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Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. La declaración censal. El deber de expedir y entregar facturas.

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Artículo 35. Obligados tributarios.

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.

2. Entre otros, son obligados tributarios:

a) Los contribuyentes.

b) Los sustitutos del contribuyente.

c) Los obligados a realizar pagos fraccionados.

d) Los retenedores.

e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.

f) Los obligados a repercutir.

g) Los obligados a soportar la repercusión.

h) Los obligados a soportar la retención.

i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

j) Los sucesores.

k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.

5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se refiere el artículo 41 de esta ley.

6. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.

7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.

Datos clave

  • Obligados tributarios: personas físicas o jurídicas y entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
  • El apartado 2 enumera, entre otros, 11 clases (letras a a k): contribuyentes, sustitutos, obligados a pagos fraccionados, retenedores, obligados a ingresos a cuenta, a repercutir, a soportar la repercusión, la retención y los ingresos a cuenta, sucesores y beneficiarios de exenciones, devoluciones o bonificaciones que no sean sujetos pasivos.
  • También son obligados tributarios quienes deben cumplir obligaciones formales, los responsables del artículo 41 y aquellos a quienes se impongan obligaciones conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
  • Herencias yacentes, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado lo son en las leyes en que así se establezca.
  • La concurrencia de varios obligados en un mismo presupuesto determina su obligación solidaria, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
  • Si la Administración sólo conoce a un titular, le notifica la liquidación y debe satisfacerla si no solicita su división, facilitando datos personales, domicilio y proporción de participación de los restantes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son obligados tributarios quienes deben cumplir obligaciones tributarias: la ley da una lista abierta de once figuras y añade a los obligados formales, los responsables, ciertos entes sin personalidad y los de asistencia mutua.

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Artículo 36. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente.

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

En el ámbito aduanero, tendrá además la consideración de sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

3. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa.

Datos clave

  • Sujeto pasivo: obligado que debe cumplir la obligación tributaria principal y las formales inherentes, como contribuyente o como sustituto.
  • Quien deba repercutir la cuota no pierde la condición de sujeto pasivo, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
  • En el ámbito aduanero también es sujeto pasivo el obligado al pago de la deuda aduanera.
  • Contribuyente: el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
  • Sustituto: el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, cumple la obligación principal y las formales inherentes.
  • El sustituto puede exigir al contribuyente el importe satisfecho, salvo que la ley señale otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Distingue dentro del sujeto pasivo dos figuras: el contribuyente, que realiza el hecho imponible, y el sustituto, que por ley ocupa su lugar y cumple la obligación principal en su nombre.

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Artículo 37. Obligados a realizar pagos a cuenta.

1. Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley de cada tributo impone la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible.

2. Es retenedor la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos.

3. Es obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.

Datos clave

  • Obligado a realizar pagos fraccionados: el contribuyente que debe ingresar cantidades a cuenta de la obligación principal antes de que ésta resulte exigible.
  • Retenedor: persona o entidad que debe detraer e ingresar en la Administración tributaria una parte de los pagos que realiza a otros obligados, a cuenta del tributo de éstos.
  • Obligado a practicar ingresos a cuenta: quien satisface rentas en especie o dinerarias y debe realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo.
  • En los tres casos la obligación la impone la ley (de cada tributo).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reúne las tres figuras que ingresan dinero a cuenta del tributo antes de que este resulte exigible: el obligado a pagos fraccionados, el retenedor y el obligado a practicar ingresos a cuenta.

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Artículo 38. Obligados en las obligaciones entre particulares resultantes del tributo.

1. Es obligado a repercutir la persona o entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas.

2. Es obligado a soportar la repercusión la persona o entidad a quien, según la ley, se deba repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.

3. Es obligado a soportar la retención, la persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones tributarias.

4. La ley podrá imponer a las personas o entidades la obligación de soportar los ingresos a cuenta de cualquier tributo practicados con ocasión de las rentas en especie o dinerarias que perciban y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador de dichas rentas.

Datos clave

  • Obligado a repercutir: quien debe repercutir la cuota; salvo disposición legal en contrario, coincide con quien realiza las operaciones gravadas.
  • Obligado a soportar la repercusión: salvo disposición legal en contrario, coincide con el destinatario de las operaciones gravadas.
  • El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo la cuota repercutida.
  • Obligado a soportar la retención: el perceptor de las cantidades sobre las que el retenedor debe practicar retenciones.
  • La ley puede imponer la obligación de soportar los ingresos a cuenta practicados sobre rentas en especie o dinerarias y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula las obligaciones «entre particulares» que nacen del tributo: repercutir la cuota y soportarla, y soportar la retención o el ingreso a cuenta practicados por otro.

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Artículo 39. Sucesores de personas físicas.

1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.

Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.

2. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.

3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente.

Las actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.

Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacente.

Datos clave

  • A la muerte del obligado, las obligaciones pendientes se transmiten a los herederos, sin perjuicio de la legislación civil sobre adquisición de la herencia.
  • Se transmiten a los legatarios en las mismas condiciones cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los legados de parte alícuota.
  • En ningún caso se transmiten las sanciones.
  • La obligación del responsable no se transmite salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación antes del fallecimiento.
  • Que la deuda no estuviera liquidada no impide la transmisión: las actuaciones se entienden con cualquiera de los sucesores y la liquidación se notifica a todos los interesados del expediente.
  • Herencia yacente: cumple las obligaciones su representante; si al término del procedimiento no se conocen los herederos, las liquidaciones se hacen a nombre de la herencia yacente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula qué pasa con las obligaciones tributarias de una persona física fallecida: pasan a herederos y legatarios, nunca las sanciones, y mientras la herencia esté yacente responde su representante.

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Artículo 40. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley.

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.

3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica.

4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.

5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Datos clave

  • Sociedades disueltas y liquidadas con responsabilidad limitada: las obligaciones pendientes se transmiten a socios, partícipes o cotitulares, obligados solidariamente hasta el límite de la cuota de liquidación y demás percepciones patrimoniales recibidas en los dos años anteriores a la disolución.
  • Sin limitación de responsabilidad: se transmiten íntegramente y quedan obligados solidariamente.
  • La falta de liquidación de la deuda al extinguirse la personalidad jurídica no impide la transmisión; las actuaciones pueden entenderse con cualquiera de los sucesores.
  • Extinción o disolución sin liquidación y cesión global de activo y pasivo: se transmiten a quienes sucedan o sean beneficiarios de la operación.
  • Fundaciones y entidades del artículo 35.4: se transmiten a los destinatarios de los bienes y derechos o a los partícipes o cotitulares.
  • Las sanciones por infracciones de estas sociedades y entidades son exigibles a los sucesores, en su caso con el límite del apartado 1.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las deudas pendientes de sociedades y entidades extinguidas pasan a socios, partícipes, sucesores o beneficiarios. Con responsabilidad limitada, el tope es la cuota de liquidación y lo percibido en los dos años previos a la disolución.

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Artículo 41. Responsabilidad tributaria.

1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan.

4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.

En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad.

La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas.

A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley.

Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.

5. Salvo que una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta ley. Con anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.

La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.

Datos clave

  • La ley puede configurar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales (los obligados del artículo 35.2).
  • Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
  • Salvo el artículo 42.2, alcanza a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario; si el responsable no paga en su plazo voluntario se inicia el período ejecutivo con recargos e intereses.
  • No alcanza a las sanciones, salvo las excepciones legales; la reducción por conformidad es la del artículo 188.1.b) y se aplica también la del artículo 188.3, pero no en la responsabilidad del artículo 42.2.
  • La derivación exige acto administrativo, previa audiencia al interesado, que declare la responsabilidad y su alcance y extensión (artículos 174 a 176); antes pueden adoptarse medidas cautelares del artículo 81.
  • La derivación a responsables subsidiarios requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.
  • Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal conforme a la legislación civil.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La ley puede declarar responsables solidarios o subsidiarios junto a los deudores principales. Sin precepto en contrario, la responsabilidad es subsidiaria, alcanza la deuda en voluntaria y no las sanciones, salvo excepciones.

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Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.

2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el artículo 175 de esta ley.

Datos clave

  • Responsables solidarios los causantes o colaboradores activos en una infracción tributaria, con extensión a la sanción.
  • También los partícipes o cotitulares de las entidades del artículo 35.4, en proporción a sus participaciones.
  • También los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, salvo adquirentes de elementos aislados, sucesión por causa de muerte y adquisiciones en procedimiento concursal.
  • Artículo 42.2: responden hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
  • Supuestos del 42.2: ocultación o transmisión de bienes para impedir la actuación administrativa e incumplimiento por culpa o negligencia de órdenes de embargo.
  • También: colaborar o consentir en el levantamiento de bienes embargados o sujetos a medida cautelar o garantía, y depositarios que lo consientan tras la notificación del embargo.
  • Las leyes pueden establecer otros supuestos de responsabilidad solidaria.
  • Procedimiento: artículo 175.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responden solidariamente quienes causan o colaboran en infracciones, los partícipes de entes sin personalidad, los sucesores en actividades económicas y quienes obstaculizan el embargo, estos hasta el valor de lo embargable.

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Artículo 43. Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley.

e) Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda aduanera.

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente.

g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas.

h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.

En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación.

Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea.

A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada.

Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.

Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas últimas.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de esta ley.

Datos clave

  • Responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas infractoras, con extensión a las sanciones, y los de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
  • También los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que no realicen las gestiones necesarias.
  • También los adquirentes de bienes afectos (artículo 79) y los representantes aduaneros, salvo por la deuda aduanera.
  • También los contratistas o subcontratistas principales, salvo certificado de estar al corriente emitido en los 12 meses anteriores a cada pago.
  • La Administración emite o deniega el certificado en el plazo de tres días.
  • Supuestos g) y h): control efectivo o voluntad rectora común con uso abusivo o fraudulento de personas jurídicas, con extensión a las sanciones.
  • Administradores por autoliquidaciones sin ingreso reiterativas: la mitad o más en un año natural; sin ingreso si los ingresos no superan el 25 por ciento de las cuotas.
  • Procedimiento: artículo 176.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Responsables subsidiarios: administradores, administradores concursales y liquidadores, adquirentes de bienes afectos, representantes aduaneros, contratistas principales y quienes usan sociedades de forma abusiva, entre otros.

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Artículo 44. Capacidad de obrar.

Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario, además de las personas que la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.

Datos clave

  • Tienen capacidad de obrar en el orden tributario las personas que la tengan conforme a derecho.
  • También los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de actividades que puedan ejercer sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial.
  • Excepción: los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reconoce capacidad de obrar tributaria, además de a quien la tiene según el derecho común, a los menores e incapacitados para las actividades que puedan ejercer sin asistencia de quien tenga su patria potestad, tutela o curatela.

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Artículo 45. Representación legal.

1. Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales.

2. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.

3. Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.

Datos clave

  • Por quienes carecen de capacidad de obrar actúan sus representantes legales.
  • Por las personas jurídicas actúan los titulares, en el momento de las actuaciones, de los órganos a quienes corresponda su representación por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.
  • Por los entes del artículo 35.4 actúa quien ostente la representación acreditada en forma fehaciente.
  • Sin representante designado: quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula quién actúa en nombre de quien no tiene capacidad de obrar: los representantes legales, los titulares de los órganos de representación en las personas jurídicas, y quien gestione de hecho una entidad sin personalidad del art. 35.4.

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Artículo 46. Representación voluntaria.

1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario.

2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV, V, VI y VII de esta Ley, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente.

A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria para determinados procedimientos.

3. Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.

4. Cuando en el marco de la colaboración social en la gestión tributaria, o en los supuestos que se prevean reglamentariamente, se presente por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tributaria, el presentador actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. La Administración tributaria podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación, que podrá efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.

5. Para la realización de actuaciones distintas de las mencionadas en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, la representación podrá acreditarse debidamente en la forma que reglamentariamente se establezca.

6. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 (*) del artículo 35 de esta ley, concurran varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá otorgada la representación a cualquiera de ellos, salvo que se produzca manifestación expresa en contrario. La liquidación que resulte de dichas actuaciones deberá ser notificada a todos los titulares de la obligación.

7. La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente.

(*) Actual apartado 7.

Datos clave

  • Los obligados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, que puede ser un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones salvo manifestación expresa en contrario.
  • Para interponer recursos o reclamaciones, desistir, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones o solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos, la representación se acredita por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o por comparecencia personal.
  • Son válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Administración Tributaria.
  • Para los actos de mero trámite se presume concedida la representación.
  • En la presentación telemática (colaboración social), el presentador actúa con la representación necesaria y la Administración puede requerir su acreditación en cualquier momento.
  • Con varios titulares en una misma obligación se presume otorgada la representación a cualquiera de ellos; la liquidación se notifica a todos.
  • La falta o insuficiencia del poder puede subsanarse en el plazo de 10 días que debe conceder el órgano administrativo competente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien tiene capacidad de obrar puede actuar por representante, incluso un asesor fiscal. Los actos importantes exigen acreditar la representación; para el mero trámite se presume, y el defecto se subsana en 10 días.

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Artículo 47. Representación de personas o entidades no residentes.

A los efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un representante cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.

La designación anterior deberá comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que la normativa señale.

Datos clave

  • Los obligados tributarios que no residan en España deben designar un representante en sus relaciones con la Administración Tributaria.
  • La obligación existe sólo cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.
  • La designación debe comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que señale la normativa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los obligados tributarios no residentes deben designar representante ante la Administración tributaria solo cuando la normativa tributaria lo establezca expresamente, y comunicar esa designación.

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Artículo 48. Domicilio fiscal.

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.

2. El domicilio fiscal será:

a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.

c) Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el párrafo b) anterior.

d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.

En defecto de regulación, el domicilio será el del representante al que se refiere el artículo 47 de esta ley. No obstante, cuando la persona o entidad no residente en España opere mediante establecimiento permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente las reglas establecidas en los párrafos a) y b) de este apartado.

3. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, en la forma y en los términos que se establezcan reglamentariamente. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no impedirá que, conforme a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de esta ley.

4. Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentariamente.

Datos clave

  • Domicilio fiscal: lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.
  • Personas físicas: residencia habitual; si desarrollan principalmente actividades económicas, puede considerarse el lugar de centralización de la gestión administrativa y dirección y, en su defecto, el de mayor valor del inmovilizado.
  • Personas jurídicas: domicilio social si en él está centralizada la gestión administrativa y dirección de sus negocios; si no, el lugar de esa gestión o dirección; en último término, el de mayor valor del inmovilizado.
  • Entidades del artículo 35.4: se aplican las reglas de las personas jurídicas.
  • No residentes: lo que establezca la normativa de cada tributo; en defecto, el domicilio del representante del artículo 47; con establecimiento permanente, las reglas de los párrafos a) y b).
  • El cambio de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se comunica.
  • Cada Administración puede comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija las reglas del domicilio fiscal según el tipo de obligado tributario: residencia habitual para personas físicas, domicilio social o lugar de gestión para personas jurídicas, y remisión a estas reglas para entes sin personalidad y no residentes.

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Artículo 2. Censos de la Administración tributaria.

1. Cada Administración tributaria podrá disponer de sus propios censos tributarios a efectos de la aplicación de sus tributos propios y cedidos.

