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La financiación de las Comunidades Autónomas. Elementos principales de los tributos propios. Los tributos cedidos. Órganos y formas de relación entre las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El sistema tributario local. El Impuesto sobre Actividades Económicas.

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Artículo 1. Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dispone lo siguiente.

Uno. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyan las Leyes y sus respectivos Estatutos.

Dos. La financiación de las Comunidades Autónomas se regirá por la presente Ley Orgánica y por el Estatuto de cada una de dichas comunidades. En lo que a esta materia afecte se aplicarán las Leyes ordinarias, Reglamentos y demás normas jurídicas emanadas de las instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Tres. Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los Tratados o Convenios suscritos o que se suscriban en el futuro por España.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias.
  • Su financiación se rige por la LOFCA y por el Estatuto de cada Comunidad.
  • Se aplican también las leyes ordinarias, reglamentos y demás normas del Estado y de las Comunidades Autónomas.
  • Queda a salvo lo establecido en los Tratados o Convenios suscritos por España.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas tienen autonomía financiera para ejercer sus competencias; su financiación se rige por la LOFCA y por su Estatuto, sin perjuicio de los tratados suscritos por España.

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Artículo 2. Principios de coordinación de la actividad financiera.

El artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dispone lo siguiente.

Uno. La actividad financiera de las Comunidades Autónomas se ejercerá en coordinación con la Hacienda del Estado, con arreglo a los siguientes principios:

a) El sistema de ingresos de las Comunidades Autónomas, regulado en las normas básicas a que se refiere el artículo anterior, deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español, de conformidad con el apartado 2 del artículo 157 de la Constitución.

b) La garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 de la Constitución, corresponde al Estado, que es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español. A estos efectos, se aplicarán los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera definidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

c) La garantía de un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales, independientemente de la Comunidad Autónoma de residencia.

d) La corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas y el Estado en consonancia con sus competencias en materia de ingresos y gastos públicos.

e) La solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones que consagran los artículos segundo y los apartados uno y dos del ciento treinta y ocho de la Constitución.

f) La suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las Comunidades Autónomas.

g) La lealtad institucional, que determinará el impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y en su caso compensación, mediante modificación del Sistema de Financiación para el siguiente quinquenio.

Dos. Cada Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realización interna del principio de solidaridad.

Tres. Las Comunidades Autónomas gozarán del tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Datos clave

  • La actividad financiera autonómica se coordina con la Hacienda del Estado.
  • El sistema de ingresos no puede implicar privilegios económicos o sociales ni barreras fiscales (artículo 157.2 CE).
  • La garantía del equilibrio económico corresponde al Estado.
  • Principios: nivel base equivalente de servicios fundamentales, corresponsabilidad, solidaridad y suficiencia.
  • La lealtad institucional exige una valoración quinquenal del impacto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
  • Las Comunidades gozan del tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La actividad financiera autonómica se coordina con la Hacienda del Estado según siete principios, desde la prohibición de privilegios y barreras fiscales hasta la lealtad institucional con valoración quinquenal.

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Artículo 3. Consejo de Política Fiscal y Financiera.

1. Para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado se crea por esta Ley el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que estará constituido por el Ministro de Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad Autónoma.

2. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, como órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera, entenderá de las siguientes materias:

a) La coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado.

b) La emisión de los informes y la adopción de los acuerdos previstos en la Ley Orgánica 18/2001, Complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

c) El estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación.

d) El estudio, la elaboración, en su caso, y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costos de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.

e) La apreciación de las razones que justifiquen, en cada caso, la percepción por parte de las Comunidades Autónomas de las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afectación.

f) La coordinación de la política de endeudamiento.

g) La coordinación de la política de inversiones públicas.

h) En general, todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada.

3. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de Política Fiscal y Financiera elaborará un reglamento de régimen interior, que será aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

Datos clave

  • El Consejo de Política Fiscal y Financiera se crea para coordinar la actividad financiera autonómica y la estatal.
  • Lo integran el Ministro de Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad Autónoma.
  • Coordina la política presupuestaria, la de endeudamiento y la de inversiones públicas.
  • Estudia los criterios de distribución del Fondo de Compensación y los costes de los servicios transferidos.
  • Su reglamento de régimen interior se aprueba por mayoría absoluta de sus miembros.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Política Fiscal y Financiera coordina la actividad financiera autonómica y estatal: composición, ocho materias de las que entiende y su reglamento interno.

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Artículo 4. Recursos de las Comunidades Autónomas.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dispone lo siguiente.

Uno. De conformidad con el apartado 1 del artículo 157 de la Constitución, y sin perjuicio de lo establecido en el resto del articulado, los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.

d) La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

e) Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.

f) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes.

g) El producto de las operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

i) Sus propios precios públicos.

Dos. En su caso, las Comunidades Autónomas podrán obtener igualmente ingresos procedentes de:

a) Las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

b) Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos previstos en los artículos 2, 138 y 158 de la Constitución.

Datos clave

  • El artículo 4 desarrolla el artículo 157.1 de la Constitución sobre recursos autonómicos.
  • Recursos: patrimonio y derecho privado; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; tributos cedidos total o parcialmente.
  • Recursos: participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y recargos sobre tributos del Estado.
  • Recursos: participaciones en ingresos del Estado, operaciones de crédito, multas y sanciones y precios públicos propios.
  • Además pueden percibir asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado y transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial.
  • Los Fondos de Compensación Interterritorial tienen el carácter de carga general del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de recursos autonómicos en desarrollo del artículo 157.1 de la Constitución: nueve recursos ordinarios y, en su caso, asignaciones de los Presupuestos del Estado y Fondos de Compensación Interterritorial.

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Artículo 6. Tributos propios.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dispone lo siguiente.

Uno. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

Dos. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.

Tres. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas pueden establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
  • Sus tributos no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
  • Si el Estado grava hechos imponibles autonómicos con merma de ingresos, instrumenta medidas de compensación o coordinación.
  • Sus tributos no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales.
  • Pueden gravar materias reservadas a las Corporaciones locales, compensándolas para que sus ingresos no se vean mermados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades pueden crear sus propios tributos, pero sin gravar hechos ya gravados por el Estado o por los tributos locales; si invaden materias locales o el Estado invade las suyas, hay compensación.

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Artículo 7.

1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer tasas por la utilización de su dominio público, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de Derecho público de su competencia, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados: - Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. - Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

2. Cuando el Estado o las Corporaciones Locales transfieran a las Comunidades Autónomas bienes de dominio público para cuya utilización estuvieran establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas se considerarán como tributos propios de las respectivas Comunidades.

3. El rendimiento previsto para cada tasa por la prestación de servicios o realización de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades.

4. Para la fijación de las tarifas de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica, siempre que la naturaleza de aquélla se lo permita.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas pueden establecer tasas por la utilización de su dominio público y por la prestación de servicios o actividades en régimen de Derecho público de su competencia.
  • Requisitos: que no sean de solicitud voluntaria para los administrados y que no se presten o realicen por el sector privado.
  • El rendimiento previsto para cada tasa por servicios o actividades no puede sobrepasar su coste.
  • Para fijar las tarifas pueden tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica, si la naturaleza de la tasa lo permite.
  • Las tasas de bienes de dominio público transferidos por el Estado o las Corporaciones Locales se consideran tributos propios de las Comunidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tasas autonómicas: hechos que las justifican, cuándo un servicio no es de solicitud voluntaria, tasas transferidas, límite del coste y capacidad económica en las tarifas.

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Artículo 8. Uno.

Las Comunidades Autónomas podrán establecer contribuciones especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización por las mismas de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su costa de servicios públicos.

Dos. La recaudación por la contribución especial no podrá superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas pueden establecer contribuciones especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
  • La recaudación por la contribución especial no puede superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.
  • El artículo 8 se compone de dos apartados: Uno (contribuciones especiales) y Dos (límite de la recaudación).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades Autónomas pueden establecer contribuciones especiales cuando sus obras o servicios públicos benefician o revalorizan bienes del sujeto pasivo, con un tope: no recaudar más que el coste soportado.

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Artículo 9. Principios de los impuestos propios.

Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios impuestos, respetando, además de lo establecido en el artículo sexto de esta Ley, los siguientes principios:

a) No podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

b) No podrán gravarse, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la comunidad impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo.

c) No podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la ubicación de Empresas y capitales dentro del territorio español, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, uno, a), ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades.

Datos clave

  • Los impuestos propios respetan el artículo 6 y los principios del artículo 9.
  • No pueden sujetar elementos patrimoniales, rendimientos ni gastos situados o realizados fuera del territorio de la Comunidad.
  • No pueden gravar negocios o actos realizados fuera del territorio de la comunidad impositora.
  • No pueden obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.
  • No pueden comportar cargas trasladables a otras Comunidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Límites de los impuestos propios autonómicos: territorialidad y libre circulación, además del respeto a lo dispuesto en el artículo sexto de la propia ley.

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Artículo 10. Tributos cedidos.

1. Son tributos cedidos los establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto corresponda a la Comunidad Autónoma.

2. Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se establezcan en una Ley específica.

3. La cesión de tributos por el Estado a que se refiere el apartado anterior podrá hacerse total o parcialmente. La cesión será total si se hubiese cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles contemplados en el tributo de que se trate. La cesión será parcial si se hubiese cedido la de alguno o algunos de los mencionados hechos imponibles, o parte de la recaudación correspondiente a un tributo. En ambos casos, la cesión podrá comprender competencias normativas en los términos que determine la Ley que regule la cesión de tributos.

4. Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la Ley de cesión:

a) Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una Comunidad Autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al del causante.

b) Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución a las Comunidades Autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar de consumo, bien en función del lugar en el que el vendedor realice la operación a través de establecimientos, locales o agencias, bien en función de los consumos calculados sobre una base estadística.

c) Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las Comunidades Autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble.

Datos clave

  • Son tributos cedidos los establecidos y regulados por el Estado cuyo producto corresponde a la Comunidad Autónoma.
  • La cesión se entiende efectuada por precepto expreso del Estatuto; su alcance y condiciones se fijan en una Ley específica.
  • La cesión puede ser total o parcial y puede comprender competencias normativas.
  • Tributos personales: se atribuyen por el domicilio fiscal del sujeto pasivo; en adquisiciones por causa de muerte, por el del causante.
  • Tributos sobre consumo: lugar de consumo, lugar de la operación o consumos calculados sobre base estadística.
  • Operaciones inmobiliarias: lugar donde radique el inmueble.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tributos cedidos: los establece y regula el Estado, pero su producto es de la Comunidad. La cesión nace del Estatuto, puede ser total o parcial y se atribuye por domicilio, consumo o situación del inmueble.

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Artículo 11. Tributos susceptibles de cesión.

Solo pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas, en las condiciones que establece la presente ley, los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial con el límite máximo del 50 por ciento.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

e) Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial con el límite máximo del 50 por ciento.

f) Los Impuestos Especiales de Fabricación, con carácter parcial con el límite máximo del 58 por ciento de cada uno de ellos, excepto el Impuesto sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos.

g) El Impuesto sobre la Electricidad.

h) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

i) Los Tributos sobre el Juego.

j) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial con el límite máximo del 58 por ciento para el tipo estatal general y en su totalidad para el tipo estatal especial y para el tipo autonómico.

k) El Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

Datos clave

  • IRPF: cesión parcial con el límite máximo del 50 por ciento.
  • IVA: cesión parcial con el límite máximo del 50 por ciento.
  • Impuestos Especiales de Fabricación: cesión parcial con el límite máximo del 58 por ciento, salvo Electricidad e Hidrocarburos.
  • Impuesto sobre Hidrocarburos: 58 por ciento del tipo estatal general y totalidad del tipo estatal especial y del autonómico.
  • Se ceden íntegramente Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Sucesiones y Donaciones, Electricidad, Medios de Transporte y Juego.
  • También es cedible el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de los once tributos que pueden cederse a las Comunidades Autónomas, con límites del 50 % (IRPF e IVA) y del 58 % (Especiales de Fabricación y tipo estatal general de Hidrocarburos).

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Artículo 12. Recargos sobre tributos del Estado.

1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos. En el resto de Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido únicamente podrán establecer recargos cuando tengan competencias normativas en materia de tipos de gravamen.

2. Los recargos previstos en el apartado anterior no podrán configurarse de forma que puedan suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos, ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas pueden establecer recargos sobre tributos del Estado susceptibles de cesión.
  • No caben recargos en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
  • En el resto de Impuestos Especiales y en el IVA solo si tienen competencias normativas sobre tipos de gravamen.
  • Los recargos no pueden minorar los ingresos del Estado ni desvirtuar la naturaleza o estructura del impuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades pueden poner recargos sobre tributos estatales susceptibles de cesión, nunca en Hidrocarburos; en IVA e Impuestos Especiales solo si tienen competencias sobre tipos. Y sin restar ingresos al Estado.

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Artículo 13. Fondo de Suficiencia Global.

El artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dispone lo siguiente.

Uno. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía participarán, a través de su Fondo de Suficiencia Global, en los ingresos del Estado.

Dos. El Fondo de Suficiencia Global cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Tres. El valor inicial del Fondo de Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía se determinará en Comisión Mixta. Dicho valor será objeto de regularización y evolucionará de acuerdo a lo previsto en la Ley.

Cuatro. El valor del Fondo de Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores.

b) Cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos.

c) Cuando se den otras circunstancias, establecidas en la Ley.

Cinco. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán ser titulares de otras formas de participación en los ingresos del Estado, a través de los fondos y mecanismos establecidos en las leyes.

Datos clave

  • Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía participan en los ingresos del Estado a través del Fondo de Suficiencia Global.
  • El Fondo cubre la diferencia entre necesidades de gasto y la suma de capacidad tributaria y transferencia del Fondo de Garantía.
  • Su valor inicial se determina en Comisión Mixta.
  • Solo se revisa por traspaso de nuevos servicios, cesión de nuevos tributos u otras circunstancias establecidas en la Ley.
  • Caben otras formas de participación en los ingresos del Estado mediante fondos y mecanismos legales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Suficiencia Global tapa el hueco entre lo que cada Comunidad o Ciudad Autónoma necesita gastar y lo que obtiene con sus tributos y el Fondo de Garantía; solo se revisa en tres supuestos.

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Artículo 15. Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

El artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) dispone lo siguiente.

Uno. El Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia.

A efectos de este artículo se considerarán servicios públicos fundamentales la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales.

Se considerará que no se llega a cubrir el nivel de prestación de los servicios públicos al que hace referencia este apartado, cuando su cobertura se desvíe del nivel medio de los mismos en el territorio nacional.

Dos. En cumplimiento del artículo 158.1 de la Constitución y dando satisfacción a lo dispuesto en el apartado anterior, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tendrá por objeto garantizar que cada Comunidad recibe, en los términos fijados por la Ley, los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales, para financiar los servicios públicos fundamentales, garantizando la cobertura del nivel mínimo de los servicios fundamentales en todo el territorio. Participarán en la constitución del mismo las Comunidades Autónomas con un porcentaje de sus tributos cedidos, en términos normativos, y el Estado con su aportación, en los porcentajes y cuantías que marque la Ley.

Datos clave

  • El Estado garantiza en todo el territorio el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales.
  • Son servicios públicos fundamentales la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales.
  • No se cubre el nivel cuando la cobertura se desvía del nivel medio en el territorio nacional.
  • El Fondo de Garantía asegura los mismos recursos por habitante, ajustados por necesidades diferenciales (artículo 158.1 CE).
  • Participan las Comunidades con un porcentaje de sus tributos cedidos, en términos normativos, y el Estado con su aportación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado garantiza en todo el territorio un nivel mínimo de educación, sanidad y servicios sociales esenciales; el Fondo de Garantía asegura los mismos recursos por habitante, ajustados por necesidades.

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Artículo 16. Fondos de Compensación Interterritorial.

1. De conformidad con el principio de solidaridad interterritorial al que se refiere el apartado 2 del artículo 158 de la Constitución, en los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente un Fondo de Compensación, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado, tal y como se determina en el artículo 4.2.b) de esta Ley. El Fondo de Compensación se distribuirá por las Cortes Generales, de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 de la Constitución, entre Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

2. Con independencia del Fondo de Compensación establecido en el punto 1 anterior, en los Presupuestos Generales del Estado también se dotará anualmente un Fondo Complementario del anterior, cuyos recursos tendrán asimismo el carácter de carga general del Estado.

3. El Fondo de Compensación se dotará anualmente de la siguiente forma:

a) Con una cantidad que no podrá ser inferior al 22,5 por ciento de la base de cálculo de la inversión pública que haya sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, tal y como se defina en la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.

b) Adicionalmente, con el 1,5 por ciento de la cantidad determinada en la letra anterior y el importe que se asigne legalmente en función de la variable "Ciudad con Estatuto de Autonomía''.

c) Adicionalmente, con el 4,02 por ciento de la cantidad determinada en la letra a) anterior, y el importe que se asigne legalmente por la variable de "región ultraperiférica''. Dichas cuantías se destinarán a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados y se repartirán de acuerdo a los criterios establecidos en el número siguiente.

4. El importe resultante de aplicar el apartado a) del apartado precedente se distribuirá entre Comunidades Autónomas perceptoras conforme a los siguientes criterios:

a) La inversa de la renta por habitante.

b) La tasa de población emigrada en los últimos diez años.

c) El porcentaje de desempleo sobre la población activa.

d) La superficie territorial.

e) El hecho insular, en relación con la lejanía del territorio peninsular.

f) Otros criterios que se estimen pertinentes. La ponderación de los criterios anteriores y de los índices de distribución se establecerá por Ley y será revisable cada cinco años. El importe total resultante de aplicar el apartado b) del apartado precedente se distribuirá por partes iguales entre las Ciudades con Estatuto de Autonomía propio, en consideración a la especificidad de su condición fronteriza.

5. El Fondo Complementario se dotará anualmente para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio, con una cantidad equivalente al 33,33 por ciento de su respectivo Fondo de Compensación. Dicha cuantía se destinará a gastos de inversión. No obstante, a solicitud de los territorios beneficiarios del mismo, podrá destinarse a financiar, durante el período que determine la Ley, gastos de funcionamiento asociados a las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o a este Fondo.

6. Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial recibidas deberán destinarse a financiar proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio español. No obstante lo anterior, las transferencias recibidas del Fondo Complementario podrán destinarse a financiar gastos de funcionamiento asociados a los proyectos de inversión relacionados anteriormente.

7. El Estado, Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, con el fin de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, de común acuerdo determinarán, según la distribución de competencias existentes en cada momento, los proyectos en que se materializan las inversiones realizadas con cargo a los Fondos de Compensación.

8. Cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación, así como el estado de realización de los proyectos que con cargo al mismo estén en curso de ejecución.

9. Los posibles excedentes de los Fondos en un ejercicio económico quedarán afectos a los mismos para la atención de los proyectos de ejercicios posteriores.

10. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las inversiones que efectúe directamente el Estado y el Sector Público Estatal se inspirarán en el principio de solidaridad.

Datos clave

  • El Fondo de Compensación se dota anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (artículo 158.2 CE) y es carga general del Estado.
  • Lo distribuyen las Cortes Generales (artículo 74.2 CE).
  • Dotación mínima: 22,5 por ciento de la base de cálculo de la inversión pública, más un 1,5 por ciento y un 4,02 por ciento adicionales.
  • Criterios de reparto: inversa de la renta por habitante, emigración en los últimos diez años, desempleo, superficie e insularidad.
  • La ponderación se fija por Ley y es revisable cada cinco años.
  • El Fondo Complementario equivale al 33,33 por ciento del respectivo Fondo de Compensación.
  • Cada territorio da cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fondo de Compensación y Fondo Complementario: dotación anual, porcentajes, criterios de reparto, destino a inversión y rendición de cuentas ante las Cortes Generales.

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Artículo 19. Uno.

La aplicación de los tributos y la potestad sancionadora respecto a sus propios tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Dos. En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias normativas:

a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota.

b) En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones.

c) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión.

d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad "Transmisiones Patrimoniales Onerosas", la regulación del tipo de gravamen en arrendamientos, en las concesiones administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía; y en la modalidad "Actos Jurídicos Documentados", el tipo de gravamen de los documentos notariales. Asimismo, podrán regular deducciones de la cuota, bonificaciones, así como la regulación de la gestión del tributo.

e) En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la regulación de la aplicación de los tributos.

f) En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la regulación de los tipos impositivos.

g) En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la regulación del tipo impositivo autonómico.

h) En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, la regulación de los tipos impositivos y de la gestión del tributo. En el ejercicio de las competencias normativas a que se refiere el párrafo anterior, las Comunidades Autónomas observarán el principio de solidaridad entre todos los españoles, conforme a lo establecido al respecto en la Constitución; no adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional. Asimismo, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir por delegación del Estado la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y la revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Valor Añadido ni en los Impuestos Especiales de Fabricación. La aplicación de los tributos, potestad sancionadora y revisión de estos impuestos tendrá lugar según lo establecido en el apartado siguiente. Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea.

Tres. La aplicación de los tributos, potestad sancionadora y revisión, en su caso, de los demás tributos del Estado recaudados en cada Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que aquélla pueda recibir de ésta y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Datos clave

  • Uno: la aplicación de los tributos y la potestad sancionadora respecto a sus propios tributos corresponde a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la colaboración con la Administración Tributaria del Estado.
  • Dos: en tributos cedidos, las Comunidades pueden asumir competencias normativas en IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributos sobre el juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Hidrocarburos y depósito de residuos.
  • En el ejercicio de esas competencias observan el principio de solidaridad, no adoptan medidas discriminatorias y mantienen una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional.
  • La delegación de la aplicación de los tributos no rige para el IRPF, el IVA ni los Impuestos Especiales de Fabricación.
  • Tres: la aplicación, potestad sancionadora y revisión de los demás tributos del Estado recaudados en cada Comunidad corresponde a la Administración Tributaria del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién gestiona cada tributo: los propios, la comunidad; los cedidos, con competencias normativas autonómicas y posible delegación; los demás estatales, la Administración Tributaria del Estado.

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Artículo 20. Revisión en vía administrativa de los actos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, regula la revisión en vía administrativa de los actos dictados por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Uno. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra actos dictados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades con Estatuto de Autonomía en relación con sus tributos propios corresponderá a sus propios órganos económico-administrativos.

Dos. Cuando así se establezca en la correspondiente ley del Estado, y en relación con los tributos estatales, la competencia para el ejercicio de la función revisora en vía administrativa de los actos dictados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá corresponder a las mismas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado.

Tres. Dicha competencia podrá efectuarse en los términos establecidos por la ley en la que se fije el alcance y condiciones de la cesión de tributos por parte del Estado. Entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán establecerse fórmulas de colaboración específica en orden al ejercicio de la función revisora, cuando la naturaleza del tributo así lo aconseje, acordando los mecanismos de cooperación precisos.

Cuatro. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas en exclusiva al Estado en el artículo 149.1. 1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución Española en relación con el establecimiento de los principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español, contenidas en las disposiciones tributarias del Estado y, específicamente, en la Ley 58/2003, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, aplicables a y por todas las Administraciones tributarias.

Cinco. La función unificadora de criterio en los tributos estatales corresponde a la Administración Tributaria del Estado, que la ejercerá conforme a la Ley 58/2003, General Tributaria.

Datos clave

  • Tributos propios de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto: conocen sus propios órganos económico-administrativos.
  • Tributos estatales: la función revisora puede corresponder a las Comunidades Autónomas cuando así lo establezca la ley del Estado.
  • Se admiten fórmulas de colaboración específica entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuando la naturaleza del tributo lo aconseje.
  • Se respetan las competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1. 1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución.
  • La función unificadora de criterio en los tributos estatales corresponde a la Administración Tributaria del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las reclamaciones contra actos autonómicos sobre tributos propios las resuelven sus órganos económico-administrativos; en tributos estatales, solo si lo prevé la ley del Estado, y la unificación de criterio es estatal.

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Artículo 23. Junta Arbitral y conflictos sobre los puntos de conexión

El artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas establece lo siguiente.

1. Los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos se resolverán por una Junta Arbitral.

2. Podrán promover el conflicto las Administraciones que consideren producido en su territorio el rendimiento del tributo de que se trate, así como aquellas que se consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o recaudación respectivos, de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.

3. De la misma forma, podrán promover el conflicto las Administraciones que no consideren producido en su territorio el rendimiento o que no se consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o recaudación cuando otra Administración sostenga, respecto de aquéllas, que sí debe considerarse producido en su territorio el rendimiento o que sí son competentes en los citados procedimientos.

4. Las competencias de la Junta Arbitral se extenderán a la resolución de aquellos conflictos que puedan plantearse entre Administraciones sobre la titularidad del rendimiento o de las competencias de gestión, inspección o recaudación, como consecuencia de la aplicación territorial de las normas o acuerdos de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas.

5. Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se dará audiencia al interesado. Dicho procedimiento, cuando ninguna de las dos cuotas líquidas objeto de conflicto supere 125.000 euros, podrá consistir en un procedimiento simplificado.

6. Los conflictos serán resueltos por los siguientes órganos:

a) Caso de que la controversia se produzca entre las Administraciones del Estado y de una o varias Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí, será resuelta por la Junta Arbitral que se regula en el artículo siguiente.

b) Si en el conflicto interviniese la Administración de otros territorios distintos de los referidos en la letra anterior, un representante de la Admi nistración del Estado será sustituido por otro designado por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Comunidad Autónoma.

7. Cuando se suscite el conflicto, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción, y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

No obstante lo anterior, cuando se hayan practicado liquidaciones definitivas por cualquiera de las Administraciones afectadas, dichas liquidaciones surtirán plenos efectos, sin perjuicio de la posibilidad de practicar la revisión de oficio prevista en la Ley General Tributaria.

8. La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con principios de economía, celeridad y eficacia, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.

9. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendrán carácter ejecutivo y serán impugnables en vía contencioso-administrativa.

Datos clave

  • Los conflictos en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos los resuelve una Junta Arbitral.
  • Pueden promover el conflicto las Administraciones que se consideren titulares del rendimiento o competentes en gestión, inspección o recaudación, y también las que nieguen serlo frente a otra.
  • Cabe un procedimiento simplificado cuando ninguna de las cuotas líquidas en conflicto supere 125.000 euros; en todo caso se da audiencia al interesado.
  • Planteado el conflicto, se notifica a los interesados, lo que interrumpe la prescripción, y las Administraciones se abstienen de actuar.
  • Las liquidaciones definitivas ya practicadas surten plenos efectos, sin perjuicio de la revisión de oficio prevista en la Ley General Tributaria.
  • Las resoluciones de la Junta Arbitral son ejecutivas e impugnables en vía contencioso-administrativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los conflictos sobre puntos de conexión de los tributos cedidos los resuelve una Junta Arbitral; pueden promoverlos las Administraciones que reclaman o rechazan el rendimiento, y sus resoluciones son ejecutivas.

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Artículo 24. Composición y funcionamiento de la Junta Arbitral

El artículo 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas establece lo siguiente.

1. La Junta Arbitral a que se refiere el apartado 6. a) del artículo anterior estará presidida por un jurista de reconocido prestigio, designado para un período de cinco años por el Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Serán Vocales de esta Junta:

a) Cuando la controversia se suscite entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado, designados por el Ministro de Hacienda, uno de los cuales actuará como Secretario, y cuatro representantes de cada Comunidad Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de éstas.

b) Cuando la controversia se suscite entre Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado y cuatro de cada Comunidad Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de éstas, actuando como Secretario un representante del Estado.

2. En todo lo referente al funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto, en materia de órganos colegiados, en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el procedimiento simplificado actuará como órgano de resolución el presidente de la Junta Arbitral.

Datos clave

  • Preside la Junta Arbitral un jurista de reconocido prestigio, designado por cinco años por el Ministro de Hacienda a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
  • En conflictos entre el Estado y Comunidades Autónomas son vocales cuatro representantes del Estado, uno de ellos Secretario, y cuatro de cada Comunidad en conflicto.
  • En conflictos entre Comunidades Autónomas son vocales cuatro representantes del Estado y cuatro de cada Comunidad, y actúa como Secretario un representante del Estado.
  • Su funcionamiento se rige por las normas de órganos colegiados de la Ley 30/1992.
  • En el procedimiento simplificado resuelve el presidente de la Junta Arbitral.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Junta Arbitral la preside un jurista de prestigio nombrado por cinco años; los vocales son cuatro del Estado y cuatro por cada Comunidad en conflicto, y en el simplificado resuelve el presidente solo.

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Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Tienen la consideración de bases del régimen jurídico financiero de la Administración local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, los preceptos contenidos en esta ley, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución ; todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.

2. Esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.

3. Igualmente, esta ley se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales.

Datos clave

  • Los preceptos de la ley son bases del régimen jurídico financiero local dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
  • Se exceptúan los apartados 2 y 3 del artículo 186.
  • El sistema tributario local se dicta en virtud del artículo 133 de la Constitución.
  • Las participaciones en los tributos del Estado desarrollan el artículo 142 de la Constitución.
  • Se respetan las competencias exclusivas del Estado del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
  • Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes forales del País Vasco y Navarra y de los tratados y convenios internacionales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Ley de Haciendas Locales es básica (art. 149.1.18.ª CE), salvo dos apartados del artículo 186; el sistema tributario local y la participación en tributos del Estado se apoyan en los artículos 133 y 142 CE. Se aplica en toda España.

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Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales.

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

d) Las subvenciones.

e) Los percibidos en concepto de precios públicos.

f) El producto de las operaciones de crédito.

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

h) Las demás prestaciones de derecho público.

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Datos clave

  • La hacienda local se integra por ocho clases de recursos, letras a) a h).
  • Los tributos propios se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.
  • Incluye recargos sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
  • Incluye participaciones en tributos del Estado y de las comunidades autónomas, subvenciones, precios públicos y operaciones de crédito.
  • También multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y demás prestaciones de derecho público.
  • Para la cobranza de sus ingresos de derecho público, la hacienda local ostenta las prerrogativas legales de la hacienda del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lista cerrada de los ocho recursos de la hacienda local, de los ingresos patrimoniales a las demás prestaciones de derecho público, y prerrogativas de la hacienda del Estado para cobrar tributos y demás ingresos de derecho público.

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Artículo 3. Definición.

1. Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.

2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público.

3. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.

4. Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos, salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública.

Datos clave

  • Son ingresos de derecho privado los rendimientos del patrimonio y las adquisiciones por herencia, legado o donación.
  • El patrimonio lo forman bienes y derechos reales o personales susceptibles de valoración económica no afectos al uso o servicio público.
  • Nunca son ingresos de derecho privado los procedentes de bienes de dominio público local.
  • Sí lo es el importe de la enajenación de bienes desafectados del dominio público y posteriormente vendidos.
  • El último concesionario antes de la desafectación tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta pública, salvo que la legislación autonómica prevea otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son ingresos de derecho privado los rendimientos del patrimonio local y lo adquirido por herencia, legado o donación; nunca lo que proceda del dominio público, aunque sí la venta de bienes desafectados, con preferencia del último concesionario.

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Artículo 4. Régimen jurídico.

La efectividad de los derechos de la hacienda local comprendidos en este capítulo se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del derecho privado.

Datos clave

  • Se refiere a los ingresos de derecho privado de la hacienda local.
  • Su efectividad se sujeta a las normas y procedimientos del derecho privado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos de la hacienda local de este capítulo se hacen efectivos con las normas y procedimientos del derecho privado, no del público.

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Artículo 5. Limitación de destino.

Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Datos clave

  • Los ingresos por enajenación o gravamen de bienes patrimoniales no pueden financiar gastos corrientes.
  • Excepción: parcelas sobrantes de vías públicas no edificables.
  • Excepción: efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Lo que se obtiene vendiendo o gravando bienes y derechos patrimoniales no puede pagar gastos corrientes, salvo las parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y los efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

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Artículo 6. Principios de tributación local.

Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

Datos clave

  • Los tributos locales se establecen al amparo del artículo 106.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Principio de territorialidad: no gravar bienes, actividades, rendimientos ni gastos fuera del territorio de la entidad.
  • No gravar negocios, actos o hechos realizados fuera del territorio de la entidad impositora.
  • No obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.
  • No afectar a la fijación de la residencia de las personas ni a la ubicación de empresas y capitales, sin perjuicio de la ordenación urbanística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tributos locales tienen tres límites: no gravar lo situado o realizado fuera del territorio de la entidad, no gravar negocios o derechos ajenos a ese territorio y no obstaculizar la libre circulación ni la residencia o ubicación.

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Artículo 7. Delegación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye.

Asimismo, las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho público que les correspondan.

2. El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los "Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma", para general conocimiento.

3. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria que establece esta ley y, supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias propias de dicha entidad.

4. Las entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por delegación de una entidad local todas o algunas de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos o recursos de derecho público de dicha entidad local, podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

Datos clave

  • Base: artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Las entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas.
  • Facultades delegables: gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de Derecho público.
  • El acuerdo lo adopta el Pleno, que fija alcance y contenido; se publica, una vez aceptada, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma.
  • Los actos dictados por delegación se impugnan según el procedimiento del ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  • La entidad delegada puede ejercer las facultades en todo su ámbito territorial e incluso en el de entidades que no le hayan delegado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales pueden delegar la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, por acuerdo del Pleno.

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Artículo 8. Colaboración.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

De igual modo, las Administraciones a que se refiere el párrafo anterior colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales.

2. En particular, dichas Administraciones:

a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten y, en su caso, se establecerá, a tal efecto la intercomunicación técnica precisa a través de los respectivos centros de informática.

b) Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se determine, la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se reclamen.

c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de derecho público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respectivos servicios de inspección.

d) Podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos.

Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen legal al que están sometidos el uso y la cesión de la información tributaria.

3. Las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación.

4. Las entidades que, al amparo de lo previsto en este artículo, hayan establecido fórmulas de colaboración con entidades locales para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público propios de dichas entidades locales, podrán desarrollar tal actividad colaboradora en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales con las que no hayan establecido fórmula de colaboración alguna.

Datos clave

  • Base: artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Colaboran las Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
  • Se facilitarán información, asistencia mutua, comunicación inmediata de hechos con trascendencia tributaria y podrán elaborar planes de inspección conjunta o coordinada.
  • Todo ello sin perjuicio del régimen legal del uso y cesión de la información tributaria.
  • Inspección o recaudación ejecutiva fuera del territorio local: órganos de la comunidad autónoma (dentro de su ámbito) o del Estado (en otro caso), previa solicitud del presidente de la corporación.
  • Las entidades colaboradoras pueden actuar en todo su ámbito territorial e incluso en el de entidades sin fórmula de colaboración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Estado, comunidades autónomas y entidades locales colaboran en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público locales: información, asistencia, comunicación de hechos y planes conjuntos de inspección.

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Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación.

1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.

Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.

3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

Datos clave

  • Solo se reconocen beneficios fiscales previstos en normas con rango de ley o derivados de tratados internacionales.
  • Las ordenanzas fiscales pueden establecer beneficios en los supuestos expresamente previstos por la ley.
  • Bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota por domiciliar deudas de vencimiento periódico, anticipar pagos o colaborar en la recaudación.
  • Las leyes que establezcan beneficios fiscales determinarán fórmulas de compensación (no aplicable a los beneficios de las ordenanzas).
  • Si el Estado otorga moratorias o aplazamientos de tributos locales, debe arbitrar fórmulas de compensación o anticipo a favor de la entidad local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En tributos locales solo valen los beneficios fiscales previstos en ley o tratados y los que fijen las ordenanzas en supuestos previstos por la ley, como la bonificación de hasta el 5 % por domiciliar, anticipar pagos o colaborar en la recaudación.

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Artículo 10. Recargos e intereses de demora.

En la exacción de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, los recargos e intereses de demora se exigirán y determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de los tributos del Estado.

Cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, no se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido solicitados en período voluntario, en las condiciones y términos que prevea la ordenanza, siempre que se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

Datos clave

  • Recargos e intereses de demora: mismos casos, forma y cuantía que en los tributos del Estado.
  • Se aplica a tributos locales y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales.
  • Si la ordenanza lo prevé, no se exige interés de demora en aplazamientos o fraccionamientos solicitados en período voluntario.
  • Requisitos: deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, con pago total en el mismo ejercicio del devengo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recargos e intereses de demora de los ingresos locales se exigen como en los tributos del Estado; la ordenanza puede eximir del interés de demora ciertos aplazamientos o fraccionamientos pedidos en período voluntario.

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Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias.

En materia de tributos locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con las especificaciones que resulten de esta ley y las que, en su caso, se establezcan en las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Datos clave

  • Régimen de infracciones y sanciones: el de la Ley General Tributaria y sus disposiciones complementarias y de desarrollo.
  • Con las especificaciones del propio texto refundido.
  • Y con las que se establezcan en las Ordenanzas fiscales al amparo de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las infracciones y sanciones en tributos locales siguen la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, con las especificaciones de esta ley y, en su caso, de las ordenanzas fiscales dictadas al amparo de la ley.

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Artículo 12. Gestión.

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.

Datos clave

  • Gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales: conforme a la Ley General Tributaria y demás leyes del Estado y su desarrollo.
  • Las ordenanzas fiscales pueden adaptar esa normativa a la organización y funcionamiento interno de cada entidad.
  • La adaptación no puede contravenir el contenido material de dicha normativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales siguen la Ley General Tributaria y demás leyes estatales; las ordenanzas fiscales pueden adaptarlas a la organización interna de cada entidad sin contravenir su contenido material.

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Artículo 13. Consultas.

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, la competencia para evacuar las consultas a que se refiere el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones.

Datos clave

  • Consultas tributarias del artículo 88 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Competencia para evacuarlas: la entidad que ejerza las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las consultas tributarias del artículo 88 de la Ley General Tributaria sobre tributos locales las contesta la entidad que ejerza la gestión, liquidación, inspección y recaudación de esos tributos.

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Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa.

1. Respecto de los procedimientos especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los párrafos siguientes:

a) La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

b) No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.

Los actos dictados en materia de gestión de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, también estarán sometidos a los procedimientos especiales de revisión conforme a lo previsto en este apartado.

2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula.

a) Objeto y naturaleza.-Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.

b) Competencia para resolver.-Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano de la entidad local que haya dictado el acto administrativo impugnado.

c) Plazo de interposición.-El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.

d) Legitimación.-Podrán interponer el recurso de reposición:

1.º Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.

2.º Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.

e) Representación y dirección técnica.-Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

f) Iniciación.-El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos:

1.º Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del número del documento nacional de identidad o del código identificador.

2.º El órgano ante quien se formula el recurso.

3.º El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos relativos a aquel que se consideren convenientes.

4.º El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.

5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso.

En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.

Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con el párrafo i) siguiente.

g) Puesta de manifiesto del expediente.-Si el interesado precisare del expediente de gestión o de las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, deberá comparecer a tal objeto ante la oficina gestora a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.

La oficina o dependencia de gestión, bajo la responsabilidad de su jefe, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran.

h) Presentación del recurso.-El escrito de interposición del recurso se presentará en la sede del órgano de la entidad local que dictó el acto administrativo que se impugna o en su defecto en las dependencias u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

i) Suspensión del acto impugnado.-La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria.

No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo, y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes especialidades:

1.º En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la entidad local que dictó el acto.

2.º Las resoluciones desestimatorias de la suspensión sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.

3.º Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

j) Otros interesados.-Si del escrito inicial o de las actuaciones posteriores resultaren otros interesados distintos del recurrente, se les comunicará la interposición del recurso para que en el plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga.

k) Extensión de la revisión.-La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso.

Si el órgano estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones.

l) Resolución del recurso.-El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, con excepción de los supuestos regulados en los párrafos j) y k) anteriores, en los que el plazo se computará desde el día siguiente al que se formulen las alegaciones o se dejen transcurrir los plazos señalados.

El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo.

La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.

m) Forma y contenido de la resolución.-La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.

Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.

n) Notificación y comunicación de la resolución.-La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de 10 días desde que aquélla se produzca.

ñ) Impugnación de la resolución.-Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.

Datos clave

  • Procedimientos especiales de revisión: artículo 110 de la Ley 7/1985; devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores, artículos 32 y 220 de la Ley 58/2003.
  • No son revisables los actos confirmados por sentencia judicial firme.
  • Contra actos de aplicación y efectividad de tributos e ingresos de derecho público locales solo cabe recurso de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa cuando esta proceda.
  • Plazo de interposición: un mes desde el día siguiente a la notificación expresa o al fin de la exposición pública de padrones o matrículas.
  • Resuelve el órgano que dictó el acto; no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
  • La interposición no suspende la ejecución, salvo las sanciones tributarias, que quedan automáticamente suspendidas.
  • Otros interesados y cuestiones no planteadas: plazo de cinco días para alegaciones.
  • Resolución en un mes (silencio desestimatorio); notificación en 10 días; contra ella, recurso contencioso-administrativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra los actos de aplicación de tributos y demás ingresos de derecho público locales solo cabe el recurso de reposición: un mes para interponerlo, lo resuelve quien dictó el acto y, sin resolución en un mes, se entiende desestimado.

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Artículo 15. Ordenanzas fiscales.

1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Datos clave

  • Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las ordenanzas fiscales reguladoras, salvo los supuestos del artículo 59.1.
  • Para los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos que fijen elementos de las cuotas deben acordarlo y aprobar las ordenanzas fiscales oportunas.
  • La potestad reglamentaria del artículo 12.2 se ejerce en las ordenanzas de cada tributo o en ordenanzas específicas.
  • Las ordenanzas específicas regulan la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar sus ordenanzas fiscales; en los impuestos del artículo 59.1, los ayuntamientos solo acuerdan si quieren usar sus facultades.

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Artículo 16. Contenido de las ordenanzas fiscales.

1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15.

Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.

Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.

Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15.

Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de fijación de los elementos regulados en aquéllas.

Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último párrafo del apartado anterior.

Datos clave

  • Contenido mínimo: hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota, período impositivo y devengo.
  • También los regímenes de declaración y de ingreso.
  • Deben incluir las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
  • Los acuerdos de aprobación se adoptan simultáneamente a los de imposición de los tributos o de fijación de sus elementos.
  • Los acuerdos de modificación deben contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de aprobación y comienzo de aplicación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido mínimo de las ordenanzas fiscales de los tributos que se imponen y de las que fijan elementos de impuestos, con su aprobación simultánea y lo que deben incluir sus modificaciones.

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Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial.

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.

En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden.

Datos clave

  • Los acuerdos provisionales se exponen en el tablón de anuncios durante treinta días, como mínimo, para examen y reclamaciones.
  • Los anuncios de exposición se publican en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial.
  • Diputaciones, entidades supramunicipales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes los publican además en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
  • Si no hay reclamaciones, el acuerdo provisional se entiende definitivo sin necesidad de acuerdo plenario.
  • Las ordenanzas no entran en vigor hasta la publicación de su texto íntegro en el boletín oficial de la provincia.
  • Diputaciones, consejos, cabildos insulares y entidades de más de 20.000 habitantes editan el texto íntegro dentro del primer cuatrimestre del ejercicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las ordenanzas fiscales siguen un iter: aprobación provisional, exposición pública de treinta días como mínimo con anuncios en boletín (y diario si procede), acuerdo definitivo y publicación íntegra para entrar en vigor.

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Artículo 18. Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Datos clave

  • Regula quién puede reclamar contra los acuerdos provisionales del artículo 17.1.
  • Son interesados quienes tengan un interés directo o resulten afectados por los acuerdos.
  • También los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas.
  • Estas entidades deben velar por intereses profesionales, económicos o vecinales y actuar en defensa de los que les son propios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pueden reclamar contra los acuerdos provisionales quienes tengan interés directo o resulten afectados y las entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales, económicos o vecinales cuando defiendan los suyos propios.

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Artículo 19. Recurso contencioso administrativo.

1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

Datos clave

  • Las ordenanzas fiscales rigen durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas.
  • Contra ellas solo cabe recurso contencioso-administrativo.
  • El recurso puede interponerse a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial.
  • Si una resolución judicial firme anula o modifica la ordenanza, la entidad adecua a la sentencia las actuaciones posteriores a su notificación.
  • Se mantienen los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza anulada, salvo que la sentencia lo prohíba expresamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contra las ordenanzas fiscales del artículo 17.3 solo cabe recurso contencioso-administrativo desde su publicación; si una sentencia firme las anula, se adaptan las actuaciones posteriores y se mantienen los actos firmes salvo que la sentencia lo prohíba.

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Artículo 20. Hecho imponible.

El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales define el hecho imponible de las tasas locales.

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por:

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. No se considerará voluntaria la solicitud o la recepción cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

3. Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes (letras a a v): sacas de arena y de otros materiales de construcción; construcción de pozos de nieve, cisternas o aljibes; balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las públicas; vertido y desagüe de canalones; ocupación del subsuelo; apertura de zanjas, calicatas y calas y cualquier remoción de pavimento o aceras; ocupación con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas y andamios; entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada, carga y descarga; rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada y bocas de carga; ocupación del vuelo con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos y paravientos; tendidos, tuberías y galerías para conducciones de energía eléctrica, agua, gas u otro fluido, con sus postes, cables, transformadores, básculas o aparatos para venta automática; mesas, sillas, tribunas y tablados con finalidad lucrativa; quioscos en la vía pública; puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico; portadas, escaparates y vitrinas; rodaje y arrastre de vehículos no gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; tránsito de ganados; muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas; depósitos y aparatos distribuidores de combustible; instalación de anuncios; atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes; estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las zonas que se determinen; y, en las zonas de bajas emisiones, la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas establecidos.

4. Asimismo podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes (letras a a z): documentos que expidan o de que entiendan las autoridades locales a instancia de parte; autorización para utilizar el escudo de la entidad local; licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler; guardería rural; voz pública; vigilancia especial de establecimientos que lo soliciten; servicios especiales motivados por espectáculos públicos, grandes transportes o pasos de caravana; licencias urbanísticas y licencias de apertura de establecimientos, o la actividad administrativa de control cuando la licencia se sustituya por declaración responsable o comunicación previa; inspección de vehículos, calderas de vapor, motores, ascensores, montacargas y aparatos análogos; servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, salvamentos y protección de personas y bienes; inspección sanitaria y servicios de laboratorio; sanidad preventiva, desinfectación, desinsectación y desratización; asistencias y estancias en hospitales, clínicas, dispensarios, ambulancias y establecimientos benéfico-asistenciales; hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles y albergues; casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas; cementerios locales y servicios fúnebres; colocación de tuberías, hilos y cables en postes o galerías locales; alcantarillado y depuración de aguas residuales; recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos; distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos prestados por entidades locales; matadero, lonjas y mercados; enseñanzas especiales en establecimientos docentes locales; visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos y parques zoológicos; columnas y carteles para anuncios; enarenado de vías públicas a solicitud de particulares; y actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano distintas de las habituales de la Policía Municipal.

5. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil.

6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.

Datos clave

  • Hecho imponible: utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, o prestación de servicios o actividades de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo.
  • El servicio o actividad genera tasa si no es de solicitud o recepción voluntaria o si no lo presta el sector privado.
  • No es voluntaria la solicitud impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o la de bienes o servicios imprescindibles para la vida privada o social.
  • El apartado 3 enumera supuestos de dominio público (letras a a v) y el apartado 4 supuestos de servicios (letras a a z).
  • Los Ayuntamientos pueden establecer una tasa por la celebración de matrimonios en forma civil.
  • Las contraprestaciones por servicios gestionados mediante personificación privada o gestión indirecta son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (artículo 31.3 de la Constitución).
  • Estas contraprestaciones se regulan mediante ordenanza, con informe preceptivo de las Administraciones con facultad de intervención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales pueden cobrar tasas por usar el dominio público local o por servicios y actividades que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, si no son voluntarios o no los presta el sector privado.

