La jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el proceso contencioso-administrativo: Capacidad, legitimación y defensa. Principales aspectos del proceso contencioso-administrativo. La sentencia. Recursos contra sentencias.
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Artículo 1
1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración local.
d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.
3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Datos clave
- El orden contencioso-administrativo conoce de la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo.
- También de las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y de los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- Son Administraciones públicas a estos efectos: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a ellas.
- Incluye actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos autonómicos análogos.
- Incluye los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija qué es Administración pública a efectos de este orden (AGE, CCAA, entes locales y sus entidades vinculadas) y añade ciertos actos de órganos constitucionales y de la Administración electoral.
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Artículo 2
El artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, enumera las cuestiones de las que conocerá el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
Datos clave
- Respecto de los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno autonómicos, conoce de la protección de derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones, cualquiera que sea la naturaleza del acto.
- Conoce de los contratos administrativos y de los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública.
- Conoce de los actos de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
- Conoce de los actos de control de la Administración concedente sobre los concesionarios de servicios públicos.
- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones no puede demandarse ante los órdenes civil o social, aunque concurran particulares o haya seguro de responsabilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista positiva de lo que conoce el orden contencioso-administrativo: actos del Gobierno en sus aspectos controlables, contratos, Corporaciones de Derecho público, concesionarios, responsabilidad patrimonial y lo que atribuya una ley.
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Artículo 3
El artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, delimita negativamente su ámbito. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.
Datos clave
- Quedan fuera las cuestiones atribuidas expresamente a los órdenes civil, penal y social, aunque se relacionen con la actividad administrativa.
- Queda fuera el recurso contencioso-disciplinario militar.
- Quedan fuera los conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y la Administración y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
- Los recursos contra las Normas Forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lo que queda fuera del contencioso-administrativo: materias de otros órdenes, el contencioso-disciplinario militar, los conflictos de jurisdicción y de atribuciones y los recursos contra las Normas Forales fiscales vascas.
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Artículo 4. Cuestiones prejudiciales e incidentales
1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
2. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.
Datos clave
- El orden contencioso-administrativo conoce de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo.
- Quedan excluidas las cuestiones de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.
- La decisión no produce efectos fuera del proceso en que se dicta.
- La decisión no vincula al orden jurisdiccional correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez contencioso puede resolver cuestiones prejudiciales e incidentales de otros órdenes ligadas a su recurso, salvo las constitucionales, las penales y lo que digan los Tratados; lo que decida solo vale dentro de ese proceso.
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Artículo 5. Improrrogabilidad y falta de jurisdicción
El artículo 5 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece el carácter improrrogable de esta jurisdicción y el tratamiento de la falta de jurisdicción.
1. La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.
2. Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, si la nueva demanda que se formule ante el juzgado o tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en la referida resolución se presenta en el plazo de un mes desde que fuera notificada, se entenderá presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si se hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa. Al objeto de acreditar tales extremos la parte interesada podrá solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano judicial que haya dictado la resolución a que se refiere el apartado anterior.
La redacción vigente del apartado 3 procede del artículo 102.1 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable.
- La falta de jurisdicción se aprecia de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
- El plazo de audiencia es un plazo común de diez días.
- Si la nueva demanda ante el orden competente se presenta en el plazo de un mes desde la notificación, se entiende presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.
- Ese efecto exige haber seguido las indicaciones de la notificación del acto o que ésta fuese defectuosa.
- La parte interesada puede solicitar testimonio de los particulares necesarios al órgano judicial que dictó la resolución.
- Apartado 3 modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La jurisdicción contencioso-administrativa es improrrogable: la falta de jurisdicción se aprecia de oficio, con audiencia de diez días, y quien acude después al orden competente en un mes conserva la fecha inicial.
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Artículo 6
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes órganos:
a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Datos clave
- El artículo 6 de la LJCA enumera cinco tipos de órganos del orden contencioso-administrativo.
- Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
- Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera, de menor a mayor, los cinco órganos que forman el orden CA: Juzgados, Juzgados Centrales, Salas de los TSJ, Sala de la Audiencia Nacional y Sala del Tribunal Supremo.
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Artículo 7
El artículo 7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la extensión y el carácter improrrogable de la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional.
1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los términos señalados en el artículo 103.1.
2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
3. La declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso, con emplazamiento a las partes para que en el plazo de diez días comparezcan ante el mismo. Si la competencia pudiera corresponder a un tribunal superior en grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.
Esta redacción del apartado 3 procede del artículo 102.2 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- El órgano competente para un asunto lo es también para sus incidencias y para ejecutar sus sentencias (art. 103.1).
- La competencia no es prorrogable y se aprecia incluso de oficio.
- Antes de resolver se oye a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.
- La declaración de incompetencia adopta la forma de auto y se hace antes de la sentencia.
- Se emplaza a las partes para que comparezcan en diez días ante el órgano que se estime competente.
- Si el competente es un tribunal superior en grado, se acompaña exposición razonada y se está a lo que este resuelva.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El órgano competente lo es también para las incidencias y la ejecución. Su competencia no es prorrogable: se aprecia incluso de oficio y la incompetencia se declara por auto antes de la sentencia, remitiendo las actuaciones.
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Artículo 8
1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia según lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.
2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela.
Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.
4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.
6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada.
Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.
Se modifica el apartado 6 por el art. 12 de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Ref. BOE-A-2021-11473#ad-2
Se modifica el apartado 6 por la disposición final 2.1 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-10923#df-2
Se modifica el apartado 6 por la disposición final 1 de la Ley 26/2015, de 28 de julio. Ref. BOE-A-2015-8470 .
Se modifica el apartado 4 por el art. 3.1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2011-15937 .
Se modifica el apartado 6 por la disposición adicional 7.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2007-12946 .
Se modifica por la disposición adicional 14.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23644 .
Se añade un segundo párrafo al apartado 5 por la disposición final 14.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero. Ref. BOE-A-2000-323 .
Datos clave
- Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocen de los actos de las entidades locales, excluidos los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- De los actos autonómicos (salvo los del Consejo de Gobierno) conocen en materia de personal, salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
- Sanciones: multas no superiores a 60.000 euros y ceses o privaciones de derechos que no excedan de seis meses.
- Responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.
- Se exceptúan los actos de la Administración periférica del Estado de cuantía superior a 60.000 euros.
- Conocen de todas las resoluciones en materia de extranjería de la Administración periférica del Estado o de las Comunidades Autónomas.
- Autorizan la entrada en domicilios para la ejecución forzosa de actos administrativos y ratifican medidas sanitarias urgentes que limiten derechos fundamentales de personas identificadas.
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Fija qué conocen los Juzgados de lo CA: actos de entes locales, y de las CCAA en personal, sanciones (multas ≤60.000 €, cese ≤6 meses) y responsabilidad patrimonial ≤30.050 €, entre otras materias.
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Artículo 9
1. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
a) En primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo 11.1.a) sobre personal militar.
b) En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artículo 8.
c) En primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo i) del apartado 1 del artículo 10.
d) En primera o única instancia, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
f) En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva.
Téngase en cuenta que el Comité de Disciplina Deportiva queda suprimido y que todas sus funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, según se establece en la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-A-2013-6732 .
2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.
3. Igualmente conocerán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
Datos clave
- Los Juzgados Centrales conocen de los actos de Ministros y Secretarios de Estado en materia de personal, salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
- Conocen de los recursos contra organismos públicos estatales con competencia en todo el territorio nacional.
- Responsabilidad patrimonial de Ministros y Secretarios de Estado cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
- En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de peticiones de asilo político.
- Las funciones del Comité Español de Disciplina Deportiva corresponden hoy al Tribunal Administrativo del Deporte.
- Conocen del procedimiento del artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija qué conocen los Juzgados Centrales de lo CA: actos de Ministros y Secretarios de Estado en personal, organismos públicos estatales, responsabilidad patrimonial ≤30.050 € y asilo político.
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Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.
m) Los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas referidos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
n) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.
3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
5. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99.
6. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el artículo 101.
7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.
8. (Anulado)
Se modifica la letra m) del apartado 1 y se añade la n) por la disposición final 2.1 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Ref. BOE-A-2023-4513#df-2
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 8, en la redacción dada por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio. Ref. BOE-A-2022-11086
Se modifica por la disposición final 2.2 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Ref. BOE-A-2020-10923#df-2
Se añade el apartado 7 por la disposición final 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-6
Se renumera la letra K) como m) y se añaden las nuevas letras k) y l) al apartado 1 por el art. 3.1 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Ref. BOE-A-2010-12765 .
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Ref. BOE-A-2007-12946 .
Datos clave
- Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia de los actos de entidades locales y Comunidades Autónomas no atribuidos a los Juzgados.
- También de las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
- Conocen de los actos de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y del TEAC en materia de tributos cedidos.
- Conocen de los actos de órganos estatales de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado en personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
- En segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias y autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
- Conocen del recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 99) y en interés de la ley (art. 101).
- El apartado 8 fue anulado por la Sentencia del TC 70/2022, de 2 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las Salas de lo CA de los TSJ conocen en única instancia de actos y disposiciones autonómicas y locales no atribuidos a los Juzgados, y en segunda instancia de las apelaciones contra estos.
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Artículo 11
El artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina las competencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros, aun cuando se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno, y de los Secretarios de Estado, en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo, conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.
b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e).
e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k).
g) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
h) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
i) (Anulado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2022, de 2 de junio).
2. Conocerá, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
3. Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
4. También conocerá de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.
La redacción vigente de la letra a) del apartado 1 procede del artículo 21.1 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.
Datos clave
- La Audiencia Nacional conoce en única instancia de las disposiciones y actos de Ministros y Secretarios de Estado, aunque se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas.
- También de los actos de órganos centrales del Ministerio de Defensa sobre ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.
- Conoce de los convenios entre Administraciones no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
- Conoce de los actos económico-administrativos del Ministro de Economía y Hacienda y del TEAC, salvo tributos cedidos (art. 10.1.e).
- Conoce de las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los actos del Banco de España, la CNMV y el FROB.
- En segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales.
- La letra i) del apartado 1 fue anulada por la STC 70/2022, de 2 de junio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional: en única instancia, actos de Ministros y Secretarios de Estado y de varios órganos centrales; en segunda instancia, apelaciones contra los Juzgados Centrales.
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Artículo 12
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado.
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
2. Conocerá también de:
a) Los recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.
b) Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.
c) Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artículo 61.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. Asimismo conocerá de:
a) Los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral.
b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.
Se modifica la letra b) del apartado 1 por la disposición final 4 de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2022-14580#df-4
Se añade el apartado 4 por la disposición final 6.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16673#df-6
Datos clave
- La Sala Tercera del Tribunal Supremo conoce en única instancia de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- También de los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado.
- Conoce de los actos de personal, administración y gestión patrimonial del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo.
- Conoce de los recursos de casación de cualquier modalidad y de los recursos de queja correspondientes.
- Conoce de los actos de la Junta Electoral Central y de los recursos contencioso-electorales sobre proclamación de electos.
- Autoriza al amparo del artículo 122 ter cuando lo solicita el Consejo General del Poder Judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Competencias de la Sala Tercera del Supremo: en única instancia, los actos y disposiciones de los órganos superiores del Estado; además, casación, queja, revisión, materia electoral y la autorización del art. 122 ter pedida por el CGPJ.
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Artículo 13
Para aplicar las reglas de distribución de competencia contenidas en los artículos anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Las referencias que se hacen a la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas.
b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de vía de hecho.
c) Salvo disposición expresa en contrario, la atribución de competencia por razón de la materia prevalece sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.
Datos clave
- Las referencias a cada Administración comprenden a sus entidades y corporaciones dependientes o vinculadas.
- La competencia para conocer de recursos contra actos incluye la inactividad y la vía de hecho.
- Salvo disposición expresa en contrario, prevalece la atribución por razón de la materia sobre la del órgano autor del acto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres criterios para aplicar el reparto de competencias: cada Administración arrastra a sus entes dependientes o vinculados; la competencia sobre actos incluye inactividad y vía de hecho; y la materia pesa más que el órgano autor del acto.
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Artículo 14
1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinará conforme a las siguientes reglas:
Primera. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.
Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Tercera. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.
2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.
Se modifica el apartado 1, segunda regla por el art. 3.2 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Ref. BOE-A-2011-15937 .
Se añade el párrafo segundo a la regla segunda del apartado 1 por el art. 14.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .
Datos clave
- Regla primera: es competente el órgano jurisdiccional de la circunscripción donde tenga su sede el órgano autor del acto originario.
- Regla segunda: en responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante elige entre su domicilio y la sede del órgano autor.
- Si el acto es autonómico o local, esa elección se limita a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de la sede del órgano autor.
- Regla tercera: en planes de ordenación urbana, actuaciones urbanísticas y expropiatorias es competente el órgano donde radiquen los inmuebles.
- Con pluralidad de destinatarios y diversos órganos competentes, decide la sede del órgano autor del acto originario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija el fuero territorial: por regla general, el órgano donde tenga su sede quien dictó el acto; en responsabilidad, personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir.
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Artículo 15
El artículo 15 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actuará dividida en Secciones, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la Sección, salvo en el supuesto previsto en el artículo 96.6 en el que la Sección a que se refiere será presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
2. Para la vista o deliberación y fallo será necesaria la concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:
a) Todos los que componen la Sección para decidir los recursos de casación y revisión.
b) Cuatro en los demás casos.
3. Para el despacho ordinario será suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
Datos clave
- La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actúa dividida en Secciones, presididas por el Presidente de la Sala o por el Magistrado más antiguo de la Sección.
- Excepción: en el supuesto del artículo 96.6 la Sección es presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
- Vista, deliberación y fallo: concurren el que preside y todos los componentes de la Sección en los recursos de casación y revisión, y cuatro Magistrados en los demás casos.
- Despacho ordinario: basta el que presida y dos Magistrados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Sala Tercera del Tribunal Supremo funciona en Secciones. Quórum: todos los de la Sección para casación y revisión, cuatro magistrados en los demás casos y dos para el despacho ordinario, además de quien preside.
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Artículo 16
El artículo 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se compondrá de las Secciones que aconseje el número de asuntos, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los integrantes de la Sección.
2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el número de sus miembros exceda de cinco, actuarán divididas en Secciones, cuyo Presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la Sección.
3. Para la vista o deliberación y fallo, y despacho ordinario, será suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.
4. La resolución de los recursos de casación en interés de la ley, de casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomendará a una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
Datos clave
- La Sala de la Audiencia Nacional se compone de las Secciones que aconseje el número de asuntos.
- Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia actúan divididas en Secciones cuando el número de sus miembros exceda de cinco.
- Vista, deliberación y fallo, y despacho ordinario: basta el que presida y dos Magistrados.
- Los recursos de casación en interés de la ley, de casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomiendan a una Sección con sede en el Tribunal Superior de Justicia, de cinco miembros, presidida por el Presidente de la Sala.
- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establece cada año judicial el turno de los Presidentes de Sección y de los Magistrados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Organización de la Audiencia Nacional y de los TSJ: Secciones según los asuntos o si la Sala supera cinco miembros; quórum de quien preside y dos magistrados; y una Sección especial de cinco para ciertas casaciones y la revisión.
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Artículo 17
El artículo 17 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La distribución de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una misma Sala, será acordada por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los recursos.
2. Idéntico criterio se tendrá en cuenta para la distribución de asuntos entre los diversos Juzgados de lo Contencioso-administrativo de una misma población. La aprobación corresponderá a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional.
3. Los acuerdos sobre distribución de asuntos se adoptarán cada dos años y se comunicarán al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación, antes de la apertura de Tribunales, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la Comunidad Autónoma, según corresponda.
En caso de resultar alterada la competencia de los distintos Juzgados con sede en un mismo partido judicial, de las diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas Secciones de una Sala por razón de una nueva distribución de asuntos, de los procesos en tramitación continuará conociendo y fallará el órgano jurisdiccional que resultare competente al tiempo de la interposición del recurso, según los acuerdos entonces vigentes.
Datos clave
- La distribución de asuntos entre Salas de un mismo Tribunal o entre Secciones de una misma Sala la acuerda la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, atendiendo a la naturaleza y homogeneidad de la materia.
- Entre Juzgados de una misma población la aprueba la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.
- Los acuerdos de distribución se adoptan cada dos años y se comunican al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicación antes de la apertura de Tribunales.
- Si la competencia resulta alterada, de los procesos en tramitación sigue conociendo el órgano competente al tiempo de la interposición del recurso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reparto de asuntos entre Salas, Secciones y Juzgados por naturaleza y homogeneidad de la materia; acuerdos cada dos años publicados antes de la apertura de Tribunales, y perpetuación de la competencia en los procesos en curso.
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Artículo 18
El artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare expresamente.
Datos clave
- Tienen capacidad procesal, además de quienes la ostenten según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para defender los derechos e intereses legítimos cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
- Los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos tienen capacidad procesal cuando la Ley lo declare expresamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Capacidad procesal ampliada en el contencioso: además de quienes la tengan según la LEC, los menores para defender lo que pueden hacer solos y ciertos entes sin personalidad cuando una ley lo diga.
