que se trate;

c)

los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;

d)

de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

e)

la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;

f)

el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

g)

cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;

h)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

2.

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.

3.

El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

4.

El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Datos clave

  • ¿Qué puede obtener el interesado al ejercer el acceso del artículo 15 del RGPD? → Confirmación del tratamiento y acceso a sus datos e información prevista.
  • ¿Qué límite impone el artículo 15.4 al derecho a obtener una copia? → No afectar negativamente a derechos y libertades de otros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 15 reconoce confirmación, acceso a los datos personales propios e información sobre fines, categorías, destinatarios, conservación y otros extremos.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 15
  • Confirmación del tratamiento y acceso a sus datos e información prevista.
  • No afectar negativamente a derechos y libertades de otros.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 16

Artículo 16. Derecho de rectificación

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Datos clave

  • ¿Qué permite el derecho de rectificación del artículo 16? → Rectificar datos inexactos y completar datos incompletos.
  • ¿Qué criterio debe tenerse en cuenta para completar datos incompletos mediante el artículo 16? → Los fines del tratamiento de esos datos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interesado tiene derecho, sin dilación indebida, a rectificar datos inexactos y a completar los incompletos, incluso mediante declaración adicional según los fines.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 16
  • Rectificar datos inexactos y completar datos incompletos.
  • Los fines del tratamiento de esos datos.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 17. Derecho de supresión («el derecho al olvido»).

1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.

2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;

b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;

c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;

d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o

e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Datos clave

  • El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de sus datos cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo («derecho al olvido»).
  • No se aplica, entre otros casos, cuando el tratamiento sea necesario para ejercer la libertad de expresión e información o para cumplir una obligación legal o una misión de interés público.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El derecho al olvido obliga a suprimir los datos sin dilación indebida en los supuestos tasados, pero cede ante la libertad de expresión, la obligación legal, la salud pública, el archivo o las reclamaciones.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 18

Artículo 18. Derecho a la limitación del tratamiento

1.

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a)

el interesado impugne la exactitud de los datos personales en un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;

b)

el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;

c)

el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

d)

el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

2.

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

3.

Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

Datos clave

  • El interesado impugna la exactitud de sus datos. ¿Qué derecho procede mientras el responsable la verifica? → La limitación del tratamiento de esos datos.
  • ¿Cuándo debe informarse al interesado de que va a levantarse una limitación del tratamiento? → Antes de levantar la limitación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 18.1.a reconoce la limitación en un plazo que permita al responsable verificar la exactitud.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 18
  • La limitación del tratamiento de esos datos.
  • Antes de levantar la limitación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 19

Artículo 19. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 16, al artículo 17, apartado 1, y al artículo 18 a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo solicita.

Datos clave

  • ¿Qué debe comunicar el responsable a los destinatarios de los datos según el artículo 19? → Las rectificaciones, supresiones o limitaciones, salvo excepción prevista.
  • ¿Qué excepción prevé el artículo 19 a comunicar una rectificación a cada destinatario? → Que resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Debe comunicar rectificación, supresión o limitación a cada destinatario, salvo imposibilidad o esfuerzo desproporcionado, e informar de esos destinatarios al interesado si lo solicita.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 19
  • Las rectificaciones, supresiones o limitaciones, salvo excepción prevista.
  • Que resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Artículo 20. Derecho a la portabilidad de los datos.

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Datos clave

  • El interesado tiene derecho a recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.
  • Se aplica cuando el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y se efectúa por medios automatizados.
  • No se aplica al tratamiento necesario para una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La portabilidad permite llevarse los datos facilitados en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable, pero solo si la base es consentimiento o contrato y el tratamiento es automatizado.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 21

Artículo 21. Derecho de oposición

1.

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

2.

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.

3.

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

4.

A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.

5.

En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.

6.

Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

Datos clave

  • Si el interesado se opone al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, ¿qué debe ocurrir? → Los datos dejan de tratarse para esos fines.
  • Ante oposición por motivos particulares a un tratamiento de las letras e o f del artículo 6.1, ¿cuándo puede continuar el responsable? → Si acredita motivos legítimos imperiosos prevalentes o fines de reclamación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El artículo 21.3 exige dejar de tratar los datos para mercadotecnia directa tras la oposición; comprende la elaboración de perfiles relacionada con ella.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 21
  • Los datos dejan de tratarse para esos fines.
  • Si acredita motivos legítimos imperiosos prevalentes o fines de reclamación.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

RGPD (Reglamento UE 2016/679) · Art. 22

Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles

1.

Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

2.

El apartado 1 no se aplicará si la decisión:

a)

es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;

b)

está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o

c)

se basa en el consentimiento explícito del interesado.

3.

En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

4.

Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

Datos clave

  • ¿Qué decisiones comprende la regla general del artículo 22.1 del RGPD? → Las exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o similares significativos.
  • En los supuestos de contrato o consentimiento explícito del artículo 22.2, ¿qué garantía mínima exige el apartado 3? → Intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interesado tiene derecho a no ser objeto de esas decisiones, incluida elaboración de perfiles, con las excepciones y garantías de los apartados siguientes.