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Artículo 21. Supuestos de no sujeción y de exención

El artículo 21 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:

a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.

b) Alumbrado de vías públicas.

c) Vigilancia pública en general.

d) Protección civil.

e) Limpieza de la vía pública.

f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

2. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Datos clave

  • Las entidades locales no pueden exigir tasas por abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general ni protección civil.
  • Tampoco por limpieza de la vía pública ni por enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
  • El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no pagan tasas por los aprovechamientos de los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente.
  • Tampoco pagan por los aprovechamientos que interesen inmediatamente a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis servicios por los que ninguna entidad local puede cobrar tasa y una exención para Estado, comunidades autónomas y entidades locales en el uso del dominio público por comunicaciones, seguridad ciudadana o defensa nacional.

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Artículo 22. Compatibilidad con las contribuciones especiales.

Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos.

Datos clave

  • Las tasas por prestación de servicios son compatibles con las contribuciones especiales.
  • Las contribuciones especiales se exigen por el establecimiento o ampliación de los servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pagar una tasa por un servicio no impide exigir contribuciones especiales por establecer o ampliar ese mismo servicio: ambas figuras son compatibles.

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Artículo 23. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley.

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

c) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.

d) En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Datos clave

  • Contribuyentes: personas físicas y jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Lo son quienes usen o aprovechen especialmente el dominio público local (artículo 20.3) o soliciten o se beneficien de servicios o actividades locales (artículo 20.4).
  • Sustitutos en servicios a ocupantes de viviendas o locales: los propietarios, que pueden repercutir las cuotas.
  • Sustitutos en licencias urbanísticas: los constructores y contratistas de obras.
  • Sustitutos en servicios de prevención y extinción de incendios, ruinas, salvamentos y protección: las entidades aseguradoras del riesgo.
  • Sustitutos en entradas de vehículos a través de las aceras: los propietarios de las fincas y locales, que pueden repercutir las cuotas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contribuyentes de las tasas son quienes aprovechan el dominio público local o se benefician de servicios locales; y en cuatro casos hay sustituto: propietarios, constructores, aseguradoras y dueños de fincas con vado.

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Artículo 24. Cuota tributaria.

El artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone lo siguiente.

1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.

En los supuestos de aprovechamiento especial del dominio público local mediante la circulación en zonas de bajas emisiones de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación, se podrá utilizar como valor de referencia de mercado el coste que hubiera tenido que abonar ese vehículo si hubiera estacionado en un aparcamiento público en lugar de circular por la zona calificada de bajas emisiones.

b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª o 2.ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a las personas usuarias de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c).

Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

5. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

6. Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra de las tasas o en su caso, de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya sido previamente verificado por la entidad local.

Las ordenanzas especificarán los aspectos sustantivos y formales de la bonificación regulada en este apartado.

Datos clave

  • Tasas por dominio público: con carácter general, valor de mercado de la utilidad derivada; en licitación pública, valor de la proposición adjudicataria.
  • Empresas de suministros de interés general: 1,5 por ciento de los ingresos brutos de facturación anual en cada término municipal; excluida la telefonía móvil.
  • El importe del régimen especial no puede repercutirse a los usuarios.
  • Tasas por servicios: no pueden exceder del coste real o previsible del servicio o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
  • Cuota: tarifa, cantidad fija o aplicación conjunta de ambas, según la ordenanza fiscal.
  • Pueden tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica.
  • Destrucción o deterioro del dominio público: reintegro del coste y depósito previo; no cabe condonación.
  • Bonificación de hasta un 95 por ciento en la tasa de recogida de residuos a empresas alimentarias y de restauración con sistemas que reduzcan residuos alimentarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se calcula la tasa: por dominio público, el valor de mercado de la utilidad (o la oferta en licitación, o el 1,5 % de la facturación para suministros); por servicios, sin superar el coste real o previsible.

Esquema

Límite de la tasa según su hecho imponible
Dominio públicoServicio o actividad
ReferenciaValor de mercado de la utilidad derivadaCoste real o previsible, o valor de la prestación
Casos especialesLicitación: valor de la proposición; suministros: 1,5 % de ingresos brutosPuede atender a criterios genéricos de capacidad económica

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Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico.

El artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone lo siguiente.

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.

Datos clave

  • Los acuerdos de establecimiento de tasas requieren informes técnico-económicos.
  • Por dominio público: el informe pone de manifiesto el valor de mercado.
  • Para financiar nuevos servicios: el informe muestra la previsible cobertura del coste.
  • El informe se incorpora al expediente de adopción del acuerdo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para establecer tasas por dominio público o para financiar nuevos servicios hace falta un informe técnico-económico que acredite el valor de mercado o la previsible cobertura del coste, incorporado al expediente.

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Artículo 26. Devengo.

1. Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:

a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Datos clave

  • Devengo al iniciarse el uso privativo, el aprovechamiento especial o la prestación del servicio o actividad, con posible depósito previo total o parcial.
  • O al presentar la solicitud, que no se tramitará sin el pago correspondiente.
  • Devengo periódico: el 1 de enero de cada año, con período impositivo del año natural.
  • En caso de inicio o cese, el período se ajusta con prorrateo de la cuota según la ordenanza.
  • Si el servicio o aprovechamiento no se presta por causas no imputables al sujeto pasivo, procede la devolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tasas se devengan al iniciarse el uso o el servicio o al presentar la solicitud; las periódicas, el 1 de enero con prorrateo por inicio o cese; y si el servicio no se presta por causa ajena al sujeto pasivo, se devuelve.

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Artículo 27. Gestión.

1. Las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación.

2. Las entidades locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Datos clave

  • Las entidades locales pueden exigir las tasas en régimen de autoliquidación.
  • Pueden firmar convenios de colaboración con organizaciones representativas de los sujetos pasivos.
  • Finalidad: simplificar obligaciones formales y materiales o los procedimientos de liquidación o recaudación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tasas pueden exigirse en régimen de autoliquidación, y las entidades locales pueden firmar convenios con organizaciones representativas de los sujetos pasivos para simplificar obligaciones o procedimientos.

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Artículo 28. Hecho imponible

El artículo 28 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

Datos clave

  • El hecho imponible de las contribuciones especiales es la obtención de un beneficio o un aumento de valor de los bienes del sujeto pasivo por obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay contribución especial cuando una obra pública o el establecimiento o ampliación de un servicio público local proporciona al sujeto pasivo un beneficio o aumenta el valor de sus bienes.

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Artículo 29. Obras y servicios públicos locales

El artículo 29 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Tendrán la consideración de obras y servicios locales:

a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la ley.

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de estos, con aportaciones económicas de la entidad local.

2. No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.

3. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

Datos clave

  • Son obras y servicios locales los que realizan las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo los ejecutados como dueñas de sus bienes patrimoniales.
  • También los atribuidos o delegados por otras entidades públicas y los realizados por otras entidades o sus concesionarios con aportaciones de la entidad local.
  • No pierden ese carácter aunque los realicen organismos autónomos, sociedades mercantiles de capital íntegramente local, concesionarios con aportaciones o asociaciones de contribuyentes.
  • Lo recaudado por contribuciones especiales solo puede destinarse a sufragar los gastos de la obra o servicio por el que se exigió.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué obras y servicios cuentan como locales a efectos de contribuciones especiales, cuándo no pierden esa condición aunque los ejecute otro, y que lo recaudado solo puede pagar esa obra o servicio.

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Artículo 30. Sujeto pasivo

El artículo 30 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente.

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Datos clave

  • Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria especialmente beneficiadas por las obras o servicios.
  • En obras o servicios que afectan a inmuebles, son especialmente beneficiados sus propietarios; en los derivados de explotaciones empresariales, sus titulares.
  • En los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios, las compañías de seguros del ramo que actúen en el término municipal.
  • En la construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pagan contribuciones especiales las personas y entidades especialmente beneficiadas por la obra o servicio; la ley concreta quiénes lo son en inmuebles, explotaciones, incendios y galerías subterráneas.

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Artículo 31. Base imponible

El artículo 31 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las entidades locales hubieran de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de aquéllas.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 29.1.c), o de las realizadas por concesionarios con aportaciones de la entidad local a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por ciento a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada.

6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.

Datos clave

  • La base imponible de las contribuciones especiales es, como máximo, el 90 por ciento del coste que soporte la entidad local por las obras o servicios.
  • El coste incluye trabajos periciales y proyectos, el importe de las obras, el valor de los terrenos ocupados, las indemnizaciones por derribos y el interés del capital invertido.
  • El coste presupuestado es mera previsión: si el coste real es mayor o menor, se toma el real para calcular las cuotas.
  • El coste soportado es el coste total menos las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad.
  • Si la subvención procede de un sujeto pasivo, compensa primero su cuota y el exceso reduce a prorrata las cuotas de los demás sujetos pasivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La base imponible de las contribuciones especiales es como máximo el 90 % del coste soportado por la entidad local; el coste presupuestado es mera previsión y se restan las subvenciones recibidas.

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Artículo 32. Cuota tributaria

El artículo 32 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, su volumen edificable y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al cinco por ciento del importe de las primas recaudadas por este, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2.d) del artículo 30 de esta ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de aquellas, aun cuando no las usen inmediatamente.

2. En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.

3. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años.

Datos clave

  • Módulos generales de reparto: metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable y valor catastral a efectos del IBI, conjunta o separadamente.
  • En extinción de incendios, el reparto se hace entre las aseguradoras en proporción a las primas recaudadas el año anterior; el exceso sobre el cinco por ciento de las primas pasa a ejercicios sucesivos.
  • En galerías subterráneas, el importe se reparte entre las empresas usuarias según el espacio reservado o la sección total, aunque no las usen inmediatamente.
  • Las cuotas de quienes tengan beneficios fiscales por ley o tratado no se reparten entre los demás contribuyentes.
  • La corporación puede conceder, a solicitud del sujeto pasivo, fraccionamiento o aplazamiento por un plazo máximo de cinco años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La base de las contribuciones especiales se reparte con módulos como fachada, superficie, volumen o valor catastral, con reglas propias para incendios y galerías, y la cuota puede aplazarse o fraccionarse hasta cinco años.

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Artículo 33. Devengo

El artículo 33 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que este hubiera anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado.

Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes de la entidad impositora ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.

5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

Datos clave

  • Las contribuciones especiales se devengan cuando las obras se han ejecutado o el servicio ha comenzado a prestarse; en obras fraccionables, por cada tramo ejecutado.
  • Aprobado el acuerdo de imposición y ordenación, puede exigirse el pago anticipado según el coste previsto para el año siguiente.
  • No puede exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin haberse ejecutado las obras del anticipo anterior.
  • Quien figure como sujeto pasivo y transmita los bienes antes del devengo debe comunicarlo en el plazo de un mes desde la transmisión.
  • El ayuntamiento devuelve de oficio los anticipos pagados por quien no sea sujeto pasivo en el devengo o que excedan de la cuota definitiva.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las contribuciones especiales se devengan al ejecutarse la obra o empezar el servicio, pero pueden cobrarse por anticipado; quien transmita el bien tras el acuerdo debe comunicarlo en un mes.

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Artículo 34. Acuerdos de imposición y de ordenación

El artículo 34 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.

3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones especiales, si la hubiera.

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Datos clave

  • La exacción de contribuciones especiales exige la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
  • La obra o servicio no puede ejecutarse hasta que se apruebe la ordenación concreta de las contribuciones.
  • El acuerdo de ordenación es de inexcusable adopción y fija el coste previsto, la cantidad a repartir y los criterios de reparto.
  • Las cuotas se notifican individualmente o, en su defecto, por edictos, y cabe recurso de reposición ante el ayuntamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sin acuerdo de imposición no hay contribución especial, y la obra no puede ejecutarse hasta aprobar la ordenación concreta, que fija coste, cantidad a repartir y criterios; las cuotas se notifican y caben reposición.

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Artículo 35. Gestión y recaudación

El artículo 35 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizadas o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra, y siempre que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la ley, su gestión y recaudación se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación.

2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.

Datos clave

  • Si una entidad local realiza la obra con colaboración económica de otra, la gestión y recaudación corresponde a la entidad que se encarga de la obra o servicio.
  • Cada entidad conserva su competencia sobre los acuerdos de imposición y de ordenación.
  • Si una de ellas no aprueba el acuerdo de ordenación, queda sin efecto la unidad de actuación y cada una decide por separado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una entidad local hace la obra con dinero de otra, gestiona y recauda la que la ejecuta, pero cada una mantiene sus acuerdos de imposición y ordenación; si una no aprueba la ordenación, cada cual decide por su lado.

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Artículo 36. Colaboración ciudadana

El artículo 36 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio.

2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por la entidad local podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.

Datos clave

  • Los afectados pueden constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover obras o servicios, comprometiéndose a pagar la parte de la entidad local si su situación financiera no lo permite.
  • También pueden constituirse en asociación durante el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los afectados por obras o servicios pueden asociarse en asociación administrativa de contribuyentes, bien para promoverlos ellos, bien durante la exposición pública del acuerdo de ordenación de la entidad local.

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Artículo 37. Asociación administrativa de contribuyentes

El artículo 37 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

Datos clave

  • Para constituir la asociación administrativa de contribuyentes se exige acuerdo de la mayoría absoluta de los afectados.
  • Esa mayoría debe representar, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Constituir una asociación administrativa de contribuyentes exige doble mayoría: la absoluta de los afectados y que representen al menos dos tercios de las cuotas a satisfacer.

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Artículo 38. Impuestos y recargos

El artículo 38 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las entidades locales exigirán los impuestos previstos en esta ley sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo los casos en los que dicho acuerdo se requiera por esta.

2. Fuera de los supuestos expresamente previstos en esta ley las entidades locales podrán establecer recargos sobre los impuestos propios de la respectiva comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos expresamente previstos en las leyes de la comunidad autónoma.

Datos clave

  • Las entidades locales exigen los impuestos de esta ley sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo cuando la ley lo requiera.
  • Pueden establecer recargos sobre impuestos propios de la comunidad autónoma y de otras entidades locales en los casos previstos en las leyes autonómicas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los impuestos locales previstos en la ley se exigen sin acuerdo de imposición, salvo que la ley lo pida; y cabe establecer recargos sobre impuestos autonómicos o de otras entidades locales si lo prevén las leyes autonómicas.

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Artículo 39. Participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas

El artículo 39 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que se establecen en esta ley.

2. Asimismo, las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos.

Datos clave

  • Las entidades locales participan en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios de esta ley.
  • Participan en los tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y cuantía que fijen las leyes de sus Parlamentos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales participan en los tributos del Estado según esta ley y en los tributos propios autonómicos en la forma y cuantía que fijen las leyes de cada Parlamento autonómico.

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Artículo 40. Subvenciones

El artículo 40 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades públicas otorgantes de las subvenciones podrán verificar el destino dado a estas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las subvenciones no fueron destinadas a los fines para los que se hubieran concedido, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro de su importe o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuviere derecho la entidad afectada, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar.

Datos clave

  • Las subvenciones a entidades locales no pueden aplicarse a fines distintos de los de su otorgamiento, salvo los sobrantes no reintegrables cuyo uso no estuviera previsto.
  • Las entidades otorgantes pueden verificar el destino dado a las subvenciones.
  • Si no se destinaron a su fin, la otorgante exige el reintegro o lo compensa con otras subvenciones o transferencias, con independencia de las responsabilidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las subvenciones a entidades locales para obras y servicios solo pueden destinarse a su finalidad; el otorgante puede verificarlo y, si se desvían, exigirá el reintegro o podrá compensarlo.

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Artículo 41. Concepto

El artículo 41 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Las entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.

Datos clave

  • Las entidades locales pueden establecer precios públicos por servicios o actividades de su competencia, siempre que no concurra ninguna circunstancia del artículo 20.1.B) de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales pueden fijar precios públicos por servicios o actividades de su competencia siempre que no concurra ninguna de las circunstancias que convierten la prestación en tasa.

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Artículo 42. Servicios y actividades excluidas

El artículo 42 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 de esta ley.

Datos clave

  • No pueden exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los servicios por los que no cabe tasa (los del artículo 21) tampoco pueden cobrarse mediante precio público.

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Artículo 43. Obligados al pago

El artículo 43 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos.

Datos clave

  • Están obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pagan el precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deba satisfacerse.

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Artículo 44. Cuantía

El artículo 44 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

Datos clave

  • El importe de los precios públicos debe cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
  • Por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público pueden fijarse por debajo de ese límite.
  • En ese caso deben consignarse en el presupuesto las dotaciones para cubrir la diferencia resultante.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El precio público debe cubrir como mínimo el coste del servicio; solo por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público puede fijarse por debajo, consignando en el presupuesto la diferencia.

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Artículo 45. Gestión

El artículo 45 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación.

Datos clave

  • Las entidades locales pueden exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales pueden exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación: es una posibilidad, no una obligación.

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Artículo 46. Cobro

El artículo 46 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Datos clave

  • La obligación de pagar el precio público nace al iniciarse la prestación del servicio o la actividad; puede exigirse depósito previo total o parcial.
  • Si el servicio no se presta por causas no imputables al obligado, procede la devolución del importe.
  • Las deudas por precios públicos pueden exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La obligación de pagar el precio público nace al iniciarse el servicio o la actividad, aunque cabe exigir depósito previo; si no se presta por causa ajena al obligado se devuelve, y la deuda admite apremio.

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Artículo 47. Fijación

El artículo 47 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su coste. Tal atribución podrá hacerse, asimismo y en iguales términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos.

En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local de que dependan copia de la propuesta y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio.

Datos clave

  • El establecimiento o modificación de precios públicos corresponde al Pleno, que puede delegar en la Comisión de Gobierno.
  • Puede atribuirse su fijación a los organismos autónomos y consorcios, salvo cuando los precios no cubran su coste.
  • Los organismos autónomos y consorcios envían al ente local copia de la propuesta y del estado económico que acredite que los precios cubren el coste.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece y modifica los precios públicos el Pleno, que puede delegar en la Comisión de Gobierno; su fijación puede atribuirse a organismos autónomos y consorcios, salvo que no cubran el coste.

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Artículo 48. Ámbitos subjetivo y objetivo.

El artículo 48 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Ámbitos subjetivo y objetivo», establece lo siguiente.

En los términos previstos en esta ley, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.

Datos clave

  • Pueden concertar operaciones de crédito las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes.
  • Las operaciones de crédito pueden ser de todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo.
  • También pueden concertar operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Pueden endeudarse las entidades locales, sus organismos autónomos y sus entes y sociedades mercantiles dependientes, con crédito de cualquier modalidad, a corto o largo plazo, y operaciones de cobertura de riesgos.

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Artículo 48 bis. Principio de prudencia financiera.

El artículo 48 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Principio de prudencia financiera», establece lo siguiente.

1. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera.

Se entiende por prudencia financiera el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste.

2. Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos siguientes:

a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

b) Pasivos financieros. Están incluidos en este concepto deudas representadas en valores, operaciones de crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables.

c) La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario.

3. Las condiciones que deben cumplir las operaciones financieras previstas en la letra b) del apartado anterior se establecerán por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, y las de las letras a) y c) anteriores por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

4. Las Corporaciones Locales velarán por la aplicación del principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector público.

5. Precisará de autorización del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales la formalización de las operaciones a las que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo, cuando no se ajusten a las condiciones del principio de prudencia financiera.

Datos clave

  • Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera.
  • Prudencia financiera: conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste.
  • Son operaciones financieras las que tienen por objeto activos financieros, pasivos financieros y la concesión de avales, reavales u otras garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario.
  • Las condiciones de los pasivos financieros las fija la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; las de activos financieros y avales, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
  • Los avales y garantías que no se ajusten a la prudencia financiera precisan autorización del órgano que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda operación financiera local está sujeta a prudencia financiera, para minimizar riesgo y coste; las condiciones las fijan dos Secretarías Generales según el tipo y los avales que no las cumplan exigen autorización.

Esquema

Quién fija las condiciones de prudencia financiera
InstrumentoÓrgano
Letra a)Activos financierosSecretaría General de Coordinación Autonómica y Local
Letra b)Pasivos financierosSecretaría General del Tesoro y Política Financiera
Letra c)Avales, reavales y garantíasSecretaría General de Coordinación Autonómica y Local

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Artículo 49. Finalidad, instrumentos y garantías reales y financieras.

El artículo 49 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Finalidad, instrumentos y garantías reales y financieras», establece lo siguiente.

1. Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas.

2. El crédito podrá instrumentarse mediante:

a) Emisión pública de deuda.

b) Contratación de préstamos o créditos.

c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado.

d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.

3. La deuda pública de las entidades locales y los títulos-valores de carácter equivalente emitidos por éstas gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública emitida del Estado.

4. Para los casos excepcionales previstos en los artículos 177.5 y 193.2 de esta ley, el crédito sólo podrá instrumentarse mediante préstamos o créditos concertados con entidades financieras.

5. El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito podrá ser garantizado en la siguiente forma:

A) Tratándose de operaciones de crédito a corto plazo:

a) En el supuesto previsto en el artículo 51.a) mediante la afectación de los recursos tributarios objeto del anticipo, devengados en el ejercicio económico, hasta el límite máximo de anticipo o anticipos concedidos.

b) En las operaciones de préstamo o crédito concertadas por organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, con avales concedidos por la corporación correspondiente. Cuando la participación social sea detentada por diversas entidades locales, el aval deberá quedar limitado, para cada partícipe, a su porcentaje de participación en el capital social.

c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos.

B) Tratándose de operaciones de crédito a largo plazo:

a) Con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales.

b) Con el instrumento previsto en el apartado A).b) anterior.

c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos, siempre que exista una relación directa entre dichos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito.

d) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea o con aportaciones de cualquier Administración pública, con la propia subvención de capital, siempre que haya una relación directa de ésta con el gasto financiado con la operación de crédito.

6. Las corporaciones locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar la realización de obras y prestación de servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servicios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva.

7. Las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30 por ciento.

El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad.

8. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la propia entidad.

Datos clave

  • El crédito a largo plazo se destina a financiar inversiones y a sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes.
  • Instrumentos: emisión pública de deuda, préstamos o créditos, cualquier otra apelación al crédito público o privado y conversión o sustitución de operaciones preexistentes.
  • La deuda pública local goza de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública del Estado.
  • En los casos excepcionales de los artículos 177.5 y 193.2, el crédito solo puede instrumentarse mediante préstamos o créditos con entidades financieras.
  • Las corporaciones locales pueden avalar a sociedades mercantiles participadas por privados si su participación en el capital no es inferior al 30 por ciento, sin garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación.
  • Los avales a contratistas, concesionarios y sociedades participadas están sometidos a fiscalización previa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El crédito a largo plazo local financia inversiones o sustituye operaciones previas; se instrumenta de cuatro formas, se garantiza con medios tasados y los avales a terceros tienen límites y fiscalización previa.

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Artículo 50. Inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto aprobado.

El artículo 50 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Inclusión de las operaciones de crédito en el presupuesto aprobado», establece lo siguiente.

La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en esta ley, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación o entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento.

Excepcionalmente, cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de operaciones de crédito:

a) Operaciones de tesorería, dentro de los límites fijados por la ley, siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma señalada en el párrafo primero de este artículo.

b) Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.

Datos clave

  • Concertar crédito exige disponer del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, salvo la modalidad del artículo 149.
  • Ese extremo se justifica al suscribir el contrato, póliza o documento ante la entidad financiera y ante el fedatario público.
  • Con presupuesto prorrogado solo caben operaciones de tesorería dentro de los límites legales, siempre que las concertadas estén reembolsadas.
  • Con presupuesto prorrogado también caben operaciones a largo plazo para inversiones vinculadas a modificaciones de crédito de los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para concertar crédito hace falta presupuesto aprobado del ejercicio en curso, salvo la modalidad del artículo 149; con presupuesto prorrogado solo caben dos tipos de operaciones.

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Artículo 51. Operaciones de crédito a corto plazo.

El artículo 51 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Operaciones de crédito a corto plazo», establece lo siguiente.

Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último. A estos efectos tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras las siguientes:

a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o matrícula.

b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería.

c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.

Datos clave

  • Las operaciones de crédito a corto plazo atienden necesidades transitorias de tesorería y su plazo no excede de un año.
  • En su conjunto no pueden superar el 30 por ciento de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior.
  • Si la operación se hace en el primer semestre sin haberse liquidado el presupuesto anterior, se toma la liquidación del ejercicio anterior a este último.
  • Son operaciones a corto plazo, entre otras, los anticipos a cuenta de impuestos devengados y liquidados por padrón o matrícula, los préstamos para desfases transitorios de tesorería y las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El crédito a corto plazo cubre necesidades transitorias de tesorería, no excede de un año y en conjunto no puede superar el 30 % de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio anterior.

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Artículo 52. Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competencias.

El artículo 52 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Concertación de operaciones de crédito: régimen jurídico y competencias», establece lo siguiente.

1. En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo I del título VI de esta ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 3.1.k) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de aplicación, en todo caso, el artículo 9.1 y 3 del mencionado texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo que se realice la oportuna adaptación del presupuesto o de sus bases de ejecución, como condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para suscribir la correspondiente operación de crédito. Dicha modificación deberá realizarse por acuerdo del Pleno de la corporación, en cualquier caso.

2. La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta.

Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto. La concertación de las operaciones de crédito a corto plazo le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de la corporación local.

Datos clave

  • La concertación o modificación de cualquier operación de crédito exige previo informe de la Intervención sobre la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones.
  • El presidente puede concertar las operaciones a largo plazo previstas en el presupuesto cuyo importe acumulado en el ejercicio no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios previstos.
  • El presidente puede concertar las operaciones a corto plazo mientras las operaciones vivas, incluida la nueva, no superen el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
  • Superados esos límites, la aprobación corresponde al Pleno.
  • Si no hay previsión presupuestaria, la adaptación del presupuesto o de sus bases de ejecución se acuerda en todo caso por el Pleno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Toda operación de crédito exige informe previo de la Intervención; el presidente concierta las de largo plazo hasta el 10 % de los recursos ordinarios y las de corto hasta el 15 % de los corrientes liquidados; por encima, el Pleno.

Esquema

Límites del presidente para concertar crédito
Largo plazoCorto plazo
Límite10 %15 %
BaseRecursos de carácter ordinario previstos en el presupuestoRecursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior
CómputoImporte acumulado dentro del ejercicioOperaciones vivas, incluida la nueva

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Artículo 53. Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorización.

El artículo 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorización», establece lo siguiente.

1. No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países, de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.

A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior, igualmente en ambos casos.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios.

Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.

Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente.

2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados de las entidades citadas en el apartado 1 de este artículo.

El cálculo del porcentaje regulado en el párrafo anterior se realizará considerando las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada.

3. No será precisa la presentación del plan de saneamiento financiero a que se refiere el apartado 1 anterior en el caso de autorización de operaciones de crédito que tengan por finalidad la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad, en la forma prevista por la ley, con el fin de disminuir la carga financiera o el riesgo de dichas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas de aquéllas pendientes de vencimiento.

4. No obstante lo previsto en los apartados 1 y 2 anteriores, las entidades locales de más de 200.000 habitantes podrán optar por sustituir las autorizaciones en ellos preceptuadas por la presentación de un escenario de consolidación presupuestaria, para su aprobación por el órgano competente.

El escenario de consolidación presupuestaria contendrá el compromiso por parte de la entidad local, aprobado por su Pleno, del límite máximo del déficit no financiero, e importe máximo del endeudamiento para cada uno de los tres ejercicios siguientes.

El órgano competente para aprobar el escenario de consolidación presupuestaria, será aquél a quien corresponde la autorización de las operaciones de endeudamiento, previo informe del Ministerio de Hacienda en el caso de que la competencia sea de la comunidad autónoma. En el caso de que el escenario de consolidación presupuestaria contenga alguna operación de las enumeradas en el apartado 5 de este artículo, la autorización corresponderá al Ministerio de Hacienda, previo informe, en su caso, de la comunidad autónoma con competencia en la materia.

5. En todo caso precisarán de la autorización del Ministerio de Hacienda las operaciones de crédito a corto y largo plazo, la concesión de avales, y las demás operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales, con o sin intermediación de terceros, en los siguientes casos:

a) Las que se formalicen en el exterior o con entidades financieras no residentes en España, cualquiera que sea la divisa que sirva de determinación del capital de la operación proyectada, incluidas las cesiones a entidades financieras no residentes de las participaciones, que ostenten entidades residentes, en créditos otorgados a las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

b) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de apelación al crédito público, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

En relación con lo que se prevé en el párrafo a) anterior, no se considerarán financiación exterior las operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países. Estas operaciones habrán de ser, en todo caso, comunicadas previamente al Ministerio de Hacienda.

6. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, se precise autorización para concertar la operación de endeudamiento, no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación, hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorización.

7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Asimismo, se atenderá a la situación económica de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los análisis y de la información contable a la que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo, incluido el cálculo del remanente de tesorería, del estado de previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, el plazo de amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión a realizar y a las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar o a modificar.

8. Los órganos competentes del Ministerio de Hacienda habrán de tener conocimiento de las operaciones de crédito autorizadas por las comunidades autónomas, así como de las que no requieran autorización, en la forma en que reglamentariamente se establezca.

9. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán, anualmente, fijar límites de acceso al crédito de las entidades locales cuando se den circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razones de política económica general.

Datos clave

  • Con ahorro neto negativo, las nuevas operaciones a largo plazo, avales o sustituciones requieren autorización del Ministerio de Hacienda o de la comunidad autónoma con competencia estatutaria.
  • Ahorro neto: derechos liquidados de los capítulos 1 a 5 de ingresos menos obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2 y 4 de gastos, minorado en una anualidad teórica de amortización.
  • Con ahorro neto negativo, el Pleno aprueba un plan de saneamiento financiero de plazo no superior a tres años, que se presenta con la solicitud de autorización.
  • También precisan autorización las operaciones a largo plazo cuando el capital vivo, incluida la proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio anterior.
  • Las entidades locales de más de 200.000 habitantes pueden sustituir esas autorizaciones por un escenario de consolidación presupuestaria con límites para los tres ejercicios siguientes.
  • Requieren siempre autorización del Ministerio de Hacienda las operaciones formalizadas en el exterior o con entidades no residentes y las instrumentadas mediante emisiones de deuda.
  • Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado pueden fijar anualmente límites de acceso al crédito de las entidades locales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El crédito local a largo plazo necesita autorización del Ministerio de Hacienda o de la comunidad autónoma competente si hay ahorro neto negativo o si el capital vivo supera el 110 % de los ingresos corrientes; algunas operaciones, siempre del Ministerio.

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Artículo 54. Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades mercantiles.

El artículo 54 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos y sociedades mercantiles», establece lo siguiente.

Los organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo.

Datos clave

  • Afecta a los organismos autónomos y a los entes y sociedades mercantiles dependientes.
  • Para concertar operaciones de crédito a largo plazo necesitan la previa autorización del Pleno de la corporación.
  • Necesitan además el informe de la Intervención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes necesitan autorización previa del Pleno e informe de la Intervención para concertar crédito a largo plazo.

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Artículo 55. Central de información de riesgos.

El artículo 55 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Central de información de riesgos», establece lo siguiente.

1. El Ministerio de Hacienda mantendrá una central de riesgos que provea de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por las entidades locales y las cargas financieras que supongan. Los bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, así como las distintas Administraciones públicas remitirán los datos necesarios a tal fin, que tendrán carácter público en la forma que por aquel se señale.

2. El Banco de España colaborará con los órganos competentes del Ministerio de Hacienda con el fin de suministrar la información que se reciba a través de su Servicio Central de Información de Riesgos, establecido en virtud del artículo 16 del Decreto Ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalización y Reorganización del Banco de España, sobre endeudamiento de las corporaciones locales en la forma y con el alcance y periodicidad que se establezca.

3. Con independencia de lo anterior, los órganos competentes del Ministerio de Hacienda podrán requerir al Banco de España la obtención de otros datos concretos relativos al endeudamiento de las corporaciones locales con entidades financieras declarantes al Servicio Central de Información de Riesgos en los términos que se fijen reglamentariamente.

4. Igualmente, las corporaciones locales informarán a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda sobre el resto de su endeudamiento y cargas financieras, en la forma y con el alcance, contenido y periodicidad, que reglamentariamente se establezca.

Datos clave

  • El Ministerio de Hacienda mantiene una central de riesgos sobre las operaciones de crédito de las entidades locales y sus cargas financieras.
  • Las entidades financieras y las Administraciones públicas remiten los datos necesarios, que tienen carácter público en la forma que se señale.
  • El Banco de España colabora suministrando la información de su Servicio Central de Información de Riesgos sobre el endeudamiento de las corporaciones locales.
  • Las corporaciones locales informan al Ministerio de Hacienda sobre el resto de su endeudamiento y cargas financieras.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio de Hacienda mantiene una central de riesgos sobre el crédito y las cargas financieras locales, alimentada por entidades financieras, Administraciones, el Banco de España y las propias corporaciones.

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Artículo 56. Recursos de los municipios.

Recursos de los municipios. La hacienda de los municipios estará constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de esta ley en los términos y con las especialidades que se recogen en este título.

Datos clave

  • La hacienda municipal está constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Se aplican con las especialidades que recoge el título dedicado a los recursos de los municipios.
  • El texto refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La hacienda municipal se compone de los recursos del artículo 2 de la ley, con los términos y especialidades que este título establece para los municipios.

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Artículo 57. Tasas.

El artículo 57 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley.

Datos clave

  • Los ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por servicios o actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por servicios o actividades de su competencia y por el uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público municipal, con las normas generales de tasas.

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Artículo 58. Contribuciones especiales.

El artículo 58 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del título I de esta ley.

Datos clave

  • Los ayuntamientos pueden establecer y exigir contribuciones especiales por obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ayuntamientos pueden establecer y exigir contribuciones especiales por obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, según el régimen común de estas contribuciones.

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Artículo 59. Enumeración de impuestos.

El artículo 59 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.

Datos clave

  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  • Impuesto sobre Actividades Económicas.
  • Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres impuestos municipales son obligatorios (IBI, IAE e IVTM) y dos son potestativos (ICIO e IIVTNU), que el ayuntamiento puede establecer con sus ordenanzas fiscales.

Esquema

Impuestos municipales
Obligatorios («exigirán»)Potestativos («podrán»)
ImpuestosBienes Inmuebles; Actividades Económicas; Vehículos de Tracción MecánicaConstrucciones, Instalaciones y Obras; Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
FuenteEsta ley y sus disposiciones de desarrolloEsta ley, su desarrollo y las ordenanzas fiscales

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Artículo 60. Naturaleza

El artículo 60 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley.

Datos clave

  • El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IBI es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.

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Artículo 61. Hecho imponible y supuestos de no sujeción

El artículo 61 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

5. No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

Los de dominio público afectos a uso público.

Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

Datos clave

  • Hecho imponible del IBI: titularidad de una concesión administrativa, un derecho real de superficie, un derecho real de usufructo o el derecho de propiedad sobre inmuebles.
  • Se sigue ese orden: realizado un hecho imponible, el inmueble no queda sujeto a las modalidades siguientes.
  • Si un inmueble está en varios términos municipales, pertenece a cada uno por la superficie que ocupe en él.
  • No están sujetos las carreteras, caminos y bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico de aprovechamiento público y gratuito.
  • Tampoco los inmuebles municipales de dominio público afectos a uso o servicio público y los patrimoniales, salvo los cedidos a terceros mediante contraprestación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El hecho imponible del IBI es la titularidad, por este orden, de concesión, superficie, usufructo o propiedad sobre inmuebles rústicos, urbanos o de características especiales; ciertos bienes públicos no están sujetos.

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Artículo 62. Exenciones

El artículo 62 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

3. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consideración, para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 de esta ley.

Datos clave

  • Exentos de oficio: inmuebles públicos afectos a seguridad ciudadana y servicios educativos y penitenciarios, los del Estado afectos a la defensa nacional, bienes comunales y montes vecinales en mano común.
  • También los de la Iglesia Católica y confesiones con acuerdo, los de la Cruz Roja Española y, a condición de reciprocidad, los de Gobiernos extranjeros destinados a representación diplomática.
  • Los terrenos de ferrocarril están exentos, pero no los establecimientos de hostelería, comerciales, viviendas de empleados, oficinas de dirección ni instalaciones fabriles.
  • Exentos previa solicitud: centros con concierto educativo, en la superficie concertada; esta exención debe compensarla la Administración competente.
  • En sitios o conjuntos históricos solo están exentos los inmuebles con antigüedad igual o superior a cincuenta años y protección integral.
  • La exención por repoblación forestal dura 15 años desde el período impositivo siguiente a la solicitud.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IBI tiene exenciones sin solicitud (bienes públicos afectos a ciertos fines, comunales, confesiones, Cruz Roja, diplomáticos, montes, ferrocarril), otras previa solicitud y otras que pueden regular las ordenanzas.

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Artículo 63. Sujeto pasivo

El artículo 63 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 de esta Ley, el ente u organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los términos y demás condiciones que se determinen por orden.

Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.

Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.

Datos clave

  • Son contribuyentes las personas naturales y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria titulares del derecho constitutivo del hecho imponible.
  • En inmuebles de características especiales, cada concesionario es contribuyente por su cuota, según el valor catastral de la superficie concedida.
  • El ente público que actúe como sustituto del propietario no puede repercutir en el contribuyente la deuda satisfecha.
  • Las Administraciones repercuten la cuota en quienes usen sus bienes mediante contraprestación, salvo en el alquiler residencial con renta limitada por una norma jurídica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Es contribuyente del IBI quien ostenta el derecho que constituye el hecho imponible; hay reglas propias para concesionarios de inmuebles especiales y la obligación de las Administraciones de repercutir el impuesto a quien usa sus bienes pagando.

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Artículo 64. Afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la cotitularidad

El artículo 64 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Datos clave

  • Si cambia la titularidad, los inmuebles quedan afectos al pago de la totalidad de la cuota en régimen de responsabilidad subsidiaria.
  • Los notarios deben advertir a los comparecientes de las deudas pendientes por IBI y de la afección de los bienes al pago.
  • Los cotitulares de entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria responden solidariamente en proporción a sus participaciones si figuran inscritos en el Catastro.
  • Si no figuran inscritos, la responsabilidad se exige por partes iguales en todo caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el inmueble cambia de titular, queda afecto al pago de toda la cuota del IBI como responsable subsidiario; y los cotitulares de entidades sin personalidad responden solidariamente según su participación catastral.

Esquema

Responsabilidad en el IBI
Transmisión del inmuebleCotitularidad
Quién respondeEl propio inmueble (afección)Los copartícipes o cotitulares
RégimenSubsidiariaSolidaria
MedidaTotalidad de la cuotaSegún participación; si no inscritos, partes iguales

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Artículo 65. Base imponible

El artículo 65 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Datos clave

  • La base imponible del IBI es el valor catastral de los bienes inmuebles.
  • El valor catastral se determina, notifica e impugna conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La base imponible del IBI es el valor catastral, que se determina, notifica e impugna según las normas del Catastro, no según la ley de haciendas locales.

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Artículo 66. Base liquidable

El artículo 66 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en los de carácter parcial y simplificado, la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo anterior, referidos al ejercicio en que se practique la notificación.

3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Datos clave

  • La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible la reducción regulada en los artículos siguientes.
  • En la valoración colectiva se notifica junto con la base imponible, motivando la reducción con el valor base y la base liquidable del primer año.
  • Si se alteran los términos municipales, los inmuebles mantienen el régimen de bases del municipio de origen hasta una nueva ponencia de valores.
  • En la valoración colectiva, la base liquidable la determina la Dirección General del Catastro y es recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La base liquidable es la base imponible menos la reducción; se notifica junto a ella en las valoraciones colectivas y, en ellas, la fija la Dirección General del Catastro con recurso ante los TEA del Estado.

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Artículo 67. Reducción en base imponible

El artículo 67 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:

1.º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.

2.º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 68.1 de esta ley.

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:

1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.

2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.

3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.

4.º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

2. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base imponible únicamente procederá cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento del que resulte de la nueva Ponencia.

3. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el artículo 9 de esta ley.

4. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Datos clave

  • La reducción se aplica a inmuebles cuyo valor catastral aumente por la primera ponencia total de valores aprobada después del 1 de enero de 1997.
  • También por sucesivas ponencias totales aprobadas una vez transcurrido el período de reducción del artículo 68.1.
  • En inmuebles de características especiales solo procede si el nuevo valor supera el doble del anterior; en su defecto se toma el 40 por ciento del nuevo valor.
  • Se aplica de oficio, sin solicitud previa, y no da lugar a la compensación del artículo 9.
  • No se aplica al incremento derivado de la actualización por los coeficientes de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reducción en base imponible amortigua las subidas de valor catastral por ponencias totales; para los BICES solo si el nuevo valor supera el doble del anterior. Se aplica de oficio y no por las actualizaciones de la LPGE.

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Artículo 68. Duración y cuantía de la reducción

El artículo 68 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley.

2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.

3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.º, y b).3.º de esta ley.

En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el valor catastral resultante de dicha actualización y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado.

No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que se refiere el artículo 67.2 que, a estos efectos, se tomará como valor base.

Datos clave

  • La reducción se aplica durante nueve años desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio del artículo 70.
  • Su cuantía resulta de aplicar un coeficiente reductor, único para todo el municipio, a un componente individual calculado para cada inmueble.
  • El coeficiente reductor vale 0,9 el primer año y disminuye 0,1 cada año hasta desaparecer.
  • El componente individual es la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral del primer ejercicio y el valor base.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La reducción dura nueve años y se calcula multiplicando un coeficiente reductor (0,9 el primer año, bajando 0,1 cada año) por un componente individual: nuevo valor catastral menos valor base.

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Artículo 69. Valor base de la reducción

El artículo 69 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones susceptibles de inscripción catastral previamente a la modificación del planeamiento o al 1 de enero del año anterior a la entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de las ponencias de valores a las que se refiere el artículo 67, aún no se haya modificado su valor catastral en el momento de la aprobación de estas, el valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales por la aplicación a los mencionados bienes de la ponencia de valores anterior a la última aprobada.

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 67, en su apartado 1.b).4.º, el valor base será el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la Dirección General del Catastro que, calculado con sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos los inmuebles de la misma clase del municipio incluidos en el último padrón entre la media de los valores catastrales resultantes de la aplicación de la nueva ponencia de valores.

En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una vez aprobada la correspondiente ponencia de valores, la Dirección General del Catastro hará públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles de la clase de que se trate incluidos en el último padrón del municipio y el valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes del inicio de las notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios de exposición pública de estos valores medios se publicarán por edictos en el boletín oficial de la provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a 15 días.

Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos inmuebles que deban ser nuevamente valorados como bienes de clase diferente de la que tenían.

c) Cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base será la base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actualización.

Datos clave

  • El valor base es, como regla general, la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral.
  • En los inmuebles del artículo 67, en su apartado 1.b).4.º, el valor base es el nuevo valor catastral multiplicado por un cociente fijado por la Dirección General del Catastro con dos decimales.
  • Los valores catastrales medios se publican por edictos en el boletín oficial de la provincia, con un plazo de exposición no inferior a 15 días.
  • Si la actualización por las leyes de presupuestos reduce la base imponible, el valor base es la base liquidable del ejercicio anterior a esa actualización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El valor base es, por regla general, la base liquidable del ejercicio anterior al nuevo valor catastral; el artículo fija tres excepciones y la publicación de los valores medios por el Catastro.

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Artículo 70. Cómputo del período de reducción en supuestos especiales

El artículo 70 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b).1.º se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.

2. En los casos contemplados en el artículo 67, apartados 1.b).2.o, 3.º y 4.º no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

Datos clave

  • En los casos del artículo 67, apartado 1.b).1.º se inicia un nuevo período de reducción y se extingue el resto de la reducción que se venía aplicando.
  • En los casos del artículo 67, apartados 1.b).2.º, 3.º y 4.º no se inicia un nuevo período y el coeficiente reductor toma el valor del resto de inmuebles del municipio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Según la causa de alteración del valor durante la reducción, o se abre un período nuevo (valoración colectiva general) o se sigue con el coeficiente del resto del municipio (las demás causas).

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Artículo 71. Cuota íntegra y cuota líquida

El artículo 71 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.

Datos clave

  • La cuota íntegra del IBI resulta de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
  • La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos pasos para llegar a lo que se paga: cuota íntegra (base liquidable por tipo de gravamen) y cuota líquida (cuota íntegra menos bonificaciones legales).

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Artículo 72. Tipo de gravamen. Recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente y de alojamientos de uso turístico

El artículo 72 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.

2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6 por ciento. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4 por ciento ni superior al 1,3 por ciento.

3. Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados en el apartado 1 con los puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas ellas:

Puntos porcentuales | Bienes urbanos | Bienes rústicos |

A) Municipios que sean capital de provincia o comunidad autónoma | 0,07 | 0,06 |

B) Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie | 0,07 | 0,05 |

C) Municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de aquellos a los que están obligados según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril | 0,06 | 0,06 |

D) Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por ciento de la superficie total del término | 0,00 | 0,15 |

4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.

4 bis. Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, en el caso de que no se trate de municipios ubicados en una zona de mercado residencial tensionado según lo establecido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.

A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años, conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal, y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial.

El recargo podrá ser de hasta el 100 por ciento de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años, pudiendo modularse en función del periodo de tiempo de desocupación.

Además, los ayuntamientos podrán aumentar el porcentaje de recargo que corresponda con arreglo a lo señalado anteriormente en hasta 50 puntos porcentuales adicionales en caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el mismo término municipal.

En el caso de municipios ubicados en una zona de mercado residencial tensionado según lo establecido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente, aquel que permanezca desocupado, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años, conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal, pudiendo modularse en función del período de tiempo de desocupación.

En el caso de titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial, este recargo podrá ser de hasta el 100 por ciento de la cuota líquida del impuesto.

Cuando el período de desocupación sea superior a tres años, los ayuntamientos podrán aumentar el porcentaje de recargo en hasta 50 puntos porcentuales adicionales en el caso de inmuebles pertenecientes a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial.

En relación con los recargos de este apartado, en todo caso se considerarán justificadas las siguientes causas: el traslado temporal por razones laborales o de formación, el cambio de domicilio por situación de dependencia o razones de salud o emergencia social, inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continuada, inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, u otras circunstancias que imposibiliten su ocupación efectiva, que la vivienda esté siendo objeto de un litigio o causa pendiente de resolución judicial o administrativa que impida el uso y disposición de la misma o que se trate de inmuebles cuyos titulares, en condiciones de mercado, ofrezcan en venta, con un máximo de un año en esta situación, o en alquiler, con un máximo de seis meses en esta situación. En el caso de inmuebles de titularidad de alguna Administración Pública, se considerará también como causa justificada ser objeto el inmueble de un procedimiento de venta o de puesta en explotación mediante arrendamiento.

El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare.

La declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro.