2. Cualquier censo tributario incluirá necesariamente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el anagrama, si lo tuviera.

b) Numero de identificación fiscal.

c) Domicilio fiscal.

d) En su caso, domicilio en el extranjero.

3. Las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía comunicarán con periodicidad mensual a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información censal de que dispongan a efectos de consolidar esta.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará con periodicidad mensual a las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía la variación de los datos a que se refiere el apartado anterior que se encuentren incluidos en el Censo de Obligados Tributarios regulado en el artículo 4.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá suscribir convenios de colaboración con las entidades locales para el intercambio de información censal.

5. Las personas o entidades incluidas en los censos tributarios tendrán derecho a conocer sus datos censales y podrán solicitar, a tal efecto, que se les expida el correspondiente certificado. Sin perjuicio de lo anterior, será aplicable a los referidos datos lo establecido en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los obligados tributarios tendrán derecho a la rectificación o cancelación de sus datos personales cuando resulten inexactos o incompletos de acuerdo con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Datos clave

  • Artículo 2 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: cada Administración tributaria puede disponer de censos propios para sus tributos propios y cedidos.
  • Todo censo incluye: nombre y apellidos o razón social, NIF, domicilio fiscal y, en su caso, domicilio en el extranjero.
  • Las Administraciones autonómicas comunican mensualmente a la AEAT la información censal; la AEAT comunica mensualmente la variación de los datos del Censo de Obligados Tributarios.
  • La AEAT puede suscribir convenios con las entidades locales para intercambiar información censal.
  • Los incluidos tienen derecho a conocer sus datos, a solicitar certificado y a la rectificación o cancelación de datos inexactos o incompletos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada Administración tributaria puede tener sus propios censos, pero todos deben incluir al menos nombre/razón social, NIF, domicilio fiscal y, en su caso, domicilio en el extranjero; además, CCAA y AEAT se cruzan esta información cada mes, y el obligado tiene derecho a conocerla y a pedir su rectificación.

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Artículo 3. Formación de los censos tributarios en el ámbito de competencias del Estado.

1. El Censo de Obligados Tributarios estará formado por la totalidad de las personas o entidades que deban tener un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este reglamento.

2. El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores estará formado por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español alguna de las actividades u operaciones que se mencionan a continuación:

a) Actividades empresariales o profesionales. Se entenderá por tales aquellas cuya realización confiera la condición de empresario o profesional, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.

No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo 20.uno.23.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no constituya el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco se incluirán en este censo quienes efectúen entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.uno y dos de su ley reguladora, y adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.tres de la misma ley.

b) Abono de rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

c) Adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido efectuadas por quienes no actúen como empresarios o profesionales.

También se integrarán en este censo las personas o entidades no residentes en España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o satisfagan en dicho territorio rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, y las entidades a las que se refiere el párrafo c) del artículo 5 de la citada ley.

De igual forma, quedarán integradas en este censo las personas o entidades no establecidas en territorio español cuando sean contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, así como las personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando sean sujetos pasivos de dicho impuesto.

Asimismo, formarán parte de este censo las personas o entidades que no cumplan ninguno de los requisitos previstos en este apartado pero sean socios, herederos, comuneros o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición de miembros de tales entidades.

El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores formará parte del Censo de Obligados Tributarios.

3. El Registro de operadores intracomunitarios estará formado por las personas o entidades que tengan asignado el número de identificación fiscal regulado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el artículo 25 de este reglamento y que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las personas o entidades que vayan a efectuar entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho tributo.

b) Las personas o entidades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando vayan a realizar adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas a dicho impuesto. En tal caso, la inclusión en este registro determinará la asignación a la persona o entidad solicitante del número de identificación fiscal regulado en el artículo 25 de este reglamento.

La circunstancia de que las personas o entidades a que se refiere el artículo 14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dejen de estar incluidas en el Registro de operadores intracomunitarios, por producirse el supuesto de que las adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen resulten no sujetas al impuesto en atención a lo establecido en dicho precepto, determinará la revocación automática del número de identificación fiscal específico regulado en el artículo 25 de este reglamento.

c) Los empresarios o profesionales que sean destinatarios de servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto de los cuales sean sujetos pasivos.

d) Los empresarios o profesionales que presten servicios que, conforme a las reglas de localización, se entiendan realizados en el territorio de otro Estado miembro cuando el sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos.

Este registro formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

4. El Registro de devolución mensual a que se refiere el artículo 30 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, estará integrado por los empresarios o profesionales que tengan derecho al procedimiento de devolución que se regula en el referido artículo 30 de dicho reglamento.

Este registro formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

5. El Registro de grandes empresas estará formado por aquellos obligados tributarios cuyo volumen de operaciones supere la cifra de 6.010.121,04 euros durante el año natural inmediato anterior, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso cuando desarrollen su actividad fuera del territorio de aplicación de este impuesto.

Este registro formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

6. El Registro territorial de los impuestos especiales estará integrado por las personas y entidades a que se refieren los artículos 40, 138 y 146 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

7. El Registro de extractores de depósitos fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos estará integrado por las personas o entidades, cualquiera que sea su condición, que extraigan de los depósitos fiscales los productos incluidos en los ámbitos objetivos respectivos de los impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos.

La extracción, de acuerdo con el apartado quinto del anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, se producirá siempre que se produzca el abandono del régimen de depósito distinto del aduanero y, consiguientemente, se determine para el extractor el devengo de una operación asimilada a la importación de bienes del Impuesto sobre el Valor Añadido. Igualmente, se entenderá a estos efectos extracción, y se exigirá la inscripción en este registro de la persona o entidad que lo realice, cuando se produzca una salida en régimen suspensivo con destino a otro depósito fiscal. No se exigirá el registro cuando la entrega efectuada por el extractor tras la extracción que ultime el régimen de depósito distinto del aduanero esté exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será independiente de la persona o entidad a cuyo favor preste servicios el depósito fiscal. En aquellos casos en los que dicha persona o entidad autorice a otra a la retirada de productos, el autorizado también deberá inscribirse en el Registro a que se refiere el citado párrafo anterior.

La inclusión en dicho Registro, que formará parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, se realizará previa solicitud del interesado, especificando el tipo de producto al que se refiera, en la forma prevista para la declaración de alta o de modificación de datos censales.

8. El Registro territorial del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero estará integrado por las personas y entidades a que se refiere el artículo 4 del Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto.

9. El Registro territorial del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables estará integrado por las personas o entidades a las que se refieren los apartados 3 y 7 del artículo 82 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y su normativa de desarrollo.

10. El Registro territorial del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos estará integrado por las personas o entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 95 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y su normativa de desarrollo.

11. El Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados estará integrado por los “operadores de plataforma obligados a comunicar información” a que se refiere el artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, de este reglamento.

12. El Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información estará integrado por los «operadores de plataforma obligados a comunicar información» a que se refiere el artículo 54 ter.3.a) de este reglamento.

Datos clave

  • Artículo 3 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el Censo de Obligados Tributarios lo forman todas las personas o entidades que deban tener NIF (artículo 18).
  • El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores incluye a quienes realicen actividades empresariales o profesionales, abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, o hagan adquisiciones intracomunitarias sujetas al IVA sin ser empresarios; forma parte del Censo de Obligados Tributarios.
  • Registros que forman parte de ese censo: Registro de operadores intracomunitarios, Registro de devolución mensual, Registro de grandes empresas y Registro de extractores de depósitos fiscales.
  • Registro de grandes empresas: obligados cuyo volumen de operaciones supere 6.010.121,04 euros durante el año natural inmediato anterior (artículo 121 de la Ley 37/1992).
  • Otros registros: Registro territorial de los impuestos especiales, del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, y registros de operadores de plataforma.
  • Si dejan de estar en el Registro de operadores intracomunitarios por adquisiciones no sujetas (artículo 14 de la Ley 37/1992), se revoca automáticamente el NIF específico del artículo 25.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Mapa de los censos estatales: el Censo de Obligados Tributarios (todos los que necesitan NIF) contiene el de Empresarios, Profesionales y Retenedores, y de este cuelgan varios registros especiales.

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Artículo 4. Contenido del Censo de Obligados Tributarios.

1. Los datos que se incluirán en el Censo de Obligados Tributarios serán para las personas físicas los siguientes:

a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil y fecha del estado civil.

b) Número de identificación fiscal español.

c) Número de identificación fiscal de otros países, en su caso, para los residentes.

d) Código de identificación fiscal del Estado de residencia, en su caso, para no residentes.

e) Número de pasaporte, en su caso.

f) Condición de residente o no residente en territorio español.

g) Domicilio fiscal en España y la referencia catastral del inmueble, salvo que no esté obligado a ello de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.

h) En su caso, domicilio en el extranjero.

i) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los representantes legales para las personas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.

2. Los datos que se incluirán en el Censo de Obligados Tributarios serán para las personas jurídicas y demás entidades los siguientes:

a) Razón social o denominación completa, así como el anagrama, si lo tuviera.

b) Número de identificación fiscal español.

c) Número de identificación fiscal de otros países, en su caso, para los residentes.

d) Código de identificación fiscal del Estado de residencia, en su caso, para no residentes.

e) Condición de persona jurídica o entidad residentes o no residentes en territorio español.

f) Constitución en España o en el extranjero. En este último caso incluirá el país de constitución.

g) Fecha de constitución y, en su caso, fecha del acuerdo de voluntades a que se refiere el artículo 24.2 y fecha de inscripción en el registro público correspondiente.

h) Capital social de constitución.

i) Domicilio fiscal en España y la referencia catastral del inmueble, salvo que no esté obligado a ello de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.

j) En su caso, domicilio en el extranjero.

k) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los representantes legales.

l) La declaración de que la entidad se constituye con la finalidad específica de la posterior transmisión a terceros de sus participaciones, acciones y demás títulos representativos de los fondos propios, y de que no realizará actividad económica hasta dicha transmisión.

Hasta ese momento estas entidades no formarán parte de los registros a que se refieren los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 3.

m) El nombre, apellidos y número de identificación fiscal y, en su caso, el número de identificación fiscal de otros países, para los residentes, el código de identificación fiscal del país de residencia, para no residentes, el número de identificación fiscal IVA u otro número de identificación de su país de residencia, de quienes tengan la consideración de titulares reales de la entidad conforme con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Datos clave

  • Artículo 4 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: contenido del Censo de Obligados Tributarios.
  • Personas físicas: nombre y apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil y su fecha; NIF español; NIF de otros países o código de identificación del Estado de residencia; número de pasaporte; condición de residente o no; domicilio fiscal en España con referencia catastral; domicilio en el extranjero; datos de representantes legales.
  • Personas jurídicas y entidades: razón social, NIF, condición de residente o no, constitución en España o extranjero, fecha de constitución y de inscripción registral, capital social de constitución, domicilio fiscal con referencia catastral y representantes legales.
  • Se incluye la declaración de entidades constituidas con la finalidad específica de transmitir sus títulos a terceros sin actividad económica; hasta entonces no forman parte de los registros del artículo 3, apartados 3, 4, 5 y 6.
  • También los titulares reales conforme al artículo 4.2 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué datos guarda el Censo de Obligados Tributarios: una lista para personas físicas y otra, más larga, para personas jurídicas y entidades, que incluye capital, fecha de constitución y titulares reales.

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Artículo 5. Contenido del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

En el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, además de los datos mencionados en el artículo 4 de este reglamento, para cada persona o entidad constará la siguiente información:

a) Las declaraciones o autoliquidaciones que deba presentar periódicamente por razón de sus actividades empresariales o profesionales, o por satisfacer rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, en los términos previstos en la orden a que se refiere el artículo 13 de este reglamento.

b) Su situación tributaria en relación con los siguientes extremos:

1.º La condición de entidad total o parcialmente exenta a efectos del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con el artículo 9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

2.º La opción o la renuncia al régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

3.º El método de determinación del rendimiento neto de las actividades económicas que desarrolle y, en su caso, la modalidad aplicada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4.º La inclusión, renuncia, revocación de la renuncia o exclusión del método de estimación objetiva o de la modalidad simplificada del régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5.º La sujeción del obligado tributario al régimen general o a algún régimen especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6.º La inclusión, renuncia, revocación de la renuncia o exclusión del régimen simplificado, del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y del régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.º La inclusión o baja en el Registro de operadores intracomunitarios.

8.º La inclusión o baja en el Registro de devolución mensual a que se refiere el artículo 30 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

9.º La inclusión o baja en el Registro de grandes empresas.

10.º La inclusión o baja en el Registro de extractores de depósitos fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos.

11.º La clasificación de las actividades económicas desarrolladas de acuerdo con la codificación prevista en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

12.º La relación, en su caso, de los establecimientos o locales en los que desarrolle sus actividades económicas, con identificación de la comunidad autónoma, provincia, municipio, dirección completa y la referencia catastral de cada uno de ellos.

c) El número de teléfono y, en su caso, la dirección de correo electrónico y el nombre de dominio o dirección de Internet, mediante el cual desarrolle, total o parcialmente, sus actividades.

Datos clave

  • Artículo 5 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores consta, además de los datos del artículo 4, información adicional de cada persona o entidad.
  • Declaraciones o autoliquidaciones periódicas que deba presentar por actividades empresariales o profesionales o por satisfacer rentas sujetas a retención.
  • Situación tributaria: entidad total o parcialmente exenta en el Impuesto sobre Sociedades, régimen de la Ley 49/2002, método de determinación del rendimiento neto en el IRPF, régimen del IVA, inclusión o baja en los registros, clasificación CNAE-2009 y relación de establecimientos o locales con referencia catastral.
  • Número de teléfono y, en su caso, correo electrónico y dirección de Internet mediante el cual desarrolle total o parcialmente sus actividades.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Censo de Empresarios suma a los datos generales del censo las declaraciones periódicas que debe presentar cada uno, su situación tributaria detallada y sus datos de contacto e Internet.

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Artículo 6. Información censal complementaria respecto de las personas físicas residentes en España incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Respecto de las personas físicas residentes en España, constarán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, además de su domicilio fiscal, el lugar donde tengan efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en territorio español, cuando sea distinto del domicilio fiscal.

Datos clave

  • Artículo 6 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: respecto de las personas físicas residentes en España incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores consta, además del domicilio fiscal, el lugar donde tengan centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en España, cuando sea distinto del domicilio fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

De las personas físicas residentes inscritas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores consta su domicilio fiscal y, si es distinto, el lugar donde centralizan la gestión y dirección de sus negocios en España.

