Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
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- Constitución Española
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
Constitución Española · Art. 49
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. 2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Datos clave
- ¿En qué condiciones ejercen sus derechos las personas con discapacidad según el art. 49.1? → En condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas; la protección especial necesaria se regulará por ley.
- ¿Qué necesidades se atenderán particularmente en el art. 49.2? → Las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
- 49.1 = derechos + ley de protección especial. 49.2 = políticas (autonomía, inclusión, accesibilidad universal) + participación de sus organizaciones.
- Dos grupos citados expresamente al cierre: mujeres y menores con discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas con discapacidad ejercen sus derechos en libertad e igualdad reales y efectivas, con la protección especial que regule la ley; los poderes públicos impulsan su autonomía e inclusión, con atención a mujeres y menores.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 1
Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero.
Datos clave
- ¿Qué exige el art. 1.1 sobre la relación agresor-víctima? → Que sea o haya sido su cónyuge o pareja por relación de afectividad análoga, con o sin convivencia.
- El apartado 4 del artículo 1 incluye también en la violencia de género la ejercida, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, sobre sus familiares o allegados menores de edad.
- Según el art. 1.3, ¿qué actos comprende la violencia de género? → Violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delimita qué violencia combate la ley: la ejercida sobre las mujeres por quienes son o han sido sus cónyuges o parejas, aun sin convivencia, y también la vicaria sobre sus familiares o allegados menores.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 2
Principios rectores. A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. e) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. i) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
Datos clave
- ¿Hasta qué letra llegan los fines del artículo 2? → Hasta la k): son once fines, de la a) a la k).
- ¿A través de qué órgano impulsa la AGE la tutela institucional y con quién colabora? → A través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.
- ¿En qué nivel manda coordinar los servicios sociales ya existentes la letra c)? → A nivel municipal y autonómico.
- Son once letras, de la a) a la k). Los derechos van seguidos y en bloque: b) exigibles ante la Administración, d) laborales y funcionariales, e) económicos.
- La k) cierra con la transversalidad y es la que más se olvida al enumerar: tener en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera los once fines de la ley, de la a) a la k): sensibilización, derechos de las víctimas, servicios sociales, derechos laborales y económicos, tutela institucional, marco penal, coordinación y transversalidad.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 3
Planes de sensibilización. 1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente que como mínimo recoja los siguientes elementos: a) Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género. b) Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural, incluyendo el ámbito de las tecnologías de la información y el digital. c) Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones. d) Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de las víctimas y su entorno, las instituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión a la que se refiere el párrafo anterior, elaborará el Informe anual de evaluación del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y lo remitirá a las Cortes Generales. 2. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género. 3. Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad.
Datos clave
- ¿Qué debe poner en marcha el Gobierno de forma inmediata según el art. 3? → Un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género de carácter permanente.
- ¿A quién remite la Delegación del Gobierno el informe anual del Plan Estatal? → A las Cortes Generales.
- ¿Qué garantiza el art. 3.3 sobre las campañas de sensibilización? → El acceso a las mismas de las personas con discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno pone en marcha de inmediato un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención permanente, controlado por una Comisión creada en un mes, y los poderes públicos impulsan campañas accesibles.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 4
Principios y valores del sistema educativo. 1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. 3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. 4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.
Datos clave
- ¿Qué etapa debe desarrollar la capacidad de analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo? → El Bachillerato y la Formación Profesional.
- ¿Qué deben incluir y fomentar las Universidades según el artículo 4? → La formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación, de forma transversal y en todos los ámbitos académicos.
- ¿Qué le corresponde a la Educación Infantil? → Contribuir a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
- Siete apartados que son siete escalones: fines y calidad, Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, adultos, Universidad.
- Investigación solo aparece en el apartado 7, el de las Universidades, y va con la coletilla de forma transversal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija lo que cada etapa educativa aporta contra la violencia de género, desde Infantil hasta la Universidad: resolución pacífica de conflictos, igualdad y análisis crítico de las desigualdades.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 5
Escolarización inmediata en caso de violencia de género. Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género.
Datos clave
- ¿Qué deben prever las Administraciones competentes ante un cambio de residencia por violencia de género? → La escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por ese cambio de residencia.
- Artículo de una sola línea con tres palabras que caen: prever, inmediata y cambio de residencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la violencia de género obliga a cambiar de residencia, las Administraciones competentes deben prever la escolarización inmediata de los hijos afectados.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 6
Fomento de la igualdad. Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
Datos clave
- ¿Sobre qué deben velar las Administraciones educativas en el artículo 6? → Sobre que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y se fomente el igual valor de hombres y mujeres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones educativas velan para que los materiales educativos eliminen estereotipos sexistas o discriminatorios y fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 7
Formación inicial y permanente del profesorado. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para: a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.
Datos clave
- ¿Qué habilita la letra c) del artículo 7? → La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.
- ¿A qué planes de formación del profesorado alcanza el artículo 7? → A los planes de formación inicial y permanente.
- Cuatro letras, de la a) a la d), y se ordenan solas: respetar (a), resolver conflictos (b), detectar (c), corresponsabilizar (d).
- La palabra corresponsabilidad aparece una sola vez en el artículo y es en la letra d), referida al ámbito doméstico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La formación inicial y permanente del profesorado debe incluir formación específica en igualdad que le habilite para cuatro tareas, de la a) a la d), entre ellas la detección precoz.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 8
Participación en los Consejos Escolares. Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.
Datos clave
- ¿Quiénes tienen representación asegurada en el Consejo Escolar del Estado conforme al artículo 8? → El Instituto de la Mujer y las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres con implantación en todo el territorio nacional.
- Regla de dos: Consejos Escolares impulsan, Consejo Escolar del Estado representa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Consejos Escolares deben impulsar medidas educativas de igualdad real y efectiva, y en el Consejo Escolar del Estado se asegura la representación del Instituto de la Mujer y de organizaciones de mujeres.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 9
Actuación de la inspección educativa. Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Datos clave
- ¿Qué vigilan los servicios de inspección educativa según el artículo 9? → El cumplimiento y aplicación en el sistema educativo de los principios y valores recogidos en ese capítulo, destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La inspección educativa vigila que en el sistema educativo se cumplan y apliquen los principios y valores de este capítulo destinados a fomentar la igualdad real.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 10
Publicidad ilícita. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.
Datos clave
- ¿Qué publicidad declara ilícita el artículo 10 y con arreglo a qué ley? → La que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, de acuerdo con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- La pareja de datos que se pregunta: norma de remisión (Ley 34/1988, General de Publicidad) y binomio vejatorio o discriminatorio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Es ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, de acuerdo con la Ley 34/1988, General de Publicidad.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 11
El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.
Datos clave
- ¿Con arreglo a qué debe asegurar el tratamiento de la mujer el Ente público del artículo 11? → Conforme con los principios y valores constitucionales, y sin perjuicio de las posibles actuaciones de otras entidades.
- Sin perjuicio de otras entidades: la competencia del Ente público no es exclusiva ni excluyente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Ente público que vela por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones debe asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 12
Titulares de la acción de cesación y rectificación. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer , el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Datos clave
- ¿Quiénes están legitimados para ejercitar la acción de cesación de publicidad ilícita del artículo 12? → La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer.
- ¿Qué requisito deben cumplir las asociaciones para estar legitimadas? → Tener como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer.
- Cuatro legitimados y se recuerdan por pares: dos de igualdad (Delegación Especial e Instituto de la Mujer u órgano autonómico equivalente), uno público general (Ministerio Fiscal) y uno privado (asociaciones de objetivo único).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuatro sujetos están legitimados para pedir ante los Tribunales la cesación de la publicidad ilícita que utilice de forma vejatoria la imagen de la mujer.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 13
Medios de comunicación. 1. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente. 2. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
Datos clave
- ¿Qué mecanismos deben contener los acuerdos de autorregulación que promueva la Administración? → Mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces.
- ¿Sobre qué velarán las Administraciones Públicas en el apartado 1 del artículo 13? → Sobre el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a erradicar conductas favorecedoras de desigualdad en todos los medios de comunicación social.
- Apartado 1, vigilar; apartado 2, promover. El verbo cambia y en el test suele estar ahí la diferencia.
- Dos mecanismos exigidos a los acuerdos de autorregulación: control preventivo y resolución extrajudicial de controversias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones vigilan el cumplimiento estricto de la legislación sobre derechos fundamentales en los medios, y se promueven acuerdos de autorregulación publicitaria con control preventivo.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 14
Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.
Datos clave
- ¿En qué aspecto manda tener especial cuidado el artículo 14 al informar sobre violencia sobre la mujer? → En el tratamiento gráfico de las informaciones.
- ¿Qué debe garantizar la difusión de informaciones sobre violencia sobre la mujer? → Con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos.
- Tres palabras encadenadas en la segunda frase: derechos humanos, libertad y dignidad. Y el filtro es la objetividad informativa.
- Lo que va en particular es lo gráfico: si la pregunta pide el aspecto destacado expresamente, es ese.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los medios fomentan la igualdad y, al informar sobre violencia sobre la mujer, garantizan con objetividad los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las víctimas y sus hijos, con especial cuidado en lo gráfico.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 15
Sensibilización y formación. 1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. 2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley. 3. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia. 4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género.
Datos clave
- ¿En qué órgano promueven las Administraciones sanitarias las actuaciones de detección precoz? → En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- ¿Qué debe contemplarse en los Planes Nacionales de Salud que procedan? → Un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género.
- Cuatro apartados y un solo cambio de sujeto: 1, 2 y 4 son sanitarios; el 3 es educativo.
- La tríada del apartado 2 va en orden temporal: diagnóstico precoz, asistencia y rehabilitación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ámbito sanitario: detección precoz impulsada en el Consejo Interterritorial, formación continuada del personal sanitario, contenidos curriculares en profesiones sociosanitarias y un apartado específico en los Planes Nacionales de Salud.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 16
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la Violencia de Género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia. La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
Datos clave
- ¿En qué plazo debe constituirse la Comisión contra la Violencia de Género y dónde? → En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- ¿Por quién está compuesta esa Comisión? → Por representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
- ¿A quién se remite su informe anual? → Al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
- Tres cifras y ninguna más: un año para constituirla, un informe al año y dos destinatarios del informe.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el Consejo Interterritorial del SNS se constituye, en un año, una Comisión contra la Violencia de Género con representantes autonómicos que emite un informe anual.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 17
Garantía de los derechos de las víctimas. 1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos. 2. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 3. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencias contra las mujeres tendrán carácter de servicios esenciales. En caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de tales servicios, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento y su adaptación, si fuera necesario, a las necesidades específicas de las víctimas derivadas de la situación de dicha situación excepcional. Igualmente, se garantizará el normal funcionamiento y prestación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
Datos clave
- ¿Qué servicios declara esenciales el artículo 17.3? → Los de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, y los de acogida y asistencia social integral (orientación jurídica, psicológica y social).
- ¿Qué sistema de seguimiento se garantiza expresamente en el artículo 17.3? → El sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
- Apartado 2, tres derechos constitucionales en tres parejas: integridad física y moral, libertad y seguridad, igualdad y no discriminación por razón de sexo.
- Si en la pregunta aparece 24 horas, es el asesoramiento jurídico; si aparece inmediata, telefónica y en línea, es la atención psicosocial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Garantiza a todas las víctimas los derechos de la ley sin discriminación y declara servicios esenciales la información, la atención psicosocial, el asesoramiento jurídico 24 horas, la acogida y la asistencia social integral.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 18
Derecho a la información. 1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. 2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. La información deberá ser accesible para las mujeres que desconozcan el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial de su territorio de residencia.
Datos clave
- ¿En qué formato debe ofrecerse la información a las mujeres con discapacidad? → En formato accesible y comprensible, como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
- ¿Para quién debe ser accesible la información según el apartado 3? → Para las mujeres que desconozcan el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial de su territorio de residencia.
- Apartado 2 igual a discapacidad y lengua de signos; apartado 3 igual a idioma y otras dificultades de acceso.
- La información del apartado 1 abarca tres cosas: protección y seguridad, derechos y ayudas, y dónde se prestan los servicios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho de la víctima a información plena y asesoramiento, con garantías de acceso para mujeres con discapacidad y para quienes tengan más dificultades, incluidas las que desconozcan la lengua.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 19
Derecho a la atención integral. 1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 2. La atención multidisciplinar implicará especialmente: a) Información a las víctimas. b) Atención psicológica. c) Apoyo social. d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. e) Apoyo educativo a la unidad familiar. f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios, asegurando, en todo caso, la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los mismos. En todo caso, se procurará una distribución territorial equitativa de los servicios y se garantizará su accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y otras zonas alejadas. 4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias. 5. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de violencia de género. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. En particular, deberán contar con profesionales de la psicología infantil para la atención de las hijas e hijos menores víctimas de violencia de género, incluida la violencia vicaria. 6. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de las comunidades autónomas en las materias reguladas en este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la Administración General del Estado, de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los servicios. 7. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora.
Datos clave
- ¿A qué principios responde la organización de estos servicios por comunidades autónomas y Corporaciones Locales? → Atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
- ¿Con qué profesionales deben contar los servicios sociales para los menores? → Con personal específicamente formado y, en particular, con profesionales de la psicología infantil para las hijas e hijos menores víctimas de violencia de género, incluida la violencia vicaria.
- ¿Qué manda el apartado 3 sobre el reparto de los servicios? → Procurar una distribución territorial equitativa y garantizar su accesibilidad a las mujeres de zonas rurales y otras zonas alejadas.
- Cuatro principios de organización (permanente, urgente, especializada, multidisciplinar) y siete contenidos, de la a) a la g).
- Los tres adjetivos de calidad del apartado 3 van juntos: disponibilidad, accesibilidad y calidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral, organizados por CCAA y Corporaciones Locales con cuatro principios, contenido multidisciplinar y atención a los menores.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 19 bis
Derecho a la atención sanitaria. 1. El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas, el derecho a la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y al seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas derivadas de la situación de violencia sufrida. Asimismo, los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas menores que sean víctimas de violencia vicaria. 2. Estos servicios se prestarán, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y el respeto, en todo caso, a las decisiones que ellas tomen en relación a su atención sanitaria. 3. Asimismo, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y asistencia en situaciones de violencia contra mujeres con discapacidad, mujeres con problemas de salud mental, adicciones u otras problemáticas u otros casos de adicciones derivadas o añadidas a la violencia.
Datos clave
- ¿Hasta cuándo se garantiza el seguimiento de la evolución del estado de salud de la víctima? → Hasta su total recuperación, en lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas derivadas de la violencia sufrida.
- ¿Para qué colectivos exige el apartado 3 medidas específicas de detección, intervención y asistencia? → Para mujeres con discapacidad, con problemas de salud mental, adicciones u otras problemáticas derivadas o añadidas a la violencia.
- Los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas menores que sean víctimas de violencia vicaria.
- Apartado 2, dos garantías que se preguntan juntas: privacidad e intimidad, y respeto a sus decisiones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Sistema Público de Salud garantiza a las víctimas y a sus hijos atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y seguimiento hasta su total recuperación, respetando su intimidad y decisiones.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 20
Asistencia jurídica. 1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. 4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas. 5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular. 6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos. 7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
Datos clave
- ¿Desde qué momento tiene la víctima derecho a asesoramiento jurídico gratuito? → Desde el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.
- ¿Hasta cuándo puede el abogado designado representar procesalmente a la víctima? → Hasta la designación del procurador, en tanto la víctima no se haya personado como acusación; hasta entonces cumple el deber de señalamiento de domicilio.
- ¿Qué efecto NO produce personarse como acusación particular en un momento avanzado? → No permite retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de la personación, ni puede suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
- Reparto de papeles: los Colegios de Abogados designan siempre con urgencia; los de Procuradores, solo si la víctima quiere ser acusación particular.
- Una misma dirección letrada, con una condición expresa: siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Asistencia jurídica gratuita a la víctima: asesoramiento justo antes de denunciar, defensa y representación gratuitas, una misma dirección letrada, designación urgente y personación como acusación en cualquier momento.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 21
Derechos laborales y de Seguridad Social. 1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 2. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. 3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad. 4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese temporal de la actividad en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar.
Datos clave
- ¿Qué bonificación tiene la empresa que formaliza un contrato de interinidad para sustituir a una víctima y durante cuánto tiempo? → El 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la sustituida o durante seis meses en movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
- ¿Qué ocurre con la cotización de la trabajadora por cuenta propia que cesa en su actividad? → Se le suspende la obligación de cotizar durante seis meses, que se consideran de cotización efectiva, su situación es asimilada al alta y se toma como base el promedio de las bases cotizadas los seis meses previos.
- ¿Cómo se califican las ausencias motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia? → Como justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud, sin perjuicio de comunicarlas a la empresa a la mayor brevedad.
- El seis se repite en tres sitios del artículo: seis meses de bonificación por movilidad o cambio de centro, seis meses de suspensión de la cotización de la autónoma y seis meses previos para calcular su base.
- La bonificación es del 100 por 100 y solo de las cuotas empresariales por contingencias comunes: ni de todas las cuotas ni de las contingencias profesionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derechos laborales de la trabajadora víctima, desempleo y cotización, bonificación por contratos de interinidad, ausencias justificadas y cese temporal de la autónoma con suspensión de cotizar seis meses.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 22
Programa específico de empleo. 1. En el marco de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
Datos clave
- ¿En qué marco se desarrolla el programa específico de empleo del art. 22 LO 1/2004? → En los planes anuales de empleo del artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
- Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
- Tres datos que caen: artículo 11, Real Decreto Legislativo 3/2015 y «por cuenta propia». Si en la pregunta falta el autoempleo, sospecha.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dentro de los planes anuales de empleo se desarrolla un programa específico para víctimas inscritas como demandantes de empleo, con medidas para emprender por cuenta propia.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 23
Acreditación de situaciones de violencia de género. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
Datos clave
- ¿Qué debe indicar el informe del Ministerio Fiscal para acreditar la situación de violencia de género? → La existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
- ¿Qué medio de acreditación se añade para las víctimas menores de edad? → Los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
- ¿Dónde diseñan Gobierno y CCAA los procedimientos básicos de acreditación? → En el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de común acuerdo.
- Vía judicial o fiscal: sentencia, orden de protección, otra resolución con medida cautelar, informe del Fiscal. Son cuatro.
- El órgano de coordinación es la Conferencia Sectorial de Igualdad, no el Observatorio ni la Delegación del Gobierno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se acredita la violencia de género para acceder a los derechos: por vía judicial o fiscal, por informes de servicios sociales o especializados, y, en menores, también por documentos sanitarios.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 24
Ámbito de los derechos. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
Datos clave
- ¿Qué tres derechos reconoce el art. 24 LO 1/2004 a la funcionaria víctima de violencia de género? → Reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro de trabajo y excedencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La funcionaria víctima tiene derecho a reducir o reordenar su jornada, a la movilidad geográfica de centro y a la excedencia, según su legislación específica.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 25
Justificación de las faltas de asistencia. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.
Datos clave
- ¿Qué ausencias al trabajo se consideran justificadas según el art. 25 LO 1/2004? → Las totales o parciales motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria.
- Recuerda el binomio doble: ausencias «totales o parciales» y situación «física o psicológica». Quien lo falla es porque se queda con una mitad de cada par.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las ausencias totales o parciales de la funcionaria motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia se consideran justificadas según su legislación específica.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 26
Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el artículo 23.
Datos clave
- ¿Conforme a qué artículo se acreditan las circunstancias que dan lugar a los derechos de las funcionarias víctimas de violencia de género? → Conforme al artículo 23 de la LO 1/2004.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las circunstancias que dan derecho a la funcionaria a movilidad, excedencia y reducción o reordenación de jornada se acreditan según el artículo 23.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 27
Ayudas sociales. 1. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. 2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo. 3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley. 4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. 5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.
Datos clave
- ¿Cuál es el límite de rentas para acceder a la ayuda del art. 27 LO 1/2004? → No superar, en cómputo mensual, el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- ¿A cuánto equivale la ayuda si la víctima tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por 100? → A doce meses de subsidio por desempleo.
- ¿Qué informe debe incorporarse a la tramitación del procedimiento de concesión? → El informe del Servicio Público de Empleo sobre la previsibilidad de que el programa de empleo no incida sustancialmente en la mejora de su empleabilidad.
- ¿Quién financia y quién concede estas ayudas? → Se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y las conceden las Administraciones competentes en materia de servicios sociales.
- La escala se recuerda doblando: 6 meses; el doble (12) por discapacidad; el triple (18) por cargas familiares; el cuádruple (24) por ambas.
- Dos veces aparece el 33 por 100: en el apartado 2 (solo la víctima) y en el 4 (la víctima o un familiar que conviva con ella).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ayuda de pago único para víctimas con rentas bajas y especiales dificultades de empleo: seis meses de subsidio, que suben a doce, 18 o 24 según discapacidad y responsabilidades familiares.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 28
Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.
Datos clave
- ¿En qué dos ámbitos son colectivo prioritario las víctimas de violencia de género según el art. 28 LO 1/2004? → En el acceso a viviendas protegidas y a residencias públicas para mayores.
- Artículo de una línea con dos sustantivos que se preguntan: «viviendas protegidas» y «residencias públicas para mayores».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las víctimas de violencia de género son colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, según la legislación aplicable.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 28 bis
Alcance y garantía del derecho. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.
Datos clave
- ¿Qué comprende el derecho a la reparación según el art. 28 bis LO 1/2004? → La compensación económica por los daños y perjuicios, las medidas para la completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.
