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La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen vigente. Requisitos para que proceda la indemnización. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Requisitos. Plazos de reclamación y procedimiento.

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Artículo 176. Principio general.

Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta ley que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.

Datos clave

  • Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades del artículo 2 de la Ley que, por dolo o culpa graves, adopten resoluciones o realicen actos con infracción de la ley, están obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o a la respectiva entidad.
  • La indemnización cubre los daños y perjuicios consecuencia de esos actos.
  • Es independiente de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien, con dolo o culpa graves, infrinja la Ley General Presupuestaria debe indemnizar los daños a la Hacienda Pública estatal o a su entidad, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria.

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Artículo 177. Hechos que pueden generar responsabilidad patrimonial.

1. Constituyen infracciones a los efectos del artículo anterior:

a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.

b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.

c) Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta ley o en la de Presupuestos que sea aplicable.

d) Dar lugar a pagos reintegrables, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de esta ley.

e) No justificar la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de esta ley y la Ley General de Subvenciones.

f) Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta ley, cuando concurran los supuestos establecidos en el artículo 176 de esta ley.

2. Las infracciones tipificadas en el número anterior darán lugar, en su caso, a la obligación de indemnizar establecida en el artículo anterior.

Datos clave

  • Son infracciones: haber incurrido en alcance o malversación en la administración de fondos públicos.
  • Administrar los recursos y derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
  • Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente o con infracción de la ley o de la de Presupuestos aplicable.
  • Dar lugar a pagos reintegrables (artículo 77) y no justificar la inversión de los fondos de los artículos 78 y 79 y de la Ley General de Subvenciones.
  • Cualquier otro acto o resolución con infracción de la ley, cuando concurran los supuestos del artículo 176.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Seis hechos que generan responsabilidad patrimonial: alcance o malversación, mala administración de derechos, gastos sin crédito, pagos reintegrables, fondos sin justificar y cualquier otra infracción con dolo o culpa grave.

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Artículo 178. Tipos de responsabilidad.

1. Cuando el acto o la resolución se dictase mediando dolo, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de esta ley.

2. En el caso de culpa grave, las autoridades y demás personal de los entes del sector público estatal sólo responderán de los daños y perjuicios que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal.

A estos efectos, la Administración tendrá que proceder previamente contra los particulares para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

3. La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.

Datos clave

  • Si el acto se dictó mediando dolo, la responsabilidad alcanza a todos los daños y perjuicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de la ley.
  • En caso de culpa grave, solo se responde de los daños y perjuicios que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal.
  • En ese caso, la Administración debe proceder previamente contra los particulares para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
  • La responsabilidad de quienes hayan participado es mancomunada, excepto en los casos de dolo, que es solidaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con dolo se responde de todos los daños conocidamente derivados y solidariamente; con culpa grave, solo de los que sean consecuencia necesaria, mancomunadamente y tras dirigirse antes contra los particulares.

Esquema

Dolo frente a culpa grave
DoloCulpa grave
DañosTodos los que conocidamente derivenSolo los que sean consecuencia necesaria
Varios partícipesSolidariaMancomunada
ParticularesNada se exigeProceder antes contra ellos para el reintegro

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Artículo 179. Responsabilidad de los interventores y ordenadores de los pagos.

En las condiciones fijadas en los artículos anteriores, están sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad, además de los que adopten la resolución o realicen el acto determinante de aquélla, los interventores en el ejercicio de la función interventora, respecto a los extremos a los que se extiende la misma, y los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.

Datos clave

  • Están sujetos a la obligación de indemnizar, además de quienes adopten la resolución o realicen el acto, los interventores en el ejercicio de la función interventora, respecto a los extremos a los que ésta se extiende.
  • También los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el expediente mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.
  • La obligación lo es respecto de la Hacienda Pública estatal o de la respectiva entidad, en las condiciones de los artículos anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Además de quien dicta el acto, deben indemnizar los interventores, en lo que abarca su función interventora, y los ordenadores de pago que no salvaron su actuación por escrito.

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Artículo 180. Órgano competente y Procedimiento.

1. En el supuesto del párrafo a) del apartado 1 del artículo 177 de esta ley, la responsabilidad será exigida por el Tribunal de Cuentas mediante el oportuno procedimiento de reintegro por alcance de conformidad con lo establecido en su legislación específica.

2. En los supuestos que describen los párrafos b) a f) del apartado 1 del artículo 177 de esta ley, y sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1982, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.