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Artículo 7. Información censal complementaria respecto de las entidades residentes o constituidas en España incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Respecto de las entidades residentes o constituidas en España, constarán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores los siguientes datos adicionales:

a) El domicilio social, cuando exista y sea distinto al domicilio fiscal, y la referencia catastral del inmueble.

b) La fecha de cierre del ejercicio económico.

c) La forma jurídica o clase de entidad de que se trate.

d) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal de cada uno de los socios, miembros o partícipes fundadores o que promuevan su constitución. También se harán constar esos mismos datos, excepto para las entidades que tengan la condición de comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal, para cada uno de los miembros o partícipes que formen parte, en cada momento, de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación de su cuota de participación y de atribución en caso de que dichas cuotas no coincidan. En el caso de que los socios, miembros o partícipes no sean residentes en España, se deberá hacer constar su residencia fiscal y la identificación de su representante fiscal en España si lo hubiera.

e) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal de los sucesores de entidades extintas ya sea por trasformación o en los supuestos mencionados en el artículo 40 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • Artículo 7 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: datos adicionales de las entidades residentes o constituidas en España en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
  • Domicilio social (si es distinto del fiscal) y referencia catastral; fecha de cierre del ejercicio económico; forma jurídica o clase de entidad.
  • Identificación y domicilio fiscal de cada socio, miembro o partícipe fundador y, para las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de los miembros con su cuota de participación y atribución (salvo comunidades de propietarios en propiedad horizontal).
  • Identificación de los sucesores de entidades extintas por transformación o en los supuestos del artículo 40 de la Ley 58/2003.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para las entidades residentes o constituidas en España el censo añade cinco datos: domicilio social, cierre de ejercicio, forma jurídica, socios y partícipes, y sucesores de entidades extintas.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 8. Información censal complementaria respecto de las personas o entidades no residentes o no establecidas, así como de las no constituidas en España, incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

1. En el caso de personas o entidades no residentes o no establecidas, así como en el de las no constituidas en España, que hayan de formar parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores constarán en dicho censo los siguientes datos complementarios:

a) El Estado o territorio de residencia.

b) La nacionalidad y la forma jurídica o clase de entidad sin personalidad jurídica de que se trate, de acuerdo con su derecho nacional.

c) En su caso, nombre y apellidos o razón social o denominación completa, con el anagrama, si lo hubiera, número de identificación fiscal, domicilio fiscal y nacionalidad de su representante en España.

2. Cuando una persona o entidad no residente opere en territorio español por medio de uno o varios establecimientos permanentes que realicen actividades claramente diferentes y cuya gestión se lleve de modo separado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, cada establecimiento deberá inscribirse individualmente en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, con los mismos datos y en las mismas condiciones que las personas o entidades residentes y, además, cada uno de ellos deberá identificar la persona o entidad no residente de la que dependan y comunicar los datos relativos a aquella relacionados en el apartado anterior.

Cada establecimiento permanente se identificará con una denominación específica que, en cualquier caso, comprenderá una referencia a la persona o entidad no residente de la que dependa y un número de identificación fiscal propio e independiente del asignado, en su caso, a esta última y la referencia catastral del inmueble donde esté situado el establecimiento permanente.

Asimismo, deberá especificarse la forma de determinación de la base imponible del establecimiento permanente que se constituye en España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

3. En el caso de que una persona o entidad no residente opere en territorio español por sí misma y por medio de uno o varios establecimientos permanentes, la inclusión en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores deberá realizarse tanto por la persona o entidad no residente como por sus establecimientos permanentes.

En todas estas inclusiones, además de los datos exigidos con carácter general en este reglamento, se comunicarán los relacionados en el apartado 1 de este artículo referentes a la persona o entidad no residente.

Asimismo, cada establecimiento permanente se identificará e indicará la clase de establecimiento que constituya de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior y la referencia catastral del inmueble.

4. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas con presencia en territorio español, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores deberán constar el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, domicilio fiscal y nacionalidad de cada uno de los miembros o partícipes de aquella, con indicación de su cuota de participación y de atribución.

Datos clave

  • Artículo 8 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: datos complementarios de personas o entidades no residentes, no establecidas o no constituidas en España: Estado o territorio de residencia; nacionalidad y forma jurídica según su derecho nacional; datos del representante en España.
  • Si operan por varios establecimientos permanentes con actividades claramente diferentes y gestión separada (artículo 17 del texto refundido de la Ley del IRPF de no Residentes), cada establecimiento se inscribe individualmente.
  • Cada establecimiento permanente se identifica con una denominación específica con referencia a la entidad no residente, un NIF propio e independiente y la referencia catastral del inmueble.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para personas o entidades no residentes, no establecidas o no constituidas en España, el censo añade el Estado de residencia, la nacionalidad y forma jurídica, y los datos del representante en España; si operan mediante varios establecimientos permanentes con actividades diferenciadas, cada uno se inscribe individualmente con su propio número de identificación fiscal.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 9. Declaración de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

1. Quienes hayan de formar parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores deberán presentar una declaración de alta en dicho censo.

2. La declaración de alta deberá incluir los datos recogidos en los artículos 4 a 8 de este reglamento, ambos inclusive.

3. Asimismo, esta declaración servirá para los siguientes fines:

a) Solicitar la asignación del número de identificación fiscal provisional o definitivo, con independencia de que la persona jurídica o entidad solicitante no esté obligada, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, a la presentación de la declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. La asignación del número de identificación fiscal, a solicitud del interesado o de oficio, determinará la inclusión automática en el Censo de Obligados Tributarios de la persona o entidad de que se trate.

b) Comunicar el régimen general o especial aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Renunciar al método de estimación objetiva y a la modalidad simplificada del método de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a los regímenes especiales simplificado, y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Indicar, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el inicio de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyen el objeto de la actividad será posterior al comienzo de la adquisición o importación de bienes o servicios destinados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

e) Proponer a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el porcentaje provisional de deducción a que se refiere el artículo 111.dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

f) Optar por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección a que se refiere el apartado dos del artículo 137 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

g) Solicitar la inclusión en el Registro de operadores intracomunitarios.

h) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68.Cuatro de la ley de dicho impuesto, en relación con lo previsto en el artículo 73 de esa ley.

i) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las entregas de bienes a que se refieren el artículo 68.Tres.a) y cinco de la ley de dicho impuesto, siempre que el declarante no se encuentre ya registrado en el censo.

j) Optar por la aplicación de la regla de prorrata especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en el artículo 103.dos.1.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

k) Optar por la determinación del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

l) Comunicar el periodo de liquidación de las autoliquidaciones de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades, en atención a la cuantía de su último presupuesto aprobado cuando se trate de retenedores u obligados a ingresar a cuenta que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.

m) Optar por la aplicación del régimen general previsto para los establecimientos permanentes, en los términos del artículo 18.5.b) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, para aquellos establecimientos permanentes cuya actividad en territorio español consista en obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas de temporada o estacionales, o actividades de exploración de recursos naturales.

n) Optar por el régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

ñ) Comunicar aquellos otros hechos y circunstancias de carácter censal previstos en la normativa tributaria o que determine el Ministro de Economía y Hacienda.

o) Comunicar la condición de empresario o profesional revendedor de los bienes a que se refiere el artículo 84.Uno.2.ºg) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

p) Optar por la aplicación del diferimiento del ingreso de las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones de importación liquidadas por la Aduana, a que se refiere el artículo 167.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

q) Optar por la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

r) Comunicar la opción por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, en los términos del artículo 5.1 del Reglamento por el que se aprueban las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en el caso de las personas y entidades a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

s) Optar por la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 70.Uno.8.º de la ley de dicho impuesto, en relación con lo previsto en el artículo 73 de esa ley.

t) Comunicar la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 70.Uno.4.ºa) de la ley de dicho impuesto, siempre que el declarante no se encuentre ya registrado en el censo.

u) Comunicar la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a que se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

v) Solicitar la inclusión en el Registro de extractores de depósitos fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos en los términos previstos en el artículo 3.7 de este reglamento.

4. Esta declaración deberá presentarse, según los casos, con anterioridad al inicio de las correspondientes actividades, a la realización de las operaciones, al nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que se satisfagan, abonen o adeuden o a la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo.

A efectos de lo dispuesto en este reglamento, se entenderá producido el comienzo de una actividad empresarial o profesional desde el momento que se realicen cualesquiera entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, se efectúen cobros o pagos o se contrate personal laboral, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Datos clave

  • Artículo 9 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: quienes hayan de formar parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores deben presentar una declaración de alta, con los datos de los artículos 4 a 8.
  • Sirve también para solicitar el NIF provisional o definitivo; la asignación del NIF determina la inclusión automática en el Censo de Obligados Tributarios.
  • Sirve para comunicar el régimen del IVA, renunciar a la estimación objetiva y a regímenes especiales, proponer el porcentaje provisional de deducción (artículo 111.dos de la Ley 37/1992), solicitar la inclusión en el Registro de operadores intracomunitarios y optar por la prorrata especial, entre otros fines.
  • Debe presentarse con anterioridad al inicio de las actividades, a la realización de las operaciones o al nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta.
  • Se entiende iniciada una actividad empresarial o profesional desde que se realicen entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, cobros o pagos, o se contrate personal laboral, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien deba estar en el Censo de Empresarios presenta una declaración de alta antes de empezar; esa misma declaración sirve para pedir el NIF y para comunicar regímenes y opciones fiscales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 9 bis. Declaración de alta en el Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados.

1. El «operador de plataforma obligado a comunicar información» a que se refiere el artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, de este reglamento que, en su caso, haya optado por registrarse en España, deberá presentar una declaración de alta en el Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados.

2. La declaración de alta deberá incluir la información del operador prevista en el apartado B, punto 2, de la sección II del anexo del Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, por el que se desarrollan las normas y procedimientos de diligencia debida en el ámbito del intercambio automático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas, y se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias.

3. Esta declaración deberá presentarse cuando se inicie la actividad como «operador de plataforma» en los términos definidos en la sección I del anexo del Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, por el que se desarrollan las normas y procedimientos de diligencia debida en el ámbito del intercambio automático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas, y se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias.

Datos clave

  • Artículo 9 bis del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el operador de plataforma obligado a comunicar información del artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, que haya optado por registrarse en España, presenta declaración de alta en el Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados.
  • La declaración incluye la información del operador del apartado B, punto 2, de la sección II del anexo del Real Decreto 117/2024.
  • Se presenta cuando se inicie la actividad como operador de plataforma en los términos de la sección I del anexo de ese real decreto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El operador de plataforma extranjero no cualificado que opte por registrarse en España presenta una declaración de alta en un registro propio al iniciar su actividad como operador de plataforma.

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Artículo 9 ter. Declaración de alta en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.

1. El «operador de plataforma obligado a comunicar información» a que se refiere el artículo 54 ter.3.a) de este reglamento deberá presentar una declaración de alta en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.

2. La declaración de alta deberá incluir la siguiente información:

a) Razón social.

b) Número de identificación fiscal.

c) Domicilio fiscal en España.

d) Direcciones electrónicas, incluidos los sitios web.

e) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de sus representantes legales en España.

f) En caso de no ser residente fiscal en España, su Estado o territorio de residencia, así como su número de identificación fiscal, su domicilio y la identificación completa de sus representantes en dicho Estado o territorio de residencia.

3. Si el “operador de plataforma” no es residente en España, pero opera en territorio español por medio de uno o varios establecimientos permanentes, cada establecimiento permanente deberá inscribirse individualmente en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información proporcionando los mismos datos y en las mismas condiciones que los operadores residentes y, además, cada uno de ellos deberá identificar la persona o entidad no residente de la que dependan y comunicar los datos relativos a aquella relacionados en el apartado anterior.

4. Esta declaración deberá presentarse cuando se inicie la actividad como “operador de plataforma” en los términos definidos en la sección I del anexo del Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, por el que se desarrollan las normas y procedimientos de diligencia debida en el ámbito del intercambio automático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas, y se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias.

Datos clave

  • Artículo 9 ter del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el operador de plataforma obligado a comunicar información del artículo 54 ter.3.a) presenta declaración de alta en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.
  • Contenido: razón social, NIF, domicilio fiscal en España, direcciones electrónicas incluidos sitios web, identificación de representantes legales en España y, si no es residente, Estado de residencia, NIF, domicilio y representantes en ese Estado.
  • Si no es residente pero opera por establecimientos permanentes, cada uno se inscribe individualmente identificando a la entidad no residente de la que dependa.
  • Se presenta cuando se inicie la actividad como operador de plataforma.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los operadores de plataforma de la letra a) del artículo 54 ter.3 se dan de alta en el Registro de otros operadores con seis datos, y cada establecimiento permanente se inscribe por separado.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 10. Declaración de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

El artículo 10 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula la declaración de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Apartado 1. Cuando se modifique cualquiera de los datos recogidos en la declaración de alta o en otra declaración de modificación posterior, el obligado tributario debe comunicarlo a la Administración tributaria mediante la correspondiente declaración.

Apartado 2. Esta declaración sirve, en particular, para: a) comunicar el cambio de domicilio fiscal (artículo 48.3 de la Ley 58/2003) por personas jurídicas y entidades y por personas físicas incluidas en el Censo; b) comunicar la variación de datos y situaciones tributarias de los artículos 4 a 9; c) comunicar el inicio de la realización habitual de las entregas o prestaciones, cuando el alta indicó que sería posterior al comienzo de la adquisición o importación de bienes o servicios destinados a la actividad, incluso para una nueva actividad constitutiva de un sector diferenciado a efectos del IVA; d) optar por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global en el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección; e) solicitar la inclusión en el Registro de operadores intracomunitarios cuando se produzcan las circunstancias del artículo 3.3; los sujetos pasivos del IVA que cesen en las actividades sujetas sin causar baja en el Censo, y quienes durante los 12 meses anteriores no hayan realizado entregas o adquisiciones intracomunitarias sujetas ni prestado o recibido los servicios de las letras c) y d) del artículo 3.3, deben presentar declaración de modificación solicitando la baja en ese Registro; f) y g) optar por la no sujeción o comunicar la sujeción al IVA de determinadas entregas de bienes (artículo 68 de la ley del impuesto); h) revocar opciones o modificar solicitudes anteriores; i) comunicar la adquisición o pérdida de la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (artículo 8 de la Ley 4/2020); j) comunicar, quien ya sea empresario o profesional y inicie una nueva actividad, que ejerce la opción por la regla de prorrata especial (artículo 103.dos.1.º de la Ley 37/1992) o que el comienzo de las entregas será posterior a la adquisición de bienes y resulta aplicable el régimen de deducción de los artículos 111, 112 y 113, con propuesta de porcentaje provisional de deducción; k) solicitar la inclusión o baja en el Registro de devolución mensual (artículo 30 del Reglamento del IVA); l) comunicar el cambio de periodo de liquidación en el IVA y en las autoliquidaciones de retenciones e ingresos a cuenta por estar incluido en el Registro de grandes empresas, o por la cuantía del último presupuesto aprobado en el caso de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social; m) optar o renunciar a la modalidad de pago fraccionado del artículo 40.3 de la Ley 27/2014; n) renunciar al régimen de consolidación fiscal; ñ) optar o renunciar al régimen especial de la Ley 49/2002; o) solicitar la rectificación de datos personales (artículo 2.5); p) optar por la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT (artículo 62.6 del Reglamento del IVA); q) comunicar la opción de que facturen los destinatarios o terceros (artículo 5.1 del Reglamento de facturación, Real Decreto 1619/2012); r) y s) no sujeción o sujeción al IVA de determinadas prestaciones de servicios (artículo 70.Uno de la ley); t) solicitar la inclusión o baja en el Registro de extractores de depósitos fiscales (artículo 3.7); u) solicitar la rehabilitación del NIF (artículo 147.8); v) comunicar otros hechos y circunstancias de carácter censal.

Apartado 3. La declaración no es necesaria cuando la modificación se haya producido por iniciativa de un órgano de la AEAT.