4 ter. Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren destinados a alojamientos de uso turístico, identificados de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, y que se encuentren situados en municipios ubicados en una zona de mercado residencial tensionado según lo establecido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.

Este recargo podrá ser de hasta el 100 por ciento de la cuota líquida del impuesto cuando se trate de titulares de dos o más inmuebles de uso residencial destinados a alojamientos de uso turístico.

Este recargo podrá ser de hasta el 150 por ciento de la cuota líquida del impuesto cuando se trate de titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial destinados a alojamientos de uso turístico.

El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos. La ordenanza fiscal regulará los aspectos materiales y formales para la aplicación de este recargo.

5. Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un período máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 0,1 por ciento para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075 por ciento, tratándose de inmuebles rústicos.

6. Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general, deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo.

7. En los supuestos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 66 de esta ley, los ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro distinto.

Datos clave

  • Tipo mínimo y supletorio del IBI: 0,4 por ciento en urbanos y 0,3 por ciento en rústicos; máximo: 1,10 por ciento en urbanos y 0,90 por ciento en rústicos.
  • Bienes de características especiales: tipo supletorio del 0,6 por ciento; el tipo diferenciado no puede ser inferior al 0,4 ni superior al 1,3 por ciento.
  • Inmuebles residenciales desocupados con carácter permanente (más de dos años sin causa justificada): recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida, y hasta el 100 por ciento si la desocupación supera tres años.
  • Alojamientos turísticos en zona tensionada: recargo de hasta el 50 por ciento, de hasta el 100 por ciento con dos o más inmuebles y de hasta el 150 por ciento con cuatro o más.
  • Los recargos se devengan el 31 de diciembre y se liquidan anualmente; la declaración de desocupación exige audiencia previa del sujeto pasivo.
  • Con nuevos valores por valoración colectiva pueden fijarse, durante un máximo de seis años, tipos reducidos no inferiores al 0,1 por ciento en urbanos ni al 0,075 por ciento en rústicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija los tipos mínimos y máximos del IBI, los incrementos por circunstancias del municipio, los tipos diferenciados por usos y los recargos por viviendas vacías y pisos turísticos.

Esquema

Tipos de gravamen del IBI
UrbanosRústicosBICES
Mínimo0,4 %0,3 %0,4 % (tipo diferenciado)
Máximo1,10 %0,90 %1,3 % (tipo diferenciado)
Supletorio0,4 %0,3 %0,6 %
Reducido (hasta seis años)No inferior a 0,1 %No inferior a 0,075 %No previsto

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Artículo 73. Bonificaciones obligatorias

El artículo 73 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4. Las ordenanzas fiscales especificarán los aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones indicadas en los apartados anteriores, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

Datos clave

  • Las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tienen una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento, solicitada antes del inicio de las obras.
  • Sin acuerdo municipal se aplica la bonificación máxima, y no puede exceder de tres períodos impositivos.
  • Las viviendas de protección oficial tienen una bonificación del 50 por ciento durante los tres períodos impositivos siguientes a la calificación definitiva.
  • Pasado ese plazo, los ayuntamientos pueden establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento para esas viviendas.
  • Los bienes rústicos de cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra tienen una bonificación del 95 por ciento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres bonificaciones obligatorias del IBI: obras de promotoras (50–90 %), viviendas de protección oficial (50 % tres años) y bienes rústicos de cooperativas agrarias (95 %).

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Artículo 74. Bonificaciones potestativas

El artículo 74 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal.

2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio.

Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior.

Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante de alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de clase del inmueble o de un cambio de aprovechamiento determinado por la modificación del planeamiento urbanístico, para el cálculo de la bonificación se considerará como cuota líquida del ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de dicho año al valor base determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de esta ley.

Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirán por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal.

2 bis. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria.

2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.

2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa.

La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.

Entre otras circunstancias, la ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en el caso de cesión de espacios para la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía cuyo uso o propiedad esté asociado a comunidades energéticas.

6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

7. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.

Datos clave

  • Bonificación de hasta el 90 por ciento para inmuebles urbanos en asentamientos vinculados a actividades primarias con servicios inferiores a los de zonas consolidadas.
  • La bonificación para amortiguar la subida por nuevos valores catastrales no puede durar más de tres períodos impositivos.
  • Hasta el 95 por ciento: inmuebles de organismos públicos de investigación y enseñanza universitaria, y actividades de especial interés o utilidad municipal declaradas por el Pleno por mayoría simple.
  • Hasta el 90 por ciento: bienes inmuebles de características especiales y sujetos pasivos titulares de familia numerosa.
  • Hasta el 50 por ciento: inmuebles con sistemas de aprovechamiento de energía solar o ambiente, y con puntos de recarga para vehículos eléctricos, en ambos casos con homologación.
  • Hasta el 95 por ciento: inmuebles residenciales destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de bonificaciones del IBI que el ayuntamiento puede crear por ordenanza: asentamientos rurales, limitación de subidas, investigación, interés municipal, BICES, familia numerosa, energía solar, alquiler limitado y recarga eléctrica.

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Artículo 75. Devengo y período impositivo

El artículo 75 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.

2. El período impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Datos clave

  • El IBI se devenga el primer día del período impositivo, que coincide con el año natural.
  • Los hechos que deben declararse al Catastro tienen efectividad en el devengo inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales.
  • La efectividad de las inscripciones derivadas de valoraciones colectivas coincide con la prevista en las normas del Catastro Inmobiliario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IBI se devenga el primer día del año natural; los cambios catastrales cuentan desde el devengo siguiente a que produzcan efectos en el Catastro.

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Artículo 76. Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario

El artículo 76 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.

3. Los ayuntamientos podrán exigir la acreditación de la presentación de la declaración catastral de nueva construcción para la tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la primera ocupación de los inmuebles. En el caso de que el ayuntamiento se hubiera acogido al procedimiento de comunicación a que se refiere el apartado anterior, en lugar de la acreditación de la declaración podrá exigirse la información complementaria que resulte necesaria para la remisión de la comunicación.

Datos clave

  • Las alteraciones de inmuebles con trascendencia para el IBI obligan a los sujetos pasivos a declararlas para su inscripción en el Catastro.
  • En municipios acogidos al procedimiento de comunicación, la declaración se entiende hecha si la alteración consta en la licencia o autorización municipal.
  • Los ayuntamientos pueden exigir la acreditación de la declaración catastral de nueva construcción para tramitar la licencia de primera ocupación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las alteraciones de los inmuebles con trascendencia en el IBI obligan a declarar al Catastro, salvo en municipios con procedimiento de comunicación, donde basta que consten en la licencia.

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Artículo 77. Gestión tributaria del impuesto

El artículo 77 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

2. Los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.

3. Los ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes de esta ley, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

6. Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

7. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.

8. Las competencias que con relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se atribuyen a los ayuntamientos en este artículo se ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con aplicación de forma supletoria de lo dispuesto en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades locales reconocidas por las leyes y las comunidades autónomas uniprovinciales en las que se integren los respectivos ayuntamientos asumirán el ejercicio de las referidas competencias cuando así lo solicite el ayuntamiento interesado, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.

Datos clave

  • La liquidación, recaudación y revisión de los actos de gestión tributaria del IBI son competencia exclusiva de los ayuntamientos.
  • Los ayuntamientos pueden agrupar en un único documento de cobro las cuotas de un mismo sujeto pasivo por bienes rústicos de un mismo municipio.
  • No es necesaria la notificación individual de las liquidaciones si ya se notificaron el valor catastral y la base liquidable en la valoración colectiva.
  • El padrón catastral se forma anualmente para cada término municipal y se remite a las entidades gestoras antes del 1 de marzo de cada año.
  • Si el sujeto pasivo no coincide con el titular catastral, la rectificación debe comunicarse inmediatamente a la Dirección General del Catastro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La gestión tributaria del IBI (liquidar, recaudar, revisar) es de los ayuntamientos; la gestión catastral, de la Dirección General del Catastro, que les remite el padrón antes del 1 de marzo.

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Artículo 78. Naturaleza y hecho imponible.

El artículo 78 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.

c) El trashumante o trasterminante.

d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.

Datos clave

  • Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios.
  • No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
  • Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
  • Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IAE es un tributo directo y real que grava el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional; quedan fuera las agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras.

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Artículo 79. Actividad económica gravada.

El artículo 79 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.

Datos clave

  • Una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando supone la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos.
  • La finalidad de esa ordenación es intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
  • El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay actividad gravada cuando alguien ordena por cuenta propia medios de producción, recursos humanos o uno de ambos para intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

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Artículo 80. Prueba del ejercicio de actividad económica gravada.

El artículo 80 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Datos clave

  • El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho.
  • En particular, sirven de prueba los medios contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ejercicio de una actividad gravada por el IAE puede probarse con cualquier medio admitido en derecho, en particular con los del artículo 3 del Código de Comercio.

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Artículo 81. Supuestos de no sujeción.

El artículo 81 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.

3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.

4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.

Datos clave

  • La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
  • La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
  • La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento.
  • Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuatro supuestos que no son hecho imponible del IAE: vender activo fijo o bienes de uso propio con más de dos años, vender lo recibido como pago de trabajos, exponer artículos de adorno y un acto aislado de venta al por menor.

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Artículo 82. Exenciones.

El artículo 82 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:

Las personas físicas, sean o no residentes en territorio español.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.

2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

3.ª Para el cálculo del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades por concurrir alguna de las circunstancias consideradas en el apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio como determinantes de la existencia de control, con independencia de la obligación de consolidación contable, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

4.ª En el supuesto de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 90 de esta ley.

4. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Datos clave

  • Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella.
  • Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
  • En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
  • 1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.
  • En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.
  • A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
  • Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Exenciones del IAE: administraciones públicas, inicio de actividad (dos primeros períodos), personas físicas y entidades con cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, y una serie de entidades sociales, educativas e internacionales.

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Artículo 83. Sujetos pasivos.

El artículo 83 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Datos clave

  • Son sujetos pasivos del IAE las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Requisito: que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son sujetos pasivos del IAE las personas físicas, las jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la LGT que realicen en territorio nacional actividades del hecho imponible.

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Artículo 84. Cuota tributaria.

El artículo 84 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en esta ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.

Datos clave

  • La cuota tributaria es la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con la ley y sus disposiciones de complemento y desarrollo.
  • También se aplican los coeficientes y bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento en sus ordenanzas fiscales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La cuota del IAE sale de aplicar las tarifas y, después, los coeficientes y bonificaciones de la ley o, en su caso, de la ordenanza de cada ayuntamiento.

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Artículo 85. Tarifas del impuesto.

El artículo 85 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como la Instrucción para su aplicación, se aprobarán por real decreto legislativo del Gobierno, que será dictado en virtud de la presente delegación legislativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución. La fijación de las cuotas mínimas se ajustará a las bases siguientes:

Primera.-Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto.

Segunda.-Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Tercera.-Determinación de aquellas actividades o modalidades de estas a las que por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero.

Cuarta.-Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 15 por ciento del beneficio medio presunto de la actividad gravada, y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas.

Quinta.-Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por dichas cuotas y fijando su importe, teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial.

2. El plazo para el ejercicio de la delegación legislativa concedida al Gobierno en el apartado 1 de este artículo será de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 91.2 de esta ley, la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderá a la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades.

Sobre las referidas cuotas provinciales y nacionales no podrá establecerse ni el coeficiente ni el recargo provincial regulados, respectivamente, en los artículos 87 y 134 de esta ley.

4. Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con arreglo a las normas siguientes:

A) La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las respectivas actividades.

Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de la obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota, en proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la instalación o local de que se trate, en los términos que se establezcan en la Instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.

En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas se distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término se extienda el embalse, en los términos que se establezcan en la Instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.

Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el ayuntamiento en el que radique la central, o por aquél en el que radique la mayor parte de ella. En ambos casos, dicha cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias, entre todos los municipios afectados por la central, aunque en éstos no radiquen instalaciones o edificios afectos a ella.

A tales efectos, se consideran municipios afectados por una central nuclear aquéllos en cuyo término respectivo radique el todo o una parte de sus instalaciones, así como aquellos otros, en los que no concurriendo la circunstancia anterior, tengan parte o todo de su término municipal en un área circular de 10 kilómetros de radio con centro en la instalación.

Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas portuarias que se extiendan sobre más de un término municipal serán distribuidas por el ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que se extienda la zona portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de dicho término ocupada por la zona portuaria.

B) La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes.

El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la Agencia Estatal exactora entre todos los municipios de la provincia y la diputación provincial correspondiente, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

C) La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.

El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y Diputaciones Provinciales de territorio común en los términos que reglamentariamente se establezcan.

5. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las tarifas del impuesto, así como la Instrucción para su aplicación, y actualizar las cuotas en ellas contenidas.

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de las tarifas e Instrucción del impuesto.

Datos clave

  • Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como la Instrucción para su aplicación, se aprobarán por real decreto legislativo del Gobierno, que será dictado en virtud de la presente delegación legislativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución.
  • Primera.-Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto.
  • Segunda.-Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
  • Quinta.-Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por dichas cuotas y fijando su importe, teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial.
  • El plazo para el ejercicio de la delegación legislativa concedida al Gobierno en el apartado 1 de este artículo será de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.
  • Sobre las referidas cuotas provinciales y nacionales no podrá establecerse ni el coeficiente ni el recargo provincial regulados, respectivamente, en los artículos 87 y 134 de esta ley.
  • Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las tarifas del impuesto, así como la Instrucción para su aplicación, y actualizar las cuotas en ellas contenidas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las tarifas del IAE se aprueban por real decreto legislativo con cinco bases; fija quién exige y reparte las cuotas municipales, provinciales y nacionales, y casos especiales como centrales y puertos.

Esquema

Exacción de las cuotas del IAE
MunicipalProvincialNacional
Quién la exigeAyuntamiento donde se realiza la actividadDelegación de la AEAT donde se realiza la actividadDelegación de la AEAT del domicilio fiscal
RepartoSi hay varios términos, por superficieMunicipios de la provincia y diputaciónMunicipios y diputaciones de territorio común

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Artículo 86. Coeficiente de ponderación.

El artículo 86 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros) | Coeficiente |

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 | 1,29 |

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 | 1,30 |

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 | 1,32 |

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 | 1,33 |

Más de 100.000.000,00 | 1,35 |

Sin cifra neta de negocio | 1,31 |

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.1.c) de esta ley.

Datos clave

  • Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación según el importe neto de la cifra de negocios.
  • Coeficientes: 1,29 de 1.000.000,00 a 5.000.000,00 euros; 1,30 hasta 10.000.000,00; 1,32 hasta 50.000.000,00; 1,33 hasta 100.000.000,00 euros.
  • Más de 100.000.000,00 euros de cifra de negocios: coeficiente 1,35; sin cifra neta de negocio: coeficiente 1,31.
  • La cifra de negocios computable es la del conjunto de actividades económicas ejercidas por el sujeto pasivo, según el artículo 82.1.c) de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El coeficiente de ponderación se aplica siempre sobre todas las cuotas del IAE y va de 1,29 a 1,35 según la cifra de negocios; sin cifra de negocio, 1,31.

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Artículo 87. Coeficiente de situación.

El artículo 87 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo anterior, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.

2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.

3. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.

4. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación.

5. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.

Datos clave

  • Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
  • A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.
  • En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación.
  • La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Coeficiente potestativo que pondera la situación del local según la categoría de la calle: entre 0,4 y 3,8, con 2 a 9 categorías y saltos mínimos de 0,10.

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Artículo 88. Bonificaciones obligatorias y potestativas.

El artículo 88 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el artículo 82.1.b) de esta ley.

2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1.

b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquél.

La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior.

c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:

Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.

Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.

Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b) anteriores.

d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.

e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.

f) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.

3. La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos sustantivos y formales a que se refiere el apartado anterior. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente.

Datos clave

  • Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
  • Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.
  • El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el artículo 82.1.b) de esta ley.
  • Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.
  • El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley.
  • La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86 y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley.
  • En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 1 anterior, la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo a) del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos bonificaciones obligatorias del IAE (cooperativas e inicio de actividad profesional, 50 %) y seis potestativas por ordenanza para quienes tributan por cuota municipal, que se aplican en cascada.

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Artículo 89. Período impositivo y devengo.

El artículo 89 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad.

3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.

Datos clave

  • El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
  • Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese.
  • A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad.
  • Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IAE se devenga el primer día del año natural con cuotas irreducibles, salvo prorrateo por trimestres en altas y bajas; los espectáculos por actuaciones aisladas se devengan en cada una.

Esquema

Prorrateo del IAE
AltaBaja por cese
UnidadTrimestres naturalesTrimestres naturales
Trimestre del hechoIncluido (se paga)Excluido del prorrateo (se paga)
Cómo se aplicaCuota proporcional a los trimestres que restanDevolución a solicitud del sujeto pasivo

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Artículo 90. Gestión tributaria del impuesto.

El artículo 90 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El impuesto se gestiona a partir de la matrícula de éste. Dicha matrícula se formará anualmente para cada término y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial.

La matrícula estará a disposición del público en los respectivos ayuntamientos.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 90.1 de esta ley y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos reglamentariamente determinados.

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley, deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 de esta ley. El Ministro de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.

4. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Datos clave

  • El impuesto se gestiona a partir de la matrícula de éste.
  • Dicha matrícula se formará anualmente para cada término y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial.
  • Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del artículo 90.1 de esta ley y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
  • En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 de esta ley, deberán comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe neto de su cifra de negocios.
  • El Ministro de Hacienda establecerá los supuestos en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IAE se gestiona con la matrícula anual de cada término, basada en censos; los sujetos pasivos deben darse de alta, comunicar variaciones y, si no están exentos, su cifra de negocios a la AEAT.

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Artículo 91. Matrícula del impuesto.

El artículo 91 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La formación de la matrícula del Impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado.

Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

Tratándose de cuotas municipales, las funciones a que se refiere el párrafo primero de este apartado, podrán ser delegadas en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se establezca.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por los ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

3. La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el Ministro de Hacienda.

4. En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Administración tributaria del Estado a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, así como los actos de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en el párrafo tercero del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

De igual modo, corresponderá a los mencionados Tribunales Económico-Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este artículo que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del impuesto.

Datos clave

  • La formación de la matrícula del Impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado.
  • Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
  • Tratándose de cuotas municipales, las funciones a que se refiere el párrafo primero de este apartado, podrán ser delegadas en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se establezca.
  • En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Administración tributaria del Estado a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 de este artículo, así como los actos de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en el párrafo tercero del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
  • De igual modo, corresponderá a los mencionados Tribunales Económico-Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este artículo que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del impuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparto de la gestión del IAE: la censal y la inspección son del Estado (delegables), la tributaria de los ayuntamientos, y las reclamaciones censales van a los TEA del Estado.

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Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible

El artículo 92 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Datos clave

  • El IVTM es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
  • Es apto para circular el vehículo matriculado en los registros públicos mientras no haya causado baja; también los que tengan permisos temporales y matrícula turística.
  • No sujetos: vehículos dados de baja por antigüedad del modelo que puedan circular excepcionalmente en exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a ellos.
  • No sujetos: remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IVTM es un tributo directo que grava la titularidad de vehículos aptos para circular, es decir, matriculados y no dados de baja; quedan fuera los históricos de exhibición y los remolques pequeños.

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Artículo 93. Exenciones

El artículo 93 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

Datos clave

  • Están exentos del impuesto los vehículos oficiales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana y los de representaciones diplomáticas, a condición de reciprocidad.
  • También las ambulancias y vehículos destinados a asistencia sanitaria, y los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria con Cartilla de Inspección Agrícola.
  • Exentos los autobuses y microbuses de transporte público urbano con capacidad superior a nueve plazas, incluida la del conductor.
  • La exención por discapacidad exige un grado igual o superior al 33 por ciento y no se aplica por más de un vehículo simultáneamente.
  • Las exenciones de las letras e) y g) deben solicitarse indicando características del vehículo, matrícula y causa del beneficio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Exenciones del IVTM: vehículos oficiales de defensa y seguridad, diplomáticos, por tratados, sanitarios, de movilidad reducida o de personas con minusvalía del 33 %, transporte público urbano y agrícolas con cartilla.

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Artículo 94. Sujetos pasivos

El artículo 94 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Datos clave

  • Son sujetos pasivos del IVTM las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Lo es aquel a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Paga el IVTM quien figura como titular en el permiso de circulación: persona física, jurídica o entidad del artículo 35.4 de la LGT.

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Artículo 95. Cuota

El artículo 95 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Potencia y clase de vehículo | Cuota – Euros |

A) Turismos: | |

De menos de ocho caballos fiscales | 12,62 |

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 34,08 |

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 71,94 |

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 89,61 |

De 20 caballos fiscales en adelante | 112,00 |

B) Autobuses: | |

De menos de 21 plazas | 83,30 |

De 21 a 50 plazas | 118,64 |

De más de 50 plazas | 148,30 |

C) Camiones: | |

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil | 42,28 |

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 83,30 |

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil | 118,64 |

De más de 9.999 kilogramos de carga útil | 148,30 |

D) Tractores: | |

De menos de 16 caballos fiscales | 17,67 |

De 16 a 25 caballos fiscales | 27,77 |

De más de 25 caballos fiscales | 83,30 |

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: | |

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil | 17,67 |

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 27,77 |

De más de 2.999 kilogramos de carga útil | 83,30 |

F) Vehículos: | |

Ciclomotores | 4,42 |

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos | 4,42 |

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos | 7,57 |

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos | 15,15 |

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos | 30,29 |

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos | 60,58 |

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3. Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas.

4. Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2.

Los ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas recogido en el apartado 1 de este artículo, el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada uno de los tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso el límite máximo fijado en el párrafo anterior.

5. En el caso de que los ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se refiere el apartado anterior, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas.

6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Datos clave

  • Turismos: 12,62 euros con menos de ocho caballos fiscales y 112,00 euros con 20 o más caballos fiscales.
  • Ciclomotores y motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos: 4,42 euros; motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos: 60,58 euros.
  • El cuadro de cuotas puede modificarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Los ayuntamientos pueden incrementar las cuotas con un coeficiente que no puede ser superior a 2, distinto por clase y tramo de vehículo.
  • Bonificaciones de hasta el 75 por ciento por la clase de carburante y por las características del motor, según su incidencia en el medio ambiente.
  • Bonificación de hasta el 100 por cien para vehículos históricos o con una antigüedad mínima de veinticinco años.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuadro de cuotas del IVTM por clase y potencia, que los ayuntamientos pueden multiplicar por un coeficiente de hasta 2, y tres bonificaciones potestativas: carburante, motor (75 %) e históricos (100 %).

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Artículo 96. Período impositivo y devengo

El artículo 96 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.

En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

Datos clave

  • El período impositivo coincide con el año natural, salvo en la primera adquisición, en que comienza el día de la adquisición.
  • El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
  • La cuota se prorratea por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
  • También hay prorrateo en la baja temporal por sustracción o robo, desde que se produce la baja temporal en el Registro público correspondiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IVTM se devenga el primer día del año natural, salvo primera adquisición; la cuota se prorratea por trimestres en primera adquisición, baja definitiva y baja temporal por sustracción o robo.

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Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto

El artículo 97 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Datos clave

  • La gestión, liquidación, inspección y recaudación del IVTM, y la revisión de sus actos de gestión, corresponden al ayuntamiento.
  • Es competente el ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todo el ciclo del IVTM (gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión) lo lleva el ayuntamiento del domicilio que consta en el permiso de circulación.

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Artículo 98. Autoliquidación

El artículo 98 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

2. En las respectivas ordenanzas fiscales los ayuntamientos dispondrán la clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto.

Datos clave

  • Los ayuntamientos podrán exigir el IVTM en régimen de autoliquidación.
  • Las ordenanzas fiscales dispondrán la clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ayuntamientos pueden exigir el IVTM por autoliquidación y deciden en su ordenanza qué documento acredita el pago.

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Artículo 99. Justificación del pago del impuesto

El artículo 99 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto.

2. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.

3. A efectos de la acreditación anterior, los Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación, al finalizar el período voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del trámite, la acreditación anteriormente señalada.

Datos clave

  • Quien solicite ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular deberá acreditar previamente el pago del impuesto.
  • Tráfico no tramitará el cambio de titularidad si el titular registral no ha acreditado el pago del impuesto del período impositivo del año anterior al trámite.
  • Al finalizar el período voluntario, ayuntamientos o entidades recaudadoras comunican informáticamente a la DGT el impago del período impositivo del año en curso.
  • La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Vehículos implica, a los únicos efectos del trámite, la acreditación del pago.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tráfico exige acreditar el pago del IVTM para matricular o certificar aptitud, y el del año anterior para cambiar la titularidad; basta con que no haya anotación de impago en el Registro.

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Artículo 100. Naturaleza y hecho imponible

El artículo 100 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Datos clave

  • El ICIO es un tributo indirecto que grava la realización, dentro del término municipal, de construcciones, instalaciones u obras que exijan licencia, se haya obtenido o no.
  • También grava las obras que exijan declaración responsable o comunicación previa, siempre que la licencia o el control correspondan al ayuntamiento de la imposición.
  • Exentas: obras de las que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales destinadas directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos o aeropuertos.
  • La exención alcanza también obras hidráulicas y saneamiento de poblaciones y aguas residuales, aunque las gestionen organismos autónomos, sean de inversión nueva o de conservación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ICIO es un tributo indirecto que grava realizar en el municipio cualquier obra que exija licencia, declaración responsable o comunicación previa municipal; están exentas ciertas obras públicas de infraestructura.

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Artículo 101. Sujetos pasivos

El artículo 101 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Datos clave

  • Son contribuyentes del ICIO los dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice.
  • Se considera dueño de la obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
  • Si la obra no la realiza el contribuyente, son sustitutos quienes soliciten las licencias, presenten declaraciones responsables o comunicaciones previas, o quienes realicen las obras.
  • El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contribuyente del ICIO es el dueño de la obra, quien soporta su coste, sea o no propietario del inmueble; si no la realiza él, es sustituto quien pide la licencia o ejecuta la obra.

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Artículo 102. Base imponible, cuota y devengo

El artículo 102 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del cuatro por cien.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Datos clave

  • La base imponible del ICIO es el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, es decir, su coste de ejecución.
  • No forman parte de la base el IVA y análogos, las tasas, precios públicos y prestaciones patrimoniales locales, los honorarios profesionales ni el beneficio empresarial del contratista.
  • La cuota es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
  • El tipo lo fija cada ayuntamiento y no puede exceder del cuatro por cien.
  • El impuesto se devenga al iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la licencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La base del ICIO es el coste de ejecución material de la obra, sin IVA, tasas, honorarios ni beneficio del contratista; el tipo lo fija el ayuntamiento hasta el 4 % y se devenga al iniciar la obra.

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Artículo 103. Gestión tributaria del impuesto

El artículo 103 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Bonificaciones potestativas.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:

a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el párrafo a) anterior.

c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores.

d) Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

e) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

f) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente.

3. Las ordenanzas fiscales podrán regular como deducción de la cuota íntegra o bonificada del impuesto, el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.

5. Los ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas fiscales sistemas de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia.

Datos clave

  • Al conceder la licencia, presentar la declaración responsable o comunicación previa, o iniciar la obra, se practica una liquidación provisional a cuenta.
  • Finalizada la obra, el ayuntamiento comprueba el coste real y efectivo y practica la liquidación definitiva.
  • Hasta el 95 por ciento: obras de especial interés o utilidad municipal declaradas por el Pleno por mayoría simple, y obras con sistemas de energía solar o ambiente.
  • Hasta el 50 por ciento: obras vinculadas a planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras y obras de viviendas de protección oficial.
  • Hasta el 90 por ciento: obras que favorezcan el acceso y la habitabilidad de los discapacitados y obras para puntos de recarga de vehículos eléctricos.
  • Los ayuntamientos pueden exigir el impuesto en régimen de autoliquidación y deducir de la cuota la tasa por licencia urbanística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ICIO se liquida primero de forma provisional y, terminada la obra, de forma definitiva según su coste real; la ordenanza puede regular seis bonificaciones en cascada y deducir la tasa de licencia.

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Artículo 104. Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

El artículo 104 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa del referido fallecimiento.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Datos clave

  • El IIVTNU es un tributo directo que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos puesto de manifiesto por la transmisión de su propiedad o por la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio.
  • No está sujeto el incremento de los terrenos rústicos a efectos del IBI; sí lo está el de los urbanos y el de los integrados en inmuebles de características especiales.
  • No hay sujeción en aportaciones de los cónyuges a la sociedad conyugal ni en transmisiones entre cónyuges o a los hijos por sentencias de nulidad, separación o divorcio.
  • No se devenga el impuesto en las aportaciones o transmisiones a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, ni en las suyas a entidades participadas al menos en un 50 por ciento.
  • No hay sujeción si se constata la inexistencia de incremento de valor entre las fechas de transmisión y adquisición; el interesado debe declarar la transmisión y aportar los títulos.
  • Para comparar se toma el mayor entre el valor del título y el comprobado por la Administración, sin computar gastos ni tributos de las operaciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La plusvalía municipal grava el incremento de valor de terrenos urbanos que aflora al transmitirlos o al constituir derechos reales de goce; el artículo fija los terrenos sujetos y una serie de supuestos de no sujeción.

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Artículo 105. Exenciones

El artículo 105 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.

Datos clave

  • Exentos por el acto: constitución y transmisión de servidumbres y transmisiones de bienes de Conjunto Histórico-Artístico o de interés cultural con obras de conservación a cargo del titular.
  • Exenta la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante, y su transmisión en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
  • La exención exige que el deudor o su unidad familiar no tengan otros bienes suficientes para pagar la deuda hipotecaria; se presume, y si se comprueba lo contrario se gira liquidación.
  • Vivienda habitual: aquella en que el contribuyente haya estado empadronado de forma ininterrumpida al menos los dos años anteriores a la transmisión o desde su adquisición si es inferior.
  • Para la unidad familiar se equipara el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
  • Exentos por el sujeto, entre otros: Estado, comunidades autónomas y entidades locales, municipio de la imposición, instituciones benéficas, Cruz Roja Española y concesionarios revertibles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Exenciones de la plusvalía por el acto (servidumbres, bienes históricos rehabilitados, dación en pago o ejecución hipotecaria de la vivienda habitual) y por el obligado al pago (administraciones, benéficas, Cruz Roja y otros).

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Artículo 106. Sujetos pasivos

El artículo 106 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Datos clave

  • A título lucrativo, es contribuyente quien adquiere el terreno o a cuyo favor se constituye o transmite el derecho real de goce limitativo del dominio.
  • A título oneroso, es contribuyente quien transmite el terreno o constituye o transmite el derecho real de que se trate.
  • En las transmisiones onerosas, el adquirente es sustituto del contribuyente cuando este sea una persona física no residente en España.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la plusvalía paga el adquirente si la transmisión es lucrativa y el transmitente si es onerosa; si este es persona física no residente, el adquirente es sustituto.

Esquema

Sujeto pasivo de la plusvalía
Título lucrativoTítulo oneroso
ContribuyenteAdquirenteTransmitente
SustitutoNo previstoAdquirente si el transmitente es persona física no residente

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Artículo 107. Base imponible

El artículo 107 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado de actualización, con el máximo del 15 por ciento.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes:

Periodo de generación | Coeficiente |

Inferior a 1 año. | 0,17 |

1 año. | 0,16 |

2 años. | 0,16 |

3 años. | 0,17 |

4 años. | 0,17 |

5 años. | 0,19 |

6 años. | 0,21 |

7 años. | 0,23 |

8 años. | 0,24 |

9 años. | 0,25 |

10 años. | 0,22 |

11 años. | 0,18 |

12 años. | 0,14 |

13 años. | 0,12 |

14 años. | 0,11 |

15 años. | 0,11 |

16 años. | 0,11 |

17 años. | 0,11 |

18 años. | 0,13 |

19 años. | 0,20 |

Igual o superior a 20 años. | 0,30 |

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.

Datos clave

  • La base imponible es el incremento del valor de los terrenos experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
  • Se calcula multiplicando el valor del terreno en el devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación.
  • En transmisiones se toma el valor del terreno a efectos del IBI; la ordenanza puede fijar un coeficiente reductor de hasta el 15 por ciento.
  • Tras una valoración colectiva puede aplicarse una reducción máxima del 60 por ciento durante, como máximo, los cinco primeros años.
  • Coeficientes máximos: 0,17 para menos de 1 año y 0,30 para 20 años o más; se actualizan anualmente mediante norma con rango legal.
  • Si el sujeto pasivo acredita que el incremento real es inferior, se toma como base imponible el importe de dicho incremento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Base imponible de la plusvalía: valor catastral del terreno al devengo por el coeficiente de su período de generación (máximo veinte años), o el incremento real si es menor.

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Artículo 108. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

El artículo 108 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento.

Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del artículo anterior.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Datos clave

  • El tipo de gravamen lo fija cada ayuntamiento sin que pueda exceder del 30 por ciento; puede ser único o uno por cada período de generación del incremento.
  • La cuota íntegra resulta de aplicar a la base imponible el tipo; la cuota líquida, de aplicar sobre la íntegra, en su caso, las bonificaciones.
  • Bonificación de hasta el 95 por ciento en transmisiones lucrativas por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, cónyuges y ascendientes y adoptantes.
  • Bonificación de hasta el 95 por ciento en terrenos con actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal.
  • Esa declaración corresponde al Pleno, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
  • Los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones se regulan en la ordenanza fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El tipo de la plusvalía lo fija cada ayuntamiento hasta el 30 %, único o por períodos; la ordenanza puede bonificar hasta el 95 % las herencias de familiares directos y las actividades de interés municipal.

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Artículo 109. Devengo

El artículo 109 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Datos clave

  • El impuesto se devenga en la fecha de transmisión de la propiedad del terreno o en la de constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.
  • Declarada por resolución firme la nulidad, rescisión o resolución del acto, hay derecho a devolución si no hubo efectos lucrativos y se reclama en cinco años desde la firmeza.
  • No hay devolución alguna si la rescisión o resolución se declara por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo.
  • Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo no procede devolución y se considera un acto nuevo sujeto a tributación; incluye la avenencia en conciliación y el allanamiento.
  • Con condición suspensiva no se liquida hasta que se cumpla; con condición resolutoria se exige desde luego, con devolución si la condición se cumple.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La plusvalía se devenga en la fecha de la transmisión o de la constitución del derecho; solo se devuelve si se anula el acto por resolución firme sin efectos lucrativos, y no por mutuo acuerdo.

Esquema

Condición en el acto
SuspensivaResolutoria
LiquidaciónNo se liquida hasta que se cumplaSe exige desde luego
Al cumplirseSe liquidaDevolución según la regla del apartado anterior

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Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto

El artículo 110 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero.

5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración.

Datos clave

  • Los sujetos pasivos deben presentar ante el ayuntamiento la declaración que determine la ordenanza, con los elementos imprescindibles para liquidar.
  • Plazo de la declaración en actos ínter vivos: treinta días hábiles desde el devengo.
  • Plazo en actos por causa de muerte: seis meses, prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
  • Los ayuntamientos pueden establecer la autoliquidación, salvo en el supuesto del artículo 107.2.a), párrafo tercero.
  • Los notarios remiten al ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, la relación de documentos del trimestre anterior que revelen el hecho imponible, salvo actos de última voluntad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El sujeto pasivo declara la plusvalía en treinta días hábiles (inter vivos) o seis meses prorrogables a un año (mortis causa); el ayuntamiento puede imponer autoliquidación y los notarios le remiten índices trimestrales.

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Artículo 111. Ámbito subjetivo

El artículo 111 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el artículo 112 el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de los municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones:

a) Que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o

b) Que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos, se considerará la población resultante de la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a la entrada en vigor del modelo regulado en la presente sección.

Datos clave

  • Se cede a determinados municipios, en la proporción del artículo 112, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel.
  • Beneficiarios: municipios que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes.
  • Se considera la población resultante de la actualización del Padrón municipal vigente a la entrada en vigor del modelo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reciben cesión de rendimientos de impuestos estatales los municipios capitales de provincia o de comunidad autónoma y los de 75.000 habitantes de derecho o más.

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Artículo 112. Objeto de la cesión

El artículo 112 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. A cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo antes fijado se le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas, obtenidos en los impuestos estatales que se citan:

a) El 2,1336 por 100 de la cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) El 2,3266 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a cada municipio.

c) El 2,9220 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre Labores de Tabaco.

2. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes anteriores se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113 siguiente.

3. Los municipios no podrán asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento se les cede, así como tampoco en materia de revisión de los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y ejercicio corresponderá exclusivamente al Estado.

Datos clave

  • Se cede a cada municipio el 2,1336 por 100 de la cuota líquida estatal del IRPF no cedida a las comunidades autónomas.
  • Se cede el 2,3266 por 100 de la recaudación líquida por IVA imputable a cada municipio.
  • Se cede el 2,9220 por 100 de la recaudación líquida imputable por los Impuestos Especiales sobre cerveza, vino, productos intermedios, alcohol, hidrocarburos y labores de tabaco.
  • Las bases o rendimientos sobre los que se aplican los porcentajes se determinan con arreglo al artículo 113.
  • Los municipios no podrán asumir competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación, inspección ni revisión de estos tributos, que corresponden exclusivamente al Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Porcentajes cedidos a los grandes municipios: 2,1336 % del IRPF, 2,3266 % del IVA y 2,9220 % de seis impuestos especiales; los municipios no asumen ninguna competencia sobre esos tributos.

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Artículo 113. Rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes objeto de cesión

El artículo 113 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, se entenderá por importe de la cuota líquida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

1.º Las cuotas líquidas estatales que los residentes en el territorio del municipio hayan consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada e ingresada dentro de los plazos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto, minorada en la parte correspondiente de las deducciones por doble imposición y compensaciones fiscales citadas en el artículo 26.2.a).1.º de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

2.º El resultado de aplicar el 50 por ciento a las cuotas líquidas de los contribuyentes que hayan optado por tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, conforme al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español regulado en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio.

3.º El resultado de aplicar el 50 por ciento sobre los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en el territorio del municipio que no estén obligados a declarar y que no hayan presentado declaración.

4.º El resultado de aplicar el 50 por ciento sobre los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en el territorio del municipio que no estando incluidos en el apartado anterior no hayan presentado declaración dentro de los plazos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto.

5.º La parte de la deuda tributaria que, correspondiente al Estado, sea cuantificada o, en su caso consignada, por actas de inspección, liquidaciones practicadas por la Administración y declaraciones presentadas fuera de los plazos establecidos por la normativa reguladora del impuesto. A estos efectos, se entenderá por deuda tributaria la constituida por la cuota líquida más los conceptos a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con excepción de los recargos previstos en sus párrafos c) y d) y, en su caso, por los pagos a cuenta del impuesto. Esta partida se minorará por el importe de las devoluciones por ingresos indebidos que deban imputarse al Estado, incluidos los intereses legales.

No se considerará en la parte de la deuda tributaria correspondiente al Estado los importes señalados en el párrafo anterior cuando formen parte de la deuda tributaria correspondiente al Estado por alguno de los conceptos previstos en los apartados 1.º a 4.º anteriores.

2. A los mismos efectos señalados en el apartado anterior, se entenderá por importe de recaudación líquida en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, y sobre las Labores del Tabaco, el porcentaje no cedido a las comunidades autónomas del conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda estatal por los conceptos que integran cada uno de dichos impuestos, con criterio de caja, obtenidos una vez descontadas de la recaudación bruta las devoluciones y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidas en el concierto y convenio con las haciendas forales del País Vasco y Navarra, respectivamente.

Datos clave

  • La cuota líquida del IRPF a efectos de cesión incluye las cuotas líquidas estatales declaradas en plazo por los residentes del municipio, minoradas en deducciones por doble imposición y compensaciones.
  • Se computa el 50 por ciento de las cuotas de los trabajadores desplazados que tributen por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
  • Se computa el 50 por ciento de los pagos a cuenta de residentes no obligados a declarar o que no hayan declarado en plazo.
  • Incluye la deuda tributaria estatal de actas de inspección, liquidaciones administrativas y declaraciones fuera de plazo, minorada en devoluciones de ingresos indebidos.
  • En el IVA y los impuestos especiales se toma el porcentaje no cedido de los ingresos líquidos estatales, con criterio de caja, tras devoluciones y ajustes con las haciendas forales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define qué cuota líquida del IRPF y qué recaudación líquida del IVA e impuestos especiales sirven de base a los porcentajes cedidos a los municipios.

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Artículo 114. Revisión

El artículo 114 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en el modelo de cesión descrito en este capítulo, teniendo en cuenta el cumplimiento en el momento de la revisión de los requisitos establecidos para la delimitación del ámbito subjetivo regulado en el artículo 111 de esta ley.

Datos clave

  • Con carácter cuatrienal se revisará el conjunto de municipios incluidos en el modelo de cesión de rendimientos de impuestos estatales.
  • La revisión atiende al cumplimiento, en ese momento, de los requisitos del ámbito subjetivo regulado en el artículo 111.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada cuatro años se revisa qué municipios entran en el modelo de cesión de impuestos estatales, comprobando si en ese momento cumplen los requisitos del artículo 111.

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Artículo 115. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 115 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 el 2,1336 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artículo 113 anterior.

2. Se considera producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en aquel.

3. Cuando los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en municipios distintos y optasen por la tributación conjunta, el rendimiento que se cede se entenderá producido en el territorio del municipio donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad con mayor base liquidable de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto.

4. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de un municipio cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del período impositivo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el territorio de un municipio cuando en dicho territorio radique su vivienda habitual, definiéndose ésta conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el apartado anterior, se considerarán residentes en el territorio del municipio donde tenga su principal centro de intereses, se considerará como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinada por los siguientes componentes de renta:

a) Rendimientos del trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de trabajo respectivo, si existe.

b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles, que se entenderán obtenidos en el lugar en que radiquen estos.

c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean empresariales o profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de gestión de cada una de ellas.

6. Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios establecidos en los dos apartados anteriores, se considerarán residentes en el lugar de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

7. Las personas físicas residentes en territorio español que no permanezcan en dicho territorio más de ciento ochenta y tres días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio del municipio en que radique el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos.

8. Las personas físicas residentes en territorio español por aplicación de la presunción prevista en el párrafo segundo del artículo 9.1.b) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se considerarán residentes en el territorio del municipio en el que residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de ellas.

Datos clave

  • Se cede a cada municipio del artículo 111 el 2,1336 por ciento del rendimiento del IRPF no cedido a las comunidades autónomas producido en su territorio.
  • El rendimiento se entiende producido en el municipio donde el sujeto pasivo tenga su residencia habitual.
  • En tributación conjunta con residencias distintas, se imputa al municipio del miembro con mayor base liquidable.
  • Se reside en el municipio donde se permanezca más días del período impositivo, computando las ausencias temporales.
  • Subsidiariamente se atiende al principal centro de intereses y, en último término, a la última residencia declarada a efectos del IRPF.
  • Quien no permanezca en territorio español más de ciento ochenta y tres días al año reside donde radique el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a los grandes municipios el 2,1336 % del IRPF no cedido a las CCAA producido en su territorio, que se atribuye por la residencia habitual del contribuyente según una cadena de criterios.

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Artículo 116. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido

El artículo 116 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 el 2,3266 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se impute producido en su territorio.

2. Esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de consumo de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada municipio a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del artículo 113 anterior, ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma, de la población de derecho del municipio, en los siguientes términos:

PIVA t m = 0,017897 x RLIVA t x IC t i x (P t m / P t i )

Representando:

El término PIVA t m el importe del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido cedido al municipio m en el año t.

El término RLIVA t la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las comunidades autónomas.

El término IC t i el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Valor Añadido por comunidades autónomas, determinado para la comunidad autónoma i a la que pertenece el municipio m, para el año t.

Los términos P t m y P t i las poblaciones de derecho del municipio m y de la comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t.

Datos clave

  • Se cede a cada municipio del artículo 111 el 2,3266 por ciento del rendimiento del IVA no cedido a las comunidades autónomas que se impute producido en su territorio.
  • La imputación aplica el índice de consumo de la comunidad autónoma a la recaudación líquida estatal, ponderado por la población de derecho del municipio.
  • El índice de consumo territorial lo certifica el Instituto Nacional de Estadística.
  • Las poblaciones de derecho se toman según el padrón municipal vigente a 31 de diciembre del año t.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IVA cedido a cada gran municipio se imputa con el índice de consumo de su comunidad autónoma ponderado por el peso de su población de derecho en ella.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 117. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales sobre fabricación

El artículo 117 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se cede a cada uno de los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 el 2,9220 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

2. En cuanto a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada municipio a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del artículo 113 anterior, por cada uno de los Impuestos Especiales citados, ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma, de la población de derecho del municipio.

Por lo que se refiere a los impuestos citados en el párrafo anterior, el método de cálculo vendrá determinado por la siguiente formulación:

PIIEE(h) t m = 0,020454 x RL IIEE(h) t x IC t i (h) x (P t m / P t i )

Representando:

El término PIIEE(h) t m el importe del rendimiento cedido por el Impuesto Especial h al municipio m en el año t. Correspondiendo h a los impuestos a los que se refiere este apartado.

El término RL IIEE(h) t la recaudación líquida por el Impuesto Especial h correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las comunidades autónomas.

El término IC t i (h) el índice de consumo territorial, certificado por el Instituto Nacional de Estadística, de la comunidad autónoma i a la que pertenece el municipio m, para el año t, y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto Especial h por comunidades autónomas.

Los términos P t m y P t i las poblaciones de derecho del municipio m y de la comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, se considerará producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del Impuesto sobre Hidrocarburos que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el término municipal respectivo, según datos del Ministerio de Economía, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

Asimismo, se considerará producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que corresponda al índice de ventas a expendedurías de tabaco en el término municipal respectivo, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

4. En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito municipal, los índices citados en el apartado anterior, se aplicará, en su caso, como método de determinación del rendimiento cedido a los municipios, la formulación recogida en el apartado 2 de este artículo, considerando, a estos efectos, y según proceda, como índices de consumo los de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos o los de ventas a expendedurías de tabacos, correspondientes a las comunidades autónomas.

Datos clave

  • Se cede a cada municipio del artículo 111 el 2,9220 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, el Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios y el Alcohol y Bebidas Derivadas.
  • Para esos impuestos, la imputación se basa en el índice de consumo territorial de la comunidad autónoma, ponderado por la población de derecho del municipio.
  • El rendimiento del Impuesto sobre Hidrocarburos se imputa según las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el término municipal.
  • El rendimiento del Impuesto sobre las Labores del Tabaco se imputa según las ventas a expendedurías en el término municipal, con datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
  • Si no hay índices municipales disponibles, se aplica la fórmula del apartado 2 con los índices de la comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reparto entre los grandes municipios de los impuestos especiales sobre fabricación: alcoholes por consumo autonómico y población; hidrocarburos por entregas de carburantes y tabaco por ventas a expendedurías.

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Artículo 118. Ámbito subjetivo

El artículo 118 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Participarán en los tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección los municipios a los que se refiere el artículo 111 de esta ley.

Datos clave

  • Participan en los tributos del Estado con arreglo a este modelo los municipios a los que se refiere el artículo 111 de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El modelo de esta sección (cesión más Fondo Complementario de Financiación) se aplica a los mismos municipios que reciben la cesión: los del artículo 111.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 119. Regla general para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación

El artículo 119 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determinará, para cada ejercicio y para cada municipio, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda, por este concepto, en el año base del nuevo modelo, según esta fórmula general:

PFC t m = PFC 2004 m x IE t/2004

Siendo:

PFC t m y PFC 2004 m , la Participación en el Fondo Complementario de Financiación del municipio m en el año t y en el año 2004, respectivamente.