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Artículo 19
1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.
d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.
f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.
g) Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines.
h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.
i) Para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, además de las personas afectadas y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para instar acciones judiciales en defensa de derechos o intereses difusos corresponderá a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativos, así como a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de ámbito estatal, y a las organizaciones, de ámbito estatal o del ámbito territorial en el que se produce la situación de discriminación, que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio en todo caso de la legitimación individual de aquellas personas afectadas que estuviesen determinadas.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio.
j) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias.
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
k) Los sindicatos estarán también legitimados para actuar, en nombre interés del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos que así lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, recayendo sobre dichos afiliados los efectos de aquella actuación.
2. La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislación de régimen local.
4. Las Administraciones públicas y los particulares podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público sin necesidad, en el primer caso, de declaración de lesividad.
5. Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.
Datos clave
- Están legitimadas las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
- Las entidades locales territoriales pueden impugnar actos y disposiciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten a su autonomía.
- Cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes.
- La Administración autora de un acto puede impugnarlo previa declaración de lesividad.
- El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre de las entidades locales se rige por la legislación de régimen local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera quién está legitimado para recurrir: quien tenga derecho o interés legítimo, entes colectivos, Administraciones entre sí, el Ministerio Fiscal y, en casos tasados, cualquier ciudadano por acción popular.
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Artículo 20
El artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública:
a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.
Datos clave
- No pueden recurrir en vía contencioso-administrativa los órganos de la Administración ni los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
- Tampoco los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la Administración.
- Tampoco las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan.
- Se exceptúan las entidades a las que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién no puede recurrir la actividad de una Administración: sus propios órganos y miembros de órganos colegiados, los particulares que actúan por ella y sus entes dependientes o vinculados, cada uno con su excepción.
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Artículo 21
El artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Se considera parte demandada:
a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones públicos sujetos a fiscalización de una Administración territorial, se entiende por Administración demandada:
a) El Organismo o Corporación autores del acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización es aprobatorio.
b) La que ejerza la fiscalización, si mediante ella no se aprueba íntegramente el acto o disposición.
3. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.
4. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida.
Datos clave
- Es parte demandada la Administración pública u órgano contra cuya actividad se dirige el recurso.
- También lo son las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos puedan quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
- Las aseguradoras de las Administraciones públicas son siempre parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
- En la fiscalización de Organismos o Corporaciones públicos, es Administración demandada el autor del acto si la fiscalización es aprobatoria, y la que fiscaliza si no aprueba íntegramente el acto o disposición.
- Los órganos que resuelven los recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación no son parte demandada; lo son las personas o Administraciones favorecidas por el acto.
- Si el recurso se funda en la ilegalidad de una disposición general, también es demandada la Administración autora de ésta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Quién es parte demandada en el contencioso: la Administración autora de la actividad, los afectados por la estimación y sus aseguradoras, con reglas especiales para la fiscalización, los órganos de recursos contractuales y la disposición general ilegal.
Esquema
| Fiscalización aprobatoria | No aprueba íntegramente | |
|---|---|---|
| Administración demandada | El Organismo o Corporación autor del acto | La Administración que ejerce la fiscalización |
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Artículo 22
El artículo 22 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.
Datos clave
- Si la legitimación deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la parte inicial en cualquier estado del proceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la legitimación nace de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede ocupar el lugar de la parte inicial en cualquier momento del proceso.
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Artículo 23
El artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.
2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
En este caso, estarán obligados al empleo de los sistemas electrónicos existentes, tanto para la remisión de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, como para la recepción de notificaciones, de forma tal que esté garantizada su autenticidad y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.
4. En todo caso, la representación prevista en este artículo podrá conferirse electrónicamente a través de los medios establecidos para ello.
Datos clave
- Ante órganos unipersonales, las partes pueden conferir su representación a un Procurador y son asistidas en todo caso por Abogado; si confieren la representación al Abogado, a éste se notifican las actuaciones.
- Ante órganos colegiados, las partes deben conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado.
- Pueden comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
- En ese caso están obligados a emplear los sistemas electrónicos existentes para la remisión de escritos y la recepción de notificaciones.
- La representación puede conferirse electrónicamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Representación y defensa de las partes: ante unipersonales, Procurador potestativo y Abogado siempre; ante colegiados, ambos obligatorios. Los funcionarios pueden defenderse solos en cuestiones de personal, salvo separación de inamovibles.
Esquema
| Órganos unipersonales | Órganos colegiados | |
|---|---|---|
| Procurador | Podrán conferirle la representación | Deberán conferirle la representación |
| Abogado | Asistencia en todo caso | Deben ser asistidas por Abogado |
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Artículo 24
El artículo 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas.
Datos clave
- La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
- Se aplican también las normas que dicten las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La representación y defensa de las Administraciones y órganos constitucionales no la regula esta ley: remite a la LOPJ, a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las normas autonómicas.
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Artículo 25
1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.
Datos clave
- Es admisible contra disposiciones de carácter general y contra actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa.
- Los actos de trámite son recurribles si deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable.
- También es admisible contra la inactividad de la Administración.
- También contra las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué se puede recurrir: disposiciones generales, actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa (los de trámite solo si son cualificados), la inactividad y la vía de hecho.
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Artículo 26
1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
Datos clave
- Cabe la impugnación directa de las disposiciones de carácter general.
- Cabe también impugnar los actos de aplicación fundándose en que la disposición no es conforme a Derecho (impugnación indirecta).
- No impide la impugnación indirecta que la disposición no se recurriera directamente.
- Tampoco lo impide la desestimación del recurso directo interpuesto contra ella.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Un reglamento ilegal se puede atacar de forma directa o indirecta: impugnando los actos que lo aplican por ser ilegal la disposición. Haberlo dejado sin recurrir, o perder el recurso directo, no cierra esa vía.
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Artículo 27. Cuestión de ilegalidad.
1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
Datos clave
- Regla general: el Juez o Tribunal que dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal una disposición general aplicada debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para el recurso directo.
- Si el mismo Juez o Tribunal es competente para el recurso directo contra la disposición, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
- El Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general, sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando un juez anula un acto por ser ilegal el reglamento que aplicaba, debe llevar ese reglamento al tribunal del recurso directo (cuestión de ilegalidad), salvo que él mismo sea ese tribunal o que sea el Tribunal Supremo.
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Artículo 28
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Datos clave
- No es admisible contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes.
- No es admisible contra actos confirmatorios de actos consentidos.
- Un acto se considera consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos tipos de actos no admiten recurso: los que reproducen otros anteriores definitivos y firmes, y los que confirman actos consentidos por no haberse recurrido en tiempo y forma. Así no se reabren plazos ya cerrados.
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Artículo 29
1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.
Datos clave
- La inactividad recurrible exige una obligación de realizar una prestación concreta a favor de personas determinadas, derivada de disposición general sin actos de aplicación, acto, contrato o convenio.
- Primero hay que reclamar a la Administración el cumplimiento.
- Si en tres meses desde la reclamación no cumple ni llega a acuerdo, cabe recurso contencioso-administrativo.
- Si la Administración no ejecuta sus actos firmes, los afectados pueden pedir la ejecución y, si no se produce en un mes, recurrir.
- El recurso por falta de ejecución de actos firmes se tramita por el procedimiento abreviado del artículo 78.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración debe una prestación concreta y no la cumple en tres meses desde la reclamación, o no ejecuta un acto firme en un mes desde que se pide, cabe recurso contra su inactividad.
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Artículo 30
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
Datos clave
- Ante una vía de hecho, el interesado puede requerir a la Administración actuante para que cese.
- El requerimiento es potestativo («podrá formular»).
- Si no se formula o no es atendido en diez días desde su presentación, cabe recurso contencioso-administrativo directo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante una vía de hecho, el interesado puede requerir a la Administración que cese; si no lo hace o esta no le atiende en diez días desde que presentó el requerimiento, puede recurrir directamente.
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Artículo 31
1. El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según el capítulo precedente.
2. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.
Datos clave
- Pretensión de anulación: declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, anulación de actos y disposiciones.
- Pretensión de plena jurisdicción: reconocimiento de una situación jurídica individualizada.
- Puede pedirse la adopción de medidas para el pleno restablecimiento de esa situación.
- Entre esas medidas, la indemnización de daños y perjuicios, cuando proceda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El demandante puede pedir que se declare no conforme a Derecho y se anule el acto o disposición, y además el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, incluida la indemnización.
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Artículo 32
1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
2. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.
Datos clave
- Frente a la inactividad (artículo 29), se pide la condena de la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.
- Frente a la vía de hecho, se pide que se declare contraria a Derecho.
- También que se ordene el cese de la actuación.
- Y, en su caso, las demás medidas del artículo 31.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué se puede pedir según lo que se recurra: ante la inactividad, que se condene a la Administración a cumplir sus obligaciones tal como están fijadas; ante una vía de hecho, que se declare ilegal, que cese y otras medidas del art. 31.2.
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Artículo 33. Límites del enjuiciamiento.
1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.
2. Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno.
3. Esto mismo se observará si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposición general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los preceptos recurridos.
Datos clave
- Los órganos contencioso-administrativos juzgan dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.
- Si pudieran existir otros motivos no apreciados por las partes, se someten a ellas mediante providencia, sin prejuzgar el fallo.
- Plazo común para alegaciones: diez días, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.
- Contra la providencia no cabe recurso alguno.
- Igual procedimiento si, impugnados directamente ciertos preceptos de una disposición general, se extiende el enjuiciamiento a otros por conexión o consecuencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El tribunal falla dentro de lo pedido y alegado por las partes, pero si aprecia otros motivos posibles debe someterlos antes a las partes mediante providencia, con diez días para alegar.
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Artículo 34
El artículo 34 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación.
2. Lo serán también las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
Datos clave
- Son acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación.
- También lo son las referidas a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros.
- Basta cualquier otra conexión directa entre los actos, disposiciones o actuaciones para que sus pretensiones sean acumulables.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuándo se pueden juntar pretensiones en un mismo proceso: si se refieren al mismo acto, disposición o actuación, o a varios conectados por reproducción, confirmación, ejecución u otra conexión directa.
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Artículo 35
El artículo 35 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior. 2. Si el Letrado de la Administración de Justicia no estimare pertinente la acumulación, dará cuenta al Tribunal, quien, en su caso, ordenará a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de treinta días. Si no lo efectuare, el Juez tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.
Datos clave
- El actor puede acumular en su demanda las pretensiones que reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.
- Si el Letrado de la Administración de Justicia no estimare pertinente la acumulación, dará cuenta al Tribunal.
- El Tribunal puede ordenar a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de treinta días.
- Si no lo efectúa, el Juez tendrá por caducado el recurso respecto del cual no se hubiere cumplido lo ordenado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El demandante puede acumular en su demanda las pretensiones conexas; si el Letrado de la Administración de Justicia no lo ve pertinente, el Tribunal puede ordenar separarlas en treinta días, so pena de caducidad.
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Artículo 36
El artículo 36 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el artículo 34, el demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación. 2. De esta petición, que producirá la suspensión del curso del procedimiento, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo común de cinco días. No obstante lo anterior, se mantendrán los señalamientos ya acordados, siempre que la decisión sobre la ampliación se produzca antes de la celebración de aquellos actos y no interfiera en los derechos de las partes ni en el interés de terceros. 3. Si el órgano jurisdiccional accediere a la ampliación, continuará la suspensión de la tramitación del proceso en tanto no se alcance respecto de aquélla el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial. 4. Será asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administración dictare durante su tramitación resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida. En tal caso podrá el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolución expresa, que será de dos meses, se contará desde el día siguiente al de la notificación de la misma.
Datos clave
- El demandante puede solicitar la ampliación del recurso a un acto, disposición o actuación conexo (artículo 34) dentro del plazo que señala el artículo 46.
- La petición suspende el curso del procedimiento y se da traslado a las partes para alegaciones en el plazo común de cinco días.
- Si se accede a la ampliación, la suspensión continúa hasta que respecto de ella se alcance el mismo estado que el procedimiento inicial.
- En recursos contra actos presuntos, si la Administración dicta resolución expresa durante la tramitación, el recurrente puede desistir o solicitar la ampliación.
- Tras el desistimiento, el plazo para recurrir la resolución expresa es de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La ampliación del recurso a actos conexos nuevos o conocidos después: se pide antes de la sentencia, suspende el procedimiento con cinco días de alegaciones y también sirve cuando llega resolución expresa tras un acto presunto.
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Artículo 37
El artículo 37 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 34, el órgano jurisdiccional podrá en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, acordar la acumulación de oficio o a instancia de alguna de ellas.
2. Cuando ante un juez o tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con idéntico objeto, el órgano jurisdiccional, si no se hubiesen acumulado, tramitará uno o varios con carácter preferente previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los demás, en el estado en que se encuentren, hasta que se dicte sentencia en los primeros.
En caso de que esa pluralidad de recursos con idéntico objeto pudiera, a su vez, agruparse por categorías o grupos que planteen una controversia sustancialmente análoga, el órgano jurisdiccional, si no se hubieran acumulado, tramitará uno o varios de cada grupo o categoría con carácter preferente, previa audiencia de las partes por plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los demás en el estado en que se encuentren hasta que se dicte sentencia en los tramitados preferentemente para cada grupo o categoría.
3. Una vez firme, el Secretario judicial llevará testimonio de la sentencia a los recursos suspendidos y la notificará a los recurrentes afectados por la suspensión a fin de que en el plazo de cinco días puedan interesar la extensión de sus efectos en los términos previstos en el artículo 111, la continuación del procedimiento o bien desistir del recurso.
Datos clave
- Varios recursos con circunstancias del artículo 34: acumulación de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento procesal, previa audiencia por plazo común de cinco días.
- Pluralidad de recursos con idéntico objeto no acumulados: se tramitan uno o varios con carácter preferente y se suspende el curso de los demás.
- Si la pluralidad puede agruparse por categorías o grupos de controversia sustancialmente análoga, se tramitan preferentemente uno o varios de cada grupo.
- Una vez firme la sentencia, se lleva testimonio de ella a los recursos suspendidos y se notifica a los recurrentes afectados.
- Los recurrentes afectados tienen cinco días para interesar la extensión de efectos (artículo 111), la continuación del procedimiento o desistir.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Acumulación de recursos ya interpuestos y tramitación preferente de los que tienen idéntico objeto: se resuelve uno o varios (o uno por grupo), se suspenden los demás y luego los afectados eligen en cinco días.
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Artículo 38
El artículo 38 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. La Administración comunicará al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el presente capítulo. 2. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos que se tramiten en la Oficina judicial en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el presente Capítulo.
Datos clave
- La Administración comunica al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si conoce otros recursos en los que puedan concurrir supuestos de acumulación.
- El Secretario judicial pone en conocimiento del Juez o Tribunal los procesos de la Oficina judicial en los que puedan concurrir esos supuestos.
- La comunicación corresponde tanto a la Administración como al Secretario judicial, respecto de los supuestos de acumulación del capítulo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Deber de avisar de posibles acumulaciones: la Administración lo comunica al Tribunal al remitir el expediente y el Secretario judicial informa al Juez de los procesos de la Oficina judicial afectados.
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Artículo 39
El artículo 39 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo se dará recurso de reposición.
Datos clave
- Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo se da recurso de reposición.
- El régimen de recursos afecta a tres tipos de resoluciones: acumulación, ampliación y tramitación preferente.
- No cabe contra ellas ningún recurso distinto del de reposición.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo cabe un recurso: el de reposición.
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Artículo 40
El artículo 40 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. El Secretario judicial fijará la cuantía del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto. 2. Cuando así no se hiciere, el Secretario judicial requerirá al demandante para que fije la cuantía, concediéndole al efecto un plazo no superior a diez días, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Secretario judicial, previa audiencia del demandado. 3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito dentro del término de diez días, resolviendo el Secretario judicial lo procedente. En este caso el Juez o Tribunal, en la sentencia, resolverá definitivamente la cuestión. 4. La parte perjudicada por la resolución prevista en el apartado anterior podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía si por causa de ésta no se tuviere por preparado el recurso de casación o no se admitiera el recurso de casación para la unificación de doctrina o el de apelación.
Datos clave
- El Secretario judicial fija la cuantía una vez formulados la demanda y la contestación; las partes pueden exponer su parecer por medio de otrosí.
- Si no se hiciere, requiere al demandante para que la fije en un plazo no superior a diez días; transcurrido sin hacerlo, la fija el Secretario judicial, previa audiencia del demandado.
- El demandado disconforme con la cuantía fijada por el demandante lo expone por escrito en diez días y resuelve el Secretario judicial.
- En ese caso, el Juez o Tribunal resuelve definitivamente la cuestión en la sentencia.
- Cabe recurso de queja por indebida determinación de la cuantía si por su causa no se tuviere por preparado el recurso de casación o no se admitiera la casación para unificación de doctrina o la apelación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se fija la cuantía del recurso: la fija el Secretario judicial tras demanda y contestación, con plazos de diez días para el demandante y para el demandado disconforme, y la decisión definitiva la toma el Juez en la sentencia.
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Artículo 41
El artículo 41 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo. 2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos. 3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.
Datos clave
- La cuantía viene determinada por el valor económico de la pretensión objeto del recurso.
- Con varios demandantes se atiende al valor económico de la pretensión de cada uno, y no a la suma de todos.
- En la acumulación o ampliación la cuantía es la suma del valor económico de las pretensiones, pero no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cuantía es el valor económico de la pretensión. Con varios demandantes se mira la de cada uno, no la suma; en acumulación o ampliación se suma, pero eso no da casación o apelación a las pretensiones pequeñas.