- Cuatro contenidos, y se memorizan como «dinero, recuperación, símbolo y futuro»: compensación, recuperación, reparación simbólica y no repetición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las víctimas tienen derecho a la reparación, con cuatro contenidos: compensación económica, recuperación completa, reparación simbólica y garantías de no repetición.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 28 ter
Medidas para garantizar el derecho a la reparación. 1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la indemnización a la que se refiere el apartado siguiente, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. 2. Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, al menos, los siguientes conceptos: a) El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad. b) La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales. c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. d) El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida. e) El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. 3. La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente responsables, de acuerdo con la normativa vigente. 4. Las administraciones públicas garantizarán la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red de recursos de atención integral previstos en el Título II. Asimismo, con el objetivo de garantizar la recuperación simbólica, promoverán el restablecimiento de su dignidad y reputación, la superación de cualquier situación de estigmatización y el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos. Asimismo, las administraciones públicas podrán establecer ayudas complementarias destinadas a las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación. En particular, dichas víctimas podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos sanitarios adecuados, incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si fueran necesarios. 5. Con el objetivo de cumplir las garantías de no repetición, las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas. 6. Las administraciones públicas promoverán, a través de homenajes y de acciones de difusión pública, el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas.
Datos clave
- ¿Cómo define el art. 28 ter el daño social? → Como el daño al proyecto de vida.
- ¿Quién satisface la indemnización del art. 28 ter LO 1/2004? → La o las personas civil o penalmente responsables, de acuerdo con la normativa vigente.
- ¿Qué derecho digital se promueve para la recuperación simbólica de la víctima? → El derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos.
- ¿Con qué medidas se cumplen las garantías de no repetición? → Impulsando las necesarias para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas.
- Los conceptos indemnizables son cinco, de la a) a la e), y la lista es de mínimos: el texto dice «al menos».
- Apartado 4 guarda los datos raros que caen: derecho de supresión en buscadores y reconstrucción genital femenina.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Concreta la reparación: indemnización mínima por cinco conceptos a cargo de los responsables, recuperación a través de la red de atención, reparación simbólica, protección frente a represalias y homenajes públicos.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 29
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 1. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno y elaborará la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres. Asimismo, coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la materia. 2. La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta ley en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia. 3. Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Datos clave
- ¿Qué encuesta elabora la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género? → La Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres.
- ¿Para qué está legitimada ante los órganos jurisdiccionales la persona titular de la Delegación? → Para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en la ley, en colaboración y coordinación con las administraciones competentes.
- ¿Qué se determina reglamentariamente respecto de la persona titular de la Delegación? → Su rango y sus funciones concretas.
- Asocia «Delegación → Macroencuesta y legitimación procesal». Si la pregunta atribuye la Macroencuesta al Observatorio, es falsa.
- Lo que va a reglamento aquí son dos cosas: el rango y las funciones concretas del titular.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género formula las políticas públicas del Gobierno, elabora la Macroencuesta y coordina; su titular está legitimado ante los tribunales.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 30
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 1. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo. 2. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres. 3. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición, en la que se garantizará, en todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Datos clave
- ¿Con qué periodicidad y a quién remite su informe el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer? → Con periodicidad anual, al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.
- ¿Cómo deben consignarse en todo caso los datos de los informes, estudios y propuestas del Observatorio? → Desagregados por sexo.
- ¿Qué naturaleza tiene el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer? → La de órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- En la composición se garantizará la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
- Informe anual = tipos penales aplicados + efectividad de las medidas + necesidades de reforma legal. Tres piezas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado, asesora, evalúa y elabora informes con datos desagregados por sexo, y remite un informe anual al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 31
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. 3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. 4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades Autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas.
Datos clave
- ¿En qué dos materias se especializan las unidades que el Gobierno establece en las FCSE según el art. 31 LO 1/2004? → En la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas.
- ¿En qué preceptos pueden estar previstas las medidas cuyo cumplimiento ayudan a asegurar las Policías Locales? → En la propia LO 1/2004, en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal.
- ¿Qué protocolo debe tener en cuenta la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? → El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género.
- Tres normas que cita el apartado 2 para las medidas que vigila la Policía Local: esta Ley, el art. 544 bis LECrim y el art. 57 del Código Penal.
- Las unidades especializadas tienen doble cometido: prevención y control de la ejecución de las medidas judiciales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Unidades especializadas en las FCSE, cooperación de las Policías Locales en el cumplimiento de medidas judiciales, protocolo de actuación y aplicación a las policías autonómicas.
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LO 1/2004 Violencia de Género · Art. 32
Planes de colaboración. 1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. 2. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan. 3. Las administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación, permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, y en especial, del Protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención, detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla. Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia expresa a las relaciones con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos. 4. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores o aquellas que viven en el ámbito rural.
Datos clave
- ¿A qué administraciones y servicios deben implicar los planes de colaboración del art. 32 LO 1/2004? → A las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.
- ¿Qué deben garantizar los protocolos de actuación además de una actuación global e integral? → La actividad probatoria en los procesos que se sigan.
- ¿Cuándo deben los protocolos sanitarios referirse expresamente a las relaciones con la Administración de Justicia? → Cuando exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por las agresiones o abusos.
- Los planes cubren tres verbos: prevención, asistencia y persecución. Los protocolos sanitarios, otros tres: prevención, detección precoz e intervención continuada.
- Son seis los colectivos citados en el apartado 4 y se enlazan como «minorías, inmigrantes, exclusión, discapacidad, mayores y rural».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Planes de colaboración entre poderes públicos, protocolos que garanticen la actuación integral y la prueba, protocolos sanitarios uniformes y atención especial a las mujeres con mayor riesgo o dificultad.
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Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.
2. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales.
Datos clave
- Objeto: regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
- Instrumento: creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- La Administración General del Estado garantiza un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio.
- El Sistema responde a una acción coordinada y cooperativa de la AGE y las Comunidades Autónomas.
- Las Entidades Locales participan, en su caso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley regula las condiciones básicas del derecho subjetivo de ciudadanía a la autonomía personal y la atención a la dependencia, creando el SAAD con un mínimo común garantizado por el Estado en todo el territorio.
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Artículo 2. Definiciones.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades de la vida diaria.
2. Situación de dependencia: el estado de carácter permanente en el que las personas, debido a dificultades que afectan a su autonomía, precisan de cuidados y apoyos de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades de la vida diaria. Las situaciones de dependencia pueden estar asociadas a la edad, la discapacidad o la enfermedad y también pueden estar originadas o verse agravadas por factores sociales o contextuales como la ausencia de inclusión social, entornos accesibles o condiciones adecuadas para la vida de las personas.
3. Actividades de la vida diaria (AVD): las tareas de la persona que le permiten desenvolverse con autonomía e independencia, tales como: reconocer personas y objetos; orientarse; entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas; el cuidado personal; las actividades domésticas; la movilidad dentro y fuera del hogar; la comunicación, las interacciones y las relaciones interpersonales; la gestión y el cuidado de la salud, o la gestión de la economía doméstica, así como las tareas necesarias para el ejercicio de todos sus derechos.
4. Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
5. Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
6. Cuidadoras principales: de entre las personas que proveen cuidados no profesionales, será persona cuidadora principal aquella que dedica más tiempo a los cuidados y apoyos prestados a la persona en situación de dependencia y se identifica como tal en el Plan Individual de Atención.
7. Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.
8. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal.
9. Tercer sector: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.
10. Proyecto de vida: conjunto de propósitos, objetivos, metas y actividades que dan sentido a la vida de cada persona y responden a su voluntad, deseos y preferencias, y que será flexible conforme a cada momento de su etapa vital, sirviendo de guía para mantener la dirección que desea, y vivir una vida con significado.
11. Prestaciones de base comunitaria: aquellas cuya finalidad es posibilitar la permanencia de la persona en el entorno en el que desarrolla o quiere desarrollar su vida y que fomentan activamente, en igualdad de condiciones, su participación en la comunidad en la que vive, involucrándose, vinculándose y coordinándose con los programas, actividades, estructuras y recursos existentes en la misma.
12. Actividades significativas: las actividades que tienen sentido para la persona en situación de dependencia, que le permiten participar en aquello que siente como propio, que está relacionado con sus valores personales, biografía o identidad, y que la hace sentirse involucrada y conectada con su entorno.
13. Entorno comunitario: el espacio de proximidad donde las personas viven, interactúan y participan, y que ofrece condiciones que favorecen su inclusión, su desarrollo personal y su participación social en igualdad de condiciones.
14. Restricciones: actos, practicas, dinámicas u omisiones que tienen el propósito o el efecto de limitar o restringir el movimiento, la libertad de elección o de actuar de forma independiente de una persona o el libre desarrollo de su personalidad.
15. Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser:
a) Sujeción física o mecánica: la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método, dispositivo o procedimiento físico o mecánico aplicado sobre ella, o adyacente a su cuerpo, que no sea capaz de mover o retirar y del que no puede liberarse con facilidad.
b) Sujeción farmacológica o química: el uso deliberado e intencional de psicofármacos, con independencia del grupo o familia y de sus dosis, que limiten o restrinjan la expresión espontánea, la libertad de movimientos, la actividad física o el funcionamiento mental de una persona, con el objetivo de controlar una conducta, y siempre que no se deba a un trastorno psiquiátrico o médico diagnosticado.
16. Vida independiente: derecho fundamentado en la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y el control sobre la propia vida, que garantiza que las personas con discapacidad decidan cómo, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas, contando con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles para el ejercicio efectivo de dicha elección y para su plena inclusión en la comunidad.
17. Prestaciones de base domiciliaria: los servicios, apoyos o recursos que se ofrecen dentro del propio domicilio o de la propia comunidad de la persona dependiente.
Datos clave
- Situación de dependencia: estado de carácter permanente en que la persona precisa cuidados y apoyos de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades de la vida diaria.
- Las situaciones de dependencia pueden estar asociadas a la edad, la discapacidad o la enfermedad, y originarse o agravarse por factores sociales o contextuales.
- Cuidados no profesionales: atención en el domicilio por personas de la familia o del entorno no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
- Persona cuidadora principal: la que, entre quienes prestan cuidados no profesionales, dedica más tiempo a los cuidados y se identifica como tal en el Plan Individual de Atención.
- Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser físicas o mecánicas, o farmacológicas o químicas.
- Sujeción farmacológica o química: uso deliberado de psicofármacos que limite la expresión, los movimientos o el funcionamiento mental para controlar una conducta, siempre que no se deba a un trastorno diagnosticado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Diccionario de la ley: diecisiete definiciones que el test usa como trampa, desde autonomía y dependencia hasta sujeciones, vida independiente y prestaciones de base comunitaria y domiciliaria.
Esquema
| No profesionales | Profesionales | |
|---|---|---|
| Quién | Familia o entorno de la persona | Institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo |
| Dónde | En su domicilio | En su hogar o en un centro |
| Vínculo | No vinculados a un servicio de atención profesionalizada | Entre sus finalidades está atender a personas dependientes |
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Artículo 3. Principios de la Ley.
Artículo 3. Principios de la Ley.
Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a) El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
b) La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en esta Ley.
c) El respeto a la libertad de elección, voluntad, deseos, preferencias y autodeterminación de las personas en situación de dependencia.
d) La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.
e) La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia.
f) La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real.
g) La personalización de los cuidados y apoyos basada en la voluntad, deseos y preferencias de las personas, teniendo en cuenta de manera especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de encontrarse en situación de vulnerabilidad.
h) El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.
i) La promoción de medidas para que las personas en situación de dependencia puedan vivir de forma independiente, en su caso, con los apoyos necesarios, con plena inclusión y participación en la comunidad.
j) La permanencia de las personas en situación de dependencia en el entorno en que desarrollan su vida, siempre que sea su voluntad, facilitando su incorporación activa en la comunidad y evitando el aislamiento y la percepción de soledad.
k) La calidad, sostenibilidad y accesibilidad universal de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
l) La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta Ley.
m) La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas de las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades Locales.
n) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
ñ) La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
o) La cooperación interadministrativa.
p) La integración de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados.
q) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.
r) Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.
s) La incorporación transversal de la perspectiva de género en todas las políticas, medidas y actuaciones garantizando la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la prevención de las violencias y el avance en la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado.
t) La igualdad de trato y no discriminación mediante la aplicación de un enfoque interseccional que aborde de manera integral las situaciones de discriminación múltiple que puedan afectar a las personas, considerando la interacción de factores como el sexo, la edad, la discapacidad, el origen racial o étnico, la orientación sexual, la identidad de género, la situación socioeconómica u otros que resulten relevantes.
Datos clave
- El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es el primero de los principios de la Ley.
- Universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación.
- Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.
- Permanencia en el entorno en que la persona desarrolla su vida, siempre que sea su voluntad, evitando el aislamiento y la percepción de soledad.
- La Ley recoge la participación de la iniciativa privada y del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
- Igualdad de trato y no discriminación mediante un enfoque interseccional que aborde de manera integral las situaciones de discriminación múltiple.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Principios que inspiran la ley, de la a) a la t): carácter público, universalidad, libertad de elección, atención integral, permanencia en el entorno, perspectiva de género y atención preferente a la gran dependencia.
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Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia.
Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia.
1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma.
2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes:
a) Al goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales desde el respeto a su dignidad inherente.
b) A recibir cuidados y apoyos personalizados, con pleno respeto a su intimidad, suficientes en intensidad y de calidad de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias.
c) A elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
d) A la libre elección y capacidad de control, en su caso, con los apoyos necesarios, sobre las decisiones que afectan a la propia vida con el máximo grado de libre determinación.
e) A vivir de forma independiente, y a la plena inclusión y participación en la comunidad.
f) A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia, sobre sus derechos y deberes, y sobre la calidad en los servicios.
g) A recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas, y de restricciones.
h) A ser advertidas de si los servicios que se le presten pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa autorización, expresa y por escrito, de la persona en situación de dependencia o quien la represente.
i) A participar en la formulación, aplicación y seguimiento, de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación.
j) A decidir sobre las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. En todo caso, las medidas se prestarán respetando su voluntad, deseos y preferencias.
k) Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales.
l) A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho reconocido en el apartado 1.
m) A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás personas.
n) A no sufrir discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y orientación o identidad sexual, expresión de género, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
ñ) A decidir libremente entre las prestaciones previstas para su grado de dependencia que más se ajusten a su voluntad, deseos y preferencias, contando, en su caso, con los apoyos necesarios.
o) A que los poderes públicos impulsen planes de desinstitucionalización que promuevan modelos de cuidados y apoyos centrados en el respeto y en la garantía de los derechos y dignidad de las personas y su inclusión en la comunidad.
p) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.
q) A que se reconozca, a las personas afectadas por los tratamientos de datos derivados de esta ley, el derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, y limitación del tratamiento de sus datos personales, garantizando, a su vez, los principios de protección de datos del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la implementación de las medidas de seguridad necesarias en orden al cumplimiento del artículo 32 del Reglamento citado.
3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el apartado anterior y establecerán las actuaciones oportunas en los servicios del catálogo, previstos en el artículo 15, para que esa garantía tenga su plasmación en la vida cotidiana de las personas en situación de dependencia.
4. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia, a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente
Datos clave
- Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios de la Ley con independencia del lugar del Estado donde residan.
- Derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas, y de restricciones.
- El uso de los servicios en un proyecto docente o de investigación exige la previa autorización, expresa y por escrito, de la persona o de quien la represente.
- Derecho a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
- Derecho a decidir libremente entre las prestaciones previstas para su grado de dependencia que más se ajusten a su voluntad, deseos y preferencias.
- Obligaciones: suministrar la información requerida para valorar el grado, comunicar las ayudas personalizadas que reciban y aplicar las prestaciones económicas a su finalidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Derecho a acceder en igualdad a las prestaciones, resida donde resida la persona dentro del Estado, más un catálogo de derechos especiales y las obligaciones de informar, comunicar ayudas y destinar bien las prestaciones.
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Artículo 4 bis. Derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principal
El artículo 4 bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula los derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principal.
Apartado 1: tienen la consideración de personas cuidadoras no profesionales y de persona cuidadora principal las identificadas como tales en el Plan Individual de Atención (PIA).
Apartado 2: las personas cuidadoras no profesionales tienen derecho a recibir información completa, comprensible y accesible sobre las prestaciones disponibles y la calidad del servicio de los centros y servicios, y a recibir acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado.
Apartado 3: la persona cuidadora principal, designada en la resolución que reconoce la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, tiene derecho a ser colectivo de atención prioritaria para la política de empleo (artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo), a medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y a la incorporación en la Seguridad Social en los términos de la disposición adicional cuarta. Las Administraciones públicas garantizarán la continuidad de la atención cuando la persona cuidadora principal sufra una enfermedad grave u hospitalización que le impida temporalmente prestar los cuidados.
Apartado 4: el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia definirá unos mínimos comunes relativos a las medidas de los apartados 1 y 2, sin perjuicio de las medidas adicionales de las comunidades autónomas.
Datos clave
- Cuidadora no profesional y cuidadora principal: las identificadas como tales en el PIA.
- Las cuidadoras no profesionales tienen derecho a información accesible y a acompañamiento y formación.
- La cuidadora principal es colectivo de atención prioritaria para la política de empleo.
- Tiene derecho a medidas de conciliación y a su incorporación en la Seguridad Social (disposición adicional cuarta).
- El Consejo Territorial define los mínimos comunes de las medidas de los apartados 1 y 2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cuidadoras no profesionales y la principal son las que identifica el PIA; todas tienen derecho a información y formación, y la principal suma prioridad en empleo, conciliación y Seguridad Social.
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Artículo 5. Titulares de derechos.
Artículo 5. Titulares de derechos.
1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
b) Para las niñas y niños menores de 6 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera.
c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. Para las personas titulares de derechos que residan en el extranjero a consecuencia del destino oficial de miembros de su unidad familiar en una misión o servicio público amparado conforme a la normativa estatal sobre acción exterior, se aplicará lo previsto en la disposición adicional decimonovena.
No será necesario el cumplimiento de los requisitos relativos a la nacionalidad española, prevista en este apartado, ni a la residencia en territorio español durante un periodo de cinco años establecido en la letra c) en el caso de las personas que sean:
i) Solicitantes de asilo en España, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa prevista en el artículo 18.1.a) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como beneficiarios de asilo o de protección subsidiaria conforme al artículo 36 de esa ley.
ii) Beneficiarias de protección temporal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto en la legislación de protección a la infancia aplicable, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.
3. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.
4. El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.
Datos clave
- Son titulares los españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y cumplan el requisito de residencia.
- Residencia: residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
- Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia; para los menores de 6 años se estará a la disposición adicional decimotercera.
- No se exige la nacionalidad española ni los cinco años de residencia a solicitantes y beneficiarios de asilo o protección subsidiaria ni a beneficiarios de protección temporal.
- El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.
- El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial, las condiciones de acceso al Sistema de los emigrantes españoles retornados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién es titular: españoles en situación de dependencia que residan en España y lo hayan hecho cinco años, dos inmediatamente antes de la solicitud; los menores de 6 años van a una disposición adicional y asilo y protección temporal quedan exentos.
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Artículo 6. Finalidad del Sistema.
1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la presente Ley; sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
2. El Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.
3. La integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los centros y servicios a que se refiere este artículo no supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica.
Datos clave
- El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común de la ley.
- Sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas.
- Optimiza los recursos públicos y privados disponibles.
- Se configura como una red de utilización pública que integra centros y servicios públicos y privados.
- La integración en el Sistema no altera el régimen jurídico de titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica de los centros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El SAAD garantiza las condiciones básicas, canaliza la colaboración administrativa, optimiza recursos y mejora la vida de los ciudadanos; es una red de uso público de centros públicos y privados sin cambiar su titularidad.
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Artículo 7. Niveles de protección del Sistema.
El artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece los niveles de protección del Sistema.
La protección de la situación de dependencia por parte del Sistema se prestará en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con los siguientes niveles:
1.º El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9.
2.º El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios previstos en el artículo 10.
3.º El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
Datos clave
- El Sistema presta la protección de la dependencia en tres niveles.
- Nivel mínimo: establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9.
- Nivel acordado: entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma mediante los Convenios del artículo 10.
- Nivel adicional: el que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La protección de la dependencia se ordena en tres niveles: el mínimo que fija el Estado, el que se acuerda por convenio entre el Estado y cada comunidad, y el adicional que pueda añadir cada comunidad.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, considerando la autonomía de estas últimas para adaptar y gestionar los servicios según sus características territoriales y socioeconómicas y garantizando la cohesión y la equidad del sistema en todo el Estado.
Este Consejo estará adscrito al Ministerio competente en materia de Servicios Sociales, a través de la Secretaría de Estado que corresponda, y estará constituido por la persona titular de dicho Ministerio, que ostentará su presidencia, y por las personas titulares de las consejerías competentes en servicios sociales y de dependencia de cada una de las comunidades autónomas, recayendo la Vicepresidencia en uno de ellos. Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse al Consejo otros representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, como asesores especialistas, con voz pero sin voto. En la composición del Consejo Territorial tendrán mayoría los representantes de las comunidades autónomas.
2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas integrantes, corresponde al Consejo, además de las funciones que expresamente le atribuye esta Ley, ejercer las siguientes:
a) Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10.
b) Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos de acuerdo con los artículos 10.3 y 15.
c) Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas previstas en el artículo 20 y en la disposición adicional primera.
d) Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
e) Acordar el baremo a que se refiere el artículo 27, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración.
f) Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas conjuntos.
g) Adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del Sistema.
h) Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.
i) Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia.
j) Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y en especial las normas previstas en el artículo 9.1.
k) Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones Públicas.
3. Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos.
Datos clave
- El Consejo Territorial es el instrumento de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, adscrito al Ministerio competente en Servicios Sociales a través de la Secretaría de Estado que corresponda.
- Lo preside la persona titular del Ministerio y lo integran las personas titulares de las consejerías competentes de cada comunidad autónoma, recayendo la Vicepresidencia en una de ellas.
- En la composición del Consejo Territorial tendrán mayoría los representantes de las comunidades autónomas.
- Podrán incorporarse otros representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas como asesores especialistas, con voz pero sin voto.
- Le corresponde acordar el baremo del artículo 27, las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas del artículo 20 y el Marco de cooperación interadministrativa del artículo 10, entre otras funciones.
- También adopta los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios e informa la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia.
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Órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas: lo preside la persona titular del Ministerio, la Vicepresidencia es de un consejero autonómico y la mayoría corresponde a las comunidades autónomas.
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Artículo 9. Participación de la Administración General del Estado.
El artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece lo siguiente.
1. El Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.
2. La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32.
Datos clave
- El Gobierno, oído el Consejo Territorial, determina el nivel mínimo de protección garantizado.
- El nivel mínimo depende del grado de dependencia.
- Asignación a las comunidades autónomas: número de beneficiarios, grado de dependencia y prestación reconocida.
- Financiación a cargo de la Administración General del Estado, fijada anualmente en la Ley de Presupuestos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno, oído el Consejo Territorial, fija el nivel mínimo garantizado según el grado de dependencia, y lo financia la AGE con recursos que fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
1. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas.
2. A través de los Convenios a los que se refiere el apartado anterior, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones recogidos en el Capítulo II del presente Título, incrementando el nivel mínimo de protección fijado por el Estado de acuerdo con el artículo 9.
3. En aplicación de lo previsto en el apartado anterior, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecerá los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el Catálogo, y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, para su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
4. Los convenios establecerán la financiación que corresponda a cada Administración para este nivel de prestación, en los términos establecidos en el artículo 32, así como los términos y condiciones para su revisión. Igualmente, los convenios recogerán las aportaciones del Estado derivadas de la garantía del nivel de protección definido en el artículo 9.
5. La Administración General del Estado establecerá anualmente en sus presupuestos crédito para la celebración de los convenios con las administraciones de las comunidades autónomas según lo previsto en el presente artículo.
Datos clave
- En el seno del Consejo Territorial, el Estado y las comunidades autónomas acuerdan el marco de cooperación interadministrativa, que se desarrolla mediante convenios con cada comunidad.
- Los convenios fijan objetivos, medios y recursos para los servicios y prestaciones, incrementando el nivel mínimo de protección fijado por el Estado de acuerdo con el artículo 9.
- El Consejo Territorial establece los criterios de intensidad de protección de cada servicio del Catálogo y su compatibilidad e incompatibilidad, para su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
- Los convenios establecen la financiación de cada Administración en los términos del artículo 32 y recogen las aportaciones del Estado por la garantía del nivel del artículo 9.
- La Administración General del Estado establecerá anualmente en sus presupuestos crédito para la celebración de los convenios con las comunidades autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Estado y las comunidades autónomas acuerdan en el Consejo Territorial un marco de cooperación que se concreta en convenios con cada comunidad, con objetivos, medios, recursos y financiación.
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Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.
Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.
1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones:
a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.
b) Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.
c) Establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación sociosanitaria necesarios para garantizar una atención integral, adecuada y de calidad a las personas en situación de dependencia.
El Sistema Nacional de Salud garantizará la atención sanitaria a las personas en situación de dependencia en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar y tipo de residencia, de conformidad con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
d) Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.
e) Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
f) Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios.
g) Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.
h) Aportar a la Administración General del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación previstos en el artículo 32.
2. En todo caso, las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9 y al acordado, en su caso, conforme al artículo 10, para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.
Datos clave
- Las comunidades autónomas planifican, ordenan, coordinan y dirigen en su territorio los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.
- Les corresponde crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios y asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención.
- Inspeccionan y, en su caso, sancionan los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y sobre los derechos de los beneficiarios.
- El Sistema Nacional de Salud garantizará la atención sanitaria a las personas en situación de dependencia en igualdad de condiciones, sea cual sea su lugar y tipo de residencia.
- Las comunidades autónomas podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales, con las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Funciones de las comunidades autónomas en el Sistema: planificar y gestionar sus servicios, coordinación sociosanitaria, registro de centros, PIA, inspección y sanción, y niveles de protección adicionales con cargo a sus presupuestos.
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Artículo 12. Participación de las Entidades Locales.
1. Las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.
2. Las Entidades Locales podrán participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga.
Datos clave
- Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de atención a la dependencia.
- Lo hacen según la normativa de su Comunidad Autónoma.
- Pueden participar en el Consejo Territorial en la forma que el propio Consejo disponga.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de dependencia según la normativa autonómica y sus competencias, y pueden participar en el Consejo Territorial en la forma que este disponga.
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Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia.
Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de la satisfacción de sus derechos y una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:
a) Promover la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia.
b) Proteger la dignidad de las personas y garantizar el buen trato y el ejercicio pleno de todos sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás.
Datos clave
- La atención y la promoción de la autonomía se orientan a la satisfacción de los derechos y una mejor calidad de vida, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades.
- Objetivos: promover la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, y proteger la dignidad garantizando el buen trato y el ejercicio pleno de los derechos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacia dónde apuntan las prestaciones: derechos, calidad de vida y autonomía en igualdad de oportunidades, con solo dos objetivos: autonomía e inclusión, y dignidad y buen trato.
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Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia.
Artículo 14. Prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
1. Las prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia podrán tener naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas a la prevención de las situaciones de dependencia, a la promoción de la autonomía personal y la vida independiente y a proporcionar cuidados y apoyos a las personas en situación de dependencia.
La percepción de una prestación económica o de servicios será compatible con la realización de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia, sin perjuicio del cómputo de los ingresos procedentes de dicho trabajo o actividad a los efectos de lo previsto en el artículo 33.
2. Las prestaciones serán de base comunitaria y acordes a las circunstancias, voluntad, deseos y preferencias de cada persona en situación de dependencia que participará en el diseño, planificación y seguimiento de sus apoyos y cuidados con un enfoque de derechos y centrado en las personas.
En casos excepcionales, en los que no sea posible que la persona en situación de dependencia exprese su voluntad, deseos y preferencias, se recurrirá a quienes ejerzan las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que tendrán que determinar la voluntad de la persona y lo que hubiera decidido teniendo en cuenta para ello su trayectoria vital, sus creencias y sus valores.
La determinación del centro residencial o vivienda, prevista en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 24 bis y en el artículo 25, se hará de acuerdo con la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia y a su derecho a permanecer en el entorno en el que desarrolla o quiera desarrollar su vida. En todo caso, el derecho de acceso al centro residencial o vivienda elegida se mantendrá hasta que haya disponibilidad en el mismo.
3. Los servicios del Catálogo previstos en el artículo 15 tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas comunidades autónomas.
4. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por el tiempo de espera transcurrido, desde la fecha de solicitud, para acceder al servicio elegido y, a igual grado y tiempo de espera, por la capacidad económica de la persona solicitante. Las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio prevista en el artículo 17 o a un servicio o prestación económica transitoria, de acuerdo con el apartado 5.
5. Para las personas en situación de dependencia valoradas con grado II y grado III, cuando no esté disponible el servicio reconocido en su PIA, se articulará de manera transitoria otro servicio o prestación económica acorde a su voluntad, deseos y preferencias, de entre los previstos para su grado. Dicho servicio o prestación económica podrá ofrecerse en tanto en cuanto accedan a una plaza o servicio del sistema público de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La atención mediante un servicio de forma transitoria no alterará, en ningún caso, el orden de prioridad de acceso a la prestación reconocida en el PIA de la persona en situación de dependencia. Mediante acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de la tramitación.
En el supuesto de la prestación económica vinculada establecida en el artículo 17, esta irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio reconocido en el PIA al que se refiere el artículo 29, debiendo ser prestado por empresas o entidades de iniciativa social o privadas debidamente acreditadas para la atención a la dependencia.
6. Se prestará una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas, y se reducirá al máximo la aplicación de restricciones en todos los servicios. Para ello, las entidades y empresas prestadoras de servicios implementarán planes de sujeciones cero y reducción de restricciones. Excepcionalmente, en casos de urgencia vital, se podrá utilizar una medida de sujeción o restricción, siempre con carácter proporcional, por el tiempo estrictamente necesario, con la mínima intensidad posible y garantizándose la prohibición de exceso, aplicándose una vez se hayan agotado todas las medidas alternativas posibles para salvaguardar la vida de la persona. Cualquier sujeción deberá valorarse de forma individualizada, estar sometida a un procedimiento documentado que cuente con prescripción médica no genérica, supervisión técnica y con el consentimiento informado caso a caso, no siendo válidos los consentimientos genéricos ni diferidos en el tiempo.
7. La empresa, entidad o profesional que preste los servicios haciendo uso de tecnología deberá garantizar el respeto a los derechos humanos, y en particular a:
a) La libertad y autonomía evitando soluciones tecnológicas que impongan restricciones sobre la toma de decisiones de la persona en situación de dependencia.
b) La dignidad e integridad personal asegurando que los cuidados y apoyos prestados mediante tecnologías digitales mantengan un enfoque humano y respetuoso.
c) La privacidad y protección de datos de carácter personal especialmente cuando se utilicen sistemas de sensores, monitoreo y recolección de datos.
8. Los servicios de promoción de la autonomía personal; teleasistencia; de ayuda a domicilio; de asistencia personal; de centro de día y de noche; de cuidados y apoyos en viviendas y de atención residencial se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas comunidades autónomas mediante centros y servicios públicos, o concertados, ya sean privados o de iniciativa social, debidamente acreditados.
9. Las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta ley serán inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Datos clave
- Las prestaciones pueden ser servicios o prestaciones económicas, y su percepción es compatible con un trabajo por cuenta ajena o una actividad por cuenta propia.
- Prioridad en el acceso a los servicios: el grado de dependencia; a igual grado, el tiempo de espera desde la solicitud; y a igual grado y tiempo, la capacidad económica.
- Para los grados II y III, si no está disponible el servicio reconocido en el PIA, se articulará transitoriamente otro servicio o prestación económica de entre los previstos para su grado.
- La atención transitoria no alterará, en ningún caso, el orden de prioridad de acceso a la prestación reconocida en el PIA.
- La sujeción solo cabe excepcionalmente en casos de urgencia vital, con prescripción médica no genérica y consentimiento informado caso a caso, sin valer consentimientos genéricos ni diferidos.
- Las prestaciones económicas son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prestaciones en servicios o en dinero, de base comunitaria y según la voluntad de la persona; los servicios son prioritarios y públicos, el acceso se ordena por grado, espera y capacidad económica, y la atención debe ser libre de sujeciones.
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Artículo 15. Catálogo de servicios.
Artículo 15. Catálogo de servicios.
1. El Catálogo de servicios comprende los siguientes servicios sociales de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, en los términos que se especifican en este capítulo:
a) Servicio de prevención de la situación de dependencia.
b) Servicio de promoción de la autonomía personal.
c) Servicio de teleasistencia.
d) Servicio de ayuda a domicilio.
e) Servicio de asistencia personal.
f) Servicio de centro de día y de noche.
g) Servicio de cuidados y apoyos en viviendas.
h) Servicio de atención residencial.
i) Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.
2. Los servicios establecidos en el apartado 1 se regulan sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Datos clave
- El Catálogo comprende los servicios de prevención de la dependencia, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, asistencia personal y centro de día y de noche.
- Completan el Catálogo el servicio de cuidados y apoyos en viviendas, el de atención residencial y el de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.
- Los servicios del Catálogo se regulan sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El catálogo de servicios de la ley: nueve servicios, desde la prevención de la dependencia hasta la provisión de productos de apoyo, sin perjuicio de lo que prevé la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
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Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados.
2. Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. En su incorporación a la red se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector.
3. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente.
4. Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas en situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector.
Datos clave
- Las prestaciones se integran en la Red de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas.
- La red de centros: públicos autonómicos y locales, centros de referencia estatal y privados concertados acreditados.
- En la incorporación de concertados se tiene en cuenta especialmente al tercer sector.
- Los centros privados no concertados necesitan acreditación de la Comunidad Autónoma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las prestaciones se integran en la red de servicios sociales autonómica, formada por centros públicos, centros de referencia estatal y privados concertados acreditados; los no concertados también deben acreditarse.
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Artículo 17. Prestación económica vinculada al servicio.
El artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece lo siguiente.
1. La prestación económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la correspondiente comunidad autónoma.
2. Esta prestación económica de carácter personal estará, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio.
3. Las Administraciones Públicas competentes supervisarán, en todo caso, el destino y utilización de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas.
Datos clave
- Carácter periódico.
- Solo cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado.
- Depende del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.
- Vinculada en todo caso a la adquisición de un servicio.
- Las Administraciones supervisan su destino y utilización.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La prestación vinculada al servicio es periódica y subsidiaria: solo procede si no hay acceso a un servicio público o concertado, va siempre ligada a adquirir un servicio y la Administración supervisa su destino.
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Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
1. Cuando la persona en situación de dependencia lo desee, esté siendo atendida por su entorno familiar o relacional y se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, se podrá reconocer una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Dicha prestación tendrá la finalidad social de apoyar económicamente la labor que la persona cuidadora desarrolla en el entorno familiar y de conseguir la permanencia de las personas en situación de dependencia en su núcleo convivencial de origen, cuando así lo elija la persona beneficiaria y se considere idónea la atención en el PIA.
2. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará las condiciones de acceso a esta prestación, para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Excepcionalmente, se podrá no exigir la convivencia cuando entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora no profesional exista un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas residan en viviendas próximas.
Datos clave
- Se podrá reconocer cuando la persona lo desee, esté atendida por su entorno familiar o relacional y se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda.
- Su finalidad es apoyar económicamente la labor de la persona cuidadora y lograr la permanencia de la persona dependiente en su núcleo convivencial de origen.
- El Consejo Territorial acuerda las condiciones de acceso a la prestación, para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto.
- Excepcionalmente se podrá no exigir la convivencia si existe un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas personas residen en viviendas próximas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prestación económica que apoya a quien cuida en el entorno familiar o relacional para que la persona dependiente siga en su núcleo convivencial; exige que lo desee, convivencia y vivienda adecuadas, y que el PIA la considere idónea.
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Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal.
Artículo 19. Servicio de asistencia personal a través de prestación económica.
1. La prestación económica de asistencia personal está alineada con los principios de vida independiente y autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la mayor autonomía posible de las personas en situación de dependencia, a través de la contratación de una asistencia personal durante un número determinado de horas, de acuerdo con lo establecido en su PIA. Asimismo, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por las condiciones laborales y de formación de los y las profesionales que presten la asistencia personal.
2. Las Administraciones competentes supervisarán el destino de esta prestación al cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.
Datos clave
- La prestación económica de asistencia personal se dirige a personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados.
- Su objetivo es contribuir a la mayor autonomía posible mediante la contratación de una asistencia personal durante un número determinado de horas, según su PIA.
- Las Administraciones competentes supervisarán el destino de la prestación al cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dinero para contratar una asistencia personal durante las horas que fije el PIA, al servicio de la vida independiente, para cualquier grado y con su destino supervisado por las administraciones.
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Artículo 20. Cuantía de las prestaciones económicas.
La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de esta Sección se acordará por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto.
Datos clave
- La cuantía de las prestaciones económicas se acuerda por el Consejo Territorial.
- Aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cuantía de las prestaciones económicas la acuerda el Consejo Territorial y la aprueba después el Gobierno mediante Real Decreto.
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Artículo 21. Prevención de las situaciones de dependencia.
Artículo 21. Servicio de prevención de las situaciones de dependencia.
El servicio de prevención de las situaciones de dependencia tiene por finalidad, por un lado, prevenir la aparición o el agravamiento de la situación de dependencia, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de detección proactiva de situaciones de riesgo, de promoción de condiciones de vida saludables y de programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Y por otro lado, disminuir, evitar o erradicar las limitaciones y restricciones sociales mediante el desarrollo de medidas de accesibilidad universal y de inclusión social.
Con este fin, el Consejo Territorial de Servicios Sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que elaboren las comunidades autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores.
Datos clave
- Finalidad: prevenir la aparición o el agravamiento de la dependencia mediante actuaciones coordinadas entre servicios sociales y de salud, incluida la detección proactiva de riesgos.
- Sus programas preventivos y de rehabilitación se dirigen a personas mayores, personas con discapacidad y afectados por procesos de hospitalización complejos.
- También busca disminuir, evitar o erradicar las limitaciones y restricciones sociales mediante medidas de accesibilidad universal y de inclusión social.
- El Consejo Territorial acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para los Planes de Prevención que elaboren las comunidades autónomas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El servicio de prevención tiene dos fines: evitar que la dependencia aparezca o se agrave, con actuaciones sociales y sanitarias coordinadas, y reducir las limitaciones sociales con accesibilidad e inclusión.
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Artículo 22. Servicio de Teleasistencia.
Artículo 22. Servicio de teleasistencia.
1. La teleasistencia es un servicio de atención y apoyo, continuo y personalizado de acuerdo con las circunstancias, voluntad, deseos y preferencias de la persona, que se presta mediante el uso de tecnologías avanzadas y dispositivos, ambos accesibles universalmente y con apoyo de los medios materiales y personales necesarios. Las tecnologías avanzadas incluyen, entre otras, las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial aplicada, la domótica o la robótica.
2. La finalidad del servicio es favorecer la permanencia y el bienestar de la persona en situación de dependencia en su domicilio y la participación en su entorno comunitario, potenciando su autonomía y previniendo, detectando y, en su caso, interviniendo, entre otras, ante situaciones de emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento.
3. El servicio de teleasistencia podrá interoperar e integrarse con otros servicios del catálogo y con los servicios del Sistema Nacional de Salud para ofrecer cuidados y apoyos integrales y coordinados a las personas en situación de dependencia y a quienes les prestan cuidados.
4. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos. Este servicio se reconocerá como servicio complementario al resto de prestaciones contenidas en el Programa Individual de Atención, en cualquiera de los grados de dependencia.
5. Se prestará especial atención a garantizar el servicio de teleasistencia en las zonas rurales, fronterizas o menos pobladas para asegurar una conectividad adecuada las 24 horas del día, todos los días del año.
6. El servicio de teleasistencia incorporará el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal, en concreto el servicio de videointerpretación en lengua de signos y/o la comunicación directa con los agentes en lengua de signos.
Datos clave
- La teleasistencia es un servicio de atención y apoyo continuo y personalizado que se presta mediante tecnologías avanzadas y dispositivos accesibles universalmente.
- Las tecnologías avanzadas incluyen, entre otras, las de la información y la comunicación, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial aplicada, la domótica o la robótica.
- Las personas en situación de dependencia tienen derecho a la teleasistencia con independencia del resto de prestaciones, como servicio complementario en cualquiera de los grados.
- Se garantizará especialmente en zonas rurales, fronterizas o menos pobladas, con conectividad adecuada las 24 horas del día, todos los días del año.
- Incorporará la accesibilidad universal, en concreto la videointerpretación en lengua de signos y/o la comunicación directa con los agentes en lengua de signos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Teleasistencia: apoyo continuo y personalizado con tecnologías avanzadas para seguir en casa y en la comunidad; es un derecho complementario a cualquier otra prestación, en cualquier grado, con conectividad las 24 horas.
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Artículo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio.
Artículo 23. Servicio de ayuda a domicilio.
1. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo tanto en el domicilio en el que vive la persona en situación de dependencia como en el entorno comunitario próximo al mismo, con la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria y promover su autonomía de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias. Para la prestación de este servicio será preciso una formación especializada que garantice una respuesta integral a las necesidades de la persona.
2. Para las personas en situación de dependencia que así lo soliciten, el servicio de ayuda a domicilio se organizará, de forma coordinada, conjunta y participada, en los siguientes supuestos:
a) Cuando las personas residan en la misma vivienda.
b) Cuando las personas residan en viviendas que formen parte de un equipamiento de carácter colectivo ubicado en un entorno comunitario.
c) Cuando las personas residan en viviendas próximas.
3. En el supuesto de prestación económica vinculada al servicio, cuando concurran los supuestos previstos en el apartado anterior, la contratación se podrá realizar de forma conjunta para aquellas personas en situación de dependencia que así lo soliciten.
Datos clave
- Comprende actuaciones en el domicilio y en el entorno comunitario próximo para facilitar las actividades de la vida diaria y promover la autonomía de la persona.
- Para la prestación del servicio será precisa una formación especializada que garantice una respuesta integral a las necesidades de la persona.
- A solicitud de los interesados, se organizará de forma coordinada, conjunta y participada si residen en la misma vivienda, en viviendas de un equipamiento colectivo o en viviendas próximas.
- Con prestación económica vinculada al servicio, en esos supuestos la contratación se podrá realizar de forma conjunta para quienes lo soliciten.
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Ayuda a domicilio: actuaciones en casa y en el entorno comunitario próximo para facilitar las actividades de la vida diaria, con formación especializada y opción de organizarse de forma conjunta entre varias personas.
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Artículo 24. Servicio de Centro de Día y de Noche.
Artículo 24. Servicio de centro de día y de noche.