IE t/2004 el índice de evolución entre el año base y el año t.

A estos efectos, se entenderá por año base el primero de aplicación de este modelo, es decir el año 2004.

Datos clave

  • La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determina cada ejercicio aplicando un índice de evolución a la participación del año base.
  • Fórmula general: PFC t m = PFC 2004 m x IE t/2004, donde IE t/2004 es el índice de evolución entre el año base y el año t.
  • Se entiende por año base el primero de aplicación del modelo, es decir, el año 2004.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La participación de cada gran municipio en el Fondo Complementario de Financiación es la del año base 2004 multiplicada por un índice de evolución.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 120. Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación del año base

El artículo 120 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base se calculará deduciendo el importe correspondiente a la cesión del rendimiento de impuestos estatales, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III de este título, de la participación total que resultaría de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121:

PIE 2004 m = PIE 2003 m x IE 2004/2003

PFC 2004 m = PIE 2004 m – PIRPF 2004 m – PIVA 2004 m – Σ PIIEE(h) 2004 m

Representando:

PIE 2003 m y PIE 2004 m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al municipio m en el último año de aplicación del modelo anterior, año 2003, y en el año base del nuevo modelo, año 2004, respectivamente.

IE 2004/2003 el índice de evolución entre los años 2003 y 2004.

PFC 2004 m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación en el año 2004.

PIRPF 2004 m , PIVA 2004 m y PIIEE(h) 2004 m importes de los rendimientos cedidos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Valor Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre fabricación correspondientes al año 2004 y determinadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117.

2. La participación en tributos del Estado del año 2003, se entenderá a estos efectos en términos brutos, incluyendo, en relación con cada uno de estos municipios, todos los elementos y considerando las particularidades a los que se hace referencia en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 y en el apartado tres del artículo 72 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Datos clave

  • La participación total del año base resulta de incrementar la participación en tributos del Estado de 2003 en el índice de evolución del artículo 121.
  • El Fondo Complementario de 2004 se obtiene restando a esa participación total los rendimientos cedidos de IRPF, IVA e Impuestos Especiales de 2004.
  • La participación en tributos del Estado de 2003 se entiende en términos brutos, con los elementos de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo Complementario del año base resulta de actualizar la participación de 2003 con el índice de evolución y restarle lo que el municipio recibe por la cesión de IRPF, IVA e impuestos especiales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 121. Índice de evolución

El artículo 121 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base, en los siguientes términos:

IE t/2004 = ITE t / ITE 2004

Los ingresos tributarios del Estado (ITE) están constituidos por la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión a las comunidades autónomas, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores de Tabaco. Para su concreción se estará a lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Datos clave

  • El índice de evolución se determina, en todo caso, por el incremento de los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año de la participación y el año base.
  • Fórmula: IE t/2004 = ITE t / ITE 2004.
  • Los ITE son la recaudación estatal no susceptible de cesión a las comunidades autónomas por IRPF, IVA y los Impuestos Especiales de fabricación citados.
  • Para su concreción se estará a la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El índice de evolución mide cuánto crecen los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año base 2004 y el año de la participación.

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Artículo 122. Ámbito subjetivo

El artículo 122 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección los municipios no incluidos en el artículo 111 de esta ley.

Datos clave

  • Participan en tributos del Estado con arreglo a este modelo los municipios no incluidos en el artículo 111 de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El modelo de esta sección se aplica a los municipios que no están incluidos en el artículo 111: es el modelo general de participación en tributos del Estado.

Esquema

Modelos de participación municipal
Municipios del artículo 111Resto de municipios
QuiénesLos incluidos en el artículo 111Los no incluidos en el artículo 111
ModeloEl de su propio régimenEl de esta sección (artículo 122)

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 123. Determinación del importe total de la participación

El artículo 123 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La participación total para cada ejercicio se determinará aplicando un índice de evolución a la correspondiente al año base, en los siguientes términos:

PIE t * = PIE 2004 * x IE t/2004

Siendo:

PIE t * y PIE 2004 * la participación total en ingresos del Estado en el año t y en el año 2004, respectivamente, correspondiente a los municipios a los que se les aplica este modelo.

IE t/2004 el índice de evolución entre el año base y el año t.

2. A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año al que corresponda la participación y el año base, en los términos del artículo 121 anterior, es decir

IE t/2004 = ITE t / ITE 2004

3. La participación total correspondiente al año base se determinará incrementando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado que resulte en 2003 para el conjunto de municipios mencionados en el artículo anterior.

PIE 2004 * = PIE 2003 * x Δ ITE 2004/2003

4. La participación en tributos del Estado del año 2003, se entenderá a estos efectos en términos brutos, incluyendo, en relación con el citado grupo de municipios, todos los elementos y considerando las particularidades a los que se hace referencia en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Datos clave

  • La participación total de cada ejercicio se determina aplicando un índice de evolución a la del año base: PIE t = PIE 2004 x IE t/2004.
  • El índice de evolución es el incremento de los ingresos tributarios del Estado entre el año de la participación y el año base, en los términos del artículo 121.
  • La participación del año base resulta de incrementar en dicho índice la participación en tributos del Estado de 2003 de ese conjunto de municipios.
  • La participación de 2003 se entiende en términos brutos, según el artículo 65 de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La participación total del conjunto de municipios del modelo general se calcula sobre la de 2004, actualizada cada año con el mismo índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado.

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Artículo 124. Distribución del importe total de la participación

El artículo 124 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La participación total determinada con arreglo a lo dispuesto en el anterior artículo se distribuirá entre los municipios incluidos en este modelo de financiación con arreglo a los siguientes criterios:

a) El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según las cifras de población aprobadas por el Gobierno, que figuren en el último Padrón municipal vigente, ponderadas por los siguientes coeficientes multiplicadores:

Estrato | Número de habitantes | Coeficientes |

1 | De más de 50.000 | 1,40 |

2 | De 20.001 a 50.000 | 1,30 |

3 | De 5.001 a 20.000 | 1,17 |

4 | Hasta 5.000 | 1,00 |

b) El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, ponderado por el número de habitantes de derecho.

A estos efectos, se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio el que para cada ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en función de la aplicación que por los municipios se haga de los tributos contenidos en esta ley.

c) El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria en los términos que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

2. En ningún caso, la financiación de ningún municipio, determinada con arreglo a lo dispuesto en esta sección, podrá ser inferior a la que resulte, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2003, entendiéndose ésta en los mismos términos recogidos en el último apartado del artículo precedente. De la aplicación de esta regla no se podrá derivar, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 de esta ley.

Datos clave

  • El 75 por ciento de la participación se reparte según los habitantes de derecho, ponderados por coeficientes de 1,40 (más de 50.000), 1,30, 1,17 y 1,00 (hasta 5.000).
  • El 12,5 por ciento se reparte en función del esfuerzo fiscal medio del segundo ejercicio anterior, ponderado por el número de habitantes de derecho.
  • El 12,5 por ciento restante se reparte en función del inverso de la capacidad tributaria.
  • Ningún municipio puede recibir menos que lo resultante, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la participación de 2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La participación municipal en tributos del Estado se reparte con tres criterios: población ponderada (75 %), esfuerzo fiscal (12,5 %) e inverso de la capacidad tributaria (12,5 %), con un suelo: lo cobrado en 2003.

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Artículo 125. Municipios turísticos

El artículo 125 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se considerarán municipios turísticos, a efectos de lo dispuesto en este artículo, aquellos que, encontrándose comprendidos en el ámbito subjetivo que se define en el artículo 122, cumplan, además, dos condiciones:

a) Tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes.

b) Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, de acuerdo con los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas.

2. La participación total de cada uno de los municipios turísticos en los tributos del Estado se determinará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 siguiente y, para su cálculo, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

a) Cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, en la forma dispuesta en el apartado siguiente.

b) Participación en tributos del Estado, en la forma prevista en el apartado 1 del artículo 124 de esta ley.

3. A cada uno de los municipios turísticos se le cederá el 2,0454 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.

A estos efectos, se entenderá por rendimiento cedido la recaudación líquida imputable a cada municipio por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas.

Las bases o rendimientos sobre los que se aplicará el porcentaje, así como el alcance y condiciones específicas de la cesión, se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 113 y el artículo 117, respectivamente. A los municipios turísticos les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 112.

4. Una vez efectuado el reparto de la participación en los tributos del Estado en la forma dispuesta en el apartado 1 del artículo 124, la participación individual de cada municipio turístico se reducirá en la cuantía resultante de evolucionar, con el índice definido en el apartado 2 del artículo 123, la cuantía de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004 para dicho municipio.

La participación en los tributos del Estado, reducida en la forma descrita en el párrafo anterior, se incrementará en la cuantía calculada de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco que corresponda para el año de que se trate.

Datos clave

  • Son municipios turísticos los del ámbito del artículo 122 con población de derecho superior a 20.000 habitantes y más viviendas de segunda residencia que principales.
  • El número de viviendas se toma de los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas.
  • A cada municipio turístico se le cede el 2,0454 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre Hidrocarburos y Labores del Tabaco.
  • Su participación en tributos del Estado se reduce en la cesión del año base 2004 evolucionada y se incrementa en la cesión calculada para el año de que se trate.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Municipios turísticos: dentro del ámbito del artículo 122, con más de 20.000 habitantes y más segundas residencias que principales. Reciben el 2,0454 % de hidrocarburos y tabaco no cedidos a las comunidades autónomas.

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Artículo 126. Revisión

El artículo 126 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en cada uno de los modelos regulados en las dos secciones anteriores, teniendo en cuenta el cumplimiento en el momento de la revisión de los requisitos establecidos para la delimitación de los ámbitos subjetivos regulados en los artículos 118 y 122.

Datos clave

  • Con carácter cuatrienal se revisará el conjunto de municipios incluidos en cada uno de los dos modelos de participación en tributos del Estado.
  • La revisión atiende al cumplimiento de los requisitos de los ámbitos subjetivos de los artículos 118 y 122.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada cuatro años se revisa qué municipios entran en cada modelo de financiación, comprobando en ese momento los requisitos de los ámbitos subjetivos de los artículos 118 y 122.

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Artículo 127. Precios públicos

El artículo 127 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Los ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal, según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de esta ley.

Datos clave

  • Los ayuntamientos podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal.
  • Se aplican las normas del capítulo VI del título I de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ayuntamientos pueden establecer y exigir precios públicos por servicios o actividades de competencia municipal, con las normas del capítulo VI del título I de la ley.

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Artículo 128. Normas comunes

El artículo 128 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para la realización de obras de la competencia municipal o que hayan sido cedidas o transferidas por otras entidades públicas.

2. Las prestaciones personal y de transporte son compatibles entre sí, pudiendo ser aplicables simultáneamente, de forma que, cuando se dé dicha simultaneidad, los obligados a la de transporte podrán realizar la personal con sus mismos elementos de transporte.

3. La falta de concurrencia a la prestación, sin la previa redención, obligará, salvo caso de fuerza mayor, al pago del importe de ésta más una sanción de la misma cuantía, exigiéndose ambos conceptos por vía ejecutiva para su recaudación.

4. El ayuntamiento tendrá en cuenta para fijar los períodos de la prestación que estos no coincidan con la época de mayor actividad laboral en el término municipal.

5. La imposición y la ordenación de las prestaciones a que se refiere este artículo se ajustará a las prescripciones de esta ley en materia de recursos tributarios.

Datos clave

  • Los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para obras de competencia municipal o cedidas.
  • Las prestaciones personal y de transporte son compatibles y pueden aplicarse simultáneamente, realizando la personal con los mismos elementos de transporte.
  • La falta de concurrencia sin redención previa obliga, salvo fuerza mayor, a pagar su importe más una sanción de la misma cuantía, exigibles por vía ejecutiva.
  • Los períodos de prestación no deben coincidir con la época de mayor actividad laboral en el término municipal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo los ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes pueden imponer la prestación personal y de transporte para obras. Son compatibles, y no acudir sin redimirla obliga a pagar su importe más una sanción igual.

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Artículo 129. Prestación personal

El artículo 129 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Estarán sujetos a la prestación personal los residentes del municipio respectivo, excepto los siguientes:

a) Menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco.

b) Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.

c) Reclusos en establecimientos penitenciarios.

d) Mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio militar.

2. El ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo por accidentes que puedan acaecer a los obligados a esta prestación.

3. La prestación personal no excederá de 15 días al año ni de tres consecutivos y podrá ser redimida a metálico por un importe del doble del salario mínimo interprofesional.

Datos clave

  • Están sujetos a la prestación personal los residentes del municipio.
  • Exceptuados: menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco, disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, reclusos y mozos en filas por el servicio militar.
  • El ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo por accidentes de los obligados a esta prestación.
  • No excederá de 15 días al año ni de tres consecutivos y podrá redimirse a metálico por el doble del salario mínimo interprofesional.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prestación personal: obliga a los residentes salvo cuatro grupos exentos, el ayuntamiento cubre el riesgo de accidentes y tiene topes de 15 días al año y tres seguidos, redimible por el doble del SMI.

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Artículo 130. Prestaciones de transporte

El artículo 130 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La obligación de la prestación de transporte es general, sin excepción alguna, para todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, que tengan elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales radicadas en este.

2. La prestación de transportes, que podrá ser reducida a metálico, por importe de tres veces el salario mínimo interprofesional, no excederá, para los vehículos de tracción mecánica, de cinco días al año, sin que pueda ser consecutivo ninguno de ellos. En los demás casos su duración no será superior a 10 días al año ni a dos consecutivos.

Datos clave

  • La prestación de transporte es general, sin excepción, para quienes tengan elementos de transporte en el término afectos a explotaciones empresariales radicadas en él, residan o no.
  • Podrá reducirse a metálico por importe de tres veces el salario mínimo interprofesional.
  • Vehículos de tracción mecánica: no más de cinco días al año, sin que pueda ser consecutivo ninguno de ellos.
  • En los demás casos su duración no será superior a 10 días al año ni a dos consecutivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prestación de transporte obliga sin excepción a quien tenga elementos de transporte en el municipio afectos a explotaciones empresariales radicadas allí. Topes: 5 días al año para tracción mecánica y 10 en los demás casos.

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Artículo 131. Recursos de las Provincias

El artículo 131 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

La Hacienda de las provincias estará constituida por los recursos expresados en el artículo 2 de esta ley en los términos y con las especialidades que se recogen en el presente título.

Datos clave

  • La Hacienda de las provincias está constituida por los recursos del artículo 2 de la ley, con las especialidades de este título.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Hacienda provincial se nutre de los mismos recursos que enumera el artículo 2 de la ley, con las especialidades propias que recoge este título.

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Artículo 132. Tasas

El artículo 132 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público provincial según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley, salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24.1.

2. Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el "Boletín Oficial" de la provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.

Datos clave

  • Las Diputaciones Provinciales podrán exigir tasas por servicios o actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público provincial.
  • Las Diputaciones seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la provincia.
  • Podrán exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos y por la suscripción y venta de ejemplares del Boletín.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Diputaciones pueden cobrar tasas por servicios, actividades y uso del dominio público provincial, y siguen publicando el Boletín Oficial de la provincia, con tasas y precios por anuncios y ejemplares.

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Artículo 133. Contribuciones especiales

El artículo 133 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios, según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo III del título I de esta ley.

Datos clave

  • Las Diputaciones Provinciales pueden establecer y exigir contribuciones especiales por obras o por el establecimiento o ampliación de servicios, según la sección 4.ª del capítulo III del título I.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Diputaciones pueden establecer y exigir contribuciones especiales por obras o por establecer o ampliar servicios, según la sección 4.ª del capítulo III del título I.

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Artículo 134. Recargo de las Provincias sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas

El artículo 134 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.

2. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 de esta ley y su tipo no podrá ser superior al 40 por ciento.

3. La gestión del recargo se llevará a cabo, juntamente con el impuesto sobre el que recae, por la entidad que tenga atribuida la gestión de éste.

4. El importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas Diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta la fórmula de gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.

5. El Estado, a instancia de las Administraciones públicas acreedoras, podrá retener con cargo a la participación de los municipios en los tributos del Estado las cantidades necesarias para satisfacer las deudas firmes que éstos hubieran contraído con las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales por cuenta del recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando su recaudación no se haya entregado en la forma prevista reglamentariamente.

A estos efectos, se entenderá que la deuda es firme cuando conste certificación acreditativa de su cuantía expedida por el Interventor local correspondiente a petición de parte interesada.

Los importes retenidos serán entregados por el Estado a la Administración Pública respectiva dentro del mes siguiente a aquel en que se hubieren verificado las retenciones.

Dichos importes no podrán, en su conjunto, y como máximo, exceder del porcentaje que cada año se establece en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para las compensaciones de las deudas de los municipios.

Datos clave

  • Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.
  • Es un porcentaje único sobre las cuotas municipales modificadas por el coeficiente de ponderación del artículo 86, y su tipo no podrá ser superior al 40 por ciento.
  • La gestión del recargo la lleva, junto con el impuesto, la entidad que tenga atribuida la gestión de este.
  • El Estado podrá retener de la participación municipal en sus tributos las deudas firmes del recargo no entregadas, y entregará lo retenido dentro del mes siguiente.
  • La deuda es firme cuando consta certificación de su cuantía expedida por el Interventor local a petición de parte interesada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Diputaciones pueden fijar un recargo sobre el IAE: mismos sujetos pasivos, porcentaje único sobre la cuota municipal ponderada y tipo máximo del 40 %. Si el municipio no entrega lo recaudado, el Estado puede retenérselo.

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Artículo 135. Ámbito subjetivo

El artículo 135 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el artículo 136 de esta ley el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de las provincias así como de las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de esta ley, no hubiesen integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiere corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como comunidad autónoma.

Datos clave

  • Se cede a las provincias, en la proporción del artículo 136, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel.
  • También se cede a las comunidades autónomas uniprovinciales que no hubiesen integrado su participación como entidad análoga a las provincias en la que les corresponda como comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La cesión de rendimientos de impuestos estatales beneficia a las provincias y a las comunidades autónomas uniprovinciales que no hubieran integrado su participación en tributos del Estado en la que les corresponde como comunidad.

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Artículo 136. Objeto de la cesión

El artículo 136 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. A cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo antes fijado se le cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las Comunidades Autónomas, obtenidos en los impuestos estatales que se citan:

a) El 1,2561 por 100 de la cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) El 1,3699 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido imputable a cada provincia o ente asimilado.

c) El 1,7206 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada provincia o ente asimilado por los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.

2. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes anteriores se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113 para los municipios, debiendo entenderse a las provincias las referencias que dicho precepto realice a los municipios.

3. Las provincias y entes asimilados no podrán asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento se les cede, así como tampoco en materia de revisión de los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y ejercicio corresponde exclusivamente al Estado.

Datos clave

  • Se cede a cada provincia o ente asimilado el 1,2561 por 100 de la cuota líquida estatal del IRPF no cedida a las comunidades autónomas.
  • Se cede el 1,3699 por 100 de la recaudación líquida por IVA imputable a cada provincia o ente asimilado.
  • Se cede el 1,7206 por 100 de la recaudación líquida imputable por los Impuestos Especiales sobre cerveza, vino, productos intermedios, alcohol, hidrocarburos y labores del tabaco.
  • Las bases se determinan con arreglo al artículo 113, entendiendo referidas a las provincias sus menciones a los municipios.
  • Las provincias no podrán asumir competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación, inspección ni revisión de estos tributos, que corresponden exclusivamente al Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

A cada provincia se le cede un porcentaje del IRPF (1,2561 %), del IVA (1,3699 %) y de los impuestos especiales (1,7206 %) no cedidos a las comunidades autónomas, sin ninguna competencia sobre esos tributos.

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Artículo 137. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 137 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,2561 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su territorio, definido en el apartado 1 del artículo 113 de esta ley.

Las menciones que en este último artículo se realizan a los municipios se entenderán hechas a las provincias y entes asimilados.

2. Se considera producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en aquel.

3. En cuanto a la regla general de determinación de la residencia habitual de las personas físicas, presunciones y normas aplicables en supuestos específicos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 a 8 del artículo 115 de esta ley. Se entenderán realizadas a las provincias y entes asimilados las referencias que estos apartados incluyan a los municipios.

Datos clave

  • Se cede a cada provincia y ente asimilado del artículo 135 el 1,2561 por ciento del rendimiento del IRPF no cedido a las comunidades autónomas producido en su territorio.
  • Se considera producido en una provincia el rendimiento correspondiente a los sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en ella.
  • Para determinar la residencia habitual se aplican los apartados 3 a 8 del artículo 115, referidos a las provincias y entes asimilados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el IRPF se cede a cada provincia el 1,2561 % del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas, y se entiende producido donde el sujeto pasivo tiene su residencia habitual.

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Artículo 138. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido

El artículo 138 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,3699 por ciento del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se impute producido en su territorio.

2. Esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada provincia y ente asimilado a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del artículo 113 de esta ley, ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma, de la población de derecho de la provincia y ente asimilado, en los siguientes términos:

PIVA t p = 0,010538 x RLIVA t x IC t i x (P t p / P t i )

Representando:

El término PIVA t p el importe del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido cedido a la provincia p en el año t.

El término RLIVA t la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las comunidades autónomas.

El término IC t i el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Valor Añadido por comunidades autónomas, determinado para la comunidad autónoma i a la que pertenece la provincia p, para el año t.

3. Los términos P t p y P t i las poblaciones de derecho de la provincia p y de la comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t.

Datos clave

  • Se cede a cada provincia y ente asimilado del artículo 135 el 1,3699 por ciento del rendimiento del IVA no cedido a las comunidades autónomas imputado a su territorio.
  • La imputación aplica el índice de consumo territorial de la comunidad autónoma a la recaudación líquida estatal, ponderado por la población de derecho de la provincia.
  • El índice de consumo territorial lo certifica el Instituto Nacional de Estadística.
  • Las poblaciones de derecho se toman según el padrón municipal vigente a 31 de diciembre del año t.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el IVA se cede a cada provincia el 1,3699 % del rendimiento no cedido a las comunidades autónomas, imputado con el índice de consumo territorial de su comunidad y ponderado por su peso de población.

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Artículo 139. Alcance de la cesión y punto de conexión en los Impuestos Especiales sobre Fabricación

El artículo 139 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se cede a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 el 1,7206 por ciento de los rendimientos no cedidos a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores de Tabaco que se imputen producidos en su territorio.

2. En cuanto a los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, esta imputación se determinará mediante la aplicación del índice de consumo territorial de la comunidad autónoma a la que pertenezca cada provincia a la recaudación líquida que corresponda al Estado, en los términos del apartado 2 del artículo 113 de esta ley, por cada uno de los Impuestos Especiales citados, ponderando el resultado por la representatividad, en el ámbito de la respectiva comunidad autónoma, de la población de derecho de la provincia. El método de cálculo vendrá determinado por la siguiente formulación:

PIIEE(h) t p = 0,012044 x RL IIEE(h) t x IC t i (h) x (P t p / P t i )

Representando:

El término PIIEE(h) t p el importe del rendimiento cedido por el Impuesto Especial h a la provincia p en el año t.

Correspondiendo h a los impuestos a los que se refiere este apartado.

El término RL IIEE(h) t la recaudación líquida por el Impuesto Especial h correspondiente al Estado en el año t, que no haya sido objeto de cesión a las comunidades autónomas.

El término IC t i (h) el índice de consumo territorial, certificado por el Instituto Nacional de Estadística, de la comunidad autónoma i a la que pertenece la provincia p, para el año t, y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto Especial h por comunidades autónomas.

Los términos P t p y P t i las poblaciones de derecho de la provincia p y de la comunidad autónoma i, respectivamente, según la actualización del padrón municipal de habitantes vigente a 31 de diciembre del año t.

3. Se considerará producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido del Impuesto sobre Hidrocarburos que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en dicho territorio, según datos del Ministerio de Economía, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

Asimismo, se considerará producido en el territorio de una provincia o ente asimilado el rendimiento cedido del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que corresponda al índice de ventas a expendedurías de tabaco en dicho territorio, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

4. En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito provincial, los índices citados en el apartado anterior, se aplicará, en su caso, como método de determinación del rendimiento cedido a las provincias y entes asimilados, la formulación recogida en el apartado 2 de este artículo, considerando, a estos efectos, y según proceda, como índices de consumo los de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos o los de ventas a expendedurías de tabacos, correspondientes a las comunidades autónomas.

Datos clave

  • Se cede a cada provincia y ente asimilado del artículo 135 el 1,7206 por ciento de lo no cedido a las comunidades autónomas de los Impuestos sobre la Cerveza, el Vino, Productos Intermedios, el Alcohol, Hidrocarburos y Labores de Tabaco.
  • Para los impuestos sobre bebidas, la imputación se basa en el índice de consumo territorial de la comunidad autónoma, ponderado por la población de derecho de la provincia.
  • El Impuesto sobre Hidrocarburos se imputa según las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el territorio provincial.
  • El Impuesto sobre las Labores del Tabaco se imputa según las ventas a expendedurías, con datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
  • Si no hay índices provinciales, se aplica la fórmula del apartado 2 con los índices de la comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

De los impuestos especiales se cede a cada provincia el 1,7206 %. Alcoholes y cerveza se imputan por consumo de la comunidad y población; hidrocarburos por entregas de carburantes; tabaco por ventas a expendedurías.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 140. Ámbito subjetivo

El artículo 140 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Participarán en el modelo regulado en esta sección las provincias, así como las comunidades autónomas uniprovinciales, que, a la entrada en vigor de esta ley, no hubieren integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiera corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como comunidad autónoma, a las que se ha hecho referencia en el artículo 135 de esta ley.

Datos clave

  • Participan en este modelo las provincias y las comunidades autónomas uniprovinciales a las que se refiere el artículo 135 de la ley.
  • Las uniprovinciales incluidas son las que, a la entrada en vigor de la ley, no hubieren integrado su participación como entidad análoga a las provincias en la que les corresponda como comunidad autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Participan en este modelo de financiación las provincias y las comunidades autónomas uniprovinciales que no hubieran integrado su participación como entidad análoga a las provincias, las mismas del artículo 135.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 141. Regla general para determinar la participación en el Fondo complementario de financiación

El artículo 141 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determinará, para cada ejercicio y para cada provincia, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda, por este concepto, en el año base del nuevo modelo, en los mismos términos establecidos para los municipios en el artículo 119 de esta ley.

A estos efectos, se entenderá por año base el primero de aplicación de este modelo, es decir, el año 2004.

Datos clave

  • La participación provincial en el Fondo Complementario de Financiación se determina cada ejercicio aplicando un índice de evolución a la del año base.
  • Se calcula en los mismos términos establecidos para los municipios en el artículo 119 de la ley.
  • Año base es el primero de aplicación del modelo, es decir, el año 2004.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La participación de cada provincia en el Fondo Complementario de Financiación se calcula cada año aplicando un índice de evolución a lo que le correspondía en el año base, 2004, igual que para los municipios.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 142. Regla para determinar la participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base

El artículo 142 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base se calculará deduciendo el importe que resulte del bloque de participación definido en el apartado anterior de la participación total que resulte de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2003 en el índice de evolución establecido para los municipios, todo ello en los mismos términos recogidos en el apartado 1 del artículo 120 de esta ley.

2. La participación en tributos del Estado del año 2003 se entenderá a estos efectos en términos brutos, incluyendo, en relación con cada una de las entidades a las que se refiere esta sección, todos los elementos y considerando las particularidades a las que se hace referencia en los apartados cuatro y seis del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Datos clave

  • El Fondo Complementario del año base se calcula deduciendo el bloque de participación de la participación total resultante de incrementar la de 2003 en el índice de evolución.
  • Se aplican los mismos términos del apartado 1 del artículo 120 y el índice de evolución establecido para los municipios.
  • La participación de 2003 se entiende en términos brutos, según los apartados cuatro y seis del artículo 66 de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo Complementario del año base sale de restar el bloque de participación a la participación total, que es la PIE de 2003 en términos brutos incrementada con el índice de evolución de los municipios.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 143. Índice de evolución

El artículo 143 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año al que corresponda la participación y el año base, en idénticos términos a los definidos para los municipios, en el artículo 121 de esta ley.

Datos clave

  • El índice de evolución provincial se determina, en todo caso, por el incremento de los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año de la participación y el año base.
  • Se calcula en idénticos términos a los definidos para los municipios en el artículo 121 de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El índice de evolución de las provincias es siempre el incremento de los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año de la participación y el año base, igual que para los municipios.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 144. Financiación de la asistencia sanitaria

El artículo 144 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Los Presupuestos Generales del Estado incluirán un crédito para dar cobertura a las asignaciones destinadas a las entidades referidas en el artículo 140 anterior para el mantenimiento de sus centros sanitarios de carácter no psiquiátrico.

2. Estas cuantías se determinarán para cada ejercicio y para cada entidad aplicando el índice de evolución definido en el artículo 143 de esta ley a la financiación que, por este concepto, les corresponda en el año base.

3. La participación de las precitadas entidades, correspondiente al año base, se determinará incrementando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado que resulte a su favor en 2003 por este mismo concepto, determinada con arreglo a lo dispuesto en el apartado tres del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Datos clave

  • Los Presupuestos Generales del Estado incluirán un crédito para las entidades del artículo 140 destinado al mantenimiento de sus centros sanitarios de carácter no psiquiátrico.
  • Estas cuantías se determinan cada ejercicio aplicando el índice de evolución del artículo 143 a la financiación del año base por este concepto.
  • La del año base resulta de incrementar en dicho índice la participación de 2003 por este concepto, según el apartado tres del artículo 66 de la Ley 52/2002.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Presupuestos del Estado incluyen un crédito para que las entidades del artículo 140 mantengan sus centros sanitarios no psiquiátricos; la cuantía del año base se actualiza cada ejercicio con el índice de evolución.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 145. Ámbito subjetivo

El artículo 145 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Participarán en tributos del Estado con arreglo al modelo descrito en esta sección las entidades no incluidas en el artículo 135 de esta ley.

Datos clave

  • Participan en tributos del Estado con arreglo a este modelo las entidades no incluidas en el artículo 135 de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Este segundo modelo de participación en tributos del Estado se aplica a las entidades que no están incluidas en el artículo 135, es decir, las que no reciben cesión de impuestos.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 146. Determinación del importe de la participación

El artículo 146 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. La participación de cada una de las entidades citadas en el artículo precedente, para cada ejercicio, se determinará aplicando un índice de evolución a la correspondiente al año base.

A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año al que corresponda la participación y el año base, en los términos del artículo 121 de esta ley.

2. La participación de las precitadas entidades, correspondiente al año base, se determinará incrementando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado que les corresponda en 2003 en concepto de financiación incondicionada, calculada según lo dispuesto en los apartados cuatro, cinco y siete del artículo 66 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Datos clave

  • La participación de cada entidad se determina cada ejercicio aplicando un índice de evolución a la correspondiente al año base.
  • El índice de evolución es el incremento de los ingresos tributarios del Estado entre el año de la participación y el año base, en los términos del artículo 121.
  • La del año base resulta de incrementar en dicho índice la participación de 2003 en concepto de financiación incondicionada, según el artículo 66 de la Ley 52/2002.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La participación de estas entidades se calcula cada año aplicando a la del año base el índice de evolución (incremento de los ingresos tributarios del Estado); el año base parte de su financiación incondicionada de 2003.

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Artículo 147. Subvenciones

El artículo 147 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Se comprenderán entre las subvenciones acordadas por el Estado y las comunidades autónomas, conforme al artículo 40 de esta ley, en favor de las diputaciones, las destinadas a financiar los Planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, a que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. Participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones que las Diputaciones Provinciales tienen actualmente en las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado.

Datos clave

  • Entre las subvenciones del Estado y las comunidades autónomas a las diputaciones se incluyen las de los Planes provinciales de cooperación a obras y servicios municipales.
  • Esos Planes son los previstos en el artículo 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
  • Participan de la naturaleza de las subvenciones las participaciones de las Diputaciones Provinciales en las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entre las subvenciones a las diputaciones están las de los Planes provinciales de cooperación a obras y servicios municipales. Las participaciones en las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado tienen naturaleza de subvención.

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Artículo 148. Precios públicos

El artículo 148 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Las Diputaciones Provinciales podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, según las normas contenidas en el capítulo VI del título I de esta ley.

Datos clave

  • Las Diputaciones Provinciales pueden establecer y exigir precios públicos por servicios o actividades de su competencia, según el capítulo VI del título I de la ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Diputaciones pueden establecer y exigir precios públicos por servicios o actividades de su competencia, igual que los ayuntamientos, con las normas del capítulo VI del título I.

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Artículo 149. Otros recursos

El artículo 149 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Cuando las diputaciones provinciales gestionen servicios propios de las comunidades autónomas, éstas, de acuerdo con su legislación, podrán fijar módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo, otorgando al respecto las correspondientes dotaciones económicas. Las diputaciones provinciales podrán mejorar estos módulos y niveles utilizando sus propias disponibilidades presupuestarias.

2. Cuando las diputaciones provinciales asuman por cuenta de los ayuntamientos de su ámbito territorial la recaudación de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, regulados en el título II de esta ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades de las enumeradas en el artículo 48, operaciones especiales de tesorería con el exclusivo objeto de anticipar a los ayuntamientos, anualmente, hasta el 75 por ciento del importe de las presumibles recaudaciones por dichos tributos.

Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán quedar canceladas antes de finalizar cada ejercicio, no deberán suponer carga financiera alguna para las diputaciones y no se computarán a los efectos de los límites previstos en los artículos 51, 52 y 53 de esta ley.

Datos clave

  • Si las diputaciones gestionan servicios propios de las comunidades autónomas, estas podrán fijar módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo con sus dotaciones.
  • Las diputaciones podrán mejorar esos módulos y niveles con sus propias disponibilidades presupuestarias.
  • Si recaudan el IBI y el IAE por cuenta de los ayuntamientos, podrán concertar operaciones especiales de tesorería para anticiparles anualmente hasta el 75 por ciento de lo previsto.
  • Estas operaciones se cancelan antes de finalizar cada ejercicio, sin carga financiera para las diputaciones ni cómputo en los límites de los artículos 51, 52 y 53.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la diputación gestiona servicios autonómicos, la comunidad puede fijar módulos y dotaciones. Si recauda IBI e IAE de los ayuntamientos, puede anticiparles hasta el 75 % con operaciones de tesorería canceladas en el ejercicio.

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Artículo 150. Recursos de las entidades supramunicipales

El artículo 150 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Constituyen recursos de las entidades supramunicipales los previstos en sus respectivas normas de creación y los establecidos en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.

2. Serán de aplicación a las entidades supramunicipales lo dispuesto en esta ley respecto de los recursos de los ayuntamientos, con las especialidades que procedan en cada caso.

Datos clave

  • Son recursos de las entidades supramunicipales los previstos en sus normas de creación y los establecidos en la ley y sus disposiciones de desarrollo.
  • Se les aplica lo dispuesto para los recursos de los ayuntamientos, con las especialidades que procedan en cada caso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades supramunicipales cuentan con los recursos de sus normas de creación y de esta ley, y se les aplican las reglas de los recursos de los ayuntamientos con las especialidades de cada caso.

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Artículo 151. Contribuciones especiales

El artículo 151 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. En los supuestos de establecimiento de contribuciones especiales por las entidades supramunicipales con motivo de la realización de obras o del establecimiento o ampliación de servicios que afecten a uno o varios términos municipales, el órgano superior de gobierno de aquéllas, al determinar las zonas afectadas por la obra o concretar el beneficio especial que representa para cada una de dichas zonas, podrá distinguir entre el interés directo de los contribuyentes y el que sea común en un término municipal o en varios.

2. En este caso, los ayuntamientos afectados que estén integrados en dichas entidades tendrán el carácter de contribuyente, al objeto del pago de las cuotas individuales correspondientes, que serán recaudadas por aquellos, de acuerdo con las normas reguladoras de este tributo municipal.

3. Las cuotas señaladas a los ayuntamientos, en calidad de contribuyentes, serán compatibles con las que los propios ayuntamientos puedan imponer con motivo de los gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o cualquier otra forma de cooperación que hayan prestado a las obras públicas, instalaciones o servicios de las entidades a que pertenezcan.

Datos clave

  • En contribuciones especiales de entidades supramunicipales, su órgano superior de gobierno puede distinguir entre el interés directo de los contribuyentes y el común de uno o varios términos municipales.
  • En ese caso, los ayuntamientos integrados tienen el carácter de contribuyente para el pago de las cuotas individuales, que recaudan ellos mismos.
  • Esas cuotas son compatibles con las que los ayuntamientos impongan por las subvenciones, auxilios o cooperación prestados a las obras o servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En contribuciones especiales de entidades supramunicipales se puede distinguir el interés directo del común a uno o varios municipios; entonces los ayuntamientos integrados pagan como contribuyentes.

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Artículo 152. Ingresos tributarios

El artículo 152 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades supramunicipales podrán establecer y exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con lo previsto en sus respectivas normas de creación y en los términos establecidos en esta ley y disposiciones que la desarrollen.

2. El régimen financiero de las entidades supramunicipales no alterará el propio de los ayuntamientos que las integren.

Datos clave

  • Comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades supramunicipales podrán exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
  • El régimen financiero de las entidades supramunicipales no alterará el propio de los ayuntamientos que las integren.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás supramunicipales pueden exigir tasas, contribuciones especiales y precios públicos, sin alterar el régimen financiero de sus ayuntamientos.

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Artículo 153. Recursos de las áreas metropolitanas

El artículo 153 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las áreas metropolitanas podrán contar con los siguientes recursos:

a) Las áreas metropolitanas podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de la entidad. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora de este impuesto, y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre la base imponible de este, y su tipo no podrá ser superior al 0,2 por ciento.

b) Las subvenciones de carácter finalista que se podrán fijar en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de aquellos servicios específicos que constituyan el objeto de las áreas metropolitanas y cuya cuantía, perceptor y forma de distribución se determina anualmente.

2. Las leyes de las comunidades autónomas que, de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos, creen en su territorio áreas metropolitanas determinarán los recursos de sus respectivas haciendas de entre los enumerados en el párrafo a) del apartado anterior de este artículo y en el artículo 152.

Datos clave

  • Las áreas metropolitanas podrán establecer un recargo sobre el IBI de los inmuebles de su territorio, con los mismos sujetos pasivos y casos que el impuesto.
  • El recargo es un porcentaje único sobre la base imponible del IBI y su tipo no podrá ser superior al 0,2 por ciento.
  • También pueden recibir subvenciones finalistas fijadas en los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía, perceptor y distribución se determinan anualmente.
  • Las leyes autonómicas que creen áreas metropolitanas determinarán sus recursos entre el recargo sobre el IBI y los del artículo 152.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las áreas metropolitanas pueden tener un recargo sobre el IBI de hasta el 0,2 % de la base imponible y subvenciones finalistas de los Presupuestos del Estado; la ley autonómica de creación elige sus recursos.

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Artículo 154. Recursos de las entidades municipales asociativas

El artículo 154 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Las mancomunidades y demás entidades municipales asociativas dispondrán, además de los recursos citados en el artículo 151, de las aportaciones de los municipios que integren o formen parte de aquéllas, determinadas de acuerdo con lo establecido en los estatutos de creación respectivos.

Datos clave

  • Mancomunidades y demás entidades municipales asociativas disponen, además de los recursos del artículo 151, de las aportaciones de los municipios que las integren.
  • Esas aportaciones se determinan de acuerdo con los estatutos de creación respectivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mancomunidades y demás entidades municipales asociativas cuentan, además de los recursos que cita la ley para las supramunicipales, con las aportaciones de sus municipios según sus estatutos.

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Artículo 155. Recursos de las comarcas

El artículo 155 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las comarcas no podrán exigir ninguno de los impuestos y recargos regulados en esta ley ni percibir participación en los tributos del Estado.

2. Las leyes de las comunidades autónomas que, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, creen en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios determinarán los recursos económicos que se les asignen.

Datos clave

  • Las comarcas no podrán exigir ninguno de los impuestos y recargos regulados en la ley ni percibir participación en los tributos del Estado.
  • Las leyes autonómicas que creen comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios determinarán los recursos económicos que se les asignen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las comarcas no pueden exigir ningún impuesto ni recargo de la ley ni recibir participación en tributos del Estado; sus recursos los fija la ley autonómica que las crea.

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Artículo 156. Recursos de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio

El artículo 156 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio no podrán tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los del municipio a que pertenezcan.

2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local que regulen las entidades de ámbito territorial inferior al municipio determinarán los recursos integrantes de sus respectivas haciendas, de entre los previstos en esta ley para los municipios, incluso la prestación personal y de transporte, salvo cuando la tuviera acordada el ayuntamiento con carácter de generalidad.

3. Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las disposiciones de esta ley correspondientes a la hacienda municipal, con las adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus entidades titulares.

Datos clave

  • Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio no podrán tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los de su municipio.
  • Las leyes autonómicas de régimen local determinarán sus recursos entre los previstos para los municipios, incluso la prestación personal y de transporte.
  • La prestación personal y de transporte no cabe cuando la tuviera acordada el ayuntamiento con carácter de generalidad.
  • A estos recursos se aplican las normas de la hacienda municipal, adaptadas a su carácter de ingresos propios de sus entidades titulares.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades inferiores al municipio no tienen impuestos propios ni participan en tributos del Estado, pero sí en los de su municipio; la ley autonómica elige sus recursos entre los municipales.

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Artículo 157. Financiación

El artículo 157 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Los consejos insulares de las Illes Balears dispondrán de los mismos recursos que en esta ley se reconocen a las diputaciones provinciales.

Datos clave

  • Los consejos insulares de las Illes Balears disponen de los mismos recursos que la ley reconoce a las diputaciones provinciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los consejos insulares de las Illes Balears tienen los mismos recursos que la ley reconoce a las diputaciones provinciales.

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Artículo 158. Financiación

El artículo 158 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

Las entidades locales canarias dispondrán de los recursos regulados en esta ley, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la legislación del régimen económico fiscal de Canarias. A estos efectos, los cabildos insulares de las islas Canarias tendrán el mismo tratamiento que las diputaciones provinciales.

En concreto, a los municipios de las islas Canarias a los que se refiere el artículo 111 de esta ley, así como a los cabildos insulares, únicamente se les cederá el porcentaje correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de los Impuestos Especiales sobre Cerveza, sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, y, en consecuencia, estas cuantías son las únicas que serán objeto de deducción a efectos de lo dispuesto en los artículos 120 y 142 de esta ley.

Datos clave

  • Las entidades locales canarias disponen de los recursos de esta ley, sin perjuicio de las peculiaridades del régimen económico fiscal de Canarias.
  • Los cabildos insulares tienen el mismo tratamiento que las diputaciones provinciales.
  • A los municipios canarios del artículo 111 y a los cabildos solo se les cede el porcentaje del IRPF y de los Impuestos Especiales sobre Cerveza, Productos Intermedios y Alcohol y Bebidas Derivadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las entidades locales canarias tienen los recursos de la ley con las peculiaridades de su régimen económico fiscal; los cabildos se tratan como diputaciones y solo se les cede IRPF y algunos impuestos especiales.

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Artículo 159. Financiación

El artículo 159 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

1. Las ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de los recursos previstos en sus respectivos regímenes fiscales especiales.

2. Las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos municipales regulados en esta ley serán objeto de una bonificación del 50 por ciento.

3. La participación de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado se determinará aplicando las normas contenidas en la sección 2.ª del capítulo IV del título II de esta ley por lo que se refiere a los municipios. A estos efectos, el esfuerzo fiscal a que se refiere el artículo 124.1.b) de esta ley se calculará tomando en consideración las cuotas íntegras de los impuestos municipales determinadas antes de aplicar la bonificación prevista en el apartado anterior. Asimismo, aquella participación se determinará aplicando las normas recogidas en la sección 3.ª del capítulo IV del título III de esta ley por lo que se refiere a las provincias.

Datos clave

  • Ceuta y Melilla disponen de los recursos previstos en sus respectivos regímenes fiscales especiales.
  • Las cuotas de los impuestos municipales regulados en la ley tienen en Ceuta y Melilla una bonificación del 50 por ciento.
  • Su participación en tributos del Estado se determina con las normas de los municipios y, además, con las de las provincias.
  • El esfuerzo fiscal del artículo 124.1.b) se calcula con las cuotas íntegras de los impuestos municipales antes de aplicar la bonificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ceuta y Melilla tienen los recursos de sus regímenes fiscales especiales, una bonificación del 50 % en las cuotas de los impuestos municipales y participan en tributos del Estado como municipios y como provincias.

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Artículo 160. Régimen financiero especial

El artículo 160 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El municipio de Madrid tendrá un régimen financiero especial, del que será supletorio lo dispuesto en esta ley.

Datos clave

  • El municipio de Madrid tendrá un régimen financiero especial, del que será supletorio lo dispuesto en esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Madrid tiene un régimen financiero especial, y esta ley solo se le aplica como supletoria.

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Artículo 161. Régimen financiero especial

El artículo 161 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece lo siguiente.

El municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial, del que será supletorio lo dispuesto en esta ley.

Datos clave

  • El municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial, del que será supletorio lo dispuesto en esta ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Barcelona tiene un régimen financiero especial, y esta ley solo se le aplica como supletoria.

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Artículo 162. Definición.

Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

Datos clave

  • El presupuesto general es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de obligaciones y derechos.
  • Recoge las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos.
  • Recoge los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio.
  • Incluye las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El presupuesto general local es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones máximas, los derechos previstos y las previsiones de las sociedades mercantiles íntegramente locales.

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Artículo 163. Ámbito temporal.

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y

b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Datos clave

  • El ejercicio presupuestario coincide con el año natural.
  • Se imputan los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven.
  • Se imputan las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ejercicio presupuestario es el año natural; se le imputan los derechos liquidados en él, vengan del período que vengan, y las obligaciones reconocidas durante él.

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Artículo 164. Contenido del presupuesto general.

1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

a) El presupuesto de la propia entidad.

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente:

a) Organismos autónomos de carácter administrativo.

b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter.

Datos clave

  • Las entidades locales elaboran y aprueban anualmente un presupuesto general.
  • Integra el presupuesto de la propia entidad y los de sus organismos autónomos.
  • Integra los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.
  • Los organismos autónomos son de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
  • Las normas de creación de cada organismo autónomo deben indicar expresamente su carácter.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la entidad local aprueba un presupuesto general que integra el suyo, el de sus organismos autónomos y las previsiones de sus sociedades íntegramente locales; los organismos autónomos son administrativos o comerciales.

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Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general.

El artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general», establece lo siguiente.

1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.

Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.

4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

Datos clave

  • Cada presupuesto del presupuesto general contiene los estados de gastos, con los créditos necesarios, y los estados de ingresos, con las estimaciones de recursos.
  • Incluye las bases de ejecución, que adaptan la normativa presupuestaria a la entidad sin poder modificar lo legislado.
  • Los recursos se destinan a satisfacer el conjunto de las obligaciones, salvo los ingresos específicos afectados a fines determinados.
  • Derechos y obligaciones se aplican por su importe íntegro; se exceptúan las devoluciones de ingresos declarados indebidos.
  • Cada presupuesto integrado en el presupuesto general debe aprobarse sin déficit inicial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada presupuesto del general lleva estados de gastos e ingresos y bases de ejecución; los recursos atienden al conjunto de obligaciones, se aplican por su importe íntegro y se aprueba sin déficit inicial.