Apartado 4. Plazo: un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación, salvo: a) plazos específicos de la normativa de cada tributo o régimen; b) las declaraciones del apartado 2.j).1.º, antes de que se inicie la nueva actividad que vaya a constituir un sector diferenciado a efectos del IVA; c) la comunicación del apartado 2.l), en el plazo general y, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de la primera declaración periódica afectada; d) la solicitud del apartado 2.e), antes de que se produzcan las circunstancias del artículo 3.3; e) el plazo especial que establezca el Ministro de Economía y Hacienda; f) la solicitud de inclusión en el Registro de extractores de depósitos fiscales, antes de realizar las operaciones que determinan la obligación de inscripción.

Datos clave

  • Artículo 10 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: cuando se modifique cualquier dato de la declaración de alta o de modificación posterior, el obligado debe comunicarlo mediante declaración de modificación.
  • Sirve, entre otros fines, para comunicar el cambio de domicilio fiscal (artículo 48.3 de la Ley 58/2003), la variación de datos de los artículos 4 a 9, el inicio de la realización habitual de entregas o prestaciones, solicitar o dar de baja en registros y revocar opciones.
  • Quienes cesen en actividades sujetas al IVA sin baja en el Censo, o no hayan realizado operaciones intracomunitarias durante los 12 meses anteriores, deben solicitar la baja en el Registro de operadores intracomunitarios.
  • No es necesaria si la modificación se produce por iniciativa de un órgano de la AEAT.
  • Plazo general: un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación, salvo plazos específicos de cada tributo, antes del inicio de la nueva actividad que constituya sector diferenciado, o plazo especial del Ministro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cualquier cambio en los datos del alta se comunica con una declaración de modificación, en general en un mes; no hace falta si el cambio lo hizo la propia AEAT.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 10 bis. Declaración de modificación en el Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados.

1. Cuando se modifique cualquiera de los datos recogidos en la declaración de alta o en cualquier otra declaración de modificación posterior, el «operador de plataforma obligado a comunicar información» a que se refiere el artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, de este reglamento que, en su caso, haya optado por registrarse en España, deberá comunicar a la Administración tributaria, mediante la correspondiente declaración, dicha modificación.

2. La declaración deberá presentase en el plazo de un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación.

Datos clave

  • Artículo 10 bis del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el operador de plataforma extranjero no cualificado registrado en España debe comunicar mediante declaración de modificación cualquier cambio en los datos de la declaración de alta.
  • Plazo: un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El operador de plataforma extranjero no cualificado registrado en España comunica cualquier cambio de sus datos de alta mediante declaración de modificación en el plazo de un mes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 10 ter. Declaración de modificación en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.

1. Cuando se modifique cualquiera de los datos recogidos en la declaración de alta o en cualquier otra declaración de modificación posterior, el “operador de plataforma obligado a comunicar información” a que se refiere el artículo 54 ter.3.a) de este reglamento deberá comunicar a la Administración tributaria, mediante la correspondiente declaración, dicha modificación.

2. La declaración deberá presentase en el plazo de un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación.

Datos clave

  • Artículo 10 ter del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el operador de plataforma del artículo 54 ter.3.a) debe comunicar mediante declaración de modificación cualquier cambio en los datos de la declaración de alta.
  • Plazo: un mes desde que se hayan producido los hechos que determinan su presentación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El operador de plataforma de la letra a) del artículo 54 ter.3 debe comunicar cualquier cambio de sus datos de alta con una declaración de modificación en el plazo de un mes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 11. Declaración de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

1. Quienes cesen en el desarrollo de todo tipo de actividades empresariales o profesionales o, no teniendo la condición de empresarios o profesionales, dejen de satisfacer rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta deberán presentar la correspondiente declaración mediante la que comuniquen a la Administración tributaria tal circunstancia a efectos de su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Asimismo, las personas jurídicas que no desarrollen actividades empresariales o profesionales deberán presentar esta declaración a efectos de su baja en el Registro de operadores intracomunitarios cuando sus adquisiciones intracomunitarias de bienes deban resultar no sujetas de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. La declaración de baja deberá presentarse en el plazo de un mes desde que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 1 de este artículo, sin perjuicio de que la persona o entidad afectada deba presentar las declaraciones y cumplir las obligaciones tributarias que le incumban y sin que a estos efectos deba darse de alta en el censo.

En los supuestos mencionados en los artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, se informará de los datos relativos a la identificación de los sucesores en la declaración de baja.

3. Cuando una sociedad o entidad se disuelva, la declaración de baja deberá ser presentada en el plazo de un mes desde que se haya realizado, en su caso, la cancelación efectiva de los correspondientes asientos en el Registro Mercantil.

Si no constaran dichos asientos, la Administración tributaria pondrá en conocimiento del Registro Mercantil la solicitud de baja para que este extienda una nota marginal en la hoja registral de la entidad. En lo sucesivo, el Registro comunicará a la Administración tributaria cualquier acto relativo a dicha entidad que se presente a inscripción.

Igualmente, cuando le constaran a la Administración tributaria datos suficientes sobre el cese de la actividad de una entidad, lo pondrá en conocimiento del Registro Mercantil, para que este, de oficio, proceda a extender una nota marginal con los mismos efectos que los previstos en el párrafo anterior.

4. En el caso de fallecimiento del obligado tributario, los herederos deberán presentar la declaración de baja correspondiente en el plazo de seis meses desde el fallecimiento. Igualmente quedarán obligados a comunicar en el mismo plazo la modificación de la titularidad de cuantos derechos y obligaciones con trascendencia tributaria permanecieran vigentes con terceros y a presentar, en su caso, la declaración o declaraciones de alta que sean procedentes.

Datos clave

  • Artículo 11 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: quienes cesen en todo tipo de actividades empresariales o profesionales, o dejen de satisfacer rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta, deben presentar declaración de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
  • Las personas jurídicas sin actividad empresarial o profesional deben presentarla para causar baja en el Registro de operadores intracomunitarios cuando sus adquisiciones intracomunitarias resulten no sujetas (artículo 14 de la Ley 37/1992).
  • Plazo: un mes desde que se cumplan las condiciones; en la baja se informa de los sucesores en los supuestos de los artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003.
  • Disolución de sociedad o entidad: un mes desde la cancelación efectiva de los asientos en el Registro Mercantil; si no constan, la Administración lo comunica al Registro Mercantil para que extienda una nota marginal.
  • Fallecimiento: los herederos presentan la baja en el plazo de seis meses desde el fallecimiento y comunican en ese plazo la modificación de titularidad de derechos y obligaciones con trascendencia tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Quien cesa en toda actividad empresarial o deja de pagar rentas con retención se da de baja en el Censo de Empresarios en un mes; las sociedades disueltas, tras cancelar sus asientos, y los herederos, en seis meses.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 11 bis. Declaración de baja en el Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados.

1. El “operador de plataforma obligado a comunicar información” a que se refiere el artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, de este reglamento que, en su caso, haya optado por registrarse en España y que deje de realizar cualquier tipo de actividad como «operador de plataforma» o que ya no cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, de este reglamento deberá presentar la correspondiente declaración mediante la que comunique a la Administración tributaria tal circunstancia, a efectos de su baja en el Registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados.

2. La declaración de baja deberá presentarse en el plazo de un mes desde que se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior.

Datos clave

  • Artículo 11 bis del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el operador de plataforma extranjero no cualificado registrado en España que deje de realizar actividad como operador de plataforma o ya no cumpla las condiciones del artículo 54 ter.3.b), primer párrafo, debe presentar declaración de baja.
  • Plazo: un mes desde que se cumplan las condiciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El operador de plataforma extranjero no cualificado registrado en España se da de baja en su registro en un mes si deja de actuar como operador de plataforma o deja de cumplir las condiciones.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 11 ter. Declaración de baja en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.

1. El “operador de plataforma obligado a comunicar información” a que se refiere el artículo 54 ter.3.a) de este reglamento que deje de realizar cualquier tipo de actividad como “operador de plataforma” o que ya no cumpla las condiciones a que se refiere dicho precepto deberá presentar la correspondiente declaración mediante la que comunique a la Administración tributaria tal circunstancia, a efectos de su baja en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.

2. La declaración de baja deberá presentarse en el plazo de un mes desde que se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior.

Datos clave

  • Artículo 11 ter del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: el operador de plataforma del artículo 54 ter.3.a) que deje de realizar actividad como operador de plataforma o ya no cumpla las condiciones debe presentar declaración de baja en el Registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información.
  • Plazo: un mes desde que se cumplan las condiciones.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El operador de plataforma de la letra a) del artículo 54 ter.3 que deja de operar o de cumplir las condiciones presenta su baja en el Registro de otros operadores en el plazo de un mes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 12

Artículo 12. Especialidades en el alta y modificaciones en el Censo de Obligados Tributarios de las entidades a las que se asigne un número de identificación fiscal.

1. La asignación a una entidad del número de identificación fiscal provisional previsto en el artículo 24 determinará su alta en el Censo de Obligados Tributarios y, siempre que se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 3.2, su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

2. Las variaciones posteriores al alta censal, incluidas las relativas al inicio de la actividad, domicilio, nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los socios o personas o entidades que la integren, se comunicarán mediante la declaración de modificación regulada en el artículo 10. No será necesario comunicar las variaciones relativas a los socios, miembros o partícipes de las entidades una vez que se inscriban en el registro correspondiente y obtengan el número de identificación fiscal definitivo.

No obstante, las entidades sin personalidad jurídica deberán comunicar las variaciones relativas a sus socios, comuneros o partícipes, aunque hayan obtenido un número de identificación fiscal definitivo, salvo que tengan la condición de comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal y estén incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Igualmente, las entidades a las que se refiere el artículo 4.2.l) deberán comunicar en el plazo de un mes desde la fecha de formalización de su transmisión las modificaciones que se hayan producido respecto de los datos consignados en las declaraciones anteriores, incluidos los relativos a los socios, miembros o partícipes.

En la declaración de baja se comunicarán los sucesores tal y como se establece en el artículo 11.2 de este reglamento.

3. Las personas jurídicas y demás entidades deberán presentar copia de las escrituras o documentos que modifiquen los anteriormente vigentes, en el plazo de un mes desde la inscripción en el registro correspondiente o desde su otorgamiento si dicha inscripción no fuera necesaria, cuando las variaciones introducidas impliquen la presentación de una declaración censal de modificación o de baja.

Datos clave

  • Artículo 12 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: la asignación del NIF provisional del artículo 24 determina el alta en el Censo de Obligados Tributarios y, si se dan las circunstancias del artículo 3.2, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
  • Las variaciones posteriores al alta censal se comunican mediante la declaración de modificación del artículo 10; no es necesario comunicar las de socios, miembros o partícipes una vez inscritos y con NIF definitivo.
  • Las entidades sin personalidad jurídica deben comunicar las variaciones de socios, comuneros o partícipes aunque tengan NIF definitivo, salvo comunidades de propietarios en propiedad horizontal incluidas en el Censo.
  • Las entidades del artículo 4.2.l) comunican en el plazo de un mes desde la formalización de su transmisión las modificaciones producidas.
  • Las personas jurídicas deben presentar copia de las escrituras o documentos modificativos en el plazo de un mes desde la inscripción registral o desde su otorgamiento si no es necesaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Recibir el NIF provisional da de alta a la entidad en el Censo de Obligados Tributarios; los cambios posteriores van por declaración de modificación y las escrituras modificativas se aportan en un mes.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 13. Modelo de declaración, plazo y lugar de presentación.

Las declaraciones censales de alta, modificación y baja, previstas en los artículos 9, 10 y 11, se presentarán en el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, salvo que el plazo esté establecido en este reglamento.

Datos clave

  • Artículo 13 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: las declaraciones censales de alta, modificación y baja (artículos 9, 10 y 11) se presentan en el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, salvo que el plazo esté establecido en el reglamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentan en el lugar, forma y plazos que fije el Ministro de Economía y Hacienda, salvo que el reglamento ya fije el plazo.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 14. Exclusión de otras declaraciones censales.

1. La presentación de las declaraciones a que se refiere esta subsección producirá los efectos propios de la presentación de las declaraciones relativas al comienzo, modificación o cese en el ejercicio de las actividades económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

2. La presentación de estas declaraciones censales sustituye a la presentación del parte de alta en el índice de entidades a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

3. De igual forma, en relación con los sujetos pasivos que resulten exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas, la presentación de las declaraciones censales reguladas en esta subsección sustituye a la presentación de las declaraciones específicas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

4. La presentación de la solicitud de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, para los obligados tributarios incluidos en el registro territorial de los impuestos especiales de fabricación a que se refiere el artículo 40 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, producirá los efectos propios de la solicitud de baja en el citado registro respecto de los establecimientos o actividades de que sean titulares dichos obligados tributarios.

Datos clave

  • Artículo 14 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: la presentación de las declaraciones censales produce los efectos de las declaraciones de comienzo, modificación o cese de actividades en el IVA y en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
  • Sustituye al parte de alta en el índice de entidades a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
  • Para sujetos pasivos exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas, sustituye a las declaraciones específicas de ese impuesto.
  • La solicitud de baja en el Censo para obligados incluidos en el registro territorial de los impuestos especiales de fabricación (artículo 40 del Reglamento de los Impuestos Especiales) produce los efectos de la solicitud de baja en ese registro.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las declaraciones censales valen por otras: cubren el comienzo, cambio o cese en IVA y servicios digitales, el parte de alta del Impuesto sobre Sociedades, el IAE de los exentos y la baja en impuestos especiales.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 15. Sustitución de las declaraciones censales por el Documento Único Electrónico.

Las declaraciones censales de alta, modificación y baja previstas en los artículos 9, 10 y 11, respectivamente, de este Reglamento que deban realizar las personas o entidades para el desarrollo de su actividad económica, podrán realizarse mediante el Documento Único Electrónico (DUE), de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, en aquellos casos en que la normativa autorice su uso, sin perjuicio de la presentación posterior de las declaraciones censales que correspondan, en la medida en que varíe o deba ampliarse la información y circunstancias comunicadas mediante dicho Documento Único Electrónico.

Datos clave

  • Artículo 15 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: las declaraciones censales de alta, modificación y baja pueden realizarse mediante el Documento Único Electrónico (DUE), conforme a la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, donde la normativa autorice su uso.
  • Es sin perjuicio de la presentación posterior de las declaraciones censales que correspondan si varía o debe ampliarse la información.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El alta, la modificación y la baja censales pueden hacerse con el Documento Único Electrónico (DUE) donde la normativa lo autorice, sin perjuicio de presentar después las declaraciones que correspondan.

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Artículo 16. Gestión de las declaraciones censales.

1. Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la formación y el mantenimiento de los censos y registros definidos en el artículo 3. A tal efecto, podrá realizar las altas, bajas y modificaciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 a 146, ambos inclusive.

2. Para facilitar la gestión de los censos regulados en esta sección, la Administración pública competente para asignar el número que constituya el número de identificación fiscal comunicará con periodicidad, al menos, trimestral a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el nombre y apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento, número de identificación fiscal y, en su caso, domicilio en España de las personas a las que asigne dicho número y el número de pasaporte.