Esquema
| Varios demandantes | Acumulación o ampliación | |
|---|---|---|
| Cuantía | La pretensión de cada uno, no la suma | La suma del valor de las pretensiones |
| Efecto en recursos | Cada pretensión con su valor | No comunica casación o apelación a las inferiores |
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Artículo 42
El artículo 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:
a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.
b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:
Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.
Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.
2. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración.
También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.
Datos clave
- Para fijar el valor económico se tienen en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con especialidades.
- Si solo se solicita la anulación del acto, se atiende a su contenido económico: el débito principal, no los recargos, las costas ni otra responsabilidad, salvo que alguno sea de importe superior.
- Anulación más situación jurídica individualizada o cumplimiento de obligación administrativa: valor económico total del objeto si hubo denegación total; diferencia de cuantía si hubo reconocimiento parcial.
- Son de cuantía indeterminada los recursos contra disposiciones generales (incluidos instrumentos de planeamiento urbanístico), los de funcionarios sin derechos o sanciones valorables económicamente y los que acumulan pretensiones evaluables y no evaluables.
- También son de cuantía indeterminada los recursos contra actos de Seguridad Social sobre inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas para valorar la pretensión: la LEC con especialidades. Si solo se pide anular, cuenta el débito principal; si se pide además reconocimiento, depende de si hubo denegación total o parcial. Y una lista de recursos de cuantía indeterminada.
Esquema
| Denegación total | Reconocimiento parcial | |
|---|---|---|
| Cuantía | Valor económico total del objeto de la reclamación | Diferencia entre lo reclamado y el acto recurrido |
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Artículo 43
El artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público.
Datos clave
- Si la propia Administración autora de un acto pretende demandar su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, debe previamente declararlo lesivo para el interés público.
- La declaración de lesividad es un requisito previo a la demanda de la Administración contra su propio acto.
- El supuesto se refiere a la anulación de un acto por la misma Administración que lo dictó.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si una Administración quiere que se anule un acto propio ante el contencioso, primero tiene que declararlo lesivo para el interés público.
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Artículo 44
El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso- administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo. 2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. 3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara. 4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local.
Datos clave
- En los litigios entre Administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa.
- Una Administración que recurra a otra puede requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que esté obligada.
- El requerimiento se dirige al órgano competente mediante escrito razonado, en el plazo de dos meses desde la publicación de la norma o desde que se conoció o pudo conocer el acto, actuación o inactividad.
- Se entiende rechazado si el requerido no lo contesta dentro del mes siguiente a su recepción.
- Contra decisiones de los órganos de recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación se recurre directamente, sin requerimiento ni recurso administrativo previo.
- Queda a salvo lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Entre Administraciones no hay recurso administrativo: la que va a recurrir puede requerir antes a la otra en dos meses, y el silencio de un mes equivale a rechazo. En contratación se recurre directamente.
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Artículo 45
1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.
2. A este escrito se acompañará:
a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos.
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.
d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.
e) En los casos en que el recurso se haya interpuesto por un sindicato que actúe en nombre e interés del personal funcionario y estatutario conforme dispone la letra k) del artículo 19.1, el documento o documentos que acrediten la afiliación de dicho personal y la existencia de comunicación por el sindicato al afiliado de la voluntad de iniciar el proceso, así como la autorización expresa del afiliado al sindicato para dicha iniciación.
3. El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
4. El recurso de lesividad se iniciará por demanda formulada con arreglo al artículo 56.1, que fijará con precisión la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompañarán en todo caso la declaración de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artículo.
5. El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo.
Datos clave
- El recurso se inicia por un escrito de interposición reducido a citar lo impugnado y solicitar que se tenga por interpuesto, salvo que la Ley disponga otra cosa.
- Se acompañan: representación, legitimación transmitida, copia o identificación de lo recurrido, requisitos para accionar de las personas jurídicas y, si recurre un sindicato por sus afiliados, la acreditación de afiliación, comunicación y autorización expresa.
- El Secretario judicial examina de oficio la validez de la comparecencia y, si hay defectos, requiere subsanación en diez días; si no se subsana, el Juez o Tribunal se pronuncia sobre el archivo.
- El recurso de lesividad se inicia por demanda (artículo 56.1), acompañada de la declaración de lesividad y el expediente administrativo.
- Sin terceros interesados, el recurso puede iniciarse también directamente mediante demanda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurso empieza con un escrito de interposición breve y los documentos que lo acompañan; el Secretario judicial revisa la comparecencia y da diez días para subsanar. Lesividad y casos sin terceros pueden empezar por demanda.
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Artículo 46
1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo.
3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Datos clave
- Acto expreso o disposición: dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación.
- Acto presunto: seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Inactividad (artículo 29): dos meses desde el día siguiente al vencimiento de los plazos de ese artículo.
- Vía de hecho: diez días desde el fin del plazo del artículo 30; sin requerimiento, veinte días desde el inicio de la actuación.
- Tras reposición potestativa, el plazo corre desde la notificación de su resolución expresa o desde su desestimación presunta.
- Recurso de lesividad: dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad.
- Litigios entre Administraciones: dos meses, salvo que una Ley establezca otra cosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija los plazos para presentar el recurso: 2 meses si el acto es expreso, 6 si es presunto, y plazos especiales para vías de hecho, recurso de lesividad y litigios entre Administraciones.
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Artículo 47
El artículo 47 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3, el letrado de la Administración de Justicia en el siguiente día hábil acordará, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio electrónicamente para su publicación por el órgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. El letrado de la Administración de Justicia podrá también acordar de oficio la publicación, si lo estima conveniente.
2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artículo 45.5 y éste se dirige contra una disposición general, deberá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquél, en el que se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Secretario judicial procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por la Administración y luego por los demás demandados que se hubieran personado.
Datos clave
- Cumplido el artículo 45.3, el letrado de la Administración de Justicia acuerda en el siguiente día hábil, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso, con coste a cargo del recurrente.
- El letrado también puede acordar de oficio la publicación del anuncio.
- Si el recurso se inicia mediante demanda (artículo 45.5) contra una disposición general, se publica el anuncio y se conceden quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener su conformidad a Derecho.
- Transcurrido ese plazo se da traslado de la demanda para que conteste primero la Administración y luego los demás demandados personados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Anuncio de la interposición: el letrado de la Administración de Justicia lo acuerda al día hábil siguiente si lo pide el recurrente, o de oficio; y si el recurso contra una disposición general empieza por demanda, el anuncio es obligatorio con quince días para personarse.
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Artículo 48
El artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la reclamación y remisión del expediente administrativo en el proceso contencioso-administrativo.
1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho.
2. No se reclamará el expediente en el caso del apartado 2 del artículo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este artículo 48.
3. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.
4. El expediente se enviará completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Al remitir el expediente, la Administración deberá identificar al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial. Si el expediente fuera reclamado por varios juzgados o tribunales, la Administración enviará copias en soporte electrónico del mismo, que deberán reunir los requisitos anteriormente expresados.
5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el tribunal podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración, que se remitirá en soporte electrónico. Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo entregará a las partes por cinco días para que formulen alegaciones.
6. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.
7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del letrado o letrada de la Administración de Justicia notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez, la jueza o el tribunal impondrán una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido. De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.
8. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en el artículo 79.
9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.
10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.
11. La Administración remitirá el expediente electrónicamente, utilizando, a tal efecto, los sistemas de interoperabilidad que resulten aplicables, al objeto de que el expediente administrativo en soporte electrónico así remitido quede automáticamente integrado en los sistemas de gestión procesal correspondientes.
Los apartados 1, 4, 5, 7 y 8 y el nuevo apartado 11 proceden del artículo 102.7 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- El letrado o letrada de la Administración de Justicia requiere el expediente al órgano autor del acto o al que se impute la inactividad o vía de hecho.
- Plazo de remisión: veinte días improrrogables desde la entrada de la comunicación judicial en el registro general del órgano requerido.
- El expediente se envía completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y con índice autentificado.
- Los documentos clasificados como secreto oficial se excluyen mediante resolución motivada.
- Si no se remite tras reiterar la reclamación en diez días, multa coercitiva de 300 a 1.200 euros, reiterable cada veinte días.
- Contra el auto que impone la multa cabe recurso de reposición (art. 79).
- Tras las tres primeras multas sin éxito, los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reclamación del expediente administrativo: se pide al órgano autor, se remite en veinte días improrrogables, completo y electrónico, y su falta se castiga con multas coercitivas de 300 a 1.200 euros reiterables cada veinte días.
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Artículo 49
El artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público se emplazará como parte demandada a las personas, distintas del recurrente, que hubieren comparecido en el recurso administrativo, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días.
2. Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.
3. Recibido el expediente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el letrado o letrada de la Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en el Tablón Edictal Judicial Único. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.
5. En el supuesto previsto en el artículo 47.2 se estará a lo que en él se dispone.
6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuará personalmente por plazo de nueve días.
Datos clave
- La resolución que acuerda remitir el expediente se notifica en los cinco días siguientes a su adopción a los interesados, emplazándolos para personarse como demandados en el plazo de nueve días.
- En los recursos contra decisiones de los órganos de recursos especiales en materia de contratación se emplaza a quienes comparecieron en el recurso administrativo, también por nueve días.
- Si no se pudo emplazar a un interesado en el domicilio que conste, se inserta edicto en el Tablón Edictal Judicial Único; los emplazados por edictos pueden personarse hasta el momento en que deba dárseles traslado para contestar a la demanda.
- El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectúa personalmente por plazo de nueve días.
- El letrado de la Administración de Justicia comprueba las notificaciones y ordena completarlas si son incompletas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Emplazamiento de los interesados: notificación en cinco días con nueve para personarse, control por el letrado de la Administración de Justicia, edictos si no se les localiza y emplazamiento personal en la lesividad.
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Artículo 50
El artículo 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.
2. Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.
3. Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Datos clave
- El emplazamiento de la Administración se entiende efectuado por la reclamación del expediente.
- Las Administraciones públicas se entienden personadas por el envío del expediente.
- Los demandados emplazados que se personen tarde son parte solo para los trámites no precluidos.
- Si no se personan oportunamente, el procedimiento continúa sin practicarles notificaciones de clase alguna.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración queda emplazada al reclamarle el expediente y personada al enviarlo. Los demandados que llegan tarde son parte para lo que quede, y los que no aparecen dejan de recibir notificaciones.
Esquema
| Emplazamiento | Personación | |
|---|---|---|
| Se entiende hecho por | La reclamación del expediente | El envío del expediente |
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Artículo 51
1. El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:
a) La falta de jurisdicción o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.
b) La falta de legitimación del recurrente.
c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.
d) Haber caducado el plazo de interposición del recurso.
2. El Juzgado o Sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias.
3. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o Sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.
Asimismo, cuando se impugne la no realización por la Administración de las obligaciones a que se refiere el artículo 29, el recurso se inadmitirá si fuera evidente la ausencia de obligación concreta de la Administración respecto de los recurrentes.
4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar.
5. Contra el auto que declare la inadmisión podrán interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.
6. Declarada la inadmisión al amparo de lo establecido en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo, se estará a lo que determinan los artículos 5.3 y 7.3.
Se modifica el inciso primero del apartado 1 por el art. 14.12 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .
Datos clave
- Causas de inadmisión manifiesta: falta de jurisdicción o incompetencia, falta de legitimación, actividad no impugnable y caducidad del plazo.
- Puede inadmitirse si se desestimaron en el fondo recursos sustancialmente iguales por sentencia firme.
- En la vía de hecho, puede inadmitirse si la actuación se produjo dentro de la competencia y conforme al procedimiento.
- Antes de inadmitir se oye a las partes por plazo común de diez días.
- El auto de admisión no es recurrible, pero no impide oponer después cualquier motivo de inadmisibilidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Enumera las causas por las que el Juzgado o Sala puede declarar no haber lugar a la admisión del recurso: falta de jurisdicción, de legitimación, acto no impugnable o plazo caducado, entre otras.
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Artículo 52
El artículo 52 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la entrega del expediente al recurrente para deducir la demanda y la caducidad del recurso.
1. Recibido el expediente administrativo en soporte electrónico en el juzgado o tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el letrado o letrada de la Administración de Justicia se acordará su incorporación a los autos en ese mismo soporte y su entrega al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente a las partes se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto.
La redacción vigente del apartado 1 procede del artículo 102.9 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- El expediente se incorpora a los autos en soporte electrónico y se entrega al recurrente.
- Plazo para deducir la demanda: veinte días.
- Si concurre un supuesto del artículo 51, el letrado o letrada da cuenta al tribunal.
- Con varios recurrentes, la demanda se formula simultáneamente por todos, aunque no actúen bajo una misma dirección.
- La entrega se hace por vía telemática o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
- Sin demanda en plazo, se declara de oficio por auto la caducidad del recurso.
- Se admite la demanda si se presenta dentro del día en que se notifique el auto de caducidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con el expediente electrónico en autos, el recurrente tiene veinte días para la demanda. Si no la presenta, el órgano declara de oficio la caducidad, pero aún se admite la demanda presentada el día en que se notifica el auto.
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Artículo 53
El artículo 53 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
2. Si después de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, el Secretario judicial pondrá éste de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
Datos clave
- Transcurrido el término para remitir el expediente sin que se envíe, el recurrente puede pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
- Si después se recibe el expediente, se pone de manifiesto a las partes por plazo común de diez días para alegaciones complementarias.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración no envía el expediente a tiempo, el recurrente no queda bloqueado: puede pedir plazo para demandar sin él. Si el expediente llega después, se abre un plazo común de diez días para alegaciones complementarias.
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Artículo 54
El artículo 54 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el traslado de la demanda y la contestación en el procedimiento ordinario.
1. Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazará a la Administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente.
2. Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquélla. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente.
3. La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de la Administración, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En todos los casos la entrega del expediente se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente judicial.
4. Si la Administración demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte días, pueda designar representante en juicio o comunicar al órgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensión del actor.
Datos clave
- Plazo para contestar la demanda: veinte días, con entrega del expediente administrativo.
- Si no se recibió el expediente, no se admite la contestación de la Administración sin él.
- El defensor de la Administración puede pedir la suspensión por veinte días si estima que la actuación pudiera no ajustarse a Derecho.
- Contesta primero la Administración demandada; los demás demandados lo hacen simultáneamente.
- La entrega del expediente se hace por vía telemática o mediante el punto de acceso electrónico al expediente judicial.
- La entidad local no personada recibe traslado para designar representante o alegar por escrito en veinte días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Presentada la demanda, los demandados tienen veinte días para contestar con el expediente. Contesta primero la Administración; su defensor puede pedir suspensión de veinte días, y la entidad local no personada recibe igualmente traslado.
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Artículo 55
El artículo 55 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. A estos efectos se entenderá que el expediente administrativo está integrado por los documentos y demás actuaciones que lo conforman según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los documentos o elementos de prueba que formen parte de un expediente administrativo distinto no podrán solicitarse a través del trámite previsto en el presente artículo.
2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspenderá el curso del plazo correspondiente.
3. El letrado o letrada de la Administración de Justicia resolverá lo pertinente en el plazo de tres días.
Si acepta la solicitud y esta se hubiera formulado dentro de los diez primeros días del plazo para formular la demanda o la contestación, el plazo se reiniciará una vez el expediente completo remitido por la Administración se haya puesto a disposición de la parte solicitante. Si rechazara la solicitud o si, aun aceptándola, esta se hubiera presentado una vez transcurridos los diez primeros días antes referidos, el cómputo del plazo simplemente se reanudará, salvo que, en este último caso, el letrado o letrada de la Administración de Justicia considere oportuno que el plazo se reinicie atendido el volumen o la importancia para la causa de los documentos añadidos.
En ningún caso el plazo se reiniciará cuando la solicitud de complemento la hubiera formulado la Administración demandada.
La Administración, al remitir de nuevo el expediente, deberá indicar en el índice a que se refiere el artículo 48.4 los documentos que se han adicionado.
Datos clave
- Las partes pueden solicitar que se reclamen los antecedentes del expediente administrativo incompleto dentro del plazo para formular la demanda o la contestación; la solicitud suspende el curso del plazo.
- El letrado de la Administración de Justicia resuelve en el plazo de tres días.
- Si acepta y la solicitud se formuló dentro de los diez primeros días del plazo, éste se reinicia una vez puesto a disposición el expediente completo.
- Si rechaza, o la solicitud se presentó pasados esos diez días, el plazo simplemente se reanuda, salvo que el letrado considere oportuno reiniciarlo.
- El plazo nunca se reinicia si el complemento lo solicitó la Administración demandada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las partes pueden pedir que se complete el expediente dentro del plazo de demanda o contestación; la solicitud suspende el plazo. Que luego se reinicie o solo se reanude depende de si se pidió en los diez primeros días y de quién la pidió.
Esquema
| Situación | Efecto | |
|---|---|---|
| Aceptada y pedida en los diez primeros días | Aceptación en plazo temprano | Se reinicia |
| Rechazada | Rechazo | Se reanuda |
| Aceptada pasados los diez primeros días | Aceptación tardía | Se reanuda, salvo que el letrado acuerde reiniciar |
| Pedida por la Administración demandada | Solicitud de la Administración | En ningún caso se reinicia |
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Artículo 56
1. En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.
2. El Secretario judicial examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez días. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda sobre su admisión.
3. Con la demanda y la contestación las partes acompañarán los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarán el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.