1. El servicio de centro de día o de noche ofrece a las personas en situación de dependencia, durante el periodo diurno o nocturno, cuidados y apoyos integrales, desde un enfoque comunitario, garante de sus derechos y centrado en las personas, con el objetivo de promover su autonomía personal, mejorar su calidad de vida y apoyar a las familias o personas cuidadoras. En particular, el servicio de centro de día facilitará la prevención, la promoción de la autonomía, la estimulación cognitiva y física, acompañamiento en la adquisición o mejora de habilidades digitales y el apoyo psicológico y emocional. Además, fomentará la autodeterminación y la participación inclusiva de las personas en su comunidad mediante actividades significativas y acordes a su voluntad, deseos y preferencias, incluidas aquellas que se desarrollan en entornos digitales.
2. Desde el centro de día se podrán prestar servicios similares, dirigidos a personas que vivan en domicilios próximos y que necesiten apoyos para el desarrollo de su proyecto de vida. Podrán ser realizados en las propias instalaciones del centro, en otras del entorno comunitario o en los domicilios de las personas. Tendrán entre sus objetivos favorecer el establecimiento de vínculos entre las personas en situación de dependencia y las personas del entorno comunitario.
Datos clave
- El centro de día o de noche ofrece cuidados y apoyos integrales durante el periodo diurno o nocturno, desde un enfoque comunitario y centrado en las personas.
- Objetivos: promover la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y apoyar a las familias o personas cuidadoras.
- El centro de día facilita la prevención, la estimulación cognitiva y física, el acompañamiento en habilidades digitales y el apoyo psicológico y emocional.
- Desde el centro de día se podrán prestar servicios similares a personas de domicilios próximos, en el propio centro, en otras instalaciones del entorno o en los domicilios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Centro de día o de noche: cuidados y apoyos integrales en horario diurno o nocturno, con enfoque comunitario, para la autonomía, la calidad de vida y el apoyo a familias; el de día puede llevar servicios a domicilios próximos.
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Artículo 25. Servicio de Atención residencial.
Artículo 25. Servicio de atención residencial.
1. El servicio de atención residencial tendrá por finalidad ofrecer un lugar para vivir en un entorno de confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad. Se prestará una atención integral, que combine de forma coordinada los apoyos y cuidados que precise la persona para el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con significado, poniendo en el centro de la atención sus valores personales, preferencias, derechos e intimidad.
2. La prestación de este servicio podrá tener carácter permanente cuando se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.
Datos clave
- Finalidad: ofrecer un lugar para vivir en un entorno de confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad.
- El servicio tiene carácter permanente cuando se convierta en la residencia habitual de la persona.
- Tiene carácter temporal en estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana, enfermedades o periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La residencia como lugar para vivir: entorno hogareño, inclusivo y con participación en la comunidad, con atención integral centrada en el proyecto de vida; puede ser permanente o temporal.
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Artículo 25 bis. Régimen de incompatibilidad de las prestaciones.
Artículo 25 bis. Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.
1. El servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal tendrá por objeto facilitar a la persona en situación de dependencia, que así lo desee y durante el tiempo que lo requiera, el acceso, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal, a los productos de apoyo necesarios para realizar las actividades de la vida diaria.
Se entiende por producto de apoyo todo dispositivo, instrumento, programa informático, equipamiento o sistema técnico, destinado a prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones en la autonomía o a facilitar la participación en la comunidad.
2. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará el catálogo mínimo común que concrete los tipos de productos que podrán estar sujetos a préstamo o cesión temporal dentro de la Red de Servicios Sociales, así como el procedimiento para su aprobación y actualización.
3. Se excluyen de este servicio aquellos productos de apoyo cuya provisión corresponde a los servicios públicos de salud competentes por estar incorporados en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
4. Este servicio se prestará como servicio complementario al resto de prestaciones contenidas en el Programa Individual de Atención, en cualquiera de los grados de dependencia.
5. El servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal tendrá carácter complementario respecto del resto de prestaciones y servicios reconocidos en el PIA, sin que su reconocimiento pueda implicar la reducción, suspensión o eliminación de otros apoyos necesarios, salvo duplicidad efectiva y acreditada respecto de un mismo concepto de gasto.
Datos clave
- Facilita el acceso a los productos de apoyo necesarios para las actividades de la vida diaria mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal.
- Producto de apoyo: dispositivo, instrumento, programa informático, equipamiento o sistema técnico destinado a prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones en la autonomía.
- El Consejo Territorial acordará el catálogo mínimo común de productos sujetos a préstamo o cesión temporal y su procedimiento de aprobación y actualización.
- Se excluyen los productos cuya provisión corresponde a los servicios públicos de salud por estar en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
- Es complementario en cualquiera de los grados y no puede reducir, suspender o eliminar otros apoyos, salvo duplicidad efectiva y acreditada respecto de un mismo concepto de gasto.
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Préstamo o cesión temporal de productos de apoyo para las actividades de la vida diaria; complementario al resto del PIA, en cualquier grado, y sin cubrir lo que ya está en la cartera del Sistema Nacional de Salud.
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Artículo 26. Grados de dependencia.
Artículo 26. Grados de dependencia.
1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:
a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de una persona cuidadora o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
2. Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente.
Datos clave
- Grado I, dependencia moderada: ayuda para varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día, o necesidades de apoyo intermitente o limitado.
- Grado II, dependencia severa: ayuda dos o tres veces al día, sin requerir el apoyo permanente de una persona cuidadora, o necesidades de apoyo extenso.
- Grado III, gran dependencia: ayuda varias veces al día y apoyo indispensable y continuo de otra persona por pérdida total de autonomía, o necesidades de apoyo generalizado.
- Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente.
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Tres grados de dependencia, moderada, severa y gran dependencia, según cuántas veces al día se necesita ayuda y el tipo de apoyo para la autonomía; los intervalos de cada grado los fija el baremo.
Esquema
| Grado I | Grado II | Grado III | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Dependencia moderada | Dependencia severa | Gran dependencia |
| Ayuda para varias AVD | Al menos una vez al día | Dos o tres veces al día | Varias veces al día |
| Otra persona | No lo menciona | No requiere el apoyo permanente de una persona cuidadora | Apoyo indispensable y continuo de otra persona |
| Apoyo a la autonomía | Intermitente o limitado | Extenso | Generalizado |
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Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia.
Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia.
1. Las comunidades autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia con especificación de los apoyos y cuidados que la persona pueda requerir. En el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia podrán elaborarse de forma consensuada criterios comunes sobre la composición mínima y la actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.
2. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) adoptada por la Organización Mundial de la Salud. No será posible determinar el grado de dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo.
3. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.
4. El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.
5. La valoración se realizará considerando los informes sobre la salud y sobre los cuidados de salud de la persona realizados por el profesional de medicina o enfermería de referencia, la valoración directa de sus capacidades físicas, cognitivas y funcionales, así como las condiciones y características del entorno en el que viva. Además, se considerarán también los productos sanitarios, órtesis, prótesis y ayudas técnicas cuya prescripción se consideren adecuadas para su caso.
Datos clave
- Las comunidades autónomas determinan los órganos de valoración, que emiten un dictamen sobre el grado con especificación de los apoyos y cuidados que la persona pueda requerir.
- Los órganos de valoración de las comunidades autónomas tendrán, en todo caso, carácter público.
- El baremo se acuerda en el Consejo Territorial y lo aprueba el Gobierno mediante real decreto; tiene entre sus referentes la CIF de la Organización Mundial de la Salud.
- No será posible determinar el grado de dependencia mediante procedimientos distintos a los establecidos por el baremo.
- La valoración considera los informes de salud del profesional de medicina o enfermería de referencia, la valoración directa de capacidades y las condiciones del entorno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las comunidades autónomas valoran la dependencia con órganos de carácter público que emiten un dictamen; el grado solo se determina con el baremo acordado en el Consejo Territorial y aprobado por real decreto, con la CIF como referente.
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Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.
Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema.
1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución.
2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden a la persona solicitante según el grado de dependencia.
4. En el supuesto de que haya un cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia.
5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán previamente consensuados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.
7. La tramitación de los expedientes guardará el orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que, de oficio, se acuerde motivadamente lo contrario cuando la intersección de factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de condiciones de salud, aislamiento social, régimen penal penitenciario o violencia de género o sexual sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad. En estos casos, el expediente se tramitará de urgencia.
Datos clave
- El procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de quien ostente su representación, con un plazo máximo de 3 meses para su resolución.
- La resolución la expide la Administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tiene validez en todo el territorio del Estado.
- Si hay cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determina, en función de su red, los servicios y prestaciones que correspondan.
- La valoración, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas no pueden ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.
- Los expedientes siguen el orden de incoación, salvo que de oficio se acuerde motivadamente lo contrario por especial vulnerabilidad; en tal caso se tramitan de urgencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El reconocimiento de la dependencia se inicia a instancia de parte, se resuelve en un máximo de 3 meses por la comunidad autónoma de residencia y vale en todo el Estado; valorar y prescribir no se puede externalizar.
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Artículo 29. Programa Individual de Atención.
Artículo 29. Programa Individual de Atención.
1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales competentes del sistema público de acuerdo con la persona en situación de dependencia y, a propuesta de esta, establecerán un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de cuidados y apoyos acordes a la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia, entre los previstos para su grado. En el procedimiento participarán, en su caso, las personas que ejerzan medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en situación de dependencia y, con el consentimiento de estas, las personas cuidadoras no profesionales.
La voluntad, deseos y preferencias se pondrán de manifiesto mediante un trámite de consulta previa en el que se garantizará la accesibilidad universal y se proporcionarán los apoyos necesarios. En casos excepcionales, en los que no sea posible que la persona en situación de dependencia exprese su voluntad, deseos y preferencias, se recurrirá a quienes ejerzan las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que tendrán que determinar la voluntad de la persona y lo que hubiera decidido teniendo en cuenta para ello su trayectoria vital, sus creencias y sus valores.
En los casos excepcionales en los que la propuesta de los servicios sociales se aparte de la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia, estos deberán justificarlo motivadamente y acreditar que previamente han agotado todas las opciones que permitan respetar las mismas.
2. Elaborado el Programa Individual de Atención, los servicios y prestaciones económicas se adecuarán, previa comunicación de la persona interesada, a sus circunstancias y preferencias atendiendo a los cambios en su situación personal y en su entorno, por los servicios sociales correspondientes.
3. El Programa Individual de Atención será revisado:
a) A instancia de la persona interesada o quienes la representen.
b) De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las comunidades autónomas.
c) Con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma o a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
4. Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas, previa audiencia de la persona interesada, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente ley.
En el supuesto de fallecimiento de la persona en situación de dependencia, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se abonará hasta el último día del mes en que se produce el deceso.
Datos clave
- Los servicios sociales del sistema público, de acuerdo con la persona y a propuesta de esta, establecen el PIA con las modalidades de cuidados y apoyos previstas para su grado.
- Las personas cuidadoras no profesionales participan en el procedimiento con el consentimiento de la persona en situación de dependencia.
- Si la propuesta de los servicios sociales se aparta de la voluntad de la persona, deberán justificarlo motivadamente y acreditar que han agotado todas las opciones.
- El PIA se revisa a instancia de la persona interesada, de oficio según la normativa autonómica, o por cambio de residencia a otra comunidad o a Ceuta y Melilla.
- Las prestaciones podrán modificarse o extinguirse, previa audiencia, por variación de los requisitos o por incumplimiento de las obligaciones de la ley.
- Si fallece la persona, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se abona hasta el último día del mes en que se produce el deceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El PIA fija los cuidados y apoyos según la voluntad de la persona, entre los de su grado, tras una consulta previa; los servicios sociales solo pueden apartarse de ella motivadamente, y se revisa a instancia, de oficio o por cambio de comunidad.
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Artículo 30. Revisión del grado de dependencia y de la prestación reconocida.
Artículo 30. Revisión del grado de dependencia.
El grado de dependencia será revisable, a instancia de la persona interesada, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes, por alguna de las siguientes causas:
a) Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
b) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.
Datos clave
- El grado es revisable a instancia de la persona interesada, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes.
- Causas de revisión: mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia, y error de diagnóstico o en la aplicación del baremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El grado puede revisarse a instancia de la persona, de sus representantes o de oficio, por dos causas: mejoría o empeoramiento, o error de diagnóstico o en la aplicación del baremo.
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Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.
Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.
1. La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán el complemento de gran incapacidad regulado en el artículo 196.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de incapacidad no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona previsto en la disposición transitoria única del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las personas que tengan reconocida la situación de Grado III+ de dependencia extrema.
Datos clave
- La prestación económica de la ley deducirá de su cuantía cualquier otra de análoga naturaleza y finalidad de los regímenes públicos de protección social.
- Se deducen el complemento de gran incapacidad del artículo 196.4 de la Ley General de la Seguridad Social y la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75 %.
- También se deducen el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de incapacidad no contributiva y el subsidio de ayuda a tercera persona.
- La deducción no se aplica a las personas que tengan reconocida la situación de Grado III+ de dependencia extrema.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regla contra la duplicidad: de la prestación económica de dependencia se deduce cualquier otra pública de análoga naturaleza y finalidad; no se aplica a quien tenga reconocido el Grado III+ de dependencia extrema.
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Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas.
Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones públicas.
1. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos, asegurando en todo caso la financiación necesaria para garantizar el cumplimiento del apartado 2 de este artículo. Asimismo, cualquier cambio en el catálogo de prestaciones y servicios deberá ir acompañado de la correspondiente memoria económica, y su financiación será discutida y aprobada en el marco del Consejo de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9 y garantizará, en todo caso, una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente, en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias.
3. En el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las comunidades autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema. Dichos convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes.
La aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.
4. Los datos recogidos a través del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia servirán como base para el seguimiento, la evaluación y la financiación del sistema y tendrán exclusivamente funciones de cooperación técnica y de intercambio de información, sin que en ningún caso puedan interferir en el ejercicio de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
Datos clave
- La financiación será suficiente para las obligaciones de las Administraciones competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.
- La Administración General del Estado asume íntegramente el coste del artículo 9 y garantiza una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total certificado por cada comunidad en el ejercicio precedente.
- Del gasto total certificado que sirve de base a esa financiación se excluye la aportación de las personas beneficiarias.
- Los convenios con cada comunidad, anuales o plurianuales, reparten según población dependiente, dispersión geográfica, insularidad y emigrantes retornados, entre otros factores.
- La aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado.
- Cualquier cambio en el catálogo de prestaciones y servicios deberá ir acompañado de la correspondiente memoria económica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Financiación suficiente y fijada cada año: el Estado paga íntegro el nivel mínimo y garantiza el cincuenta por ciento del gasto certificado por cada comunidad; la comunidad aporta, al menos, lo mismo que el Estado.
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Artículo 33. La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.
Artículo 33. La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones.
1. Cuando proceda su participación en la financiación de las prestaciones de dependencia, las personas beneficiarias contribuirán conforme al tipo y coste del servicio y a su capacidad económica, que será exclusivamente personal.
2. La capacidad económica de la persona beneficiaria se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
3. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia de asistencia o servicios sociales, regularán los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, incluyendo la fijación de mínimos exentos y otras condiciones específicas, atendiendo a la realidad del coste de la vida, las prestaciones disponibles y las circunstancias sociales de su población. En particular, dichas normas autonómicas garantizarán:
a) Un mínimo de capacidad económica exento, a los efectos de esta ley, de participar en el coste de los servicios por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares.
b) En los casos del servicio de atención residencial y del servicio de cuidados y apoyos en viviendas, previsto en el artículo 24 bis.2.a), se garantizará una cantidad mínima para gastos personales destinada a favorecer el bienestar físico y emocional, la autonomía de las personas y su inclusión y participación en la comunidad.
c) Las cantidades previstas en los apartados 1 y 2 se actualizarán anualmente para ajustarse al coste de la vida.
d) Que la cuantía de la participación de la persona beneficiaria no implique una carga tal que tenga efectos disuasorios o provoque que las personas renuncien a la intensidad de los cuidados y apoyos que necesitan.
4. Para fijar la participación de la persona beneficiaria, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.
5. Ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
6. En cumplimiento de la obligación de transparencia las Administraciones competentes deberán hacer pública, con carácter anual, información detallada sobre la participación de las personas beneficiarias en el coste de cada uno de los servicios con el máximo nivel de desagregación posible, desde el respeto al secreto estadístico.
Datos clave
- Las personas beneficiarias contribuyen según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, que será exclusivamente personal.
- La capacidad económica también se tiene en cuenta para determinar la cuantía de las prestaciones económicas.
- Las comunidades autónomas regulan la participación en el coste, garantizando un mínimo de capacidad económica exento destinado a las necesidades básicas personales y familiares.
- En atención residencial y en cuidados y apoyos en viviendas se garantizará una cantidad mínima para gastos personales.
- Para fijar la participación se tiene en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.
- Ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
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Copago según tipo y coste del servicio y capacidad económica exclusivamente personal; lo regulan las comunidades autónomas con mínimos exentos, y nadie queda fuera del Sistema por no tener recursos.
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Artículo 34. Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Artículo 34. Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizará la calidad de la atención de los centros y servicios evaluando los procesos de atención y, especialmente, el impacto que estos tienen en la satisfacción de los derechos, la calidad de vida y el bienestar de las personas en situación de dependencia y de las que prestan los cuidados y apoyos con el fin de garantizar su eficacia.
2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, se establecerán, en el ámbito del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, criterios comunes de acreditación de calidad de centros y servicios del Sistema basados en el enfoque de derechos humanos, dentro del marco general de calidad de la Administración General del Estado.
3. La acción inspectora de las Administraciones públicas estará alineada con el sistema de calidad y con un modelo de atención basado en derechos humanos, centrado en el proyecto de vida de cada persona y de base comunitaria. Se garantizará la publicación de los resultados de la actuación inspectora.
4. Las comunidades autónomas establecerán sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación, limitación o vulneración de derechos.
Datos clave
- El Sistema garantiza la calidad de centros y servicios evaluando los procesos de atención y su impacto en los derechos, la calidad de vida y el bienestar de las personas.
- En el ámbito del Consejo Territorial se establecerán criterios comunes de acreditación de calidad de centros y servicios basados en el enfoque de derechos humanos.
- La acción inspectora se alinea con el sistema de calidad y con un modelo basado en derechos humanos, y se garantizará la publicación de sus resultados.
- Las comunidades autónomas establecerán sistemas de alerta y respuesta rápida ante mala praxis, falta de buen trato, discriminación, limitación o vulneración de derechos.
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Calidad medida por su impacto en derechos, calidad de vida y bienestar de quienes reciben y prestan cuidados, con criterios comunes de acreditación, inspección con resultados publicados y alertas rápidas autonómicas.
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Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios.
Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios.
1. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborará un marco de referencia con criterios y estándares que faciliten la evaluación y análisis comparado de la calidad de los cuidados y apoyos en centros y servicios, desde la perspectiva de derechos humanos, atención personalizada y enfoque comunitario. La evaluación prestará especial atención al impacto de los cuidados en la satisfacción de derechos y la calidad de vida tanto de las personas atendidas como de quienes los prestan.
Se atenderá, de manera específica, a la evaluación del impacto de los cuidados y apoyos en la satisfacción de los derechos y la calidad de vida de las personas que los reciben y en la de quienes los prestan. Asimismo, se garantizará el análisis comparado de los centros y servicios del Sistema.
2. Con objeto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, las administraciones competentes, difundirán y publicarán información detallada respecto al resultado de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora de servicios a partir de datos fiables y comparables.
3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, el Consejo Territorial debatirá y hará público un plan de elaboración y publicación de buenas prácticas, recomendaciones y directrices.
4. Los centros residenciales habrán de disponer de una guía de convivencia y funcionamiento que contendrá, entre otras cuestiones, la forma de organización y funcionamiento de la prestación del servicio; los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia y la forma de participación de estas, siguiendo con lo estipulado en el marco de las competencias de las comunidades autónomas respecto a centros residenciales.
Datos clave
- El Consejo Territorial elaborará un marco de referencia con criterios y estándares para evaluar y comparar la calidad de los cuidados y apoyos en centros y servicios.
- La evaluación atiende al impacto de los cuidados en los derechos y la calidad de vida tanto de las personas atendidas como de quienes los prestan.
- Las administraciones competentes publicarán información detallada sobre el resultado de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora de servicios.
- El Consejo Territorial debatirá y hará público un plan de elaboración y publicación de buenas prácticas, recomendaciones y directrices.
- Los centros residenciales dispondrán de una guía de convivencia y funcionamiento con su organización, los derechos y obligaciones de las personas atendidas y su forma de participación.
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El Consejo Territorial elabora un marco de criterios y estándares para evaluar y comparar la calidad de centros y servicios; se publican los resultados de cada proveedor y las residencias deben tener guía de convivencia.
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Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores.
1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el Catálogo de servicios regulado en el artículo 15.
2. Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones formativas que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la Ley.
3. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentará la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las universidades, sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.
Datos clave
- Formación básica y permanente de profesionales y cuidadores.
- Los poderes públicos determinan las cualificaciones profesionales para el Catálogo del artículo 15.
- Se promueven programas y acciones formativas para implantar los servicios.
- Colaboración con universidades, sociedades científicas, organizaciones profesionales, sindicales, patronales y tercer sector.
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Se atenderá a la formación básica y permanente de profesionales y cuidadores; los poderes públicos fijan cualificaciones y promueven acciones formativas, con colaboración entre Administraciones y agentes sociales.
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Artículo 37. Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Artículo 37. Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y articulación entre los distintos sistemas. Para ello, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se acordarán los objetivos y contenidos de la información.