Datos clave

  • Artículo 16 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: corresponde a la AEAT la formación y mantenimiento de los censos y registros del artículo 3, pudiendo realizar altas, bajas y modificaciones conforme a los artículos 144 a 146.
  • La Administración competente para asignar el NIF comunica con periodicidad, al menos, trimestral a la AEAT nombre y apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento, NIF y, en su caso, domicilio en España y número de pasaporte de las personas a las que asigne el número.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La AEAT forma y mantiene los censos y puede hacer altas, bajas y modificaciones; quien asigna el NIF le comunica al menos trimestralmente los datos de las personas a quienes lo asigna.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 17. Obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal.

1. Las personas físicas que deban estar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, así como las personas jurídicas y demás entidades deberán cumplir la obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal, establecida en el artículo 48.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el plazo de un mes a partir del momento en que produzca dicho cambio.

En el ámbito de competencias del Estado dicha comunicación deberá efectuarse mediante la presentación de la declaración censal de modificación regulada en el artículo 10 de este reglamento.

2. Tratándose de personas físicas que no deban figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, la comunicación del cambio de domicilio se deberá efectuar en el plazo de tres meses desde que se produzca mediante el modelo de declaración que se apruebe, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el ámbito de competencias del Estado, la comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo finalizase el de presentación de la autoliquidación o comunicación de datos correspondiente a la imposición personal que el obligado tributario tuviera que presentar después del cambio de domicilio, la comunicación deberá efectuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación o comunicación de datos, salvo que se hubiese efectuado con anterioridad.

3. La comunicación del nuevo domicilio fiscal surtirá plenos efectos desde su presentación respecto a la Administración tributaria a la que se le hubiese comunicado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 de este reglamento a efectos de la atribución de competencias entre órganos de la Administración tributaria.

4. La comunicación del cambio del domicilio fiscal a la Administración tributaria del Estado producirá efectos respecto de las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sólo desde el momento en que estas últimas tengan conocimiento del mismo, a cuyo efecto aquella deberá efectuar la correspondiente comunicación según lo dispuesto en el artículo 2.3 de este reglamento.

Datos clave

  • Artículo 17 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria: personas físicas del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y personas jurídicas deben comunicar el cambio de domicilio fiscal (artículo 48.3 de la Ley 58/2003) en el plazo de un mes desde el cambio, mediante la declaración censal de modificación.
  • Personas físicas que no deban figurar en el Censo: plazo de tres meses mediante el modelo aprobado; si antes vence el plazo de la autoliquidación de la imposición personal posterior al cambio, se comunica en ese modelo.
  • La comunicación surte plenos efectos desde su presentación respecto de la Administración a la que se comunicó, sin perjuicio del artículo 59.
  • La comunicación a la Administración del Estado produce efectos respecto de las comunidades autónomas solo desde que estas tengan conocimiento (artículo 2.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a comunicar el cambio de domicilio fiscal, con dos plazos distintos según el tipo de obligado, y aclara desde cuándo produce efectos esa comunicación frente a cada Administración.

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Artículo 105. Actuaciones relativas a obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.

1. Tratándose de entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones de comprobación o investigación que tengan por objeto examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de dicha ley.

Las liquidaciones que, en su caso, procedan se practicarán a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los partícipes, miembros o cotitulares de dichas entidades.

El examen del adecuado cumplimiento de las obligaciones relativas al tributo que grave las rentas obtenidas por las entidades en régimen de atribución de rentas se realizará en el curso de los procedimientos de comprobación o investigación que puedan instruirse frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe como obligado tributario por dicho tributo. En esos procedimientos podrán utilizarse los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de las actuaciones de comprobación o investigación de las obligaciones propias de la entidad.

2. La comprobación de la situación tributaria de las Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrollará con estas, sin perjuicio del derecho de sus socios o miembros a oponer todos los motivos de impugnación que estimen convenientes durante la tramitación del procedimiento de comprobación o investigación que se instruya frente a cada uno de ellos en el que se tenga en cuenta los resultados de las actuaciones desarrolladas con la entidad.

Datos clave

  • En las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, las actuaciones se desarrollan con quien tenga su representación (artículo 45.3).
  • Las liquidaciones se practican a nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de partícipes, miembros o cotitulares.
  • El tributo sobre las rentas en atribución se examina en los procedimientos frente a cada socio, heredero, comunero o partícipe.
  • La comprobación de UTE, AIE y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrolla con estas.
  • Los socios o miembros pueden oponer todos los motivos de impugnación en el procedimiento que se instruya frente a cada uno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con entes del artículo 35.4 se actúa con su representante y se liquida a nombre de la entidad; la renta atribuida se comprueba en cada socio; UTE y AIE se comprueban con la entidad, sin perjuicio de que los socios impugnen.

Esquema

Atribución frente a imputación de rentas
Atribución de rentas (35.4)UTE, AIE e imputación
Con quién se compruebaTributo sobre la renta: frente a cada socio, comunero o partícipeCon la propia entidad
SociosSon los obligados por ese tributoPueden oponer todos los motivos de impugnación en su procedimiento

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Artículo 106. Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación.

El artículo 106 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación», dispone lo siguiente.

1. En el supuesto previsto en el artículo 35.7, párrafo primero, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.

2. Una vez iniciado un procedimiento de comprobación o investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás obligados tributarios conocidos que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.

3. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.

4. En el ámbito de la deuda aduanera, lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas en su normativa específica. En particular, las actuaciones realizadas con cualquiera de las personas o entidades que con arreglo a la normativa de la Unión Europea tengan la consideración de deudores de la deuda aduanera serán válidas siempre que respecto a la persona o entidad con la que se hayan realizado se hayan respetado las disposiciones que resulten aplicables al procedimiento de que se trate, independientemente de que pudieran existir otros deudores. A estos efectos, la comunicación de la existencia del procedimiento a la que se refiere el apartado 2 anterior podrá realizarse en cualquier momento siempre que se garantice el derecho a ser oído en los términos establecidos en la normativa de la Unión Europea.

Datos clave

  • En la solidaridad del artículo 35.7 de la Ley 58/2003 puede actuarse con cualquiera de los obligados que concurran en el presupuesto de hecho.
  • Iniciada la comprobación o investigación, se comunica a los demás obligados conocidos, que pueden comparecer.
  • El procedimiento es único y continúa con quienes hayan comparecido.
  • Resoluciones y liquidaciones se dictan a nombre de todos los comparecientes y se notifican a los demás obligados conocidos.
  • En la deuda aduanera son válidas las actuaciones con cualquiera de los deudores según la normativa de la Unión Europea.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con varios obligados solidarios en el mismo hecho imponible, Hacienda puede actuar con cualquiera; los demás conocidos son avisados y pueden comparecer, y el procedimiento es único.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 107. Actuaciones con sucesores.

1. En el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o a personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la Administración las personas a las que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su caso, sanciones tributarias.

2. La Administración tributaria podrá desarrollar las actuaciones o los procedimientos con cualquiera de los sucesores.

3. Una vez iniciado un procedimiento de comprobación o investigación, se deberá comunicar esta circunstancia a los demás sucesores conocidos, que podrán comparecer en las actuaciones. El procedimiento será único y continuará con quienes hayan comparecido. Las sucesivas actuaciones se desarrollarán con quien proceda en cada caso.

4. Las resoluciones que se dicten o las liquidaciones que, en su caso, se practiquen se realizarán a nombre de todos los obligados tributarios que hayan comparecido y se notificarán a los demás obligados tributarios conocidos.

5. En el caso de que la herencia se encontrase yacente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Cuando en los procedimientos cuyas actuaciones se entiendan con los sucesores de un obligado tributario deba practicarse una devolución, deberá acreditarse la proporción que a cada uno corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica, a efectos de proceder al reconocimiento del derecho y al pago o compensación de la devolución, excepto cuando se trate de herencias yacentes debidamente identificadas, en cuyo caso se reconocerá y abonará la devolución a la herencia yacente.

Datos clave

  • Actúan ante la Administración las personas a las que se transmitan derechos, obligaciones y sanciones según los artículos 39 y 40 de la Ley 58/2003.
  • La Administración puede desarrollar las actuaciones con cualquiera de los sucesores.
  • El procedimiento es único y continúa con quienes hayan comparecido; se comunica a los demás sucesores conocidos.
  • Resoluciones y liquidaciones: a nombre de todos los obligados que hayan comparecido y se notifican a los demás conocidos.
  • Herencia yacente: artículo 39.3 de la Ley 58/2003; la devolución se abona a la herencia yacente debidamente identificada.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fallecido el obligado o extinguida la entidad, actúan los sucesores; Hacienda puede actuar con cualquiera, avisa a los demás y, en devoluciones, exige acreditar la cuota de cada uno salvo herencia yacente identificada.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 108. Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso.

El artículo 108 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, bajo la rúbrica «Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso», dispone lo siguiente.

1. En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Administración si son requeridos para ello en cuanto representantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el órgano competente podrá examinarlos en dicho registro y podrá requerir la comparecencia de los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones.

2. En los supuestos de concurso, las actuaciones administrativas se entenderán con el concursado o su representante cuando el juez no hubiere acordado la suspensión de las facultades de administración y disposición.

Si se hubiere acordado la suspensión de facultades, las actuaciones se entenderán con el concursado por medio de la administración concursal.

Datos clave

  • En entidades en liquidación, antes de extinguirse su personalidad jurídica, las actuaciones se entienden con los liquidadores.
  • Disuelta y liquidada la entidad, los liquidadores comparecen si son requeridos como representantes anteriores y custodios de libros y documentación.
  • Si los libros están depositados en un registro público, pueden examinarse allí.
  • En concurso sin suspensión de facultades, las actuaciones se entienden con el concursado o su representante.
  • Con suspensión de facultades, se entienden con el concursado por medio de la administración concursal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En las entidades en liquidación se actúa con los liquidadores, incluso tras la extinción si se les requiere; en concurso, con el concursado o, si sus facultades están suspendidas, a través de la administración concursal.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 109. Actuaciones relativas a obligados tributarios no residentes.

1. En el caso obligados tributarios no residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombrar representante, la Administración tributaria podrá considerar representante del establecimiento permanente a la persona que figure como tal en el Registro Mercantil. Si no hubiera representante nombrado o inscrito, o fuera una persona distinta de quien esté facultado para contratar en nombre de aquellos, la Administración tributaria podrá considerar como tal a este último.

En el caso de incumplimiento de la obligación de nombramiento de representante exigible a las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, la Administración tributaria podrá considerar que su representante es el depositario o gestor de los bienes o derechos de los obligados tributarios.

2. En el caso de tributos que deban satisfacer los obligados tributarios no residentes que operen en España sin establecimiento permanente, las actuaciones podrán entenderse con el obligado tributario no residente, con el representante, en su caso, designado al efecto o, cuando la ley así lo prevea, con el responsable solidario con quien puedan realizarse las actuaciones directamente. En este último supuesto, las liquidaciones se podrán practicar directamente al responsable solidario, el cual podrá utilizar todos los motivos de impugnación que se deriven de la liquidación practicada o de la responsabilidad a él exigida.

Datos clave

  • No residentes con establecimiento permanente: actuaciones con el representante designado conforme al artículo 47 de la Ley 58/2003.
  • Sin nombramiento, puede considerarse representante a quien figure en el Registro Mercantil o a quien esté facultado para contratar.
  • Residentes en territorios sin efectivo intercambio de información: puede considerarse representante al depositario o gestor de los bienes o derechos.
  • Sin establecimiento permanente: actuaciones con el no residente, su representante o, si la ley lo prevé, el responsable solidario.
  • El responsable solidario puede utilizar todos los motivos de impugnación de la liquidación o de la responsabilidad exigida.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Con no residentes con establecimiento permanente se actúa con su representante designado o, si falta, con el inscrito o el facultado para contratar; sin establecimiento, con el no residente, su representante o el responsable solidario.

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Artículo 110. La representación legal

1. Las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario actuarán ante la Administración tributaria mediante sus representantes legales. No obstante, una vez adquirida o recuperada la capacidad de obrar por las personas que carecían de ella, estas actuarán por sí mismas ante la Administración tributaria, incluso para la comprobación de la situación tributaria en que carecían de ella.

Quienes tuvieron su representación legal deberán comparecer asimismo a requerimiento de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a quien representaron.

2. Por las personas jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberán actuar las personas a quienes corresponda la representación en el momento de la actuación administrativa.

Quienes tuvieron dicha representación cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes deberán comparecer a requerimiento de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a la persona jurídica o entidad.

3. El representante legal deberá acreditar su condición ante la Administración tributaria. No obstante, se podrán considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tales en los correspondientes registros públicos.

4. Cuando en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos se modifique o se extinga la representación legal, las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces, en tanto no se comunique tal circunstancia al órgano de la Administración tributaria que lleve a cabo las actuaciones.

Datos clave

  • Las personas físicas sin capacidad de obrar en el orden tributario actúan mediante sus representantes legales.
  • Adquirida o recuperada la capacidad, actúan por sí mismas, incluso para comprobar la situación en que carecían de ella.
  • Por las personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la LGT actúan quienes tengan la representación en el momento de la actuación.
  • El representante legal debe acreditar su condición; pueden considerarse representantes los inscritos en los registros públicos.
  • Si la representación legal se modifica o extingue, las actuaciones son válidas mientras no se comunique al órgano actuante.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los incapaces actúan por sus representantes legales hasta recuperar la capacidad; por las entidades actúa quien tenga la representación al actuar; los antiguos representantes comparecen si se les requiere, sin vincular al representado.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 111. La representación voluntaria

El artículo 111 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria dispone lo siguiente.

1. La representación será conferida, en el caso de personas físicas con capacidad de obrar, por ellas mismas.

En el caso de personas físicas sin capacidad de obrar en el orden tributario, de personas jurídicas y de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la representación voluntaria podrá ser conferida por quienes tengan la representación legal y esta lo permita.

La representación podrá ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá otorgada la representación, entre otros, en los siguientes casos:

a) Cuando su existencia conste inscrita y vigente en un registro público.

b) Cuando conste en documento público o documento privado con firma legitimada notarialmente.

c) Cuando se otorgue mediante comparecencia personal ante el órgano administrativo competente, lo que se documentará en diligencia.

d) Cuando conste en el documento normalizado de representación aprobado por la Administración tributaria que se hubiera puesto a disposición, en su caso, de quien deba otorgar la representación. En estos supuestos, el representante responderá con su firma de la autenticidad de la de su representado.

e) Cuando la representación conste en documento emitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos que se establezcan por la Administración tributaria.

3. En todos los supuestos de representación deberán constar, al menos, las siguientes menciones:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del representado y del representante, así como la firma de ambos. Cuando la representación se otorgue en documento público no será necesaria la firma del representante.

b) Contenido de la representación, así como la amplitud y suficiencia de la misma.

c) Lugar y fecha de su otorgamiento.

d) En el caso de representación voluntaria otorgada por el representante legal del obligado tributario, deberá acreditarse la representación legal.

4. Para las actuaciones previstas en el artículo 46.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá acreditada la representación en los siguientes casos:

a) Cuando la representación se haya hecho figurar expresamente en la declaración, autoliquidación, comunicación de datos o solicitud que sea objeto del procedimiento.

b) Cuando la representación conferida resulte de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación con las actuaciones desarrolladas.