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Artículo 166. Anexos al presupuesto general.

1. Al presupuesto general se unirán como anexos:

a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá:

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

Datos clave

  • Anexo: planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años (municipios y entidades supramunicipales).
  • Anexo: programas anuales de actuación, inversiones y financiación de sociedades mercantiles de capital íntegro o mayoritario local.
  • Anexo: estado de consolidación del presupuesto con los de organismos autónomos y sociedades mercantiles.
  • Anexo: estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
  • El programa financiero incluye inversión de cada uno de los cuatro ejercicios, ingresos previstos y operaciones de crédito necesarias.
  • Se da cuenta al Pleno con la aprobación del presupuesto; revisión anual añadiendo un nuevo ejercicio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al presupuesto general se unen como anexos los planes de inversión a cuatro años, los programas de las sociedades, el estado de consolidación y el estado de la deuda; el plan de inversiones lleva un programa financiero.

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Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos.

El artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone lo siguiente.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artículo.

2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización.

3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: el primero relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en programas. Esta clasificación podrá ampliarse en más niveles, relativos a subprogramas respectivamente.

En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el ámbito de las entidades locales, los niveles de área de gasto y de política de gasto se ajustarán a los establecidos para la Administración del Estado.

b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.

c) la clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos para la Administración del Estado.

4. La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, ésta integrará asimismo la aplicación presupuestaria.

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 172 de esta Ley.

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá la estructura de la información de los presupuestos, de su ejecución y liquidación, a la que deberán ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión de dicha información.

Datos clave

  • La estructura de los presupuestos la establece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • Clasificación por programas: área de gasto, política de gasto, grupos de programas y programas (ampliable a subprogramas).
  • Área y política de gasto se ajustan a las de la Administración del Estado.
  • Clasificación económica: capítulo, artículo y concepto (ampliable a subconcepto y partida); capítulo y artículo iguales a los del Estado.
  • Gastos corrientes: funcionamiento, intereses y transferencias corrientes; de capital: inversiones reales, transferencias de capital y activos y pasivos financieros.
  • Aplicación presupuestaria: al menos clasificación por programas y económica (grupo de programa o programa y concepto o subconcepto).
  • Control fiscal sobre el nivel de vinculación del artículo 172.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio de Hacienda fija la estructura de los presupuestos locales: clasificación por programas y económica en los gastos, con niveles iguales a los del Estado, y una aplicación presupuestaria mínima que combina ambas.

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Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.

El artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula la elaboración y la aprobación inicial del presupuesto general.

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

Datos clave

  • El presupuesto de la entidad local lo forma su Presidente.
  • Se acompaña de memoria, liquidación del ejercicio anterior y avance del corriente (al menos seis meses), anexos de personal, inversiones, beneficios fiscales y convenios de gasto social, e informe económico-financiero.
  • Los organismos autónomos remiten su presupuesto a la entidad local antes del 15 de septiembre de cada año.
  • Las sociedades mercantiles remiten sus previsiones de gastos e ingresos y programas anuales antes del 15 de septiembre.
  • El presidente remite el presupuesto general, informado por la Intervención, al Pleno antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
  • El acuerdo de aprobación es único y ningún presupuesto integrante puede aprobarse separadamente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Presidente forma el presupuesto con su documentación; organismos autónomos y sociedades mercantiles envían lo suyo antes del 15 de septiembre y el general va al Pleno antes del 15 de octubre, con un único acuerdo.

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Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Datos clave

  • Tras la aprobación inicial, exposición pública por 15 días previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, con reclamaciones ante el Pleno.
  • Sin reclamaciones, el presupuesto se considera definitivamente aprobado; con ellas, el Pleno tiene un mes para resolverlas.
  • La aprobación definitiva debe realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior.
  • Se publica resumido por capítulos en el boletín oficial de la provincia y se remite copia al Estado y a la comunidad autónoma.
  • Entra en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3.
  • Si no ha entrado en vigor al iniciarse el ejercicio, se prorroga automáticamente el del anterior con sus créditos iniciales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tramitación del presupuesto general: exposición al público 15 días tras anuncio en el boletín, aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, publicación resumida por capítulos y prórroga automática si al empezar el año no está en vigor.

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Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Datos clave

  • Interesados: habitantes del territorio de la entidad local.
  • Interesados: directamente afectados aunque no habiten en el territorio.
  • Interesados: colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos y asociaciones en defensa de sus intereses propios.
  • Causa: no ajustarse la elaboración y aprobación a los trámites legales.
  • Causa: omitir el crédito necesario para obligaciones exigibles.
  • Causa: manifiesta insuficiencia de ingresos respecto de gastos o de estos respecto de las necesidades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién puede reclamar contra el presupuesto inicialmente aprobado (habitantes, directamente afectados y entidades representativas) y las tres únicas causas tasadas de reclamación.

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Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo.

1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la corporación.

Datos clave

  • Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe directamente recurso contencioso-administrativo.
  • El Tribunal de Cuentas informa previamente cuando la impugnación afecte a la nivelación presupuestaria.
  • La interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Permite recurrir en vía contencioso-administrativa la aprobación definitiva del presupuesto, exige informe previo del Tribunal de Cuentas si afecta a la nivelación presupuestaria, y aclara que el recurso no suspende la aplicación del presupuesto.

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Artículo 172. Especialidad y limitación de los créditos.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa.

Datos clave

  • Principio de especialidad: los créditos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que fueron autorizados.
  • La autorización procede del presupuesto general o de sus modificaciones debidamente aprobadas.
  • Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.
  • Los niveles de vinculación son los de la legislación presupuestaria del Estado, salvo disposición reglamentaria distinta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Principios de especialidad y limitación: cada crédito solo sirve para su finalidad autorizada y es limitativo y vinculante, con los niveles de vinculación de la legislación presupuestaria estatal salvo otra previsión reglamentaria.

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Artículo 173. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los compromisos de gasto.

1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.

2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.

3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a aquéllas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias previstas en las leyes.

4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

6. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de conformidad con las reglas contenidas en el capítulo VII del título I de esta ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.

Datos clave

  • Las obligaciones de pago solo son exigibles si resultan de la ejecución del presupuesto o de sentencia judicial firme.
  • No cabe embargo contra bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, salvo bienes patrimoniales no afectados a uso o servicio público.
  • El cumplimiento de las resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a las entidades locales.
  • Si se necesita crédito extraordinario o suplemento de crédito, se solicita al Pleno dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial.
  • Son nulos de pleno derecho los compromisos de gasto por cuantía superior a los créditos autorizados.
  • La disponibilidad de créditos se condiciona a compromisos firmes de aportación de terceros y a las autorizaciones del artículo 53 cuando haya previsiones en el capítulo IX de ingresos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Establece que las obligaciones de pago solo son exigibles si resultan de la ejecución del presupuesto o de sentencia firme, prohíbe embargar los bienes de la hacienda local afectos a un servicio público y declara nulos los compromisos de gasto por encima del crédito.

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Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual.

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por ciento.

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.

A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos.

5. En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.

Datos clave

  • Los gastos plurianuales se subordinan al crédito que autorice cada presupuesto anual.
  • Su ejecución debe iniciarse en el propio ejercicio.
  • Supuestos: inversiones y transferencias de capital, determinados contratos, arrendamientos de inmuebles, cargas financieras y transferencias corrientes derivadas de convenios.
  • En los supuestos a), b) y e) el número de ejercicios no será superior a cuatro.
  • Límites en a) y e): 70 por ciento el ejercicio siguiente, 60 por ciento el segundo y 50 por ciento el tercero y cuarto.
  • En casos excepcionales el Pleno puede ampliar las anualidades y elevar los porcentajes.
  • Estos compromisos se contabilizan de forma adecuada e independiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los gastos plurianuales se subordinan al crédito de cada ejercicio; solo caben en cinco supuestos, con ejecución iniciada en el propio ejercicio, límite de cuatro ejercicios y porcentajes 70-60-50-50 en algunos casos.

Esquema

Límites de los gastos plurianuales
Tope de cuatro ejerciciosPorcentajes 70-60-50-50
a) Inversiones y transferencias de capitalSíSí
b) Contratos que no pueden pactarse por un añoSíNo
c) Arrendamientos de inmueblesNoNo
d) Cargas financierasNoNo
e) Transferencias corrientes por convenioSíSí

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Artículo 175. Bajas por anulación de créditos.

El artículo 175 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Bajas por anulación de créditos», establece lo siguiente.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta ley.

Datos clave

  • Se aplica a los créditos para gastos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas el último día del ejercicio.
  • Esos créditos quedan anulados de pleno derecho.
  • Las únicas excepciones son las del artículo 182 (incorporaciones de crédito).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los créditos de gasto que el último día del ejercicio no estén afectados a obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho, con las únicas excepciones del artículo 182.

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Artículo 176. Temporalidad de los créditos.

El artículo 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Temporalidad de los créditos», establece lo siguiente.

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3.

Datos clave

  • Con cargo a los créditos de cada presupuesto solo pueden contraerse obligaciones por gastos realizados en el año natural del propio ejercicio.
  • Se aplican al presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones por liquidación de atrasos a favor del personal.
  • También se aplican las derivadas de compromisos de gastos adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de créditos del artículo 182.3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con los créditos de un presupuesto solo se pagan gastos realizados en su año natural, salvo los atrasos del personal y los compromisos de ejercicios anteriores con créditos incorporados.

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Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

El artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Créditos extraordinarios y suplementos de crédito», establece lo siguiente.

1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.

3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a que aquél corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

5. Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

Que su importe total anual no supere el cinco por ciento de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad.

Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25 por ciento de los expresados recursos.

Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.

6. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Datos clave

  • Para gastos que no pueden demorarse: crédito extraordinario si no existe crédito; suplemento de crédito si es insuficiente o no ampliable.
  • El presidente ordena la incoación; el expediente se informa por la Intervención y lo aprueba el Pleno con los mismos trámites que los presupuestos.
  • Se financia con remanente líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos sobre los previstos o anulaciones y bajas de créditos no comprometidos.
  • Para gastos corrientes necesarios y urgentes caben operaciones de crédito si no superan el 5 por ciento de los recursos corrientes, la carga financiera total no supera el 25 por ciento y se cancelan antes de la renovación de la Corporación.
  • En calamidades públicas los acuerdos son inmediatamente ejecutivos y las reclamaciones se resuelven en ocho días; si no se notifica la resolución, se entienden desestimadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para un gasto inaplazable sin crédito se tramita un crédito extraordinario y, si es insuficiente, un suplemento: los aprueba el Pleno con los trámites del presupuesto y debe indicarse cómo se financian.

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Artículo 178. Créditos ampliables.

El artículo 178 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Créditos ampliables», establece lo siguiente.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 172 de esta ley tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en las bases de ejecución del presupuesto, y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria, en función de la efectividad de los recursos afectados.

Datos clave

  • Son ampliables los créditos que se relacionen de modo taxativo y debidamente explicitados en las bases de ejecución del presupuesto.
  • Su cuantía puede incrementarse previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
  • El incremento depende de la efectividad de los recursos afectados.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son ampliables solo los créditos que las bases de ejecución relacionen de forma taxativa y explícita; su cuantía sube con requisitos reglamentarios y según la efectividad de los recursos afectados.

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Artículo 179. Transferencias de crédito: límites formales y competencia.

El artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Transferencias de crédito: límites formales y competencia», establece lo siguiente.

1. Las entidades locales regularán en las bases de ejecución del presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.

2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.

3. Los organismos autónomos podrán realizar operaciones de transferencias de crédito con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores.

4. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 de la ley.

Datos clave

  • Las bases de ejecución regulan el régimen de transferencias y el órgano competente para autorizarlas.
  • Las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.
  • Las aprobadas por el Pleno siguen las normas de información, reclamaciones, recursos y publicidad de los artículos 169, 170 y 171.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las bases de ejecución regulan las transferencias de crédito y su órgano competente, pero las transferencias entre distintos grupos de función las aprueba el Pleno, salvo las de créditos de personal.

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Artículo 180. Transferencias de crédito: límites objetivos.

El artículo 180 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Transferencias de crédito: límites objetivos», establece lo siguiente.

1. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

2. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Datos clave

  • Las transferencias no afectan a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
  • No pueden minorarse créditos incrementados con suplementos o transferencias, salvo los de personal, ni los incorporados por remanentes no comprometidos.
  • No pueden incrementarse créditos minorados por otras transferencias, salvo los de personal.
  • Estas limitaciones no se aplican a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni a reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las transferencias de crédito no tocan ampliables ni extraordinarios del ejercicio, ni minoran lo ya suplementado o incorporado, ni suben lo minorado, con salvedades para personal, imprevistos y reorganizaciones.

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Artículo 181. Generaciones de crédito.

El artículo 181 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Generaciones de crédito», establece lo siguiente.

Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.

b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

Datos clave

  • Generan crédito los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las operaciones que enumera el artículo.
  • Son: aportaciones o compromisos firmes de aportación, enajenaciones de bienes, prestación de servicios y reembolso de préstamos.
  • También los reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Generan crédito los ingresos no tributarios de cinco operaciones: aportaciones, enajenaciones de bienes, prestación de servicios, reembolso de préstamos y reintegros de pagos indebidos del presupuesto corriente.

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Artículo 182. Incorporaciones de crédito.

El artículo 182 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Incorporaciones de crédito», establece lo siguiente.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

2. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del párrafo a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y autorización.

3. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

Datos clave

  • Pueden incorporarse al ejercicio siguiente, si hay recursos financieros suficientes, los créditos extraordinarios, suplementos y transferencias concedidos en el último trimestre.
  • También los que amparen compromisos de gasto del artículo 176.2.b), los créditos por operaciones de capital y los autorizados según la recaudación de derechos afectados.
  • Los remanentes incorporados solo pueden aplicarse dentro del ejercicio al que se acuerde la incorporación.
  • Los créditos de proyectos financiados con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente, salvo desistimiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si hay recursos suficientes, pueden pasar al ejercicio siguiente ciertos créditos no gastados; los de proyectos con ingresos afectados se incorporan obligatoriamente y lo incorporado solo vale para ese ejercicio.

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Artículo 183. Régimen jurídico.

El artículo 183 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Régimen jurídico», establece lo siguiente.

La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto.

Datos clave

  • Regula la ejecución de los créditos del presupuesto de gastos de las entidades locales.
  • Se rige por lo dispuesto en esta sección de la ley.
  • Complementariamente, por las normas de cada entidad recogidas en las bases de ejecución del presupuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ejecución de los créditos del presupuesto de gastos se rige por esta sección de la ley y, de forma complementaria, por las normas de cada entidad recogidas en las bases de ejecución.

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Artículo 184. Fases del procedimiento de gestión de los gastos.

El artículo 184 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Fases del procedimiento de gestión de los gastos», establece lo siguiente.

1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente:

a) Autorización de gasto.

b) Disposición o compromiso de gasto.

c) Reconocimiento o liquidación de la obligación.

d) Ordenación de pago.

2. Las entidades locales podrán en la forma que reglamentariamente se establezca abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución de las enumeradas en el apartado anterior.

Datos clave

  • La gestión del presupuesto de gastos tiene cuatro fases: autorización, disposición o compromiso, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación de pago.
  • El contenido de las fases se establece reglamentariamente.
  • Pueden abarcarse dos o más fases en un solo acto administrativo, en la forma reglamentaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El gasto local se gestiona en cuatro fases (autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago), y la entidad puede reunir dos o más en un solo acto.

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Artículo 185. Competencias en materia de gestión de gastos.

El artículo 185 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Competencias en materia de gestión de gastos», establece lo siguiente.

1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente.

2. Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

3. Las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán desconcentrarse o delegarse en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que deberán recogerse para cada ejercicio, en las bases de ejecución del presupuesto.

4. En los organismos autónomos las facultades indicadas se ejercerán en los términos expuestos anteriormente, correspondiendo a los órganos de aquéllos a los que sus estatutos atribuyan dichas competencias.

Datos clave

  • La autorización y disposición de gastos corresponde al presidente o al Pleno según la atribución de competencias vigente.
  • El reconocimiento y liquidación de obligaciones corresponde al presidente de la corporación.
  • Estas facultades pueden desconcentrarse o delegarse según el artículo 23 de la Ley 7/1985, y debe recogerse en las bases de ejecución.
  • En los organismos autónomos las ejercen los órganos a los que sus estatutos las atribuyan.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Autorizar y disponer gastos corresponde al presidente o al Pleno según sus competencias; reconocer y liquidar obligaciones, al presidente. Todo ello puede desconcentrarse o delegarse.

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Artículo 186. Ordenación de pagos.

El artículo 186 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Ordenación de pagos», establece lo siguiente.

1. Competen al presidente de la entidad local las funciones de ordenación de pagos.

2. El Pleno de la entidad local, a propuesta del presidente, podrá crear una unidad de ordenación de pagos que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones administrativas de la ordenación de pagos.

3. El Pleno de las entidades locales de más de 500.000 habitantes de derecho, a propuesta del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de tesorería que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones de la ordenación de pagos.

4. La ordenación de pagos en los organismos autónomos la ejercerá el órgano de estos que, por estatutos, la tenga atribuida.

Datos clave

  • La ordenación de pagos compete al presidente de la entidad local.
  • El Pleno, a propuesta del presidente, puede crear una unidad de ordenación de pagos.
  • En entidades de más de 500.000 habitantes de derecho, el Pleno puede crear una unidad central de tesorería con funciones de ordenación de pagos.
  • En los organismos autónomos la ordenación de pagos corresponde al órgano que señalen sus estatutos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Ordenar pagos es función del presidente; el Pleno puede crear una unidad de ordenación de pagos y, en entidades de más de 500.000 habitantes, una unidad central de tesorería, siempre bajo la autoridad del presidente.

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Artículo 187. Plan de disposición de fondos.

El artículo 187 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Plan de disposición de fondos», establece lo siguiente.

La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Datos clave

  • Las órdenes de pago se acomodan al plan de disposición de fondos de la tesorería.
  • El plan lo establece el presidente.
  • Debe recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las órdenes de pago se ajustan al plan de disposición de fondos que fija el presidente, que siempre da prioridad a los gastos de personal y a las obligaciones de ejercicios anteriores.

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Artículo 188. Responsabilidad personal.

El artículo 188 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Responsabilidad personal», establece lo siguiente.

Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente.

Datos clave

  • Los ordenadores de gastos y de pagos son en todo caso personalmente responsables de los gastos y obligaciones sin crédito suficiente.
  • Los interventores lo son cuando no adviertan por escrito su improcedencia.
  • La responsabilidad alcanza a todo gasto que autoricen y a toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los ordenadores de gastos y pagos responden personalmente, siempre, de lo autorizado o pagado sin crédito suficiente; los interventores, solo si no advierten por escrito su improcedencia.

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Artículo 189. Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago.

El artículo 189 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago», establece lo siguiente.

1. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2. Los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad, así como, posteriormente, a justificar la aplicación de los fondos recibidos.

Datos clave

  • Antes de expedir órdenes de pago debe acreditarse documentalmente la realización de la prestación o el derecho del acreedor.
  • La acreditación se hace ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones, conforme a los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto.
  • Los perceptores de subvenciones deben acreditar antes de cobrarlas que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad.
  • Después deben justificar la aplicación de los fondos recibidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Antes de ordenar un pago hay que acreditar documentalmente la prestación o el derecho del acreedor; quien recibe una subvención acredita antes estar al corriente con la entidad y justifica después.

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Artículo 190. Pagos a justificar. Anticipos de caja fija.

El artículo 190 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Pagos a justificar. Anticipos de caja fija», establece lo siguiente.

1. Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, según previene el artículo anterior, tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.

2. Las bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de la Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables.

Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, y sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación.

3. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo.

Datos clave

  • Son pagos a justificar las órdenes de pago cuyos documentos no pueden acompañarse en el momento de su expedición.
  • Sus normas las establecen las bases de ejecución, previo informe de la Intervención.
  • Los perceptores justifican en el plazo máximo de tres meses.
  • No pueden expedirse nuevas órdenes a justificar por los mismos conceptos a quien tenga fondos pendientes de justificar.
  • Para atenciones periódicas o repetitivas caben anticipos de caja fija, que se justifican a lo largo del ejercicio en que se constituyeron.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando los justificantes no pueden acompañarse al ordenar el pago, este es a justificar: se justifica en tres meses como máximo. Para gastos periódicos o repetitivos caben anticipos de caja fija, justificados en el ejercicio.

Esquema

Pagos a justificar y caja fija
A justificarAnticipo de caja fija
CuándoDocumentos no disponibles al expedir la ordenAtenciones periódicas o repetitivas
JustificaciónPlazo máximo de tres mesesA lo largo del ejercicio en que se constituyó

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Artículo 191. Cierre y liquidación del presupuesto.

El artículo 191 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Cierre y liquidación del presupuesto», establece lo siguiente.

1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

Datos clave

  • El presupuesto se liquida en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones el 31 de diciembre.
  • El remanente de tesorería lo forman las obligaciones pendientes de pago, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre.
  • En su cálculo se tienen en cuenta los ingresos afectados y se minoran los derechos de difícil o imposible recaudación.
  • La liquidación se confecciona antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
  • La aprueba el presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El presupuesto se liquida el 31 de diciembre; lo pendiente pasa a Tesorería y forma el remanente de tesorería. La liquidación se confecciona antes del 1 de marzo y la aprueba el presidente, previo informe de la Intervención.

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Artículo 192. Cierre y liquidación del presupuesto de organismos autónomos.

El artículo 192 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Cierre y liquidación del presupuesto de organismos autónomos», establece lo siguiente.

1. La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior. Reglamentariamente se regularán las operaciones de cierre del ejercicio económico y de liquidación de los presupuestos, atendiendo al carácter de los citados organismos.

2. La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de estos, será remitida a la entidad local para su aprobación por su presidente y a los efectos previstos en el artículo siguiente.

Datos clave

  • La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos también se hace a 31 de diciembre, como la de la entidad.
  • La informa su Intervención y la propone su órgano competente.
  • Se remite a la entidad local y la aprueba su presidente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La liquidación de los organismos autónomos sigue la misma regla de cierre que la entidad; la informa su Intervención, la propone su órgano competente y la aprueba el presidente de la entidad local.

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Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas.

El artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas», establece lo siguiente.

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley.

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.

4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

5. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate.

Datos clave

  • Con remanente de tesorería negativo, el Pleno u órgano competente debe reducir gastos del nuevo presupuesto en igual cuantía en la primera sesión que celebre.
  • Si la reducción no es posible, puede concertarse una operación de crédito por su importe en las condiciones del artículo 177.5.
  • Si no se adopta ninguna de esas medidas, el presupuesto siguiente se aprueba con superávit inicial no inferior al déficit.
  • De la liquidación se da cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
  • Se remite copia de la liquidación al Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar marzo del ejercicio siguiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con remanente de tesorería negativo hay que reducir gastos del nuevo presupuesto en igual cuantía; si no se puede, caben préstamos del artículo 177.5 y, si no, superávit inicial. La liquidación va al Estado y a la comunidad antes de que acabe marzo.

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Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.

El artículo 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Derechos de difícil o imposible recaudación», establece lo siguiente.

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Datos clave

  • Las Entidades Locales informan al Ministerio de Hacienda y a su Pleno del resultado de aplicar los criterios sobre derechos de difícil o imposible recaudación.
  • Derechos de los dos ejercicios anteriores: minoración mínima del 25 por ciento; del tercero anterior: 50 por ciento.
  • Derechos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores: minoración mínima del 75 por ciento.
  • Derechos de los restantes ejercicios anteriores: minoración del 100 por ciento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los derechos pendientes de cobro se minoran según su antigüedad con porcentajes mínimos escalonados (25, 50, 75 y 100 por ciento), y la entidad informa del resultado al Ministerio y a su Pleno.

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Artículo 194. Definición y régimen jurídico.

El artículo 194 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Definición y régimen jurídico», establece lo siguiente.

1. Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.

2. Los preceptos contenidos en el presente capítulo serán de aplicación, asimismo, a los organismos autónomos.

3. La tesorería de las entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del capítulo tercero del título cuarto de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Datos clave

  • La tesorería la forman todos los recursos financieros de la entidad local: dinero, valores o créditos.
  • Comprende las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
  • Sus preceptos se aplican también a los organismos autónomos.
  • Supletoriamente rigen las normas del capítulo tercero del título cuarto de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La tesorería local abarca todos los recursos financieros de la entidad (dinero, valores o créditos), presupuestarios o no; su régimen se aplica también a los organismos autónomos.

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Artículo 195. Control y régimen contable.

El artículo 195 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Control y régimen contable», establece lo siguiente.

Las disponibilidades de la tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad pública.

Datos clave

  • Regula el control y el régimen contable de la tesorería local.
  • Las disponibilidades de la tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención.
  • También quedan sujetas al régimen de la contabilidad pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las disponibilidades de la tesorería y sus variaciones están sometidas a dos controles: la intervención y el régimen de la contabilidad pública.

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Artículo 196. Funciones.

El artículo 196 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Funciones», establece lo siguiente.

1. Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales:

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.

b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.

d) Responder de los avales contraídos.

e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente numeradas.

2. Las funciones enumeradas en el apartado anterior se ejercerán, en su caso, por la unidad central de tesorería a que hace referencia el artículo 186 de esta ley.

Datos clave

  • Funciones de la tesorería: recaudar derechos y pagar obligaciones, y servir al principio de unidad de caja centralizando todos los fondos y valores.
  • También distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias y responder de los avales contraídos.
  • Estas funciones las puede ejercer la unidad central de tesorería del artículo 186.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La tesorería local recauda y paga, centraliza fondos y valores (unidad de caja), reparte en el tiempo la liquidez, responde de los avales y realiza las funciones conexas.

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Artículo 197. Caja y cuentas bancarias.

El artículo 197 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Caja y cuentas bancarias», establece lo siguiente.

1. Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:

a) Cuentas operativas de ingresos y pagos.

b) Cuentas restringidas de recaudación.

c) Cuentas restringidas de pagos.

d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería.

2. Asimismo las entidades locales podrán autorizar la existencia de cajas de efectivo, para los fondos de las operaciones diarias, las cuales estarán sujetas a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.

Datos clave

  • Los servicios financieros de la tesorería pueden concertarse con entidades de crédito y ahorro.
  • Tipos de cuentas: operativas de ingresos y pagos, restringidas de recaudación, restringidas de pagos y financieras de colocación de excedentes.
  • Pueden autorizarse cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias, con las limitaciones reglamentarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La entidad local puede contratar los servicios financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro mediante cuatro tipos de cuentas, y autorizar cajas de efectivo para el día a día.

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Artículo 198. Medios de ingreso y de pago.

El artículo 198 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Medios de ingreso y de pago», establece lo siguiente.

1. Las entidades locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrán realizarse en las cajas de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan.

2. Las entidades locales podrán asimismo pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior.

Datos clave

  • Las entidades locales pueden dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación.
  • Los ingresos pueden hacerse en cajas de efectivo o en entidades de crédito colaboradoras.
  • Medios: efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, bancario o no.
  • Las obligaciones pueden pagarse por cualquiera de esos mismos medios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La entidad local puede fijar reglas especiales para ingresar lo recaudado, en cajas de efectivo o entidades colaboradoras y por medios muy variados, y pagar por esos mismos medios.

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Artículo 199. Gestión de la tesorería.

El artículo 199 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Gestión de la tesorería», establece lo siguiente.

1. Las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de esta ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades financieras, operaciones de tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos.

2. Igualmente, las entidades locales podrán rentabilizar sus excedentes temporales de tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de liquidez y seguridad.

Datos clave

  • Las entidades locales pueden concertar operaciones de tesorería con cualesquiera entidades financieras.
  • Se conciertan conforme al artículo 51 para cubrir déficit temporales de liquidez por diferencias de vencimientos de pagos e ingresos.
  • Pueden rentabilizar sus excedentes temporales de tesorería con inversiones que reúnan condiciones de liquidez y seguridad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para huecos temporales de liquidez la entidad local puede concertar operaciones de tesorería; si le sobra dinero temporalmente, puede invertirlo con liquidez y seguridad.

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Artículo 200. Régimen jurídico.

El artículo 200 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Régimen jurídico», establece lo siguiente.

1. Las entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en esta ley.

2. Las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las entidades locales estarán igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.

Datos clave

  • Las entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública.
  • También las sociedades mercantiles con participación total o mayoritaria de las entidades locales.
  • Estas sociedades se adaptan además al Código de Comercio, la legislación mercantil y el Plan General de Contabilidad de las empresas españolas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Entidades locales, organismos autónomos y sociedades mercantiles con capital local total o mayoritario están sometidos a la contabilidad pública; las sociedades, además, a la normativa mercantil.

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Artículo 201. Rendición de cuentas.

El artículo 201 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Rendición de cuentas», establece lo siguiente.

La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas.

Datos clave

  • La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas.
  • Se rinden las cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza.
  • La rendición se hace al Tribunal de Cuentas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien está sujeto a la contabilidad pública debe rendir cuentas de todas sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, ante el Tribunal de Cuentas.

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Artículo 202. Ejercicio contable.

El artículo 202 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Ejercicio contable», establece lo siguiente.

El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario.

Datos clave

  • En las entidades locales, el ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ejercicio contable de las entidades locales coincide con el ejercicio presupuestario: contabilidad y presupuesto van por el mismo periodo.

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Artículo 203. Competencia.

El artículo 203 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Competencia», establece lo siguiente.

1. Corresponderá al Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado:

a) Aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos autónomos.

b) Aprobar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades locales, su normativa de desarrollo y los planes especiales o parciales que se elaboren conforme a la misma, así como los de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles con participación total o mayoritaria de las entidades locales, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española.

c) Establecer los libros que, como regla general y con carácter obligatorio, deban llevarse.

d) Determinar la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás documentos relativos a la contabilidad pública.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, serán objeto de tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales cuyas características así lo requieran y que serán fijadas reglamentariamente por el Ministerio de Hacienda.

Datos clave

  • Las competencias de este artículo corresponden al Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Aprueba las normas contables generales y la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades locales.
  • Establece los libros obligatorios y determina la estructura y justificación de las cuentas y estados.
  • Las entidades locales cuyas características lo requieran tienen un tratamiento contable simplificado fijado por el Ministerio de Hacienda.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Ministerio de Hacienda, a propuesta de la IGAE, fija las reglas de la contabilidad local: normas generales, adaptación del Plan de Contabilidad Pública, libros obligatorios y estructura de las cuentas.

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Artículo 204. Función contable de la Intervención.

El artículo 204 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Función contable de la Intervención», establece lo siguiente.

1. A la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la corporación.

2. Asimismo, competerá a la Intervención la inspección de la contabilidad de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno.

Datos clave

  • La Intervención lleva y desarrolla la contabilidad financiera de la entidad local.
  • También hace el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos.
  • Compete además a la Intervención inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, según los procedimientos que establezca el Pleno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Intervención local lleva la contabilidad financiera y sigue la ejecución del presupuesto; además inspecciona la contabilidad de organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes.

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Artículo 205. Fines de la contabilidad pública local.

El artículo 205 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Fines de la contabilidad pública local», establece lo siguiente.

La contabilidad de los entes locales estará organizada al servicio de los siguientes fines:

a) Establecer el balance de la entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, así como sus variaciones.

b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial.

c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.

d) Registrar la ejecución de los presupuestos generales de la entidad, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios.

e) Registrar los movimientos y situación de la tesorería local.

f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la cuenta general de la entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas.

g) Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económico-financieras por parte del Ministerio de Hacienda.

h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de España.

i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.

k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la entidad local.

Datos clave

  • La contabilidad local sirve para establecer el balance y determinar los resultados económico-patrimoniales y los analíticos (coste y rendimiento de los servicios).
  • Registra la ejecución de los presupuestos y los movimientos y situación de la tesorería.
  • Proporciona los datos para la cuenta general y para las cuentas que se remitan al Tribunal de Cuentas.
  • Posibilita los controles de legalidad, financiero y de eficacia, el inventario del inmovilizado y el control del endeudamiento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La contabilidad local persigue once fines: balance, resultados económico-patrimoniales y analíticos, ejecución presupuestaria, tesorería, cuentas, estadísticas, controles e inventario, entre otros.

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Artículo 206. Soporte de las anotaciones contables.

El artículo 206 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Soporte de las anotaciones contables», establece lo siguiente.

1. La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior.

2. En los citados libros, registros y cuentas, se contabilizarán la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, con repercusión financiera, patrimonial o económica en general.

Datos clave

  • La contabilidad pública se lleva en libros, registros y cuentas.
  • Se siguen los procedimientos técnicos más convenientes según las operaciones que deban anotarse.
  • Se contabilizan todos los actos u operaciones administrativos, civiles o mercantiles con repercusión financiera, patrimonial o económica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La contabilidad pública se lleva en libros, registros y cuentas, con la técnica más adecuada, y recoge todos los actos administrativos, civiles o mercantiles con repercusión económica.

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Artículo 207. Información periódica para el Pleno de la corporación.

El artículo 207 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Información periódica para el Pleno de la corporación», establece lo siguiente.

La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.

Datos clave

  • La Intervención remite al Pleno información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de la tesorería.
  • La remite por conducto de la presidencia.
  • Los plazos y la periodicidad los establece el Pleno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Intervención informa periódicamente al Pleno, a través de la presidencia, sobre la ejecución del presupuesto y la tesorería, con los plazos y periodicidad que fije el propio Pleno.

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Artículo 208. Formación de la cuenta general.

El artículo 208 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Formación de la cuenta general», establece lo siguiente.

Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Datos clave

  • Las entidades locales forman la cuenta general a la terminación del ejercicio presupuestario.
  • La cuenta general pone de manifiesto la gestión realizada.
  • Abarca los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Al terminar el ejercicio presupuestario, cada entidad local forma la cuenta general, que refleja su gestión en cuatro aspectos: económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

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Artículo 209. Contenido de la cuenta general de las entidades locales.

El artículo 209 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Contenido de la cuenta general de las entidades locales», establece lo siguiente.

1. La cuenta general estará integrada por:

a) La de la propia entidad.

b) La de los organismos autónomos.

c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

2. Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán modelos simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

3. Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.

4. Las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados consolidados que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública, en los términos previstos en las normas de consolidación que apruebe para el sector público local conformes a las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

A efectos de la obtención de los estados consolidados, las entidades controladas, directamente o indirectamente, por la entidad local no comprendidas en los apartados anteriores, las entidades multigrupo y las entidades asociadas deberán remitir sus cuentas anuales a la entidad local acompañadas, en su caso, del informe de auditoría.

Los conceptos de control y de entidad multigrupo y entidad asociada son los definidos en las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

Los estados consolidados deberán acompañar a la Cuenta General, al menos, cuando ésta se someta a aprobación del Pleno de la Corporación.

Datos clave

  • La cuenta general integra la de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local.
  • Las de la entidad y los organismos autónomos reflejan la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.
  • Las de las sociedades mercantiles son las que deban elaborarse según la normativa mercantil.
  • Se unen los estados consolidados que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública, al menos cuando la cuenta se somete al Pleno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La cuenta general integra las cuentas de la entidad, de sus organismos autónomos y de sus sociedades mercantiles de capital íntegramente local, más los estados consolidados que determine el Ministro.

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Artículo 210. Competencia.

El artículo 210 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Competencia», establece lo siguiente.

El contenido, estructura y normas de elaboración de las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, se determinarán por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Datos clave

  • Regula la competencia sobre las cuentas de la entidad local y de sus organismos autónomos.
  • Su contenido, estructura y normas de elaboración los determina el Ministerio de Hacienda.
  • Lo hace a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El contenido, la estructura y las normas de elaboración de las cuentas de la entidad y de sus organismos autónomos los fija el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la IGAE.

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Artículo 211. Memorias que acompañan a la cuenta general.

El artículo 211 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Memorias que acompañan a la cuenta general», establece lo siguiente.

Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

Datos clave

  • Obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las demás entidades locales de ámbito superior.
  • Deben acompañar a la cuenta general una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
  • También una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con los previstos, los alcanzados y su coste.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los municipios de más de 50.000 habitantes y las entidades de ámbito superior añaden a la cuenta general dos memorias: coste y rendimiento de los servicios, y cumplimiento de objetivos.

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Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general.

El artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general», establece lo siguiente.

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

3. La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

5. Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o rechazándola, el presidente de la corporación la rendirá al Tribunal de Cuentas.

Datos clave

  • El presidente rinde los estados y cuentas antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente.
  • La cuenta general formada por la Intervención se somete antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas.
  • Se expone al público 15 días para reclamaciones, reparos u observaciones.
  • Se somete al Pleno para que pueda aprobarla antes del 1 de octubre.
  • Tras el pronunciamiento del Pleno, el presidente la rinde al Tribunal de Cuentas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Calendario de la cuenta general: rendición antes del 15 de mayo, informe de la Comisión Especial antes del 1 de junio, 15 días de exposición, Pleno antes del 1 de octubre y, después, Tribunal de Cuentas.

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Artículo 213. Control interno.

El artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece las funciones de control interno de las entidades locales.

Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior.

Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.

Datos clave

  • El control interno alcanza la gestión económica de la entidad local, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes.
  • Modalidades: función interventora, función de control financiero (incluida la auditoría de cuentas) y función de control de la eficacia.
  • El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, establece las normas sobre procedimientos y metodología de control.
  • Los órganos interventores remiten anualmente a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los controles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control interno local abarca la entidad, sus organismos autónomos y sociedades dependientes en tres modalidades: función interventora, control financiero (con auditoría) y control de la eficacia.

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Artículo 214. Ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de la función interventora.

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Datos clave

  • La función interventora fiscaliza los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que reconozcan y liquiden derechos y obligaciones de contenido económico.
  • Fiscaliza también los ingresos y pagos derivados y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos.
  • Comprende la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente.
  • Comprende la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago.
  • Comprende la intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Define el objeto de la función interventora (fiscalizar los actos económicos de la entidad y sus organismos autónomos) y sus cuatro modalidades de ejercicio.

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Artículo 215. Reparos.

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Datos clave

  • El reparo procede cuando el órgano interventor está en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes.
  • Los reparos se formulan por escrito.
  • Deben formularse antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el interventor discrepa del fondo o de la forma de lo que fiscaliza, debe formular sus reparos por escrito y antes de que se adopte el acuerdo o resolución.

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Artículo 216. Efectos de los reparos.

1. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.

2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Datos clave

  • En materia de derechos, la oposición se formaliza en nota de reparo que en ningún caso suspende la tramitación.
  • En disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, el reparo suspende la tramitación en cuatro casos.
  • Suspende si se basa en insuficiencia de crédito o en que el propuesto no es adecuado.
  • Suspende si no se fiscalizaron los actos que originaron las órdenes de pago.
  • Suspende por omisión de requisitos o trámites esenciales o cuando derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue los efectos del reparo: si es sobre derechos, no suspende nunca la tramitación; si es sobre gastos, obligaciones o pagos, sí la suspende, salvo en cuatro supuestos tasados.

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Artículo 217. Discrepancias.

1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Datos clave

  • Por regla general, resuelve la discrepancia el presidente de la entidad local.
  • La resolución del presidente es ejecutiva.
  • Esta facultad no es delegable en ningún caso.
  • Resuelve el Pleno cuando el reparo se base en insuficiencia o inadecuación de crédito.
  • Resuelve el Pleno cuando se refiera a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si el órgano reparado no está de acuerdo con el reparo, resuelve la discrepancia el presidente, salvo en dos casos tasados en que resuelve el Pleno.

Esquema

¿Quién resuelve la discrepancia?
SíNoReparo no aceptado¿Falta crédito o gastodel Pleno?Resuelve el PlenoResuelve el presidente

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Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias.

El artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula los informes sobre las resoluciones adoptadas contra los reparos del órgano interventor.

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.

Datos clave

  • El órgano interventor informa al Pleno de las resoluciones del Presidente contrarias a los reparos y de las principales anomalías en materia de ingresos.
  • El informe no incluye cuestiones de oportunidad o conveniencia.
  • Constituye un punto independiente del orden del día de la sesión plenaria.
  • El Presidente puede presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
  • El Presidente puede elevar su resolución al órgano de control de la Administración con tutela financiera.
  • El órgano interventor remite anualmente al Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos contrarios a los reparos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando el Presidente resuelve contra los reparos del interventor, este lo eleva al Pleno en punto independiente y lo remite anualmente al Tribunal de Cuentas, junto con las anomalías en ingresos.

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Artículo 219. Fiscalización previa.

1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

2. El Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza de gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 de esta ley.

b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente.

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.

4. Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría.

Datos clave

  • Exentos de intervención previa: material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo tras intervenir el período inicial.
  • También los gastos menores de 3.005,06 euros pagados mediante anticipos de caja fija.
  • El Pleno, a propuesta del presidente y previo informe del interventor, puede limitar la intervención previa a extremos básicos (fiscalización limitada).
  • Extremos: existencia y adecuación del crédito, órgano competente y otros que determine el Pleno.
  • Las observaciones complementarias del interventor no tienen efectos suspensivos.
  • La fiscalización limitada se completa con otra plena posterior sobre una muestra representativa mediante técnicas de muestreo o auditoría.
  • El Pleno puede sustituir la fiscalización previa de derechos por la toma de razón en contabilidad y actuaciones comprobatorias posteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Excluye de la intervención previa ciertos gastos menores y permite al Pleno limitar la fiscalización previa a extremos tasados, sujeta después a una fiscalización plena por muestreo.

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Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero.

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.

Datos clave

  • El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de los servicios de la entidad local, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes.
  • Informa sobre la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de normas y directrices y el grado de eficacia y eficiencia.
  • Se realiza por procedimientos de auditoría conforme a las normas de auditoría del sector público.
  • Concluye con informe escrito de observaciones y conclusiones.
  • Los informes, con las alegaciones del órgano auditado, se envían al Pleno para su examen.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control financiero comprueba el funcionamiento económico-financiero de la entidad local, sus organismos autónomos y sociedades, mediante auditoría, y acaba en un informe escrito que va al Pleno.

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Artículo 221. Control de eficacia.

El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Datos clave

  • El control de eficacia consiste en la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos.
  • Incluye el análisis del coste de funcionamiento de los servicios o inversiones.
  • Incluye el análisis del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control de eficacia comprueba periódicamente si se cumplen los objetivos y analiza el coste de funcionamiento y el rendimiento de servicios e inversiones.

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Artículo 222. Facultades del personal controlador.

El artículo 222 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), titulado «Facultades del personal controlador», establece lo siguiente.

Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.

Datos clave

  • Afecta a los funcionarios de la función interventora y a los designados para los controles financiero y de eficacia.
  • Ejercen su función con plena independencia.
  • Pueden recabar antecedentes, examinar libros, cuentas y documentos, verificar arqueos y recuentos.
  • Pueden solicitar los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Interventores y controladores financieros y de eficacia actúan con plena independencia y pueden pedir antecedentes, examinar libros, verificar arqueos y solicitar informes técnicos.

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Artículo 223. Control externo.

1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento.

2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior.

3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable.

4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales, tengan atribuidas por sus Estatutos las comunidades autónomas.

Datos clave

  • La fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica local es función propia del Tribunal de Cuentas.
  • Las entidades locales rinden al Tribunal la cuenta general del ejercicio anterior antes del 15 de octubre de cada año.
  • Tras la fiscalización, se somete a la entidad local la propuesta de corrección de anomalías y el ejercicio de las acciones procedentes.
  • Se salvan las actuaciones del Tribunal en materia de responsabilidad contable.
  • Sin menoscabo de las facultades de fiscalización externa atribuidas por sus Estatutos a las comunidades autónomas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de la entidad local es función del Tribunal de Cuentas, al que se rinde la cuenta general cada año.

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Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía desde el 1 de enero de 2009, incluyendo la garantía de financiación de servicios públicos fundamentales, los fondos de convergencia autonómica, el establecimiento del régimen general de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y los órganos de coordinación de la gestión tributaria. Asimismo, se adaptan al sistema de financiación la normativa de los tributos cedidos y demás disposiciones tributarias afectadas.

Datos clave

  • La Ley 22/2009 regula el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Se aplica desde el 1 de enero de 2009.
  • Incluye la garantía de servicios públicos fundamentales y los fondos de convergencia autonómica.
  • Establece el régimen general de cesión de tributos y los órganos de coordinación de la gestión tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el alcance de la ley: el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía desde el 1 de enero de 2009, con sus fondos, la cesión de tributos y la coordinación de la gestión.

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Artículo 2. Necesidades globales de financiación en el año base. Suficiencia estática

El artículo 2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las necesidades globales de financiación en el año base para cada Comunidad Autónoma resultan de adicionar a las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma en el año 2007, el importe que le corresponda en el reparto de los recursos adicionales que se integran en el sistema previsto en los artículos 5 y 6.

Datos clave

  • Las necesidades globales de financiación en el año base parten de las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma en el año 2007.
  • A ellas se adiciona el importe que le corresponda en el reparto de los recursos adicionales de los artículos 5 y 6.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Suficiencia estática: las necesidades globales de financiación del año base son las necesidades de cada Comunidad en 2007 más su parte de los recursos adicionales de los artículos 5 y 6.

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Artículo 3. Necesidades de financiación en el año 2007

El artículo 3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Están integradas por los siguientes importes, para cada Comunidad Autónoma.

a) El importe de los recursos definitivos liquidados proporcionados por el Sistema de Financiación en el año 2007, en términos normativos. Se incluye el importe liquidado de la garantía de financiación de los servicios de asistencia sanitaria correspondiente al 2007.

En el supuesto de recursos sujetos a liquidación se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento sin tener en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la Comunidad Autónoma.

b) Los ingresos por los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Tributos sobre el Juego, computados con criterio normativo, en valores del 2007.

El valor normativo de estos ingresos se computará conforme a las siguientes reglas:

1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se corresponde con el 85% del importe recaudado por este impuesto en el año 2007.

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se corresponde con el resultado de duplicar su valor normativo del año base 1999, de acuerdo con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y posteriormente actualizarlo por el incremento del ITE nacional aplicado a los recursos del sistema en la liquidación del 2007.

3. Tributos sobre el Juego. Se corresponde con el valor normativo del año base 1999, de acuerdo con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, una vez actualizado por el incremento del ITE nacional aplicado a los recursos del sistema en la liquidación del 2007.

c) Los ingresos por tasas afectas a los servicios transferidos computados con criterio normativo, en valores del 2007. En este supuesto el criterio normativo se corresponde con el valor normativo del año base 1999, de acuerdo con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, una vez actualizado por el incremento del ITE nacional aplicado a los recursos del sistema en la liquidación del 2007.

d) La compensación estatal por la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.

e) Los ingresos por la recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, por su valor normativo en el año 2007, entendiendo por tal la recaudación real imputada a cada Comunidad Autónoma en dicho año sin el ejercicio de las competencias normativas.

f) El coste de los servicios transferidos hasta la entrada en vigor del sistema regulado en esta Ley cuyo importe no haya sido tenido en cuenta en la determinación de los recursos definitivos del año base mencionados en la letra a) de este artículo.

g) Los importes de la dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria y de la dotación de compensación de insularidad incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, por un importe para el conjunto de las Comunidades Autónomas de 655 millones de euros.

h) El importe de la financiación por los servicios traspasados por el Instituto Social de la Marina con anterioridad a 2002, que se transfirió desde el Presupuesto del Organismo a determinadas Comunidades Autónomas, correspondiente al año 2007.