2. El sistema contendrá información sobre el catálogo de servicios e incorporará, como datos esenciales, los relativos a población protegida, recursos humanos, infraestructuras de la red, servicios y prestaciones, titularidad de los servicios, tiempos y listas de espera, costes del sistema desagregados por administraciones y participación de las personas usuarias (incluyendo ratios relativos a su capacidad económica, renta y patrimonio), resultados obtenidos y calidad en la prestación de servicios.
3. El sistema de información contemplará específicamente la realización de estadísticas, que contendrán datos desagregados, al menos, por sexo, edad, grado de dependencia, así como otras variables, para fines estatales en materia de dependencia, así como las de interés general supracomunitario y las que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales e internacionales. En todo caso deberá cumplirse lo previsto en las directivas europeas y en el ordenamiento jurídico nacional vigente en relación con la protección de datos de carácter personal, los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, y la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Datos clave
- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá el sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Los objetivos y contenidos de la información se acordarán en el seno del Consejo Territorial.
- Datos esenciales: población protegida, recursos humanos, infraestructuras, servicios y prestaciones, tiempos y listas de espera y costes desagregados por administraciones, entre otros.
- Las estadísticas contendrán datos desagregados, al menos, por sexo, edad y grado de dependencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sistema de información común para que las administraciones se comuniquen: datos esenciales del catálogo, listas de espera, costes y copago, y estadísticas desagregadas al menos por sexo, edad y grado.
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Artículo 38. Red de comunicaciones.
Artículo 38. Red de comunicaciones.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una red de comunicaciones que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información entre sus integrantes.
2. El uso y transmisión de la información en esta red estará sometido al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a los requerimientos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación vigente.
3. A través de dicha red de comunicaciones se intercambiará información sobre las infraestructuras del sistema, la situación, grado de dependencia y prestación reconocida a los beneficiarios, así como cualquier otra derivada de las necesidades de información en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Datos clave
- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pondrá a disposición del Sistema una red de comunicaciones, usando preferentemente las infraestructuras comunes de las Administraciones Públicas.
- El uso de la red se somete al Reglamento (UE) 2016/679, a la Ley Orgánica 3/2018 y a los requerimientos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado.
- Por la red se intercambia información sobre las infraestructuras del sistema y sobre la situación, el grado de dependencia y la prestación reconocida a los beneficiarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Red de comunicaciones del Sistema que pone a disposición el Ministerio, apoyada preferentemente en infraestructuras comunes, sometida a protección de datos y a certificación, firma electrónica y cifrado.
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Artículo 39. Acción administrativa contra el fraude.
Las Administraciones Públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas económicas que puedan recibir los sujetos que participen en el Sistema o sean beneficiarios del mismo. Igualmente establecerán medidas de control destinadas a detectar y perseguir tales situaciones.
A tales efectos, las Administraciones Públicas desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento de esta Ley y ejercerán las potestades sancionadoras conforme a lo previsto en el Título III de la misma, haciendo uso, en su caso, de las fórmulas de cooperación interadministrativa contenidas en esta Ley.
Datos clave
- Las Administraciones velan por la correcta aplicación de los fondos públicos del Sistema.
- Deben evitar la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones.
- Establecen medidas de control para detectar y perseguir el fraude.
- Ejercen la potestad sancionadora conforme al Título III de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones deben vigilar que los fondos del Sistema de Dependencia se usen bien, evitar el fraude en prestaciones y ayudas y perseguirlo con control, vigilancia y potestad sancionadora.
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Artículo 40. Comité Consultivo.
1. Se crea el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como órgano asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante el cual se hace efectiva, de manera permanente, la participación social en el Sistema y se ejerce la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo.
2. Sus funciones serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento de dicho Sistema.
3. La composición del Comité tendrá carácter tripartito, en tanto que integrado por las Administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y paritario entre Administraciones Públicas por una parte y organizaciones sindicales y empresariales por otra, en los términos establecidos en el siguiente apartado. Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes, requiriendo así la mayoría de los votos de las Administraciones Públicas y la mayoría de los votos de las organizaciones sindicales y empresariales.
4. El Comité Consultivo estará presidido por el representante de la Administración General del Estado que designe el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su funcionamiento se regulará por su reglamento interno. Estará integrado por los siguientes miembros, nombrados en los términos que se establezcan reglamentariamente:
a) Seis representantes de la Administración General del Estado.
b) Seis representantes de las administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Seis representantes de las Entidades locales.
d) Nueve representantes de las organizaciones empresariales más representativas.
e) Nueve representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
Datos clave
- Órgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Funciones: informar, asesorar y formular propuestas.
- Composición tripartita y paritaria.
- Acuerdos por mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes.
- Miembros: 6 AGE, 6 Comunidades Autónomas, 6 Entidades locales, 9 organizaciones empresariales y 9 sindicales.
- Lo preside el representante de la AGE que designe el titular del Ministerio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Crea el Comité Consultivo del Sistema de Dependencia: órgano asesor tripartito y paritario donde participan Administraciones, patronal y sindicatos, con acuerdos por doble mayoría.
Esquema
| Administraciones Públicas | Interlocutores sociales | |
|---|---|---|
| Integrantes | AGE (6), CCAA (6), Entidades locales (6) | Empresariales (9), sindicales (9) |
| Votación | Mayoría de sus votos | Mayoría de sus votos |
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Artículo 41. Órganos consultivos.
1. Serán órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes:
El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Consejo Estatal de Personas Mayores.
El Consejo Nacional de la Discapacidad.
El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
2. Las funciones de dichos órganos serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento del Sistema.
Datos clave
- Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Consejo Estatal de Personas Mayores.
- Consejo Nacional de la Discapacidad.
- Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
- Funciones: informar, asesorar y formular propuestas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera los cuatro órganos consultivos de participación institucional del Sistema de Dependencia, todos con la misma función: informar, asesorar y formular propuestas.
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Artículo 47. Competencias.
1. Las Comunidades Autónomas desarrollarán el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la presente Ley.
2. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, así como la imposición de las correspondientes sanciones, corresponderá a cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. En el ámbito de la Administración General del Estado será órgano competente para imponer las sanciones por conductas previstas como infracciones en el artículo 43:
a) El titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.
b) El titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.
c) El titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros o en los supuestos de cierre de la empresa o clausura del servicio o establecimiento.
Datos clave
- Las Comunidades Autónomas desarrollan el cuadro de infracciones y sanciones.
- Leves (AGE): titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
- Graves (AGE): titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
- Muy graves (AGE): titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Acuerdo previo del Consejo de Ministros si la sanción supera 300.000 euros o hay cierre o clausura.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las CCAA desarrollan el cuadro de infracciones y cada Administración sanciona en su ámbito; en la AGE el órgano sancionador cambia según la gravedad de la infracción.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 1
Objeto de la Ley. 1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.
Datos clave
- ¿Qué artículos de la Constitución desarrolla el artículo 1 de la LO 3/2007? → Los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.
- ¿En qué esferas señala «singularmente» el artículo 1 que debe alcanzarse la igualdad? → Política, civil, laboral, económica, social y cultural.
- Según el artículo 1.2, ¿qué tres cosas hace la Ley? → Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas (públicas y privadas) y prevé medidas para eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo en el sector público y privado.
- Los seis ámbitos van en orden casi alfabético inverso de lo esperado; memorízalos con «PoCiLa-ESC»: Política, Civil, Laboral, Económica, Social, Cultural.
- Tres adjetivos finales de la sociedad buscada: democrática, justa y solidaria (D-J-S).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mujeres y hombres son iguales en dignidad, derechos y deberes. La Ley busca hacer efectiva la igualdad de trato y de oportunidades, sobre todo eliminando la discriminación de la mujer, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 2
Ámbito de aplicación. 1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. 2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
Datos clave
- ¿A quién se aplican las obligaciones de la LO 3/2007 según el artículo 2? → A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
- ¿Quién goza de los derechos derivados del principio de igualdad de trato (art. 2.1)? → Todas las personas.
- Reparte el artículo en dos mitades: apartado 1 = derechos (todas las personas); apartado 2 = obligaciones (territorio español).
- Los tres elementos que NO importan van en este orden en el texto: nacionalidad, domicilio o residencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos ámbitos distintos: los derechos de igualdad de trato y no discriminación por sexo son de todas las personas; las obligaciones de la Ley alcanzan a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, sea cual sea su nacionalidad, domicilio o residencia.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 3
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Datos clave
- ¿Qué tres circunstancias menciona «especialmente» el artículo 3? → La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- ¿Qué supone el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 3)? → La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
- Son tres supuestos especiales y se recuerdan como M-O-E: Maternidad, Obligaciones familiares, Estado civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La igualdad de trato entre mujeres y hombres implica que no puede existir discriminación alguna por sexo, ya sea directa o indirecta, y presta especial atención a la maternidad, las obligaciones familiares y el estado civil.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 4
Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
Datos clave
- ¿Qué carácter atribuye el artículo 4 a la igualdad de trato y de oportunidades? → El de principio informador del ordenamiento jurídico, que se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
- Artículo de una sola frase: «principio informador» + «interpretación y aplicación». Si te preguntan la categoría jurídica, la respuesta literal es principio informador del ordenamiento jurídico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 4 obliga a que la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres sea un criterio esencial al interpretar y aplicar cualquier norma jurídica.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 5
Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Datos clave
- ¿Cuándo no constituye discriminación una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo (art. 5)? → En el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, cuando por la naturaleza de las actividades profesionales concretas o el contexto en que se lleven a cabo esa característica sea un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
- ¿Qué condiciones de trabajo cita expresamente el artículo 5? → Las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido.
- El acceso incluye el trabajo por cuenta propia: es el detalle que más se cae en el test.
- Tres adjetivos de la excepción, en cadena: esencial y determinante (el requisito), legítimo (el objetivo), proporcionado (el requisito otra vez).
- Las condiciones de trabajo llevan dos coletillas expresas: retributivas y de despido.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La igualdad de trato y oportunidades se garantiza en todo el ciclo laboral, público y privado; solo cabe distinguir por una característica ligada al sexo si es requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y proporcionado.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 6
Discriminación directa e indirecta. 1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.
Datos clave
- ¿Qué es discriminación indirecta por razón de sexo? → La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados.
- ¿Qué dice el artículo 6.3 sobre la orden de discriminar? → Que en cualquier caso se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.
- Los tres tiempos de la directa: «sea, haya sido o pudiera ser». El futuro hipotético es el que se olvida.
- En la indirecta van tres palabras neutras (disposición, criterio o práctica) y dos adjetivos de los medios (necesarios y adecuados).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define la discriminación directa (trato menos favorable por sexo) y la indirecta (regla aparentemente neutra que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva), y declara discriminatoria toda orden de discriminar.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 7
Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
Datos clave
- ¿Qué es acoso sexual según el artículo 7.1? → Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- ¿Cómo califica la Ley el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? → Se consideran en todo caso discriminatorios (art. 7.3).
- ¿Qué prevé el artículo 7.4? → Que condicionar un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo.
- Tres adjetivos del entorno, siempre en el mismo orden: intimidatorio, degradante u ofensivo.
- Distínguelos por la naturaleza del comportamiento: sexual (apartado 1) frente a «en función del sexo» (apartado 2).
- El apartado 3 es la bisagra: ambos son discriminatorios en todo caso, sin matices.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Distingue acoso sexual (conducta de naturaleza sexual) y acoso por razón de sexo (conducta por el sexo de la persona); ambos son siempre discriminatorios, igual que condicionar un derecho a aceptarlos.
Esquema
| Acoso sexual | Acoso por razón de sexo | |
|---|---|---|
| Conducta | Verbal o física, de naturaleza sexual | Realizada en función del sexo de la persona |
| Finalidad o efecto | Atentar contra la dignidad, en particular con entorno hostil | Atentar contra la dignidad y crear entorno hostil |
| Calificación | En todo caso discriminatorio | En todo caso discriminatorio |
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 8 · Discriminación por embarazo o maternidad
Discriminación por embarazo o maternidad. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
Datos clave
- Es discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquier trato desfavorable a una mujer por embarazo o maternidad es discriminación directa por razón de sexo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 9
Indemnidad frente a represalias. También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Datos clave
- ¿Qué cinco actuaciones cita el artículo 9 (indemnidad frente a represalias)? → Queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo.
- ¿Cómo se califica el trato adverso sufrido por haber reclamado contra una discriminación? → Como discriminación por razón de sexo.
- Cuenta cinco vías y ordénalas de menor a mayor formalidad: queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso (Q-R-D-D-R).
- La palabra clave del título es indemnidad: quedar indemne, sin daño, por haber reclamado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El artículo 9 protege a quien denuncie o reclame contra una discriminación por sexo: cualquier trato adverso que reciba por haber presentado la queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso se considera también discriminación.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 10
Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
Datos clave
- ¿Cómo deben ser las reparaciones o indemnizaciones según el artículo 10? → Reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido.
- ¿Qué efecto tienen los actos y cláusulas que constituyan o causen discriminación por razón de sexo? → Se consideran nulos y sin efecto, y dan lugar a responsabilidad.
- Tres adjetivos de la reparación: reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio. Dos de las sanciones: eficaz y disuasorio.
- Verbos del supuesto de hecho: «constituyan o causen» discriminación
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquier acto o cláusula de un negocio jurídico que discrimine por sexo queda nulo y genera responsabilidad. La reparación debe ser real, eficaz y proporcional, y pueden imponerse sanciones disuasorias para evitar nuevas conductas discriminatorias.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 11
Acciones positivas. 1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.
Datos clave
- ¿Durante cuánto tiempo se aplican las acciones positivas del artículo 11? → En tanto subsistan las situaciones patentes de desigualdad de hecho que las motivan.
- ¿Cómo han de ser las medidas de acción positiva? → Razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
- ¿Pueden los particulares adoptar acciones positivas? → Sí; las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptarlas en los términos establecidos en la Ley (art. 11.2).
- Tres requisitos que caen juntos: desigualdad patente, medida razonable y proporcionada, y vigencia mientras subsista la situación.
- Contrasta los verbos: Poderes Públicos «adoptarán» (deber); privados «podrán adoptar» (facultad).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los poderes públicos deben aplicar medidas positivas a favor de las mujeres para eliminar desigualdades de hecho, siempre que persistan, y esas medidas deben ser razonables y proporcionadas. También pueden hacerlo personas y empresas privadas bajo la Ley.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 12
Tutela judicial efectiva. 1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. 3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Datos clave
- ¿Quién está legitimado en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo? → Únicamente la persona acosada (art. 12.3).
- ¿Qué artículo de la Constitución invoca el artículo 12 de la LO 3/2007? → El artículo 53.2.
- Regla de tres: tres órdenes jurisdiccionales (civil, social y contencioso-administrativo) y una sola legitimada en acoso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquier persona puede exigir judicialmente la igualdad entre mujeres y hombres, incluso después de terminada la relación discriminatoria. La capacidad de intervención corresponde a quienes tengan interés legítimo según la ley, pero en casos de acoso sexual o por razón de sexo solo la víctima está legitimada.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 13
Prueba. 1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales.
Datos clave
- ¿Qué debe probar la persona demandada según el artículo 13.1? → La ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
- ¿En qué procesos no se aplica la regla probatoria del artículo 13? → En los procesos penales.
- Dos cosas que ha de probar el demandado, no una: ausencia de discriminación y proporcionalidad de las medidas.
- «A instancia de parte» y «útil y pertinente» son las dos coletillas del informe; ambas se preguntan.
- La excepción única del artículo es la penal; memorízala como «todo menos lo penal».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En cualquier procedimiento, salvo los penales, si la parte actora alega discriminación por sexo, la carga de la prueba pasa a la parte demandada, que debe demostrar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de sus medidas; el juez puede, a instancia de parte, solicitar informes de organismos públicos.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 14
Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva. 7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. 8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo.
Datos clave
- ¿Cuántos criterios generales de actuación de los Poderes Públicos recoge el artículo 14? → Doce.
- ¿Qué dice el criterio 11 del artículo 14 sobre el lenguaje no sexista? → Su implantación en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
- ¿Qué colectivos de especial vulnerabilidad cita el criterio 6? → Las mujeres que pertenecen a minorías, las migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mayores, las viudas y las víctimas de violencia de género.
- ¿A qué se refiere el criterio 4 del artículo 14? → A la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
- Son doce criterios y el número cae en examen. El 12 no añade materia nueva: exporta los once anteriores a la cooperación internacional para el desarrollo.
- Trío del criterio 7: embarazo, parto y lactancia. Trío del criterio 5: violencia de género, violencia familiar y acoso.
- Colectivos vulnerables del criterio 6, en el orden del texto: minorías, migrantes, niñas, con discapacidad, mayores, viudas y víctimas de violencia de género.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Doce criterios que guían a los Poderes Públicos en igualdad: desde integrar la igualdad en todas las políticas hasta el lenguaje no sexista y la cooperación internacional para el desarrollo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 15
Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
Datos clave
- ¿En qué debe integrar la Administración, de forma activa, el principio de igualdad (art. 15)? → En la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
- Tres frentes de integración activa: normas, políticas (con su presupuesto) y actividades.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La igualdad de trato y oportunidades es transversal: informa toda la actuación pública y las Administraciones deben integrarla activamente en normas, políticas con su presupuesto y actividades.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 16
Nombramientos realizados por los Poderes Públicos. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
Datos clave
- ¿Qué verbo emplea el artículo 16 respecto de la presencia equilibrada en los nombramientos? → «Procurarán»: los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada.
- ¿A qué cargos se refiere el artículo 16? → A los cargos de responsabilidad cuyos nombramientos y designaciones correspondan a los Poderes Públicos.
- Ancla el artículo 16 al verbo procurar. En un test, «los Poderes Públicos garantizarán la presencia equilibrada en los nombramientos» es falso por el verbo.
- Dos actos cubiertos: nombramientos y designaciones, y solo de cargos de responsabilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los Poderes Públicos procuran la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad que les correspondan. El verbo es «procurarán».
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 17
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
Datos clave
- ¿Quién aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y con qué periodicidad? → El Gobierno, periódicamente, en las materias que sean de la competencia del Estado.
- ¿Qué debe incluir el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades? → Medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
- Nombre exacto y completo: Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (no «de Igualdad» a secas).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno aprueba periódicamente, en materias de competencia estatal, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades con medidas para la igualdad y contra la discriminación por razón de sexo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 18
Informe periódico. En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.
Datos clave
- ¿A quién se da cuenta del informe periódico del artículo 18? → A las Cortes Generales.
- ¿Sobre qué versa el informe periódico del artículo 18? → Sobre el conjunto de las actuaciones del Gobierno en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- Dos remisiones del artículo: «reglamentariamente» (cómo) y «Cortes Generales» (ante quién).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno elabora un informe periódico sobre sus actuaciones en igualdad, en los términos que fije el reglamento, y da cuenta de él a las Cortes Generales.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 19
Informes de impacto de género. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
Datos clave
- ¿Qué deben incorporar los proyectos de disposiciones de carácter general que se sometan al Consejo de Ministros? → Un informe sobre su impacto por razón de género.
- ¿Qué planes exigen informe de impacto de género según el artículo 19? → Los de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros.
- Cuatro adjetivos de los planes que exigen informe de impacto de género, en el orden del texto: económica, social, cultural y artística
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los proyectos de disposiciones generales y los planes de especial relevancia que van al Consejo de Ministros deben llevar un informe sobre su impacto por razón de género.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 20
Adecuación de las estadísticas y estudios. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas.
Datos clave
- ¿Cuántas obligaciones estadísticas enumera el artículo 20 y cómo se identifican? → Seis, en las letras a) a f).
- ¿Cómo puede justificarse el incumplimiento de alguna obligación del artículo 20? → Solo excepcionalmente, mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente.
- ¿Qué exige la letra d) del artículo 20? → Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.
- Son seis letras, de la a) a la f). Resúmelas como: incluir, crear, cruzar, muestrear, explotar y revisar.
- La letra c) es la de la discriminación múltiple: la única que mira a variables distintas del sexo.
- La excepción exige las tres cosas juntas: excepcional + informe motivado + aprobado por el órgano competente.
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Seis obligaciones para que las estadísticas y estudios públicos integren la perspectiva de género, con una única vía de excepción: informe motivado y aprobado por el órgano competente.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 21
Colaboración entre las Administraciones públicas. 1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. 2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.
Datos clave
- ¿En el seno de qué órgano pueden adoptarse planes y programas conjuntos de actuación en materia de igualdad? → En el de la Conferencia Sectorial de la Mujer (art. 21.1).
- ¿Qué obligación impone el artículo 21.2 a las Entidades Locales? → Integrar el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborar, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.
- Tres niveles en dos apartados: AGE y CCAA en el 1; Entidades Locales en el 2.
- El ámbito donde la cooperación se refuerza «en especial» es la planificación.
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AGE y Comunidades Autónomas cooperan para integrar la igualdad, sobre todo en planificación, y pueden pactar planes en la Conferencia Sectorial de la Mujer; las Entidades Locales la integran y colaboran.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 22
Acciones de planificación equitativa de los tiempos. Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes.
Datos clave
- ¿Qué instrumento pueden establecer las corporaciones locales según el art. 22 LO 3/2007? → Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad.
- ¿Qué puede aportar el Estado a esos planes? → Asistencia técnica para su elaboración, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
- Regla de las tres capas: local decide, autonómico mantiene sus competencias, estatal solo asiste técnicamente.
- El verbo es «podrán», no «deberán»: artículo de habilitación, no de obligación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las corporaciones locales pueden crear Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad para repartir los tiempos de forma equitativa; el Estado puede ayudar con asistencia técnica.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 23
La educación para la igualdad de mujeres y hombres. El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.