5. La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya acreditado esta circunstancia al órgano actuante. A partir de dicho momento, se considerará que el obligado tributario no comparece ante la Administración tributaria ni atiende los requerimientos de esta hasta que nombre un nuevo representante o la atienda personalmente.

6. La renuncia a la representación no tendrá efectos ante el órgano actuante hasta que no se acredite que dicha renuncia se ha comunicado de forma fehaciente al representado.

7. En el ámbito aduanero, será aplicable lo previsto en este artículo sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, y en su normativa de desarrollo.

Datos clave

  • La representación voluntaria puede otorgarse a favor de personas jurídicas o de personas físicas con capacidad de obrar.
  • Se entiende otorgada, entre otros casos, si consta en registro público, en documento público o privado con firma legitimada notarialmente, por comparecencia personal o en documento normalizado.
  • Debe constar identificación, NIF y domicilio fiscal de representado y representante, firma de ambos, contenido, amplitud, lugar y fecha.
  • En documento público no es necesaria la firma del representante.
  • La revocación no anula lo actuado antes de acreditarse al órgano actuante.
  • La renuncia no tiene efectos hasta que se acredite su comunicación fehaciente al representado.
  • En el ámbito aduanero se aplica sin perjuicio del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se otorga y acredita la representación voluntaria ante Hacienda: quién puede darla, formas válidas, menciones mínimas y efectos de la revocación y de la renuncia.

Esquema

Fin de la representación
RevocaciónRenuncia
Efectos ante el órganoDesde que se acredita al órgano actuanteDesde que se acredita la comunicación fehaciente al representado
Lo actuado antesNo es nuloEl texto no lo regula

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Artículo 112. Disposiciones comunes a la representación legal y voluntaria

1. La representación deberá acreditarse en la primera actuación que se realice por medio de representante, si bien su falta o insuficiencia no impedirá que se tenga por realizado el acto o trámite de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

En todo caso, se podrá exigir que la persona o personas con quienes se realicen las actuaciones acrediten su identidad y el concepto en el que actúen.

En el supuesto de que el representante no acredite la representación, el acto se tendrá por no realizado o al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan, salvo que las actuaciones realizadas en su nombre sean ratificadas por el obligado tributario.

2. Se entenderán ratificadas las actuaciones del representante en caso de falta o insuficiencia del poder de representación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el obligado tributario impugne los actos dictados en el procedimiento en que aquel hubiera intervenido sin alegar esta circunstancia.

b) Cuando el obligado tributario efectúe el ingreso o solicite el aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria o de la sanción que se derive del procedimiento. No obstante, en estos casos no se entenderá subsanada la falta o insuficiencia del poder de representación cuando se haya presentado recurso o reclamación económico-administrativa en el que se alegue dicha falta o insuficiencia.

3. Cuando en un procedimiento tributario se actúe mediante representante se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias y actas se extiendan y se unirá al expediente el documento acreditativo de la representación. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo y se unirá al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo.

4. Las actuaciones tributarias realizadas con el representante del obligado tributario se entenderán efectuadas directamente con este último.

Las manifestaciones hechas por la persona que haya comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho.

5. Acreditada o presumida la representación, corresponde al representado probar su inexistencia sin que pueda alegar como fundamento de la nulidad de lo actuado aquellos vicios o defectos causados por él.

6. Cuando en la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa se anule la resolución o la liquidación administrativa por falta o insuficiencia del poder de representación, se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se debió acreditar la representación o se aportó el poder que se estima insuficiente y conservarán su validez las actuaciones y pruebas del procedimiento de aplicación de los tributos realizadas sin intervención del representante con el que se entendieron las actuaciones.

7. El obligado tributario podrá intervenir en las actuaciones y procedimientos asistido por un asesor fiscal o por la persona que considere oportuno en cada momento, de lo que se dejará constancia en el expediente, así como de la identidad del asistente.

Cuando el representante acuda acompañado de cualquier persona deberá acreditarse la conformidad del obligado tributario a que conozca las actuaciones en las que intervenga.

Datos clave

  • La representación se acredita en la primera actuación por medio de representante.
  • La falta o insuficiencia puede subsanarse en el plazo de 10 días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento.
  • Sin acreditación, el acto se tiene por no realizado, salvo ratificación del obligado tributario.
  • Hay ratificación si el obligado impugna sin alegar la falta de poder, o si ingresa o pide aplazamiento, fraccionamiento o compensación.
  • Las actuaciones con el representante se entienden efectuadas directamente con el obligado tributario.
  • El obligado puede estar asistido por un asesor fiscal o por la persona que considere oportuna.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reúne las reglas que valen para cualquier representación, legal o voluntaria: cuándo se acredita, qué pasa si falta o es insuficiente, y qué puede probar cada parte.

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Artículo 113. El domicilio fiscal de las personas físicas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se podrá considerar que las personas físicas desarrollan principalmente actividades económicas cuando más de la mitad de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o cuando, no habiéndose alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado durante cada uno de los tres años anteriores.

A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por actividades económicas las realizadas por los empresarios y profesionales en los términos previstos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Datos clave

  • Desarrolla el artículo 48.2.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Se considera que una persona física desarrolla principalmente actividades económicas si más de la mitad de su base imponible general del IRPF del año anterior procede de rendimientos netos de actividades económicas.
  • También si, sin alcanzarse ese porcentaje en dicho año, se alcanzó en cada uno de los tres años anteriores.
  • Actividades económicas: las de empresarios y profesionales en los términos de la Ley 37/1992, del IVA.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el umbral del 50% de la base imponible general del IRPF del año anterior (o de cada uno de los tres años previos) para considerar que una persona física ejerce principalmente actividades económicas, remitiendo a la Ley del IVA para definir qué es actividad económica.

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Artículo 144. Actuaciones de comprobación censal.

El artículo 144 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007) regula la comprobación censal.

La comprobación de la veracidad de los datos comunicados en las declaraciones censales de alta, modificación y baja (artículos 9 a 11) se realiza con los datos comunicados o declarados por el propio obligado, con los que obren en poder de la Administración y mediante el examen físico y documental de los hechos y circunstancias en las oficinas, despachos, locales y establecimientos del obligado. Los órganos competentes tienen las facultades del artículo 172.

La Administración puede requerir la presentación de las declaraciones censales, la documentación que deba acompañarlas, su ampliación y la subsanación de defectos, y puede incorporar de oficio los datos que deban figurar en los censos. Si se advierten omisiones o inexactitudes en el censo, la rectificación se hace conforme a los artículos 145 y 146.

Baja cautelar. Se puede acordar la baja cautelar en los Registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales de productos de los ámbitos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, y de devolución mensual (artículo 30 del Reglamento del IVA), mediante acuerdo motivado del delegado o del director de departamento competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo informe del órgano proponente, en estos supuestos:

a) Cuando se constate la inexistencia de la actividad económica o del objeto social declarado o de su desarrollo en el domicilio comunicado, o que en el domicilio fiscal no se desarrolla la gestión administrativa y la dirección efectiva de los negocios.

b) Cuando el obligado haya resultado desconocido en la notificación de cualquier actuación o procedimiento de aplicación de los tributos.

c) Cuando se constate la posible intervención en operaciones de comercio exterior o intracomunitario, o relativas a productos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, de las que pueda derivarse incumplimiento o la obtención indebida de beneficios o devoluciones fiscales en relación con el IVA.

En estos supuestos la baja cautelar se convierte en definitiva cuando se efectúe la rectificación censal conforme a los artículos 145 y 146. Si las circunstancias concurren en el momento de la solicitud de inclusión en tales registros, el delegado competente deniega la inclusión mediante acuerdo motivado.

Los acuerdos de baja de este apartado y del artículo 146 no eximen al obligado del cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Datos clave

  • Comprobación de las declaraciones censales de alta, modificación y baja (artículos 9 a 11) con facultades del artículo 172.
  • La Administración puede requerir declaraciones censales, documentación y subsanación, e incorporar datos de oficio.
  • Baja cautelar en registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales y de devolución mensual, por acuerdo motivado del delegado o del director de departamento de la AEAT.
  • Supuestos: inexistencia de actividad o de domicilio efectivo, obligado desconocido en una notificación, o posible intervención en operaciones con riesgo de beneficios o devoluciones indebidas en IVA.
  • La baja cautelar pasa a definitiva con la rectificación censal (artículos 145 y 146).
  • Las bajas no eximen del cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda comprueba los datos censales con lo declarado, lo que tiene y el examen físico en locales, y puede acordar bajas cautelares en registros sensibles (intracomunitarios, depósitos fiscales, devolución mensual).

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Artículo 145. Procedimiento de rectificación censal.

El artículo 145 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula el procedimiento de rectificación censal.

Inicio. Puede iniciarse mediante requerimiento para que el obligado aclare o justifique la discrepancia observada o los datos de su declaración censal, o mediante la notificación de la propuesta de resolución cuando la Administración cuente con datos suficientes. Si los hechos del artículo 144.4 se constatan fuera de un procedimiento de aplicación de los tributos, el procedimiento deberá iniciarse en el plazo de un mes desde el acuerdo de baja cautelar en los registros indicados; basta acreditar un intento de notificación del inicio en ese plazo. La falta de inicio en ese plazo determina el levantamiento de la medida cautelar.

Tramitación. La Administración puede realizar las actuaciones de los apartados 1 y 2 del artículo anterior. Si el obligado manifiesta su disconformidad con los datos que obran en poder de la Administración, se aplica el artículo 108.4 de la Ley 58/2003. Notificada la propuesta de resolución, se concede al obligado un plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la notificación, para alegar.

Terminación. El procedimiento termina:

a) Por resolución que rectifique los datos censales, siempre motivada con una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho.

b) Por la subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato requerido sin necesidad de resolución expresa, dejando constancia en diligencia.

c) Por caducidad, transcurrido el plazo del artículo 104 de la Ley 58/2003 sin haberse notificado la resolución expresa.

d) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento de rectificación censal.

Datos clave

  • Inicio: requerimiento al obligado o notificación de la propuesta de resolución.
  • Hechos del artículo 144.4 fuera de un procedimiento: inicio en el plazo de un mes desde la baja cautelar; si no, se levanta la medida cautelar.
  • Alegaciones tras la propuesta de resolución: 10 días desde el siguiente a su notificación.
  • Terminación: resolución motivada, subsanación con diligencia, caducidad (artículo 104 de la Ley 58/2003) o inicio de comprobación limitada o inspección.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La rectificación censal empieza por requerimiento o por propuesta, da 10 días para alegar y termina por resolución motivada, subsanación, caducidad o inicio de una comprobación limitada o inspección.

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Artículo 146. Rectificación de oficio de la situación censal.

El artículo 146 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria permite a la Administración tributaria rectificar de oficio la situación censal sin instruir el procedimiento del artículo anterior en los siguientes supuestos:

a) Cuando se derive de actuaciones o procedimientos de aplicación de los tributos en los que haya sido parte el obligado y se hayan realizado actuaciones de control censal, siempre que no se tengan en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que los constatados en ellos.

b) Cuando quienes tengan un número de identificación fiscal provisional no aporten, en el plazo del artículo 24.3 o en el otorgado en el requerimiento, la documentación necesaria para obtener el definitivo, salvo que justifiquen la imposibilidad de aportarla. La Administración podrá darles de baja en los Registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales de productos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos y de devolución mensual (artículo 30 del Reglamento del IVA).

c) Cuando concurran los supuestos del artículo 119 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades; además, podrá darse de baja en los mismos registros.

d) Cuando durante más de un año y tras al menos tres intentos de notificación hubiera resultado imposible notificar al obligado en el domicilio fiscal, o se hubieran dado de baja deudas por insolvencia durante tres periodos impositivos o de liquidación, se podrá acordar la baja en los mismos registros.

e) Cuando conforme al artículo 21.3 proceda la rectificación censal.

La modificación efectuada debe comunicarse al obligado, salvo que durante un periodo superior a un año hubiera resultado imposible practicar notificaciones en el domicilio fiscal declarado.

Datos clave

  • Rectificación de oficio sin procedimiento de rectificación censal, en cinco supuestos (letras a a e).
  • NIF provisional sin documentación en plazo: baja en los registros de operadores intracomunitarios, de extractores de depósitos fiscales y de devolución mensual.
  • Baja por imposibilidad de notificar: más de un año y al menos tres intentos de notificación, o deudas dadas de baja por insolvencia durante tres periodos.
  • También procede en los supuestos del artículo 119 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
  • La modificación se comunica al obligado, salvo que durante más de un año no hayan podido practicarse notificaciones en el domicilio fiscal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay cinco casos en que Hacienda rectifica la situación censal de oficio, sin el procedimiento de rectificación, y debe comunicarlo salvo que lleve más de un año sin poder notificar.

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Artículo 148. Comprobación del domicilio fiscal.

Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la comprobación del domicilio fiscal en el ámbito de los tributos del Estado, incluidos los cedidos.

Datos clave

  • La comprobación del domicilio fiscal corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Ámbito: tributos del Estado, incluidos los cedidos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Agencia Tributaria comprueba el domicilio fiscal en los tributos del Estado, incluidos los cedidos.

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Artículo 149. Iniciación y tramitación del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

1. El procedimiento de comprobación del domicilio fiscal se iniciará de oficio por acuerdo del órgano que se establezca en la norma de organización específica, por propia iniciativa o a solicitud de cualquier otro órgano de la misma o de otra Administración tributaria afectada. Dicha solicitud se acompañará de un informe sobre los antecedentes que fuesen relevantes.

2. El órgano competente para tramitar el procedimiento de comprobación del domicilio deberá solicitar informe al órgano a cuyo ámbito territorial se promueva el nuevo domicilio, salvo que ya figure en el expediente por haber promovido el inicio del procedimiento.

En el caso de que la comprobación del domicilio fiscal pudiera dar lugar al cambio de domicilio fiscal a una comunidad autónoma diferente, se notificará esta circunstancia a las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas afectadas para que en el plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, puedan solicitar que el expediente se tramite con las especialidades a que se refiere el artículo 152.

3. La comprobación del domicilio fiscal se realizará de acuerdo con los datos comunicados o declarados por el propio obligado tributario, con los datos que obren en poder de la Administración, con los datos y justificantes que se requieran al propio obligado tributario o a terceros, así como mediante el examen físico y documental de los hechos y circunstancias en las oficinas, despachos, locales y establecimientos del obligado tributario. A estos efectos, los órganos competentes tendrán las facultades previstas en el artículo 172.

4. Tramitado el expediente se formulará propuesta de resolución que será notificada al obligado tributario para que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de dicha propuesta, pueda alegar y presentar los documentos y justificantes que estime oportunos.

Datos clave

  • Inicio de oficio por acuerdo del órgano que fije la norma de organización específica, por propia iniciativa o a solicitud de otro órgano o Administración tributaria afectada.
  • Si puede suponer cambio a otra comunidad autónoma, se notifica a las Administraciones autonómicas afectadas, que disponen de 15 días para pedir las especialidades del artículo 152.
  • Las facultades de los órganos competentes son las del artículo 172.
  • Propuesta de resolución: alegaciones del obligado en 15 días desde el día siguiente a su notificación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comprobación del domicilio fiscal: se inicia de oficio, exige informe del órgano del nuevo domicilio, da 15 días a las comunidades autónomas afectadas y otros 15 al obligado para alegar.