4. Después de la demanda y contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podrá aportar, además, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones.
5. Presentados los escritos de demanda y contestación, si un juzgado o tribunal, en cualquier momento anterior a dictar sentencia, tuviese conocimiento, por cualquier medio, de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación que presenta una identidad jurídica sustancial con la cuestión debatida en el recurso del que está conociendo, oirá a las partes personadas por el plazo común de diez días sobre su posible suspensión, adjuntándoles copia del referido auto.
Una vez presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo, si el juzgado o tribunal apreciase una identidad jurídica sustancial y que la resolución que se dicte en casación puede resultar relevante para resolver el procedimiento, acordará la suspensión hasta que se dicte resolución firme en el recurso de casación. Contra el auto que resuelva sobre la suspensión no cabrá recurso alguno.
El auto que acuerde la suspensión se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo indicada en el auto de admisión, que, a su vez, remitirá testimonio de la sentencia que recaiga en el recurso de casación al juzgado o tribunal remitente.
Recibido el testimonio de la sentencia del recurso de casación, el juzgado o tribunal alzará la suspensión y dará un nuevo trámite de audiencia a las partes personadas, por plazo común de diez días, a fin de que aleguen sobre la incidencia que dicho pronunciamiento tiene para resolver el recurso. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo conferido, se continuará la tramitación del procedimiento en el momento en que se encontrare antes de la suspensión, salvo que las partes desistan del recurso o se allanen, en cuyo caso el juzgado o tribunal resolverá lo procedente.
Datos clave
- Demanda y contestación consignan por separado hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones.
- Pueden alegarse motivos planteados o no ante la Administración.
- El Secretario judicial requiere la subsanación de faltas en plazo no superior a diez días.
- Con la demanda y la contestación se acompañan los documentos en que se funde el derecho.
- Si el Tribunal Supremo admite una casación con identidad jurídica sustancial, se oye a las partes diez días sobre la suspensión.
- Contra el auto que resuelve sobre esa suspensión no cabe recurso alguno.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fija qué debe contener la demanda y contestación (hechos, fundamentos, pretensiones), qué documentos se pueden aportar y cuándo se suspende el pleito por haberse admitido un recurso de casación con la misma cuestión jurídica.
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Artículo 57
El artículo 57 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
El Secretario judicial declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61 en los siguientes supuestos:
1.º Si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone.
2.º Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni los trámites de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, acuerde la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.
En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisión, y seguidamente se declarará concluso el pleito.
Datos clave
- Contestada la demanda, el pleito se declara concluso para sentencia sin más trámite, salvo que el Juez o Tribunal use la facultad del artículo 61.
- Primer supuesto: el actor pide por otrosí que se falle sin prueba, vista ni conclusiones y el demandado no se opone.
- Segundo supuesto: en demanda y contestación no se solicita prueba, vista ni conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal acuerde excepcionalmente vista o conclusiones escritas.
- Si el demandado solicita la inadmisión, se da traslado al demandante por cinco días para alegaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contestada la demanda, el pleito pasa directamente a sentencia en dos supuestos: si el actor pide fallo sin prueba, vista ni conclusiones y el demandado no se opone, o si nadie pide esos trámites. Pedida la inadmisión, el demandante alega en cinco días.
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Artículo 58
El artículo 58 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa.
2. Para hacer uso de este trámite la Administración demandada habrá de acompañar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes.
Datos clave
- Las partes demandadas pueden alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso (artículo 69).
- Salvo la incompetencia, esos motivos pueden alegarse también en la contestación aunque hubieran sido desestimados como alegación previa.
- La Administración demandada debe acompañar el expediente administrativo si no lo había remitido antes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los cinco primeros días del plazo para contestar, los demandados pueden plantear como alegación previa la incompetencia o la inadmisibilidad. Salvo la incompetencia, esos motivos pueden repetirse luego en la contestación.
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Artículo 59
El artículo 59 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dará traslado por cinco días al actor, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.
2. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación prevista para los incidentes.
3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste.
4. El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso. Si se hubiere declarado la falta de jurisdicción o de competencia, se estará a lo que determinan los artículos 5.3y 7.3.
Datos clave
- Del escrito de alegaciones previas se da traslado al actor por cinco días; éste puede subsanar el defecto en diez días.
- Evacuado el traslado se sigue la tramitación de los incidentes.
- El auto desestimatorio no es susceptible de recurso y dispone que se conteste la demanda en el plazo que reste.
- El auto estimatorio declara la inadmisibilidad del recurso; si hubo falta de jurisdicción o competencia se estará a los artículos 5.3 y 7.3.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tramitación de las alegaciones previas: traslado al actor por cinco días, que puede subsanar en diez, y trámite de incidentes. Si se desestiman, sin recurso y a contestar; si se estiman, inadmisibilidad del recurso.
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Artículo 60
1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.
2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 56.
3. Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
5. Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.
6. En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.
7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.
8. La presentación de documentos en el curso de actos judiciales o procesales celebrados por videoconferencia se ajustará a lo establecido por la Ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
Datos clave
- El recibimiento a prueba solo se pide por otrosí en la demanda, la contestación o las alegaciones complementarias.
- Si la contestación aporta hechos nuevos, el recurrente puede pedir prueba en los cinco días siguientes.
- En sanciones administrativas o disciplinarias, el proceso se recibe siempre a prueba si hay disconformidad en los hechos.
- El plazo para practicar la prueba es de treinta días.
- Para aclaraciones al dictamen pericial se da un plazo no superior a cinco días.
- En discriminación por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, la carga de justificar recae en la parte demandada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula cómo se pide la prueba, cuándo se recibe el pleito a prueba y el plazo de 30 días para practicarla, con reglas especiales para sanciones y para discriminación por razón de sexo.
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Artículo 61
1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.
2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.
3. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.
4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.
5. El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A los efectos de la aplicación de las normas sobre costas procesales en relación al coste de estas pruebas se entenderá que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.
Se modifica el apartado 4 por el art. 14.21 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493 .
Datos clave
- El Juez o Tribunal puede acordar de oficio el recibimiento a prueba.
- Tras el periodo de prueba y hasta que el pleito quede concluso, puede acordar cualquier diligencia de prueba.
- Las partes intervienen en las pruebas acordadas de oficio.
- Si no pudieron alegar sobre la prueba de oficio, disponen de cinco días para hacerlo.
- Los efectos de las pruebas periciales pueden extenderse a procedimientos conexos, prorrateando su coste.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El juez puede acordar de oficio prueba, incluso tras el período probatorio hasta que el pleito quede concluso; las partes intervienen y, si no pudieron alegar, tienen cinco días.
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Artículo 62
El artículo 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.
2. Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación o por escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.
3. El Secretario judicial proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, sólo acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 61.
4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.
Datos clave
- Las partes pueden solicitar vista, conclusiones o que el pleito se declare concluso para sentencia, mediante otrosí en demanda o contestación, o por escrito en el plazo de cinco días desde la notificación de la diligencia de ordenación que declara concluso el período de prueba.
- Se proveerá según lo que coincidentemente soliciten las partes.
- En otro caso, solo se acuerda vista o conclusiones escritas si lo solicita el demandante o, habiéndose practicado prueba, cualquiera de las partes.
- Sin solicitud de las partes, el Juez o Tribunal puede acordarlas excepcionalmente atendida la índole del asunto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las partes pueden pedir vista, conclusiones o concluso para sentencia, por otrosí o en cinco días tras cerrarse la prueba. Si no coinciden, hay vista o conclusiones si las pide el demandante o, con prueba practicada, cualquiera.
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Artículo 63
El artículo 63 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripción de la ley o por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrán ser antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho. En el señalamiento de las vistas el Secretario judicial atenderá asimismo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través del Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.
3. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales se documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso, acceso electrónico de las grabaciones originales.
4. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, estos garantizarán la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. A tal efecto, el letrado de la Administración de Justicia hará uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del letrado de la Administración de Justicia salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el letrado de la Administración de Justicia atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.
5. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.
6. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.
7. El acta prevista en los apartados 5 y 6 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso.
Datos clave
- La fecha de la vista se señala por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, con preferencia de las materias que por ley o acuerdo motivado deban tenerla.
- En la vista se da la palabra a las partes por su orden para exponer de forma sucinta sus alegaciones.
- La vista se documenta conforme a los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante grabación incorporada al expediente judicial electrónico.
- Con medios tecnológicos que garanticen autenticidad e integridad, la vista no requiere la presencia del letrado de la Administración de Justicia salvo solicitud de las partes al menos dos días antes o necesidad excepcional apreciada por él.
- Si no pueden usarse los mecanismos de garantía o los medios de registro, el Secretario judicial extiende acta de cada sesión.
- El acta se extiende por procedimientos informáticos y solo puede ser manuscrita si la sala carece de medios informáticos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las vistas se señalan por antigüedad, salvo materias preferentes; en ellas cada parte alega sucintamente. Se graban, y con firma electrónica no hace falta el letrado de la Administración de Justicia en sala salvo petición o necesidad excepcional.
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Artículo 64
El artículo 64 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.
2. El plazo para formular el escrito será de diez días sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación.
3. El señalamiento de día para votación y fallo se ajustará al orden expresado en el apartado 1 del artículo anterior.
4. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del artículo 61, en cuyo caso dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.
Datos clave
- En conclusiones, las partes presentan alegaciones sucintas sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos.
- El plazo para formular el escrito es de diez días sucesivos para demandantes y demandados, simultáneo dentro de cada grupo si comparece más de una persona sin actuar unidos bajo una misma representación.
- Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declara el pleito concluso para sentencia, salvo uso de la facultad del artículo 61.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En conclusiones, alegaciones sucintas sobre hechos, prueba y fundamentos, en diez días sucesivos para demandantes y demandados. Tras la vista o las conclusiones, el pleito queda concluso para sentencia.
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Artículo 65
El artículo 65 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación.
2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.
3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos.
Datos clave
- En la vista o en las conclusiones no pueden plantearse cuestiones no suscitadas en los escritos de demanda y contestación.
- Si el Juez o Tribunal juzga oportuno tratar motivos relevantes distintos de los alegados, lo comunica a las partes por providencia con plazo de diez días para ser oídas; contra ella no cabe recurso.
- El demandante puede solicitar que la sentencia se pronuncie sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios si constan ya probados en autos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Vista y conclusiones no sirven para abrir debates nuevos: solo lo planteado en demanda y contestación. Si el Juez quiere tratar otros motivos relevantes, avisa por providencia irrecurrible y da diez días a las partes.
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Artículo 66
El artículo 66 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia y, una vez conclusos, serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
Datos clave
- Los recursos directos contra disposiciones generales gozan de preferencia.
- Una vez conclusos se anteponen para votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado.
- Excepción: el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los recursos directos contra disposiciones generales tienen preferencia: conclusos, pasan delante de cualquier otro recurso para votación y fallo. Solo les gana el proceso especial de protección de derechos fundamentales.
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Artículo 67
1. La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes.
Datos clave
- La sentencia se dicta en el plazo de diez días desde que el pleito se declara concluso.
- Decide todas las cuestiones controvertidas en el proceso.
- Si no puede dictarse en plazo, el órgano lo razona y señala una fecha posterior concreta, notificándolo a las partes.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia se dicta en diez días desde que el pleito queda concluso y debe resolver todas las cuestiones controvertidas; si no es posible, el juez lo razona y fija una fecha concreta.
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Artículo 68
1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes:
a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.
2. La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.
Datos clave
- Fallos posibles: inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso.
- La sentencia incluye siempre el pronunciamiento sobre las costas.
- Son los únicos fallos que enumera el artículo 68 de la LJCA.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia solo puede fallar de tres maneras: inadmitir el recurso, estimarlo o desestimarlo. Y además debe pronunciarse siempre sobre las costas.
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Artículo 69
La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:
a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.
b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
Datos clave
- Inadmisibilidad por falta de jurisdicción del Juzgado o Tribunal.
- Por haberse interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
- Por tener por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
- Por cosa juzgada o litispendencia.
- Por presentar el escrito inicial fuera de plazo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Lista los cinco casos en que la sentencia declara la inadmisibilidad del recurso o de alguna pretensión, por defectos de jurisdicción, de las partes, del objeto o del plazo de presentación.
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Artículo 70
1. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados.
2. La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Datos clave
- La sentencia desestima el recurso cuando la disposición, acto o actuación impugnados se ajustan a Derecho.
- La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo cuando hay cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- Desviación de poder: ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Desestimación si lo impugnado se ajusta a Derecho; estimación si incurre en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, que la Ley define como usar potestades para fines distintos de los fijados.
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Artículo 71
1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:
a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.
b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.
c) Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia.
2. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
Datos clave
- La sentencia estimatoria declara no ser conforme a Derecho y, en su caso, anula total o parcialmente la disposición o acto, o dispone que cese o se modifique la actuación impugnada.
- Si se pretendió el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la sentencia la reconoce y adopta las medidas necesarias para su pleno restablecimiento.
- Si la medida consiste en emitir un acto o practicar una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
- Estimada una pretensión de resarcimiento, se declara en todo caso el derecho a la reparación y quién viene obligado a indemnizar.
- La sentencia fija la cuantía si lo pide expresamente el demandante y constan probados en autos elementos suficientes; en otro caso, fija las bases y la concreción se difiere al período de ejecución de sentencia.
- Los órganos jurisdiccionales no pueden determinar la redacción de los preceptos de una disposición general en sustitución de los anulados ni el contenido discrecional de los actos anulados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Detalla el contenido de la sentencia estimatoria: anulación del acto, restablecimiento de la situación jurídica, plazo para actuaciones obligatorias e indemnización; los jueces no redactan los preceptos sustitutorios ni el contenido discrecional.
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Artículo 72
1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.
2. La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
3. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111.
Datos clave
- La inadmisión o desestimación solo produce efectos entre las partes.
- La anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas.
- La anulación firme de una disposición general tiene efectos generales desde la publicación del fallo en el mismo periódico oficial.
- También se publican las sentencias firmes que anulen actos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas.
- El reconocimiento de situaciones individualizadas solo afecta a las partes, salvo extensión de efectos (arts. 110 y 111).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula los efectos de la sentencia: inadmisibilidad o desestimación solo vinculan entre las partes; la anulación de una disposición o acto afecta a todas las personas, con publicación si es disposición general.
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Artículo 73
El artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
Datos clave
- Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectan por sí mismas a las sentencias o actos administrativos firmes que lo aplicaron antes de que la anulación alcanzara efectos generales.
- Excepción: cuando la anulación suponga la exclusión o reducción de sanciones aún no ejecutadas completamente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Anular un precepto reglamentario no reabre por sí solo las sentencias y actos firmes que lo aplicaron antes. La excepción es la sanción: si la anulación excluye o reduce sanciones aún no ejecutadas del todo, sí les afecta.
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Artículo 74
El artículo 74 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el desistimiento del recurso contencioso-administrativo.
1. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.
3. El letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes, y en los supuestos de acción popular al Ministerio Fiscal, por plazo común de cinco días. Si prestaren su conformidad al desistimiento o no se opusieren a él, dictará decreto en el que declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos.
4. En otro caso, o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.
5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.
6. El desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas.
7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, y después la Administración dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.
8. Desistido un recurso de apelación o de casación, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia sin más trámites declarará terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos y la devolución de las actuaciones recibidas al órgano jurisdiccional de procedencia.
La redacción vigente del apartado 8 procede del artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.
Datos clave
- Se puede desistir en cualquier momento anterior a la sentencia.
- El desistimiento del representante exige ratificación del recurrente o autorización.
- Si desiste la Administración, debe aportar testimonio del acuerdo del órgano competente.
- Traslado a las demás partes (y al Ministerio Fiscal en la acción popular) por plazo común de cinco días.
- Sin oposición, el letrado o letrada dicta decreto que declara terminado el procedimiento.
- El desistimiento no implica necesariamente condena en costas.
- Si la Administración revoca el reconocimiento que motivó el desistimiento, el actor puede pedir que continúe el procedimiento; alegaciones complementarias en diez días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurrente puede desistir hasta la sentencia. Se oye a las demás partes cinco días; sin oposición, decreto de terminación y archivo. No implica necesariamente costas, y si la Administración revoca lo reconocido, el pleito puede seguir.
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Artículo 75
1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior.
2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.
3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.
Datos clave
- Los demandados pueden allanarse cumpliendo los requisitos del artículo 74.2.
- Producido el allanamiento, se dicta sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante.
- Excepción: si supone infracción manifiesta del ordenamiento, se oye a las partes por plazo común de diez días.
- Con varios demandados, el procedimiento sigue respecto de quienes no se allanen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Regula el allanamiento del demandado: si se allana, el juez dicta sentencia conforme a las pretensiones del demandante, salvo que suponga una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso oye antes a las partes.
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Artículo 76
El artículo 76 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera.
2. El letrado o letrada de la Administración de Justicia mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el juez, la jueza o el tribunal dictarán auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho.
Datos clave
- Si la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes puede ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal.
- El letrado de la Administración de Justicia manda oír a las partes por plazo común de cinco días.
- El órgano judicial dicta auto declarando terminado el procedimiento y ordenando el archivo del recurso, si el reconocimiento no infringe manifiestamente el ordenamiento jurídico.
- En caso contrario dicta sentencia ajustada a Derecho.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración da la razón al demandante en vía administrativa durante el pleito, cualquiera puede comunicarlo al Juez. Se oye a las partes cinco días y se archiva por auto, salvo que el reconocimiento infrinja manifiestamente el ordenamiento.