Datos clave
- ¿Qué incluye el sistema educativo entre sus fines según el art. 23 LO 3/2007? → La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
- ¿Qué se incluye dentro de los principios de calidad? → La eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva y el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.
- Truco: F de Fines = Formación en derechos; C de Calidad = Quitar obstáculos (la parte que corrige la realidad).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El sistema educativo incluye la igualdad entre mujeres y hombres entre sus fines y, como principio de calidad, la eliminación de obstáculos a la igualdad efectiva y el fomento de la igualdad plena.
Esquema
| Fines | Principios de calidad | |
|---|---|---|
| Contenido | Educación en derechos y libertades fundamentales y en igualdad de derechos y oportunidades | Eliminar obstáculos a la igualdad efectiva y fomentar la igualdad plena |
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 24
Integración del principio de igualdad en la política de educación. 1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres. b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes. e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.
Datos clave
- ¿Cuántas actuaciones enumera el art. 24.2 LO 3/2007 y cuál es la última? → Seis, de la a) a la f); la f) es el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.
- ¿En qué materiales pone especial consideración la letra b) del art. 24.2? → En los libros de texto y materiales educativos.
- ¿Qué deben evitar las Administraciones educativas según el art. 24.1? → Que por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.
- Son seis letras, a) a f). Orden: Currículos, Contenidos sexistas, Profesorado, Presencia equilibrada, Cooperación, Historia.
- Las dos primeras miran al material que llega al aula; las dos siguientes, a las personas del centro; las dos últimas, hacia fuera y hacia atrás (cooperación e Historia).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones educativas garantizan el igual derecho a la educación integrando la igualdad de trato y desarrollan seis actuaciones: currículos, contenidos sexistas, profesorado, órganos de centros, cooperación e Historia.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 25
La igualdad en el ámbito de la educación superior. 1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. b) La creación de postgrados específicos. c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
Datos clave
- ¿Qué tres medidas promueven las Administraciones públicas en educación superior (art. 25.2)? → Inclusión de enseñanzas de igualdad en los planes de estudio en que proceda, creación de postgrados específicos y realización de estudios e investigaciones especializadas.
- ¿Sobre qué fomentan la enseñanza y la investigación las Administraciones públicas en educación superior? → Sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
- Cuenta corta: el art. 25.2 tiene 3 letras (PPE: Planes de estudio, Postgrados, Estudios e investigaciones)
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la educación superior, las Administraciones fomentan la enseñanza e investigación sobre la igualdad y promueven tres medidas: enseñanzas en planes de estudio, postgrados específicos y estudios especializados.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 26
La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. 1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. 2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa. b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural. e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes. f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres.
Datos clave
- ¿A qué artículo de la LO 3/2007 remite la letra f) del art. 26.2? → Al artículo 11, sobre acciones positivas.
- ¿En qué se traducen las políticas activas de ayuda a la creación de autoría femenina (art. 26.2.b)? → En incentivos de naturaleza económica.
- ¿Qué tipo de discriminación de las mujeres en la cultura menciona la letra a) del art. 26.2? → Su discriminación estructural y/o difusa.
- El art. 26.2 tiene seis letras, de la a) a la f), cada una con una actuación distinta en el ámbito cultural
- En el art. 26 la palabra «equilibrada» aparece dos veces: c) oferta artística y cultural pública y d) órganos consultivos, científicos y de decisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Igualdad en la creación y producción artística e intelectual: las autoridades velan por ella y las estructuras de gestión cultural desarrollan seis actuaciones, incluidos incentivos económicos y acciones positivas.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 27
Integración del principio de igualdad en la política de salud. 1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. 2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación. b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales. c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género. e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud. f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria.
Datos clave
- ¿En qué tres momentos integran la perspectiva de género las políticas de salud (art. 27.1)? → En su formulación, desarrollo y evaluación.
- ¿Qué debe garantizar la formación del personal sanitario según el art. 27.3.d)? → En especial, su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.
- ¿Dónde exige el art. 27 la presencia equilibrada de mujeres y hombres? → En los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
- Seis letras otra vez (a-f). Ancla cada una con una palabra: Educación sanitaria, Investigación, Acoso, Formación, Directivos, Datos.
- La e) es la única que nombra el Sistema Nacional de Salud; la f), la única con la reserva «siempre que sea posible».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La política de salud integra las distintas necesidades de mujeres y hombres, garantiza un igual derecho a la salud y obliga a seis actuaciones, de la educación sanitaria a los datos desagregados por sexo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 28
Sociedad de la Información. 1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural. 3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. 4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas.
Datos clave
- ¿Qué debe garantizarse en los proyectos TIC sufragados con dinero público (art. 28.4)? → Que su lenguaje y contenidos sean no sexistas.
- ¿A qué colectivos atiende especialmente el art. 28.2? → A los colectivos en riesgo de exclusión y al ámbito rural.
- Cuatro apartados, cuatro verbos: incorporarán / promoverá / promoverá / se garantizará.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La igualdad en la Sociedad de la Información: programas públicos con perspectiva de igualdad, programas específicos y contenidos de mujeres promovidos por el Gobierno, y proyectos TIC públicos sin sexismo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 29
Deportes. 1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.
Datos clave
- ¿Qué principio incorporan los programas públicos de desarrollo del deporte (art. 29.1)? → El de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, en su diseño y ejecución.
- ¿Hasta qué niveles alcanzan los programas de deporte femenino del art. 29.2? → A todas las etapas de la vida y a todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los programas públicos de deporte incorporan la igualdad real y efectiva, y el Gobierno promueve el deporte femenino con programas en todas las etapas de la vida y en todos los niveles.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 30
Desarrollo rural. 1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo. 2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones. 3. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. 4. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural. 5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural, y la aplicación de soluciones alternativas tecnológicas allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible.
Datos clave
- ¿Qué figura jurídica desarrolla el art. 30.1 y qué ministerios lo hacen? → La titularidad compartida en el sector agrario; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- ¿Para atender a quién se promueve la red de servicios sociales del art. 30.4? → Para menores, mayores y dependientes, como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
- ¿Qué prevé el art. 30.5 donde no sea posible extender las TIC? → La aplicación de soluciones alternativas tecnológicas.
- Cinco apartados: Titularidad, Formación, Trabajo, Servicios sociales, Tecnología. Iniciales T-F-T-S-T.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Igualdad en el medio rural: titularidad compartida en el sector agrario, formación de las mujeres, nuevas actividades laborales, red de servicios sociales para conciliar y acceso a las TIC.
¿Me lo sé? Flashcards
LO 3/2007 Igualdad · Art. 31
Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda. 1. Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. 2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. 3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
Datos clave
- ¿A qué mujeres fomenta el Gobierno el acceso a la vivienda según el art. 31.2? → A las que estén en situación de necesidad o en riesgo de exclusión y a las que hayan sido víctimas de violencia de género, en especial si tienen hijos menores exclusivamente a su cargo.
- ¿Qué mecanismos deben emplearse al aplicar la perspectiva de género en el urbanismo (art. 31.3)? → Especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
- Ordena los tres apartados de menor a mayor escala: vivienda (1 y 2) y ciudad (3).
- Palabras que solo aparecen en el apartado 3: participación ciudadana y transparencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Igualdad en vivienda y urbanismo: medidas en las políticas de vivienda, acceso preferente de mujeres vulnerables o víctimas de violencia de género, y perspectiva de género en el diseño de la ciudad.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 32
Política española de cooperación para el desarrollo. 1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva en la cooperación española al desarrollo. 2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española, que se actualizará periódicamente a partir de los logros y lecciones aprendidas en los procesos anteriores. 3. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración efectiva del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED), en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la aplicación de la Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contemple actuaciones específicas para alcanzar la transversalidad en las actuaciones de la cooperación española, y la promoción de medidas de acción positiva que favorezcan cambios significativos en la implantación del principio de igualdad, tanto dentro de la Administración como en el mandato de desarrollo de la propia cooperación española.
Datos clave
- ¿Qué documento prevé elaborar el art. 32.2 LO 3/2007? → Una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española, que se actualizará periódicamente.
- ¿Qué enfoque debe integrarse de forma progresiva y a medio plazo según el art. 32.3? → El principio de igualdad y el enfoque de género en desarrollo (GED), en todos los niveles de gestión.
- Las siglas GED significan «género en desarrollo»: es la única abreviatura del artículo y por eso cae.
- Tres apartados, tres palabras ancla: Prioridad (1), Estrategia (2), Proceso progresivo (3).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La igualdad es prioridad transversal y específica de la cooperación española para el desarrollo, con una Estrategia Sectorial propia y un proceso progresivo de integración del enfoque de género en desarrollo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 33
Contratos de las Administraciones públicas. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.
Datos clave
- ¿Qué pueden establecer las Administraciones públicas en relación con la ejecución de sus contratos (art. 33)? → Condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
- ¿Conforme a qué normativa se establecen esas condiciones especiales? → De acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones pueden fijar, a través de sus órganos de contratación, condiciones especiales de ejecución de los contratos para promover la igualdad en el mercado de trabajo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 34
Contratos de la Administración General del Estado. 1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones. 2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Datos clave
- ¿Quién determina y con qué periodicidad los contratos de la AGE que deben incluir obligatoriamente medidas de igualdad? → El Consejo de Ministros, anualmente.
- ¿En qué documento pueden los órganos de contratación establecer la preferencia en la adjudicación del art. 34.2? → En los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
- ¿En qué momento debe la empresa cumplir las directrices para obtener esa preferencia? → En el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional.
- Retén la periodicidad y el órgano: anualmente y Consejo de Ministros. Es el dato más preguntado del artículo.
- Apartado 1 «deberán» (obligatorio, lo fija el Consejo de Ministros); apartado 2 «podrán» (potestativo, lo deciden los órganos de contratación en los pliegos).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cada año el Consejo de Ministros decide qué contratos de la AGE deben llevar medidas de igualdad en su ejecución; además, los pliegos pueden dar preferencia, en caso de empate, a las empresas que cumplan esas directrices.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 35
Subvenciones públicas. Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la presente Ley.
Datos clave
- ¿En qué instrumento se determinan los ámbitos de valoración de la igualdad en subvenciones (art. 35)? → En los planes estratégicos de subvenciones que adopten las Administraciones públicas.
- ¿Dónde se regula el distintivo empresarial en materia de igualdad, según remite el art. 35? → En el Capítulo IV del Título IV de la LO 3/2007.
- Tres ejemplos de valoración, en este orden: Conciliación, Responsabilidad social, Distintivo. C-R-D.
- El distintivo empresarial en materia de igualdad está en el Capítulo IV del Título IV: el art. 35 es quien da la pista de su ubicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los planes estratégicos de subvenciones fijan en qué ámbitos con desigualdad las bases reguladoras pueden valorar actuaciones de igualdad de los solicitantes, como conciliación, responsabilidad social o el distintivo de igualdad.
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Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública.
Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Datos clave
- Sujetos: medios de comunicación social de titularidad pública.
- Deben velar por una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres.
- Promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los medios públicos deben garantizar una representación de mujeres y hombres que sea igualitaria, diversa y libre de estereotipos, y difundir el principio de igualdad entre ambos sexos.
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Artículo 37. Corporación RTVE.
1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social.
b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad.
d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra las mujeres.
2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación.
Datos clave
- La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, persigue en su programación los objetivos del artículo 37.1.
- Objetivos: reflejar la presencia de las mujeres, utilizar el lenguaje en forma no sexista, adoptar mediante autorregulación códigos de conducta sobre igualdad y colaborar con las campañas institucionales para fomentar la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.
- Fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
RTVE, como servicio público, debe reflejar a las mujeres en la vida social, usar lenguaje no sexista, autorregularse y apoyar campañas de igualdad; además promoverá mujeres directivas y el trato con asociaciones de mujeres.
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Artículo 38. Agencia EFE.
El artículo 38 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece lo siguiente.
1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje, y perseguirá en su actuación los siguientes objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social.
b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad.
d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia contra las mujeres.
2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación.
Datos clave
- La Agencia EFE velará en especial por la utilización no sexista del lenguaje.
- Objetivos: reflejar la presencia de la mujer, lenguaje no sexista, códigos de conducta por autorregulación y colaboración con campañas institucionales.
- Las campañas buscan fomentar la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.
- Fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Agencia EFE debe velar por la igualdad y, en especial, por el lenguaje no sexista; persigue los mismos cuatro objetivos que RTVE y promoverá mujeres directivas y el trato con asociaciones de mujeres.
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Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada.
1. Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.
2. Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.
Datos clave
- Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres.
- Las Administraciones públicas promoverán acuerdos de autorregulación de los medios.
- Los acuerdos incluyen las actividades de venta y publicidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los medios de comunicación deben respetar la igualdad entre mujeres y hombres y evitar cualquier discriminación; las Administraciones públicas fomentan que adopten acuerdos de autorregulación, también en venta y publicidad, para cumplir la normativa de igualdad.
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Artículo 40. Autoridad audiovisual.
Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.
Datos clave
- Las Autoridades que velen por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptan las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación.
- Su finalidad es asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.
- Es el artículo 40 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las autoridades competentes en el ámbito audiovisual deben adoptar, según su normativa, las medidas necesarias para garantizar que el tratamiento de la mujer respete los principios y valores constitucionales.
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Artículo 41. Igualdad y publicidad.
La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional.
Datos clave
- La publicidad que comporte una conducta discriminatoria se considera publicidad ilícita.
- Remisión a la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todo anuncio que incluya una conducta discriminatoria según la Ley se califica como publicidad ilícita y debe ajustarse a la normativa general de publicidad y a la de comunicación institucional.
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Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres.
1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
2. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.
Datos clave
- Objetivo prioritario de las políticas de empleo: aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
- Se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres.
- Los Programas de inserción laboral activa comprenden todos los niveles educativos y edad de las mujeres.
- Incluyen Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios.
- Podrán destinarse prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo es objetivo prioritario de las políticas de empleo; los programas de inserción laboral activa abarcan todos los niveles y edades y pueden priorizar a mujeres o reservarles una proporción.
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Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva.
De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Datos clave
- La negociación colectiva puede establecer medidas de acción positiva, de acuerdo con lo establecido legalmente.
- Su finalidad es favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
- Es el artículo 43 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La negociación colectiva puede incluir medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la igualdad de trato en las condiciones de trabajo.
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Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
2. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Datos clave
- Los derechos de conciliación deben fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares.
- Se evitará toda discriminación basada en su ejercicio.
- Permiso y prestación por maternidad: en los términos de la normativa laboral y de Seguridad Social.
- Se reconoce a los padres un permiso y una prestación por paternidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los derechos de conciliación de trabajadores y trabajadoras deben fomentar el reparto equilibrado de responsabilidades familiares sin discriminar por ejercerlos; maternidad y paternidad se remiten a la normativa laboral y de Seguridad Social.
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Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad.
El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece lo siguiente.
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.
2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Datos clave
- Todas las empresas deben adoptar medidas para evitar la discriminación laboral, negociadas con los representantes legales.
- Empresas de cincuenta o más trabajadores: obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad.
- También es obligatorio cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable.
- También cuando la autoridad laboral sustituya sanciones accesorias por el plan en un procedimiento sancionador.
- Para las demás empresas el plan es voluntario, previa consulta a la representación legal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda empresa debe adoptar medidas contra la discriminación negociadas con los representantes; el plan de igualdad es obligatorio con cincuenta o más trabajadores, si lo exige el convenio o si lo impone la autoridad laboral.
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Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.
El artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece lo siguiente.
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.
4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.
5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro.
6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso.
Datos clave
- Plan de igualdad: conjunto ordenado de medidas adoptadas tras un diagnóstico de situación.
- El diagnóstico abarca al menos nueve materias, de la a) a la i), entre ellas retribuciones y prevención del acoso.
- El diagnóstico se elabora en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.
- Los planes incluirán la totalidad de la empresa.
- Se crea el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dentro de los Registros de convenios y acuerdos colectivos.
- Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el registro.
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El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas evaluables tras un diagnóstico de al menos nueve materias; abarca toda la empresa y debe inscribirse en el Registro de Planes de Igualdad.
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Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad.
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.
Datos clave
- Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores (o, en su defecto, de los propios trabajadores) a la información de los Planes de igualdad.
- El acceso abarca el contenido de los planes y la consecución de sus objetivos.
- Sin perjuicio del seguimiento por las comisiones paritarias de los convenios colectivos.
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El artículo 47 asegura que la representación legal de los trabajadores, o los propios trabajadores si no hay representación, puedan consultar el contenido y los resultados de los planes de igualdad. Además, las comisiones paritarias siguen de cerca la evolución de esos planes cuando les corresponde.
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Artículo 48. Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.
El artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece lo siguiente.
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con especial atención al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.
Datos clave
- Las empresas promoverán condiciones de trabajo que eviten delitos y conductas contra la libertad sexual y la integridad moral.
- Atención especial al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital.
- Medidas negociadas con los representantes: códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación.
- Los representantes de los trabajadores contribuirán mediante la sensibilización y la información a la dirección de la empresa.
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Empresas y representantes deben prevenir delitos y conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, en especial el acoso sexual y por razón de sexo, también en el ámbito digital.
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Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad.
Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.
Datos clave
- Precepto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Órgano: el Gobierno establecerá medidas de fomento.
- Finalidad: impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad.
- Destinatarias preferentes: las pequeñas y las medianas empresas.
- Las medidas incluirán el apoyo técnico necesario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno impulsará la adopción voluntaria de planes de igualdad mediante medidas de fomento dirigidas a pymes, que incluyen apoyo técnico necesario.
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Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios.
2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.
3. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas.
4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa.
5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.
Datos clave
- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para empresas que destaquen en políticas de igualdad.
- Puede utilizarse en el tráfico comercial y con fines publicitarios.
- Puede solicitarlo cualquier empresa, de capital público o privado, presentando un balance sobre los parámetros de igualdad.
- Criterios: presencia equilibrada en órganos de dirección y grupos profesionales, planes de igualdad y publicidad no sexista.
- El Ministerio retirará el distintivo si la empresa incumple las políticas de igualdad.
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para las empresas que destaquen en igualdad. Cualquier empresa puede optar presentando un balance; el Ministerio controla que mantengan esas políticas y, si las incumplen, lo retira.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 51
Criterios de actuación de las Administraciones públicas. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
Datos clave
- ¿Cuántos criterios de actuación fija el art. 51 LO 3/2007 y cuál es el último? → Siete, de la a) a la g); el último es evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
- ¿En qué órganos exige el art. 51 la presencia equilibrada? → En los órganos de selección y valoración.
- ¿Con qué límite debe facilitarse la conciliación según la letra b)? → Sin menoscabo de la promoción profesional.
- Siete letras, a) a g). Ancla: Obstáculos, Conciliación, Formación, Órganos de selección, Acoso, Retribuciones, Evaluación.
- La letra b) lleva una coletilla que cae en test: «sin menoscabo de la promoción profesional».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Siete criterios que deben seguir las Administraciones para la igualdad en el empleo público: acceso y carrera, conciliación, formación, órganos de selección, acoso, retribuciones y evaluación periódica.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 52
Titulares de órganos directivos. El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.
Datos clave
- ¿Cómo se valora la presencia equilibrada en los nombramientos de titulares de órganos directivos (art. 52)? → Considerando los órganos directivos en su conjunto, y solo en los nombramientos cuya designación corresponda al Gobierno.
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El Gobierno atiende a la presencia equilibrada al nombrar titulares de órganos directivos de la AGE y sus organismos, valorada en su conjunto y solo en los nombramientos que le corresponden.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 53
Órganos de selección y Comisiones de valoración. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.
Datos clave
- ¿Qué excepción admite el art. 53 a la presencia equilibrada en los tribunales y órganos de selección? → Las razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
- ¿A qué principio se ajusta la representación de la AGE en las comisiones de valoración de méritos? → Al principio de composición equilibrada de ambos sexos.
- Selección = tribunales y órganos de selección; provisión = comisiones de valoración de méritos
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tribunales y órganos de selección de la AGE responden a la presencia equilibrada salvo razones fundadas y objetivas motivadas; las comisiones de valoración de méritos se ajustan a la composición equilibrada.
Esquema
| Órganos de selección | Comisiones de valoración | |
|---|---|---|
| Finalidad | Selección del personal | Provisión de puestos de trabajo |
| Principio | Presencia equilibrada | Composición equilibrada de ambos sexos |
| Excepción en el texto | Razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas | No se menciona |
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 54
Designación de representantes de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.
Datos clave
- ¿En qué órganos designa la AGE a sus representantes con presencia equilibrada (art. 54)? → En órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales.
- ¿Qué principio observa la AGE en los consejos de administración de empresas en cuyo capital participa? → El de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en los nombramientos que le corresponda efectuar.
- Palabras exclusivas del art. 54: «comités de personas expertas», «nacionales o internacionales» y «consejos de administración».
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La AGE designa con presencia equilibrada a sus representantes en órganos colegiados y comités, nacionales o internacionales, y observa ese principio en los consejos de administración de empresas en que participa.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 55
Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Datos clave
- ¿De qué debe acompañarse la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público? → De un informe de impacto de género.
- ¿Cuál es la única excepción a ese informe según el art. 55? → Los casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
- Artículo de tres datos: informe de impacto de género, momento (aprobación de la convocatoria) y única excepción (urgencia).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda convocatoria de pruebas selectivas para el empleo público debe aprobarse con un informe de impacto de género, salvo urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por sexo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 56
Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.
Datos clave
- ¿Qué instrumentos debe establecer la normativa del personal al servicio de la Administración según el art. 56? → Un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios para proteger la maternidad y facilitar la conciliación.