El acuerdo de incoación, el nombramiento de instructor y la resolución del expediente corresponderán al Gobierno cuando se trate de personas que, de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la condición de autoridad, y en los demás casos al Ministro de Hacienda.

Las competencias atribuidas al Ministro de Hacienda, corresponderán al de Trabajo y Asuntos Sociales, en las responsabilidades relativas a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La resolución que, previo informe del servicio jurídico del Estado, o, en su caso, de la Seguridad Social, ponga fin al expediente tramitado con audiencia de los interesados, se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda Pública estatal o, en su caso, de la entidad, imponiendo a los responsables la obligación de indemnizar en la cuantía y en el plazo que se determine.

Dicha resolución será recurrible ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.

Datos clave

  • En el supuesto del artículo 177.1.a) (alcance o malversación), la responsabilidad la exige el Tribunal de Cuentas mediante procedimiento de reintegro por alcance.
  • En los supuestos de las letras b) a f), la responsabilidad se exige en expediente administrativo instruido al interesado, sin perjuicio de dar conocimiento al Tribunal de Cuentas.
  • El acuerdo de incoación, el nombramiento de instructor y la resolución corresponden al Gobierno si se trata de autoridades y, en los demás casos, al Ministro de Hacienda; en la Seguridad Social, al de Trabajo y Asuntos Sociales.
  • La resolución, previo informe del servicio jurídico del Estado y con audiencia de los interesados, impone la obligación de indemnizar en la cuantía y plazo que se determine.
  • La resolución es recurrible ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El alcance lo exige el Tribunal de Cuentas; los demás supuestos, un expediente administrativo del Gobierno o del Ministro de Hacienda, recurrible en dos meses ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

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Artículo 181. Régimen jurídico del importe de los perjuicios irrogados.

1. Los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad, tendrán la consideración de derechos de la Hacienda Pública estatal o del ente respectivo.

Dichos derechos gozarán del régimen a que se refiere el artículo 10, apartado 1, de esta ley y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.

2. La Hacienda Pública estatal o, en su caso, la entidad correspondiente tienen derecho al interés previsto en el artículo 17 de esta ley, sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios.

Cuando por insolvencia del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará a contar del día en que se les requiera el pago.

Datos clave

  • Los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad tienen la consideración de derechos de la Hacienda Pública estatal o del ente respectivo.
  • Gozan del régimen del artículo 10.1 y se cobran, en su caso, por la vía de apremio.
  • Se devenga el interés del artículo 17 sobre el importe de alcances, malversaciones, daños y perjuicios, desde el día que se irroguen.
  • Si por insolvencia del deudor directo se deriva la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calcula desde el día en que se les requiera el pago.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los perjuicios declarados son derechos de la Hacienda, cobrables por apremio, y devengan el interés del artículo 17 desde que se irrogan o, para subsidiarios, desde el requerimiento.

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Artículo 182. Diligencias previas.

Tan pronto como se tenga noticia de que se ha producido un hecho constitutivo de las infracciones a que se refiere el artículo 177.1 o hayan transcurrido los plazos señalados en los correspondientes artículos de esta ley sin haber sido justificadas las órdenes de pago o los fondos a que el mismo se refiere, los jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pagos, respectivamente, instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda Pública estatal o los de la respectiva entidad, dando inmediato conocimiento al Tribunal de Cuentas o al Ministro de Hacienda, en cada caso, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.

Datos clave

  • Tan pronto como se tenga noticia de un hecho constitutivo de las infracciones del artículo 177.1, o transcurran los plazos sin justificar las órdenes de pago o los fondos, instruyen las diligencias previas los jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pagos, respectivamente.
  • Adoptan con igual carácter las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda Pública estatal o de la respectiva entidad.
  • Dan inmediato conocimiento al Tribunal de Cuentas o al Ministro de Hacienda, en cada caso, para que procedan según sus competencias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Conocido el hecho o vencido el plazo de justificación, los jefes de los presuntos responsables o los ordenadores de pagos instruyen diligencias previas, aseguran los derechos y avisan de inmediato.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 65

Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67. 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Datos clave

  • ¿Qué requisito exige iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial? → Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado del artículo 67.
  • ¿Qué plazo se concede a los presuntamente lesionados? → Diez días para alegaciones, documentos, información y proposición de prueba.
  • Tres datos: no prescrito, diez días, y la instrucción sigue sin personación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración solo puede iniciar de oficio la responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho a reclamar (art. 67). Notifica a los presuntos lesionados, les da diez días para alegar y proponer prueba, y el procedimiento se instruye aunque no se personen.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 67

Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. 2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Datos clave

  • ¿En qué plazo prescribe el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial? → Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
  • ¿Desde cuándo prescribe en los casos del art. 32.4 y 32.5 de la LRJSP? → Al año de la publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
  • ¿Qué debe especificar la solicitud además de lo previsto en el art. 66? → Las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión se produjo.
  • Un año, cuatro días iniciales: hecho o efecto lesivo, curación o secuelas, notificación de la anulación, publicación de la sentencia de inconstitucionalidad o de contrariedad al Derecho de la UE.
  • En los daños personales el reloj no arranca con el accidente, sino con la curación o la determinación de las secuelas.
  • Ojo al par de diarios oficiales: BOE para la inconstitucionalidad, DOUE para el Derecho de la Unión, «según el caso».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Solo se puede pedir el inicio de la responsabilidad patrimonial si no ha prescrito el derecho, que prescribe al año contado desde momentos distintos según el caso. La solicitud añade a lo del art. 66 las lesiones, la causalidad, la evaluación económica y el momento de la lesión.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 81

Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. 3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Datos clave

  • ¿A partir de qué cuantía es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado? → Cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros, o a la cuantía que establezca la legislación autonómica.
  • ¿Sobre qué debe pronunciarse ese dictamen? → Sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión y, en su caso, sobre la valoración del daño.
  • Tres cifras que caen: diez días el informe del servicio, 50.000 euros el umbral del dictamen y dos meses su emisión.
  • El dictamen debe pronunciarse sobre la relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En responsabilidad patrimonial hay dos informes clave: el del servicio causante, siempre, y el del Consejo de Estado a partir de 50.000 euros.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 91

Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Datos clave

  • ¿Sobre qué debe pronunciarse la resolución en responsabilidad patrimonial? → Sobre la existencia o no de relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización.
  • ¿Qué ocurre a los seis meses sin resolución? → Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
  • Tres cosas en la resolución: nexo causal, valoración y cuantía y modo de pago. Y seis meses de silencio negativo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En responsabilidad patrimonial, tras el dictamen o la audiencia se resuelve o se propone un acuerdo; la resolución se pronuncia sobre la causalidad y, en su caso, el daño y la indemnización; y a los seis meses sin resolución podrá entenderse desestimada.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 92

Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.

Datos clave

  • ¿Quién resuelve los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la AGE? → El Ministro respectivo o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga.
  • Tres escalones: Ministro o Consejo de Ministros, órganos autonómicos y locales, y entidades de derecho público con norma propia o supletoriedad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quién resuelve la responsabilidad patrimonial: en el Estado, el Ministro respectivo o el Consejo de Ministros en ciertos casos; en el ámbito autonómico y local, sus órganos; y en las Entidades de Derecho Público, quien digan sus normas o, en su defecto, este artículo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 96

Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. 2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. 3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud. 4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. 6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites: a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. h) Resolución. 7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.

Datos clave

  • ¿Quién puede acordar la tramitación simplificada (art. 96.1)? → La Administración, de oficio o a solicitud del interesado
  • ¿En qué plazo deben resolverse los procedimientos simplificados? → 30 días desde que se notifica el acuerdo (art. 96.6)
  • ¿Puede volverse a la tramitación ordinaria durante la simplificada? → Sí, en cualquier momento anterior a la resolución (art. 96.1)

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La tramitación simplificada se usa por interés público o poca complejidad; se resuelve en treinta días con una lista cerrada de trámites, y cualquier trámite extra obliga a la vía ordinaria.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 32

Principios de la responsabilidad. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Datos clave

  • ¿Qué dos supuestos excluyen la indemnización pese al funcionamiento del servicio público? → La fuerza mayor y los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
  • ¿Cómo debe ser el daño alegado? → Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
  • ¿Qué requisito procesal común piden los apartados 4 y 5? → Sentencia firme desestimatoria, en cualquier instancia, de un recurso contra la actuación que causó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión posteriormente declarada.
  • ¿Quién fija el importe de la indemnización por funcionamiento anormal declarado por el Tribunal Constitucional? → El Consejo de Ministros; tramita el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado.
  • Las dos excepciones del apartado 1 son solo dos: fuerza mayor y deber jurídico de soportar. Caso fortuito no aparece.
  • El daño: Efectivo, Evaluable económicamente e Individualizado. Tres adjetivos, ni uno más.
  • Amparo y cuestión de inconstitucionalidad: fija el Consejo de Ministros, tramita Justicia, oye el Consejo de Estado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Principios de la responsabilidad patrimonial: derecho a indemnización por funcionamiento normal o anormal salvo fuerza mayor o deber de soportar, requisitos del daño, responsabilidad del Estado legislador y supuestos especiales.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 33

Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

Datos clave

  • ¿Cómo responden las Administraciones cuando el daño viene de una fórmula conjunta de actuación? → Solidariamente frente al particular, en todo caso.
  • En defecto de estatutos, ¿qué Administración es competente para instruir el expediente de responsabilidad concurrente? → La que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
  • ¿Cuántos días tienen las demás Administraciones para pronunciarse en un expediente de responsabilidad patrimonial concurrente? → Quince días.
  • Dos supuestos, dos lógicas: fórmula conjunta = solidaria siempre; concurrencia suelta = solidaria solo si no hay forma de repartir.
  • Quince días para que las demás Administraciones se pronuncien en responsabilidad patrimonial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsabilidad cuando varias Administraciones causan un daño: en fórmulas conjuntas, solidaria siempre frente al particular; en otras concurrencias, reparto por criterios y solidaria solo si no puede repartirse. Quién tramita y consulta de quince días.

Esquema

Fórmula conjunta frente a otra concurrencia
Fórmula conjuntaOtra concurrencia
Frente al particularSolidaria en todo casoPor competencia, interés público e intensidad
SolidaridadSiempreSolo si no es posible determinar el reparto
DistribuciónPodrá fijarla el instrumento reguladorLa fijan los criterios legales

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 34

Indemnización. 1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Datos clave

  • ¿Qué daños no son indemnizables aunque exista lesión? → Los que no se pudieron prever ni evitar según el estado de la ciencia o la técnica en el momento en que se produjeron.
  • ¿Con qué índice se actualiza la cuantía de la indemnización? → Con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), fijado por el INE.
  • Si la responsabilidad deriva de una ley declarada inconstitucional, ¿qué daños son indemnizables? → Los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que esta disponga otra cosa.
  • Riesgos del progreso: si la ciencia o la técnica de entonces no podía preverlo, no se indemniza.
  • Se actualiza con el IGC (Índice de Garantía de la Competitividad), no con el IPC: trampa clásica de examen.
  • Plazo especial de 5 años cuando la responsabilidad nace de una ley inconstitucional o contraria al Derecho de la UE.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué daños se indemnizan y cómo se calcula la indemnización: excluidos los riesgos imprevisibles según la ciencia o la técnica, cinco años para leyes inconstitucionales o contrarias a la UE, valoración, IGC e indemnización en especie.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 35

Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

Datos clave

  • ¿Qué régimen de responsabilidad se aplica cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado? → El mismo de los artículos 32 y siguientes, aunque actúe directamente o mediante una entidad de derecho privado.
  • El régimen de derecho privado en la actuación NO cambia el régimen de responsabilidad: sigue siendo el de los arts. 32 y siguientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Aunque la Administración actúe en relaciones de derecho privado, directamente o mediante una entidad de derecho privado, su responsabilidad se exige conforme a los artículos 32 y siguientes.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 36

Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Datos clave

  • ¿Con qué grado de culpa exige la Administración responsabilidad a su personal? → Por dolo, o culpa o negligencia graves.
  • ¿Cuáles son los plazos de alegaciones, prueba, audiencia, propuesta y resolución del art. 36.4? → Quince días, quince días, diez días, cinco días y cinco días, respectivamente.
  • ¿Qué criterios se ponderan para exigir y cuantificar la responsabilidad? → El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso.
  • Los plazos, en cascada: 15 - 15 - 10 - 5 - 5. Dos quincenas, una decena y dos manos.
  • Grados de culpa: solo dolo o culpa o negligencia GRAVES. La negligencia leve nunca genera acción de regreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El particular reclama siempre a la Administración; esta, tras indemnizar, exige de oficio a su personal la responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves mediante un procedimiento con plazos tasados.

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Ley 40/2015 (LRJSP) · Art. 37

Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Datos clave

  • ¿Suspende la exigencia de responsabilidad penal el procedimiento de responsabilidad patrimonial? → No, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
  • ¿Conforme a qué se exige la responsabilidad civil derivada del delito? → De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
  • La regla es NO suspender; la excepción es una y está tasada: que el penal deba determinar los hechos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La responsabilidad penal del personal público y la civil derivada del delito se rigen por su legislación; el proceso penal no suspende los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que haga falta que el penal determine los hechos.

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