Datos clave

  • Integran las necesidades de 2007 los recursos definitivos liquidados por el sistema en 2007 en términos normativos, incluida la garantía de asistencia sanitaria.
  • El valor normativo de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el 85% de lo recaudado por este impuesto en 2007.
  • Sucesiones y Donaciones: se duplica su valor normativo del año base 1999 según la Ley 21/2001 y se actualiza por el incremento del ITE nacional de la liquidación de 2007.
  • Tributos sobre el Juego y tasas afectas a servicios transferidos: valor normativo de 1999 actualizado por el incremento del ITE nacional de 2007.
  • Se incluyen también la compensación por la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio y las dotaciones sanitaria y de insularidad de 655 millones de euros.
  • Se suman, entre otros, el valor normativo de 2007 de Ventas Minoristas de Hidrocarburos y del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, y los servicios del Instituto Social de la Marina.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las necesidades de financiación de 2007 suman ocho partidas, de la a) a la h): recursos del sistema, tributos cedidos y tasas en valor normativo, compensación por Patrimonio, servicios no computados, dotaciones y el Instituto Social de la Marina.

Esquema

Valor normativo de los tributos de la letra b)
TributoRegla
1ITPAJD85% de lo recaudado en 2007
2Sucesiones y DonacionesDuplicar el valor de 1999 y actualizar por el ITE nacional
3Tributos sobre el JuegoValor de 1999 actualizado por el ITE nacional

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Artículo 4. Recursos adicionales que se integran en el Sistema

El artículo 4 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

El Estado adicionará a las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma señaladas en el artículo anterior, los importes necesarios para el cumplimiento de lo señalado en los artículos 5 y 6, referidos a los recursos adicionales que se integran en el sistema.

Por este motivo, la determinación de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma en el año base se realizará inicialmente de forma provisional, incluyendo como recursos adicionales los derivados de la aplicación de los importes y criterios de reparto contenidos en el artículo 5, atendiendo a los últimos datos disponibles de las variables que inciden en la distribución de estos recursos, sin perjuicio de una primera regularización cuando se conozcan las variables y los recursos necesarios para determinar el cumplimiento del objetivo contenido en el mencionado artículo.

Dicha regularización surtirá efectos en la primera liquidación de los recursos del sistema en la que se conozca ese reparto definitivo.

Las necesidades globales de financiación del año 2010 correspondientes a cada Comunidad Autónoma, representadas por los recursos definitivos que les proporciona el sistema para ese año, se verán incrementadas mediante la adición de los recursos adicionales previstos en el artículo 6. Como consecuencia de esta adición, se procederá a regularizar definitivamente las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma correspondientes al año base.

Datos clave

  • El Estado adicionará a las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma los importes necesarios para cumplir los artículos 5 y 6.
  • Las necesidades globales del año base se determinan inicialmente de forma provisional, con los recursos adicionales del artículo 5 según los últimos datos disponibles.
  • La primera regularización surtirá efectos en la primera liquidación de los recursos del sistema en la que se conozca el reparto definitivo.
  • Las necesidades de 2010 se incrementan con los recursos del artículo 6, y entonces se regularizan definitivamente las del año base.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Estado suma a las necesidades de cada Comunidad los recursos adicionales: primero los del artículo 5 de forma provisional, con una primera regularización, y después los del artículo 6, que suben las necesidades de 2010 y cierran definitivamente el año base.

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Artículo 5. Recursos adicionales que se integran en el Sistema de Financiación en el año 2009

El artículo 5 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. El Estado incrementará los recursos que el sistema proporcionará a las Comunidades Autónomas en el año 2009, de manera que, como objetivo final, estas vean aumentados los recursos definitivos que les proporcionaría el Sistema de Financiación regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, en el año 2009, en los importes y con los criterios de distribución descritos en las letras A y B de este apartado.

Para ello se garantiza el statu quo del año 2009 con el sistema de financiación regulado en la Ley 21/2001 y, además, se añaden a ese statu quo los recursos adicionales que se describen a continuación.

A. Recursos para refuerzo del estado de bienestar por un total de 4.900 millones de euros distribuidos de la siguiente manera.

I. El 75% de estos recursos se distribuirán entre las Comunidades Autónomas de régimen común en atención al peso relativo de la variación de su población ajustada entre 1999 y 2009, en relación a la variación del total de la población ajustada en las Comunidades Autónomas de régimen común, para ese mismo periodo. La población ajustada se calculará para los años de referencia mediante las variables y ponderaciones que figuran en el artículo 9.

II. El 25% restante se distribuirá entre las Comunidades Autónomas de régimen común en atención a:

a) El peso relativo de la población ajustada de cada Comunidad Autónoma en 2009, en relación a la población ajustada total de las Comunidades Autónomas de régimen común, en esa misma fecha. La población ajustada se calculará mediante las variables y ponderaciones que figuran en el artículo 9.

b) El peso relativo de la población potencialmente dependiente de cada Comunidad Autónoma corregida por el factor de ponderación en relación al total correspondiente a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, según los datos de la Resolución de 21 de mayo de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante el 2009 del nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

c) El peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación, registradas en el Sistema de Información del SAAD (SISAAD), en relación al total correspondiente a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, según los datos y ponderaciones utilizados en la Resolución de 21 de mayo de 2009, del IMSERSO, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante el 2009 del nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La variable a) se ponderará al 50% mientras que la b) se ponderará al 40% y la c) al 10%, a los efectos de realizar la distribución del porcentaje de los recursos adicionales de este epígrafe II.

B. Otros recursos adicionales.

I. Recursos para las Comunidades Autónomas con dispersión superior a la media: El Estado aportará un fondo de 50 millones para las Comunidades Autónomas de régimen común cuya dispersión sea superior a la media de estas, que se asignará en atención al peso relativo de su número de entidades singulares de población en el año 2009 en relación al total del de las Comunidades Autónomas que cumplen esta condición. La dispersión se medirá en términos de habitante por entidad singular de población, siendo la dispersión superior a la media si el citado ratio es inferior al medio, refiriéndose los valores al año 2009.

II. Recursos para las Comunidades Autónomas con densidad poblacional inferior a la media: El Estado aportará un fondo de 50 millones que se distribuirán entre las Comunidades Autónomas de régimen común cuya densidad poblacional sea inferior a la media de éstas, en atención al peso relativo de su población ajustada del año 2009 en relación al total de la de las Comunidades Autónomas que cumplen esta condición. La densidad poblacional se medirá en términos de habitante por kilómetro cuadrado, refiriéndose los valores al año 2009. La población ajustada se calculará mediante las variables y ponderaciones que figuran en el artículo 9.

III. Recursos para las políticas de normalización lingüística: Se refuerza la financiación de estas políticas con un importe equivalente a multiplicar por 2,5 la financiación que proporcionaría el sistema regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, en el año 2009, por estas políticas, en aquellas Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

2. En relación a la aplicación del statu quo 2009 y a la incorporación de recursos adicionales, a los efectos del presente artículo se entenderán como recursos proporcionados por el Sistema de Financiación regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, los siguientes, para cada Comunidad Autónoma:

a) El importe de los recursos definitivos correspondientes al Sistema de Financiación regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que se liquidarían para el año 2009, en términos normativos.

b) El importe de la garantía de financiación de los servicios de asistencia sanitaria, que hubiera correspondido a cada Comunidad Autónoma, en el supuesto de serles aplicables la regulación prevista en el artículo 115 de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, a los supuestos y variables del año 2009, con el límite conjunto de 500 millones de euros.

c) Los ingresos por los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Tributos sobre el Juego, computados con criterio normativo, en valores del 2009.

El valor normativo de estos ingresos se computará conforme a las siguientes reglas:

1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se corresponde con el 85% del importe recaudado por este impuesto en el año 2009, en términos homogéneos.

Se entiende por el importe de lo recaudado en términos homogéneos, el importe de la recaudación en cada Comunidad Autónoma que se corresponde con la aplicación de la normativa de estos impuestos en vigor a 1 de enero de 2009.

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se corresponde con el valor normativo del año 2009, en los términos definidos en los artículos 3 y 19.

3. Tributos sobre el Juego. Se corresponde con el valor normativo del año 2009, en los términos definidos en los artículos 3 y 19.

d) Los ingresos por tasas afectas a los servicios transferidos computados en valores normativos del 2009, en los términos definidos en los artículos 3 y 19.

e) La compensación estatal por la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.

f) Los ingresos por la recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, por su valor normativo en el año 2009, entendiendo por tal la recaudación real imputada a cada Comunidad Autónoma en dicho año sin el ejercicio de las competencias normativas.

g) El coste de los servicios transferidos hasta la entrada en vigor del sistema regulado en esta Ley cuyo importe no haya sido tenido en cuenta en la determinación de los recursos definitivos del año 2009 mencionados en el apartado a).

h) Los importes de la dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria y de la dotación de compensación de insularidad incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, por un importe para el conjunto de las Comunidades Autónomas de 655 millones de euros.

i) El importe de la financiación por los servicios traspasados por el Instituto Social de la Marina con anterioridad a 2002, que se transfiere desde el Presupuesto del Organismo a determinadas Comunidades Autónomas, correspondiente al año 2009.

Datos clave

  • El Estado garantiza el statu quo de 2009 con el sistema de la Ley 21/2001 y añade recursos adicionales.
  • Refuerzo del estado de bienestar: 4.900 millones de euros; el 75% según la variación de la población ajustada entre 1999 y 2009.
  • El 25% restante se reparte por población ajustada de 2009 (50%), población potencialmente dependiente (40%) y personas dependientes con derecho a prestación del SISAAD (10%).
  • Fondo de 50 millones para las comunidades con dispersión superior a la media y otro de 50 millones para las de densidad poblacional inferior a la media.
  • Normalización lingüística: se multiplica por 2,5 la financiación de 2009 por estas políticas en las comunidades con competencias sobre ellas.
  • El valor normativo de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el 85% de lo recaudado en 2009, en términos homogéneos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En 2009 se garantiza el statu quo del sistema de la Ley 21/2001 y se suman recursos adicionales: 4.900 millones para el estado de bienestar (75 % por variación de población ajustada, 25 % por tres variables) y otros fondos de dispersión, densidad y normalización lingüística.

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Artículo 6. Recursos adicionales que se integran en el Sistema de Financiación en el año 2010

El artículo 6 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

El Estado incorpora a los recursos definitivos proporcionados por el sistema para el 2010 los siguientes recursos adicionales:

A. Un importe de 1.200 millones de euros repartidos entre las Comunidades Autónomas de régimen común, en atención al peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación, registradas en el SISAAD, en relación al total correspondiente a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, según los datos y ponderaciones utilizados en la Resolución de 21 de mayo de 2009, del IMSERSO, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante el 2009 del nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

B. Un importe de 1.200 millones de euros, repartidos en atención al peso relativo de la población ajustada de cada Comunidad Autónoma en 2009, en relación a la población ajustada total de las Comunidades Autónomas de régimen común, en esa misma fecha. La población ajustada se calculará mediante las variables y ponderaciones que figuran en el artículo 9.

La incorporación de estos recursos adicionales, en virtud de la gradualidad, surtirá efectos por primera vez en 2012, con la liquidación definitiva de los recursos del sistema correspondientes al año 2010.

En la liquidación del 2012 se garantiza que el importe de los recursos adicionales, incluidos los Fondos de Convergencia, será un 30% superior al resultado del total de los incorporados en 2009, que se liquidarán en 2011.

Datos clave

  • En 2010 el Estado incorpora 1.200 millones de euros repartidos según el peso relativo de las personas dependientes con derecho a prestación registradas en el SISAAD.
  • Incorpora otros 1.200 millones de euros repartidos según el peso relativo de la población ajustada de cada comunidad autónoma en 2009.
  • Por la gradualidad, estos recursos surten efectos por primera vez en 2012, con la liquidación definitiva de los recursos de 2010.
  • En la liquidación de 2012 los recursos adicionales, incluidos los Fondos de Convergencia, serán un 30% superiores a los incorporados en 2009, que se liquidan en 2011.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para 2010 el Estado añade dos bloques de 1.200 millones (dependientes del SISAAD y población ajustada de 2009), que surten efecto por primera vez en 2012, con la garantía de que los recursos adicionales serán un 30 % superiores a los de 2009.

Esquema

Recursos adicionales de 2010
BloqueImporteCriterio de reparto
ADependencia1.200 millones de eurosPersonas reconocidas como dependientes con derecho a prestación en el SISAAD
BPoblación1.200 millones de eurosPoblación ajustada de cada Comunidad en 2009

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Artículo 7. Recursos financieros del Sistema en el año base 2007.

Las necesidades globales de financiación a que se refiere el artículo 2 se financiarán con todos los recursos del sistema, en sus valores del año 2007, que se relacionan en los artículos 8, 9 y 10.

Datos clave

  • Las necesidades globales de financiación del artículo 2 se financian con todos los recursos del sistema.
  • Los recursos se toman en sus valores del año 2007 (año base).
  • Los recursos se relacionan en los artículos 8, 9 y 10.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las necesidades globales del año base se cubren con todos los recursos del sistema en valores de 2007: capacidad tributaria, Fondo de Garantía y Fondo de Suficiencia Global.

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Artículo 8. Capacidad tributaria

El artículo 8 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

La capacidad tributaria en el año base se define como el conjunto de los recursos tributarios que corresponden a cada Comunidad Autónoma, en el año 2007.

Forman parte de la capacidad tributaria en el año base los siguientes recursos tributarios:

a) Recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el año 2007, conforme a su valor normativo computado según lo previsto en el artículo 3.

b) Recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos, por sus valores normativos del año 2007, computados según lo previsto en el artículo 3.

c) Recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por su valor normativo en el año 2007, computadas según lo previsto en el artículo 3.

d) Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los residentes en la Comunidad Autónoma, correspondiente a una participación autonómica del 50% en el rendimiento de dicho impuesto.

e) Cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida por IVA.

La atribución a la Comunidad Autónoma del rendimiento del 50 por ciento de la recaudación líquida por IVA en su territorio se sujeta a las siguientes reglas:

Se entiende por recaudación líquida el conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal, antes de descontar la participación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Entidades Locales, con criterio de caja, por los conceptos que integran el Impuesto sobre el Valor Añadido, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta, las devoluciones reguladas en la normativa tributaria y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidos en el Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

El valor de la cesión del 50 por ciento del IVA para el año base 2007, se determina del modo siguiente:

IVA i (2007) = IVA E (2007) * 50% * ICV i (2007)

El término IVA E (2007) representa la recaudación líquida por IVA obtenida por el Estado en 2007.

El término ICV i (2007) representa el índice de consumo de la Comunidad Autónoma i para 2007, certificado por el INE.

f) Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza.

La atribución a la Comunidad Autónoma del rendimiento del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza en su territorio se sujeta a las siguientes reglas:

Se entiende por recaudación líquida el conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal, antes de descontar la participación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Entidades Locales, con criterio de caja, por los conceptos que integran el Impuesto sobre la Cerveza, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta, las devoluciones reguladas en la normativa tributaria y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidos en el Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

El valor de la cesión del 58 por ciento del Impuesto sobre la Cerveza para el año base 2007 se determina del modo siguiente:

IEC i (2007) = IEC E (2007) * 58% * ICC i (2007)

El término IEC E (2007) representa la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza obtenida por el Estado en 2007.

El término ICC i (2007) representa el índice de consumo de la Comunidad Autónoma i para 2007, certificado por el INE.

g) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

h) Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas.

La atribución a la Comunidad Autónoma del rendimiento del 58 por ciento de la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas en su territorio se sujeta a las siguientes reglas:

Se entiende por recaudación líquida el conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal, antes de descontar la participación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Entidades Locales, con criterio de caja, por los conceptos que integran los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta, las devoluciones reguladas en la normativa tributaria y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidos en el Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

El valor de la cesión del 58 por ciento de los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas para el año base 2007, se determina del modo siguiente:

IEA i (2007) = IEA E (2007) * 58% * ICA i (2007)

El término IEA E (2007) representa la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas obtenida por el Estado en 2007.

El término ICA i (2007) representa el índice de consumo de la Comunidad Autónoma i para 2007, certificado por el INE.

i) Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Hidrocarburos.

La atribución a la Comunidad Autónoma del rendimiento del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Hidrocarburos en su territorio se sujeta a las siguientes reglas:

Se entiende por recaudación líquida el conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal, antes de descontar la participación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Entidades Locales, con criterio de caja, por los conceptos que integran el Impuesto sobre Hidrocarburos, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta, las devoluciones reguladas en la normativa tributaria y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidos en el Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

El valor de la cesión del 58 por ciento del Impuesto sobre Hidrocarburos para el año base 2007, se determina del modo siguiente:

IEH i (2007) = IEH E (2007) * 58% * ICH i (2007)

El término IEH E (2007) representa la recaudación líquida por el Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida por el Estado en 2007.

El término ICH i (2007) representa el índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ponderados por los correspondientes tipos impositivos, en la Comunidad Autónoma i en 2007.

j) Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

La atribución a la Comunidad Autónoma del rendimiento del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco en su territorio se sujeta a las siguientes reglas:

Se entiende por recaudación líquida el conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal, antes de descontar la participación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Entidades Locales, con criterio de caja, por los conceptos que integran el Impuesto sobre las Labores de Tabaco, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta, las devoluciones reguladas en la normativa tributaria y las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidos en el Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

El valor de la cesión del 58 por ciento del Impuesto sobre las Labores del Tabaco para el año base 2007, se determina del modo siguiente:

IELT i (2007) = IELT E (2007) * 58% * ICT i (2007)

El término IELT E (2007) representa la recaudación líquida por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco obtenida por el Estado en 2007.

El término ICT i (2007) representa el índice de ventas a expendedurías de la Comunidad Autónoma i en 2007, certificadas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

k) Cesión del 100 por cien de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad.

La atribución a la Comunidad Autónoma del rendimiento del 100 por cien de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad en su territorio se sujeta a las siguientes reglas:

Se entiende por recaudación líquida, el conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal, antes de descontar la participación de las Comunidades Autónomas de régimen común, con criterio de caja, por los conceptos que integran el Impuesto sobre la Electricidad, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta, las devoluciones establecidas en la normativa tributaria.

El valor de la cesión del 100 por cien del Impuesto sobre la Electricidad para el año base 2007, se determina del modo siguiente:

IEE i (2007) = IEE E (2007) * ICE i (2007)

El término IEE E (2007) representa la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad obtenida por el Estado en 2007.

El término ICE i (2007) representa el índice de consumo neto de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma i en 2007, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Las recaudaciones líquidas y los índices de consumo, ventas y entregas que determinan el valor de la cesión del impuesto a cada Comunidad Autónoma en el año base, se corresponden con los certificados en la liquidación referida en la letra a) del artículo 3.

Datos clave

  • La capacidad tributaria en el año base es el conjunto de recursos tributarios que corresponden a cada comunidad autónoma en el año 2007.
  • Incluye Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Juego, tasas afectas, Ventas Minoristas de Hidrocarburos y Determinados Medios de Transporte, por su valor normativo de 2007.
  • Incluye la tarifa autonómica del IRPF, correspondiente a una participación autonómica del 50% en su rendimiento, y la cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida por IVA.
  • Se cede el 58 por ciento de la recaudación líquida por Cerveza, Productos Intermedios y Alcohol, Hidrocarburos y Labores del Tabaco; también el Impuesto sobre el Vino.
  • Se cede el 100 por cien de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad.
  • La imputación territorial usa índices de consumo, ventas o entregas; el índice de consumo para IVA, Cerveza y Alcohol lo certifica el INE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La capacidad tributaria del año base son los recursos tributarios de cada Comunidad en 2007: tributos cedidos en valor normativo, el 50 % del IRPF y del IVA, el 58 % de varios impuestos especiales y el 100 % del Impuesto sobre la Electricidad.

Esquema

Porcentajes de cesión en la capacidad tributaria
ImpuestoPorcentajeÍndice de reparto
e)IVA50 por cientoÍndice de consumo (INE)
f)Cerveza58 por cientoÍndice de consumo (INE)
h)Productos Intermedios y Alcohol58 por cientoÍndice de consumo (INE)
i)Hidrocarburos58 por cientoEntregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos
j)Labores del Tabaco58 por cientoVentas a expendedurías (Comisionado)
k)Electricidad100 por cienConsumo neto de energía eléctrica

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Artículo 9. Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

El artículo 9 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía dispone lo siguiente.

La transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tiene por objeto asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar. Es un mecanismo de garantía en el cual participan todas las Comunidades Autónomas con un porcentaje de sus recursos tributarios anteriormente definidos, en términos normativos, y el Estado con su aportación de recursos adicionales.

Este mecanismo de garantía se instrumenta mediante los siguientes elementos:

a) Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales: El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en adelante el Fondo de Garantía, se forma en el año base con el 75% de los recursos tributarios anteriormente definidos del año 2007 que corresponden a cada Comunidad Autónoma, en términos normativos y debidamente homogeneizados, y con la aportación provisional del Estado por los recursos adicionales de la letra A y epígrafes I y II de la letra B, ambos del artículo 5, y el importe de la letra g) del artículo 3.

Posteriormente, con la incorporación de los recursos adicionales previstos en el artículo 6 a las necesidades globales de financiación, se añadirá el importe de estos recursos adicionales a la aportación provisional del Estado al Fondo de Garantía en el año base, constituyendo la aportación definitiva del Estado en el año base.

b) Participación de las Comunidades Autónomas en el Fondo de Garantía: Las Comunidades Autónomas participan en el Fondo de Garantía correspondiente al 2007, con arreglo a su reparto atendiendo a las siguientes variables, que determinan la unidad de necesidad o población ajustada:

Población. La distribución por esta variable se efectúa proporcionalmente a la población contenida en el Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2007, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La ponderación de esta variable es del 30 por ciento.

Superficie. El reparto de acuerdo con esta variable se lleva a cabo en función de la superficie territorial, en km2, de cada Comunidad Autónoma publicada por el INE. La ponderación de esta variable es del 1,8 por ciento.

Dispersión. La asignación por esta variable se efectúa en proporción al número de entidades singulares, núcleos de población, de cada Comunidad Autónoma, según los datos facilitados por el INE obtenidos del Padrón Municipal de 2007. La ponderación de esta variable es del 0,6 por ciento.

Insularidad. La imputación por esta variable se efectúa proporcionalmente a la distancia en kilómetros, ponderada por tramos, entre las costas de la península y las capitales insulares, sobre la base de la información facilitada por el Ministerio de Fomento o departamento competente. La ponderación de esta variable es del 0,6 por ciento.

Población protegida equivalente distribuida en siete grupos de edad, con arreglo a la metodología descrita en el Informe del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario, publicado en septiembre de 2007. La distribución por esta variable se efectúa proporcionalmente al valor de la misma para 2007, según las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. La ponderación de esta variable es del 38 por ciento.

Conforme a dicha metodología, a efectos de determinar la población protegida equivalente, la población protegida se pondera por 1,031 para niños de 0 a 4 años, por 0,433 entre 5 y 14, por 0,547 entre 15 y 44, por 0,904 entre 45 y 54, por 1,292 entre 55 y 64, por 2,175 entre 65 y 74, y finalmente por 2,759 a partir de 75 años.

Población mayor de sesenta y cinco años. La asignación, de acuerdo con esta variable, se lleva a cabo en función de la población mayor de sesenta y cinco años del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2007, elaborado por el INE. La ponderación de esta variable es del 8,5 por ciento.

Población entre 0 y 16 años. La asignación, de acuerdo con esta variable, se lleva a cabo en función de la población entre 0 y 16 años del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2007, elaborado por el INE. La ponderación de esta variable es del 20,5 por ciento.

c) Cálculo de la transferencia de garantía: La transferencia de garantía es el saldo positivo o negativo por Comunidad Autónoma, de la diferencia entre el importe de la participación de cada Comunidad en el Fondo de Garantía para el año 2007 y el 75% de los recursos tributarios en términos normativos de cada Comunidad Autónoma correspondientes al año 2007.

TG i (2007) = PFG i (2007) - 75% RT i (2007)

Datos clave

  • El Fondo de Garantía asegura los mismos recursos por habitante ajustado para los servicios públicos fundamentales.
  • Se forma con el 75 % de los recursos tributarios de cada Comunidad en términos normativos y con la aportación del Estado.
  • Ponderaciones: población 30 %, superficie 1,8 %, dispersión 0,6 % e insularidad 0,6 %.
  • Ponderaciones: población protegida equivalente 38 %, mayores de sesenta y cinco años 8,5 % y población de 0 a 16 años 20,5 %.
  • La población protegida equivalente se distribuye en siete grupos de edad.
  • Transferencia de garantía: participación en el Fondo menos el 75 % de los recursos tributarios normativos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Garantía asegura los mismos recursos por habitante ajustado para los servicios públicos fundamentales: se nutre del 75 % de los recursos tributarios de cada Comunidad y de la aportación del Estado, y se reparte por siete variables de población ajustada.

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Artículo 10. Fondo de Suficiencia Global.

1. El Fondo de Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma en el año base es la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma en el año base y la suma de su capacidad tributaria, más la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en el mismo año.

2. Como consecuencia de lo señalado en el artículo 5, la determinación del Fondo de Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma en el año base se realizará inicialmente de forma provisional sin perjuicio de una primera regularización cuando se conozcan las variables y los recursos necesarios para determinar el cumplimiento del objetivo señalado en el mencionado artículo. Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, se parte de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma en el año 2009, representadas por el cumplimiento del objetivo señalado en el artículo 5. Se comparan dichas necesidades globales de financiación con la suma de la capacidad tributaria y de la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que corresponden a cada Comunidad Autónoma en sus valores del año 2009, con arreglo a lo establecido en este título. Por diferencia se obtiene el Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Autónoma en el año 2009, cuyo importe se convierte a valores del año base, mediante la aplicación de la variación entre el ITE 2009 y el ITE 2007, determinados con arreglo a lo establecido en el artículo 20.

3. En el momento de la incorporación de los recursos adicionales descritos en el artículo 6 a las necesidades globales de financiación y como consecuencia de la inclusión de estos recursos en la aportación del Estado al Fondo de Garantía en el año base, se procederá a determinar el Fondo de Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma para el año 2010, regularizándose definitivamente el correspondiente al año base. Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior se parte de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma correspondientes al año 2010, una vez incrementadas con los recursos adicionales establecidos en el artículo 6. Se comparan dichas necesidades globales de financiación con la suma de la capacidad tributaria y de la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que corresponden a cada Comunidad Autónoma en sus valores del año 2010, calculada esta última a partir de la aportación definitiva del Estado al Fondo de Garantía en el año base, descrita en el último párrafo de la letra a) del artículo 9. Por diferencia se obtiene el Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Autónoma en el año 2010, cuyo importe se convierte a valores del año base, mediante la aplicación de la variación entre el ITE 2010 y el ITE 2007, determinados con arreglo a lo establecido en el artículo 20.

Datos clave

  • El Fondo de Suficiencia Global en el año base es la diferencia entre necesidades globales de financiación y capacidad tributaria más transferencia del Fondo de Garantía.
  • Puede ser positivo o negativo.
  • Se determina inicialmente de forma provisional, con una primera regularización.
  • Su importe se convierte a valores del año base con la variación del ITE (artículo 20).
  • Se regulariza definitivamente al incorporar los recursos adicionales del artículo 6, determinando el de 2010.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Suficiencia Global cierra el sistema: necesidades globales menos capacidad tributaria y transferencia de garantía. Se calcula provisionalmente y se regulariza con 2009 y, definitivamente, con 2010.

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Artículo 11. Evolución del sistema de financiación. Suficiencia dinámica.

El artículo 11 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía dispone lo siguiente.

1. La financiación de cada Comunidad Autónoma estará constituida por el valor definitivo, correspondiente a cada año, de los recursos del Sistema de Financiación que le sean aplicables.

2. A estos efectos, a partir de la entrada en vigor del sistema y, en relación con los recursos constituidos por la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global, las Comunidades Autónomas recibirán, cada año, la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los citados recursos que les sean de aplicación y, en el año en que se conozcan todos los valores definitivos de los citados recursos, la liquidación definitiva que corresponda, por diferencia entre el importe de los valores definitivos de los mismos y las entregas a cuenta percibidas.

Para la determinación del importe de las entregas a cuenta señaladas en el párrafo anterior se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio que corresponda.

3. La liquidación definitiva de todos los recursos del sistema y de los Fondos de convergencia regulados en el título II, se practicará de forma conjunta en un solo acto. En el supuesto de que la liquidación definitiva de los recursos señalados en el apartado 2 anterior sea negativa se ingresará mediante compensación en el importe que la Comunidad Autónoma perciba en concepto de liquidación del resto de recursos del sistema y de los Fondos de convergencia autonómica regulados en el título II, y, no siendo este suficiente, el saldo restante se compensará en el importe que reciba mensualmente por las entregas a cuenta de cualquier recurso del sistema, hasta su total cancelación.

En el anterior supuesto se compensará, en primer lugar, el saldo negativo de la liquidación de las transferencias del Fondo de Garantía, importe que deberá cancelarse en todo caso en el año de la liquidación.

En el supuesto en que no sea posible efectuar las compensaciones anteriores con los recursos del ejercicio en que se practica la liquidación, se emplearán las entregas a cuenta del ejercicio siguiente, de cualquier recurso del sistema.

Datos clave

  • La financiación de cada Comunidad es el valor definitivo anual de los recursos del sistema que le sean aplicables.
  • Se perciben entregas a cuenta y, al conocerse los valores definitivos, la liquidación definitiva.
  • Las entregas a cuenta usan las previsiones del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • La liquidación de todos los recursos y de los Fondos de convergencia se practica conjuntamente en un solo acto.
  • El saldo negativo del Fondo de Garantía se compensa en primer lugar y se cancela en el año de la liquidación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Suficiencia dinámica: cada año las Comunidades reciben entregas a cuenta y, cuando se conocen los valores definitivos, una liquidación conjunta; si sale negativa se compensa, empezando por el Fondo de Garantía.

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Artículo 12. Tarifa autonómica del IRPF: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

El artículo 12 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

AC TIRi (x) = RPC PGE (x) * Ia TIRi (x/ua) * 0,98

Siendo:

AC TIRi (x) | el importe anual del anticipo que deberá abonar el Estado a la Comunidad Autónoma i en concepto de entrega a cuenta del rendimiento en el año (x) de la tarifa autonómica del IRPF. |

RPC PGE (x) | el importe de la previsión presupuestaria de ingresos de IRPF para el año (x) por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados. |

Ia TIRi (x/ua) | el índice de actualización o incremento previsto, para la tarifa autonómica del impuesto de la Comunidad Autónoma i, entre el último año (ua) con liquidación definitiva practicada y el año (x). |

El índice de actualización es el resultado de practicar la siguiente operación.

[imagen]

En esta fórmula, las razones que figuran en el segundo miembro representan respectivamente:

[imagen] | Relación de las cuotas líquidas por tarifa autonómica del IRPF más retenciones de no declarantes de la Comunidad Autónoma i, sobre la cuota líquida total del IRPF más las retenciones de no declarantes totales, en el último año con datos definitivos. |

[imagen] | Relación entre la estimación de la cuota autonómica de la Comunidad Autónoma i resultante de aplicar modificaciones normativas aprobadas por ella para el año (x), respecto al último año conocido (ua), e igual estimación sin considerar dichas modificaciones. |

[imagen] | Índice de discrepancia entre la cuota líquida total más las retenciones de no declarantes totales, ambos del último ejercicio conocido y los derechos reconocidos netos correspondientes a retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, por el IRPF, en ese mismo ejercicio. |

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la Tarifa Autonómica del IRPF definida en el artículo 26.1.B).a) correspondiente a cada año y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las comunidades autónomas participan en la recaudación líquida de cada ejercicio mediante una entrega a cuenta del rendimiento definitivo de la tarifa autonómica del IRPF.
  • Fórmula de la entrega a cuenta: AC TIRi (x) = RPC PGE (x) * Ia TIRi (x/ua) * 0,98.
  • RPC PGE (x) es la previsión presupuestaria de ingresos de IRPF del año por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados.
  • La entrega a cuenta se abona por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.
  • La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la tarifa autonómica de cada año y las entregas a cuenta percibidas en ese año.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comunidad recibe cada año una entrega a cuenta de su tarifa autonómica del IRPF, calculada sobre la previsión presupuestaria con un índice de actualización y un factor 0,98, pagada por doceavas y regularizada después en la liquidación definitiva.

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Artículo 13. Cesión del 50 por ciento de la recaudación líquida por IVA: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.

El artículo 13 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

AC IVAi (x) = 50% * RP IVA (x) * ICVP i (x) * 0,98

Siendo:

AC IVAi (x) es el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación de IVA obtenida en el año (x).

RP IVA (x) la recaudación líquida prevista de IVA en el año (x).

ICVP i (x) el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año (x).

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de IVA.

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en la letra e) del artículo 8 a cada año, y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.
  • AC IVAi (x) = 50% * RP IVA (x) * ICVP i (x) * 0,98
  • AC IVAi (x) es el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación de IVA obtenida en el año (x).
  • La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en la letra e) del artículo 8 a cada año, y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La entrega a cuenta del IVA es el 50 % de la recaudación líquida prevista por el índice provisional de consumo de la Comunidad y por 0,98; se paga por doceavas y se regulariza con la fórmula de la letra e) del artículo 8.

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Artículo 14. Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.

El artículo 14 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

AC IECi (x) = 58% * RP IEC (x) * ICCP i (x) * 0,98

Siendo:

AC IECi (x) es el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre la Cerveza obtenida en el año (x).

RP IEC (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre la Cerveza en el año (x).

ICCP i (x) el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año (x).

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre la Cerveza.

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en la letra f) del artículo 8 a cada año, y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.
  • AC IECi (x) = 58% * RP IEC (x) * ICCP i (x) * 0,98
  • AC IECi (x) es el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre la Cerveza obtenida en el año (x).
  • RP IEC (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre la Cerveza en el año (x).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La entrega a cuenta del Impuesto sobre la Cerveza es el 58 % de la recaudación líquida prevista por el índice provisional de consumo de la Comunidad y por 0,98; se cobra por doceavas y se ajusta con la letra f) del artículo 8.

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Artículo 15. Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.

El artículo 15 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

AC IEAi (x) = 58% * RP IEA (x) * ICAP i (x) * 0,98

Siendo:

AC IEAi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación de los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas obtenida en el año (x).

RP IEA (x) la recaudación líquida prevista por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas en el año (x).

ICAP i (x) el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año (x).

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas.

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en la letra h) del artículo 8 a cada año, y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.
  • AC IEAi (x) = 58% * RP IEA (x) * ICAP i (x) * 0,98
  • AC IEAi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación de los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas obtenida en el año (x).
  • RP IEA (x) la recaudación líquida prevista por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas en el año (x).
  • ICAP i (x) el índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año (x).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Productos Intermedios y Alcohol y Bebidas Derivadas: entrega a cuenta del 58 % de la recaudación prevista por el índice provisional de consumo y 0,98, por doceavas, y liquidación con la letra h) del artículo 8.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 16. Cesión parcial de la recaudación líquida por los tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.

El artículo 16 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

AC IEHi (x) = [58% * RP IEH1 (x) + 100% * R PIEH2 (x)]* ICHP i (x) *0,98

Siendo:

AC IEHi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación por los tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida en el año (x).

RP IEH1 (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre Hidrocarburos en el año (x), derivada de la aplicación del tipo estatal general.

RP IEH2 (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre Hidrocarburos en el año (x) derivada de la aplicación del tipo estatal especial.

ICHP i (x) el índice provisional de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos estatales, de la Comunidad Autónoma i para el año (x).

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre Hidrocarburos.

El valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos en el año (x) será el que se derive de la aplicación de la siguiente fórmula:

IEH i (x) = [IEH 1 (x) * 58% + IEH 2 (x) * 100%] * ICH i (x)

Siendo:

IEH i (x) el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Hidrocarburos en el año (x), correspondiente a la Comunidad Autónoma i.

IEH 1 (x) la recaudación líquida del Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida por el Estado en el año (x), derivada de la aplicación del tipo estatal general.

IEH 2 (x) la recaudación líquida del Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida por el Estado en el año (x), derivada de la aplicación del tipo estatal especial.

ICH i (x) el índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos estatales, de la Comunidad Autónoma i para el año (x).

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos que resulte de la aplicación de la fórmula anterior y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.
  • RP IEH1 (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre Hidrocarburos en el año (x), derivada de la aplicación del tipo estatal general.
  • RP IEH2 (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre Hidrocarburos en el año (x) derivada de la aplicación del tipo estatal especial.
  • IEH 1 (x) la recaudación líquida del Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida por el Estado en el año (x), derivada de la aplicación del tipo estatal general.
  • IEH 2 (x) la recaudación líquida del Impuesto sobre Hidrocarburos obtenida por el Estado en el año (x), derivada de la aplicación del tipo estatal especial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hidrocarburos tiene dos tipos estatales: se cede el 58 % de lo recaudado por el tipo general y el 100 % del tipo especial, repartidos por el índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos.

Esquema

Tipos estatales del Impuesto sobre Hidrocarburos
Tipo estatal generalTipo estatal especial
Porcentaje cedido58%100%
Índice de repartoEntregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleosEntregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos

¿Me lo sé? Flashcards

1 / 3

Artículo 17. Cesión del 58 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.

El artículo 17 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

P IELTi (x) = 58% * RP IELT (x) * ICTP i (x) * 0,98

Siendo:

P IELTi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco obtenida en el año (x).

RP IELT (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre las Labores de Tabaco en el año (x).

ICTP i (x) el índice provisional de ventas a expendedurías, de la Comunidad Autónoma i para el año (x), ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en la letra j) del artículo 8 a cada año y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.
  • P IELTi (x) = 58% * RP IELT (x) * ICTP i (x) * 0,98
  • P IELTi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i, en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco obtenida en el año (x).
  • RP IELT (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre las Labores de Tabaco en el año (x).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Labores del Tabaco: entrega a cuenta del 58 % de la recaudación prevista por el índice provisional de ventas a expendedurías y 0,98, cobrada por doceavas y liquidada con la letra j) del artículo 8.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 18. Cesión del 100 por cien de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.

El artículo 18 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

P IEEi (x) = RP IEE (x) * ICEP i (x) * 0,98

Siendo:

P IEEi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre la Electricidad obtenida en el año (x).

RP IEE (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre la Electricidad en el año (x).

ICEP i (x) el índice provisional de consumo neto de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma i para el año (x).

El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los párrafos anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre la Electricidad.

La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad que resulte de la aplicación de la fórmula contenida en la letra k) del artículo 8 a cada año y las entregas a cuenta percibidas por este tributo en ese año.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas participarán en la recaudación líquida que se obtenga en cada ejercicio, mediante la determinación de una entrega a cuenta del rendimiento definitivo.
  • P IEEi (x) = RP IEE (x) * ICEP i (x) * 0,98
  • P IEEi (x) el importe anual del anticipo a la Comunidad Autónoma i en concepto de entrega a cuenta de la recaudación del Impuesto sobre la Electricidad obtenida en el año (x).
  • RP IEE (x) la recaudación líquida prevista por el Impuesto sobre la Electricidad en el año (x).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Electricidad: se cede el 100 %, así que la entrega a cuenta es la recaudación líquida prevista por el índice provisional de consumo neto de energía eléctrica y por 0,98, y se liquida con la letra k) del artículo 8.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 19. Transferencia del Fondo de Garantía: Entregas a cuenta y liquidación definitiva

El artículo 19 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Las Comunidades Autónomas recibirán una entrega a cuenta de la Transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía que les corresponda en cada ejercicio.

La determinación de la cuantía de esta entrega a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

ACTG i (x) = PPFG i (x) - 75% PRT i (x)

Siendo:

ACTG i (x) el importe anual del anticipo con destino o procedente de la Comunidad Autónoma i en concepto de entrega a cuenta de la transferencia del Fondo de Garantía correspondiente al año (x).

PPFG i (x) la previsión de participación en el Fondo de Garantía, correspondiente a la Comunidad Autónoma i en el año (x).

PRT i (x) la previsión de recaudación de recursos tributarios correspondientes a la Comunidad Autónoma i en el año (x), en términos normativos.

2. Previsión del Fondo de Garantía. La previsión del Fondo de Garantía para el año (x) se integra por los siguientes importes:

a) El 75% de la previsión de los recursos tributarios sujetos a liquidación para el año (x), en términos normativos y homogeneizados.

En relación con los recursos sujetos a liquidación se entiende por valor normativo el importe de su rendimiento sin tener en cuenta el ejercicio de competencias normativas realizado por la Comunidad Autónoma.

b) El 75% de la previsión de los recursos tributarios que no se liquidan por la Administración General del Estado, en valores normativos, para el año (x), de acuerdo con los últimos datos disponibles.

La suma de las letras a) y b), para cada Comunidad Autónoma, se corresponde con el 75% de la previsión de recursos tributarios [PRTi (x)].

c) El importe provisional de la aportación del Estado en el año (x). Este se determina mediante la aplicación al importe aportado por el Estado en el año base, del cociente entre el ITE provisional del año (x) en relación al ITE del año base, calculados conforme se definen en el artículo 20.

3. Previsión de la participación de cada Comunidad Autónoma en el Fondo de Garantía. La previsión de la participación de la Comunidad Autónoma i en el año x [PPFGi (x)] es el resultado de distribuir el importe del Fondo de Garantía descrito en el apartado anterior, con arreglo a las variables y sus ponderaciones establecidas en la letra b) del artículo 9, por sus valores previstos para el año (x).

Se entiende por valores previstos de las variables para el año (x), los correspondientes al último año publicado en el momento de determinar las entregas a cuenta de los recursos tributarios a liquidar.

4. Los valores normativos de los recursos tributarios que no se liquidan por el Estado serán los siguientes:

I. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los valores normativos serán los siguientes:

a) Para el año 2009, el valor normativo de este impuesto para cada Comunidad Autónoma se corresponde con el 85% del importe recaudado por este impuesto, en términos homogéneos.

b) Para el resto de años, el valor normativo en el año (x) para cada Comunidad Autónoma será el resultado de aplicar al valor normativo del año 2009 el índice que resulta de la variación de la suma de los rendimientos definitivos por el IRPF, IVA e IIEE de fabricación percibidos por cada Comunidad Autónoma en el año (x) respecto a los rendimientos por esos mismos conceptos en el año 2009, en términos homogéneos y sin capacidad normativa.

II. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el Juego y tasas afectas a los servicios transferidos. Los valores normativos en el año (x) serán el resultado de actualizar sus importes en el año base, por el cociente entre el ITE definitivo del año (x) en relación al ITE del año base, calculados conforme se definen en el artículo 20.

III. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. El valor normativo en el año (x) se corresponde con la recaudación real por este impuesto imputada a cada Comunidad Autónoma en el año (x), sin el ejercicio de competencias normativas.

5. El importe que se obtenga en concepto de entrega a cuenta, según la fórmula establecida en los apartados anteriores, se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma, en el supuesto de ser positiva la transferencia, o por cada Comunidad Autónoma, en el caso de que su signo sea negativo, mediante entrega por doceavas partes mensuales, tramitándose como pagos o ingresos, respectivamente, por operaciones no presupuestarias del Estado.

En el supuesto de que la transferencia del Fondo de Garantía sea negativa, las entregas a cuenta se ingresarán mediante compensación en el importe que la Comunidad Autónoma perciba mensualmente por las entregas a cuenta del resto de recursos.

6. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre el valor definitivo de la transferencia del Fondo de Garantía, que resulte del cálculo para cada año de lo previsto en el artículo 9 y las entregas a cuenta percibidas.

Los valores definitivos de las variables de reparto del Fondo de Garantía para el año (x) serán los últimos disponibles en el momento de conocerse los valores definitivos de los recursos tributarios a liquidar en el año (x), referidos a 1 de enero.

La aportación definitiva del Estado al Fondo de Garantía en el año (x) se calculará mediante la aplicación a la aportación del Estado en el año base, del cociente entre el ITE definitivo del año (x) en relación al ITE del año base, calculados conforme se definen en el artículo 20.

El importe que se obtenga en concepto de liquidación definitiva se hará efectivo a cada Comunidad Autónoma, tramitándose como pagos o ingresos, respectivamente, por operaciones no presupuestarias del Estado.

7. Al finalizar el ejercicio, el saldo del concepto de operaciones no presupuestarias por las entregas a cuenta y liquidaciones definitivas de las transferencias del Fondo de Garantía se cancelará aplicándose al presupuesto de gastos o ingresos, según proceda, en concepto de transferencias.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas reciben una entrega a cuenta de la Transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía en cada ejercicio.
  • La entrega a cuenta es la previsión de participación en el Fondo menos el 75% de la previsión de recursos tributarios en términos normativos.
  • El Fondo se integra por el 75% de los recursos tributarios previstos y por la aportación provisional del Estado, actualizada con el ITE.
  • Valor normativo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en 2009: el 85% de lo recaudado, en términos homogéneos.
  • La entrega a cuenta se hace efectiva por doceavas partes mensuales como operaciones no presupuestarias del Estado; si es negativa, se ingresa por compensación.
  • La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo de la transferencia y las entregas a cuenta percibidas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La transferencia del Fondo de Garantía se anticipa con entregas a cuenta (participación prevista menos el 75 % de los recursos tributarios previstos), que pueden ser a favor o en contra de la Comunidad, y se liquida después con los valores definitivos.

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Artículo 20. Fondo de Suficiencia Global: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva

El artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía recibirán cada año, o harán efectiva en su caso, una entrega a cuenta del Fondo de Suficiencia Global que les corresponda, que se determinará por aplicación de la siguiente fórmula:

FS i (x) = FS i (2007) * [ ITE(x) / ITE(2007) ] * 0,98

Siendo:

FS i (x) el importe anual de la entrega a cuenta para la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía i, en el año (x), de su Fondo de Suficiencia Global.

FS i (2007) el importe para la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía i, en el año base, de su Fondo de Suficiencia Global.

ITE(x) e ITE(2007) , los importes provisionales disponibles de los ITE en el año (x) y en el año base, respectivamente, debidamente homogeneizados.

A estos efectos, se dotarán en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado los créditos correspondientes a los importes calculados, que se harán efectivos por doceavas partes, para el supuesto de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía con Fondo de Suficiencia Global positivo.

Las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global a favor del Estado se ingresarán por doceavas partes, mediante compensación con las entregas a cuenta de los recursos tributarios a liquidar. En este supuesto, el resultado de la fórmula anterior se reflejará como derecho en el Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado.

2. La liquidación definitiva del Fondo de Suficiencia Global de cada Comunidad Autónoma se determinará por la diferencia entre el valor definitivo del Fondo en el año (x), resultante de la aplicación del cociente entre el ITE definitivo en el año (x) y el ITE del año base debidamente homogeneizados, y el importe de las entregas a cuenta percibidas calculadas con el ITE provisional. En el supuesto de que dicha liquidación sea a favor del Estado se ingresará en el presupuesto de ingresos del Estado mediante compensación. Si la liquidación es a favor de la Comunidad Autónoma se aplicará al crédito correspondiente de la Sección 32.