- ¿Qué permiso reconoce expresamente el art. 56 con la misma finalidad? → Un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.
- Cuatro instrumentos en orden: Excedencias, Reducciones de jornada, Permisos y otros beneficios; más el permiso de paternidad como mención propia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La normativa del personal público fija excedencias, reducciones de jornada, permisos y otros beneficios para proteger la maternidad y conciliar, y reconoce un permiso de paternidad, sin perjuicio de mejoras pactadas.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 57
Conciliación y provisión de puestos de trabajo. En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior.
Datos clave
- ¿A qué efectos se computa el tiempo en las situaciones del artículo anterior (art. 57)? → A los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, en las bases de los concursos de provisión de puestos.
- Dos palabras que fijan el artículo: concursos (provisión de puestos, no acceso) y computar (contar, no premiar).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los concursos de provisión de puestos, el tiempo pasado en las situaciones de conciliación del artículo anterior se computa para valorar el trabajo desarrollado y los méritos.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 58
Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de lactancia natural.
Datos clave
- ¿Qué se garantiza durante la licencia por riesgo del art. 58? → La plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, conforme a la legislación específica.
- ¿A qué otro período se aplica lo previsto para el riesgo durante el embarazo? → Al período de lactancia natural.
- El propio título lleva los dos tiempos protegidos: riesgo durante el embarazo y durante la lactancia.
- Retén el binomio: mutualismo administrativo + plenitud de derechos económicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La funcionaria del mutualismo administrativo cuyo puesto pueda perjudicar su salud o la del hijo o hija puede obtener licencia por riesgo durante el embarazo, con plenitud de derechos económicos; también en la lactancia natural.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 59
Vacaciones. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.
Datos clave
- ¿Con qué situaciones debe coincidir el periodo de vacaciones para poder disfrutarlas en otra fecha (art. 59)? → Con una IT derivada de embarazo, parto o lactancia natural, con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia.
- ¿Se pierde el derecho si ha acabado el año natural? → No: se disfrutan en fecha distinta aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
- Memoriza el trío de la IT: embarazo, parto o lactancia natural; luego añade maternidad, su ampliación por lactancia y, al final, paternidad.
- La frase que cae en test es «aunque haya terminado el año natural al que correspondan».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si las vacaciones coinciden con una incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia natural, con el permiso de maternidad o su ampliación por lactancia, o con el de paternidad, se disfrutan en otra fecha aunque acabe el año.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 60
Acciones positivas en las actividades de formación. 1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. 2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.
Datos clave
- ¿Durante cuánto tiempo se otorga preferencia en los cursos a quien se reincorpora (art. 60.1)? → Durante un año.
- ¿Qué porcentaje de plazas se reserva en las convocatorias de cursos de formación conforme al art. 60.2? → Al menos un 40 %, para las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos.
- Un número por apartado: apartado 1 → un año; apartado 2 → 40 %. Si en el test aparecen cruzados, está mal.
- El apartado 1 mira hacia atrás (quien vuelve) y el 2 hacia arriba (quien promociona a puestos directivos).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos acciones positivas en formación: preferencia durante un año en los cursos para quien vuelve de maternidad, paternidad o ciertas excedencias, y reserva de al menos el 40 % de plazas para mujeres en cursos para puestos directivos.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 61
Formación para la igualdad. 1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. 2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.
Datos clave
- ¿Qué deben contemplar las pruebas de acceso al empleo público de la AGE (art. 61.1)? → El estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública.
- ¿Sobre qué materias se imparten los cursos del art. 61.2 y a quién se dirigen? → Sobre igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género; se dirigen a todo el personal.
- Uno entra y otro sigue: apartado 1 → pruebas de acceso; apartado 2 → cursos para quien ya está dentro.
- El apartado 2 tiene dos materias: igualdad de trato y oportunidades y prevención de la violencia de género.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las pruebas de acceso a la AGE incluyen el estudio y aplicación del principio de igualdad, y la AGE imparte a todo su personal cursos sobre igualdad y prevención de la violencia de género.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 62
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios: a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.
Datos clave
- ¿Cuántos principios mínimos debe comprender el protocolo del art. 62 y cuáles son? → Cuatro, letras a) a d): compromiso de prevenir y no tolerar, instrucción a todo el personal, tratamiento reservado de las denuncias e identificación de las personas responsables de atender quejas o denuncias.
- ¿Con quién se negocia el protocolo frente al acoso? → Con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.
- Son cuatro letras, de la a) a la d), y cada una empieza por un sustantivo distinto: compromiso, instrucción, tratamiento, identificación (CITI).
- El artículo cubre dos acosos, no uno: acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Administraciones negocian con la representación legal un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo con cuatro principios mínimos: compromiso, instrucción al personal, reserva de las denuncias y responsables identificados.
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Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público.
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.
Datos clave
- Obligados: todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos.
- Periodicidad: al menos anualmente.
- Destinatarios: Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas.
- Datos desagregados por sexo: plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remiten al menos una vez al año información sobre la aplicación del principio de igualdad, con los datos desagregados por sexo.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 64
Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros.
Datos clave
- ¿Quién aprueba el Plan de Igualdad en la AGE y con qué periodicidad? → El Gobierno, al inicio de cada legislatura.
- ¿Quién evalúa el cumplimiento del Plan y cada cuánto? → El Consejo de Ministros, anualmente.
- Aprobar → Gobierno, por legislatura. Evaluar → Consejo de Ministros, anualmente. Dos verbos, dos ritmos.
- Recuerda la fórmula exacta «negociación, y en su caso acuerdo»: obliga a negociar, no a acordar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El Gobierno aprueba al inicio de cada legislatura un Plan para la Igualdad en la AGE, negociado con la representación de los empleados públicos y evaluado anualmente por el Consejo de Ministros.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 65
Respeto del principio de igualdad. Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
Datos clave
- ¿En qué materias deben procurar las normas de personal de las FFAA la efectividad del principio de igualdad? → En especial en el régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
- Cinco ámbitos en orden de carrera: entras (acceso), te formas (formación), subes (ascensos), te destinan (destinos) y cambias de situación (situaciones administrativas).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas de personal de las Fuerzas Armadas procuran la efectividad de la igualdad, en especial en acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 66
Aplicación en las Fuerzas Armadas de las normas referidas al personal de las administraciones públicas. Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.
Datos clave
- ¿Qué materias del personal de las Administraciones públicas se aplican en las Fuerzas Armadas (art. 66)? → Igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
- ¿Con qué condición se aplican? → Con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.
- Tres materias, en este orden: igualdad → violencia (de género y sexual) → conciliación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas del personal público sobre igualdad, protección integral contra la violencia de género y sexual y conciliación se aplican en las Fuerzas Armadas con las adaptaciones necesarias.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 67
Respeto del principio de igualdad. Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
Datos clave
- ¿Qué deben hacer las normas reguladoras de las FCSE según el art. 67? → Promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional.
- ¿En qué ámbitos, especialmente? → En el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
- Dos verbos que se preguntan juntos: promover la igualdad efectiva e impedir la discriminación profesional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promueven la igualdad efectiva e impiden la discriminación profesional, sobre todo en acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.
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LO 3/2007 Igualdad · Art. 68
Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.
Datos clave
- ¿Qué materias del personal de las Administraciones públicas se aplican en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 68)? → Igualdad, prevención de la violencia de género y la violencia sexual, y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
- ¿Con qué criterio se adaptan? → Adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.
- Tres materias en este orden: igualdad → violencia (de género y sexual) → conciliación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las normas del personal público sobre igualdad, prevención de la violencia de género y sexual y conciliación se aplican en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptadas en su caso a sus funciones.
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Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios.
1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios.
Datos clave
- Obligados: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que suministren bienes o servicios disponibles para el público.
- Ámbito: fuera de la vida privada y familiar.
- No afecta a la libertad de contratación, salvo que la elección venga determinada por el sexo.
- Se admiten diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo con medios adecuados y necesarios.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien ofrezca bienes o servicios al público debe garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres, salvo cuando la diferencia esté justificada por un fin legítimo y sea necesaria y adecuada.
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Artículo 70. Protección en situación de embarazo.
En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud.
Datos clave
- En el acceso a bienes y servicios ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer.
- Única excepción: razones de protección de su salud.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el acceso a bienes y servicios nadie puede preguntar por el embarazo de la mujer, salvo para proteger su salud.
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Artículo 71. Factores actuariales.
El artículo 71 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece lo siguiente.
1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.
2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto.
Datos clave
- Prohibido usar el sexo como factor de cálculo que genere diferencias en primas y prestaciones.
- Afecta a contratos de seguros y servicios financieros afines.
- Los costes del embarazo y el parto no justifican diferencias en primas y prestaciones individuales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Prohíbe los seguros y servicios financieros afines en los que usar el sexo como factor de cálculo genere diferencias en primas y prestaciones; el embarazo y el parto tampoco justifican diferencias.
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Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones.
1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta discriminatoria, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
2. En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros afines, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 71 otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose en los restantes extremos la validez y eficacia del contrato.
Datos clave
- Quien sufra una conducta discriminatoria en el ámbito del artículo 69 tiene derecho a indemnización por daños y perjuicios.
- En seguros, el incumplimiento del artículo 71 permite reclamar la asimilación de primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado.
- El contrato mantiene en los restantes extremos su validez y eficacia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quien sufra discriminación bajo el artículo 69 tiene derecho a indemnización, sin perjuicio de otras acciones civiles o mercantiles. En seguros y servicios financieros, si se infringe el artículo 71, el perjudicado puede exigir la asimilación de sus primas y prestaciones al sexo más beneficiado, sin perjuicio del artículo 10 y manteniendo válidos los demás extremos del contrato.
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Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad.
Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social.
La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad.
Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se concierten con los mismos.
A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de aplicación la normativa laboral.
Datos clave
- Las acciones de responsabilidad social en igualdad son voluntarias.
- Pueden ser medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza.
- Pueden concertarse con los representantes de los trabajadores, organizaciones de consumidores, asociaciones de igualdad y Organismos de Igualdad.
- Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones no concertadas con ellos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las empresas pueden hacer, voluntariamente, acciones de responsabilidad social en igualdad, concertarlas con distintos agentes si quieren, e informar a los representantes de las no concertadas con ellos.
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Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad.
Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad.
El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, estarán legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.
Datos clave
- Las empresas pueden hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en igualdad.
- Condiciones: las de la legislación general de publicidad.
- El Instituto de la Mujer u órganos autonómicos equivalentes pueden ejercer la acción de cesación por publicidad engañosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las empresas pueden promocionar sus iniciativas de igualdad siempre que respeten la normativa general de publicidad. El Instituto de la Mujer y sus equivalentes autonómicos pueden solicitar la cesación de esa publicidad si la consideran engañosa.
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Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles.
Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta Ley.
Datos clave
- Afecta a las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada.
- Procurarán una presencia equilibrada de mujeres y hombres en su Consejo de administración.
- Plazo: ocho años desde la entrada en vigor de la Ley.
- Se aplica a los nombramientos que se realicen al vencer el mandato de los consejeros.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sociedades que deben presentar la cuenta de pérdidas y ganancias completa deben procurar que su consejo alcance una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un máximo de ocho años desde la entrada en vigor, aplicándose a los nombramientos que sustituyan a los consejeros designados antes de esa fecha.
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Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad.
Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Datos clave
- Naturaleza: órgano colegiado.
- Función: coordinación de las políticas y medidas de los departamentos ministeriales en materia de igualdad.
- Su composición y funcionamiento se determinan reglamentariamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Comisión Interministerial de Igualdad es el órgano colegiado que coordina las políticas de los ministerios para asegurar y promover la igualdad entre mujeres y hombres; su estructura y modo de actuar se fijan por reglamento.
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Artículo 77. Las Unidades de Igualdad.
En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes:
a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.
b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento.
c) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.
d) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.
e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.
Datos clave
- En todos los Ministerios se encomendará a un órgano directivo las funciones de igualdad.
- Funciones: información estadística, estudios, asesoramiento sobre el informe de impacto de género, formación y vigilancia.
- Asesoran en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.
- Velan por el cumplimiento de la Ley y la aplicación efectiva del principio de igualdad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En todos los Ministerios se encomienda a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones de igualdad en sus materias, entre ellas cinco que el texto cita en particular: estadísticas, estudios, informe de impacto de género, formación y vigilancia del cumplimiento.
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Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer.
1. Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.
2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.
Datos clave
- El Consejo de Participación de la Mujer es un órgano colegiado de consulta y asesoramiento.
- Fin esencial: cauce de participación de las mujeres en la igualdad de trato y oportunidades.
- Su funcionamiento, competencias y composición se establecen reglamentariamente.
- Se garantiza la participación de las Administraciones públicas y de las asociaciones de mujeres de ámbito estatal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, órgano consultivo que impulsa la igualdad y la lucha contra la discriminación, y se garantiza la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.
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Artículo 1. Objeto de esta ley.
Esta ley tiene por objeto:
a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Datos clave
- La ley tiene un doble objeto: garantizar derechos de las personas con discapacidad y establecer el régimen de infracciones y sanciones.
- Garantiza la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos.
- Medios: autonomía personal, accesibilidad universal, acceso al empleo, inclusión en la comunidad y vida independiente, y erradicación de toda discriminación.
- Fundamento constitucional: artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española.
- Fundamento internacional: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley persigue dos fines: garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad y fijar el régimen de infracciones y sanciones que protege esas condiciones básicas.
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Artículo 2. Definiciones.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta ley se entiende por:
a) Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
b) Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.
c) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
e) Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
f) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
g) Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
h) Vida independiente: derecho fundamentado en la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y el control sobre la propia vida, que garantiza a las personas con discapacidad la libertad real de decidir cómo, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas, contando con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles para el ejercicio efectivo de dicha elección y su plena inclusión en la comunidad.
i) Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
j) Inclusión: proceso o estado irrenunciable que asegura, desde la valoración positiva de la diversidad humana, la presencia, participación y progreso plenos de todas las personas en las diferentes esferas de la vida, y como un presupuesto irrenunciable para hacer efectivos los derechos humanos. La inclusión es incompatible con cualquier forma de segregación, discriminación o exclusión.
k) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Incluye, también, la accesibilidad auditiva, a la información y la comunicación para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
l) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.
m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del entorno físico, cognitivo, comunicativo, social y actitudinal a las realidades o situaciones concretas de una persona con discapacidad y que no impongan una carga desproporcionada o indebida para los derechos de las personas, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación, garantizando a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos sus derechos. La no realización de un ajuste razonable supone una discriminación por razón de discapacidad y la violación del derecho a la no discriminación. En este sentido, en la denegación de los ajustes entran en juego las disposiciones en materia de no discriminación y, también, las relativas a la protección de los derechos.
n) Diálogo civil: es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
o) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
p) Capacitismo: proceso mental que valora y determina la admisión social de las personas por su capacidad funcional considerando como normalidad humana un determinado estándar de funcionamiento. El capacitismo provoca que las personas que no cumplen el patrón de normalidad sean vistas como personas menos valiosas por la sociedad y genera prejuicios que dan lugar a la discriminación, exclusión y opresión de las personas con discapacidad.
q) Desinstitucionalización: proceso de cambio social, político y cultural que prevé el tránsito del cuidado en entornos, identificados genéricamente como instituciones hacia modalidades de prestación de apoyo y cuidado de acuerdo con el enfoque de derechos humanos, centradas en la persona, que respeten sus elecciones, voluntad y preferencias y que promuevan la autonomía, la vida independiente, la emancipación, la participación social y la inclusión plena en la comunidad.
r) Interseccionalidad: es la situación por la cual una misma persona puede sufrir discriminación como consecuencia de múltiples categorías sociales que convergen en ella simultáneamente, como el género, la clase socioeconómica, alguna discapacidad, o su lugar de origen, entre otros factores.
s) Urgencia vital: situación excepcional, extraordinaria y puntual, que requiere una intervención inmediata, por la existencia de un riesgo inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceras personas, cuando no es posible obtener su consentimiento libre e informado por ningún medio o formato adecuado, habiendo resultado totalmente ineficaces los sistemas de apoyo.
t) Sordoceguera: discapacidad específica derivada de la concurrencia simultánea de una discapacidad visual y una discapacidad auditiva de carácter severo o profundo, que genera necesidades de apoyo extensas y continuadas en la comunicación, la orientación, la movilidad, el acceso a la información y la interacción con el entorno.
La sordoceguera requiere intervenciones especializadas, apoyos individualizados y, cuando sea necesario, recursos específicos de atención integral que garanticen la accesibilidad comunicativa, sensorial y cognitiva, así como la participación plena en la vida social.
Datos clave
- El artículo 2 recoge 20 definiciones, de la letra a) a la t), entre ellas capacitismo, desinstitucionalización, interseccionalidad, urgencia vital y sordoceguera.
- Discapacidad: situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva.
- Vida independiente: derecho que garantiza la libertad real de decidir cómo, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones y con los apoyos necesarios, personalizados y flexibles.
- Ajustes razonables: adaptaciones del entorno físico, cognitivo, comunicativo, social y actitudinal sin carga desproporcionada; no realizarlos supone discriminación por razón de discapacidad.
- Urgencia vital: situación excepcional que requiere intervención inmediata por riesgo inminente para la vida o la integridad cuando no es posible obtener el consentimiento libre e informado.
- Sordoceguera: concurrencia simultánea de una discapacidad visual y una discapacidad auditiva de carácter severo o profundo, con necesidades de apoyo extensas y continuadas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Glosario de la ley: discapacidad, igualdad de oportunidades, las tres discriminaciones, acoso, accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables y conceptos nuevos como capacitismo, desinstitucionalización, interseccionalidad, urgencia vital y sordoceguera.
Esquema
| Diseño universal | Ajustes razonables | |
|---|---|---|
| Cuándo | Desde el origen, siempre que sea posible | Cuando se requieran en un caso particular |
| Para quién | Todas las personas, sin adaptación | Una persona con discapacidad concreta |
| Límite | No excluye productos de apoyo | Sin carga desproporcionada o indebida |
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Artículo 3. Principios.
Los principios de esta ley serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
b) La vida independiente.
c) La no discriminación.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La igualdad entre mujeres y hombres.
g) La normalización.
h) La accesibilidad universal.
i) Diseño universal o diseño para todas las personas.
j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
k) El diálogo civil.
l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
Datos clave
- Son trece principios, enumerados de la a) a la m).
- Dignidad, autonomía individual e independencia de las personas; vida independiente; no discriminación.
- Igualdad de oportunidades e igualdad entre mujeres y hombres.
- Normalización, accesibilidad universal y diseño universal o para todas las personas.
- Participación e inclusión plenas, diálogo civil y transversalidad de las políticas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista cerrada de trece principios que inspiran la ley, desde la dignidad y la autonomía individual hasta la transversalidad de las políticas de discapacidad.
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Artículo 4. Titulares de los derechos.
Artículo 4. Titulares de los derechos.
1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Las disposiciones normativas de los poderes y las Administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes, cuando actúen en calidad de tales, utilizarán los términos “persona con discapacidad” o “personas con discapacidad” para denominarlas.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Se considerará también, a los efectos de esta ley, que presentan una discapacidad del 33 por ciento las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III. Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.
Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I, así como del título II, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.
Independientemente de lo expresado anteriormente, la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real.
3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.
La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.
4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad.
5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.
6. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.
Datos clave
- Son personas con discapacidad quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena.
- A los efectos de esta ley, tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Dependencia reconocida oficialmente en grado I: se considera una discapacidad del 33 por ciento; en grado II y III, una discapacidad del 65 por ciento.
- La asimilación de la dependencia solo produce efectos en los ámbitos previstos por ley o por normas que la contemplen expresamente, y no se aplica en el ámbito tributario.
- Pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y de clases pasivas por incapacidad permanente para el servicio: grado igual o superior al 33 por ciento a determinados efectos.
- La persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real, y la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional.
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Quién es persona con discapacidad: la definición general, el grado igual o superior al 33 por ciento y las asimilaciones por dependencia y por pensiones de incapacidad; además, cómo se reconoce y acredita el grado.
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Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, conforme a lo estipulado en la letra k) del artículo 2, se aplicarán, además de a los derechos regulados en el título I, en los ámbitos siguientes:
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.
f) Administración de justicia.
g) Participación en la vida pública y en los procesos electorales.
h) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico, siempre con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad.
i) Empleo.
Datos clave
- Las medidas se aplican, además de a los derechos del título I, en nueve ámbitos, de la a) a la i).
- Remisión: letra k) del artículo 2.
- Incluye telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; y transportes.
- Relaciones con las administraciones públicas: incluido el acceso a las prestaciones públicas y a sus resoluciones administrativas.
- También: Administración de justicia y participación en la vida pública y en los procesos electorales.
- Patrimonio cultural: conciliando la protección patrimonial con el acceso, goce y disfrute.
- Último ámbito: el empleo.
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Enumera los nueve ámbitos, además de los derechos del título I, en que se aplican las medidas específicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
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Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad
Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.
1. El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará respetando el principio de libertad en la toma de decisiones, debiendo los poderes públicos proveer de los medios y apoyos, tanto materiales como personales, que aseguren el acceso y la comprensión de la información como presupuesto para un consentimiento informado con todas las garantías para la libertad y preferencias de las personas con discapacidad.