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Artículo 150. Terminación del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada. El plazo para notificar la resolución será de seis meses.

2. Será competente para resolver el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal el órgano competente de acuerdo con la norma de organización específica.

3. La resolución adoptada en el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal confirmará o rectificará el declarado y será comunicada a los órganos implicados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y notificada a las Administraciones tributarias afectadas y al obligado tributario.

4. El procedimiento podrá finalizar asimismo por caducidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Datos clave

  • La resolución es motivada y el plazo para notificarla es de seis meses.
  • Resuelve el órgano competente según la norma de organización específica.
  • La resolución confirma o rectifica el domicilio declarado y se notifica a las Administraciones afectadas y al obligado.
  • El procedimiento puede terminar también por caducidad (artículo 104 de la Ley 58/2003).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La comprobación del domicilio fiscal termina con resolución motivada en seis meses que confirma o rectifica el domicilio, o por caducidad.

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Artículo 151. Efectos de la comprobación del domicilio fiscal.

1. El inicio de un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal no impedirá la continuación de los procedimientos de aplicación de los tributos iniciados de oficio o a instancia del interesado que se estuviesen tramitando.

2. Durante los tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal en la que se haya rectificado el declarado, las comunicaciones de cambio de domicilio fiscal que realice el obligado tributario, cuando supongan el traslado a una comunidad autónoma distinta, tendrán el carácter de mera solicitud y deberán acompañarse de medios de prueba que acrediten la alteración de las circunstancias que motivaron la resolución.

En el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación del cambio de domicilio fiscal, la Administración tributaria deberá notificar al obligado tributario un acuerdo por el que se confirme el domicilio fiscal comprobado previamente, por el que se inicie un nuevo procedimiento de comprobación del domicilio fiscal o por el que se admita el cambio de domicilio fiscal. En este último caso, el cambio de domicilio tendrá efectos a partir del día siguiente al de la notificación de dicho acuerdo. Transcurrido un mes desde la presentación de la comunicación del cambio de domicilio sin que se haya notificado el acuerdo que proceda, dicha comunicación tendrá efectos frente a la Administración tributaria a partir del día siguiente al de finalización de dicho plazo.

Datos clave

  • El inicio de la comprobación no impide continuar otros procedimientos de aplicación de los tributos en tramitación.
  • Durante tres años desde la notificación de la resolución que rectificó el domicilio, el cambio a otra comunidad autónoma tiene carácter de mera solicitud y exige pruebas.
  • Plazo de un mes para notificar el acuerdo que confirme el domicilio, inicie nuevo procedimiento o admita el cambio.
  • Si transcurre el mes sin acuerdo, la comunicación surte efectos desde el día siguiente a la finalización del plazo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Comprobar el domicilio fiscal no paraliza otros procedimientos en curso, y si la comprobación rectificó el domicilio, durante los tres años siguientes un nuevo cambio a otra comunidad autónoma se trata como mera solicitud, no como comunicación automática.

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Artículo 152. Especialidades del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal iniciado a solicitud de una comunidad autónoma.

1. Cuando la Administración tributaria de una comunidad autónoma considere que, en relación con los tributos cedidos, el domicilio fiscal que figura en el Censo de Obligados Tributarios no es el que corresponde, podrá solicitar que se inicie el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal.

La comunidad autónoma indicará el lugar en el que entiende localizado el domicilio fiscal del obligado tributario y podrá acompañar toda la documentación probatoria que estime oportuna.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria iniciará el procedimiento de comprobación del domicilio fiscal en el plazo de un mes desde que la solicitud de inicio tenga entrada en el órgano competente para acordar dicho inicio.

2. La propuesta de resolución se notificará al obligado tributario y, en su caso, a las Administraciones tributarias afectadas, cuando dicha propuesta dé lugar a un cambio de domicilio fiscal a una comunidad autónoma distinta a la del domicilio declarado, para que en un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la propuesta, presenten las alegaciones que consideren oportunas. No será necesario notificar dicha propuesta al obligado tributario cuando la propuesta de resolución confirme el domicilio declarado.

3. Cuando se produzcan diferencias de criterio entre distintas Administraciones tributarias, su resolución requerirá informe favorable de las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas afectadas por la propuesta de resolución. Si no hay informe favorable de dichas Administraciones tributarias, la resolución corresponderá a las Juntas Arbitrales reguladas en los artículos 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 51 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y 66 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. La resolución adoptada será vinculante para todas las Administraciones tributarias que hubieran intervenido en la tramitación del procedimiento.

Datos clave

  • La Administración tributaria de una comunidad autónoma puede solicitar el inicio de la comprobación respecto de tributos cedidos.
  • La Agencia Estatal de Administración Tributaria inicia el procedimiento en el plazo de un mes desde que la solicitud entra en el órgano competente.
  • Alegaciones a la propuesta: 15 días desde el día siguiente a su notificación; no se notifica al obligado si la propuesta confirma el domicilio declarado.
  • Si hay diferencias de criterio, hace falta informe favorable de las comunidades afectadas; sin él resuelven las Juntas Arbitrales.
  • La resolución vincula a todas las Administraciones tributarias que hayan intervenido.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cuando es una comunidad autónoma quien pide comprobar el domicilio fiscal (por tributos cedidos), la AEAT debe abrir el procedimiento en un mes, y las discrepancias sin acuerdo entre Administraciones las resuelven las Juntas Arbitrales.

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Artículo 1. Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones.

El artículo 1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, regula la obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones.

Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos.

Igualmente, están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada actividad.

Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales están obligadas a expedir y conservar factura u otros justificantes de las operaciones que realicen en los términos establecidos en el Reglamento.

Datos clave

  • Artículo 1 del Reglamento de obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012): los empresarios o profesionales deben expedir y entregar factura u otros justificantes y conservar copia o matriz.
  • También deben conservar las facturas y justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales.
  • Otras personas y entidades que no sean empresarios o profesionales están obligadas a expedir y conservar factura u otros justificantes en los términos del Reglamento.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El empresario o profesional tiene tres deberes con los justificantes: expedir y entregar factura por sus operaciones, conservar su copia o matriz y conservar las facturas que recibe; algunos no empresarios también deben facturar.

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Artículo 2. Obligación de expedir factura.

El artículo 2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula la obligación de expedir factura.

Apartado 1. De acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992 del IVA, los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, sin más excepciones que las previstas en el Reglamento. La obligación incumbe también a quienes estén acogidos a los regímenes especiales del IVA. También debe expedirse factura y copia por los pagos recibidos con anterioridad a la realización de las entregas o prestaciones, salvo las entregas de bienes exentas por el artículo 25 de la Ley del Impuesto.

Apartado 2. Debe expedirse factura y copia en todo caso en estas operaciones: a) aquellas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, y cualesquiera otras en las que el destinatario lo exija para el ejercicio de un derecho de naturaleza tributaria; b) las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro (artículo 25 de la Ley del Impuesto); c) las entregas del artículo 68.Tres.a) y cinco cuando se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto (con la salvedad del régimen especial de la sección 3.ª del capítulo XI del título IX cuando el Estado de identificación no sea España); d) las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad Europea del artículo 21.1.º y 2.º, excepto las efectuadas en tiendas libres de impuestos; e) las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición (artículo 68.Dos.2.º); f) aquellas cuyos destinatarios sean personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, estén o no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto, o las Administraciones Públicas del artículo 2 de la Ley 39/2015.

Apartado 3. La obligación se ajusta a las normas del Reglamento para las operaciones a las que resulten aplicables los regímenes especiales del capítulo XI del título IX cuando España sea el Estado miembro de identificación, y para las demás operaciones cuando la entrega o prestación se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto (salvo que el proveedor no esté establecido en él, el sujeto pasivo sea el destinatario y la factura no sea expedida por este conforme al artículo 5), o cuando el proveedor esté establecido en ese territorio y la operación no se entienda realizada en él, en los supuestos de operación sujeta en otro Estado miembro con sujeto pasivo destinatario y factura no expedida materialmente por este, o de operación realizada fuera de la Comunidad.

Apartado 4. Tiene la consideración de justificante contable (artículo 97.Uno.4.º de la Ley del Impuesto) cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad.

Datos clave

  • Artículo 2 del Reglamento de obligaciones de facturación: los empresarios o profesionales deben expedir factura y copia por entregas y prestaciones, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas, y por los pagos anticipados (salvo entregas exentas del artículo 25).
  • Factura obligatoria en todo caso: destinatario empresario o profesional que actúe como tal, entregas a otro Estado miembro, exportaciones, entregas con instalación o montaje, y destinatarios personas jurídicas no empresarias o Administraciones Públicas.
  • Justificante contable: cualquier documento soporte de la anotación contable cuando el empresario no esté establecido en la Comunidad.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay que expedir factura y copia por toda entrega o servicio de la actividad, incluso no sujeta o exenta, y por los pagos anticipados; en ciertas operaciones la factura es obligatoria en todo caso.

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Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir factura.

El artículo 3 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula las excepciones a la obligación de expedir factura.

Apartado 1. No existe obligación de expedir factura, salvo en los supuestos del apartado 2 del artículo 2, por: a) las operaciones exentas del IVA en virtud del artículo 20 de su ley reguladora (salvo las del apartado 2 siguiente); no obstante, la factura es obligatoria en las operaciones exentas de acuerdo con el artículo 20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 15.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º y 28.º; b) las realizadas por empresarios o profesionales en actividades a las que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia (debe expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles sujetas y no exentas); c) las realizadas en actividades acogidas al régimen simplificado, salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos (debe expedirse factura en las transmisiones de activos fijos del artículo 123.Uno.B).3.º); d) aquellas en las que así lo autorice el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT para sectores o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades.

Apartado 2. No existe obligación de expedir factura por las prestaciones de servicios del artículo 20.uno.16.º y 18.º, apartados a) a n), de la Ley del Impuesto, salvo que: a) se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto o en otro Estado miembro de la Unión Europea y estén sujetas y no exentas; o b) se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla, estén sujetas y exentas y las realicen empresarios o profesionales distintos de entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, fondos de titulización y sus sociedades gestoras y entidades de crédito, a través de la sede de su actividad económica o establecimiento permanente situado en ese territorio. El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT puede eximir a otros empresarios o profesionales, previa solicitud, cuando lo justifiquen las prácticas comerciales o administrativas del sector o las condiciones técnicas de expedición.

Apartado 3. Tampoco están obligados a expedir factura por operaciones realizadas en actividades acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio del artículo 16.1 del Reglamento; en todo caso debe expedirse factura por las entregas de inmuebles del segundo párrafo del apartado uno del artículo 129 de la Ley del Impuesto.

Datos clave

  • Artículo 3 del Reglamento de obligaciones de facturación: no hay obligación de facturar, salvo en los supuestos del artículo 2.2, en operaciones exentas del artículo 20 de la Ley del IVA (con excepciones), recargo de equivalencia y régimen simplificado (salvo volumen de ingresos).
  • Siempre debe expedirse factura por entregas de inmuebles sujetas y no exentas en el recargo de equivalencia y por transmisiones de activos fijos del artículo 123.Uno.B).3.º en el régimen simplificado.
  • Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: sin obligación, pero sí por entregas de inmuebles del artículo 129.Uno, segundo párrafo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Excepciones a facturar: operaciones exentas del artículo 20 (con salvedades), recargo de equivalencia, régimen simplificado, autorización de la AEAT, ciertos servicios financieros y de seguros, y el régimen de agricultura, ganadería y pesca.

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Artículo 4. Facturas simplificadas.

El artículo 4 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula las facturas simplificadas.

Apartado 1. La obligación de expedir factura puede cumplirse mediante factura simplificada y copia de esta cuando: a) su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido, o b) deba expedirse una factura rectificativa.

Apartado 2. Los empresarios o profesionales pueden igualmente expedir factura simplificada y copia cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, en estas operaciones: a) ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores (entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las que el destinatario actúe como consumidor final; no son ventas al por menor las de bienes principalmente de utilización empresarial o profesional); b) ventas o servicios en ambulancia; c) ventas o servicios a domicilio del consumidor; d) transportes de personas y sus equipajes; e) servicios de hostelería y restauración y suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto; f) servicios de salas de baile y discotecas; g) servicios telefónicos mediante cabinas de uso público o tarjetas que no permitan identificar al portador; h) peluquería e institutos de belleza; i) utilización de instalaciones deportivas; j) revelado de fotografías y estudios fotográficos; k) aparcamiento y estacionamiento de vehículos; l) alquiler de películas; m) tintorería y lavandería; n) utilización de autopistas de peaje.

Apartado 3. El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT puede autorizar facturas simplificadas en otros supuestos cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector o las condiciones técnicas dificulten incluir todos los datos del artículo 6.

Apartado 4. No puede expedirse factura simplificada por: a) las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro (artículo 25 de la Ley del Impuesto); b) las entregas del artículo 68.Tres.a), salvo el régimen especial de la sección 3.ª del capítulo XI del título IX; c) las entregas o prestaciones realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto por un proveedor no establecido en él, cuando el sujeto pasivo sea el destinatario y este expida la factura conforme al artículo 5; d) las operaciones a que se refiere el artículo 2.3.b) b').

Datos clave

  • Artículo 4 del Reglamento de obligaciones de facturación: factura simplificada si el importe no excede de 400 euros (IVA incluido) o debe expedirse factura rectificativa.
  • También hasta 3.000 euros (IVA incluido) en ventas al por menor, hostelería y restauración, transporte de personas, peluquería, aparcamiento, tintorería, autopistas de peaje y otras operaciones enumeradas.
  • No puede expedirse factura simplificada en entregas a otro Estado miembro, entregas del artículo 68.Tres.a) (salvo régimen especial) ni cuando el destinatario sujeto pasivo expida la factura conforme al artículo 5.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La factura simplificada cabe hasta 400 euros (IVA incluido) o en rectificativas, y hasta 3.000 euros en ventas al por menor, hostelería, transporte de personas y otra lista de operaciones; nunca en entregas intracomunitarias.

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Artículo 5. Cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un tercero.

El artículo 5 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula el cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un tercero.

Apartado 1. La obligación del artículo 2 puede cumplirse materialmente por los destinatarios de las operaciones o por terceros; en cualquier caso, el empresario o profesional o sujeto pasivo obligado a expedir la factura es el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones del título. Las personas y entidades del artículo 62.6 del Reglamento del IVA que hayan optado por que facturen los destinatarios o terceros deben presentar una declaración censal comunicando la opción, la fecha desde la que la ejercen y, en su caso, la renuncia y su fecha de efecto.

Apartado 2. Para que el destinatario expida las facturas se requiere: a) un acuerdo previo a la realización de las operaciones, en el que el empresario o profesional autorice al destinatario la expedición de las facturas y se especifiquen las operaciones; b) un procedimiento de aceptación de cada factura por el empresario o profesional que realizó la operación, según determinen las partes; c) que el destinatario remita copia de las facturas al empresario o profesional que realizó la operación; d) que las facturas se expidan en nombre y por cuenta de este.

Apartado 3. Los empresarios, profesionales o sujetos pasivos pueden cumplir la obligación contratando a terceros a los que encomienden la expedición.