A los efectos anteriores, el ITE está constituido por la recaudación estatal en el ejercicio, excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas, por IRPF, IVA y los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda realizará los cálculos necesarios para homogeneizar los ITES cuya variación se deba estimar, con arreglo a los criterios establecidos en esta Ley, de manera que los cambios derivados de las distintas cesiones de impuestos resulten neutrales en la medición de esta variación.

Para dar cumplimiento a lo anterior se observarán las siguientes reglas generales:

a) Los ITES cuya variación se determina deberán contener los importes imputados al presupuesto del Estado por las entregas a cuenta y liquidaciones de los recursos tributarios cedidos mencionados en el apartado anterior. En el supuesto de que las entregas a cuenta imputadas en el año base no estén calculadas con los mismos términos de cesión que en el año corriente, se realizará una simulación de las del año base en esos mismos términos. Esto mismo se llevará a cabo con las liquidaciones imputadas en los ITES que se comparan.

b) Se entiende por términos de cesión, los porcentajes de cesión de los tributos utilizados para el cálculo de las entregas a cuenta y del rendimiento definitivo.

c) En el supuesto de que se produzcan aplazamientos o fraccionamientos de las liquidaciones, la imputación en el año corriente se realizará conforme se ingresen o paguen las mismas bien en efectivo o mediante compensación. En el año base se computará la liquidación calculada con los mismos términos de cesión que en el año corriente sin considerar los aplazamientos.

d) Cuando deban realizarse cálculos de la variación entre el ITE de dos años y ninguno de ellos sea el año base 2007, la variación de esos ITEs se determinará por el cociente entre las variaciones de los ITES correspondientes a los años en cuestión en relación con el año base 2007.

El Ministerio de Economía y Hacienda podrá realizar las adaptaciones en la aplicación presupuestaria de los recursos del sistema que permitan las necesarias homogeneizaciones en cumplimiento de estas reglas generales y de la disposición transitoria cuarta.

Datos clave

  • La entrega a cuenta del Fondo de Suficiencia Global se calcula así: FS i (x) = FS i (2007) * [ITE(x) / ITE(2007)] * 0,98.
  • Con Fondo positivo, los créditos se dotan en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado y se hacen efectivos por doceavas partes.
  • Las entregas a cuenta a favor del Estado se ingresan por doceavas partes, mediante compensación con las entregas a cuenta de los recursos tributarios.
  • La liquidación definitiva es la diferencia entre el valor definitivo del Fondo con el ITE definitivo y las entregas a cuenta calculadas con el ITE provisional.
  • El ITE es la recaudación estatal, excluido lo cedido a las comunidades autónomas, por IRPF, IVA y los Impuestos Especiales de Fabricación citados.
  • El Ministerio de Economía y Hacienda homogeneiza los ITE para que los cambios por las distintas cesiones de impuestos resulten neutrales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Suficiencia Global evoluciona con el ITE: entrega a cuenta = fondo del año base × ITE del año / ITE de 2007 × 0,98, por doceavas con cargo a la Sección 32 o compensando si es a favor del Estado.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 21. Revisión del Fondo de Suficiencia Global

El artículo 21 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Serán causa de revisión del valor del Fondo de Suficiencia Global en el año base, las siguientes:

1. Traspaso de nuevos servicios, ampliaciones o revisiones de valoraciones de traspasos anteriores, acordados por la respectiva Comisión Mixta y aprobados por Real Decreto. La revisión se hará de oficio por el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con la valoración del traspaso referida al año base que se recoja en el respectivo Real Decreto. Dicha revisión producirá efectos desde el comienzo del ejercicio siguiente a la aprobación del Real Decreto de traspaso, siempre y cuando la publicación de éste se haya realizado antes de la aprobación por el Gobierno del proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado. En cualquier caso, dado que, en el momento del traspaso, el ITE que se aplica para convertir en valores del año base 2007 el coste efectivo es provisional, el valor definitivo de la revisión del Fondo de Suficiencia Global ocasionada por el traspaso se ajustará una vez que se conozca el valor definitivo del ITE correspondiente al año del traspaso.

2. Efectividad de cesión de tributos de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley reguladora de la misma. Para que la revisión se efectúe deberá ser acordada por la respectiva Comisión Mixta, de acuerdo con el valor estimado que hubiera tenido la recaudación en la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía del tributo que se cede, en el año base.

El nuevo valor obtenido por el Fondo de Suficiencia Global producirá efectos desde el comienzo del ejercicio siguiente a aquel en que se haya efectuado su revisión.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de tributos que no existan en el año base, la recaudación en la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía del tributo que se cede, en ese año base, será la correspondiente al año de efectividad de la cesión, deflactada al ITE que se aplica para actualizar su Fondo de Suficiencia Global.

Las variaciones en los tipos impositivos estatales de los Impuestos Especiales de Fabricación e IVA determinarán una revisión del Fondo de Suficiencia Global provisional o definitivo por el importe del incremento o bajada de recaudación estimado para cada Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía. Dicha revisión se hará por el Ministerio de Economía y Hacienda de oficio, sin que sea preciso acuerdo en las Comisiones Mixtas, a estos efectos.

Datos clave

  • Es causa de revisión el traspaso de nuevos servicios o la revisión de traspasos acordados por la Comisión Mixta y aprobados por Real Decreto; la hace de oficio el Ministerio de Economía y Hacienda.
  • Esa revisión produce efectos desde el ejercicio siguiente al Real Decreto de traspaso, si se publicó antes de que el Gobierno aprobara el proyecto de Ley de presupuestos.
  • También es causa la efectividad de cesión de tributos, que debe acordar la Comisión Mixta y surte efectos desde el ejercicio siguiente a la revisión.
  • Las variaciones de los tipos estatales de los Impuestos Especiales de Fabricación e IVA determinan una revisión de oficio, sin acuerdo de las Comisiones Mixtas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Suficiencia Global del año base se revisa por traspasos de servicios, por la efectividad de nuevas cesiones de tributos y por cambios en los tipos estatales de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación.

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Artículo 22. Fondos de Convergencia Autonómica.

Para el cumplimiento de los objetivos de aproximar las Comunidades Autónomas de régimen común en términos de financiación por habitante ajustado y favorecer la igualdad, así como para favorecer el equilibrio económico territorial de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se crean dos nuevos fondos de convergencia autonómica, descritos en los artículos siguientes.

Datos clave

  • Se crean dos fondos de convergencia autonómica.
  • Buscan aproximar a las Comunidades de régimen común en financiación por habitante ajustado y favorecer la igualdad.
  • Buscan favorecer el equilibrio económico territorial de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Son el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Crea dos fondos de convergencia autonómica para acercar la financiación por habitante ajustado, favorecer la igualdad y el equilibrio económico territorial.

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Artículo 23. Fondo de Competitividad.

1. Se crea el Fondo de Competitividad, mediante recursos adicionales del Estado con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que se incentiva la autonomía y la capacidad fiscal en todas y cada una de las Comunidades Autónomas y se desincentiva la competencia fiscal a la baja. Mediante este Fondo, se pretende garantizar que aquellas Comunidades Autónomas cuyos recursos por habitante ajustado proporcionados por el nuevo modelo previos a la aplicación de este Fondo sean inferiores a la media, teniendo en cuenta la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas, vean incrementados dichos recursos con arreglo a las reglas de funcionamiento de este Fondo.

2. En los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente el Fondo de Competitividad con los recursos necesarios para cumplir con los citados objetivos. El importe del Fondo de Competitividad en 2009 será el equivalente al 70% de los recursos adicionales contenidos en el epígrafe I de la letra A del artículo 5. Dicho importe se actualizará en los años siguientes mediante la aplicación de la variación del ITE disponible en el periodo comprendido entre el 2009 y el año para el que se calcule el fondo, determinada con las reglas establecidas en el artículo 20.

3. El Fondo de Competitividad se repartirá anualmente entre las Comunidades Autónomas de régimen común con financiación per cápita ajustada inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de su población ajustada relativa. Para ello se definen los siguientes conceptos: 1.º Financiación homogénea de la Comunidad Autónoma en el año (x). Es el valor normativo definitivo del conjunto de recursos financieros proporcionados por el presente sistema en el año (x) a la Comunidad Autónoma, una vez deducido el valor de la financiación de sus competencias no homogéneas en ese año. 2.º Financiación no homogénea de la Comunidad Autónoma en el año (x). El valor de la financiación en el año (x) que corresponde a las competencias no homogéneas. Son competencias no homogéneas aquellas competencias significativas transferidas a una Comunidad Autónoma e integradas en el sistema, que no hayan sido traspasadas e integrada su financiación en el sistema en el año (x), para la totalidad de las Comunidades Autónomas. El valor de la financiación de las competencias no homogéneas en el año (x) es el resultado de aplicar a su valor en el año base 2007, el cociente entre el ITE definitivo del año (x) en relación al ITE del año base, ambos debidamente homogeneizados y calculados conforme lo previsto en el artículo 20. En virtud de lo anterior, las competencias no homogéneas en el año (x) serán las siguientes:

a) Competencias no homogéneas que se consideraron para el cómputo de las homogeneizaciones negativas del año base 1999, determinado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, ajustadas con los posibles servicios traspasados integrados en el sistema hasta el año (x) que pasen a ser competencias homogéneas por haber sido traspasadas a todas las Comunidades Autónomas.

b) Nuevas competencias integradas en el sistema hasta el año (x) que se correspondan con competencias no homogéneas. El valor de las competencias no homogéneas en el año base 2007 será: Para traspasos efectuados e integrada su financiación en el sistema con anterioridad a 1 de enero de 2009, el que corresponda a actualizar su valor en el año base 1999, de acuerdo a la Ley 21/2001, de 27 de diciembre y lo establecido en el artículo 5.1.B.III de esta Ley, por la variación del ITE entre los años 1999 y 2007. Para traspasos efectuados e integrada su financiación en el sistema con posterioridad a 1 de enero de 2009, el que corresponda de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 3.º Financiación homogénea por habitante ajustado de la Comunidad Autónoma en el año (x). Es el resultado de dividir la financiación de la Comunidad Autónoma definida en el punto 1.º, por la población ajustada de la misma en el año (x). La población ajustada se calculará mediante las variables y ponderaciones que figuran en el artículo 9, aplicadas al año (x). 4.º Financiación homogénea por habitante ajustado media en el año (x). Es el resultado de dividir el total de la financiación homogénea de las Comunidades Autónomas de régimen común en el año (x), entre el total de la población ajustada en ese año. 5.º Capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma en el año (x). Es el valor resultante de la suma de los recursos tributarios de una Comunidad Autónoma en el año (x), incluidos en la capacidad tributaria, computados por sus valores normativos, siempre y cuando los valores reales no resulten inferiores, en cuyo caso se computarían los reales. 6.º Capacidad fiscal por habitante ajustado de la Comunidad Autónoma en el año (x). Es el resultado de dividir la capacidad fiscal definida en el punto anterior, por la población ajustada de la misma en el año (x). La población ajustada se calculará mediante las variables y ponderaciones que figuran en el artículo 9, aplicadas al año (x). 7.º Capacidad fiscal por habitante ajustado media en el año (x). Es el resultado de dividir el total de la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas de régimen común en el año (x), entre el total de la población ajustada en ese año. 8.º Índice de capacidad fiscal por habitante ajustado de la Comunidad Autónoma en el año (x). El resultado de sumar 0,75 al cociente de la capacidad fiscal por habitante ajustado de la Comunidad Autónoma en el año (x) entre la capacidad fiscal por habitante ajustado media en el año (x) una vez ponderado por 0,25.

4. En virtud de lo anterior son beneficiarias del Fondo de Competitividad del año (x) aquellas Comunidades Autónomas que, respecto al año (x) cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) El índice que representa su financiación homogénea por habitante ajustado respecto a la financiación homogénea por habitante ajustado media, sea inferior a 1.

b) El índice que representa su financiación homogénea por habitante ajustado respecto a la financiación homogénea por habitante ajustado media, sea inferior al índice de su capacidad fiscal por habitante ajustado. El índice de capacidad fiscal por habitante ajustado a estos efectos no podrá superar, en ningún caso, el límite establecido en la Ley.

5. La dotación anual del Fondo de Competitividad se repartirá entre las Comunidades Autónomas beneficiarias del Fondo, en atención al peso de su población ajustada en relación con el total de la población ajustada de las Comunidades Autónomas beneficiarias. Cuando el índice que resulta de dividir la financiación homogénea de la Comunidad Autónoma por habitante ajustado, una vez adicionada su participación en los Fondos de Convergencia autonómica, por la financiación homogénea por habitante ajustado media, alcance el índice de capacidad fiscal con el límite establecido en Ley, o la unidad en el supuesto de ser el índice de capacidad fiscal menor que 1, la Comunidad Autónoma habrá alcanzado el objetivo del Fondo de Competitividad, en ese año, no recibiendo mas fondos por este concepto. El remanente que quede, una vez alcanzado el objetivo del Fondo por una o varias Comunidades Autónomas, será nuevamente repartido entre las Comunidades Autónomas beneficiarias restantes, en atención a su población ajustada relativa, y así sucesivamente hasta que todas alcancen el objetivo del Fondo de Competitividad o se agoten sus recursos.

6. La participación de las Comunidades Autónomas beneficiarias del Fondo de Competitividad del año (x), se liquidará conjuntamente con los recursos del Sistema correspondientes a ese año, previstos en la sección 3.ª del título I, así como con la participación de las Comunidades Autónomas en el Fondo de Cooperación, previsto en el artículo siguiente.

Datos clave

  • El Fondo de Competitividad se nutre de recursos adicionales del Estado.
  • Busca reducir diferencias en financiación homogénea per cápita y desincentivar la competencia fiscal a la baja.
  • Su importe en 2009 equivale al 70 % de los recursos adicionales del epígrafe I de la letra A del artículo 5.
  • Se actualiza con la variación del ITE.
  • Beneficiarias: Comunidades con índice de financiación homogénea por habitante ajustado inferior a 1 o a su índice de capacidad fiscal.
  • Se reparte según el peso de la población ajustada de las beneficiarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Competitividad, con recursos adicionales del Estado, eleva la financiación por habitante ajustado de las CCAA por debajo de la media o de su capacidad fiscal, y desincentiva la competencia fiscal a la baja.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 24. Fondo de Cooperación.

El artículo 24 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía dispone lo siguiente.

1. Para complementar el Sistema de Financiación en la mejora del Estado de Bienestar y cumpliendo con el objetivo último de equilibrar y armonizar el desarrollo regional estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en términos de renta, se crea un Fondo de Cooperación con recursos adicionales del Estado, al que se destinará anualmente la cantidad que se prevea en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Serán beneficiarias de dicho fondo aquellas Comunidades Autónomas de régimen común que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que tengan un PIB per cápita inferior al 90% de la media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común. El PIB per cápita se medirá en términos de la media correspondiente a los últimos tres años, que inicialmente se refiere al periodo 2007-2009.

b) Que tengan una densidad de población inferior al 50% de la densidad media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común, ambos datos referidos al último año, que inicialmente es el 2009.

c) Que teniendo un crecimiento de población inferior al 90% de la media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común, tengan una densidad de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra resultante de multiplicar por 1,25 la densidad media de las Comunidades Autónomas de régimen común. El crecimiento de población se medirá en términos del valor correspondiente a los tres últimos años, refiriéndose inicialmente al periodo 2007-2009. La densidad es la correspondiente al último año del periodo.

3. Los recursos del Fondo de Cooperación se distribuirán en dos subfondos:

Un primer subfondo, dotado con dos tercios del Fondo de Cooperación, se repartirá entre todas las Comunidades Autónomas beneficiarias, en atención a su población relativa en relación al total de la población de las Comunidades Autónomas integrantes del fondo, ponderada por la distancia del PIB per cápita de cada Comunidad Autónoma respecto a la media, con arreglo a la siguiente fórmula:

PFCi = Pi/Pt * { 1 + [(Rm - Ri) / Rm] }

Siendo:

Pi : población de cada Comunidad Autónoma;

Pt : población total de las Comunidades Autónomas integrantes del Fondo.

Rm : PIB per cápita medio de todas la Comunidades Autónomas integrantes del fondo

Ri : PIB per cápita medio de cada Comunidad Autónoma.

Un segundo subfondo, con un tercio del Fondo de Cooperación, se distribuirá entre las Comunidades Autónomas que tienen un crecimiento de población inferior al 50% de la media correspondiente a las Comunidades Autónomas de régimen común. Este subfondo se repartirá en atención a la población relativa de cada una de estas Comunidades Autónomas en relación a la población total de las Comunidades Autónomas que cumplen la citada condición. En ningún caso una Comunidad Autónoma podrá ser beneficiaria de más del 40% del importe de este subfondo, repartiéndose el exceso, en su caso, entre todas las Comunidades Autónomas beneficiarias del primer subfondo, según sus criterios.

4. La participación de las Comunidades Autónomas beneficiarias en este Fondo de Cooperación se liquidará en el momento de liquidar el Fondo de Competitividad y la totalidad de los recursos del Sistema descritos la sección 3.ª del título I, con los datos de las variables existentes en ese momento.

5. La dotación de este fondo en el primer año en el que se liquide será de 1.200 millones de euros. Dicho importe se actualizará mediante la aplicación de la variación del ITE disponible en el periodo comprendido entre el 2009 y el año para el que se calcula el fondo, determinada con las reglas establecidas en el artículo 20.

Datos clave

  • El Fondo de Cooperación se crea con recursos adicionales del Estado según la Ley de Presupuestos.
  • Beneficiarias: PIB per cápita inferior al 90 % de la media o densidad inferior al 50 % de la media.
  • También: crecimiento de población inferior al 90 % de la media con densidad inferior a 1,25 veces la media.
  • Primer subfondo: dos tercios del Fondo, repartido por población ponderada por la distancia del PIB per cápita.
  • Segundo subfondo: un tercio, para Comunidades con crecimiento de población inferior al 50 % de la media.
  • Ninguna Comunidad puede recibir más del 40 % del segundo subfondo.
  • Dotación del primer año: 1.200 millones de euros, actualizable con el ITE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Fondo de Cooperación da recursos adicionales del Estado a las Comunidades menos ricas, poco densas o que crecen poco, repartidos en dos subfondos (dos tercios y un tercio), con 1.200 millones el primer año.

Esquema

Subfondos del Fondo de Cooperación
Primer subfondoSegundo subfondo
DotaciónDos tercios del FondoUn tercio del Fondo
DestinatariasTodas las Comunidades beneficiariasLas de crecimiento de población inferior al 50% de la media
CriterioPoblación relativa ponderada por la distancia del PIB per cápitaPoblación relativa
TopeNo se fijaNinguna más del 40%

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Artículo 25. Tributos cedidos.

El artículo 25 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía dispone lo siguiente.

1. Con el alcance y condiciones establecidos en este título, se cede a las Comunidades Autónomas, según los casos, el rendimiento total o parcial en su territorio de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Impuesto sobre el Patrimonio.

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

e) Tributos sobre el Juego.

f) Impuesto sobre el Valor Añadido.

g) Impuesto sobre la Cerveza.

h) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

i) Impuesto sobre Productos Intermedios.

j) Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

k) Impuesto sobre Hidrocarburos.

l) Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

m)  Impuesto sobre la Electricidad.

n) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

o) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

p) Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

2. La eventual supresión o modificación por el Estado de alguno de los tributos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión.

Datos clave

  • Se cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento total o parcial en su territorio de los tributos enumerados.
  • Incluye IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y AJD, Juego e IVA.
  • Incluye los impuestos especiales sobre Cerveza, Vino, Productos Intermedios, Alcohol, Hidrocarburos, Tabaco y Electricidad.
  • Incluye Determinados Medios de Transporte, Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y Depósito de Residuos.
  • La supresión o modificación de un tributo por el Estado implica la extinción o modificación de la cesión.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a las Comunidades el rendimiento total o parcial de dieciséis tributos, de IRPF a Depósito de Residuos; si el Estado suprime o modifica uno, se extingue o modifica la cesión.

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Artículo 26. Rendimiento que se cede.

El artículo 26 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se entiende por rendimiento cedido de los tributos que se señalan en el artículo anterior: A) El importe de la recaudación líquida derivada de las deudas tributarias correspondientes a los distintos hechos imponibles cedidos, en el caso de:

a) El Impuesto sobre el Patrimonio.

b) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Los Tributos sobre el Juego.

e) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

f) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

g) El Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. B) El importe de la recaudación líquida efectivamente ingresada derivada de la parte de la deuda tributaria cedida, en el caso de:

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) El Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) El Impuesto sobre la Cerveza.

d) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

e) El Impuesto sobre Productos Intermedios.

f) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

g) El Impuesto sobre Hidrocarburos.

h) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

i) El Impuesto sobre la Electricidad.

2. A efectos de lo dispuesto en la letra B) del apartado anterior, se entenderá que componen la parte de la deuda tributaria cedida:

a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 1.º Las cuotas líquidas autonómicas que los residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma hayan consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada dentro de los plazos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto, minorada en: El 50 por ciento de las deducciones por doble imposición. El 50 por ciento de las compensaciones fiscales a que se refiere la Disposición transitoria decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No residentes y sobre el Patrimonio. 2.º El resultado de aplicar el 50 por ciento a las cuotas líquidas de los contribuyentes que hayan optado por tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, conforme al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español regulado en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de No residentes y sobre el Patrimonio. 3.º El resultado de aplicar el 50 por ciento sobre los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma que no estén obligados a declarar y que no hayan presentado declaración. 4.º El resultado de aplicar el 50 por ciento sobre los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma que no estando incluidos en el apartado anterior no hayan presentado declaración dentro de los plazos establecidos por la normativa reguladora del Impuesto. 5.º La parte de la deuda tributaria que, correspondiente a la Comunidad Autónoma, sea cuantificada o, en su caso consignada, por actas de inspección, liquidaciones practicadas por la Administración y declaraciones presentadas fuera de los plazos establecidos por la normativa reguladora del impuesto. A estos efectos, se entenderá por deuda tributaria la constituida por la cuota líquida más los conceptos a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con excepción de los recargos previstos en sus letras c) y d), y en su caso, por los pagos a cuenta del impuesto. Esta partida se minorará en el importe de las devoluciones por ingresos indebidos que deban imputarse a la Comunidad Autónoma, incluidos los intereses legales. No se considerará parte de la deuda tributaria cedida los importes señalados en el párrafo anterior cuando formen parte de la deuda tributaria cedida por alguno de los conceptos previstos en los apartados 1.º a 4.º anteriores. Si a lo largo de la vigencia del sistema se produjeran reformas normativas que modificasen sustancialmente determinados componentes de la parte de la deuda tributaria cedida, se entenderá que la cesión se hace extensiva a los nuevos o reformados componentes que, en su caso, sustituyan a los anteriores, cumpliendo su finalidad.

b) En el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, sobre las Labores del Tabaco y sobre la Electricidad, el porcentaje cedido del conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda Estatal por los conceptos que integran cada uno de dichos impuestos, con criterio de caja, obtenidos una vez deducidas de la recaudación bruta las devoluciones reguladas en la normativa tributaria y, en su caso, las transferencias o ajustes (positivos o negativos) establecidos en el Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

Datos clave

  • El Impuesto sobre el Patrimonio.
  • El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
  • El 50 por ciento de las deducciones por doble imposición.
  • El resultado de aplicar el 50 por ciento sobre los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma que no estén obligados a declarar y que no hayan presentado declaración.
  • La parte de la deuda tributaria que, correspondiente a la Comunidad Autónoma, sea cuantificada o, en su caso consignada, por actas de inspección, liquidaciones practicadas por la Administración y declaraciones presentadas fuera de los plazos establecidos por la normativa reguladora del impuesto.
  • No se considerará parte de la deuda tributaria cedida los importes señalados en el párrafo anterior cuando formen parte de la deuda tributaria cedida por alguno de los conceptos previstos en los apartados 1.º a 4.º anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos formas de medir lo cedido: en los tributos totalmente cedidos, la recaudación líquida de las deudas de los hechos imponibles cedidos; en IRPF, IVA y especiales, la recaudación efectivamente ingresada de la parte de la deuda cedida.

Esquema

Rendimiento cedido según el tributo
Grupo A)Grupo B)
Qué se cedeRecaudación líquida de las deudas de los hechos imponibles cedidosRecaudación líquida efectivamente ingresada de la parte de la deuda cedida
TributosPatrimonio, Sucesiones, ITPAJD, Juego, Medios de Transporte, Ventas Minoristas, ResiduosIRPF, IVA, Cerveza, Vino, Intermedios, Alcohol, Hidrocarburos, Tabaco, Electricidad

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Artículo 27. Normativa aplicable a los tributos cedidos.

El artículo 27 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas se regirán por los Convenios o Tratados internacionales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley propia de cada tributo, los Reglamentos generales dictados en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de las Leyes propias de cada tributo, las demás disposiciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas, dictadas por la Administración del Estado y, en los términos previstos en este Título, por las normas emanadas de la Comunidad Autónoma competente según el alcance y los puntos de conexión establecidos en el mismo. La terminología y conceptos de las normas que dicten las Comunidades Autónomas se adecuarán a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. La normativa que dicten las Comunidades Autónomas en relación con las materias cuya competencia les corresponda de acuerdo con su Estatuto de Autonomía y que sea susceptible de tener, por vía indirecta, efectos fiscales no producirá tales efectos en cuanto el régimen tributario que configure no se ajuste al establecido por las normas estatales.

Datos clave

  • Los tributos cedidos se rigen, entre otros, por los convenios o tratados internacionales, la Ley 58/2003 General Tributaria, la ley propia de cada tributo y sus reglamentos.
  • También se rigen por las normas de la comunidad autónoma competente, según el alcance y los puntos de conexión establecidos.
  • La terminología y conceptos de las normas autonómicas se adecuarán a la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • La normativa autonómica con efectos fiscales indirectos no los producirá en cuanto su régimen tributario no se ajuste al establecido por las normas estatales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tributos cedidos siguen rigiéndose por los tratados, la Ley General Tributaria, la ley de cada tributo y las normas estatales, y por las autonómicas solo en lo que permite el título; la normativa autonómica con efectos fiscales indirectos no los produce si no se ajusta a la estatal.

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Artículo 28. Residencia habitual de las personas físicas.

El artículo 28 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. A efectos de lo dispuesto en este Título, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma: 1.º Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días:

a) Del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) Del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando en dicho territorio radique su vivienda habitual, definiéndose ésta conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 2.º Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el punto 1.º anterior, se considerarán residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tengan su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinada por los siguientes componentes de renta:

a) Rendimientos de trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de trabajo respectivo, si existe.

b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivados de bienes inmuebles, que se entenderán obtenidos en el lugar en que radiquen éstos.

c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean empresariales o profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de gestión de cada una de ellas. 3.º Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios establecidos en los puntos 1.º y 2.º anteriores, se considerarán residentes en el lugar de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. En el Impuesto sobre el Patrimonio, la residencia de las personas físicas será la misma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la fecha de devengarse aquél.

3. Las personas físicas residentes en el territorio de una Comunidad Autónoma que pasasen a tener su residencia habitual en el de otra, cumplirán sus obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de conexión. Además, cuando en virtud de lo previsto en el apartado 4 siguiente deba considerarse que no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las autoliquidaciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses de demora. El plazo de presentación de las autoliquidaciones complementarias finalizará el mismo día que concluya el plazo de presentación de las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año en que concurran las circunstancias que, según lo previsto en el apartado 4 siguiente, determinen que deba considerarse que no ha existido cambio de residencia.

4. No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos. Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50 por ciento, a la del año anterior al cambio. En caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individualización.

b) Que en el año en el cual se produce la situación a que se refiere la letra anterior, su tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma en la que residía con anterioridad al cambio.

c) Que en el año siguiente a aquel en el cual se produce la situación a que se refiere la letra a) anterior, o en el siguiente, vuelva a tener su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residió con anterioridad al cambio.

5. Las personas físicas residentes en territorio español, que no permanezcan en dicho territorio más de ciento ochenta y tres días durante el año natural, se considerarán residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma en que radique el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos.

6. Las personas físicas residentes en territorio español por aplicación de la presunción prevista en el último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se considerarán residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma en que residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de ellas.

Datos clave

  • Del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
  • Del año inmediato anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
  • Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios establecidos en los puntos 1.º y 2.º anteriores, se considerarán residentes en el lugar de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Además, cuando en virtud de lo previsto en el apartado 4 siguiente deba considerarse que no ha existido cambio de residencia, las personas físicas deberán presentar las autoliquidaciones complementarias que correspondan, con inclusión de los intereses de demora.
  • Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50 por ciento, a la del año anterior al cambio.
  • Que en el año siguiente a aquel en el cual se produce la situación a que se refiere la letra a) anterior, o en el siguiente, vuelva a tener su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residió con anterioridad al cambio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Una persona física reside en la Comunidad donde permanece más días; si no se puede saber, donde tiene su principal centro de intereses, y si no, en su última residencia declarada en el IRPF. Los cambios de residencia para pagar menos no producen efecto.

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Artículo 29. Domicilio fiscal de las personas jurídicas

El artículo 29 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma que resulte de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Las personas jurídicas tienen su domicilio fiscal en la comunidad autónoma que resulte de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El domicilio fiscal de las personas jurídicas, a efectos de los tributos cedidos, es el que resulte de la Ley General Tributaria; la ley de financiación no fija un criterio propio.

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Artículo 30. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 30 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su territorio.

2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en dicho territorio.

3. Cuando los contribuyentes integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en Comunidades distintas y optasen por la tributación conjunta, el rendimiento que se cede se entenderá producido en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad con mayor base liquidable de acuerdo con las reglas de individualización del Impuesto.

Datos clave

  • Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas producido en su territorio.
  • Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en dicho territorio.
  • Cuando los contribuyentes integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en Comunidades distintas y optasen por la tributación conjunta, el rendimiento que se cede se entenderá producido en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad con mayor base liquidable de acuerdo con las reglas de individualización del Impuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El IRPF cedido se atribuye a la Comunidad de residencia habitual del contribuyente; en tributación conjunta con residencias distintas, a la del miembro con mayor base liquidable.

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Artículo 31. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El artículo 31 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio producido en su territorio.

2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio producido en su territorio.
  • Se considera producido en su territorio el rendimiento correspondiente a los sujetos pasivos que tengan en él su residencia habitual.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el Impuesto sobre el Patrimonio producido en su territorio, que es el de los sujetos pasivos con residencia habitual en ella.

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Artículo 32. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones producido en su territorio.

2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, según los siguientes puntos de conexión:

a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones ``mortis causa´´ y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

b) En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma. A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

c) En el caso del impuesto que grava las donaciones de los demás bienes y derechos, en el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

3. Cuando en un solo documento se donasen por un mismo donante a favor de un mismo donatario distintos bienes o derechos y por aplicación de los puntos de conexión el rendimiento deba entenderse producido en distintas Comunidades Autónomas, corresponderá a cada una de ellas el que resulte de aplicar, al valor de los donados cuyo rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.

4. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá a la Comunidad Autónoma el rendimiento que resulte de aplicar, al valor de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados. A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión actual.

5. En los supuestos previstos en las letras a) y c) del apartado 2 anterior, se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma en la que el causante o donatario hubiere tenido su residencia habitual conforme a lo previsto en el artículo 28.1.1º.b) de esta Ley.

Datos clave

  • Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones producido en su territorio.
  • En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma.
  • A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
  • A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión actual.
  • En los supuestos previstos en las letras a) y c) del apartado 2 anterior, se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma en la que el causante o donatario hubiere tenido su residencia habitual conforme a lo previsto en el artículo 28.1.1º.b) de esta Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Sucesiones va a la Comunidad de residencia del causante; donaciones de inmuebles, a donde radiquen; las demás donaciones, a la de residencia del donatario; con reglas de tipo medio si hay varias Comunidades o acumulación.

Esquema

Puntos de conexión en Sucesiones y Donaciones
SupuestoComunidad a la que corresponde
a)Mortis causa y seguros de vida acumuladosResidencia habitual del causante al devengo
b)Donación de inmueblesDonde radiquen los inmuebles
c)Donación de demás bienes y derechosResidencia habitual del donatario al devengo

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Artículo 33. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El artículo 33 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados producido en su territorio en cuanto a los siguientes hechos imponibles:

1.º Transmisiones onerosas por actos ``ínter vivos´´ de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.

2.º Constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.

3.º La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento de capital social y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.

4.º Escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establece el artículo 31 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

5.º Letras de cambio y los documentos que realicen función de giro o suplan a aquellas, así como los resguardos o certificados de depósito transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie a que se refiere el artículo 33 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

6.º Anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por autoridad judicial.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de acuerdo con los puntos de conexión que a continuación se enumeran:

1.º En las escrituras, actas y testimonios gravados por la cuota fija de actos jurídicos documentados, documentos notariales, el rendimiento de dicha cuota fija corresponderá a la Comunidad Autónoma en la que se autoricen u otorguen.

2.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.º anterior, en los restantes supuestos actuarán como puntos de conexión los que a continuación se enumeran por el siguiente orden de aplicación:

A) Siempre que el documento comprenda algún concepto sujeto a cuota gradual del gravamen de actos jurídicos documentados, documentos notariales, el rendimiento corresponderá a la Comunidad Autónoma en cuya circunscripción radique el Registro en el que debería procederse a la inscripción o anotación de los bienes o actos.

B) Cuando el acto o documento se refiera a operaciones societarias, el rendimiento corresponderá a la Comunidad Autónoma cuando concurra cualquiera de las siguientes reglas por el orden de su aplicación preferente:

a) Que la entidad tenga en dicha Comunidad Autónoma su domicilio fiscal.

b) Que la entidad tenga en dicha Comunidad Autónoma su domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea.

c) Que la entidad realice en dicha Comunidad Autónoma operaciones de su tráfico, cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social no se encuentren situadas en el ámbito territorial de otra Administración tributaria de un Estado miembro de la Unión Europea.

C) Cuando el acto o documento no motive liquidación ni por la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, ni tampoco por la modalidad de operaciones societarias, el rendimiento se atribuirá aplicando las reglas que figuran a continuación en función de la naturaleza del acto o contrato documentado y de los bienes a que se refiera:

1.ª Cuando el acto o documento comprenda transmisiones y arrendamientos de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales, incluso de garantía, sobre los mismos, a la Comunidad Autónoma en la que radiquen los inmuebles.

En los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a la Comunidad Autónoma en la que radiquen los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

2.ª Cuando comprenda la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento o se refiera a buques o aeronaves, a la Comunidad Autónoma en cuya circunscripción radique el Registro Mercantil o de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento en que tales actos hayan de ser inscritos.

3.ª Cuando comprenda transmisión de bienes muebles, semovientes o créditos, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, a la Comunidad Autónoma donde el adquirente tenga su residencia habitual si es persona física o su domicilio fiscal si es persona jurídica.

4.ª Cuando el acto o documento se refiera a transmisión de valores, a la Comunidad Autónoma donde se formalice la operación.

5.ª Cuando se refiera exclusivamente a la constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, a la Comunidad Autónoma en la que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual o domicilio fiscal, según se trate de personas físicas o jurídicas.

6.ª Cuando se trate de documentos relativos a concesiones administrativas de bienes, ejecuciones de obras o explotaciones de servicios, a la Comunidad Autónoma del territorio donde radiquen, se ejecuten o se presten los mismos. Estas mismas reglas serán aplicables cuando se trate de actos y negocios administrativos que tributen por equiparación a las concesiones administrativas.

Cuando las concesiones de explotación de bienes superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el rendimiento corresponderá a todas aquellas a cuyo ámbito se extienda la concesión, calculándose el correspondiente a cada una en proporción a la extensión que ocupe en cada una de las Comunidades implicadas.

Cuando las concesiones de ejecución de obras superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el rendimiento corresponderá a todas aquellas a cuyo ámbito se extienda la concesión, calculándose el correspondiente a cada una en proporción al importe estimado de las obras a realizar en cada una de las Comunidades implicadas.

Cuando las concesiones de explotación de servicios superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el rendimiento corresponderá a todas aquellas a cuyo ámbito se extienda la concesión, calculándose el correspondiente a cada una en función de la media aritmética de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de las Comunidades implicadas.

Cuando se trate de concesiones mixtas que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el rendimiento corresponderá a todas aquellas a cuyo ámbito se extienda la concesión, calculándose el correspondiente a cada una mediante la aplicación de los criterios recogidos en los tres párrafos anteriores a la parte correspondiente de la concesión.

7.ª En las anotaciones preventivas cuando el órgano registral ante el que se produzcan tenga su sede en el territorio de dicha Comunidad Autónoma. Si conforme a las normas del impuesto, la base imponible resulta inferior al valor real de los bienes embargados en todas las Comunidades Autónomas en que se hayan inscrito anotaciones preventivas, se considerará producido en el territorio de cada una de ellas únicamente la parte del rendimiento resultante de repartir a partes iguales el rendimiento total entre todas aquellas. No obstante, si en alguna de las Comunidades Autónomas el valor real de los bienes objeto de la anotación preventiva fuese inferior al importe de la cuota que le corresponda conforme a la regla de reparto expuesta, el rendimiento cedido a dicha Comunidad Autónoma se limitará a la cuota correspondiente a dicho valor, y el rendimiento excedente acrecerá a las restantes Comunidades Autónomas.

8.ª En las letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, así como en los pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos a que se refiere el artículo 33 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, cuando su libramiento o emisión tenga lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma; si el libramiento o emisión hubiere tenido lugar en el extranjero, cuando el primer tenedor o titular tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Datos clave

  • Transmisiones onerosas por actos ``ínter vivos´´ de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.
  • Constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.
  • Escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establece el artículo 31 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
  • Anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por autoridad judicial.
  • En las escrituras, actas y testimonios gravados por la cuota fija de actos jurídicos documentados, documentos notariales, el rendimiento de dicha cuota fija corresponderá a la Comunidad Autónoma en la que se autoricen u otorguen.
  • 1.ª Cuando el acto o documento comprenda transmisiones y arrendamientos de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales, incluso de garantía, sobre los mismos, a la Comunidad Autónoma en la que radiquen los inmuebles.
  • En los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a la Comunidad Autónoma en la que radiquen los bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El ITPAJD se cede por seis hechos imponibles y se atribuye por puntos de conexión: cuota fija donde se autoriza el documento; cuota gradual, donde está el Registro; operaciones societarias, por domicilio; y el resto, según la naturaleza del acto.

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Artículo 34. Alcance de la cesión y puntos de conexión en los Tributos sobre el Juego.

El artículo 34 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los Tributos sobre el Juego producido en su territorio.

2. Se considera producido en el territorio de cada Comunidad Autónoma el rendimiento de la tasa estatal sobre los juegos de suerte, envite o azar cuando el hecho imponible se realice en dicho territorio.

3. En la Tasa Estatal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias, se entiende producido el rendimiento en el territorio de cada Comunidad Autónoma:

a) En el caso de las rifas, tómbolas y apuestas, cuando la Administración de dicha Comunidad Autónoma autorice la celebración o hubiera sido la competente para autorizarla en los supuestos en que se organicen o celebren sin solicitar dicha autorización.

b) En el caso de las combinaciones aleatorias, cuando el ámbito de aplicación o desarrollo de las mismas no exceda de los límites territoriales de dicha Comunidad Autónoma.

Datos clave

  • Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los Tributos sobre el Juego producido en su territorio.
  • Se considera producido en el territorio de cada Comunidad Autónoma el rendimiento de la tasa estatal sobre los juegos de suerte, envite o azar cuando el hecho imponible se realice en dicho territorio.
  • En el caso de las rifas, tómbolas y apuestas, cuando la Administración de dicha Comunidad Autónoma autorice la celebración o hubiera sido la competente para autorizarla en los supuestos en que se organicen o celebren sin solicitar dicha autorización.
  • En el caso de las combinaciones aleatorias, cuando el ámbito de aplicación o desarrollo de las mismas no exceda de los límites territoriales de dicha Comunidad Autónoma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Tributos sobre el Juego se ceden por territorio: la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, donde se realiza el hecho imponible; las rifas, tómbolas y apuestas, donde se autorizan; y las combinaciones aleatorias, si no salen de la Comunidad.

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Artículo 35. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El artículo 35 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 50 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda al consumo en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Valor Añadido por Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el 50 por ciento del rendimiento del IVA producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el consumo en su territorio, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el 50 % del IVA producido en su territorio, que se mide por el consumo según el índice de consumo territorial certificado por el INE.

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Artículo 36. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre la Cerveza.

El artículo 36 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre la Cerveza producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Cerveza que corresponda al consumo en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre la Cerveza por Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre la Cerveza producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el consumo en su territorio, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el 58 % del Impuesto sobre la Cerveza producido en su territorio, que se mide por el consumo según el índice de consumo territorial certificado por el INE.

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Artículo 37. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

El artículo 37 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas que corresponda al consumo en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas por Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el consumo en su territorio, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el 58 % del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas producido en su territorio, atribuido por el consumo según el índice de consumo territorial del INE.

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Artículo 38. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre Productos Intermedios.

El artículo 38 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre Productos Intermedios producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre Productos Intermedios que corresponda al consumo en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre Productos Intermedios por Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre Productos Intermedios producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el consumo en su territorio, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el 58 % del Impuesto sobre Productos Intermedios producido en su territorio, atribuido por consumo según el índice de consumo territorial certificado por el INE.

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Artículo 39. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

El artículo 39 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas que corresponda al consumo en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas por Comunidades Autónomas.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el consumo en su territorio, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el 58 % del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas producido en su territorio, que se atribuye por el consumo según el índice del INE.

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Artículo 40. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

El artículo 40 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento derivado del tipo estatal general y el 100 por ciento del rendimiento derivado del tipo estatal especial del Impuesto sobre Hidrocarburos producido en su territorio. Asimismo, se cede el rendimiento derivado del tipo autonómico de este impuesto, en los términos previstos en artículo 44 de la presente Ley.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre Hidrocarburos derivado de la aplicación de los tipos estatales general y especial que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos estatales.

Datos clave

  • Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento del tipo estatal general del Impuesto sobre Hidrocarburos producido en su territorio.
  • Se cede el 100 por ciento del rendimiento del tipo estatal especial y, en los términos del artículo 44, el del tipo autonómico.
  • El rendimiento se imputa según las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en la comunidad, ponderadas por los tipos estatales, con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En Hidrocarburos se cede el 58 % del tipo estatal general, el 100 % del tipo estatal especial y el rendimiento del tipo autonómico, y los tipos estatales se reparten por el índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos.

Esquema

Cesión del Impuesto sobre Hidrocarburos
TramoCesiónPunto de conexión
GeneralTipo estatal general58 por cientoÍndice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos
EspecialTipo estatal especial100 por cientoÍndice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos
AutonómicoTipo autonómicoEl rendimiento, según el artículo 44El que fija el artículo 44

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Artículo 41. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

El artículo 41 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre las Labores del Tabaco producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que corresponda al índice de ventas a expendedurías de tabaco en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el 58 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre las Labores del Tabaco producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el índice de ventas a expendedurías de tabaco en su territorio, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos ponderados por los tipos impositivos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el 58 % del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, atribuido por el índice de ventas a expendedurías de tabaco según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

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Artículo 42. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto sobre la Electricidad.

El artículo 42 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto Especial sobre la Electricidad producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto que corresponda al índice de consumo neto de energía eléctrica en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, elaborado a partir de datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del Impuesto Especial sobre la Electricidad producido en su territorio.
  • Punto de conexión: el índice de consumo neto de energía eléctrica en su territorio, elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se cede a cada Comunidad el rendimiento del Impuesto Especial sobre la Electricidad producido en su territorio, atribuido según el índice de consumo neto de energía eléctrica elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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Artículo 43. Alcance de la cesión y punto de conexión en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

El artículo 43 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte cuando se encuentre en su territorio el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que tenga la consideración de sujeto pasivo de este impuesto.

3. Las devoluciones a que se refiere el artículo 66 apartado 3 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, que correspondan a vehículos cuya matriculación definitiva hubiera determinado el pago del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se presentarán y, en su caso, acordarán y efectuarán por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se hubiera efectuado el pago. Cuando no sea posible determinar la Administración tributaria a la que se ingresaron dichas cuotas, la devolución será efectuada por la administración tributaria de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se genere el derecho a la devolución.

Datos clave

  • Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte producido en su territorio.
  • Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte cuando se encuentre en su territorio el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que tenga la consideración de sujeto pasivo de este impuesto.
  • Las devoluciones a que se refiere el artículo 66 apartado 3 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, que correspondan a vehículos cuya matriculación definitiva hubiera determinado el pago del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se presentarán y, en su caso, acordarán y efectuarán por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se hubiera efectuado el pago.
  • Cuando no sea posible determinar la Administración tributaria a la que se ingresaron dichas cuotas, la devolución será efectuada por la administración tributaria de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se genere el derecho a la devolución.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte va a la Comunidad del domicilio fiscal del sujeto pasivo, y sus devoluciones las tramita la Comunidad donde se pagó o, si no se sabe, donde nace el derecho a devolución.

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Artículo 44. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el rendimiento derivado del tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos.

El artículo 44 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos producido en su territorio. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento cedido del tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos cuando el consumo final de los productos gravados se produzca en su territorio, según lo dispuesto en el artículo 50 ter de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

Datos clave

  • Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos producido en su territorio.
  • Se considera producido en su territorio cuando el consumo final de los productos gravados se produzca en él, según el artículo 50 ter de la Ley 38/1992.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos se cede a la Comunidad donde se produce el consumo final de los productos gravados, según el artículo 50 ter de la Ley de Impuestos Especiales.

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Artículo 44 bis. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

El artículo 44 bis de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos producido en su territorio.

2. Se considerará producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos cuando se ubique en su territorio el vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos objeto del impuesto.

Datos clave

  • Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración producido en su territorio.
  • Punto de conexión: que se ubique en su territorio el vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El impuesto sobre depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración se cede a la Comunidad donde está el vertedero o la instalación en la que se entregan los residuos.

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Artículo 45. Titularidad de competencias.

El artículo 45 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. La titularidad de las competencias normativas y de aplicación de los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas, de la potestad sancionadora, así como la revisión de los actos dictados en ejercicio de las competencias citadas, corresponde al Estado.

2. La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda realizará anualmente una inspección de los servicios y rendirá informe sobre el modo y la eficacia en el desarrollo de las diversas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de que se trate respecto a los tributos cuyo rendimiento se cede. Dicho informe se unirá a la documentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Datos clave

  • La titularidad de las competencias normativas y de aplicación de los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas, de la potestad sancionadora, así como la revisión de los actos dictados en ejercicio de las competencias citadas, corresponde al Estado.
  • La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda realizará anualmente una inspección de los servicios y rendirá informe sobre el modo y la eficacia en el desarrollo de las diversas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de que se trate respecto a los tributos cuyo rendimiento se cede.
  • Dicho informe se unirá a la documentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Aunque el rendimiento de ciertos tributos se ceda a las Comunidades Autónomas, la titularidad de las competencias, la potestad sancionadora y la revisión siguen siendo del Estado, que además inspecciona cada año cómo gestionan las Comunidades.