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Artículo 77
El artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.
Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.
2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.
3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.
4. En todo caso, las actuaciones previstas en este artículo podrán llevarse a cabo por medios electrónicos.
Datos clave
- En primera o única instancia, tras la demanda y la contestación, el Juez o Tribunal puede someter a las partes el reconocimiento de hechos o documentos y la posibilidad de un acuerdo, en materias susceptibles de transacción, en particular la estimación de cantidad.
- Los representantes de las Administraciones demandadas necesitan autorización oportuna para transigir.
- El intento de conciliación no suspende las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo soliciten, y puede producirse hasta el día en que el pleito sea declarado concluso para sentencia.
- Si hay acuerdo que implique la desaparición de la controversia, se dicta auto de terminación siempre que no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.
- Estas actuaciones pueden llevarse a cabo por medios electrónicos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En primera o única instancia, tras demanda y contestación, el Juez puede proponer reconocer hechos o llegar a un acuerdo en materias transigibles. Si hay acuerdo válido, auto de terminación.
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Artículo 78
El artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el procedimiento abreviado.
1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
2. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2.
3. Presentada la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta a éste para que resuelva lo que proceda.
Admitida la demanda, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia acordará su traslado a la persona demandada, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo en soporte electrónico, con al menos quince días de antelación del término señalado para la vista. Si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de lo que el juez o tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio. En el señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado 1 del artículo 54. Una vez contestada la demanda, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito, salvo que el juez o la jueza hagan uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.
Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar la demanda, las partes demandadas podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin en qué hechos existe disconformidad y qué medios de prueba, distintos de los ya obrantes en actuaciones, habrían de ser practicados para despejar esa disconformidad. El juez o la jueza decidirá sobre dicha solicitud mediante auto. El auto que acuerde la celebración de vista no será recurrible y, tras su notificación, se citará a las partes al acto. El auto que rechace la celebración de vista dispondrá, además, que se conteste la demanda en el plazo que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición. Presentada la contestación se abrirá un trámite de conclusiones, por plazo de cinco días sucesivos, si la parte actora lo hubiese solicitado en su demanda.
4. Recibido el expediente administrativo, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia lo entregarán al actor y a las personas interesadas que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.
5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista. Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado.
6. La vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda.
7. Acto seguido, el demandado podrá formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdicción, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.
8. Oído el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolverá lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podrá hacer el demandante si el Juez declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.
9. Si el demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidirá el Juez, que dará al proceso el curso procedimental que corresponda según la cuantía que él determine. Frente a la decisión del Juez no se dará recurso alguno.
10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales anteriores o si, habiéndose suscitado, se resolviese la continuación del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente.
11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el carácter meramente jurídico de la controversia, la ausencia de proposición de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciará tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictará sentencia sin más dilación. Formulada oposición, el Juez resolverá estimándola, en cuyo caso proseguirá la vista, o desestimándola en la misma sentencia, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.
12. Los medios de prueba se practicarán en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trámites, del modo previsto para el juicio ordinario.
13. Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos.
14. No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el número de testigos fuese excesivo y sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, el órgano judicial podrá limitarlos discrecionalmente.
15. Los testigos no podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.
16. En la práctica de la prueba pericial no serán de aplicación las reglas generales sobre insaculación de peritos.
17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán interponer en el acto recurso de reposición (la ley dice «súplica», referencia que la disposición adicional octava entiende hecha a la reposición), que se sustanciará y resolverá seguidamente.
18. Si el juez o la jueza estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspenderá, señalando el letrado o la letrada de la Administración de Justicia competente, en el acto y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse. Si no hubiera asistido a la vista, efectuará nuevo señalamiento en el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera acordado la suspensión.
19. Tras la práctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, oídos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrán, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, antes de darla por terminada.
20. El juez o la jueza dictarán sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista. No obstante, la sentencia se podrá dictar oralmente al concluir dicho acto con los requisitos de forma y consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y pronunciando su fallo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 a 71 de la presente ley.
21. La vista se documentará en la forma establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 63.
22. Si esos mecanismos de garantía no se pudiesen utilizar deberán consignarse en el acta: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el juez, la jueza o el tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A esta acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones. Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el letrado o letrada de la Administración de Justicia extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar: a) lugar, fecha, juez o jueza que preside el acto, partes comparecientes, representantes y defensores; b) breve resumen de las alegaciones, medios de prueba propuestos, declaración de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y protesta; c) en cuanto a las pruebas admitidas y practicadas, resumen del interrogatorio de parte y testifical, relación de los documentos presentados, incidencias sobre la prueba documental, resumen de los informes periciales y de la resolución sobre la recusación de peritos, y resumen de las declaraciones realizadas en la vista; d) conclusiones y peticiones concretas, recogiendo en el acta la cantidad si fueran de condena a cantidad; e) declaración de conclusión de los autos para sentencia. Las actas se extenderán por procedimientos informáticos, y solo podrán ser manuscritas si la sala careciera de medios informáticos; en ese caso, el letrado o letrada leerá el acta al terminar la sesión y la firmará tras el juez, la jueza o el presidente o la presidenta, las partes, sus representantes o defensores y los peritos.
23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este capítulo, se regirá por las normas generales de la presente Ley.
Los apartados 3, 4, 18, 20 y 22 tienen la redacción dada por el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, con efectos desde el 3 de abril de 2025.
Datos clave
- Ámbito: personal, extranjería, inadmisión de asilo político, dopaje en disciplina deportiva y asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
- Se inicia por demanda; el expediente debe remitirse con al menos quince días de antelación a la vista.
- Si el actor pide fallo sin prueba ni vista, los demandados contestan en veinte días y pueden pedir vista en los diez primeros.
- Si no comparece ninguna parte o solo el demandado, se tiene al actor por desistido y se le condena en costas.
- No se admiten pliegos en el interrogatorio de parte ni escritos de preguntas y repreguntas para testigos; los testigos no pueden ser tachados.
- Contra la decisión del Juez sobre la adecuación del procedimiento por la cuantía no cabe recurso.
- Sentencia en diez días desde la vista, o de forma oral al concluir el acto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento abreviado se reserva a personal, extranjería, inadmisión de asilo, dopaje y asuntos de hasta 30.000 euros. Gira en torno a una vista oral; la incomparecencia del actor equivale a desistir y la sentencia llega en diez días o en el acto.
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Artículo 79
El artículo 79 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse recurso de reposición, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.
2. No es admisible el recurso de reposición contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta Ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposición y los de aclaración.
3. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de cinco días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día.
Datos clave
- Contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación cabe recurso de reposición, sin efecto suspensivo salvo decisión contraria del órgano jurisdiccional.
- No es admisible contra resoluciones expresamente exceptuadas en la Ley ni contra los autos que resuelvan reposición y aclaración.
- Plazo de interposición: cinco días desde el siguiente al de la notificación.
- Traslado a las demás partes por término común de cinco días; el órgano resuelve por auto dentro del tercer día.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Contra providencias y autos no apelables ni casables cabe reposición, que no impide ejecutar lo recurrido salvo acuerdo en contra. Se interpone en cinco días, se da traslado cinco días y se resuelve por auto dentro del tercer día.
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Artículo 80
El artículo 80 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:
a) Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares.
b) Los recaídos en ejecución de sentencia.
c) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6 y en los artículos 9.2 y 122 bis.
e) Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84.
2. La apelación de los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en los supuestos de los artículos 110 y 111, se regirá por el mismo régimen de admisión de la apelación que corresponda a la sentencia cuya extensión se pretende.
3. La tramitación de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo se ajustará a lo establecido en la sección 2ª de este capítulo.
Datos clave
- Son apelables en un solo efecto los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Juzgados Centrales dictados en primera instancia en los casos de las letras a) a e).
- Casos: los que ponen término a la pieza separada de medidas cautelares, los recaídos en ejecución de sentencia, los que declaran la inadmisión o hacen imposible la continuación, los recaídos sobre autorizaciones de los artículos 8.6, 9.2 y 122 bis, y los de los artículos 83 y 84.
- La apelación de autos en los supuestos de los artículos 110 y 111 sigue el régimen de admisión de la sentencia cuya extensión se pretende.
- La tramitación se ajusta a la sección 2ª del capítulo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Solo algunos autos de los Juzgados dictados en primera instancia son apelables, y en un solo efecto: cinco supuestos tasados. La apelación de autos de extensión de efectos sigue el régimen de la sentencia que se quiere extender.
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Artículo 81
El artículo 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina qué sentencias de los Juzgados son susceptibles de recurso de apelación.
1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:
a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.
b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4.
2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:
a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.
b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.
d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
e) Las que, con independencia de la cuantía del procedimiento, sean susceptibles de extensión de efectos.
La letra e) del apartado 2 procede del artículo 102.19 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- Son apelables las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales.
- No son apelables las dictadas en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
- Tampoco las de materia electoral del artículo 8.4.
- Siempre apelables: las que declaren la inadmisibilidad en asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros.
- Siempre apelables: las dictadas en el procedimiento de protección de derechos fundamentales.
- Siempre apelables: las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas o impugnaciones indirectas de disposiciones generales.
- Siempre apelables: las susceptibles de extensión de efectos, con independencia de la cuantía.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sentencias de los Juzgados son apelables salvo las de cuantía no superior a 30.000 euros y las electorales del artículo 8.4. Pero cinco tipos de sentencia son siempre apelables, con independencia de esos límites.
Esquema
| No apelables | Siempre apelables | |
|---|---|---|
| Cuantía | Cuantía que no exceda de 30.000 euros | Inadmisibilidad en esos asuntos; extensión de efectos sin importar la cuantía |
| Materia | Electoral del artículo 8.4 | Derechos fundamentales, litigios entre Administraciones, impugnaciones indirectas |
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Artículo 82
El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según esta Ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.
Datos clave
- Pueden apelar quienes estén legitimados como parte demandante.
- También quienes estén legitimados como parte demandada.
- La legitimación para apelar se determina conforme a la propia Ley 29/1998.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Puede apelar quien, según esta Ley, esté legitimado como parte demandante o demandada.
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Artículo 83
El artículo 83 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. El recurso de apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia atendiendo a los criterios establecidos en el capítulo II del Título VI.
Datos clave
- El recurso de apelación contra sentencias es admisible en ambos efectos, salvo disposición legal en contrario.
- El Juez puede adoptar en cualquier momento, a instancia de parte, medidas cautelares para asegurar la ejecución de la sentencia, con los criterios del capítulo II del Título VI.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La apelación contra sentencias se admite, como regla, en ambos efectos, salvo que la Ley diga otra cosa. Aun así, el Juez puede adoptar a petición de parte medidas cautelares para asegurar la ejecución.
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Artículo 84
El artículo 84 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder de aquéllos. En este caso no podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.
2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2.
3. No se acordará la ejecución provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación.
4. Previa audiencia de las demás partes por plazo común de cinco días, el Juez resolverá sobre la ejecución provisional en el término de los cinco días siguientes.
5. Cuando quien inste la ejecución provisional sea una Administración pública, quedará exenta de la prestación de caución.
Datos clave
- La apelación no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida; las partes favorecidas pueden instarla y pueden acordarse medidas o exigirse caución o garantía.
- La caución se ajusta al artículo 133.2.
- No se acuerda la ejecución provisional si puede producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación.
- Previa audiencia de las demás partes por plazo común de cinco días, el Juez resuelve en los cinco días siguientes.
- Si la insta una Administración pública, queda exenta de caución.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Apelar no impide que la parte favorecida pida la ejecución provisional de la sentencia, con medidas o caución si hay riesgo de perjuicios. No cabe si crea situaciones irreversibles, y la Administración que la insta no presta caución.
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Artículo 85
El artículo 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la tramitación del recurso de apelación.
1. El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de quince días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, el Secretario judicial declarará la firmeza de la sentencia.
2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia susceptible de apelación, el Secretario judicial dictará resolución admitiendo el recurso, contra la que no cabrá recurso alguno, y dará traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, puedan formalizar su oposición. En otro caso, lo pondrá en conocimiento del Juez que, si lo estima oportuno, denegará la admisión por medio de auto, contra el que podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. En los escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo las partes podrán pedir el recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables.
4. En el escrito de oposición, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelación, deberá hacerlo constar, en cuyo caso el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará vista a la apelante, por cinco días, de esta alegación. También podrá el apelado, en el mismo escrito, impugnar la sentencia apelada en lo que le resulte desfavorable, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, y en este caso el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado al apelante del escrito de oposición por plazo de diez días, al solo efecto de que pueda oponerse a la impugnación.
5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevará los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo competente, que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisión del recurso o sobre el recibimiento a prueba.
6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su práctica tendrá lugar con citación de las partes.
7. Las partes, en los escritos de interposición y de oposición al recurso, podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.
8. El Secretario judicial acordará la celebración de vista, en cuyo caso hará el oportuno señalamiento, o la presentación de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba. La Sala también podrá acordar que se celebre vista, que señalará el secretario, o que se presenten conclusiones escritas cuando lo estimare necesario, atendida la índole del asunto. Será de aplicación a estos trámites lo dispuesto en los artículos 63 a 65. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Secretario judicial declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia.
9. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia.
10. Cuando la Sala revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolverá al mismo tiempo sobre el fondo del asunto.
Los apartados 3 y 4 tienen la redacción dada por el artículo 102.20 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- La apelación se interpone ante el Juzgado que dictó la sentencia, en los quince días siguientes a su notificación, mediante escrito razonado.
- Sin recurso en ese plazo, el Secretario judicial declara la firmeza de la sentencia.
- La resolución que admite el recurso no es recurrible; las demás partes tienen quince días para oponerse.
- Contra el auto que deniega la admisión cabe recurso de queja.
- El apelado puede impugnar la sentencia en lo que le sea desfavorable; el apelante dispone de diez días para oponerse.
- Las partes se emplazan para comparecer en treinta días ante la Sala competente.
- La Sala dicta sentencia en diez días desde que el pleito queda concluso y, si revoca una inadmisibilidad, resuelve también sobre el fondo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La apelación se interpone ante el Juzgado en quince días con escrito razonado; las demás partes se oponen en quince días. Luego se elevan los autos y se emplaza treinta días ante la Sala, que sentencia en diez días.
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Artículo 86
El artículo 86 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina las resoluciones susceptibles de recurso de casación.
1. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.
2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.
3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.
Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.
4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.
Esta redacción procede de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en vigor desde el 22 de julio de 2016.
Datos clave
- Son recurribles en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo las sentencias de única instancia de los Juzgados y las de única instancia o apelación de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.
- Las de los Juzgados solo si contienen doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos.
- Se exceptúan las sentencias del procedimiento de protección del derecho de reunión y de los procesos contencioso-electorales.
- Las de los Tribunales Superiores de Justicia van al Supremo solo por infracción relevante de Derecho estatal o de la Unión Europea.
- Si se invoca Derecho autonómico, resuelve una Sección del Tribunal Superior de Justicia de cinco miembros, presidida por el Presidente de la Sala.
- Las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre responsabilidad contable son recurribles en casación según su Ley de Funcionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Qué sentencias llegan en casación al Tribunal Supremo: las de los Juzgados en única instancia (muy limitadas) y las de la Audiencia Nacional y los TSJ. Las de los TSJ solo por Derecho estatal o de la Unión; el Derecho autonómico va a una Sección especial del propio TSJ.
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Artículo 87
El artículo 87 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. También son susceptibles de recurso de casación los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepción e igual límite dispuestos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior:
a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
b) Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares.
c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91.
e) Los dictados en aplicación de los artículos 110 y 111.
1 bis. Serán susceptibles de recurso de casación, en todo caso, los autos dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i) de esta ley.
2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el apartado 1, es requisito necesario interponer previamente el recurso de reposición. Sin embargo, no será requisito necesario interponer previamente recurso de reposición en los recursos de casación contra los autos a que se refiere el apartado 1 bis.
Datos clave
- Son recurribles en casación los autos de la Sala de la Audiencia Nacional y de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren la inadmisión o hagan imposible la continuación, los que pongan término a la pieza de suspensión o medidas cautelares, y los recaídos en ejecución de sentencia en los términos del precepto.
- También los dictados en el caso del artículo 91 y en aplicación de los artículos 110 y 111.
- Son recurribles en todo caso los autos dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i).
- Para preparar la casación en los casos del apartado 1 es requisito previo interponer recurso de reposición, no exigible en los autos del apartado 1 bis.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Además de sentencias, ciertos autos de la Audiencia Nacional y de los TSJ son casables. Para prepararlos hace falta reposición previa, salvo en los autos de los artículos 10.8 y 11.1.i), recurribles en todo caso.
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Artículo 87 bis
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.
2. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate.
3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.
Datos clave
- La casación ante el Tribunal Supremo se limita a las cuestiones de derecho, con exclusión de las de hecho (salvo art. 93.3).
- Pretensión: anulación total o parcial de la sentencia o auto impugnado.
- En su caso, devolución de los autos al tribunal de instancia o resolución del litigio por el Tribunal Supremo.
- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo puede fijar la extensión máxima de los escritos de interposición y oposición.
- Ese acuerdo se publica en el «Boletín Oficial del Estado».