2. Las personas con discapacidad tienen derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás personas. Para facilitar el goce pleno de este derecho los poderes públicos generarán las condiciones y promoverán las oportunidades, ofreciéndoles los apoyos necesarios a cada caso, para asegurar que las personas con discapacidad puedan elegir su lugar de residencia, y dónde, con quién y cómo vivir en igualdad de condiciones con las demás, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
3. Asimismo, las distintas Administraciones públicas competentes deben promover que las personas con discapacidad dispongan de una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal y, en su caso, la asistencia animal, que sea necesaria para facilitar el desarrollo de proyectos de vida independiente y su inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta. El acceso a dichos servicios debe darse sin discriminación de ningún tipo, paro lo que se habilitarán cuantas medidas sean necesarias para la eliminación de las barreras administrativas, lingüísticas, culturales o territoriales que puedan afectar a grupos poblacionales en especial situación de vulnerabilidad.
4. Los poderes públicos asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades, incluido el acceso a viviendas dignas y adecuadas, con especial consideración en los programas y parques públicos de vivienda y otras políticas públicas de vivienda.
5. Los poderes públicos impulsarán planes de desinstitucionalización que promuevan la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
6. En todo caso, se deberán tener en cuenta las circunstancias y la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad y asegurarle apoyos que garanticen su libertad en la toma de decisiones.
7. Las distintas Administraciones públicas, dentro de su ámbito de competencia, elaborarán planes en materia de accesibilidad e inclusión que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a los servicios comunitarios.
Datos clave
- El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará respetando el principio de libertad en la toma de decisiones.
- Los poderes públicos deben proveer medios y apoyos materiales y personales que aseguren el acceso y la comprensión de la información como presupuesto del consentimiento informado.
- Derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad: elegir lugar de residencia y dónde, con quién y cómo vivir, sin verse obligadas a un sistema de vida específico.
- Las Administraciones deben promover servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal y, en su caso, la asistencia animal.
- Los poderes públicos impulsarán planes de desinstitucionalización que promuevan la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
- Las Administraciones públicas, dentro de su ámbito de competencia, elaborarán planes en materia de accesibilidad e inclusión que faciliten el acceso a los servicios comunitarios.
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Autonomía de la persona con discapacidad: libertad para decidir con apoyos e información accesible, derecho a la vida independiente y a elegir dónde y con quién vivir, y servicios comunitarios sin discriminación.
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Artículo 7. Derecho a la igualdad.
Artículo 7. Derecho a la igualdad.
1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
2. Para garantizar este derecho a la igualdad, las Administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.
3. Las Administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio, así como de participación en los asuntos públicos, en los términos previstos en este título y demás normativa que sea de aplicación.
4. Asimismo, las Administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables expuestas a la discriminación múltiple e interseccional como las niñas, niños y mujeres, personas mayores víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, personas con pluridiscapacidad, personas con discapacidad residentes en el medio rural y personas con discapacidad con extensas y continuadas necesidades de apoyo, personas de etnia gitana, LGTBI o integrantes de otras minorías. Esta protección también alcanzará a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional que se vean afectadas por barreras añadidas que agraven su exclusión y discriminación.
5. Las políticas, estrategias, programas y acciones de los poderes públicos tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida, adaptando las estructuras, dispositivos, recursos e intervenciones oficiales a las particularidades derivadas de la adquisición imprevista de la discapacidad.
6. Las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar los productos de apoyo y las ayudas técnicas que necesiten para el ejercicio de su autonomía personal y su participación plena en la vida en la comunidad.
En ningún caso podrán ser obligadas a prescindir de dichos productos o a desactivarlos, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas y en el uso de bienes, productos y servicios puestos a disposición del público.
Ello se entenderá sin perjuicio de la acreditación de su necesidad para la participación en los procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada.
Datos clave
- Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
- Protección especialmente intensa en igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva y participación en los asuntos públicos, entre otros.
- Protección singularmente intensa de las personas especialmente vulnerables expuestas a la discriminación múltiple e interseccional, como las personas con pluridiscapacidad o residentes en el medio rural.
- Esta protección alcanza también a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional afectadas por barreras añadidas.
- Las políticas públicas tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida.
- En ningún caso podrán ser obligadas a prescindir de los productos de apoyo o a desactivarlos, sin perjuicio de acreditar su necesidad en los procesos selectivos de acceso al empleo público.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mismos derechos que el resto de la ciudadanía, con protección especialmente intensa en ámbitos clave y para grupos con discriminación múltiple; y derecho a usar productos de apoyo sin que se les obligue a prescindir de ellos.
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Artículo 7 bis. Respeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad en su seno
El artículo 7 bis del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, reconoce el derecho a la familia, al hogar y a las relaciones interpersonales.
Las personas con discapacidad gozarán de plenitud de derechos en todas las cuestiones referidas al matrimonio u otras formas análogas de afectividad, desde el respeto de su identidad sexual y su orientación del deseo, a la creación de una familia y mantenimiento de un hogar, a la paternidad y la maternidad y a las relaciones interpersonales, sin que sean admisibles tratos desiguales o discriminaciones por este motivo o asociadas al mismo.
Los poderes públicos garantizarán la efectividad del derecho de todas las personas con discapacidad, en edad de contraer matrimonio, a casarse o a formar una pareja de hecho sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges o integrantes de la relación afectiva.
Tienen derecho a fundar una familia. Los poderes públicos respetarán su derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos e hijas y el tiempo entre un nacimiento y otro, a recibir información accesible y educación afectivo-sexual, incluida la referente a la dimensión reproductiva, y a que se les ofrezcan los medios y apoyos necesarios para ejercer esos derechos.
Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, tienen derecho a mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. Los poderes públicos harán efectivos sus derechos y obligaciones en lo que respecta a la patria potestad, la tutela, la custodia, la guarda, la adopción u otras instituciones de apoyo de la legislación civil, actuando siempre sobre la base del interés superior de niñas y niños y prestando apoyos y asistencia para la crianza de sus hijas o hijos.
Gozan del derecho a la intimidad personal y familiar; los poderes públicos protegerán su privacidad, particularmente en su información personal y en la relativa a la salud y a la rehabilitación. Asimismo, asegurarán que las niñas y los niños y otras personas que, sin ser menores de edad legal, estén bajo la responsabilidad o al cuidado de personas adultas, con medidas de apoyo, disfruten los mismos derechos en la vida familiar que reconoce la legislación civil y procesal vigente.
Las familias que tengan en su seno a personas con discapacidad gozarán de la máxima consideración en todas las políticas de promoción y protección familiares, introduciendo, en su caso, medidas de acción positiva de carácter jurídico, social, económico, de corresponsabilidad y de conciliación para las familias cuidadoras. Las personas con discapacidad y sus familias estarán protegidas contra la soledad forzosa o no deseada, disponiendo de apoyos y recursos para su completa socialización y participación comunitarias.
Datos clave
- Plenitud de derechos en matrimonio u otras formas análogas de afectividad, familia, hogar, paternidad y maternidad.
- Matrimonio o pareja de hecho: sobre la base del consentimiento libre y pleno.
- Derecho a decidir libremente el número de hijos e hijas y el tiempo entre nacimientos.
- Derecho a mantener la fertilidad, incluidos los niños y las niñas, en igualdad de condiciones.
- Patria potestad, tutela, custodia, guarda y adopción: sobre la base del interés superior de niñas y niños.
- Familias con personas con discapacidad: máxima consideración y medidas de acción positiva.
- Protección contra la soledad forzosa o no deseada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las personas con discapacidad tienen plenitud de derechos en pareja, familia, hogar, crianza, fertilidad e intimidad, sin tratos desiguales; y sus familias reciben la máxima consideración y protección frente a la soledad no deseada.
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Artículo 7 ter. Promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad
El artículo 7 ter del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refuerza la protección de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad.
Las mujeres y las niñas y niños con discapacidad serán titulares, en plenitud, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin exclusiones ni discriminaciones por motivos de discapacidad, de sexo, edad, orientación o identidad sexual, expresión de género, origen racial o étnico o cualquiera de las causas previstas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, o por su acumulación interseccional, disponiendo de garantías reforzadas para que su ejercicio y goce sean efectivos.
La legislación, las políticas públicas y la actuación de los poderes públicos, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el de la igualdad entre mujeres y hombres, se aplicarán con un enfoque doble de inclusión y género, para abordar la discriminación múltiple o interseccional de las mujeres y niñas con discapacidad, con especial atención a las situaciones de violencia y al acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, asegurando información accesible.
Las personas menores de edad con discapacidad gozarán de los derechos de esta ley y de la legislación en materia de infancia. Los poderes públicos velarán por que puedan participar libremente en todas las cuestiones que les afecten, en igualdad de condiciones, con los apoyos apropiados a su discapacidad y edad. Las políticas considerarán la realidad de las niñas y niños con discapacidad, velando por su protección frente a la violencia, el acoso y el abuso, tanto en entornos físicos como digitales, garantizando que su asistencia sea prioritaria y gratuita siempre que sea posible y reforzando la protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres con mecanismos accesibles y especializados de atención, denuncia y protección. Asimismo, promoverán su autonomía personal y un proyecto de vida independiente.
Se protegerá la libertad sexual y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad. Se velará por un desarrollo infantil que mejore la autonomía, salud y bienestar de las niñas y niños con discapacidad a través de la atención temprana, como derecho subjetivo y como mecanismo de prevención de las deficiencias en la infancia.
Las personas con discapacidad víctimas de violencia contra las mujeres tendrán derecho a apoyos adecuados para su seguridad, autonomía personal y plena participación. Los poderes públicos, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizarán:
a) El acceso prioritario a la asistencia personal suficiente y necesaria para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus vidas, evitar la institucionalización forzada y contar con apoyos en su proceso de salida de la violencia.
b) La plena accesibilidad de los servicios de atención a la violencia de género, en todas sus fases y modalidades: acogida, información, protección y acompañamiento.
c) La coordinación entre los sistemas de atención a la dependencia y los de protección de las víctimas de violencia de género, con mecanismos específicos de derivación y apoyo integral.
d) Medidas específicas de prevención, detección y actuación en entornos institucionalizados, asegurando el derecho de las mujeres con discapacidad a vivir en la comunidad y en condiciones de igualdad.
Datos clave
- Titulares en plenitud de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con garantías reforzadas.
- Remisión a las causas de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
- Enfoque doble de inclusión y género frente a la discriminación múltiple o interseccional.
- Asistencia de niñas y niños con discapacidad: prioritaria y gratuita siempre que sea posible.
- Atención temprana: derecho subjetivo y mecanismo de prevención de deficiencias en la infancia.
- Víctimas de violencia: garantías en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
- Acceso prioritario a la asistencia personal para evitar la institucionalización forzada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mujeres, niñas y niños con discapacidad tienen todos los derechos con garantías reforzadas. Se exige un enfoque doble de inclusión y género, protección frente a la violencia y cuatro garantías para las víctimas de violencia contra las mujeres.
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Artículo 8. Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad
1. La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá:
a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
c) Recuperación profesional.
d) Rehabilitación y habilitación profesionales.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica previstas en la letra a) del apartado anterior tendrán la extensión, duración y condiciones que se prevean reglamentariamente.
3. Las personas beneficiarias de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, continuarán con el derecho a la percepción de los mismos de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única.
Datos clave
- Destinatarios: personas con discapacidad no incluidas en la Seguridad Social por no desarrollar una actividad laboral.
- Comprende cuatro prestaciones, de la a) a la d).
- a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
- b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
- c) Recuperación profesional; d) rehabilitación y habilitación profesionales.
- Subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona: se mantienen según la disposición transitoria única.
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El sistema especial protege a las personas con discapacidad que, por no trabajar, no están en la Seguridad Social, con cuatro prestaciones; la sanitaria y farmacéutica se concretan por reglamento.
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Artículo 9. Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad
Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad. Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas previsto en este capítulo estarán exentos de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.
Datos clave
- Beneficiarios: los del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas del capítulo.
- Están exentos de aportación.
- La exención se refiere al consumo de especialidades farmacéuticas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas de este capítulo no pagan aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.
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Artículo 1. Objeto de la ley.
Esta sección recoge el artículo 1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.
2. A estos efectos, la ley regula derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, establece principios de actuación de los poderes públicos y prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar, y corregir toda forma de discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado.
Datos clave
- Objeto: garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de las personas.
- Desarrolla los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.
- Regula derechos y obligaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y principios de actuación de los poderes públicos.
- Prevé medidas para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley garantiza y promueve la igualdad de trato y no discriminación, desarrollando los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución, frente a toda discriminación en los sectores público y privado.
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Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
Esta sección recoge el artículo 2 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley, podrán establecerse diferencias de trato cuando los criterios para tal diferenciación sean razonables y objetivos y lo que se persiga es lograr un propósito legítimo o así venga autorizado por norma con rango de ley, o cuando resulten de disposiciones normativas o decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a proteger a las personas, o a grupos de población necesitados de acciones específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su incorporación al trabajo o a distintos bienes y servicios esenciales y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad.
3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública.
4. Las obligaciones establecidas en la presente ley serán de aplicación al sector público. También lo serán a las personas físicas o jurídicas de carácter privado que residan, se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, en los términos y con el alcance que se contemplan en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
A los efectos de esta ley se entenderá comprendido en el sector público:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas.
c) Las entidades que integran la Administración Local.
d) La Administración de Justicia.
e) El sector público institucional, en los términos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones, entes, organismos y entidades que integran el sector público.
Datos clave
- Derecho de toda persona a la igualdad de trato con independencia de su nacionalidad, edad o residencia legal.
- Se pueden establecer diferencias de trato si los criterios son razonables y objetivos y persiguen un propósito legítimo.
- La enfermedad no ampara diferencias de trato salvo las derivadas del tratamiento, limitaciones objetivas o razones de salud pública.
- Las obligaciones se aplican al sector público y a personas físicas o jurídicas privadas que residan, se encuentren o actúen en territorio español.
- Sector público: Administración General del Estado, comunidades autónomas, Administración Local, Administración de Justicia, sector público institucional y asociaciones y fundaciones públicas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda persona tiene derecho a la igualdad de trato sea cual sea su nacionalidad, edad o residencia legal; caben diferencias justificadas, y la ley obliga al sector público y a los privados que actúen en España.
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Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación.
Esta sección recoge el artículo 3 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
1. Esta ley se aplicará en los siguientes ámbitos:
a) Empleo, por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción profesional y la formación para el empleo.
b) Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público.
c) Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico.
d) Educación.
e) Sanidad.
f) Transporte.
g) Cultura.
h) Seguridad ciudadana.
i) Administración de Justicia.
j) La protección social, las prestaciones y los servicios sociales.
k) Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda, que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar.
l) Acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público, así como el uso de la vía pública y estancia en la misma.
m) Publicidad, medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información.
n) Internet, redes sociales y aplicaciones móviles.
ñ) Actividades deportivas, de acuerdo con la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
o) Inteligencia Artificial y gestión masiva de datos, así como otras esferas de análoga significación.
2. Lo dispuesto en la presente ley se entiende sin perjuicio de los regímenes específicos más favorables establecidos en la normativa estatal o autonómica por razón de las distintas causas de discriminación previstas en el apartado 1 del artículo 2.
Datos clave
- Ámbitos de aplicación: empleo, empleo público, organizaciones políticas, sindicales y profesionales, educación, sanidad, transporte, cultura y seguridad ciudadana.
- También Administración de Justicia, protección social, bienes y servicios (incluida vivienda), espacios abiertos al público, publicidad y medios, internet y redes sociales, actividades deportivas e inteligencia artificial.
- Se entiende sin perjuicio de los regímenes específicos más favorables, estatales o autonómicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley se aplica en dieciséis ámbitos, del empleo a la inteligencia artificial, y no desplaza los regímenes específicos más favorables, estatales o autonómicos.
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Artículo 4. El derecho a la igualdad de trato y no discriminación.
Esta sección recoge el artículo 4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
1. El derecho protegido por la presente ley implica la ausencia de toda discriminación por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. En consecuencia, queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho a la igualdad. Se consideran vulneraciones de este derecho la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes.
2. No se considera discriminación la diferencia de trato basada en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley derivada de una disposición, conducta, acto, criterio o práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla.
3. El derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará con carácter transversal en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
4. En las políticas contra la discriminación se tendrá en cuenta la perspectiva de género y se prestará especial atención a su impacto en las mujeres y las niñas como obstáculo al acceso a derechos como la educación, el empleo, la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencias, entre otros.
Datos clave
- El derecho implica la ausencia de toda discriminación por las causas del artículo 2.1.
- Vulneraciones: discriminación directa o indirecta, por asociación y por error, múltiple o interseccional, denegación de ajustes razonables, acoso, inducción, represalias e inacción.
- No es discriminación la diferencia justificada por una finalidad legítima con medio adecuado, necesario y proporcionado.
- Es un principio informador del ordenamiento jurídico, de aplicación transversal.
- Se tiene en cuenta la perspectiva de género.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El derecho supone la ausencia de toda discriminación; la ley enumera sus vulneraciones, admite diferencias justificadas y proporcionadas y lo convierte en principio informador con perspectiva de género.
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Artículo 5. Derechos a la información y al asesoramiento de las personas víctimas de discriminación.
Esta sección recoge el artículo 5 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
1. Todas las personas víctimas de discriminación, con independencia de su origen, religión, edad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, independientemente de su situación administrativa en el Estado español, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley.
2. Las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir información completa y comprensible, así como asesoramiento relativo a su situación personal adaptado a su contexto, necesidades y capacidades, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas.
3. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que todas las personas víctimas de discriminación, especialmente aquellas con discapacidad, tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lectura fácil, Braille, lengua de signos, tanto la española como la catalana, y otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.
4. Las personas víctimas de discriminación tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.
5. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir toda la información necesaria en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha información en la lengua cooficial que elija. Además, se debe garantizar la prevención y prohibición de cualquier revictimización.
Datos clave
- Las víctimas de discriminación tienen garantizados los derechos de la ley con independencia de su situación administrativa.
- Derecho a información completa y comprensible y a asesoramiento.
- Información en formato accesible para personas con discapacidad (lectura fácil, Braille, lengua de signos española y catalana).
- Derecho a asesoramiento jurídico gratuito inmediatamente previo a la denuncia.
- Los niños, niñas y adolescentes reciben información en lenguaje claro y, en su caso, en la lengua cooficial que elijan.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las víctimas de discriminación tienen sus derechos garantizados sea cual sea su situación administrativa: información comprensible, asesoramiento, formatos accesibles y asesoramiento jurídico gratuito antes de denunciar.
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Artículo 6. Definiciones.
Esta sección recoge el artículo 6 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
1. Discriminación directa e indirecta.
a) La discriminación directa es la situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2.
Se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
b) La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2.
2. Discriminación por asociación y discriminación por error.
a) Existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo 2 de esta ley, es objeto de un trato discriminatorio.
b) La discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas.
3. Discriminación múltiple e interseccional.
a) Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley.
b) Se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas en esta ley, generando una forma específica de discriminación.
c) En supuestos de discriminación múltiple e interseccional la motivación de la diferencia de trato, en los términos del apartado segundo del artículo 4, debe darse en relación con cada uno de los motivos de discriminación.
d) Igualmente, en supuestos de discriminación múltiple e interseccional las medidas de acción positiva contempladas en el apartado 7 de este artículo deberán atender a la concurrencia de las diferentes causas de discriminación.
4. Acoso discriminatorio.
Constituye acoso, a los efectos de esta ley, cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
5. Inducción, orden o instrucción de discriminar.
Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley.
La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria.
6. Represalias.
A los efectos de esta ley se entiende por represalia cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona o grupo en que se integra por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto.
Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal.
7. Medidas de acción positiva.
Se consideran acciones positivas las diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan.
8. Segregación escolar.
Se entiende por segregación toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o sobre la base de cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 2.1 de la presente ley sin una justificación objetiva y razonable.
Datos clave
- Discriminación directa: trato menos favorable en situación análoga; la denegación de ajustes razonables a personas con discapacidad se considera directa.
- Discriminación indirecta: disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que causan una desventaja particular.
- Por asociación (relación con otra persona) y por error (apreciación incorrecta).
- Múltiple (dos o más causas) e interseccional (causas que interactúan generando una forma específica).
- Acoso, inducción, orden o instrucción de discriminar, represalias, medidas de acción positiva y segregación escolar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Define las formas de discriminación (directa, indirecta, por asociación, por error, múltiple e interseccional), el acoso, la inducción, las represalias, la acción positiva y la segregación escolar.
Esquema
| Múltiple | Interseccional | |
|---|---|---|
| Cómo operan las causas | Dos o más causas, de manera simultánea o consecutiva | Diversas causas que concurren o interactúan |
| Resultado | Discriminación por varias causas | Una forma específica de discriminación |
| Motivación de la diferencia de trato | Respecto de cada motivo | Respecto de cada motivo |
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Artículo 7. Interpretación.
Esta sección recoge el artículo 7 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que se reproduce a continuación.
La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de los poderes públicos, se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado sea parte en materia de derechos humanos, así como con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales y demás legislación aplicable, y tendrá en cuenta las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos internacionales multilaterales y regionales. Para los efectos del apartado anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias o intolerantes. La presente ley consagra los niveles mínimos de protección y no perjudica las disposiciones más favorables establecidas en otras normas, debiendo prevalecer el régimen jurídico que mejor garantice la no discriminación.
Datos clave
- La interpretación se ajusta a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado sea parte y a la jurisprudencia de órganos internacionales.
- Ante varias interpretaciones, se prefiere la que proteja con mayor eficacia a las personas afectadas.
- La ley consagra niveles mínimos de protección y prevalece el régimen más favorable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ley se interpreta conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia internacional; ante dudas gana la lectura más protectora, y prevalece el régimen que mejor garantice la no discriminación.