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Artículo 46. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:

a) El importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico. A estos efectos, las Comunidades Autónomas podrán establecer incrementos o disminuciones en las cuantías correspondientes al mínimo del contribuyente y a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el límite del 10 por ciento para cada una de las cuantías.

b) La escala autonómica aplicable a la base liquidable general: La estructura de esta escala deberá ser progresiva.

c) Deducciones en la cuota íntegra autonómica por: Circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta. Subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma, con excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o a las rentas que se integren en la base del ahorro. En relación a las deducciones señaladas en esta letra c), las competencias normativas de las Comunidades Autónomas abarcarán también la determinación de: La justificación exigible para poder practicarlas. Los límites de deducción. Su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial. Las reglas especiales que, en su caso, deban tenerse en cuenta en los supuestos de tributación conjunta, período impositivo inferior al año natural y determinación de la situación familiar. Si la Comunidad Autónoma no regulara alguna de estas materias se aplicarán las normas previstas a estos efectos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán regular:

a) Los tipos de gravamen autonómicos de la base liquidable del ahorro y los aplicables a determinadas categorías de renta, que serán los que a estos efectos se determinen por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Las deducciones de la cuota establecidas y reguladas por la normativa del Estado.

c) Los límites previstos en el artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Los pagos a cuenta del Impuesto.

e) Los conceptos ni las situaciones personales y familiares comprendidos en cada uno de los mínimos a que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60, ni las normas para su aplicación previstas en el artículo 61, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

f) En general, todas las materias no contempladas en el apartado 1 anterior.

3. La liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ajustará a lo dispuesto por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del tributo.

4. La cuota líquida autonómica no podrá ser negativa.

5. El Estado y las Comunidades Autónomas procurarán que la aplicación de este sistema tenga el menor impacto posible en las obligaciones formales que deban cumplimentar los contribuyentes. A estos efectos, los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto.

Datos clave

  • Si la Comunidad Autónoma no regulara alguna de estas materias se aplicarán las normas previstas a estos efectos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Los tipos de gravamen autonómicos de la base liquidable del ahorro y los aplicables a determinadas categorías de renta, que serán los que a estos efectos se determinen por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Los límites previstos en el artículo 69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • En general, todas las materias no contempladas en el apartado 1 anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija qué puede regular cada Comunidad Autónoma en el IRPF (mínimos, escala autonómica, deducciones propias y porcentajes de vivienda habitual) y qué queda vedado, como los tipos del ahorro o los pagos a cuenta.

Esquema

IRPF: qué puede y qué no puede regular la Comunidad
Puede regularNo puede regular
MínimosCuantías, ±10 % por cuantíaConceptos, situaciones y normas de aplicación
TiposEscala de la base liquidable general (progresiva)Tipos de la base del ahorro y de ciertas rentas
DeduccionesPropias en la cuota íntegra autonómicaLas establecidas por el Estado
OtrosPorcentajes de deducción por vivienda habitualPagos a cuenta y límites del artículo 69

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Artículo 47. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El artículo 47 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En el Impuesto sobre el Patrimonio, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:

a) Mínimo exento.

b) Tipo de gravamen.

c) Deducciones y bonificaciones de la cuota.

2. Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas resultarán, en todo caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado.

Datos clave

  • Deducciones y bonificaciones de la cuota.
  • Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas resultarán, en todo caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas.
  • Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el Impuesto sobre el Patrimonio las Comunidades pueden regular tres cosas: mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones, que se suman a las estatales sin modificarlas y se aplican después.

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Artículo 48. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El artículo 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:

a) Reducciones de la base imponible: Las Comunidades Autónomas podrán crear, tanto para las transmisiones ``ínter vivos´´, como para las mortis causa, las reducciones que consideren convenientes, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de la Comunidad Autónoma de que se trate. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán regular las establecidas por la normativa del Estado, manteniéndolas en condiciones análogas a las establecidas por éste o mejorándolas mediante el aumento del importe o del porcentaje de reducción, la ampliación de las personas que puedan acogerse a la misma o la disminución de los requisitos para poder aplicarla. Cuando las Comunidades Autónomas creen sus propias reducciones, éstas se aplicarán con posterioridad a las establecidas por la normativa del Estado. Si la actividad de la Comunidad Autónoma consistiese en mejorar una reducción estatal, la reducción mejorada sustituirá, en esa Comunidad Autónoma, a la reducción estatal. A estos efectos, las Comunidades Autónomas, al tiempo de regular las reducciones aplicables deberán especificar si la reducción es propia o consiste en una mejora de la del Estado.

b) Tarifa del impuesto.

c) Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente.

d) Deducciones y bonificaciones de la cuota. Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas resultarán, en todo caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado.

2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y liquidación. No obstante, el Estado retendrá la competencia para establecer el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las diferentes Comunidades Autónomas, implantando éste conforme cada Administración autonómica vaya estableciendo un servicio de asistencia al contribuyente para cumplimentar la autoliquidación del impuesto.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas podrán crear, tanto para las transmisiones ``ínter vivos´´, como para las mortis causa, las reducciones que consideren convenientes, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de la Comunidad Autónoma de que se trate.
  • Cuando las Comunidades Autónomas creen sus propias reducciones, éstas se aplicarán con posterioridad a las establecidas por la normativa del Estado.
  • A estos efectos, las Comunidades Autónomas, al tiempo de regular las reducciones aplicables deberán especificar si la reducción es propia o consiste en una mejora de la del Estado.
  • Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas resultarán, en todo caso, compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas.
  • Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y liquidación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En Sucesiones y Donaciones las Comunidades pueden crear o mejorar reducciones, fijar tarifa, coeficientes del patrimonio preexistente y deducciones, y regular gestión y liquidación; el Estado retiene la autoliquidación obligatoria.

Esquema

Reducciones autonómicas en Sucesiones y Donaciones
Reducción propiaMejora de la estatal
RequisitoCircunstancias económicas o sociales propias de la ComunidadCondiciones análogas o mejores que las del Estado
AplicaciónCon posterioridad a las estatalesSustituye a la reducción estatal en esa Comunidad

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Artículo 49. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El artículo 49 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:

a) Tipos de gravamen: En relación con la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas», las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen en:

Concesiones administrativas.

Transmisión de bienes muebles e inmuebles.

Constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre muebles e inmuebles, excepto los derechos reales de garantía.

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Los modelos de contrato para el arrendamiento de inmuebles podrán ser elaborados por la propia Comunidad Autónoma.

En relación con la modalidad «Actos Jurídicos Documentados», las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales.

b) Deducciones y bonificaciones de la cuota: Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas sólo podrán afectar a los actos y documentos sobre los que las Comunidades Autónomas pueden ejercer capacidad normativa en materia de tipos de gravamen con arreglo a lo dispuesto en la letra anterior.

En todo caso, resultarán compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto sin que puedan suponer una modificación de las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado.

2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y liquidación.

Datos clave

  • Concesiones administrativas.
  • Los modelos de contrato para el arrendamiento de inmuebles podrán ser elaborados por la propia Comunidad Autónoma.
  • En relación con la modalidad «Actos Jurídicos Documentados», las Comunidades Autónomas podrán regular el tipo de gravamen de los documentos notariales.
  • Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas sólo podrán afectar a los actos y documentos sobre los que las Comunidades Autónomas pueden ejercer capacidad normativa en materia de tipos de gravamen con arreglo a lo dispuesto en la letra anterior.
  • Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y liquidación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En Transmisiones Patrimoniales y AJD las Comunidades pueden fijar tipos en ciertas operaciones onerosas y en los documentos notariales, y deducciones solo sobre esos mismos actos, además de la gestión y liquidación.

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Artículo 50. Alcance de las competencias normativas en los Tributos sobre el Juego.

El artículo 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En los Tributos sobre el Juego las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre:

a) Exenciones.

b) Base imponible.

c) Tipos de gravamen y cuotas fijas.

d) Bonificaciones.

e) Devengo.

2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de aplicación de los tributos.

Datos clave

  • En los Tributos sobre el Juego las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias normativas sobre exenciones, base imponible, tipos de gravamen y cuotas fijas, bonificaciones y devengo.
  • Las Comunidades Autónomas también pueden regular los aspectos de aplicación de los tributos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los Tributos sobre el Juego las Comunidades tienen un margen amplio: exenciones, base imponible, tipos y cuotas fijas, bonificaciones y devengo, además de los aspectos de aplicación de los tributos.

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Artículo 51. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

El artículo 51 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte las Comunidades Autónomas podrán incrementar los tipos de gravamen aplicables a los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en un 15 por ciento como máximo.

Datos clave

  • En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte las comunidades autónomas podrán incrementar los tipos de gravamen en un 15 por ciento como máximo.
  • El incremento se aplica a los tipos del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte la Comunidad solo puede subir los tipos de los epígrafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, y como máximo un 15 %.

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Artículo 52. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

El artículo 52 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En el Impuesto sobre Hidrocarburos las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre el tipo de gravamen autonómico aplicable a los siguientes productos dentro de la banda que se indica en cada caso:

a) Productos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 y 1.14 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 hasta 48 euros por 1.000 litros.

b) Productos comprendidos en los epígrafes 1.4 y 1.15 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 euros hasta 12 euros por 1.000 litros.

c) Productos comprendidos en el epígrafe 1.5 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 euros hasta 2 euros por tonelada.

d) Productos comprendidos en el epígrafe 1.11 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 euros hasta 48 euros por 1.000 litros. El límite superior de la banda podrá ser actualizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Cuando se trate de gasóleo de uso general, a que se refiere el epígrafe 1.3, las Comunidades Autónomas podrán no ejercer, en todo o en parte, la competencia normativa en relación con el gasóleo al que resulte aplicable la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos establecida en el artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. En tal caso, la no aplicación total o parcial del tipo de gravamen autonómico revestirá la forma de devolución parcial del impuesto previamente satisfecho respecto del referido gasóleo, en los términos que establezca la normativa reguladora del Impuesto sobre Hidrocarburos. En el supuesto indicado la Comunidad Autónoma fijará el tipo de devolución, cuyo importe no podrá exceder del importe del tipo de gravamen autonómico al que hubiera tributado el indicado gasóleo.

3. El tipo de gravamen autonómico aprobado por cada Comunidad Autónoma se aplicará a los productos gravados cuyo consumo final se produzca en su territorio, de acuerdo con el punto de conexión a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley.

Datos clave

  • Productos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 y 1.14 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 hasta 48 euros por 1.000 litros.
  • Productos comprendidos en los epígrafes 1.4 y 1.15 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 euros hasta 12 euros por 1.000 litros.
  • Productos comprendidos en el epígrafe 1.5 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 euros hasta 2 euros por tonelada.
  • Productos comprendidos en el epígrafe 1.11 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: desde 0 euros hasta 48 euros por 1.000 litros.
  • El tipo de gravamen autonómico aprobado por cada Comunidad Autónoma se aplicará a los productos gravados cuyo consumo final se produzca en su territorio, de acuerdo con el punto de conexión a que se refiere el artículo 44 de la presente Ley.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el Impuesto sobre Hidrocarburos la Comunidad fija un tipo autonómico dentro de bandas tasadas por producto, puede devolver parte en el gasóleo profesional y aplica el tipo según el lugar de consumo final.

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Artículo 52 bis. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

El artículo 52 bis de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, las Comunidades Autónomas podrán incrementar los tipos de gravamen aplicables a cada una de las categorías de residuos e instalaciones previstas en el artículo 93 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, respecto de los residuos depositados, incinerados o coincinerados en sus respectivos territorios. No obstante, no podrán regular la clasificación de residuos y de instalaciones contenida en dicho precepto que da lugar a la aplicación de tipos de gravamen diferenciados.

2. Las Comunidades Autónomas también podrán regular los aspectos de gestión y liquidación.

Datos clave

  • Las comunidades autónomas podrán incrementar los tipos de gravamen de cada categoría de residuos e instalaciones del artículo 93 de la Ley 7/2022 respecto de los residuos de su territorio.
  • No podrán regular la clasificación de residuos y de instalaciones que da lugar a la aplicación de tipos de gravamen diferenciados.
  • También podrán regular los aspectos de gestión y liquidación del impuesto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En el impuesto sobre depósito, incineración y coincineración de residuos, la Comunidad puede subir los tipos de cada categoría para los residuos tratados en su territorio, pero no cambiar la clasificación de residuos e instalaciones.

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Artículo 53. Supuesto de no uso de las competencias normativas.

El artículo 53 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

Si una Comunidad Autónoma no hiciera uso de las competencias normativas que le confieren los artículos 46, excepto la letra b) del punto 1, a 52 bis, se aplicará, en su defecto, la normativa del Estado.

Datos clave

  • Si una Comunidad Autónoma no usa las competencias normativas de los artículos 46 a 52 bis, se aplica en su defecto la normativa del Estado.
  • Queda excluida de esa regla la letra b) del punto 1 del artículo 46.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una Comunidad no usa las competencias normativas que le dan los artículos 46 a 52 bis, se aplica en su defecto la normativa del Estado; la escala autonómica del IRPF queda fuera de esta regla.

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Artículo 54. Delegación de competencias.

El artículo 54 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. La Comunidad Autónoma se hará cargo, por delegación del Estado y en los términos previstos en esta Sección, de la aplicación de los tributos, así como de la revisión de los actos dictados en ejercicio de la misma en los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el Patrimonio.

b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Tributos sobre el Juego.

e) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

f) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

g) Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

2. La aplicación de los tributos, así como la revisión de los actos dictados en ejercicio de la misma se llevará a cabo, en todo caso, por los órganos estatales que tengan atribuidas las funciones respectivas en los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Impuesto sobre la Cerveza.

d) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

e) Impuesto sobre Productos Intermedios.

f) Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

g) Impuesto sobre Hidrocarburos.

h) Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

i) Impuesto sobre la Electricidad.

3. Las declaraciones relativas al Impuesto sobre el Patrimonio se presentarán, en su caso, conjuntamente con las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán lo que proceda en orden a la más eficaz tramitación de los expedientes en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sin perjuicio de lo que dispone el apartado 1 anterior, los Servicios de Inspección de Tributos del Estado podrán incoar las oportunas actas de investigación y comprobación por el Impuesto sobre el Patrimonio con ocasión de las actuaciones inspectoras que lleven a cabo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La instrucción y resolución de los expedientes administrativos, consecuencia de las actas anteriores, corresponderán a las oficinas competentes de la Comunidad Autónoma. En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, la Administración Tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma colaborarán facilitándose medios personales, coadyuvando en la inspección e intercambiando toda la información que se derive de las declaraciones, censo y actuaciones efectuadas por la Inspección.

Datos clave

  • Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
  • Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
  • Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Separa los tributos cuya aplicación y revisión delega el Estado en la Comunidad Autónoma (Patrimonio, Sucesiones, ITPAJD, juego y otros) de los que gestionan siempre órganos estatales (IRPF, IVA e impuestos especiales de fabricación y electricidad).

Esquema

Aplicación y revisión de los tributos
Delegada en la ComunidadSiempre órganos estatales
DirectosPatrimonio; Sucesiones y DonacionesIRPF
IndirectosITPAJD; Tributos sobre el JuegoIVA
EspecialesDeterminados Medios de Transporte; Ventas Minoristas de Determinados HidrocarburosCerveza, Vino, Productos Intermedios, Alcohol, Hidrocarburos, Tabaco, Electricidad
AmbientalesDepósito de Residuos—

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Artículo 55. Alcance de la delegación de competencias en relación con la gestión tributaria.

El artículo 55 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. En la gestión tributaria de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de los Tributos sobre el Juego, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos corresponderá a las Comunidades Autónomas:

a) La incoación de los expedientes de comprobación de valores, utilizando los mismos criterios que el Estado.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, la comprobación de valores corresponderá a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre el domicilio fiscal de la entidad concesionaria.

b) La realización de los actos de trámite y la práctica de liquidaciones tributarias.

c) La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones tributarias.

d) La publicidad e información al público de obligaciones tributarias y su forma de cumplimiento.

e) La aprobación de modelos de declaración.

f) En general, las demás competencias necesarias para la gestión de los tributos.

2. No son objeto de delegación las siguientes competencias:

a) La contestación de las consultas reguladas en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo en lo que se refiera a la aplicación de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.

b) La confección de los efectos estancados que se utilicen para la gestión de los tributos cedidos.

c) Las que a continuación se citan, en relación con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte:

a') La homologación por parte de la Administración tributaria de los vehículos automóviles, en los supuestos contemplados en el artículo 65, apartado 1, letra a), número 3.º de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

b') La aplicación del supuesto de no sujeción regulado en el número 9.º del precepto citado en la letra a') anterior, cuando se trate de vehículos destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por el Resguardo Aduanero.

c') La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras e) y h) del apartado 1 del artículo 66 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, siempre que, en el caso de esta última letra, se trate de aeronaves matriculadas por el Estado o por empresas u organismos públicos o estatales.

d) Los acuerdos de concesión de las exenciones previstas en las letras a), b), y c) del apartado 1 de la Disposición Seis del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, regulado en el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

3. Los documentos y autoliquidaciones de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Determinados Medios de Transporte, sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos se presentarán y surtirán efectos liberatorios exclusivamente ante la oficina competente de la Comunidad Autónoma a la que corresponda el rendimiento de acuerdo con los puntos de conexión aplicables. Cuando el rendimiento correspondiente a los actos o contratos contenidos en el mismo documento se considere producido en distintas Comunidades Autónomas, procederá su presentación en la oficina competente de cada una de ellas, si bien la autoliquidación que en su caso se formule solo se referirá al rendimiento producido en su respectivo territorio.

4. Las competencias en materia de gestión previstas en este artículo se podrán realizar mediante diligencias de colaboración entre las distintas Administraciones tributarias competentes.

5. En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos los modelos de autoliquidación que aprueben las Comunidades Autónomas deberán contener los mismos datos que los aprobados por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Asimismo, las Órdenes reguladoras de la creación del Censo de obligados tributarios sujetos a este impuesto, así como del procedimiento para la inscripción de estos en el Registro territorial deberán ser sustancialmente iguales a las establecidas por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Datos clave

  • La incoación de los expedientes de comprobación de valores, utilizando los mismos criterios que el Estado.
  • En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, la comprobación de valores corresponderá a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre el domicilio fiscal de la entidad concesionaria.
  • La contestación de las consultas reguladas en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo en lo que se refiera a la aplicación de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.
  • a') La homologación por parte de la Administración tributaria de los vehículos automóviles, en los supuestos contemplados en el artículo 65, apartado 1, letra a), número 3.º de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
  • b') La aplicación del supuesto de no sujeción regulado en el número 9.º del precepto citado en la letra a') anterior, cuando se trate de vehículos destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por el Resguardo Aduanero.
  • Las competencias en materia de gestión previstas en este artículo se podrán realizar mediante diligencias de colaboración entre las distintas Administraciones tributarias competentes.
  • En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos los modelos de autoliquidación que aprueben las Comunidades Autónomas deberán contener los mismos datos que los aprobados por la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Detalla qué parte de la gestión tributaria de los tributos delegados asume la Comunidad (comprobación de valores, liquidaciones, sanciones, modelos) y qué se reserva el Estado, y dónde se presentan los documentos con efecto liberatorio.

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Artículo 56. Alcance de la delegación de competencias en relación con la recaudación de los tributos cedidos.

El artículo 56 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Corresponderá a las Comunidades Autónomas la recaudación:

a) En período voluntario de pago y en período ejecutivo, de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Determinados Medios de Transporte, Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y los Tributos sobre el Juego.

b) En periodo voluntario de pago, las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio practicadas por la Comunidad Autónoma, y en período ejecutivo todos los débitos por este Impuesto.

2. No obstante, la anterior delegación no se extenderá al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante efectos timbrados, sin perjuicio de la atribución a cada Comunidad Autónoma del rendimiento que le corresponda.

3. En lo que se refiere al aplazamiento y fraccionamiento de pago de los tributos cedidos a que se refiere este artículo, corresponderá a cada Comunidad Autónoma la competencia para resolver de acuerdo con la normativa del Estado, incluso en el caso de autoliquidaciones que deban presentarse ante la Administración tributaria del Estado.

Datos clave

  • En período voluntario de pago y en período ejecutivo, de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Determinados Medios de Transporte, Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y los Tributos sobre el Juego.
  • En periodo voluntario de pago, las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio practicadas por la Comunidad Autónoma, y en período ejecutivo todos los débitos por este Impuesto.
  • No obstante, la anterior delegación no se extenderá al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante efectos timbrados, sin perjuicio de la atribución a cada Comunidad Autónoma del rendimiento que le corresponda.
  • En lo que se refiere al aplazamiento y fraccionamiento de pago de los tributos cedidos a que se refiere este artículo, corresponderá a cada Comunidad Autónoma la competencia para resolver de acuerdo con la normativa del Estado, incluso en el caso de autoliquidaciones que deban presentarse ante la Administración tributaria del Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Comunidad recauda los tributos delegados en voluntaria y ejecutiva; en Patrimonio, solo sus liquidaciones en voluntaria pero todo en ejecutiva. Quedan fuera los efectos timbrados del ITPAJD, y los aplazamientos los resuelve la Comunidad.

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Artículo 57. De la recaudación tributaria de las Comunidades Autónomas.

El artículo 57 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Las Comunidades Autónomas podrán organizar libremente sus servicios para la recaudación de los tributos cedidos a que se refiere el artículo anterior.

2. La recaudación tributaria que realicen los servicios a que se refiere el apartado anterior, se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado, asumiendo los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas las potestades atribuidas en la citada normativa del Estado.

3. La recaudación de las deudas tributarias correspondientes a los tributos cedidos a que se refiere el artículo anterior podrá realizarse directamente por las Comunidades Autónomas o bien mediante concierto con cualquier otra Administración pública. De la misma manera, cualquier otra Administración Pública podrá concertar con la Comunidad Autónoma competente por razón del territorio, la recaudación del rendimiento de sus tributos en dicho territorio, a través de los servicios que establezca al amparo del apartado 1 de este artículo.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas podrán organizar libremente sus servicios para la recaudación de los tributos cedidos a que se refiere el artículo anterior.
  • La recaudación tributaria que realicen los servicios a que se refiere el apartado anterior, se ajustará a lo dispuesto en la normativa del Estado, asumiendo los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas las potestades atribuidas en la citada normativa del Estado.
  • La recaudación de las deudas tributarias correspondientes a los tributos cedidos a que se refiere el artículo anterior podrá realizarse directamente por las Comunidades Autónomas o bien mediante concierto con cualquier otra Administración pública.
  • De la misma manera, cualquier otra Administración Pública podrá concertar con la Comunidad Autónoma competente por razón del territorio, la recaudación del rendimiento de sus tributos en dicho territorio, a través de los servicios que establezca al amparo del apartado 1 de este artículo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades organizan libremente sus servicios de recaudación de tributos cedidos, pero recaudan conforme a la normativa estatal y pueden hacerlo directamente o mediante concierto con otra Administración, y viceversa.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 58. Alcance de la delegación de competencias en relación con la inspección tributaria.

El artículo 58 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Respecto de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos corresponden a las Comunidades Autónomas las funciones previstas en el artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo los planes de actuación inspectora, que habrán de ser elaborados conjuntamente por ambas Administraciones, y de cuya ejecución darán cuenta anualmente las Comunidades Autónomas al Ministerio de Economía y Hacienda, al Congreso de los Diputados y al Senado.

2. Cuando la Inspección de los Tributos del Estado o de las Comunidades Autónomas conocieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para otras administraciones, lo comunicarán a éstas en la forma que reglamentariamente se determine.

3. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia tributaria de las Comunidades Autónomas, fuera de su territorio, serán realizadas por la Inspección de los Tributos del Estado o la de las Comunidades Autónomas competentes por razón del territorio, a requerimiento de las Comunidades Autónomas, de conformidad con los planes de colaboración que al efecto se establezcan.

En el caso de concesiones administrativas que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, la inspección del impuesto corresponderá a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre el domicilio fiscal de la entidad concesionaria.

Datos clave

  • En Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Juego, Medios de Transporte, Ventas Minoristas de Hidrocarburos y Residuos, la inspección del artículo 141 LGT corresponde a las comunidades.
  • Los planes de actuación inspectora se elaboran conjuntamente y las comunidades dan cuenta anual de su ejecución al Ministerio de Economía y Hacienda, al Congreso y al Senado.
  • Las inspecciones que conozcan hechos con trascendencia tributaria para otras administraciones se los comunicarán en la forma reglamentaria.
  • Fuera de su territorio, las actuaciones las realiza la Inspección del Estado o la de la comunidad competente por territorio, a requerimiento de la comunidad.
  • En concesiones que superen el territorio de una comunidad, inspecciona la comunidad del domicilio fiscal de la entidad concesionaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La inspección de los tributos delegados corresponde a las Comunidades con las normas estatales y con planes elaborados conjuntamente; fuera de su territorio actúa la Inspección del Estado o la autonómica competente, a requerimiento.

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Artículo 59. Alcance de la delegación de competencias en relación con la revisión en vía administrativa.

El artículo 59 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán asumir la competencia para la revisión de los actos por ellas dictados en relación con los Tributos e Impuestos a los que se refiere el artículo 54.1 de esta Ley.

Esta competencia se extiende a los siguientes procedimientos, recursos y reclamaciones:

a) Procedimientos regulados en el Capítulo II del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.

b) Recurso de reposición regulado en el Capítulo III del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.

c) Reclamaciones económico-administrativas: procedimiento regulado en la Subsección 1.ª, de la Sección 2.ª y procedimiento regulado en la Sección 3.ª del Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán optar por asumir la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en única instancia, a cuyo efecto serán de aplicación los procedimientos citados en el párrafo anterior.

En los supuestos en los que se asuma la competencia en los términos expuestos en el párrafo anterior, el órgano competente de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, conocerá el recurso extraordinario de revisión contra actos firmes de su Administración tributaria y contra resoluciones firmes de sus propios órganos económico-administrativos.

2. El ejercicio de la función revisora en vía administrativa delegada deberá ajustarse a lo dispuesto en el Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que no asuman la competencia para la revisión de los actos por ellas dictados en relación con los Tributos e Impuestos a los que se refiere el artículo 54.1 de esta Ley, o que la asuman conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la letra c) del apartado 1, gozarán, en su caso, de legitimación para recurrir en alzada ordinaria las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o locales o de sus órganos Económico-Administrativos, según corresponda, que tengan por objeto actos dictados por ellas.

Datos clave

  • Las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán asumir la competencia para la revisión de los actos por ellas dictados en relación con los Tributos e Impuestos a los que se refiere el artículo 54.1 de esta Ley.
  • Procedimientos regulados en el Capítulo II del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.
  • Recurso de reposición regulado en el Capítulo III del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.
  • Reclamaciones económico-administrativas: procedimiento regulado en la Subsección 1.ª, de la Sección 2.ª y procedimiento regulado en la Sección 3.ª del Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y normas de desarrollo.
  • El ejercicio de la función revisora en vía administrativa delegada deberá ajustarse a lo dispuesto en el Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Comunidades y Ciudades Autónomas pueden asumir la revisión administrativa de sus actos sobre los tributos delegados, incluidas las reclamaciones económico-administrativas, e incluso resolverlas en única instancia.

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Artículo 60. Intervención, contabilidad y fiscalización.

El artículo 60 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Todos los actos, documentos y expedientes relativos a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados por las Comunidades Autónomas con arreglo a los principios generales de la Ley General Presupuestaria.

2. De los resultados obtenidos en la aplicación de tales tributos se rendirá anualmente a la Intervención General de la Administración del Estado una «Cuenta de gestión de tributos cedidos», adaptada a las disposiciones que sobre la liquidación de los presupuestos contienen la Ley General Presupuestaria y, en su caso, las modificaciones que puedan introducirse en la misma. La estructura de esta cuenta será determinada por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, y deberá contener, respecto a cada uno de los conceptos tributarios cedidos, el importe de las liquidaciones contraídas, la recaudación obtenida, el pendiente de cobro al finalizar cada período y el importe de los beneficios fiscales que les afecten. La Intervención General de la Administración del Estado unirá la citada «Cuenta de gestión de tributos cedidos» a la Cuenta General del Estado de cada ejercicio, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que se estime oportuno llevar a cabo.

Datos clave

  • Los actos y expedientes de los tributos cedidos gestionados por las comunidades con contenido económico se intervienen y contabilizan según la Ley General Presupuestaria.
  • Anualmente se rinde a la Intervención General de la Administración del Estado una Cuenta de gestión de tributos cedidos.
  • Su estructura la determina el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Contiene por cada concepto las liquidaciones contraídas, la recaudación obtenida, lo pendiente de cobro y los beneficios fiscales que les afecten.
  • La Intervención General la une a la Cuenta General del Estado de cada ejercicio, sin perjuicio del control financiero que estime oportuno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los actos con contenido económico de los tributos cedidos los intervienen y contabilizan las Comunidades según la Ley General Presupuestaria, y cada año rinden a la IGAE una «Cuenta de gestión de tributos cedidos».

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Artículo 61. Colaboración entre Administraciones.

El artículo 61 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de que se trate, entre sí y con las demás Comunidades Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de aplicación de los tributos, así como en la revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria.

2. En particular, dichas Administraciones:

a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten, estableciéndose los procedimientos de intercomunicación técnica precisos.

b) Los Servicios de Inspección prepararán planes de inspección coordinados en relación con los tributos cedidos, sobre objetivos y sectores determinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado su residencia o domicilio fiscal.

c) Arbitrarán modalidades específicas de cooperación y asistencia con el fin de garantizar el control y la correcta aplicación de las exenciones, devoluciones y reducciones del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

3. Las autoridades, funcionarios, oficinas o dependencias de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas no admitirán ningún tipo de documento que le sea presentado a fin distinto de su liquidación y que contenga hechos imponibles sujetos a tributos que otra Administración deba exigir, sin que se acredite el pago de la deuda tributaria liquidada, conste declarada la exención por la oficina competente, o cuando menos, la presentación en ella del referido documento. De las incidencias que se produzcan se dará cuenta inmediata a la Administración interesada.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá convenir con las Comunidades Autónomas la aportación por éstas de medios financieros y materiales para la mejora de la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los Impuestos Especiales de fabricación y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

5. El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las Comunidades Autónomas en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación de la presente Ley en cuanto afecten a las competencias tributarias de ellas.

6. Las Comunidades Autónomas facilitarán trimestralmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las condiciones concretas y por los medios que se determinen, información detallada sobre la recaudación del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos que incluirá de manera específica todos los datos incluidos en los modelos de autoliquidación del impuesto presentados por los contribuyentes y las liquidaciones practicadas por la administración.

Datos clave

  • Las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de que se trate, entre sí y con las demás Comunidades Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de aplicación de los tributos, así como en la revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria.
  • Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten, estableciéndose los procedimientos de intercomunicación técnica precisos.
  • Los Servicios de Inspección prepararán planes de inspección coordinados en relación con los tributos cedidos, sobre objetivos y sectores determinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado su residencia o domicilio fiscal.
  • De las incidencias que se produzcan se dará cuenta inmediata a la Administración interesada.
  • El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las Comunidades Autónomas en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación de la presente Ley en cuanto afecten a las competencias tributarias de ellas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Estado y Comunidades colaboran en toda la aplicación de los tributos: se dan información, coordinan la inspección, no admiten documentos sin acreditar el pago y comparten datos, con información trimestral sobre el impuesto de residuos.

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Artículo 62. Delitos contra la Hacienda Pública.

El artículo 62 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Corresponderá a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma respectiva poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que estime constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública con arreglo al Código Penal respecto de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el Patrimonio.

b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Tributos sobre el Juego.

e) Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte.

f) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

g) Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

2. La Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas se comunicarán a los efectos oportunos los hechos con trascendencia para su tipificación como posible delito contra la Hacienda Pública, y de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus respectivas competencias en materia tributaria.

Datos clave

  • Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte.
  • Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los tributos delegados, es la autoridad autonómica la que comunica al Ministerio Fiscal los hechos que estime delito contra la Hacienda Pública; Estado y Comunidades se comunican los hechos de posible relevancia penal.

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Artículo 63. Información sobre cuentas y operaciones activas y pasivas.

El artículo 63 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. La investigación tributaria de las cuentas y operaciones activas y pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se realizarán en orden a la aplicación de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, previa autorización de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. Las actuaciones pertinentes se llevarán a cabo conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes en el ámbito estatal y sin perjuicio del estricto cumplimiento del deber de colaboración establecido en el artículo 61 de esta Ley.

3. En relación con las actuaciones que en este sentido haya de practicar la Inspección Tributaria de las Comunidades Autónomas fuera de su territorio, habrá de procederse de acuerdo con lo prevenido en el apartado tres del artículo 58 anterior.

Datos clave

  • La investigación de cuentas y operaciones activas y pasivas de bancos, cajas y cooperativas de crédito para los tributos cedidos exige autorización previa de la autoridad autonómica competente.
  • Las actuaciones se ajustan a las normas estatales, sin perjuicio del deber de colaboración del artículo 61 de la ley.
  • Las actuaciones de la Inspección autonómica fuera de su territorio se rigen por el apartado tres del artículo 58.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La investigación de cuentas y operaciones bancarias para aplicar los tributos delegados exige autorización previa de la autoridad autonómica competente y se hace conforme a las normas estatales.

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Artículo 64. Servicios y anticipos de tesorería.

El artículo 64 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. El Banco de España realizará gratuitamente el servicio de tesorería de las Comunidades Autónomas. Los demás servicios financieros que el Banco de España pueda prestar a las Comunidades Autónomas se regularán por convenios especiales celebrados al efecto.

2. El Tesoro podrá efectuar anticipos a las Comunidades Autónomas a cuenta de los recursos que hayan de percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la cobertura financiera de los servicios transferidos, para que aquéllas puedan hacer frente a desfases transitorios de tesorería, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la ejecución de sus presupuestos. Estos anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico en que se satisfagan, salvo si se concedieron a cuenta de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado, en cuyo caso se reembolsarán simultáneamente a la práctica de dicha liquidación.

Datos clave

  • El Banco de España realizará gratuitamente el servicio de tesorería de las comunidades autónomas; los demás servicios financieros se regulan por convenios especiales.
  • El Tesoro podrá anticipar a las comunidades recursos de los servicios transferidos para desfases transitorios de tesorería.
  • Los anticipos se reembolsan antes de finalizar el ejercicio en que se satisfagan, salvo los concedidos a cuenta de la liquidación definitiva, que se reembolsan al practicarla.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Banco de España lleva gratis la tesorería de las Comunidades, y el Tesoro puede adelantarles fondos para desfases transitorios, que se devuelven antes de acabar el ejercicio salvo los anticipos a cuenta de la liquidación definitiva.

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Artículo 65. Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

El artículo 65 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. El Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria es el órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, encargado de coordinar la gestión de los tributos cedidos.

2. El Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria estará presidido por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria e integrado por el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ostentará la Vicepresidencia primera, cinco representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los titulares de la Secretaría General de Hacienda, de la Secretaría General de Financiación Territorial y de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda y por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, uno de los cuales será designado por éstas cada año para ostentar la Vicepresidencia segunda. Aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que tengan encomendadas a dos órganos o entes distintos las funciones de aplicación de los tributos y las de diseño o interpretación de la normativa autonómica, podrán designar dos representantes, si bien dispondrán de un solo voto.

3. Son funciones del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria:

a) Informar, antes de su aprobación, el Plan de Objetivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de cada año; recibir y analizar periódicamente, el seguimiento del Plan Anual de Objetivos y, en el primer cuatrimestre de cada año, los resultados del Plan de Objetivos del año anterior. El Plan de Objetivos de cada año incluirá el Plan General Autonómico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, resultado de la agregación de los planes correspondientes de cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

b) Establecer líneas estratégicas de actuación y prioridades funcionales de los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

c) Proponer criterios generales de armonización de las políticas normativas del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de tributos cedidos, así como de las relativas a su gestión.

d) Analizar e informar los anteproyectos normativos de rango legal que deban ser sometidos a la aprobación del Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo y que modifiquen la regulación de los tributos cedidos. A estos efectos, la Administración General del Estado y las autonómicas se comunicarán mutuamente, por intermedio de la Secretaría Técnica Permanente del Consejo, y con la suficiente antelación, los referidos anteproyectos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se someterán inmediatamente después de su aprobación a informe del Consejo Superior los Reales Decretos-leyes, los Decretos Leyes de las Comunidades Autónomas y los proyectos de Ley, sin perjuicio de su remisión a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para su tramitación, en los siguientes casos: 1.º Cuando las modificaciones legislativas se realicen por Real Decreto-ley o por Decretos Leyes de las Comunidades Autónomas. 2.º Cuando el proyecto normativo modifique en todo o en parte el anteproyecto sometido a análisis o informe del Consejo Superior, y 3.º En general, cuando, por cualquier razón, el anteproyecto se someta a la aprobación del Gobierno estatal o del Consejo de Gobierno autonómico sin tiempo suficiente para cumplir con lo preceptuado en el párrafo anterior.

e) Asesorar a los órganos o entidades estatales y autonómicos competentes sobre las cuestiones relativas a las necesidades y problemas que suscite la aplicación del sistema tributario.

f) Diseñar la política general de gestión de los tributos cedidos, establecer directrices para su aplicación y para la coordinación de la gestión de dichos tributos.

g) Diseñar las líneas básicas de determinados programas a incluir en los planes de control tributario en relación con los tributos cedidos y acordar las directrices para la ejecución de actuaciones coordinadas en determinados programas incluidos en los planes de control, sin perjuicio de las competencias propias de las distintas Administraciones tributarias.

h) Concretar criterios uniformes sobre el contenido de los intercambios de información de carácter tributario entre las Administraciones autonómicas y entre éstas y la Hacienda del Estado y procedimientos comunes para la realización de los mismos, así como coordinar estos intercambios, especialmente en lo que respecta a la comunicación de datos censales.

i) Proponer la implantación de sistemas específicos de intercambio telemático de información en asuntos que sean de interés mutuo para la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

j) Realizar estudios, análisis e informes en materia de regulación o aplicación de los tributos cedidos por iniciativa propia o a solicitud del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de las Consejerías competentes en materia de Hacienda o de los órganos o entidades competentes para la aplicación de los tributos cedidos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

k) Evacuar los informes que le sean solicitados por la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas.

l) Aprobar propuestas de actuación, coordinar las actividades y ser informada de las acciones realizadas por los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, evaluando los resultados de su actuación. En especial, le corresponderá coordinar los criterios aplicados por los Consejos Territoriales en la adopción de los dictámenes sobre la tributación aplicable en el caso de conflicto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía en relación con tributos o deudas tributarias incompatibles.

m) Proponer, recibir para su estudio y analizar los proyectos de convenios entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Administraciones Autonómicas.

n) Proponer actos susceptibles de encomienda de gestión entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, conforme a lo previsto en esta Ley.

4. Su funcionamiento podrá ser en Pleno o a través de una o varias Comisiones o grupos de trabajo, temporales o permanentes, que, en todo caso, deberán tener una composición paritaria entre las representaciones de la Hacienda del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Los representantes de la Administración tributaria del Estado en estas Comisiones serán designados por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía por los representantes de éstas en el Consejo Superior. La creación o supresión de las Comisiones de trabajo, la determinación de sus cometidos, competencias y régimen de funcionamiento se acordará por el Consejo Superior, de acuerdo con sus normas de régimen interior.

5. El Consejo Superior contará con una Secretaría Técnica Permanente, desempeñada por un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con rango mínimo de Subdirector General, que desarrollará las siguientes funciones:

a) Asistir, con voz y sin voto, a todas las reuniones del Consejo Superior y de las Comisiones o grupos de trabajo, realizando respecto a las mismas las funciones de Secretario.

b) Realizar los estudios, informes o trabajos que le encomiende el Consejo Superior o su Presidente.

c) Impulsar y apoyar los trabajos del Consejo Superior y elaborar una memoria anual de los trabajos de la misma.

d) Actuar de órgano permanente de relación entre la Administración Tributaria del Estado, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, que informarán a la Secretaría de las reuniones celebradas y de los acuerdos adoptados en su seno.

e) Elaborar una memoria anual sobre los dictámenes adoptados por los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria relativos a la tributación aplicable en el caso de conflicto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía en relación con tributos o deudas tributarias incompatibles.

6. El Pleno del Consejo Superior se reunirá, al menos, una vez al semestre, así como cuando lo convoque su Presidente o lo soliciten, al menos, tres representantes de las Comunidades Autónomas.

7. Para la adopción de los acuerdos, la representación del Estado en el Consejo Superior contará con igual número de votos que el conjunto de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. La aprobación de directrices y criterios de actuación en materias de regulación o gestión de los tributos cedidos requerirá para su aprobación mayoría absoluta de los componentes del Consejo Superior. La aprobación de directrices y criterios de actuación en materias de regulación o gestión de los tributos cedidos cuya competencia esté atribuida a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, requerirá adicionalmente la aprobación mayoritaria de los representantes de las Comunidades y Ciudades afectadas por las mismas.

Datos clave

  • Aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que tengan encomendadas a dos órganos o entes distintos las funciones de aplicación de los tributos y las de diseño o interpretación de la normativa autonómica, podrán designar dos representantes, si bien dispondrán de un solo voto.
  • Informar, antes de su aprobación, el Plan de Objetivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de cada año; recibir y analizar periódicamente, el seguimiento del Plan Anual de Objetivos y, en el primer cuatrimestre de cada año, los resultados del Plan de Objetivos del año anterior.
  • El Plan de Objetivos de cada año incluirá el Plan General Autonómico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, resultado de la agregación de los planes correspondientes de cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Cuando las modificaciones legislativas se realicen por Real Decreto-ley o por Decretos Leyes de las Comunidades Autónomas.
  • Los representantes de la Administración tributaria del Estado en estas Comisiones serán designados por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía por los representantes de éstas en el Consejo Superior.
  • El Pleno del Consejo Superior se reunirá, al menos, una vez al semestre, así como cuando lo convoque su Presidente o lo soliciten, al menos, tres representantes de las Comunidades Autónomas.
  • La aprobación de directrices y criterios de actuación en materias de regulación o gestión de los tributos cedidos requerirá para su aprobación mayoría absoluta de los componentes del Consejo Superior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria es el órgano mixto Estado-Comunidades que coordina los tributos cedidos: su composición, funciones, Secretaría Técnica Permanente, reuniones y reglas de voto.

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Artículo 66. Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

El artículo 66 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común establece lo siguiente.

1. Los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria son órganos colegiados integrados por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de que se trate a los que corresponde coordinar la gestión de los tributos cedidos en su respectivo ámbito territorial.

2. Los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria desarrollarán las siguientes funciones en lo que respecta a la gestión de los tributos cedidos en su respectivo ámbito territorial, de acuerdo con las directrices del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria:

a) Coordinar la gestión de los citados tributos.

b) Analizar y valorar los resultados de su aplicación.

c) Estudiar las propuestas y adoptar las decisiones que contribuyan a la mejora de su gestión.

d) Formular a la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al órgano o entidad de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía competente en la gestión de los tributos cedidos propuestas orientadas a la mejora de la adecuación a la gestión de los medios disponibles.

e) Desarrollar y concretar los programas incluidos en los planes de control tributario previstos en la letra g) del apartado 3 del artículo 65, así como diseñar y planificar la ejecución de actuaciones coordinadas en determinados programas. No obstante, los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria de las Ciudades de Ceuta y Melilla no ejercerán estas funciones en tanto no se produzca la cesión de tributos en los términos previstos en el título III de esta Ley.

f) Colaborar en la gestión de estos tributos, especialmente en la de aquellos cuya aplicación afecte a los recursos o actividad de la otra Administración, y en la gestión recaudatoria de derechos de la Hacienda Pública Autonómica realizada por encomienda o convenio.

g) Analizar los resultados de los planes de objetivos así como ser informado periódicamente de los planes anuales de objetivos.

h) Adoptar acuerdos en materia de intercambio de información entre las Administraciones estatal y autonómica y analizar su grado de cumplimiento.

i) Decidir la aplicación de los actos susceptibles de encomienda de gestión entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

j) Proponer, recibir para su estudio y analizar los proyectos de convenios entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Administración Tributaria Autonómica.

k) Aprobar los dictámenes que procedan sobre la tributación aplicable en el caso de conflicto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía en relación con tributos o deudas tributarias incompatibles.

l) Adoptar acuerdos encaminados a incentivar el uso de los servicios telemáticos puestos a disposición de los contribuyentes por ambas administraciones.

m) Establecer planes conjuntos de formación sobre materias relacionadas con la gestión de los tributos.

3. Los Consejos Territoriales estarán compuestos por cuatro representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y cuatro de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía. Existirán tantos suplentes como titulares, que actuarán en caso de ausencia o vacante de alguno de estos últimos. Uno de los representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria será el Delegado Especial de la misma, quien presidirá el Consejo Territorial, y otro será el Jefe de la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales con las Administraciones Tributarias, que será el que desempeñe las funciones de Secretario del Consejo. En defecto de éste, otro de los representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria será el que desempeñe las funciones de Secretario. Los dos representantes restantes y los sustitutos de los cuatro titulares serán designados por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de entre los funcionarios destinados en el ámbito de la correspondiente Delegación Especial. Los representantes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y sus sustitutos serán designados por las mismas, siendo uno de sus miembros el titular del Centro Directivo competente para la aplicación de los tributos cedidos. Los Consejos Territoriales de las Ciudades de Ceuta y Melilla serán presididos por el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en tales Ciudades. Las funciones de Secretario del Consejo serán desempeñadas por el funcionario que designe el Presidente del respectivo Consejo Territorial. Por razón de los asuntos a tratar podrán ser convocadas a las reuniones otras personas con voz, pero sin voto.

4. El funcionamiento de los Consejos se ajustará a las siguientes normas:

a) Se reunirán, al menos, una vez cada trimestre, a solicitud de cualquiera de las dos partes representadas.

b) Los acuerdos se adoptarán por mayoría. Por lo que respecta a la adopción de los dictámenes a los que hace referencia la letra k) del apartado 2 anterior, se precisará acuerdo entre ambas Administraciones. En caso de desacuerdo, se planteará el supuesto conflictivo ante la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, que lo resolverá con carácter vinculante.

Datos clave

  • Desarrollar y concretar los programas incluidos en los planes de control tributario previstos en la letra g) del apartado 3 del artículo 65, así como diseñar y planificar la ejecución de actuaciones coordinadas en determinados programas.
  • Los Consejos Territoriales estarán compuestos por cuatro representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y cuatro de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía.
  • Los dos representantes restantes y los sustitutos de los cuatro titulares serán designados por el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de entre los funcionarios destinados en el ámbito de la correspondiente Delegación Especial.
  • Los representantes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y sus sustitutos serán designados por las mismas, siendo uno de sus miembros el titular del Centro Directivo competente para la aplicación de los tributos cedidos.
  • Los Consejos Territoriales de las Ciudades de Ceuta y Melilla serán presididos por el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en tales Ciudades.
  • Se reunirán, al menos, una vez cada trimestre, a solicitud de cualquiera de las dos partes representadas.
  • Por lo que respecta a la adopción de los dictámenes a los que hace referencia la letra k) del apartado 2 anterior, se precisará acuerdo entre ambas Administraciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los Consejos Territoriales coordinan en cada Comunidad o Ciudad la gestión de los tributos cedidos según las directrices del Consejo Superior: paritarios, presididos por el Delegado Especial de la AEAT y reunidos al menos cada trimestre.

Esquema

Consejo Superior frente a Consejos Territoriales
Consejo SuperiorConsejo Territorial
ÁmbitoCoordinación general de los tributos cedidosGestión de los tributos cedidos en su ámbito territorial
PresidenciaPresidente de la AEATDelegado Especial de la AEAT
Reuniones mínimasUna vez al semestreUna vez cada trimestre
AcuerdosDirectrices: mayoría absolutaPor mayoría; dictámenes, acuerdo de ambas Administraciones

¿Me lo sé? Flashcards

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