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delimita el recurso de casación: se ciñe a cuestiones de Derecho, sin entrar en los hechos; solo puede pedir la anulación de la sentencia o auto y, según el caso, la devolución a la instancia o que el propio Tribunal Supremo resuelva el litigio.
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Artículo 87 ter
El artículo 87 ter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. El recurso de casación contra autos dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i) de esta ley, se iniciará mediante escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que las partes comparecerán e interpondrán directamente el recurso de casación.
2. La parte recurrente, el mismo día en que interponga el recurso, habrá de presentar escrito ante la Sala de instancia poniendo en su conocimiento el hecho de la interposición, debiendo dicha Sala, en el día siguiente hábil a esa comunicación, remitir el testimonio de las actuaciones seguidas en el procedimiento en que se dictó el auto recurrido a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
3. El escrito de comparecencia e interposición habrá de presentarse en el plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de notificación del auto impugnado y, con acompañamiento de testimonio de dicho auto, expondrá los requisitos de procedimiento, señalando la cuestión de interés casacional sobre la que se interesa se fije doctrina y las pretensiones relativas al enjuiciamiento del auto recurrido.
4. Si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal en cumplimiento de actuaciones coordinadas en salud pública declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, también ostentará legitimación activa en el presente recurso la Administración General del Estado.
5. Cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y, en todo caso, cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para la tramitación y resolución del recurso de casación. Contra la decisión que deniegue la habilitación solicitada no cabrá recurso.
6. Presentado el escrito será turnado de inmediato a la Sección competente para la tramitación y decisión, que lo tramitará preferentemente, dando traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de tres días.
7. Transcurrido el plazo de alegaciones, y sin que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 128.1 de la presente ley sobre la declaración de caducidad, la Sección competente para la tramitación y decisión fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones y pretensiones planteadas, en el plazo de los cinco días siguientes.
8. Se aplicarán a todos los escritos los requisitos de extensión máxima y normas de estilo establecidas por la Sala en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 bis.3 de la presente ley.
Datos clave
- El recurso de casación contra autos de los artículos 10.8 y 11.1.i) se inicia con escrito presentado ante la Sala del Tribunal Supremo, en el que se comparece e interpone directamente.
- El mismo día debe comunicarse la interposición a la Sala de instancia, que remite el testimonio de las actuaciones el día hábil siguiente.
- El escrito se presenta en el plazo de tres días hábiles desde la notificación del auto impugnado.
- Pueden habilitarse los días inhábiles; contra la denegación no cabe recurso.
- Traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para alegaciones por plazo común de tres días.
- La Sección competente fija doctrina y resuelve en los cinco días siguientes al plazo de alegaciones.
- En caso de medidas de una autoridad sanitaria no estatal en actuaciones coordinadas declaradas por el Ministerio de Sanidad, también tiene legitimación la Administración General del Estado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Casación exprés contra los autos de los artículos 10.8 y 11.1.i): se interpone directamente ante el Supremo en tres días hábiles, alegaciones en tres días y resolución en los cinco siguientes, con posible habilitación de días inhábiles.
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Artículo 88
El artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como requisito de admisión del recurso de casación.
1. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna:
a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.
b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.
c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.
d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.
f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.
g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.
h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.
i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.
3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo:
a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
b) Cuando dicha resolución se aparte de la jurisprudencia existente de modo deliberado por considerarla errónea o de modo inmotivado pese a haber sido citada en el debate o ser doctrina asentada.
c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
La letra b) del apartado 3 tiene la redacción dada por el artículo 224.3 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en vigor desde el 29 de julio de 2023.
Datos clave
- La casación se admite si se invoca una infracción concreta y el Tribunal Supremo aprecia interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
- El interés casacional apreciado se motiva expresamente en el auto de admisión.
- El apartado 2 enumera nueve supuestos, entre ellos la doctrina contradictoria, la gravemente dañosa y la que afecta a un gran número de situaciones.
- Se presume interés casacional si no hay jurisprudencia sobre las normas aplicadas o si la resolución se aparta de ella deliberada o inmotivadamente.
- También se presume si la sentencia declara nula una disposición general, salvo evidente falta de trascendencia.
- Y si resuelve sobre actos de organismos reguladores enjuiciados por la Audiencia Nacional o de los Consejos de Gobierno autonómicos.
- En los supuestos a), d) y e) del apartado 3 puede inadmitirse por auto motivado si falta manifiestamente el interés casacional.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La llave de la casación es el interés casacional objetivo para formar jurisprudencia. El Supremo puede apreciarlo en nueve supuestos abiertos y lo presume en cinco, aunque en tres de esos puede inadmitir si falta manifiestamente.
Esquema
| Apartado 2 (podrá apreciar) | Apartado 3 (se presumirá) | |
|---|---|---|
| Naturaleza | Lista abierta, motivada en el auto de admisión | Presunción con salvedades |
| Ejemplos | Doctrina contradictoria, gravemente dañosa, gran número de situaciones | Falta de jurisprudencia, apartamiento de ella, nulidad de disposición general |
| Inadmisión | Si no aprecia el interés | En a), d) y e), por auto motivado si falta manifiestamente |
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Artículo 89
El artículo 89 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la preparación del recurso de casación.
1. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.
2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna.
b) Identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.
c) Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.
d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir.
e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.
f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
3. Si el escrito de preparación no se presentara en el plazo de treinta días, la sentencia o auto quedará firme, declarándolo así el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión sólo cabrá el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta Ley.
4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de quince días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo. Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión.
6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento.
El apartado 5 tiene la redacción dada por el artículo 224.4 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en vigor desde el 29 de julio de 2023.
Datos clave
- La casación se prepara ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días desde el siguiente a la notificación.
- Están legitimados quienes hayan sido parte en el proceso o debieran haberlo sido.
- El escrito de preparación se estructura en apartados separados con epígrafe y debe fundamentar especialmente el interés casacional objetivo.
- Si se presenta fuera de plazo, la resolución queda firme por decreto del Letrado de la Administración de Justicia; solo cabe el recurso directo de revisión del artículo 102 bis.
- Si no cumple los requisitos, la Sala lo tiene por no preparado mediante auto motivado, contra el que solo cabe recurso de queja.
- Si se tiene por preparado, se emplaza a las partes para comparecer en quince días ante el Tribunal Supremo.
- Contra el auto que tiene por preparado el recurso no cabe recurso alguno, aunque el recurrido puede oponerse a la admisión al comparecer.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La casación se prepara ante la Sala de instancia en treinta días con un escrito estructurado en apartados que justifique sobre todo el interés casacional. Fuera de plazo, firmeza; sin requisitos, no preparado; si todo está bien, emplazamiento de quince días ante el Supremo.
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Artículo 90
El artículo 90 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de veinte días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
2. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepción del Presidente de la Sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicará en la página web del Poder Judicial.
3. La resolución sobre la admisión o inadmisión del recurso adoptará la siguiente forma:
a) En los supuestos del apartado 2 del artículo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la resolución adoptará la forma de providencia sucintamente motivada, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto motivado.
b) En los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en los que se presume la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por auto motivado en el que se justificará que concurren las salvedades que en aquél se establecen.
4. Los autos de admisión precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de estas circunstancias:
a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada;
b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación;
c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o
d) carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno.
6. El Letrado de la Administración de Justicia de Sala comunicará inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada y, si es de inadmisión, le devolverá las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos.
7. Los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo hará público, en la mencionada página web y en el «Boletín Oficial del Estado», el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución.
8. La inadmisión a trámite del recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
Datos clave
- La Sección puede acordar excepcionalmente oír a las partes por plazo común de veinte días sobre si el recurso presenta interés casacional objetivo.
- La admisión o inadmisión la decide una Sección integrada por el Presidente de la Sala y al menos un Magistrado de cada una de las demás Secciones, renovada por mitad al año de su constitución y luego cada seis meses.
- La inadmisión adopta forma de providencia sucintamente motivada y la admisión de auto; si se presume interés casacional objetivo (artículo 88.3), la inadmisión se acuerda por auto motivado.
- Contra las providencias y autos de admisión o inadmisión no cabe recurso alguno.
- Los autos de admisión se publican en la página web del Tribunal Supremo y semestralmente se hace público el listado en esa página y en el Boletín Oficial del Estado.
- La inadmisión comporta la imposición de costas a la parte recurrente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Una Sección especial del Supremo decide la admisión. Inadmite por providencia sucinta y admite por auto, salvo cuando hay presunción u opinión favorable de la instancia. Nada de ello es recurrible y la inadmisión trae costas.
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Artículo 91
El artículo 91 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.
2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2 de esta Ley.
3. El Tribunal de instancia denegará la ejecución provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.
4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Letrado de la Administración de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo.
Datos clave
- La preparación del recurso de casación no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
- Pueden acordarse medidas y exigirse caución o garantía, sin cuya constitución no se lleva a efecto la ejecución provisional.
- El Tribunal de instancia deniega la ejecución provisional si puede crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.
- La caución se ajusta al artículo 133.2 de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Preparar la casación no impide la ejecución provisional de la sentencia. Se puede exigir caución, y el Tribunal de instancia la deniega si puede crear situaciones irreversibles o perjuicios de difícil reparación.
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Artículo 92
El artículo 92 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula la interposición, oposición, vista y sentencia del recurso de casación.
1. Admitido el recurso, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la Secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la Oficina judicial o por medios electrónicos.
2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaración sólo podrán interponerse los recursos que prevé el artículo 102 bis de esta Ley.
3. El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:
a) Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y
b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.
4. Si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolución del recurso acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
5. En otro caso, acordará dar traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de treinta días. Durante este plazo estarán de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial o por medios electrónicos. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso.
6. Transcurrido dicho plazo, háyanse presentado o no los escritos de oposición, la Sección competente para la decisión del recurso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes formulada por otrosí en los escritos de interposición u oposición, acordará la celebración de vista pública salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo. El señalamiento del día en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votación y fallo respetará la programación que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigüedad del recurso, se haya podido establecer.
7. Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petición de la mayoría de los Magistrados de la Sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala.
8. La Sección competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictará sentencia en el plazo de diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.
Los apartados 1 y 5 tienen la redacción dada por el artículo 102.21 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024.
Datos clave
- Admitido el recurso, la parte recurrente dispone de treinta días desde la notificación de la diligencia de ordenación para presentar el escrito de interposición.
- Sin escrito de interposición en plazo, el recurso se declara desierto; solo caben los recursos del artículo 102 bis.
- El escrito de interposición no puede extenderse a normas o jurisprudencia no identificadas en la preparación y debe analizar las sentencias del Tribunal Supremo invocadas.
- Si el escrito incumple los requisitos, se dicta sentencia de inadmisión con imposición de costas.
- Las partes recurridas pueden oponerse en el plazo común de treinta días, sin pretender la inadmisión del recurso.
- La vista pública se celebra salvo que la índole del asunto la haga innecesaria; el señalamiento atiende prioritariamente a la mayor antigüedad.
- Sentencia en diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Admitida la casación, el recurrente tiene treinta días para interponerla con un escrito que no puede ir más allá de lo preparado. Si falla, sentencia de inadmisión con costas; si no, oposición en treinta días, vista salvo que sea innecesaria y sentencia en diez días.
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Artículo 93
El artículo 93 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación.
2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el órgano judicial de instancia, anulará la resolución recurrida e indicará, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prevé el artículo 5.3 de esta Ley, o remitirá, en el segundo, las actuaciones al órgano judicial que hubiera debido conocer de ellas.
3. En la resolución de la concreta controversia jurídica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.
4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del artículo anterior, resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
Datos clave
- La sentencia fija la interpretación de las normas sobre las que el auto de admisión consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo, y resuelve las cuestiones deducidas, anulando o confirmando la resolución recurrida.
- Puede ordenar la retroacción de actuaciones cuando justifique su necesidad.
- Si el orden contencioso-administrativo o el órgano de instancia no son competentes, anula la resolución e indica el orden competente o remite las actuaciones.
- El Tribunal Supremo puede integrar hechos omitidos por la Sala de instancia, suficientemente justificados, incluso para apreciar la desviación de poder.
- Costas del recurso de casación: cada parte abona las causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia de casación fija la interpretación de las normas señaladas en el auto de admisión y con ella resuelve el caso: anula o confirma, y puede ordenar retroacción. En costas de casación, cada parte paga las suyas y las comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad.
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Artículo 94
El artículo 94 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente:
1. Cuando por la Sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se constate la existencia de un gran número de recursos que susciten una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, cuando cumplan las exigencias impuestas en el artículo 89.2 y presenten interés casacional objetivo, para su tramitación y resolución preferente, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en el primero o primeros.
2. Una vez dictada sentencia de fondo se llevará testimonio de esta a los recursos suspendidos y se notificará a los interesados afectados por la suspensión, dándoles un plazo de alegaciones de diez días a fin de que puedan interesar la continuación del trámite de su recurso de casación, o bien desistir del mismo. En caso de que interesen la continuación valorarán la incidencia que la sentencia de fondo dictada por el Tribunal Supremo tiene sobre su recurso.
3. Efectuadas dichas alegaciones y cuando no se hubiera producido el desistimiento, si la sentencia impugnada en casación resulta coincidente, en su fallo y razón de decidir, con lo resuelto por la sentencia o sentencias del Tribunal Supremo, se inadmitirán por providencia los recursos de casación pendientes.
Por el contrario, si la sentencia impugnada en casación no resulta coincidente, en su fallo y razón de decidir, con lo resuelto por la sentencia o sentencias del Tribunal Supremo, se dictará auto de admisión y se remitirá el conocimiento del asunto a la Sección correspondiente, siempre que el escrito de preparación cumpla las exigencias impuestas en el artículo 89.2 y presente interés casacional objetivo.
4. Remitidas las actuaciones, la Sección resolverá si continua con la tramitación prevista en el artículo 92 o si dicta sentencia sin más trámite, remitiéndose a lo acordado en la sentencia de referencia y adoptando los demás pronunciamientos que considere necesarios.
Datos clave
- Si hay un gran número de recursos con una cuestión jurídica sustancialmente igual, la Sección de admisión puede admitir uno o varios para tramitación y resolución preferente, suspendiendo el trámite de admisión de los demás.
- Dictada la sentencia de fondo, se notifica a los afectados con plazo de alegaciones de diez días para continuar o desistir.
- Si la sentencia impugnada coincide en fallo y razón de decidir con la del Tribunal Supremo, se inadmiten por providencia los recursos pendientes.
- Si no coincide, se dicta auto de admisión y se remite a la Sección correspondiente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante muchos recursos sobre la misma cuestión, el Supremo admite uno o varios como piloto y suspende el resto. Dictada sentencia, los demás alegan en diez días: si su sentencia coincide con la del Supremo, inadmisión por providencia; si no, admisión.
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Artículo 102
El artículo 102 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula el recurso de revisión contra sentencias firmes.
1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:
a) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.
2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.
3. En lo referente a legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisión, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, sólo habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.
4. La revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Esta redacción procede de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en vigor desde el 1 de octubre de 2015.
Datos clave
- Procede la revisión de una sentencia firme si se recobran documentos decisivos no aportados por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida.
- También si recayó en virtud de documentos declarados falsos o si los testigos fueron condenados por falso testimonio.
- También si se dictó en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.
- Cabe revisión cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que la resolución violó el Convenio Europeo y sus efectos persistan.
- La revisión no puede perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceros.
- Legitimación, plazos, procedimiento y efectos se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil; solo hay vista si la piden todas las partes o la Sala lo estima necesario.
- La revisión en responsabilidad contable se rige por la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La revisión rompe la firmeza de una sentencia en casos tasados: documentos recobrados, documentos falsos, falso testimonio o cohecho y maquinaciones. También tras una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con efectos persistentes.
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Artículo 102 bis
El artículo 102 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario judicial cabrá recurso de reposición ante el Secretario que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos en que la Ley prevea recurso directo de revisión.
El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el párrafo anterior, se inadmitirá mediante decreto directamente recurrible en revisión.
Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Secretario judicial dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de tres días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el Secretario judicial resolverá mediante decreto dentro del tercer día.
2. Cabrá recurso de revisión ante el juez, la jueza o el tribunal contra el decreto resolutivo de la reposición y recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dichos recursos carecerán de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.
3. El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso, concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente.
Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Juzgado o Tribunal lo inadmitirá mediante providencia.
Transcurrido el plazo para impugnación, háyanse presentado o no escritos, el Juzgado o Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días.
Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno.
4. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión únicamente cabrá recurso de apelación y de casación en los supuestos previstos en los artículos 80 y 87 de esta Ley, respectivamente.
Datos clave
- Contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario judicial cabe recurso de reposición ante el mismo Secretario, en cinco días desde el siguiente a la notificación.
- Interpuesto el recurso, se da traslado a las demás partes por término común de tres días y el Secretario resuelve mediante decreto dentro del tercer día.
- Contra el decreto resolutivo de la reposición cabe recurso de revisión; contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación, recurso directo de revisión, sin efectos suspensivos.
- El recurso de revisión se interpone en cinco días citando la infracción; las demás partes disponen de cinco días para impugnarlo y el órgano resuelve mediante auto en cinco días.
- Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabe recurso; contra el auto que resuelve la revisión solo cabe apelación y casación en los supuestos de los artículos 80 y 87.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recursos contra resoluciones del Secretario judicial: reposición ante él mismo contra diligencias y decretos no definitivos; revisión ante el Juez contra el decreto que resuelve la reposición y directa contra los que ponen fin al procedimiento. Plazos de cinco y tres días.