Apartado 4. Si el destinatario o el tercero no está establecido en la Unión Europea (salvo Canarias, Ceuta o Melilla o un país con instrumento de asistencia mutua de ámbito similar a la Directiva 2010/24/UE y al Reglamento (UE) n.º 904/2010), solo cabe la expedición por el destinatario o por terceros previa comunicación a la AEAT.

Datos clave

  • Artículo 5 del Reglamento de obligaciones de facturación: la factura puede expedirse materialmente por el destinatario o por un tercero; el obligado sigue siendo responsable.
  • Requisitos para que expida el destinatario: acuerdo previo, procedimiento de aceptación de cada factura, remisión de copia al empresario y expedición en nombre y por cuenta de este.
  • Si el destinatario o tercero no está establecido en la Unión Europea (con excepciones), se requiere comunicación previa a la AEAT.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La factura puede emitirla materialmente el destinatario o un tercero, pero el responsable sigue siendo el obligado; la autofacturación exige acuerdo previo, aceptación, copia y emisión en nombre del proveedor.

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Artículo 6. Contenido de la factura.

El artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula el contenido de la factura.

Apartado 1. Toda factura y sus copias contienen: a) número y, en su caso, serie, con numeración correlativa dentro de cada serie; son obligatorias series específicas para las facturas expedidas por los destinatarios o por terceros (una serie distinta para cada uno), las rectificativas y otras previstas en el Reglamento del IVA y en el artículo 84.Uno.2.º.g) de la Ley del IVA; b) fecha de expedición; c) nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura y del destinatario; d) Número de Identificación Fiscal del obligado a expedir la factura, y obligatoriamente el del destinatario en entregas exentas a otro Estado miembro (artículo 25), en operaciones cuyo destinatario sea el sujeto pasivo y en operaciones realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto por un obligado considerado establecido en él; e) domicilio del obligado a expedir y del destinatario; f) descripción de las operaciones, con todos los datos necesarios para determinar la base imponible (artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto), su importe, el precio unitario sin Impuesto y cualquier descuento o rebaja no incluido en el precio unitario; g) tipo o tipos impositivos aplicados; h) cuota tributaria repercutida, consignada por separado; i) fecha de realización de las operaciones o del pago anticipado, si es distinta de la de expedición; j) si la operación está exenta, referencia a la Directiva 2006/112/CE, a los preceptos de la Ley del Impuesto o indicación de que está exenta; k) en entregas de medios de transporte nuevos, sus características, fecha de primera puesta en servicio y distancias recorridas u horas de navegación o vuelo; l) la mención «facturación por el destinatario»; m) la mención «inversión del sujeto pasivo»; n) «régimen especial de las agencias de viajes»; o) «régimen especial de los bienes usados», «régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos de colección»; p) «régimen especial del criterio de caja».

Apartado 2. Debe especificarse por separado la parte de base imponible de cada operación cuando se documenten en una misma factura operaciones exentas y no exentas, operaciones con sujeto pasivo destinatario y otras sin esa circunstancia, u operaciones sujetas a diferentes tipos del IVA.

Apartado 3. En las operaciones del artículo 2.3.b).b').a'') puede omitirse la información de las letras f), g) y h) e indicarse el importe sujeto al Impuesto.

Apartado 4. A efectos del artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, tiene la consideración de factura la que contenga todos los datos y reúna los requisitos de este artículo.

Apartado 5. En facturas expedidas con los sistemas informáticos del artículo 7 del Reglamento de requisitos de sistemas y programas informáticos de facturación, debe incluirse además la representación gráfica del contenido parcial de la factura mediante un código «QR» (en factura electrónica puede sustituirse por el contenido que representa) y la frase «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VERI*FACTU» solo cuando el sistema remita todos los registros de facturación a la AEAT (artículos 15 y 16 de ese Reglamento).

Datos clave

  • Artículo 6 del Reglamento de obligaciones de facturación: datos de toda factura: número y serie correlativos, fecha de expedición, nombre o razón social de obligado y destinatario, NIF, domicilio, descripción y precio unitario sin Impuesto, tipo impositivo, cuota repercutida por separado y fecha de la operación si es distinta.
  • Series específicas obligatorias: facturas expedidas por destinatarios o terceros (una serie distinta para cada uno) y rectificativas.
  • Menciones: «facturación por el destinatario», «inversión del sujeto pasivo», «régimen especial de las agencias de viajes», «régimen especial del criterio de caja», entre otras.
  • Con sistemas informáticos de facturación, código QR y la frase «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VERI*FACTU» si se remiten todos los registros a la AEAT.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Contenido obligatorio de la factura completa: número y serie, fecha, identificación y NIF de las partes, domicilio, descripción, tipo y cuota, fecha de la operación, menciones especiales y, con sistemas informáticos, el código QR.

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Artículo 7. Contenido de las facturas simplificadas.

El artículo 7 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula el contenido de las facturas simplificadas.

Apartado 1. Las facturas simplificadas y sus copias contienen: a) número y, en su caso, serie, con numeración correlativa; pueden expedirse series separadas cuando haya razones que lo justifiquen (varios establecimientos, operaciones de distinta naturaleza, expedidas por destinatarios o terceros, rectificativas); si en un mismo año natural se expiden facturas conforme a este artículo y al artículo 6, es obligatoria la expedición en series separadas; b) fecha de expedición; c) fecha de realización de las operaciones o del pago anticipado si es distinta; d) Número de Identificación Fiscal y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedirla; e) identificación del tipo de bienes entregados o servicios prestados; f) tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, la expresión «IVA incluido» (si hay varios tipos, debe especificarse por separado la base imponible de cada operación); g) contraprestación total; h) en facturas rectificativas, referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican; i) en los supuestos de las letras j) a p) del artículo 6.1, las menciones allí referidas.

Apartado 2. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional y lo exija, el expedidor debe hacer constar además el Número de Identificación Fiscal y el domicilio del destinatario y la cuota tributaria repercutida, consignada por separado.

Apartado 3. También deben hacerse constar esos datos cuando el destinatario no sea empresario o profesional y lo exija para el ejercicio de un derecho de naturaleza tributaria.

Apartado 4. El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT puede exigir menciones adicionales (sin exigir más información que la del artículo 6) o autorizar facturas simplificadas sin las menciones de las letras a), c), f), g) e i) del apartado 1 y del apartado 2, siempre que, si se omiten las letras f) o g), conste la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla; los acuerdos deben tener la debida publicidad.

Apartado 5. En facturas simplificadas expedidas con los sistemas informáticos del artículo 7 del Reglamento de requisitos de sistemas informáticos de facturación, debe incluirse lo contenido en el apartado 5 del artículo 6.

Datos clave

  • Artículo 7 del Reglamento de obligaciones de facturación: contenido de la factura simplificada: número y serie, fecha de expedición, fecha de la operación si es distinta, NIF y nombre del expedidor, tipo de bienes o servicios, tipo impositivo (opcionalmente «IVA incluido») y contraprestación total.
  • En facturas rectificativas, referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada.
  • Si el destinatario es empresario o profesional y lo exige, deben constar su NIF y domicilio y la cuota repercutida por separado; igual si no es empresario y lo exige para un derecho de naturaleza tributaria.
  • Si se expiden facturas conforme a este artículo y al artículo 6 en un mismo año natural, deben usarse series separadas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La factura simplificada lleva menos datos: número y serie, fechas, NIF y nombre del expedidor, tipo de bienes o servicios, tipo impositivo y contraprestación total; los datos del destinatario solo si este los exige.

Esquema

Factura completa y simplificada
Completa (artículo 6)Simplificada (artículo 7)
DestinatarioNombre, NIF y domicilioNIF y domicilio solo si lo exige
CuotaRepercutida, siempre por separadoPor separado solo si el destinatario lo exige
ImportePrecio unitario sin ImpuestoContraprestación total

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Artículo 8. Medios de expedición de las facturas.

El artículo 8 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula los medios de expedición de las facturas.

Apartado 1. Las facturas pueden expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación, sin perjuicio del artículo 8 bis.

Apartado 2. La autenticidad del origen garantiza la identidad del obligado a su expedición y del emisor de la factura; la integridad del contenido garantiza que no ha sido modificado.

Apartado 3. La autenticidad del origen y la integridad del contenido pueden garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y, en particular, mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, que deben permitir crear una pista de auditoría fiable que establezca la conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que documenta.

Apartado 4. Se presume acreditada la autenticidad del origen y la integridad del contenido cuando la factura se haya expedido con un sistema o programa informático conforme a los requisitos del Reglamento que establece los requisitos de los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Datos clave

  • Artículo 8 del Reglamento de obligaciones de facturación: las facturas pueden expedirse en papel o en formato electrónico garantizando autenticidad del origen, integridad del contenido y legibilidad durante todo el periodo de conservación.
  • La autenticidad y la integridad pueden garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, en particular con los controles de gestión usuales que creen una pista de auditoría fiable.
  • Se presumen acreditadas cuando se expida con un sistema informático conforme al Reglamento de requisitos de sistemas y programas de facturación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La factura puede ser en papel o electrónica, siempre que garantice autenticidad del origen, integridad del contenido y legibilidad durante todo el periodo de conservación; con sistema informático conforme, se presumen.

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Artículo 8 bis. Factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales.

El artículo 8 bis del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales.

Apartado 1. Es obligatoria la factura electrónica en las condiciones de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la sociedad de la Información, y su normativa de desarrollo, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que tenga en España la sede de su actividad económica, o un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que las operaciones tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento, domicilio o residencia. No se aplica cuando se expida factura simplificada del artículo 4, salvo las del artículo 7.2.

Apartado 2. La persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa puede excluir temporal o definitivamente de la obligación a otras operaciones en atención al buen funcionamiento económico del sector concernido.

Apartado 3. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica obligatoria expedida en las condiciones de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se acreditan mediante los procedimientos de los artículos 7.3 y 11.7 del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales.

Datos clave

  • Artículo 8 bis del Reglamento de obligaciones de facturación: factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales cuando el destinatario tenga en España su sede de actividad económica, establecimiento permanente o, en su defecto, domicilio o residencia habitual (Ley 56/2007).
  • No se aplica a las facturas simplificadas del artículo 4, salvo las del artículo 7.2.
  • La persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa puede excluir temporal o definitivamente otras operaciones.
  • Autenticidad e integridad: procedimientos de los artículos 7.3 y 11.7 del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La factura electrónica es obligatoria cuando el destinatario es empresario o profesional con sede, establecimiento o domicilio en España; no alcanza a las simplificadas del artículo 4, salvo las del artículo 7.2.

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Artículo 9. Factura electrónica.

El artículo 9 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula la factura electrónica.

Apartado 1. Se entiende por factura electrónica la que se ajuste al Reglamento y haya sido expedida, transmitida y recibida en formato electrónico. La factura electrónica obligatoria del artículo 8 bis debe reunir las características técnicas del artículo 7 del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, y de sus normas de desarrollo.

Apartado 2. La expedición, transmisión y recepción de la factura electrónica está condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento, excepto en los supuestos de factura electrónica obligatoria del artículo 8 bis.

Datos clave

  • Artículo 9 del Reglamento de obligaciones de facturación: factura electrónica es la expedida, transmitida y recibida en formato electrónico conforme al Reglamento.
  • La factura electrónica obligatoria debe reunir las características técnicas del artículo 7 del Real Decreto 238/2026.
  • Su expedición, transmisión y recepción requiere el consentimiento del destinatario, salvo en los supuestos de factura electrónica obligatoria del artículo 8 bis.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Factura electrónica es la que se expide, transmite y recibe en formato electrónico; requiere el consentimiento del destinatario, salvo cuando es obligatoria por el artículo 8 bis.

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Artículo 10. Autenticidad e integridad de la factura electrónica.

El artículo 10 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula la autenticidad e integridad de la factura electrónica.

Apartado 1. La autenticidad del origen y la integridad del contenido pueden garantizarse por cualquiera de los medios del artículo 8 y, en la factura electrónica obligatoria, del artículo 8 bis. En particular, quedan garantizadas por alguna de estas formas: a) firma electrónica avanzada basada en un certificado electrónico cualificado de firma, o sello electrónico avanzado basado en un certificado electrónico cualificado de sello, conforme al Reglamento 910/2014/UE; b) intercambio electrónico de datos (EDI), definido en el artículo 2 del anexo I de la Recomendación 94/820/CE de la Comisión, cuando el acuerdo prevea procedimientos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de los datos; c) otros medios comunicados a la AEAT con carácter previo a su utilización y validados por ella.

Apartado 2. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional y sea obligatoria la factura electrónica (artículo 2 bis de la Ley 56/2007), la autenticidad y la integridad quedan garantizadas mediante los procedimientos del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo. Si se utiliza la solución pública de facturación electrónica del artículo 11 de ese real decreto, quedan garantizadas mediante los procedimientos que la AEAT tenga establecidos para esa finalidad.

Datos clave

  • Artículo 10 del Reglamento de obligaciones de facturación: la autenticidad e integridad de la factura electrónica pueden garantizarse por los medios del artículo 8 y, si es obligatoria, del artículo 8 bis.
  • Formas: firma electrónica avanzada con certificado cualificado o sello electrónico avanzado (Reglamento 910/2014/UE), intercambio electrónico de datos (EDI) o medios comunicados previamente a la AEAT y validados por ella.
  • En factura electrónica obligatoria, mediante los procedimientos del Real Decreto 238/2026; con la solución pública de facturación electrónica, mediante los procedimientos de la AEAT.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cómo se garantiza que una factura electrónica viene de quien dice y no se ha tocado: tres vías generales (firma o sello avanzado, EDI, medios validados por la AEAT) y un régimen propio cuando la factura electrónica es obligatoria.

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Artículo 11. Plazo para la expedición de las facturas.

El artículo 11 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) regula el plazo para la expedición de las facturas.

Apartado 1. Las facturas deben expedirse en el momento de realizarse la operación. No obstante, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, deben expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación.

Apartado 2. En las entregas de bienes del artículo 75.Uno.8.º de la Ley del Impuesto, las facturas deben expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.

Apartado 3. En las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja (Capítulo X del Título IX de la Ley del Impuesto), la factura debe expedirse en el momento de realizarse las operaciones, salvo cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal: entonces, antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya realizado la operación.

Datos clave

  • Artículo 11 del Reglamento de obligaciones de facturación: las facturas se expiden en el momento de realizarse la operación.
  • Si el destinatario es empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo.
  • Entregas del artículo 75.Uno.8.º: antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se inicie la expedición o transporte de los bienes.
  • Criterio de caja: en el momento de la operación, salvo destinatario empresario o profesional, caso en que se aplica el día 16 del mes siguiente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La factura se expide al hacer la operación, pero si el destinatario es empresario o profesional hay margen: antes del día 16 del mes siguiente. Ese mismo día 16 se aplica a las entregas del artículo 75.Uno.8.º y al criterio de caja.

Esquema

Plazo de expedición
Destinatario no empresarioEmpresario o profesional
Regla generalAl realizarse la operaciónAntes del día 16 del mes siguiente al devengo
Criterio de cajaAl realizarse la operaciónAntes del día 16 del mes siguiente a la operación

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