Mapa mental

Reglamento (UE) 2016/679, art. 22
  • Las exclusivamente automatizadas con efectos jurídicos o similares significativos.
  • Intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 2

Formas de gestión de los servicios públicos

La Administración titular de un servicio público puede prestarlo por sí misma o a través de entes instrumentales (gestión directa) o encomendar su gestión a un tercero mediante contrato (gestión indirecta). La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), define los servicios públicos locales como los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y ordena que se gestionen de la forma más sostenible y eficiente de entre las que enumera (art. 85.2).

Gestión directa (art. 85.2.A LBRL):

a) Gestión por la propia entidad local, sin personificación diferenciada.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública.

Las formas c) y d) solo pueden utilizarse cuando se acredite, mediante memoria justificativa, que son más sostenibles y eficientes que las formas a) y b), teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. La memoria se eleva al Pleno y se recaba informe del interventor sobre la sostenibilidad financiera de las propuestas.

Gestión indirecta (art. 85.2.B LBRL). Se realiza mediante las formas previstas en la legislación de contratos. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), hizo desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos y, con él, la regulación de los distintos modos de gestión indirecta del anterior texto refundido; en su lugar surge, por influencia de la Directiva de concesiones, el contrato de concesión de servicios. Las referencias al antiguo contrato se entienden hechas a la concesión de servicios (disposición adicional trigésima cuarta).

Contrato de concesión de servicios (art. 15 LCSP): uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio de su titularidad o competencia, y la contrapartida es el derecho a explotar el servicio, o ese derecho acompañado de un precio. El derecho de explotación implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional, que abarca el riesgo de demanda, el de suministro o ambos. Hay riesgo operacional cuando no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario recupere las inversiones ni cubra los costes de la explotación, y la exposición a las incertidumbres del mercado no es meramente nominal o desdeñable (art. 14.4).

Requisitos (art. 284 LCSP): la Administración puede gestionar indirectamente los servicios de su titularidad o competencia que sean susceptibles de explotación económica por particulares; nunca pueden prestarse por concesión los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Si se trata de servicios públicos, antes de contratar debe establecerse su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad queda asumida por la Administración como propia, determine el alcance de las prestaciones a los administrados y regule sus aspectos jurídicos, económicos y administrativos. Los pliegos fijan las tarifas de los usuarios y el canon que deba satisfacerse a la Administración (art. 285).

Duración (art. 29.6 LCSP): limitada; si supera cinco años, no puede exceder del tiempo razonable para que el concesionario recupere las inversiones con un rendimiento sobre el capital, y, con prórrogas, no puede superar 40 años en concesiones que incluyan obras y explotación del servicio ni 25 años en concesiones de explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

Contrato de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía. Cuando el empresario no asume el riesgo operacional, el servicio se contrata como contrato de servicios. El artículo 312 LCSP recoge para estos contratos las normas del antiguo contrato de gestión de servicios públicos: régimen jurídico previo del servicio, obligación de prestarlo con la continuidad convenida y garantía del derecho de los particulares a utilizarlo.

Otras fórmulas:

  • Sociedades de economía mixta: las concesiones de obras y de servicios pueden adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta con capital mayoritariamente público, siempre que el socio privado se haya elegido conforme a las normas de adjudicación del contrato y no se modifiquen el objeto y las condiciones tenidas en cuenta en esa selección (disposición adicional vigésima segunda).
  • Encargos a medios propios personificados: los poderes adjudicadores pueden ejecutar directamente prestaciones propias de los contratos valiéndose de otra persona jurídica que tenga la condición de medio propio, a cambio de una compensación tarifaria; el encargo no tiene la consideración de contrato (art. 32).
  • Instrumentos no contractuales: las comunidades autónomas pueden legislar instrumentos no contractuales para prestar servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social (disposición adicional cuadragésima novena).

Datos clave

  • La Administración puede prestar el servicio por sí misma o por entes instrumentales (gestión directa) o encomendarlo a un tercero mediante contrato (gestión indirecta); la LBRL (Ley 7/1985) exige gestionarlos de la forma más sostenible y eficiente (art. 85.2).
  • Gestión directa local (art. 85.2.A LBRL): por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y sociedad mercantil local de capital público; las dos últimas exigen memoria justificativa elevada al Pleno e informe del interventor.
  • La Ley 9/2017 (LCSP) hizo desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos y lo sustituyó por el contrato de concesión de servicios; las referencias al antiguo contrato se entienden hechas a la concesión de servicios (disposición adicional trigésima cuarta).
  • Concesión de servicios (art. 15 LCSP): gestión a título oneroso con contrapartida en el derecho a explotar el servicio, que implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional (de demanda, de suministro o ambos; art. 14.4).
  • Requisitos (art. 284 LCSP): servicios susceptibles de explotación económica por particulares; nunca los que impliquen ejercicio de autoridad; los pliegos fijan las tarifas y el canon (art. 285).
  • Duración (art. 29.6 LCSP): limitada; con prórrogas, no puede superar 40 años en concesiones de obras y explotación del servicio, ni 25 años en concesiones de explotación de un servicio no relacionado con servicios sanitarios.
  • Si el empresario no asume el riesgo operacional se contrata como contrato de servicios (art. 312 LCSP); otras fórmulas: sociedades de economía mixta, encargos a medios propios personificados (art. 32) e instrumentos no contractuales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios públicos se gestionan de forma directa (la propia Administración o sus entes) o indirecta mediante contrato. La LCSP sustituyó el contrato de gestión de servicios públicos por la concesión de servicios, basada en el riesgo operacional.

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3