Esquema
| Reposición | Revisión | |
|---|---|---|
| Contra qué | Diligencias de ordenación y decretos no definitivos | Decreto que resuelve la reposición; directa contra decretos que ponen fin al procedimiento |
| Quién resuelve | El Secretario que dictó la resolución, por decreto | El juez, la jueza o el tribunal, por auto |
| Plazos | Cinco días; traslado de tres; resolución dentro del tercer día | Cinco días; impugnación de cinco; resolución en cinco |
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Artículo 103
El artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos adoptados en el proceso corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.
2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen.
3. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto.
4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.
5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Datos clave
- La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden, y su ejercicio compete al que conoció del asunto en primera o única instancia.
- Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos consignados; todas las personas y entidades públicas y privadas deben prestar la colaboración requerida.
- Son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias dictados para eludir su cumplimiento.
- El órgano de ejecución declara su nulidad a instancia de parte por los trámites de los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo falta de competencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Hacer ejecutar las sentencias es potestad exclusiva de los juzgados y tribunales contencioso-administrativos, en concreto del que conoció en primera o única instancia. Todos deben colaborar, y los actos dictados para eludir el fallo son nulos de pleno derecho.
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Artículo 104
El artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Luego que sea firme una sentencia, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
Datos clave
- Firme la sentencia, el letrado de la Administración de Justicia la comunica en el plazo de diez días al órgano responsable de su cumplimiento.
- Transcurridos dos meses desde la comunicación, o el plazo fijado en la sentencia conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas puede instar la ejecución forzosa.
- La sentencia puede fijar un plazo inferior para el cumplimiento cuando el plazo de dos meses lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Firme la sentencia, se comunica en diez días al órgano responsable de cumplirla. Si a los dos meses (o en el plazo que fije la sentencia) no la ha cumplido, cualquiera de las partes y personas afectadas puede pedir la ejecución forzosa.
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Artículo 105
El artículo 105 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo.
2. Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.
3. Son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaración de la concurrencia de alguna de las causas citadas se hará por el Gobierno de la Nación; podrá también efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposición impugnados proviniera de los órganos de la Administración de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio, así como de las Entidades de Derecho público y Corporaciones dependientes de una y otras.
La declaración de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el párrafo anterior habrá de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la sentencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecución señalará, por el trámite de los incidentes, la correspondiente indemnización y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciará, además, la concurrencia de dicho motivo.
Datos clave
- No puede suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo.
- En caso de imposibilidad material o legal de ejecutar, el órgano obligado lo manifiesta a la autoridad judicial a través del representante procesal de la Administración, dentro del plazo del apartado segundo del artículo anterior.
- Son causas de utilidad pública o interés social para expropiar el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra y el quebranto de la integridad del territorio nacional.
- La declaración la hace el Gobierno de la Nación (y también el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en el supuesto de peligro cierto de alteración grave, respecto de actos de su Administración y entidades locales).
- La declaración debe efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la sentencia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El fallo no puede suspenderse ni dejar de ejecutarse. Si es imposible cumplirlo, el Juez decide medidas e indemnización; y solo tres causas tasadas permiten expropiar los derechos reconocidos, declaradas en dos meses.
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Artículo 106
El artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. 2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento. 4. Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquélla. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias conforme a esta Ley. 6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con créditos que la Administración ostente contra el recurrente.
Datos clave
- La condena al pago de cantidad líquida se paga con cargo al crédito presupuestario correspondiente, que tiene siempre la consideración de ampliable.
- Si es necesaria una modificación presupuestaria, debe concluirse dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
- Se añade el interés legal del dinero desde la notificación de la sentencia en única o primera instancia.
- Transcurridos tres meses desde la comunicación de la sentencia firme se puede instar la ejecución forzosa; la autoridad judicial puede incrementar en dos puntos el interés legal si aprecia falta de diligencia.
- Si el cumplimiento produce trastorno grave a su Hacienda, la Administración lo pone en conocimiento del Juez o Tribunal con propuesta razonada; cualquiera de las partes puede solicitar la compensación con créditos de la Administración contra el recurrente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración es condenada a pagar cantidad líquida, paga con cargo a un crédito siempre ampliable, más interés legal. A los tres meses cabe ejecución forzosa y el interés puede subir dos puntos por falta de diligencia.
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Artículo 107
El artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Secretario judicial dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicación sea en periódicos privados, se deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional un interés público que lo justifique.
2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.
Datos clave
- Si la sentencia firme anula total o parcialmente el acto, el Secretario judicial dispone a instancia de parte la inscripción del fallo en los registros públicos y su publicación en periódicos oficiales o privados, a costa de la parte ejecutada.
- La publicación en periódicos privados exige acreditar un interés público que la justifique.
- Si la sentencia anula una disposición general o un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, se ordena su publicación en diario oficial en diez días desde la firmeza.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Anulado un acto por sentencia firme, se inscribe el fallo en los registros y puede publicarse, a costa del ejecutado. Si se anula una disposición general o un acto que afecta a una pluralidad indeterminada, se publica en diario oficial en diez días.
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Artículo 108
El artículo 108 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento: a) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto. b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada. 2. Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento. 3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Datos clave
- Si se condena a la Administración a realizar una actividad o dictar un acto, el Juez o Tribunal puede, en caso de incumplimiento, ejecutar por sus propios medios o requiriendo colaboración, o adoptar las medidas necesarias, incluida la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada.
- Si la Administración realiza una actividad contraria al fallo, el Juez o Tribunal repone la situación al estado exigido y determina los daños y perjuicios.
- Si ordena la demolición de un inmueble, exige como condición previa garantías suficientes para el pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe, salvo peligro inminente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si la Administración no cumple una condena de hacer, el Juez puede ejecutar por sí o con ayuda de otras Administraciones, o lograr el efecto del acto omitido, incluso por ejecución subsidiaria. Antes de demoler un inmueble ilegal, exige garantías para terceros de buena fe.
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Artículo 109
El artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes: a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran. c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. 2. Del escrito planteando la cuestión incidental el Secretario judicial dará traslado a las partes para que, en plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que estimen procedente. 3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictará auto, en el plazo de diez días, decidiendo la cuestión planteada.
Datos clave
- Mientras no conste la total ejecución, la Administración, las demás partes y los afectados pueden promover incidente para decidir las cuestiones de ejecución sin contrariar el fallo.
- Cuestiones señaladas: órgano administrativo responsable, plazo máximo de cumplimiento y medios y procedimiento a seguir.
- Se da traslado a las partes por plazo común que no excede de veinte días.
- El Juez o Tribunal dicta auto en el plazo de diez días decidiendo la cuestión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Mientras la sentencia no esté totalmente ejecutada, Administración, partes y afectados pueden abrir un incidente para resolver dudas de ejecución sin contrariar el fallo. Alegaciones hasta veinte días y auto en diez.
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Artículo 110
El artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.
c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.
2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos.
3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo.
4. Antes de resolver, en los veinte días siguientes, el Secretario judicial recabará de la Administración los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común de cinco días, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensión. Una vez evacuado el trámite, el Juez o Tribunal resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo.
6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales previstas en el artículo 80.
Datos clave
- En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que reconoció una situación jurídica individualizada pueden extenderse a otras personas.
- Requisitos: idéntica situación jurídica, competencia territorial del juez o tribunal sentenciador y solicitud en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte.
- El Secretario judicial recaba de la Administración, en los veinte días siguientes, los antecedentes y un informe sobre la viabilidad; las partes alegan por plazo común de cinco días; resuelve el órgano mediante auto.
- Se desestima en todo caso si existe cosa juzgada, si la doctrina del fallo es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la de los Tribunales Superiores de Justicia (recurso del artículo 99), o si hay resolución consentida y firme.
- Si está pendiente un recurso de revisión o de casación en interés de la ley, queda en suspenso la decisión; el recurso contra el auto sigue las reglas del artículo 80.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En materia tributaria, de personal y de unidad de mercado, quien está en idéntica situación que el ganador de una sentencia firme puede pedir que se le extiendan sus efectos en un año, sin pleito propio. Hay tres causas de desestimación en todo caso.
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Artículo 111
El artículo 111 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Cuando se hubiere acordado suspender la tramitación de uno o más recursos con arreglo a lo previsto en el artículo 37.2, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito que se hubiere tramitado con carácter preferente, el Secretario judicial requerirá a los recurrentes afectados por la suspensión para que en el plazo de cinco días interesen la extensión de los efectos de la sentencia o la continuación del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del recurso. Si se solicitase la extensión de los efectos de aquella sentencia, el Juez o Tribunal la acordará, salvo que concurra la circunstancia prevista en el artículo 110.5.b) o alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso contempladas en el artículo 69 de esta Ley.
Datos clave
- Si se suspendió la tramitación de recursos conforme al artículo 37.2, declarada la firmeza de la sentencia del pleito preferente, el Secretario judicial requiere a los recurrentes afectados.
- Los recurrentes tienen cinco días para interesar la extensión de efectos, la continuación del pleito o desistir.
- Solicitada la extensión, el Juez o Tribunal la acuerda salvo la circunstancia del artículo 110.5.b) o alguna causa de inadmisibilidad del artículo 69.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando se suspendieron recursos a la espera de un pleito preferente, firme su sentencia, los recurrentes suspendidos eligen en cinco días: extensión de efectos, continuar o desistir. La extensión se concede salvo dos excepciones.
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Artículo 112
El artículo 112 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado. Singularmente, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o la Sala podrán: a) Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposición de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48. b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Datos clave
- Transcurridos los plazos de cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adopta, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad.
- Acreditada la responsabilidad y previo apercibimiento, puede imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos, reiterables hasta la completa ejecución.
- Puede también deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Vencidos los plazos de cumplimiento, el Juez adopta las medidas necesarias para hacer efectivo el fallo. Puede multar a autoridades y funcionarios incumplidores, de forma reiterada, y deducir testimonio para la vía penal.
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Artículo 113
El artículo 113 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Transcurrido el plazo de ejecución que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el artículo 77.3, cualquiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa.
2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podrá requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos meses podrá proceder a instar su ejecución forzosa.
Datos clave
- Transcurrido el plazo de ejecución fijado en el acuerdo del artículo 77.3, cualquiera de las partes puede instar su ejecución forzosa.
- Si no se fijó plazo para el cumplimiento, la parte perjudicada puede requerir a la otra su cumplimiento.
- Transcurridos dos meses desde ese requerimiento, puede instar la ejecución forzosa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los acuerdos que ponen fin al pleito también se ejecutan forzosamente: pasado el plazo fijado en el acuerdo, o, si no lo hay, dos meses después de requerir su cumplimiento a la otra parte.
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Artículo 114
El artículo 114 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley. 2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado. 3. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente.
Datos clave
- El procedimiento de amparo judicial de libertades y derechos (artículo 53.2 de la Constitución) se rige por este capítulo y, en lo no previsto, por las normas generales de la Ley.
- Pueden hacerse valer las pretensiones de los artículos 31 y 32 si tienen como finalidad restablecer o preservar los derechos o libertades por los que se formuló el recurso.
- La tramitación de estos recursos tiene a todos los efectos carácter preferente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El procedimiento especial de protección de derechos fundamentales es el amparo judicial del artículo 53.2 de la Constitución en lo contencioso-administrativo. Admite pretensiones de los artículos 31 y 32 ligadas al derecho invocado y es preferente a todos los efectos.
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Artículo 115
El artículo 115 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente. 2. En el escrito de interposición se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso.
Datos clave
- El plazo para interponer el recurso es de diez días, computados desde el día siguiente a la notificación del acto, publicación de la disposición, requerimiento de cese de la vía de hecho o transcurso del plazo fijado para resolver.
- Si la lesión se origina en inactividad, se interpuso potestativamente recurso administrativo o no se formuló requerimiento en vía de hecho, los diez días se inician transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación.
- El escrito de interposición expresa con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales del recurso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El recurso por derechos fundamentales se interpone en diez días, contados según el tipo de actuación. Si hay inactividad, recurso administrativo potestativo o vía de hecho sin requerimiento, los diez días empiezan tras veinte días.
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Artículo 116
El artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento remita el expediente administrativo en soporte electrónico, acompañado de los informes y datos que estime procedentes, que también se enviarán en soporte electrónico, y con apercibimiento de cuanto se establece en el artículo 48.
2. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco días.
3. La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a que se refiere el artículo 117.2.
4. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá el curso de los autos.
5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo entregará a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer alegaciones, y sin alteración del curso del procedimiento.
Datos clave
- El mismo día de la presentación del recurso o el siguiente, el letrado de la Administración de Justicia requiere con carácter urgente al órgano administrativo, que dispone de cinco días para remitir el expediente en soporte electrónico.
- Al remitir el expediente, el órgano lo comunica a los interesados y los emplaza para comparecer como demandados en el plazo de cinco días.
- La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al comparecer, pueden solicitar razonadamente la inadmisión y la comparecencia del artículo 117.2.
- La falta de envío del expediente dentro de plazo no suspende el curso de los autos.
- Si el expediente llega tarde, se entrega a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas para alegaciones, sin alterar el curso del procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Urgencia en los derechos fundamentales: requerimiento del expediente el mismo día o el siguiente, con cinco días para enviarlo y cinco para que comparezcan los interesados. Que no llegue el expediente no para el proceso.
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Artículo 117
El artículo 117 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el Secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, dará cuenta al Tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento.
2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el Secretario judicial convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en este capítulo.
3. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las actuaciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento.
Datos clave
- Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y el de emplazamiento, el Secretario judicial dicta, dentro del siguiente día, decreto mandando seguir las actuaciones.
- Si hay posibles motivos de inadmisión, el Secretario convoca a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia antes de transcurrir cinco días.
- En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dicta auto mandando proseguir las actuaciones por este trámite o acordando la inadmisión por inadecuación del procedimiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Recibido el expediente, el Secretario manda seguir al día siguiente. Si hay posibles motivos de inadmisión, comparecencia con partes y Fiscal en menos de cinco días y auto al día siguiente: proseguir o inadmitir por inadecuación del procedimiento.
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Artículo 118
El artículo 118 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, el Secretario judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos.
Datos clave
- Acordada la prosecución del procedimiento, el Secretario judicial pone de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones.
- El plazo para formalizar la demanda es de ocho días, improrrogable.
- Con la demanda se acompañan los documentos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el procedimiento de derechos fundamentales, acordada la prosecución, el recurrente ve el expediente y tiene ocho días improrrogables para formalizar la demanda con sus documentos.
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Artículo 119
El artículo 119 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Formalizada la demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que presenten sus alegaciones en el plazo común e improrrogable de ocho días y acompañen los documentos que estimen oportunos.
Datos clave
- Formalizada la demanda, el letrado de la Administración de Justicia da traslado de ella, con entrega del expediente administrativo, al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas.
- El plazo para presentar alegaciones es común e improrrogable de ocho días.
- En ese plazo se acompañan los documentos que se estimen oportunos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Formalizada la demanda, se da traslado con el expediente al Ministerio Fiscal y a los demandados, que alegan en un plazo común e improrrogable de ocho días con sus documentos.
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Artículo 120
El artículo 120 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57. El período probatorio no será en ningún caso superior a veinte días comunes para su proposición y práctica.
Datos clave
- Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido su plazo, el órgano jurisdiccional decide en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba.
- El recibimiento a prueba se rige por las normas generales de la Ley y sin perjuicio del artículo 57.
- El periodo probatorio no puede ser en ningún caso superior a veinte días comunes para su proposición y práctica.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras las alegaciones, el órgano decide al día siguiente si recibe el pleito a prueba. El período probatorio nunca puede pasar de veinte días comunes para proponer y practicar.
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Artículo 121
El artículo 121 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de cinco días. 2. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo. 3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto.
Datos clave
- Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dicta sentencia en el plazo de cinco días.
- La sentencia estima el recurso cuando la disposición, actuación o acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y vulneren un derecho susceptible de amparo.
- Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procede siempre la apelación en un solo efecto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Sentencia en cinco días. Estima el recurso si hay cualquier infracción del ordenamiento, incluso desviación de poder, que vulnere un derecho amparable. Las sentencias de los Juzgados son siempre apelables en un solo efecto.
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Artículo 122
El artículo 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, trasladándose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente.
2. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, en el plazo improrrogable de cuatro días, y haciendo entrega del expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que el tribunal, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso.
En cuanto se refiere a la grabación de la audiencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.
3. La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas.
Datos clave
- Los promotores de reuniones prohibidas o cuya modificación no acepten pueden recurrir ante el Tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación.
- Los promotores trasladan copia debidamente registrada del escrito a la autoridad gubernativa para que remita inmediatamente el expediente.
- El letrado de la Administración de Justicia, en el plazo improrrogable de cuatro días, convoca al representante de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes a una audiencia.
- El tribunal resuelve en la audiencia, de manera contradictoria y sin ulterior recurso.
- La decisión solo puede mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si se prohíbe o se propone modificar una reunión y los promotores no lo aceptan, recurren en cuarenta y ocho horas. Audiencia contradictoria convocada en cuatro días y decisión sin recurso, que solo mantiene o revoca.
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Artículo 123
El artículo 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. El Juez o Tribunal planteará, mediante auto, la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1 dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno. 2. En este auto se acordará emplazar a las partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. Transcurrido este plazo, no se admitirá la personación.
Datos clave
- El Juez o Tribunal plantea la cuestión de ilegalidad (artículo 27.1) mediante auto dentro de los cinco días siguientes a que conste la firmeza de la sentencia.
- La cuestión se ciñe exclusivamente a los preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad sirvió de base para estimar la demanda.
- Contra el auto de planteamiento no se da recurso alguno.
- El auto emplaza a las partes para comparecer y formular alegaciones en quince días; transcurrido el plazo, no se admite la personación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La cuestión de ilegalidad se plantea por auto irrecurrible en cinco días desde la firmeza de la sentencia, limitada a los preceptos reglamentarios que sirvieron para estimar la demanda. Las partes tienen quince días para personarse.
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Artículo 124
El artículo 124 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Planteada la cuestión, el Secretario judicial remitirá urgentemente, junto con la certificación del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo. 2. Acordará igualmente la publicación del auto de planteamiento de la cuestión en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición cuestionada.
Datos clave
- Planteada la cuestión, el Secretario judicial remite urgentemente la certificación del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo.
- Se acuerda también la publicación del auto de planteamiento en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición cuestionada.
- La remisión y la publicación son trámites que siguen al planteamiento de la cuestión de ilegalidad.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Planteada la cuestión de ilegalidad, el Secretario remite con urgencia el auto certificado, los autos y el expediente, y ordena publicar el auto en el mismo diario oficial que la disposición cuestionada.
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Artículo 125
El artículo 125 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Con el escrito de personación y alegaciones podrá acompañarse la documentación que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposición cuestionada.
2. Terminado el plazo de personación y alegaciones, el Secretario judicial declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará en los diez días siguientes a dicha declaración. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.
3. El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboración de la disposición cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos el Secretario judicial acordará oír a las partes por plazo común de cinco días sobre el expediente o el resultado de la prueba.
Datos clave
- Con el escrito de personación y alegaciones puede acompañarse la documentación oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposición cuestionada.
- Terminado el plazo, el Secretario judicial declara concluso el procedimiento y la sentencia se dicta en los diez días siguientes.
- El Tribunal puede rechazar en trámite de admisión, mediante auto y sin audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando falten condiciones procesales.
- El plazo para sentenciar se interrumpe si el Tribunal reclama para mejor proveer el expediente de elaboración de la disposición o practica prueba de oficio; se oye a las partes por plazo común de cinco días.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tras personación y alegaciones, el procedimiento queda concluso y la sentencia se dicta en diez días. El Tribunal puede rechazar la cuestión de plano por falta de condiciones procesales, y el plazo se interrumpe si acuerda diligencias para mejor proveer.
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Artículo 126
El artículo 126 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. La sentencia estimará o desestimará parcial o totalmente la cuestión, salvo que faltare algún requisito procesal insubsanable, caso en que la declarará inadmisible. 2. Se aplicará a la cuestión de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en los artículos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73. Se publicarán también las sentencias firmes que desestimen la cuestión. 3. Firme la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, por el Secretario judicial se comunicará al Juez o Tribunal que la planteó. 4. Cuando la cuestión de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, será objeto de tramitación y resolución preferente. 5. La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla.
Datos clave
- La sentencia estima o desestima parcial o totalmente la cuestión, salvo falta de requisito procesal insubsanable, caso en que la declara inadmisible.
- Se aplican a la cuestión de ilegalidad los artículos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73; también se publican las sentencias firmes que la desestimen.
- Firme la sentencia, el Secretario judicial la comunica al Juez o Tribunal que planteó la cuestión.
- Si la cuestión es de especial trascendencia para otros procedimientos, se tramita y resuelve con carácter preferente.
- La sentencia no afecta a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó la cuestión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia estima o desestima la cuestión, o la inadmite por un defecto procesal insubsanable, con el régimen del recurso directo contra reglamentos. Puede ser preferente, y nunca altera lo resuelto en el pleito de origen.
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Artículo 127
El artículo 127 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se procederá conforme a lo dispuesto en este precepto.
2. En el plazo de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según proceda, acompañando en todo caso copia del citado acto de suspensión.
3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el letrado o letrada de la Administración de Justicia requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez días remita el expediente administrativo en soporte electrónico, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de diez días.
4. Recibido el expediente administrativo, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo entregará junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocándolos para la celebración de la vista, que se celebrará como mínimo a los diez días de la entrega del expediente.
5. El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarán en el plazo común de los diez días siguientes a la notificación del auto en que así se acuerde. Podrá también abrir un período de prueba, para mejor proveer, por plazo no superior a quince días.
6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión.
Datos clave
- Se aplica cuando la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de impugnación o traslado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- El recurso se interpone o se da traslado del acuerdo suspendido en los diez días siguientes al acto de suspensión (o el que señale la Ley), con copia del acto de suspensión.
- El letrado de la Administración de Justicia requiere a la corporación o entidad para que en diez días remita el expediente en soporte electrónico, alegue y notifique a los interesados, que comparecen en diez días.
- La vista se celebra como mínimo a los diez días de la entrega del expediente.
- El órgano puede sustituir motivadamente la vista por alegaciones escritas en diez días y abrir periodo de prueba, para mejor proveer, no superior a quince días.
- La sentencia anula o confirma el acto o acuerdo y dispone lo que proceda sobre la suspensión.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando una ley obliga a llevar al juez la suspensión administrativa de acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas, se recurre o traslada en diez días. La entidad remite el expediente en diez días, hay vista o alegaciones escritas y la sentencia anula o confirma.
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Artículo 128
El artículo 128 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el Secretario judicial correspondiente tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos. 2. Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil. 3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.
Datos clave
- Los plazos son improrrogables; transcurridos, se tiene por caducado el derecho y por perdido el trámite.
- Se admite el escrito presentado dentro del día en que se notifique la resolución, salvo en plazos para preparar o interponer recursos.
- Durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso ni ningún otro de la Ley, salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales, en que agosto es hábil.
- En casos de urgencia las partes pueden solicitar la habilitación de días inhábiles en el procedimiento de protección de derechos fundamentales o en el incidente cautelar.
- El Juez o Tribunal resuelve por auto en el plazo de tres días y habilita siempre que la denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los plazos procesales no se prorrogan, agosto no cuenta salvo en derechos fundamentales y, por urgencia, se pueden habilitar días inhábiles en derechos fundamentales y en el incidente cautelar.
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Artículo 129
El artículo 129 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. 2. Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.
Datos clave
- Los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso las medidas que aseguren la efectividad de la sentencia.
- Si se impugna una disposición general y se solicita la suspensión de los preceptos impugnados, la petición debe hacerse en el escrito de interposición o en el de demanda.
- La solicitud de medidas cautelares no está limitada a una fase concreta del proceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las medidas cautelares pueden pedirse en cualquier estado del proceso, salvo la suspensión de una disposición general, que debe pedirse en el escrito de interposición o en el de demanda.
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Artículo 130
El artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. 2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
Datos clave
- La medida cautelar solo puede acordarse, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.
- Puede denegarse cuando pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal pondera en forma circunstanciada.
- La valoración exige ponderar todos los intereses en conflicto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La medida cautelar exige riesgo de que el recurso pierda su finalidad legítima, tras valorar todos los intereses, y puede denegarse si perturba gravemente los intereses generales o de tercero.
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Artículo 131
El artículo 131 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Secretario judicial por plazo que no excederá de diez días, y será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes. Si la Administración demandada no hubiere aún comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano autor de la actividad impugnada.
Datos clave
- El incidente cautelar se sustancia en pieza separada, con audiencia de la parte contraria.
- La audiencia se ordena por plazo que no excede de diez días y el incidente se resuelve por auto dentro de los cinco días siguientes.
- Si la Administración demandada no ha comparecido, la audiencia se entiende con el órgano autor de la actividad impugnada.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El incidente cautelar va en pieza separada: audiencia a la parte contraria por un máximo de diez días y auto en los cinco días siguientes.
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Artículo 132
El artículo 132 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.
2. No podrán modificarse o revocarse las medidas cautelares en razón de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razón de la modificación de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar.
Datos clave
- Las medidas cautelares están en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en la Ley.
- Pueden modificarse o revocarse durante el procedimiento si cambian las circunstancias en virtud de las cuales se adoptaron.
- No pueden modificarse ni revocarse por los avances en el análisis de las cuestiones formales o de fondo ni por la modificación de los criterios de valoración aplicados al decidir el incidente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las cautelares duran hasta la sentencia firme o el fin del procedimiento; solo se modifican o revocan si cambian las circunstancias, no por el avance del debate ni por cambiar el criterio del juez.
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Artículo 133
El artículo 133 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos. 2. La caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida cautelar acordada no se llevará a efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado precedente. 3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelará la garantía constituida.
Datos clave
- Cuando de la medida cautelar puedan derivarse perjuicios, pueden acordarse las medidas adecuadas para evitarlos o paliarlos y exigirse caución o garantía suficiente.
- La caución puede constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y la medida no se lleva a efecto hasta que esté constituida y acreditada en autos.
- Levantada la medida, la Administración o la persona con derecho a indemnización puede solicitarla ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes dentro del año siguiente al alzamiento.
- Si no se solicita en ese plazo, se renuncia a ella o no se acredita el derecho, se cancela la garantía constituida.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
rara evitar o paliar perjuicios de la cautelar cabe exigir medidas o caución; la medida no se ejecuta hasta que la garantía conste, y la indemnización se pide en el año siguiente al alzamiento.
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Artículo 134
El artículo 134 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. El auto que acuerde la medida se comunicará al órgano administrativo correspondiente, el cual dispondrá su inmediato cumplimiento, siendo de aplicación lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2. 2. La suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general será publicada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.2. Lo mismo se observará cuando la suspensión se refiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
Datos clave
- El auto que acuerda la medida se comunica al órgano administrativo, que dispone su inmediato cumplimiento.
- Es de aplicación el capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2.
- La suspensión de disposiciones de carácter general se publica conforme al artículo 107.2; lo mismo si la suspensión se refiere a un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El auto que acuerda la medida se comunica a la Administración para su inmediato cumplimiento, con las reglas de ejecución de sentencias; la suspensión de disposiciones generales se publica.
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Artículo 135
El artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto: a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales. En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63. b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo. 2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo.
Datos clave
- Con circunstancias de especial urgencia, el juez o tribunal puede, sin oír a la parte contraria y en el plazo de dos días, adoptar o denegar la medida mediante auto, sin recurso contra ese auto.
- En la misma resolución da audiencia a la parte contraria por tres días o convoca comparecencia dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida.
- Después dicta auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida, recurrible conforme a las reglas generales.
- Si no aprecia la especial urgencia, ordena tramitar el incidente conforme al artículo 131 y los interesados no pueden solicitar de nuevo medida al amparo de este artículo.
- En extranjería, asilo y condición de refugiado con retorno de un menor de edad, el órgano oye al Ministerio Fiscal antes del auto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ante especial urgencia el juez decide en dos días, sin oír a la otra parte: adopta o deniega la medida (y luego oye) o rechaza la urgencia y manda tramitar el incidente ordinario.
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Artículo 136
El artículo 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En los supuestos de los artículos 29 y 30, la medida cautelar se adoptará salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos artículos o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderará en forma circunstanciada.
2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas también podrán solicitarse antes de la interposición del recurso, tramitándose conforme a lo dispuesto en el artículo precedente. En tal caso el interesado habrá de pedir su ratificación al interponer el recurso, lo que habrá de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares. En los tres días siguientes, el Secretario judicial convocará la comparecencia a la que hace referencia el artículo anterior.
De no interponerse el recurso, quedarán automáticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daños y perjuicios que la medida cautelar haya producido.
Datos clave
- En los supuestos de los artículos 29 y 30 la medida cautelar se adopta salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas o que ocasione perturbación grave de los intereses generales o de tercero.
- En esos supuestos las medidas pueden solicitarse antes de interponer el recurso, tramitándose conforme al artículo precedente.
- El interesado debe pedir la ratificación al interponer el recurso, inexcusablemente en diez días desde la notificación de la adopción de las medidas.
- En los tres días siguientes el Secretario judicial convoca la comparecencia del artículo anterior.
- Si no se interpone el recurso, las medidas quedan automáticamente sin efecto y el solicitante debe indemnizar los daños y perjuicios producidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En inactividad y vía de hecho (artículos 29 y 30) la cautelar se adopta salvo excepción, y puede pedirse antes del recurso, con ratificación en diez días; si no se recurre, decae y hay que indemnizar.
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Artículo 137
El artículo 137 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarán en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.
Datos clave
- Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso se sustancian en pieza separada.
- Se tramitan sin suspender el curso de los autos.
- La regla es general para cualquier cuestión incidental del proceso.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cualquier cuestión incidental del proceso se tramita en pieza separada y sin paralizar el curso de los autos.
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Artículo 138
El artículo 138 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. Cuando se alegue que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos establecidos por la presente Ley, la que se halle en tal supuesto podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. 2. Cuando el Juzgado o Tribunal de oficio aprecie la existencia de algún defecto subsanable, el Secretario judicial dictará diligencia de ordenación en que lo reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación, con suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia. 3. Sólo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podrá ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto.
Datos clave
- Cuando se alegue que un acto de parte no reúne los requisitos de la Ley, la parte puede subsanar el defecto u oponer lo pertinente dentro de los diez días siguientes a la notificación del escrito con la alegación.
- Si el Juzgado o Tribunal aprecia de oficio un defecto subsanable, el Secretario judicial dicta diligencia de ordenación que lo reseña y otorga el plazo de subsanación, con suspensión, en su caso, del plazo para dictar sentencia.
- Solo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo puede decidirse el recurso con fundamento en él.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los defectos de los actos de parte se pueden subsanar en diez días, a instancia de la otra parte o de oficio; solo si son insubsanables o no se corrigen puede fallarse el recurso por ellos.
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Artículo 139
El artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente.
1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.
2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.
3. En el recurso de casación se impondrán las costas de conformidad con lo previsto en el artículo 93.4.
4. En primera o única instancia, la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena; a estos solos efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que, por razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga razonadamente otra cosa.
En los recursos, y sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la imposición de costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.
5. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.
6. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal.
7. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Datos clave
- En primera o única instancia se imponen las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas.
- En estimación o desestimación parcial, cada parte abona las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad.
- En los recursos se imponen las costas al recurrente si se desestima totalmente, salvo circunstancias razonadas; en casación, conforme al artículo 93.4.
- En primera o única instancia el condenado en costas paga como máximo la tercera parte de la cuantía del proceso por cada favorecido; las pretensiones de cuantía indeterminada se valoran en 18.000 euros, salvo otra decisión razonada por complejidad.
- Las costas impuestas a particulares se exigen por apremio; en ningún caso se imponen al Ministerio Fiscal; se regulan y tasan según la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Costas por vencimiento con matices: en instancia, a quien pierde todo salvo serias dudas; en recursos, al recurrente desestimado; con tope de un tercio de la cuantía y nunca al Ministerio Fiscal.
Esquema
| Primera o única instancia | Recursos | |
|---|---|---|
| Regla | A quien ve rechazadas todas sus pretensiones | Al recurrente si se desestima totalmente |
| Excepción | Serias dudas de hecho o de derecho, razonadas | Circunstancias razonadas que justifiquen no imponerlas |
| Alcance | Máximo la tercera parte de la cuantía por cada favorecido | Totalidad, una parte o hasta una cifra máxima |
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Artículo 70. Ejecución de resoluciones judiciales.
El artículo 70 de el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo), titulado «Ejecución de resoluciones judiciales», establece lo siguiente.
La ejecución de las resoluciones de los tribunales de justicia se efectuará de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
En todo lo que no se oponga a la normativa citada y a la resolución judicial que se está ejecutando, será de aplicación lo dispuesto en la sección 1.ª de este capítulo.
Datos clave
- La ejecución de las resoluciones de los tribunales de justicia se efectúa conforme a la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
- En lo que no se oponga a esa normativa ni a la resolución judicial que se ejecuta, se aplica lo dispuesto en la sección 1.ª de este capítulo.
- El precepto remite a la normativa contencioso-administrativa para la ejecución de resoluciones judiciales.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Las sentencias se ejecutan según la normativa contencioso-administrativa; el reglamento tributario solo rellena huecos en lo que no se oponga a ella ni al fallo.
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Artículo 71. Extensión de los efectos de las sentencias de la jurisdicción contencioso- administrativa.
El artículo 71 de el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo), titulado «Extensión de los efectos de las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa», establece lo siguiente.
1. La Administración tributaria atenderá los requerimientos que se le formulen de conformidad con el artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2. Los tribunales económico-administrativos serán únicamente competentes para atender dichos requerimientos cuando la sentencia firme cuya extensión se pretenda haya anulado el acuerdo o la resolución dictada por razones de defecto en la tramitación del procedimiento económico-administrativo.
Datos clave
- La Administración tributaria atiende los requerimientos formulados conforme al artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Los tribunales económico-administrativos son únicamente competentes para atender dichos requerimientos cuando la sentencia firme cuya extensión se pretende haya anulado el acuerdo o la resolución por defecto en la tramitación del procedimiento económico-administrativo.
- El precepto regula la extensión de efectos de sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa en el ámbito tributario.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los requerimientos de extensión de efectos de sentencias los atiende la Administración tributaria; los tribunales económico-administrativos solo si la sentencia anuló por un defecto de su propia tramitación.